El territorio indígena de Zapatón invita a toda la población al Festival Cultural y Gastronómico Huetar, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre, un encuentro que celebra la riqueza cultural, culinaria y artística de los pueblos originarios de Costa Rica.
La actividad contará con la participación de territorios indígenas invitados, entre ellos Matambú, Maleku y Quitirrisí, quienes compartirán elementos de su identidad cultural y saberes comunitarios.
El festival ofrecerá una variada muestra gastronómica tradicional, incluyendo platos característicos de Zapatón y de los territorios visitantes. Entre las degustaciones estará la famosa tamuga, así como la oportunidad de participar en juegos tradicionales como la sacada de arroz en pilón, entre otras dinámicas culturales.
Además, el público podrá disfrutar de:
Danzas indígenas
Presentaciones artísticas de las gestoras de Zapatón
Participación de la escuela y el colegio de Zapatón
Presentaciones culturales de los territorios invitados
Esta actividad rescata y visibiliza la herencia viva de los pueblos indígenas, fortaleciendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de su aporte histórico a la identidad costarricense.
Información compartida con SURCOS por Rafael López Alfaro, del Programa de Gestión Local de la UNED.
Esteban Barboza Núñez, Sebastián Hernández, Johan Mora Noviembre, 2025
En un ejercicio de análisis comparativo de imágenes satelitales de 1997 y 2025 en seis puntos seleccionados del litoral de Guanacaste quedaron en evidencia algunas de las características y también las consecuencias que han dejado las transformaciones territoriales en la región durante los últimos tres decenios. Fotografías satelitales de Bahía Panamá, El Coco, Las Catalinas, Brasilito, Nosara y Sámara, que corresponden a los puntos donde se han dado las mayores transformaciones, así como y su posterior análisis, derivaron en observaciones puntuales que se explican en este reportaje.
El periodo 1997-2025 corresponde con el de la implementación de estrategias locales y nacionales para atraer turistas e inversionistas inmobiliarios a la región. Dentro de estas casi tres décadas han sucedido dos booms inmobiliarios fuertes, uno desde inicios de los años 2000 hasta el 2008, cuando sucedió la crisis inmobiliaria mundial que afectó dicha explosión de construcciones, y un segundo incremento cuantitativo, después del 2020.
En términos generales, es posible notar un cambio notable en la expansión urbana no planificada. En las imágenes de 1997 se observa la vasta cantidad de cobertura boscosa y la poca infraestructura que había. En contraposición, las imágenes de 2025 representan una considerable modificación del territorio a través de ciertos fenómenos específicos.
Uno de ellos es la escorrentía superficial, que se refiere a cuando el agua de lluvia, en lugar de infiltrarse naturalmente en la tierra, corre sobre el suelo, especialmente en zonas cubiertas de asfalto o concreto. Esto aumenta el riesgo de inundaciones, arrastra contaminantes hacia ríos, quebradas y el mar, y reduce la recarga de los acuíferos subterráneos. Esto se debe a la pérdida importante de vegetación nativa para construir, a la impermeabilización no planificada del suelo, y al predominio de construcciones no adaptadas a la topografía local.
También se ha presentado la intrusión salina, un proceso que ocurre cuando el agua de mar se filtra hacia los pozos de agua dulce en las zonas costeras. Al extraer demasiada agua subterránea para abastecer a la población y las nuevas construcciones, se altera el equilibrio natural, lo que permite que el agua salada avance tierra adentro y contamine las fuentes de agua potable.
Otro impacto muy notorio y significativo es la fragmentación de ecosistemas, que es la división de un bosque o un hábitat natural en «islas» separadas por carreteras, urbanizaciones o cultivos. Esto impide que los animales silvestres se desplacen libremente para buscar alimento, reproducirse o refugiarse. De este modo se debilita el ecosistema y se aísla a las poblaciones de flora y fauna.
