A partir de nuestro proceso de reflexión con personas vecinas de los Asentamientos de Monte Alto y otras partes de Alajuelita, reflexionamos sobre el contexto socioambiental y los desafíos que plantean para la organización comunitaria en torno al cuido del territorio.
Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.
El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.
En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.
Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.
El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:
«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»
Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.
COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.
Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.
Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.
En el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, Zona Sur, se encuentra la comunidad indígena de Rey Curré/Yímba, un pueblo cuya historia data de unos 3000 años, según estudios del Museo Nacional en esta zona.
Admire legados ancestrales (esferas de piedra, cerámica antigua, petrograbados, metates precolombinos, muros de piedra, monolitos históricos), entre otros.
Conozca cómo se elabora la artesanía indígena local.
Aprenda acerca del proceso de teñir el algodón en forma natural. Hilar, tejer.
Conozca sobre los saberes asociados a la construcción de sus viviendas tradicionales.
Disfrute de su rica gastronomía local.
Aprenda sobre sus costumbres y tradiciones.
Además, del 30 de enero al 02 de febrero, tendrás la oportunidad de conocer una de las tradiciones indígenas más antiguas de nuestro país: el Juego de los Diablitos.
Agradecemos el apoyo de Marco “Guima” Gutiérrez en la elaboración de esta nota.
Rey Curré se ubica entre Palmar Norte y Buenos Aires, sobre carretera interamericana.
Más detalles e información al 87093735.
SURCOS comparte la siguiente invitación:
La comunidad de La Gamba, en la Zona Sur, cantón de Golfito realizó una jornada de recolección y separación de residuos sólidos.
Renier Canales Medina informó a SURCOS que esta es la acción comunitaria ante “la inutilidad gubernamental para resolver el manejo integral de la basura”.
Para este proceso la comunidad organizó un taller sobre manejo comunal de residuos sólidos.
Será este 18 de enero 2025
Por Uriel Rojas
La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra de Buenos Aires, en cumplimiento a la normativa de DINADECO, convoca a todos los afiliados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 18 de enero 2025 en las instalaciones del Gimnasio Multiusos, San Rafael de Cabagra.
La primera convocatoria será a las 10:30am y en caso de no haber quórum se hará una segunda convocatoria a partir de las 11:30am.
Esta es la agenda programada para esta Asamblea General ordinaria:
Habrá rifas entre todos los afiliados asistentes.
¡Les esperamos!
Invita. Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra.
Pablo Sibar
Termina el 2024 e inicia el 2025.
Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.
También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.
Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.
Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.
Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.
Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.
Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.
Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.
Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.
Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.
Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes realizó hace unos días una inspección sin previo aviso a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el propósito de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios en autobuses de transporte público y conocer el estado del trámite actual.
A partir de la información recabada del departamento de Inspección y Control, preliminarmente se puede indicar que, los datos relativos a incendios ocurridos en unidades de buses del periodo 2024 se ubica en un solo expediente, en el cual se identifica documentación relacionada con tres eventos que son diferenciados cada uno por un número de consecutivo interno. No obstante, se encontraron gestiones realizadas por el propio CTP en otros incendios ocurridos durante este año, los cuales no estaban identificados con un número específico.
Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio. Además, parte de la información, como respuestas de las empresas o documentos enviados por el CTP, no estaba presente en forma física en el expediente, el cual tampoco está foliado. El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado.
Ahora, la Defensoría procederá a analizar toda la información y documentación recabada, a fin de que preparar un informe dirigido a las autoridades competentes.
Comunicación
Defensoría de los Habitantes
Por Bernardo Archer Moore
Cahuita
El Jaque Mate de la Costa Caribe de Costa Rica se trata de un proceso que se inició hace cuatro décadas, primero con el desarraigo sutil de los habitantes a través de una campaña mediática orientada al debilitamiento de las organizaciones sociales y sindicales, en paralelo con la aniquilación de las empresas privadas regionales y de las instituciones gubernamentales que brindan empleo a gran escala; así como el desarrollo de infraestructura sostenible; tales como:
El cierre de las operaciones y taller del Ferrocarril del Atlántico en Ciudad de Limón.
La cancelación de concesiones y la quiebra inducida de las tres empresas estibadoras del muelle, el traslado de las oficinas y gran parte de las operaciones de RECOPE al Gran Área Metropolitana (GAM), el traslado de las Aduanas de Limón a San José, la concesión de APM y la consiguiente quiebra de Japdeva.
