Durante más de un siglo, la población negra de Costa Rica aprendió a sobrevivir en silencio: primero ante la exclusión abierta y luego frente a una discriminación más sutil, incluso después de la Constitución de 1949.
En ese contexto, algunos pocos afrodescendientes lograron posiciones simbólicas dentro del Estado. Pero, lejos de abrir caminos hacia la igualdad, ciertos liderazgos terminaron fomentando un nuevo elitismo interno:
Orgullosos dentro de su comunidad, pero sumisos frente a los poderes que históricamente los marginaron.
Esa dinámica funcionó durante la época de la plantación, la segregación y las primeras décadas de la República moderna. Sin embargo, en un país que hoy aspira a ser una sociedad verdaderamente multiétnica, ese modelo ya no es sostenible. Y el Caribe costarricense ha pagado caro las consecuencias.
El cierre técnico de JAPDEVA, la concesión del puerto a APM Terminals y la clausura de facto del ferrocarril al Atlántico fueron procesos que se gestaron durante años.
Muchos líderes locales carecieron de unidad, visión o voluntad para defender la región, temerosos de perder privilegios personales o familiares.
Esa falta de cohesión debilitó la capacidad del Caribe para enfrentar decisiones impuestas desde la Capital del país.
Hoy, sin embargo, una nueva oportunidad histórica emerge. Y esta vez, en Cahuita, el destino sí depende directamente de su gente. Las nuevas “gallinas de los huevos de oro” del Caribe Sur son claras:
1. La Administración Comunitaria del Parque Nacional Cahuita, un modelo único, construido por el propio pueblo, que ha logrado armonizar conservación, turismo y bienestar social.
2. El Derecho de Consulta Previa del Pueblo Tribal Afrocostarricense, reafirmado por la Sala Constitucional en la Sentencia 25-029985 (19/09/2025) y respaldado por el Decreto Ejecutivo 43532-2022.
Estas conquistas no fueron regalos del poder central ni favores políticos. Son fruto de décadas de resistencia cultural, arraigo comunitario y defensa territorial realizada con humildad y perseverancia, sin élites autoproclamadas.
Pero toda conquista puede perderse si se administra con inmadurez.
Cahuita no puede repetir el error de JAPDEVA y destruir desde adentro lo que tanto costó construir.
El derecho a participar y a ser escuchados no es una herramienta para ajustar cuentas ancestrales, ni un permiso para proclamar supremacías internas. Es una responsabilidad que exige firmeza, pero también humildad, respeto y sensibilidad hacia todos.
“Todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.” — Mateo 7:12.
Este principio debería ser un recordatorio para quienes, escondidos tras una falsa religiosidad, promueven actos racistas, manipulan narrativas o atacan a quienes discrepan.
La administración comunitaria del Parque y la consulta tribal deben unir a Cahuita, fortalecer la economía local, proteger su patrimonio y asegurar a las nuevas generaciones la dignidad que tantas anteriores no pudieron disfrutar.
El Caribe ha perdido demasiadas oportunidades por divisiones internas y egos desbordados. Hoy Cahuita puede ofrecer al país un modelo distinto: un liderazgo que no se autodestruye, sino que se fortalece desde la comunidad. Porque la igualdad verdadera no nace del ruido, sino de construir un futuro donde nadie se vuelva a callar.
El recurso argumenta sobre “Emergencia climática y Derechos Humanos” Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Extracción de río pone en peligro la nutria y su ecosistema
El río es una de las principales fuentes de agua potable que abastece las costas de Malpaís, Santa Teresa, Playa Hermosa y Manzanillo, en la península de Nicoya
El abogado ambientalista Álvaro Sagot, junto con organizaciones y vecinos de Cóbano, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una petición de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la licencia ambiental N.º 1078-2023-SETENA, otorgada al proyecto de concesión minera en el cauce de dominio público del Río Ario, en la Península de Nicoya.
