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Cuando una comunidad invierte en su memoria, también construye su futuro: Maraya Jiménez culmina una etapa de formación que nació en Cahuita

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Hace poco más de una década, una joven de Cahuita comenzó a participar en un proyecto comunitario que buscaba recuperar la memoria histórica escondida bajo las aguas del Caribe costarricense. Ese camino, construido colectivamente por familias, personas buceadoras, pescadores, juventudes, organizaciones sociales, instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, permitió que el pasado 24 de junio de 2026 Maraya Jiménez Taysigue culminara en la Universidad de Cádiz, España, una etapa fundamental de su formación en el Máster en Arqueología Náutica y Subacuática.

Maraya Jiménez Taysigue

Más que un logro individual, la culminación de esta etapa representa el resultado de un proceso comunitario que durante años apostó por la formación de liderazgos locales para fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático y la memoria histórica del Caribe Sur.

Maraya es presidenta del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM), organización comunitaria a la que se integró siendo adolescente y desde la cual ha participado en iniciativas de ciencia ciudadana, conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y recuperación de la historia afrodescendiente e indígena de Cahuita.

Durante estos años, el CCBEEM ha impulsado un modelo de trabajo basado en la participación comunitaria que reúne juventudes afrodescendientes, indígenas Bribri y Cabécar, personas pescadoras, personas mayores, instituciones públicas, universidades y especialistas de distintos países. Ese proceso permitió consolidar investigaciones que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional, entre ellas la identificación científica de dos barcos esclavistas naufragados frente al Parque Nacional Cahuita, vinculados al desembarco de cientos de personas africanas en marzo de 1710, un hallazgo que ha contribuido a reescribir parte de la historia del Caribe costarricense.

La oportunidad de cursar estudios avanzados en España surgió gracias al reconocimiento alcanzado por ese trabajo comunitario y al respaldo de instituciones como la UNESCO y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España. Sin embargo, la posibilidad de concretar esa formación dependió también de una amplia campaña de solidaridad impulsada desde la propia comunidad.

Mediante la iniciativa «Colón por Colón, euro por euro, dólar por dólar», numerosas personas, familias, organizaciones, rifas comunitarias, actividades de buceo y donaciones hicieron posible financiar la permanencia de Maraya en Cádiz. La campaña se convirtió en una expresión concreta de confianza en la capacidad de las juventudes del Caribe Sur para devolver ese conocimiento a sus comunidades.

En una declaración enviada a SURCOS, Maraya expresó que este proceso ha sido posible gracias al respaldo recibido:

«Todo esto ha sido gracias a la comunidad del Caribe Sur y de Costa Rica en general, la comunidad que me ha apoyado y me ha acuerpado económicamente, emocionalmente y en muchos otros sentidos. Me siento muy feliz.»

La joven explicó además que la ceremonia realizada el 24 de junio marca la culminación de una etapa, pero no el final de su formación. Actualmente participa en prácticas arqueológicas en la bahía de Algeciras, donde fortalece conocimientos en prospección, excavación, registro y uso de tecnologías aplicadas a la arqueología subacuática. Posteriormente regresará a Costa Rica para concluir su tesis, prevista para septiembre, y más adelante realizará prácticas profesionales en Campeche, México, especializadas en patrimonio cultural subacuático.

Por esa razón, y atendiendo la precisión realizada por la propia Maraya, esta publicación consigna correctamente que culminó esta etapa del Máster en Arqueología Náutica y Subacuática. Una vez aprobada su tesis obtendrá el título profesional correspondiente.

La investigación que desarrolla se encuentra estrechamente vinculada con la experiencia del CCBEEM y con el modelo de participación comunitaria construido en Cahuita. Esa continuidad también se refleja en la ponencia que presentará durante el I Congreso de Patrimonio Cultural de la Universidad de Costa Rica, titulada «Reconectando las raíces del Caribe Sur: gestión comunitaria del patrimonio cultural subacuático en Cahuita, Costa Rica», donde expone cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de la investigación, protección y apropiación social de su patrimonio.

El proceso vivido por Maraya también ha encontrado eco entre personas descendientes de quienes protagonizaron la historia recuperada por estas investigaciones. Familiares de Miguel Maroto —africano de 16 años que desembarcó libre en las costas de Cahuita tras el naufragio de 1710 y cuyos descendientes viven hoy en Costa Rica— enviaron un mensaje a la comunidad en el que expresan:

«Muchísimas gracias por compartir la información, sin duda alguna un gran logro para todos ustedes que tanto han trabajado. Muchos éxitos para Maraya y a ustedes como comunidad en esta nueva etapa.»

Ese reconocimiento resume el significado de un proceso que trasciende la formación académica de una persona. Durante más de una década, la comunidad de Cahuita ha demostrado que la recuperación de la memoria histórica puede convertirse también en una herramienta para fortalecer la identidad, formar nuevos liderazgos, proteger el patrimonio cultural y natural y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

La historia de Maraya Jiménez Taysigue es, en ese sentido, también la historia de una comunidad que decidió invertir en el conocimiento como forma de construir su futuro.