Así como la apropiación de fincas privadas sin expropiación y la correspondiente indemnización, para convertirlas en Parques Nacionales, Refugio de Vida Silvestre, Humedales y Patrimonio Natural del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), etc. El sobrante de esas titulaciones arbitrarias del IDA, son tierras que hoy están en manos del INDER.
Es decir, se implementó un enfoque de “tres frentes” que los pobladores locales ignoraron por la distracción de ver y abordar cada uno como un elemento aislado, cuando en realidad todos estaban dirigidos hacia el mismo objetivo.
Me atrevería a decir que incluso la mayoría de los presidentes de la República y otros altos funcionarios políticos del país durante ese período de cuatro décadas fueron engañados y utilizados al igual que los ciudadanos comunes y sus líderes locales. De hecho, ninguno de ellos es visto como un gran benefactor del Jaque Mate que se vislumbra en el horizonte. Dicho de manera coloquial “nos vacilaron a todos”.
Por lo tanto, el Plan Regulador Costero (PRC) y el Plan Nacional del ICT para el Desarrollo Costero del Caribe no deben ser considerados ni abordados de manera aislada, ya que en realidad representan un jaque mate en la apropiación con fines de lucro de los recursos naturales y la belleza escénica del Caribe costarricense.
Pero, como no existe una conspiración perfecta contra el mal, aún tenemos la oportunidad y la esperanza de revertirlo, mediante la organización ciudadana y la solidaridad. Eso sólo si empezamos hoy en lugar de mañana.
21/12/24.
Como estudiante de la UNED en el curso de Gerencia Pública, he decidido reflexionar sobre un problema que afecta nuestra sociedad: la proliferación desregulada de las bicimotos en las vías públicas de Costa Rica. Este fenómeno, que en un principio parecía ofrecer una solución accesible y económica de transporte, ha desatado una serie de problemas que van desde la inequidad fiscal hasta el incremento de riesgos en la seguridad vial. Mi intención es evidenciar estos problemas y proponer soluciones desde la perspectiva de la gerencia pública.
La proliferación descontrolada y sus consecuencias
El auge de las bicimotos responde a una necesidad real de transporte económico, especialmente para sectores vulnerables. Sin embargo, la falta de regulación ha generado un vacío que impacta no solo en la seguridad de quienes usan estas bicicletas asistidas, sino también en el resto de los usuarios de la red vial. Actualmente, los conductores de bicimotos no requieren licencia de conducir, marchamo, ni revisión técnica vehicular, lo cual crea una evidente falta de responsabilidad ante posibles accidentes y deteriora la convivencia vial.
Además, esta situación genera una distorsión en términos de equidad fiscal. Los conductores de automóviles y motocicletas están obligados a pagar impuestos, cumplir con regulaciones estrictas y someterse a controles, mientras que los usuarios de bicimotos, que comparten las mismas vías y en ocasiones alcanzan velocidades similares a las motocicletas, no contribuyen de manera justa a la financiación del mantenimiento de la infraestructura vial ni a la seguridad del sistema de transporte.
Soluciones: de la gestión reactiva a la proactiva
Desde la perspectiva de la gerencia pública, es imperativo adoptar un enfoque proactivo que aborde este problema con la urgencia que merece. Las soluciones pueden agruparse en dos áreas clave:
Un llamado a la gestión eficiente
El reto de regular las bicimotos en Costa Rica no es solo una cuestión de crear nuevas leyes. Es un llamado a la gestión pública para que responda a los cambios en el comportamiento social y las necesidades de transporte. La gerencia pública eficiente requiere anticipar problemas, gestionar recursos de manera justa y, sobre todo, asegurar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. Regular las bicimotos no solo es una necesidad en términos de seguridad, sino también una cuestión de justicia social y fiscal.
Como estudiantes de administración pública, estamos llamados a analizar críticamente estos desafíos y proponer soluciones que realmente generen valor público, Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para regular este fenómeno, estableciendo normas que aseguren la seguridad vial, la micro movilidad y la equidad fiscal. La coordinación entre instituciones como el Consejo de Seguridad Vial, el Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, las municipalidades y las aduanas es crucial para implementar políticas efectivas. Solo así se podrá garantizar una convivencia segura y equilibrada entre todos los usuarios de la red vial, promoviendo un entorno más seguro y ordenado para todos.