Además, se ha dado una creciente ocupación de los manglares, ecosistemas costeros vitales que actúan como criaderos naturales de animales y barreras contra erosiones. Su tala o relleno para construir muelles o complejos turísticos no solo destruye este valioso hábitat, sino que también deja a las comunidades costeras más expuestas a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y las inundaciones.
Asimismo, todos estos cambios contribuyen a la pérdida de biodiversidad, es decir, a la disminución en la variedad de especies de plantas, animales, insectos y microorganismos que habitan la región. Cada especie, por pequeña que sea, cumple una función específica en su entorno, y su desaparición debilita la red de vida de la cual también dependemos los seres humanos.
A continuación, mostramos las imágenes con un breve análisis de cada una de ellas:
Bahía Panamá, 1997-2025
Para el sector de bahía Panamá, se observa una reducción significativa de la cobertura boscosa en la zona, acompañada de un aumento de áreas construidas o listas para construir asociadas al desarrollo turístico y residencial. En 1997 predominaban las coberturas naturales continuas, principalmente bosque tropical seco y vegetación arbustiva densa. Para 2025 aparecen parches de infraestructura, caminos y terrenos descubiertos producto de la expansión urbana. El cambio notorio se concentra en el sector norte y centro de la bahía, donde la urbanización avanza sobre zonas antes boscosas. Estos procesos reflejan una intensificación del uso turístico y de segundas residencias del suelo. Esto ha generado fragmentación ecológica, pérdida de vegetación natural, y presión sobre la zona costera y los recursos hídricos.
El Coco, 1997-2025
La zona de Playas del Coco, muestra una marcada transformación del uso del suelo. Este sector presentaba una cobertura boscosa y vegetación secundaria, y pasa a una amplia expansión urbana y turística. Las imágenes evidencian la sustitución de áreas cubiertas por árboles y arbustos por infraestructura residencial, comercial y vial. Tal sustitución ha generado una fuerte fragmentación del paisaje natural. Se observa el cambio de coberturas de vegetación leñosa hacia un suelo construido, como consecuencia de un proceso de urbanización acelerada, y con efectos de pérdida de cobertura vegetal.
Las Catalinas, 1997-2025
El sector de Las Catalinas, por su parte, evidencia un cambio en la cobertura del suelo, pasando de una zona predominantemente natural con alta presencia de bosque y áreas rurales a un territorio con un incremento notable de infraestructura turística y residencial. En 1997 se observaba una mayor continuidad de cobertura boscosa y áreas agropecuarias, mientras que para 2025 se aprecia la expansión urbana asociada al desarrollo inmobiliario costero, con reducción de vegetación y transformación del paisaje natural. Este cambio refleja un proceso de urbanización y sustitución de coberturas naturales por infraestructura ligada al turismo y servicios.
Flamingo y Brasilito, 1997-2025
Se puede evidenciar para los años seleccionados una transformación significativa del paisaje costero en playa Flamingo y Brasilito. Las imágenes satelitales muestran un cambio de coberturas naturales, compuestas principalmente de bosque y vegetación arbustiva, hacia usos antrópicos, es decir, modificados por seres humanos, especialmente a través de infraestructura turística y residencial. Se observa una disminución de áreas con vegetación arbórea y un aumento del suelo construido, junto con la expansión de vías de acceso y pastos cultivados. Estos cambios responden al crecimiento turístico y urbano. Dichas transformaciones han generado fragmentación de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal, y una mayor presión sobre los recursos hídricos y las zonas aledañas a la playa. Se puede deducir que el territorio ha pasado de ser un entorno predominantemente natural, a un paisaje urbanizado y fragmentado, como consecuencia de los procesos de expansión turística y residencial costera y cambio de uso del suelo.
