Mientras el río se debilita por la extracción de material y se levantan proyectos en zonas de riesgo, la comunidad vive con la inseguridad permanente de quedar aislada cada vez que llueve y de enfrentar nuevas inundaciones sin una ruta segura de salida.
Este caso revela cómo las desigualdades socioambientales se sienten en el cuerpo y cómo las decisiones (y las omisiones) institucionales aumentan la vulnerabilidad de las personas.
Leé la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes y conocé por qué este no es solo un problema local, sino un síntoma de un modelo que construye “desarrollo” a cualquier precio.
Avanza lucha por los Ebais de San Sebastián Paso Ancho
El 4 de diciembre 2025 nos reunimos en el Hogar de la Esperanza de Paso Ancho, convocados por el Encuentro Ecuménico, para escuchar la charla del Dr. Cervantes (exgerente) sobre la CCSS.
A l final del evento se propuso la creación de una Red de Salud, para defender la CCSS y los EBAIS de San Sebastián Paso Ancho.
La reunión contó con la participación de miembros de los EBAIS, Junta de Salud (miembros actuales y recién electos), Red de Juntas de la Región, Concejo de Distrito, Buen Vivir Costa Rica y Buen Vivir Paso Ancho San Sebastián, Grupo de Apoyo Salud, pastores y sacerdotes de varias iglesias, Asociación de Desarrollo y vecinos de Cascajal, Hogar de la Esperanza, Encuentro Ecuménico y otras organizaciones.
La «Red de Salud San Sebastián Paso Ancho» se reunirá el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9 am en el Hogar de la Esperanza.
Al final del evento el compañero Juan Bermúdez entregó un lote de libros para Red de Salud San Sebastián Paso Ancho Edison Valverde Araya Ebais CCSS Encuentro Ecuménico la Biblioteca del Hogar.
Para muchos de nuestros hermanos y hermanas, ser negro fue durante décadas motivo de incomodidad o incluso de vergüenza.
Por ello, algunos optaron por no transmitir a sus hijos la historia de su herencia, y otros intentaron diluir el peso del color mediante relaciones interétnicas. (El blanqueamiento de la sangre, esa idea absurda de “borrar” el color de la piel como si se tratara de un defecto).
Hoy, cuando la negritud ha alcanzado un nivel de aceptación social nunca antes visto, vemos a muchos abrazarla con un entusiasmo desbordado. Pero ese fervor —comprensible tras una vida de silencios, exclusiones y confusión identitaria— a veces oscurece lo esencial:
Se sustituyen las acciones concretas por símbolos vacíos, y se confunde la satisfacción del ego con el poder real de exigir, con serenidad y firmeza, la reparación histórica y la restitución de derechos ancestrales.
Las leyes que nos protegen ya existen.
Lo que corresponde ahora es aprender a utilizarlas, facilitar su cumplimiento, y estar preparados para denunciar su violación o exigir su aplicación ante las instancias jurídicas competentes.
Por eso, quedarse atrapado en discusiones estériles sobre quiénes serían los “esclavos negros de la casa” versus los “esclavos negros del campo” es una distracción tan superficial como inútil.
Esa fue una realidad propia de la historia reciente de los negros en Estados Unidos; no fue la nuestra – para realidades diferentes, soluciones diferentes.
Es un debate que nada aporta a nuestras urgencias actuales y que solo desvía la atención del tema central: la implementación efectiva de la Consulta Tribal Afrocostarricense, instrumento jurídico y político fundamental para la defensa de nuestros territorios, nuestra cultura y nuestros derechos individuales, privados y colectivos.
Necesitamos unirnos como uno solo.
Irónicamente, cuando no teníamos voz ni poder, nuestra tolerancia hacia las opiniones de los demás estaba en su punto más alto.
Pero ahora, en cuanto una chispa de esperanza toca a nuestra puerta, nos hemos vuelto intolerantes frente al disenso dentro de nuestras propias filas.
Nos estamos olvidando que “unidos permanecemos firmes y divididos caemos”, por más alto o fuerte que uno crea ser.
Por algo será que la soberbia es considerada un pecado mortal.
En palabras de Marcus Garvey, principio que sigue vigente para nuestra realidad afrocaribeña:
Les compartimos una nota clave del Colectivo Antonio Saldaña sobre algo que sigue pasando en los territorios: convocatorias y “consultas” que no respetan los tiempos, las prácticas ni las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.
La reflexión muestra cómo ciertos mecanismos institucionales —y su réplica dentro de algunas organizaciones locales— están vaciando de sentido un derecho que debe ejercerse con autonomía y desde las formas propias del territorio.