SURCOS invita a conocer el testimonio de Maraya Jiménez sobre este proceso de formación y sobre el papel que han tenido la organización comunitaria y la participación ciudadana en la recuperación de la memoria histórica y el desarrollo local; para ello presentamos el video compartido por el CCBEEM.

Apuestan por turismo para fortalecer identidad cultural

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La comunidad de San Juan, en Santa Cruz de Guanacaste, avanza en la construcción de una estrategia turística orientada a articular emprendimientos locales y ofrecer experiencias organizadas para visitantes mediante una operadora turística comunitaria. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI), cuenta con el acompañamiento académico del Observatorio Regional Chorotega y del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede) de la Universidad Nacional (UNA).

Mario Rodríguez, integrante de la ADI de San Juan, explicó que el proyecto surge ante la necesidad de aprovechar el talento, las habilidades y la experiencia de los habitantes mediante el fortalecimiento de las actividades emprendedoras existentes. Como parte del proceso, la organización promueve espacios para consolidar y dar visibilidad a la oferta local de productos y servicios.

La iniciativa busca transformar este patrimonio en experiencias vivas para los visitantes, más allá del registro documental, permitiendo compartir las tradiciones tal como se viven en la comunidad y fortaleciendo, al mismo tiempo, la conservación cultural y el desarrollo turístico.

La propuesta integra distintas actividades económicas, entre ellas gastronomía, artesanía y comercialización de productos provenientes de fincas agrícolas y ganaderas. Además, contempla el apoyo de la UNA mediante procesos de formación y transferencia de saberes para fortalecer competencias, elevar la calidad de la oferta y ampliar oportunidades de comercialización.

Academia en acción

Según Laura Obando, coordinadora del Observatorio, el principal aporte del modelo consiste en organizar la oferta turística de manera colectiva y superar el enfoque tradicional de apoyo aislado a los emprendimientos. “Este proceso busca encadenar iniciativas comunitarias para fortalecer la experiencia turística y generar mayores oportunidades para San Juan”, señaló.

Obando indicó que el trabajo desarrollado durante varios años mediante extensión universitaria permitió identificar el potencial del territorio para integrar actividades productivas dentro de una propuesta conjunta. “La meta es conectar servicios y ofrecer al visitante una experiencia más completa mediante una operadora turística local”, añadió.

Como parte del proceso, el Cemede incorporaría un componente orientado al rescate y valorización del patrimonio cultural inmaterial de Santa Cruz, reconocido por su riqueza folclórica. El trabajo se enfoca en documentar tradiciones y expresiones vinculadas al Santo Cristo de Esquipulas, con el propósito de preservar tradiciones que forman parte de la identidad local.

Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión de la UNA, explicó que una de las formas en que la academia podría contribuir con la comunidad de San Juan es mediante un fondo concursable que debe ser presentado por el académico responsable de la región y orientado a atender necesidades reales del territorio.

Pérez afirmó que este mecanismo parte de una premisa clara: las iniciativas deben construirse junto con las comunidades y no desde espacios institucionales. Para ello, se promueve la escucha activa como vía para reconocer prioridades y detectar oportunidades de desarrollo. “Entonces, ¿cómo promover en este espacio una ruta turística? Conociendo un poco las fortalezas que ellos tienen como organización y también en articulación con otras instancias”, señaló la académica.

La iniciativa busca convertir el patrimonio local en experiencias vivas para los visitantes, fortaleciendo la conservación cultural y el turismo comunitario.

Le invitamos a conocer más información mediante el siguiente video:
https://youtu.be/r-JOfHRe0Xg?si=-bQLFaOF_4aAcZRJ

UNA apoya desarrollo local en regiones fronterizas vulnerables

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Como parte del encuentro de la Vicerrectoría de Extensión con extensionistas de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), realizado a mediados de junio, se visitó la comunidad fronteriza de Santa Cecilia de La Cruz para conocer de primera mano las necesidades de organizaciones agrícolas locales y dar seguimiento al proyecto Edufrontera, impulsado por el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede) de la UNA, con respaldo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

La iniciativa busca fortalecer las capacidades organizativas de líderes de asociaciones comunitarias ubicadas en territorios fronterizos, como una estrategia para mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo local sostenible ante condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Sandra Lezcano, investigadora del Cemede y coordinadora del proyecto, explicó que Edufrontera surgió hace tres años a partir de una solicitud del Inder para acompañar inicialmente a siete organizaciones campesinas en procesos de formulación y gestión de proyectos. “Es un buen ejemplo de la importancia de la participación de la universidad pública en espacios de gobernanza territorial y de cómo es posible contribuir a los esfuerzos que realizan otros actores de la región mediante la articulación de recursos orientados a sectores vulnerables”, señaló Lezcano.

Actualmente, la iniciativa trabaja junto con el Inder en la formulación de proyectos para la organización de agricultores Tierra Prometida, la Asociación de Mujeres de La Virgen de La Cruz y una propuesta impulsada por la Asociación de Desarrollo de la comunidad de Caoba que sería presentada ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Elba González, representante legal de la Asociación de Mujeres de La Virgen de La Cruz, indicó que esperan recibir apoyo para diseñar un proyecto orientado a certificar la conservación y el manejo de semilla criolla de frijol, elemento central para la producción local debido a sus beneficios nutricionales y económicos. “A diferencia de otras semillas que requieren compra anual, la semilla tradicional se puede guardar y resembrar sin perder su capacidad de germinación, lo que evita gastos innecesarios”, destacó González.