Nosara, 1997-2025
La zona costera de Nosara, Guanacaste, presenta una transformación notable en la cobertura y uso del suelo, evidenciando un cambio de áreas predominantemente cubiertas por vegetación natural y bosque secundario hacia una mayor presencia de infraestructura residencial, turística y vial. El crecimiento urbano se concentra especialmente en los sectores de Playa Guiones y Playa Pelada, donde se observa una expansión significativa del suelo construido en detrimento de áreas forestales y pastizales. Este proceso refleja una intensa presión antrópica vinculada al desarrollo turístico y habitacional, con implicaciones sobre la fragmentación del paisaje, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de los ecosistemas costeros y de recarga hídrica.
Sámara, 1997-2025
La zona costera de Sámara evidencia un cambio significativo en la cobertura y uso del suelo, caracterizado por la sustitución de áreas con predominio de vegetación natural y pastos por un incremento notable en infraestructuras residenciales y turísticas. Este proceso refleja una expansión urbana hacia sectores antes ocupados por coberturas forestales y agrícolas, asociado al crecimiento del turismo y la demanda inmobiliaria costera. La reducción de la cobertura boscosa y el aumento del suelo construido implican una transformación del paisaje natural, con posibles efectos sobre la conectividad ecológica, el manejo del recurso hídrico y la dinámica ambiental local, especialmente en humedales.
Aparte de las consecuencias señaladas, existen riesgos para el futuro cercano de persistir este tipo de desarrollo regido por la falta de planificación, la improvisación y el socavamiento ambiental. Entre ellos están el agravamiento de la escasez de agua, especialmente en zonas donde los acuíferos ya están siendo sobreexplotados. También la excesiva fragmentación ecológica, que puede limitar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, reducir la conectividad de especies y debilitar los servicios ecosistémicos como la protección contra la erosión y la recarga hídrica. Por otro lado, la presión inmobiliaria podría seguir limitando el acceso a la vivienda para poblaciones locales, ya que la mayoría de estos desarrollos inmobiliarios están totalmente fuera del alcance de las poblaciones locales. Finalmente, la gobernanza del suelo podría volverse crítica: si no hay un ordenamiento territorial adecuado, se pueden repetir dinámicas insostenibles hasta agotar el modelo, con consecuencias negativas para las comunidades locales.
El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.
Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.
Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible
En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.
Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.
Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.
Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.
Un tema que requiere atención nacional
Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.
Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.
La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.
Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.
La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.
Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).
El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.
La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.
Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.
En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.
El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.
Omisiones señaladas
Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:
Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.
Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.
Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.
El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.
Derechos violados según el recurso
Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:
Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.
Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.
Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.
Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.
Solicitudes a la Sala Constitucional
Levy solicita a la Sala Constitucional que:
Declare con lugar el recurso de amparo.
Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.
Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.
Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.
El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.
El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.
Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.
Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.
La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.
Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.
No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.
Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.
La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.
Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.
Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.
De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.
Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.
Comunicado Gracias a la unión de varios colectivos comunitarios que trabajan incansablemente por los derechos de la comunidad escazuceña, hoy celebramos un logro histórico.
Tras meses de civismo, educación, conocimiento y convicción, el Concejo Municipal de Escazú aprobó con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana.
Este martes 28 de octubre 2025, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con las Comisiones de Implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial del Territorio (PAFT), realizaron la entrega de insumos de frijoles a 111 productoras y productores de 16 comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
Este proyecto tiene como objetivos garantizar el acceso a semillas, aumentar las capacidades en la producción de granos básicos del territorio y generar procesos resilientes bajo el modelo de trabajo colaborativo con visión indígena.
Gran parte de estos beneficiarios del proyecto, sufrieron importantes afectaciones en sus cultivos por la Tormenta Tropical Rafael del año 2024.
Se trata de la ejecución del primer proyecto correspondiente a la segunda etapa del PAFT Cabagra, con una distribución de beneficios con impacto, en un 56% de mujeres y 44% de hombres.
La ADICABAGRA y las Comisiones PAFT contemplan el seguimiento y evaluación de las actividades de siembra, cultivo y cosecha y pretenden continuar impulsando el encadenamiento productivo en todas las áreas de la economía local de Cabagra.
Muchos éxitos a estos productores y productoras de frijoles en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra.