La gestión, fundamentada en el artículo 50 de la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Biodiversidad, solicita que la SETENA revoque la licencia ambiental por considerarla contraria al derecho a un ambiente y clima sano, además de presentar omisiones graves en la evaluación de impacto ambiental.
La petición cita un oficio de la propia SETENA (SETENA-SG-0015-2025), en el que la institución reconoce que Costa Rica no cuenta aún con guías o protocolos de evaluación climática, lo cual implica que el acto administrativo carece de uno de sus elementos esenciales: el motivo técnico y el fundamento científico.
El recurso destaca que este caso se presenta en medio de una creciente preocupación por la crisis climática y la falta de mecanismos efectivos de control ambiental en proyectos extractivos. De concretarse la explotación del cauce, el país estaría incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica.
El recurso presenta una argumentación novedosa, basada en la Opinión Consultiva OC-32/25, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025, la cual dispone que los Estados deben incorporar de manera obligatoria la variable climática en los estudios de impacto ambiental, algo que nunca antes se había considerado en el país.
El documento advierte que el proyecto podría generar daños irreversibles al ecosistema fluvial, tales como el aumento de la turbidez del agua, la pérdida de oxígeno por acumulación de sedimentos, la afectación a especies acuáticas como camarones de agua dulce y nutrias, y la alteración del equilibrio ecológico del humedal ubicado a menos de un kilómetro río abajo, dentro del Refugio de Vida Silvestre de los ríos Bongo y Ario.
Según el informe técnico del geólogo ambiental Allan Astorga, incorporado al expediente, la operación del proyecto por un periodo de diez a veinte años provocaría contaminación acumulativa y alteraciones significativas en el ecosistema del humedal.
El escrito sostiene además que la SETENA no garantizó el derecho de participación ciudadana, al no convocar audiencia pública ni permitir que la comunidad de Cóbano conociera los impactos del proyecto. También argumenta que la ausencia de evaluación climática contradice el principio precautorio y el deber del Estado de aplicar la mejor ciencia disponible en los procesos de evaluación ambiental, tal como exige la Ley Orgánica del Ambiente y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
Nutrias en peligro de extinción. Es importante recordar que la Sala Constitucional ha sido clara en su deber de proteger a las especies amenazadas, especialmente cuando su presencia se confirma en áreas de impacto. En la visita de campo al Río Ario se encontraron nutrias, lo que, sumado a la ausencia de análisis de caudales, la falta de consideraciones sobre cambio climático y los efectos de fenómenos como El Niño o La Niña, evidencia que no se establecieron las salvaguardas ambientales mínimas. En un precedente similar, la Sala señaló que una concesión sin estudios ambientales suficientes puede causar desequilibrios ecológicos graves y afectar hábitats de especies en peligro, calificando tales autorizaciones como “groseras” por la falta de certeza científica sobre sus impactos (Voto 2014-8486).
De forma similar, en el Río Ario no existen medidas que garanticen la protección del ecosistema ni de la nutria, lo que compromete la validez de la licencia ambiental por carecer de los análisis básicos que sustentan su motivo y contenido.
Finalmente, la solicitud busca que la SETENA declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la licencia ambiental por carecer de motivación técnica y violar derechos humanos ambientales. Además, pide que se suspenda de inmediato la ejecución del proyecto hasta que se elaboren y apliquen las guías climáticas nacionales y se realice una nueva evaluación ambiental integral y participativa. También solicita la convocatoria de una audiencia pública en Cóbano para informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos ambientales y climáticos del proyecto.
Problemática del rio Ario. Esta concesión forma parte de otras ocho solicitudes mineras en la zona al inicio de 2024, lo que ha generado una amplia movilización comunitaria encabezada por la Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT). Las comunidades han desarrollado campañas de sensibilización, recolección de firmas, recursos de amparo y otras acciones para defender el ecosistema del Río Arío, una cuenca de alta importancia hídrica donde se ubican los campos de pozos del AyA, en una región cada vez más afectada por la sequía y la escasez de agua. La defensa del río, señalan las organizaciones, es también la defensa del derecho al agua, a la vida y al equilibrio ambiental de toda la Península de Nicoya.
