La comunidad de Maíz de Colinas, situadas en el cantón de Buenos Aires, te espera este fin de semana para que disfrutes de las mejores fiestas de verano.
El sábado 07 de marzo, habrá fútbol femenino e infantil y por la tarde, excelentes corridas de toros a cargo de la Ganadería Las Gravilias y otras ganaderías de la zona.
Por la noche, baile al ritmo del Grupo Nacional Tumbao.
Para el domingo 08 de marzo, la fiesta continúa con actividades deportivas y a partir de las 10am, la Gran Cabalgata Maíz de Colinas 2026, donde habrá valiosos premios entre los que se destacan la rifa de 6 novillas.
El costo de la preinscripción es de ₡12,000 y ₡15,000 el día del evento (incluye refrigerio, almuerzo y bebidas).
Puedes reservar y cancelar al Sinpe 84118613 con Seidy Quirós.
Organiza: La ADI y el Comité de Deportes de Maíz de Colinas.
Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.
Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.
Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos
El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.
Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.
Centralización institucional y debilitamiento del control público
Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.
Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.
Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.
Impactos sociales en comunidades costeras
El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.
Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.
En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.
Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo
Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.
Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.
Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.
Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.
El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.
La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.
Evaluación de la tercerización de servicios de salud
Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.
La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.
Fundamentos legales y derechos ciudadanos
La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.
Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.
Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.
Participación institucional y comunitaria
La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.
El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.
Salud y desarrollo local
En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.
Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.
La organización Confraternidad Guanacasteca cuestionó públicamente el uso de concesiones estatales en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo para desarrollos residenciales y venta de propiedades, señalando que este tipo de actividades no corresponden al concepto legal de turismo y podrían desnaturalizar el fin público del proyecto.
El planteamiento fue expuesto por Gadi Amit, quien sostiene que “no todo extranjero es turista” y que resulta necesario diferenciar entre turismo propiamente dicho y otros fenómenos como residencia temporal o permanente, inversión inmobiliaria o migración.
¿Qué es turismo?
De acuerdo con el pronunciamiento, el turismo implica desplazamiento voluntario, temporal y con fines de ocio o recreación, con fechas de inicio y fin definidas, destino específico e inversión económica asociada a hospedaje, transporte, alimentación y actividades recreativas.
Además, subraya que la actividad turística requiere una organización turística estructurada, es decir, infraestructura y servicios como hotelería, transporte, agencias de viajes y atracciones que faciliten la experiencia del visitante.
En la legislación costarricense, la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico (Ley N.° 6990) establece beneficios fiscales para actividades como servicios de hotelería, transporte aéreo y acuático de turistas, agencias de turismo receptivo y arrendamiento de vehículos, entre otros.
El caso del Golfo de Papagayo
La controversia se centra en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, iniciativa estatal administrada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), desarrollada en tierras propiedad del Estado otorgadas en concesión por plazo determinado y destinadas, por ley, exclusivamente al desarrollo turístico.
Confraternidad Guanacasteca sostiene que el uso de estas concesiones para proyectos residenciales o condominios orientados a la venta de propiedades —aunque el comprador sea extranjero— no constituye turismo en el sentido jurídico del término.
Sobre este punto, la organización informó que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, expediente 25-020400-0007-CO, en el que plantea que la venta de propiedades en esas condiciones no se ajusta al fin turístico establecido por la normativa que regula el proyecto.
Debate sobre modelo de desarrollo
El cuestionamiento abre una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo turístico en zonas costeras, el uso de tierras estatales bajo concesión y la diferencia entre actividad turística y negocio inmobiliario.
En publicaciones anteriores de este medio se ha abordado la tensión entre desarrollo inmobiliario en zonas de alto valor ambiental y el cumplimiento de los fines públicos asociados a concesiones en territorios costeros, así como la necesidad de claridad en la gestión del ICT y de transparencia en la información sobre el alcance real de los proyectos.
Confraternidad Guanacasteca señala que el Instituto Costarricense de Turismo debe aclarar si los desarrollos residenciales dentro del Proyecto Golfo de Papagayo se ajustan al marco legal vigente o si, por el contrario, se está ampliando de facto el concepto de turismo hacia actividades predominantemente inmobiliarias.
El debate se mantiene abierto en sede constitucional y plantea interrogantes sobre la definición misma de turismo, el uso de bienes estatales y las prioridades del desarrollo económico en zonas estratégicas del país.
Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica
Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día
Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.
Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.
Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.
En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.
Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.
La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.
Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.
La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.
Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.
Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.
Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.