Lic. Luis Alberto Soto Ramírez Trabajador Social del Equipo Interdisciplinario MEP – Escuela La Guaria, Limón
Un aporte para el debate de la Comunidad Educativa Recuperemos las huellas del pasado para emprender los pasos hacia el futuro: algunos retos…
En su historia es claro el rol de un destacado pionero, Santos Zeledón, y de otras personas de la comunidad en la construcción de la Escuela, guiados por principios de altruismo y compromiso para con los demás y el progreso social, que incluye su visión de la educación como base fundamental de sus anhelos, en coherencia con una Costa Rica en pleno apogeo de un Estado Social de Derechos.
Hoy, 60 años después, otros son los desafíos para la educación y el desarrollo en una CR que por más de cuatro décadas en su modelo de política social y económica se ha guiado por el neoliberalismo, reduciendo así al Estado de Bienestar y generando enormes brechas, con pueblos en zonas costeras y rurales como los del Caribe Sur, con los menores índices de Desarrollo Social.
¿Cómo habrán sido aquellos primeros pasos del origen de una escuela rural limonense que hoy se engalana cumpliendo 60 años de un exitoso quehacer educativo, lleno de aportes al desarrollo de una Comunidad, dando satisfacciones personales a las muchas generaciones de familias que han pasado por sus aulas durante estos 60 años de historia?
Importante recuperar un inédito relato, escrito en el año 2005 por puño y letra del propio Don Omar Bustamante Marín, quien narra que fue el primer maestro, elaborado con motivo del 50 aniversario de la Escuela. Una narración que refleja la visión del educador que llegó a la comunidad, siendo originario de una familia campesina del Valle Central y que, según el mismo lo cuenta, fue nombrado en el año 1970 como director interino de la “Escuela la Cabaña de Pandora del Valle la Estrella”, remembranza que también recoge una descripción de la perspectiva y de la actitud de los habitantes de aquella época hacia la importancia de la educación.
Familia pionera fundadora de la escuela.
Su historia dice así:
“… después de un día en tren llegué a Limón, al otro día salí de Limón a las 3:00 am y llegué a Pandora, al Comisariato de José el Chinito y Victoria su esposa. Allí me encontré un Negrito, llamado Benjamín: lo primero que me dijo “I want to drink”. Le pregunté por la dirección, me señaló por donde quedaba. Caminé entre cacaotales, cuando llegué a un potrero, pregunté por Don Santos Zeledón, o Santos Paniagua, o Pritti (Víctor Brown). Así lo hice, cogí las dos valijitas, caminé. Cuando finalmente llegué al potrero estaba chapeando. Pregunté por la escuela “la Cabaña” me respondieron que allí la iban a construir.
Me senté en una valija y le mostré el Telegrama de nombramiento.
De inmediato don Zeledón hizo arreglos para la madera, acto seguido se pensó en contactar con Sherman un Negrito bajito, claro, grueso para la carpintería. Así en menos de una semana teníamos escuela.
Empezamos el programa con poco más de 15 estudiantes, la mayoría de primero, aunque sus edades fuesen de 18 años para abajo. Después de varios meses reuní la Junta de Educación y el Patronato, que a la postre eran los mismos, con la única intención de cambiar de nombre, pues consideraba “la Cabaña”, como algo estigmatizante, en armonía con “La Cabaña del TIO TOM”, trato inhumano que recibían los negros africanos. Les propuse el nombre de “La Guaria”. Por unanimidad se aprobó. De inmediato transcribí el acuerdo al Supervisor Don Ramón Camacho. Envié documento a la Gobernación y a partir de esa fecha se llamaría el “Distrito la Guaria de Pandora”. Con el tiempo como la escuela era el centro más importante, todos decían que iban para La Guaria. Por extensión este hermoso lugar se llama La Guaria.”