Apoya: Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
La carrera por el protagonismo siempre es de corto plazo:
Mucho ruido hoy, grandes consecuencias mañana.
Sobre la ZMT, el PRC y la Declaratoria Tribal de Cahuita, mi posición es pública desde hace más de 13 años, y todos los actores del tema la conocen.
Y lo repito: Ya ganamos la parte legal.
La Sentencia 25-029985 de la Sala IV ordenó a la Municipalidad de Talamanca realizar la Consulta Previa del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita en 3 meses.
Ahora el reto no es discutir…
Es cumplir.
Y eso le toca a:
La Municipalidad
El Foro Tribal Afrocostarricense
La ADIC
Y especialmente a nosotros como comunidad.
No repitamos la tragedia de Buenos Aires, Puntarenas.
En Buenos Aires, un cantón indígena, el divisionismo étnico se prestó para desvirtuar el derecho de consulta indígena, dejando como benefactor al Estado que hizo lo que le vino en gana, y a los indígenas con un saldo de:
dos muertos
decenas de heridos
manipulación política
comunidades enfrentadas
Todo comenzó igual que aquí:
Reuniones excluyentes, “sólo para ciertas etnias” (Bribri o Cabécar) y cada uno por separado “para mantener la pureza étnica”, usando así la identidad como arma.
Ese camino siempre termina mal.
El racismo disfrazado de “orgullo étnico” sigue siendo racismo.
Lo que pasó en Cahuita —negar entrada a vecinos por color de piel o por su ascendencia—
No es orgullo tribal.
No es cultura.
No es protección.
Es racismo, y Cahuita nunca ha sido un pueblo racista.
Aquí hemos convivido por generaciones:
Afrodescendientes, chinos, judíos, árabes, indígenas, mestizos y quienes llegaron con respeto y se integraron con amor.
Esa mezcla es nuestra verdadera fuerza.
La declaratoria tribal no es licencia para excluir:
La Declaratoria Tribal se creó para defender derechos, no para atacar a los vecinos.
Para consultar al Estado, no para pelear entre nosotros.
Para proteger la identidad afrodescendiente, no para expulsar a quienes han hecho de Cahuita su hogar durante décadas.
Nuestra guía debe ser esta: No hacerle al prójimo lo que no queremos que nos hagan.
Con esa simple verdad,
Cahuita seguirá avanzando unido, fuerte y digno.
No dejemos que el fanatismo nos robe lo que tanto nos ha costado ganar.
El territorio indígena de Zapatón invita a toda la población al Festival Cultural y Gastronómico Huetar, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre, un encuentro que celebra la riqueza cultural, culinaria y artística de los pueblos originarios de Costa Rica.
La actividad contará con la participación de territorios indígenas invitados, entre ellos Matambú, Maleku y Quitirrisí, quienes compartirán elementos de su identidad cultural y saberes comunitarios.
El festival ofrecerá una variada muestra gastronómica tradicional, incluyendo platos característicos de Zapatón y de los territorios visitantes. Entre las degustaciones estará la famosa tamuga, así como la oportunidad de participar en juegos tradicionales como la sacada de arroz en pilón, entre otras dinámicas culturales.
Además, el público podrá disfrutar de:
Danzas indígenas
Presentaciones artísticas de las gestoras de Zapatón
Participación de la escuela y el colegio de Zapatón
Presentaciones culturales de los territorios invitados
Esta actividad rescata y visibiliza la herencia viva de los pueblos indígenas, fortaleciendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de su aporte histórico a la identidad costarricense.
Información compartida con SURCOS por Rafael López Alfaro, del Programa de Gestión Local de la UNED.