La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)
Por mi oficio, como periodista en la Arquidiócesis de San José, no es extraño que colegas me consulten cuando ocurre algún hecho de impacto social en otras diócesis. Hoy, uno de ellos me compartió un reportaje sobre la situación en Los Diques, en Cartago —violencia creciente, homicidios, pobreza extrema— y me hizo una pregunta directa: “¿Qué dice concretamente la Iglesia de Cartago frente a esto?”
Vale decir que el drama de Los Diques no es un hecho aislado; se ha convertido en un símbolo que alimenta una creciente preocupación en Cartago. En lo que va del año, la provincia comienza a despuntar, lamentablemente, por sus índices de violencia y criminalidad.
La pregunta me tomó por sorpresa. No porque la Iglesia no tenga nada que decir —la Iglesia es, quiera o no, un actor social con responsabilidad moral— sino porque tuve que responder con honestidad: “hasta donde yo sé, no se ha dicho nada.”
Ojalá mi percepción sea incompleta. Ojalá exista una palabra que no ha tenido suficiente eco. Pero si no es así, entonces el silencio merece una reflexión profunda.
Cuando el evangelista Mateo relata que Jesús, al ver a la multitud, la contempló “cansada y abatida como ovejas sin pastor” (Mt 9,36), no dice que miró hacia otro lado. No se desentendió. No relativizó el problema. Se conmovió. Y esa conmoción no fue sentimentalismo: fue el inicio de una acción, de una enseñanza, de un compromiso.
Hoy, al mirar realidades como Los Diques, es difícil no pensar en ese pasaje. Comunidades enteras viviendo entre precariedad, miedo y abandono. Niños creciendo bajo el sonido de las balas. Familias atrapadas entre la pobreza estructural y el narcotráfico. ¿No es esta también una multitud cansada y abatida?
La Iglesia no está llamada a dirigir operativos policiales ni a sustituir al Estado. Pero sí está llamada a mirar. A nombrar. A iluminar. A consolar. Y también, cuando sea necesario, a incomodar.
El silencio prolongado puede interpretarse como distancia. Y la distancia, en contextos de dolor, se percibe como ausencia. No se trata de protagonismo mediático ni de convertir la fe en discurso. Se trata de coherencia evangélica.
Si Jesús no miró hacia otro lado ante un pueblo desorientado, la Iglesia tampoco puede hacerlo ante comunidades que viven literalmente entre balas. Donde la vida está herida, la fe no puede ser indiferente.
Tal vez lo primero que se necesita no es una solución técnica —que corresponde a las autoridades competentes— sino una palabra clara que recuerde que la dignidad humana no es negociable y que ninguna zona puede convertirse en territorio resignado al miedo.
Ciertamente, esta situación no es exclusiva de Cartago; lamentablemente, la violencia y la fragilidad social atraviesan hoy buena parte del país. Pero precisamente por eso, en cada diócesis, se vuelve urgente una palabra clara y un gesto comprometido.
La muy noble y leal Cartago, tierra de fe arraigada y abundante en vocaciones, tiene hoy un reto a la altura de su historia. Precisamente porque ha sido referente espiritual para el país, no puede permanecer indiferente ante el dolor que se concentra en sus propias periferias. Tal vez este es un momento clave para pronunciar una palabra clara que nazca de la misma fe que ha sostenido a esta tierra por generaciones. Si Cartago es, como decimos, un pueblo profundamente creyente, entonces también está llamado a ser un pueblo profundamente comprometido con la vida donde más frágil se encuentra.
Del 28 al 30 de marzo de 2026 se llevará a cabo el IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo, una iniciativa que durante más de nueve años ha consolidado un espacio de integración, identidad cultural y fortalecimiento económico entre comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá.
El evento reunirá a más de 100 expositores de productos artesanales, turísticos y emprendimientos diversos, provenientes del cantón de Corredores y cantones vecinos en Costa Rica, así como de la provincia de Chiriquí, cuya sede anfitriona este año será el distrito de Barú.
Según el comunicado enviado a SURCOS, el encuentro promueve la participación de agrupaciones folclóricas, artesanas, gestores culturales e invitados especiales, con el propósito de fortalecer las tradiciones culturales y dinamizar la economía local en la región binacional.
Charlas, talleres y promoción digital
La programación contempla:
Charlas sobre producto turístico, hábitos empresariales y raíces del folclore panameño y costarricense.
Talleres de manualidades.
Concurso de trajes típicos y sombreros.
Actividades culturales abiertas al público.
Premios para visitantes y generación de base de datos para promoción de productos.
Transmisión en cadenas nacionales y televisión local.
Cobertura en redes sociales y transmisión en vivo mediante plataformas digitales.
El evento cuenta con la colaboración de Grupo Colosal TV y Radio del Cantón de Corredores, Tienda Online, el Grupo de Mujeres Emprendedoras Manos de Dos Pueblos y diversos aliados estratégicos.