Sin duda alguna el principal desafío que hoy enfrenta este Centro Educativo es hacer frente a nuevas necesidades de infraestructura pues su población asciende a 310 estudiantes y más de 30 funcionarios, y se trabaja en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Además, en esa actualización debe considerarse una modernización de la oferta educativa, dando énfasis a su calidad, con enfoque integral. Es necesario la inclusión de la formación artística y deportiva, con mayores aportes de pedagogía lúdica y recreativa que garantice realmente calidad con educación significativa, ajustada a los nuevos contextos de comunidades educativas afectadas por la marginación social y un alto riesgo de exclusión educativa.
Estos derroteros de cambio social, con educación para la transformación, implica el empoderamiento de los diversos sectores de la Comunidad Educativa:escolares, docentes, familias y liderazgo comunal, para lograr el protagonismo que hoy no tienen pues no se encuentran involucrados en pensar y construir la educación necesaria para promover el desarrollo de la comunidad en las próximas décadas.
Es un desafío que va más allá del componente académico de la educación, es retomar el propósito de una Escuela de Atención prioritaria, comprendiendo que el éxito educativo y el triunfo de los proyectos de vida de las nuevas generaciones que seguirán viviendo en La Guaria, incluidos los que aún no han nacido, no depende únicamente de lo que suceda dentro de las aulas escolares, sino fundamentalmente dependerá de las condiciones de vida, del empleo de calidad, de la salud, de si se cuenta con figuras familiares con roles protectores, es decir, depende del Bienestar de todo tipo, el físico, el mental , social y económico.
Por tanto, el reto consiste en recuperar la experiencia, y con ello lo aprendido como Comunidad Educativa, las enseñanzas y aportes al enfoque integral de la educación. Como ejemplo, hace más de dos décadas se hizo un importante apoyo a la salud y al bienestar, coadyuvando con la lucha por el agua potable para la Escuela y a la vez para toda la Comunidad, con la creación de organizaciones que aún hoy son parte de la red de organizativa comunitaria, potenciales aliados en la lucha ante los nuevos retos de la educación. La plataforma de celebración del 60 aniversario es una oportunidad de rearticulación de la COMUNIDAD EDUCATIVA, es la hora apropiada para promover la Asociación de Padres de Familia pro-Bienestar Infantil de la Comunidad Educativa La Guaria.
Vecinos y vecinas de la Comunidad de la Guaria: estudiantes, familias. Fuerzas vivas de la comunidad, personal docente y administrativo: siéntase invitado al debate propuesto, se trata del futuro de su escuela, la que pertenece esta comunidad.
Valle de la Estrella, Limón. Octubre 2025
Imágenes: Vistas de la escuela actual y de la familia pionera fundadora de la escuela.
Las vecinas María Elena Fournier y María Amoretti presentaron una denuncia ante varias instituciones por la colocación excesiva de vallas publicitarias en el Parque Público de Deportes de Moravia, situación que, según indican, genera contaminación visual y limita el disfrute de este espacio comunitario.
La queja, enviada el 22 de octubre de 2025, fue dirigida al alcalde Diego López López, a la Sección de Parques, Gestión Ambiental y al Concejo Municipal de Moravia, así como al Ministerio de Salud. Las firmantes solicitan la eliminación de siete vallas instaladas en el perímetro del parque, al considerar que bloquean la vista del área verde, los árboles y la quebrada que lo atraviesa.
En su carta, las vecinas cuestionan la falta de regulación sobre el número y tipo de anuncios en espacios públicos, señalando que la situación afecta la salud mental, el paisaje urbano y la calidad ambiental del cantón. Además, proponen convocar una audiencia pública para decidir si la comunidad desea declararse “Cantón libre de vallas”.
El reclamo cita el Artículo 50 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Nº3859), entre otros marcos legales que garantizan el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
Las vecinas esperan una respuesta técnica y razonada de las autoridades municipales y de salud, e indican que, de no obtenerla, recurrirán a otras instancias para hacer valer su derecho a participar y defender los bienes comunes de Moravia.