Esteban Barboza Núñez, Sebastián Hernández, Johan Mora Noviembre, 2025
En un ejercicio de análisis comparativo de imágenes satelitales de 1997 y 2025 en seis puntos seleccionados del litoral de Guanacaste quedaron en evidencia algunas de las características y también las consecuencias que han dejado las transformaciones territoriales en la región durante los últimos tres decenios. Fotografías satelitales de Bahía Panamá, El Coco, Las Catalinas, Brasilito, Nosara y Sámara, que corresponden a los puntos donde se han dado las mayores transformaciones, así como y su posterior análisis, derivaron en observaciones puntuales que se explican en este reportaje.
El periodo 1997-2025 corresponde con el de la implementación de estrategias locales y nacionales para atraer turistas e inversionistas inmobiliarios a la región. Dentro de estas casi tres décadas han sucedido dos booms inmobiliarios fuertes, uno desde inicios de los años 2000 hasta el 2008, cuando sucedió la crisis inmobiliaria mundial que afectó dicha explosión de construcciones, y un segundo incremento cuantitativo, después del 2020.
En términos generales, es posible notar un cambio notable en la expansión urbana no planificada. En las imágenes de 1997 se observa la vasta cantidad de cobertura boscosa y la poca infraestructura que había. En contraposición, las imágenes de 2025 representan una considerable modificación del territorio a través de ciertos fenómenos específicos.
Uno de ellos es la escorrentía superficial, que se refiere a cuando el agua de lluvia, en lugar de infiltrarse naturalmente en la tierra, corre sobre el suelo, especialmente en zonas cubiertas de asfalto o concreto. Esto aumenta el riesgo de inundaciones, arrastra contaminantes hacia ríos, quebradas y el mar, y reduce la recarga de los acuíferos subterráneos. Esto se debe a la pérdida importante de vegetación nativa para construir, a la impermeabilización no planificada del suelo, y al predominio de construcciones no adaptadas a la topografía local.
También se ha presentado la intrusión salina, un proceso que ocurre cuando el agua de mar se filtra hacia los pozos de agua dulce en las zonas costeras. Al extraer demasiada agua subterránea para abastecer a la población y las nuevas construcciones, se altera el equilibrio natural, lo que permite que el agua salada avance tierra adentro y contamine las fuentes de agua potable.
Otro impacto muy notorio y significativo es la fragmentación de ecosistemas, que es la división de un bosque o un hábitat natural en «islas» separadas por carreteras, urbanizaciones o cultivos. Esto impide que los animales silvestres se desplacen libremente para buscar alimento, reproducirse o refugiarse. De este modo se debilita el ecosistema y se aísla a las poblaciones de flora y fauna.
Además, se ha dado una creciente ocupación de los manglares, ecosistemas costeros vitales que actúan como criaderos naturales de animales y barreras contra erosiones. Su tala o relleno para construir muelles o complejos turísticos no solo destruye este valioso hábitat, sino que también deja a las comunidades costeras más expuestas a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y las inundaciones.
Asimismo, todos estos cambios contribuyen a la pérdida de biodiversidad, es decir, a la disminución en la variedad de especies de plantas, animales, insectos y microorganismos que habitan la región. Cada especie, por pequeña que sea, cumple una función específica en su entorno, y su desaparición debilita la red de vida de la cual también dependemos los seres humanos.
A continuación, mostramos las imágenes con un breve análisis de cada una de ellas:
Bahía Panamá, 1997-2025
Para el sector de bahía Panamá, se observa una reducción significativa de la cobertura boscosa en la zona, acompañada de un aumento de áreas construidas o listas para construir asociadas al desarrollo turístico y residencial. En 1997 predominaban las coberturas naturales continuas, principalmente bosque tropical seco y vegetación arbustiva densa. Para 2025 aparecen parches de infraestructura, caminos y terrenos descubiertos producto de la expansión urbana. El cambio notorio se concentra en el sector norte y centro de la bahía, donde la urbanización avanza sobre zonas antes boscosas. Estos procesos reflejan una intensificación del uso turístico y de segundas residencias del suelo. Esto ha generado fragmentación ecológica, pérdida de vegetación natural, y presión sobre la zona costera y los recursos hídricos.