La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré, convoca a la Asamblea General Ordinaria de afiliadas y afiliados que se celebrará el día 06 de diciembre de 2025 a partir de las 8am en el salón comunal de Rey Curré y que se regirá por la siguiente agenda:
-Registro de asistencia.
-Comprobación del quórum.
-Discusión y aprobación de la agenda del día.
-Informe de la presidencia.
-Informe de la tesorería.
-Informe de fiscalía.
-Informe de Comité de Auxiliares.
Elección de miembros de la Junta Directiva y de la fiscalía.
La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL y Afines) divulgó un manifiesto público en el que denuncian que la el SINAC está bloqueando la construcción del nuevo hospital Tony Facio, una infraestructura indispensable para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población de Limón.
El documento recuerda que desde 2009 las comunidades limonenses han demandado, de forma organizada y persistente, la construcción de un hospital regional clase A, debido al colapso del actual hospital Tony Facio Castro, sus deficiencias estructurales y su ubicación en una zona altamente vulnerable a inundaciones y fenómenos naturales. Señalan que las personas enfrentan graves dificultades para acceder a hospitales de referencia en San José, especialmente ante cierres de rutas o emergencias recurrentes.
Conflicto por el terreno evaluado por el ICE
Según el manifiesto, la CCSS encargó al ICE la búsqueda y evaluación de un terreno viable. Entre 2019 y 2021 el ICE concluyó, mediante estudios exhaustivos, que la finca propuesta —ubicada sobre la Ruta 241— no era humedal según los criterios legales vigentes ni aparecía como tal en la plataforma SNIT. El informe técnico, citado en el manifiesto, incluso describe la propiedad como “la finca es un potrero (con muy pocos árboles dispersos)”.
No obstante, con base en un decreto posterior del Ministerio de Ambiente y Energía (Decreto n.º 42760-MINAE), el SINAC emitió un oficio en el que sostiene que el 100% del terreno corresponde a un “humedal tipo ilustre”, ordenando archivar el expediente de viabilidad ambiental ante SETENA.
Ante esta contradicción, la CCSS interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando que el criterio emitido por SINAC viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley y que además existieron solicitudes de información que quedaron sin respuesta.
Exigencias ciudadanas del manifiesto
El documento, firmado por Dr. Julio Humphreys Vargas (Comisión Mixta Nuevo Hospital) y Lic. Antonio Wells Medina (secretario general de FETRAL), formula dos exigencias principales:
La anulación inmediata del criterio del SINAC, por considerarlo contrario a la Constitución Política, a los criterios técnicos, al interés público y al derecho superior a la vida y la salud de la población de Limón.
La apertura de un expediente disciplinario por la presunta falta grave de las personas funcionarias del SINAC que, según el manifiesto, no respondieron oportunamente información solicitada y cuya actuación “amenaza con causar un grave daño socioeconómico y a la salud pública”.
El llamado señala que la decisión del SINAC pone en riesgo una obra largamente esperada por Limón y que resulta fundamental para atender la dignidad y la salud de toda la provincia.
Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieronpresentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.
Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes,dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.
A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.
Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la recienteOpinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.
La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:
Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;
Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;
Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.
Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.
Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.
El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.
Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.
También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.
El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.
La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.
El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:
Ericka Cascante Jiménez
Cecilia Morales Chavarría
Lorena Hueso
Alexander Castillo
Ronulfo Morera Vargas
Cristian Marrero Solano
Edgardo Santamaría Elizondo
Edison Valverde Araya
Carlos Muñoz Jiménez
La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.
Lamentablemente, en los últimos tiempos, en Cahuita se ha puesto de moda cuestionar “quién es negro y quién no” y “quién pertenece o no pertenece a la comunidad Tribal de Cahuita.”
¿Cómo se supone que les explique a mis “primitos blanquitos” que sus bisabuelos están enterrados en un cementerio ancestral, hoy oculto dentro del Parque Nacional Cahuita, pero que, según algunos, ellos no son parte del Pueblo Tribal por el color de su piel y por no hablar criollo jamaicano?
Una moda peligrosa, alimentada por la ignorancia y la conveniencia, que divide familias y comunidades.
Pero me pregunto:
¿Hacen esas mismas preguntas cuando toca celebrar el Carnaval, un festival cultural, un funeral o una salida de “pesca” de un familiar o allegado, en aguas profundas de alta mar?
Por supuesto que no.
Ahí sí todos somos “hermanos y hermanas de Cahuita”.