Una feria con proyección comercial
El comunicado explica que una feria de este tipo constituye un mercado de mayor relevancia que el común, organizado en espacio público para la promoción y venta de productos elaborados con fines comerciales, buscando establecer acuerdos con compradores directos y negociantes.
Los organizadores extendieron invitación a empresarios y municipios de Barú y Renacimiento (Chiriquí, Panamá), así como de Coto Brus y Corredores (Costa Rica), para sumarse a la actividad.
Trayectoria organizativa
ASOGUITU y la revista digital Arte y Cultura Binacional, organizadores del encuentro, han impulsado durante nueve años consecutivos este tipo de actividades culturales y comerciales. Desde 2019 han documentado los eventos a través de su canal de YouTube, consolidando una experiencia sostenida en la articulación cultural fronteriza.
Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.
Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.
Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.
Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.
La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,
Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.
A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.
También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.
Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.
Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.
Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».
Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.
Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.
Pero, ¿será cierto?
¡Veamos!
A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.
Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.
Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.
Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…
SURCOS comparte la siguiente reseña de un boletín que fue enviado a nuestra redacción.
El asentamiento de Monte Alto celebró el pasado 25 de enero de 2026 un acto político de celebración y agradecimiento tras concretarse un logro histórico: después de casi diez años de lucha, las familias lograron un acuerdo que les permitirá comprar sus lotes a un precio accesible y avanzar hacia la titulación formal de la tierra.
El boletín Monte Alto: Celebración y agradecimiento recoge la memoria de un proceso colectivo que nació de la necesidad urgente de vivienda y se sostuvo gracias a la organización, la solidaridad y la perseverancia de cientos de familias trabajadoras.
Una lucha que nació de la necesidad
Monte Alto surgió cuando decenas de familias, sin acceso a vivienda y ante la existencia de terrenos sin uso social, decidieron organizarse e ingresar a la tierra. El proceso fue impulsado por personas con experiencia en luchas agrarias, entre ellas Carlos Coronado, Grace Serrano y Hernán Martínez.
Los primeros años estuvieron marcados por desalojos, destrucción de ranchos, persecución y ausencia de servicios básicos como agua y electricidad. Más de 40 viviendas fueron demolidas en uno de los episodios más duros. Sin embargo, la comunidad resistió.
Las mujeres jugaron un papel fundamental en la defensa del asentamiento, sosteniendo la organización cotidiana, el cuido de las familias y la continuidad de la lucha.
De la tierra para sembrar al derecho a la vivienda
Con el tiempo, el asentamiento creció hasta superar las 400 familias. La realidad social fue redefiniendo el sentido de la lucha: muchas personas trabajaban en la ciudad y no en agricultura, por lo que el eje pasó de la producción agrícola al derecho a la vivienda.
Monte Alto dejó de ser visto únicamente como una toma de tierra y empezó a consolidarse como barrio popular organizado. El acompañamiento de organizaciones sociales, el Bloque de Vivienda, el PRT y otros espacios fue clave para sostener el proceso en momentos críticos.
Un logro histórico
Tras casi una década de movilizaciones y procesos legales, se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del terreno. Aunque no se trató de una donación, el convenio permitió:
Evitar el desalojo.
Garantizar seguridad sobre la tierra.
Abrir el camino hacia la titulación formal.
Actualmente continúan los procesos de medición y trámites para que cada familia inscriba legalmente su lote.
Aprendizajes para otras luchas
El boletín destaca siete aprendizajes centrales de la experiencia:
La organización colectiva es la base del logro.
Las luchas son procesos largos.
Las mujeres sostienen la resistencia.
La lucha debe adaptarse a la realidad.
Las alianzas fortalecen.
Defender la tierra es defender la dignidad.
La memoria fortalece futuras luchas.
Monte Alto demuestra que los derechos no son concesiones sino conquistas colectivas.
Carlos Coronado: memoria viva de la lucha
El boletín consigna que “durante el acto se rindió homenaje a Carlos Coronado, dirigente histórico de la lucha por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de participación en procesos organizativos, ha sido impulsor de tomas de tierra tanto en zonas rurales como urbanas”.
Su aporte ha consistido no solo en la acción directa, sino en promover organización, formación política y conciencia colectiva. Para Coronado, la tierra debe cumplir una función social y no ser mercancía, destaca el documento.
Una lucha que continúa
Aunque la compra de los terrenos representa una victoria histórica, la lucha no termina. Persisten desafíos como acceso a servicios básicos, cambio de uso de suelo, infraestructura y construcción de viviendas dignas.
Como expresó una persona participante durante el acto: “Aquí no hubo regalo: hubo lucha, organización y resistencia.”