El Coco, 1997-2025
La zona de Playas del Coco, muestra una marcada transformación del uso del suelo. Este sector presentaba una cobertura boscosa y vegetación secundaria, y pasa a una amplia expansión urbana y turística. Las imágenes evidencian la sustitución de áreas cubiertas por árboles y arbustos por infraestructura residencial, comercial y vial. Tal sustitución ha generado una fuerte fragmentación del paisaje natural. Se observa el cambio de coberturas de vegetación leñosa hacia un suelo construido, como consecuencia de un proceso de urbanización acelerada, y con efectos de pérdida de cobertura vegetal.
Las Catalinas, 1997-2025
El sector de Las Catalinas, por su parte, evidencia un cambio en la cobertura del suelo, pasando de una zona predominantemente natural con alta presencia de bosque y áreas rurales a un territorio con un incremento notable de infraestructura turística y residencial. En 1997 se observaba una mayor continuidad de cobertura boscosa y áreas agropecuarias, mientras que para 2025 se aprecia la expansión urbana asociada al desarrollo inmobiliario costero, con reducción de vegetación y transformación del paisaje natural. Este cambio refleja un proceso de urbanización y sustitución de coberturas naturales por infraestructura ligada al turismo y servicios.
Flamingo y Brasilito, 1997-2025
Se puede evidenciar para los años seleccionados una transformación significativa del paisaje costero en playa Flamingo y Brasilito. Las imágenes satelitales muestran un cambio de coberturas naturales, compuestas principalmente de bosque y vegetación arbustiva, hacia usos antrópicos, es decir, modificados por seres humanos, especialmente a través de infraestructura turística y residencial. Se observa una disminución de áreas con vegetación arbórea y un aumento del suelo construido, junto con la expansión de vías de acceso y pastos cultivados. Estos cambios responden al crecimiento turístico y urbano. Dichas transformaciones han generado fragmentación de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal, y una mayor presión sobre los recursos hídricos y las zonas aledañas a la playa. Se puede deducir que el territorio ha pasado de ser un entorno predominantemente natural, a un paisaje urbanizado y fragmentado, como consecuencia de los procesos de expansión turística y residencial costera y cambio de uso del suelo.
Nosara, 1997-2025
La zona costera de Nosara, Guanacaste, presenta una transformación notable en la cobertura y uso del suelo, evidenciando un cambio de áreas predominantemente cubiertas por vegetación natural y bosque secundario hacia una mayor presencia de infraestructura residencial, turística y vial. El crecimiento urbano se concentra especialmente en los sectores de Playa Guiones y Playa Pelada, donde se observa una expansión significativa del suelo construido en detrimento de áreas forestales y pastizales. Este proceso refleja una intensa presión antrópica vinculada al desarrollo turístico y habitacional, con implicaciones sobre la fragmentación del paisaje, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración de los ecosistemas costeros y de recarga hídrica.
Sámara, 1997-2025
La zona costera de Sámara evidencia un cambio significativo en la cobertura y uso del suelo, caracterizado por la sustitución de áreas con predominio de vegetación natural y pastos por un incremento notable en infraestructuras residenciales y turísticas. Este proceso refleja una expansión urbana hacia sectores antes ocupados por coberturas forestales y agrícolas, asociado al crecimiento del turismo y la demanda inmobiliaria costera. La reducción de la cobertura boscosa y el aumento del suelo construido implican una transformación del paisaje natural, con posibles efectos sobre la conectividad ecológica, el manejo del recurso hídrico y la dinámica ambiental local, especialmente en humedales.