Si no fuera así, sus familiares difuntos no hubieran sido sepultados en un Cementerio que es propiedad de una familia “blanca” extranjera —la familia Tabash Lazarus—, ni visitarán el Centro Diurno de Adultos Mayores, también propiedad donada por esa misma familia Tabash.
Tampoco usarían el Salón Comunal para organizar reuniones “exclusivas para personas negras”, porque esa propiedad fue donada por una mujer blanca – Doña Amelia Escocia.
Y mucho menos asistirán a la Iglesia Católica edificada sobre un terreno igualmente donado por la misma señora “blanca”.
Pero lo más grave es que hoy pretenden negar la entrada de personas blancas a reuniones que llaman “Solo para Negros”, como si ese acto grotesco borrara la historia interracial de Cahuita.
Eso no solo es un insulto a nuestra memoria colectiva: Es una traición a quienes construyeron este pueblo con sus manos, su sudor y su sangre —negros, blancos, mestizos, jamaiquinos, indígenas y afrodescendientes por igual.
Ignorancia no es excusa.
Hipocresía tampoco.
Cahuita es, y siempre ha sido, una comunidad de mezcla profunda.
Mi propia familia lo demuestra.
Promover divisiones raciales al estilo de Estados Unidos solo puede servir a un propósito:
Crear un conflicto que nunca ha sido parte de nuestra identidad.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por no haber realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrocostarricense durante la formulación del Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.
El recurrente, Marco Levy Virgo, señaló que este plan, elaborado en octubre de 2024 y actualmente en implementación por MIDEPLAN, abarca los 212 kilómetros de la costa limonense, contempla propuestas de infraestructura turística, intervenciones urbanas y ambientales, así como insumos para cuatro planes reguladores costeros. Según denunció, todo ello afecta directamente territorios ancestrales afrodescendientes en cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.
La Sala confirmó la omisión: no hubo consulta previa
Luego de estudiar el Plan Maestro, los informes institucionales y la normativa aplicable, la Sala concluyó que:
El Plan Maestro constituye una medida administrativa de alto impacto territorial y sociocultural, susceptible de afectar directamente a la población afrodescendiente del Caribe.
La consulta realizada por el ICT consistió únicamente en sesiones informativas generales, abiertas a la comunidad, sin convocar de manera específica a las instituciones representativas del pueblo tribal afrocostarricense.
En particular, no se convocó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, cuya organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, instancia formalmente reconocida por el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.
Para la Sala, estas actividades informativas no constituyen consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de diálogo intercultural, participación activa y capacidad de incidencia en la toma de decisiones.
El Tribunal recordó que la consulta previa:
Debe realizarse de buena fe,
De manera apropiada a las circunstancias,
Antes de los actos de ejecución,
Y a través de las instituciones representativas del pueblo interesado.
La resolución subraya que el Plan Maestro propone obras como ciclovías regionales, aeródromos, atracaderos, nodos intermodales, revitalización urbana y la creación de un parque ferial, iniciativas con fuerte impacto territorial y social. Por ello, la Sala consideró que el ICT tenía la obligación de consultar desde la etapa de formulación, no solo en la fase de implementación.
Orden de la Sala Constitucional
En el POR TANTO, la Sala resolvió:
Ordenar al Presidente Ejecutivo del ICT (o a quien ocupe el cargo) que, en un plazo máximo de tres meses, programe una consulta dirigida al pueblo tribal afrocostarricense, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
La consulta deberá realizarse conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es decir, previa, libre, informada y con participación efectiva.
Se advierte que el incumplimiento puede implicar sanciones penales por desobediencia, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El ICT deberá asumir el pago de costas, daños y perjuicios derivados de la violación constatada.
Además, se instruyó notificar la sentencia a MIDEPLAN, institución donde el plan se encuentra actualmente en implementación.
Un precedente en materia de derechos colectivos afrodescendientes
La sentencia reafirma que la población afrocostarricense del Caribe es un pueblo tribal, condición ya reconocida por el Estado costarricense, por lo que posee derechos colectivos equiparables a los de otros pueblos étnicos históricamente excluidos.
La Sala reiteró la obligación del Estado de garantizar su participación activa en cualquier plan, programa o medida administrativa que pueda afectar sus territorios ancestrales, su cultura, sus recursos naturales o su desarrollo económico y social.
Se trata de una resolución que consolida una línea jurisprudencial reciente sobre:
Autodeterminación y territorio ancestral,
Consulta previa a pueblos afrodescendientes,
Participación efectiva en programas de desarrollo,
Y el deber de prevenir nuevas formas de exclusión estructural.