Aparte de las consecuencias señaladas, existen riesgos para el futuro cercano de persistir este tipo de desarrollo regido por la falta de planificación, la improvisación y el socavamiento ambiental. Entre ellos están el agravamiento de la escasez de agua, especialmente en zonas donde los acuíferos ya están siendo sobreexplotados. También la excesiva fragmentación ecológica, que puede limitar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, reducir la conectividad de especies y debilitar los servicios ecosistémicos como la protección contra la erosión y la recarga hídrica. Por otro lado, la presión inmobiliaria podría seguir limitando el acceso a la vivienda para poblaciones locales, ya que la mayoría de estos desarrollos inmobiliarios están totalmente fuera del alcance de las poblaciones locales. Finalmente, la gobernanza del suelo podría volverse crítica: si no hay un ordenamiento territorial adecuado, se pueden repetir dinámicas insostenibles hasta agotar el modelo, con consecuencias negativas para las comunidades locales.
El ambientalista Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, envió una carta al programa Estado de la Nación para expresar su preocupación por lo que considera un retroceso sostenido en la garantía del derecho constitucional a un ambiente sano, debido a cambios recientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
En su mensaje, Levy destaca el valor del trabajo del Estado de la Nación como instrumento público de análisis riguroso y denuncia que, en los últimos años, la Sala Constitucional ha comenzado a derivar asuntos ambientales al Tribunal Contencioso Administrativo, una vía lenta, costosa y poco accesible para comunidades y movimientos sociales. Esto, señala, limita gravemente la capacidad de defender derechos colectivos y facilitaría la destrucción acelerada de ecosistemas vulnerables.
Según su planteamiento, esta tendencia judicial se suma a otros factores —como mayores presiones territoriales y socioambientales— que agravan la situación del país en materia ambiental, pese al mandato preciso del artículo 50 de la Constitución Política.
Respuesta del Estado de la Nación: reconocimiento, apertura y evidencia disponible
En respuesta al mensaje, Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación, agradeció la observación y compartió el capítulo Armonía con la naturaleza del Informe Estado de la Nación 2025, donde se evalúa el desempeño ambiental de Costa Rica durante 2024 e inicios de 2025.
Chacón señaló que los hallazgos presentados en el informe son más amplios que los expuestos durante la presentación oficial, e incluyen investigaciones relacionadas con degradación de ecosistemas, gobernanza ambiental, presiones socioeconómicas y cambios institucionales relevantes.
Subrayó que estos estudios son un insumo para la discusión informada, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.
Agradeció las sugerencias enviadas por Levy, asegurando que se tomarán en cuenta para la futura agenda de investigación del programa.
Un tema que requiere atención nacional
Con el intercambio, queda definido que existe un debate abierto y necesario sobre el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos ambientales y sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de gobernanza ecológica.
Mientras tanto, el llamado desde la sociedad civil es a vigilar los retrocesos, a fortalecer la justicia ambiental y a asegurar que la evidencia científica —como la contenida en el Informe Estado de la Nación— contribuya a decisiones públicas que protejan los ecosistemas, las comunidades y los bienes comunes.
La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.
Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.
La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.
Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).
El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.
La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.
Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.
En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.
El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.
Omisiones señaladas
Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:
Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.
Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.
Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.
El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.
Derechos violados según el recurso
Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:
Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.
Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.
Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.
Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.
Solicitudes a la Sala Constitucional
Levy solicita a la Sala Constitucional que:
Declare con lugar el recurso de amparo.
Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.
Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.
Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.
El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.
El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.
Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.
Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.
La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.
Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.
No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.
Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.
La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.
Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.
Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.
De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.
Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.
Comunicado Gracias a la unión de varios colectivos comunitarios que trabajan incansablemente por los derechos de la comunidad escazuceña, hoy celebramos un logro histórico.
Tras meses de civismo, educación, conocimiento y convicción, el Concejo Municipal de Escazú aprobó con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana.