Legalidad y producción

Uno de los principales retos que enfrentan estos agricultores es que la Asociación se ubica en un área declarada refugio de vida silvestre, condición que limita la obtención de propiedad formal y la documentación legal de la tierra. Esta situación también restringe la posibilidad de recibir apoyo institucional, tanto del Inder como del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la adquisición de maquinaria destinada al secado y limpieza del frijol, principal actividad económica de la organización.

Socorro Díaz, vicealcaldesa de La Cruz, señaló que las condiciones del cordón fronterizo generan limitaciones para la gestión municipal en la prestación de servicios como otorgamiento de patentes, recolección de residuos y establecimiento de tarifas. A esto se suma la escasez de oportunidades laborales, que obliga a muchas familias a depender de la producción agrícola para subsistir. Pese a ello, la Municipalidad ejecuta acciones de apoyo mediante el mantenimiento de caminos, con el objetivo de facilitar la salida y comercialización de los productos agrícolas.

Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión de la UNA, afirmó que una problemática estructural identificada tanto en esta zona fronteriza como en la región norte es la falta de titulación de tierras, lo cual limita a las comunidades a recibir recursos públicos, y a la vez, reduce la capacidad de recaudación municipal. “Se propone presentar un fondo concursable para mejorar la calidad de vida de estas personas y, junto con la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la UNA, colaborar en el levantamiento de tierras que facilite futuros procesos de titulación”, indicó.

Desde las comunidades

Lilliam Canales, asesora del territorio Liberia–La Cruz del Inder, explicó que el proyecto nació ante la necesidad de atender problemáticas históricas relacionadas con acceso y compra de tierra en comunidades fronterizas como Santa Cecilia. En ese contexto, el Inder impulsó, junto con la academia, una propuesta orientada a fortalecer capacidades locales para la formulación de proyectos comunitarios.

Canales agregó que el acompañamiento institucional responde al plan de desarrollo rural territorial construido por el Consejo Territorial y aprobado por la Asamblea del Territorio. Entre las líneas estratégicas se incluyen el fortalecimiento del trabajo con semilla criolla, sistemas de alerta temprana, acciones de seguridad alimentaria y el desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia para agricultura y consumo humano, tomando como referencia experiencias implementadas en el Campus Nicoya de la UNA.

La vicealcaldesa de La Cruz destacó que Edufrontera rompe con la lógica tradicional de formular políticas desde espacios centralizados y coloca a las comunidades como protagonistas del proceso. “Aquí son las personas del territorio quienes identifican sus necesidades y plantean soluciones; no son las instituciones las que llegan a definir qué debe hacerse”, comentó.

Edufrontera articula entre comunidades e instituciones para propiciar soluciones construidas desde el territorio y fortalecer el desarrollo local en zonas fronterizas.

Le invitamos a conocer más detalles en el siguiente video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

30 años de lucha comunal: Cahuita defiende su Parque Nacional y su modelo de gobernanza compartida

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Un modelo que ha resistido cambios de gobierno y cuestionamientos institucionales

Cahuita, Talamanca de Limón. Por el Movimiento Cahuita Unida. La historia del Parque Nacional Cahuita es también la historia de la organización y la lucha de su comunidad. Cuando se estableció el Monumento Nacional en 1970 y el Parque Nacional decretado en 1978, los habitantes de Cahuita asumieron importantes costos sociales y económicos derivados de la conservación, pues muchas de las actividades productivas tradicionales que sustentaban a las familias locales fueron abandonadas para crear el Parque. Frente a esta realidad, la comunidad lucho por un modelo de participación que permitió vincular la protección ambiental con el bienestar de la población local.

Desde el año 1998 se consolidó un modelo de gobernanza compartida entre la comunidad de Cahuita y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en la corresponsabilidad, la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios derivados de la gestión del Parque Nacional. Este modelo fortaleció el vínculo entre la comunidad y el área protegida, convirtiéndose en una experiencia pionera de conservación comunitaria en Costa Rica y el mundo.

Durante más de treinta años, líderes y lideresas comunales, organizaciones locales y distintas generaciones de habitantes han defendido este modelo frente a múltiples obstáculos institucionales y políticos. Sin embargo, en junio de 2026 la comunidad enfrenta nuevamente una amenaza a la continuidad de esta experiencia de gobernanza.

Mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, se suspendieron los efectos del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) para la implementación del modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, argumentando aspectos relacionados con plazos, procedimientos formales y una denuncia actualmente en investigación judicial, situación que fue informada de manera oportuna por las organizaciones comunitarias a las instancias correspondientes.

Ante esta situación, el pasado 22 de junio la ADIC y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita convocaron una reunión informativa abierta a la comunidad. Como resultado de este encuentro, se conformó una comisión de apoyo encargada de acompañar a la Junta Directiva de la ADIC, mantener informada a la población y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la administración compartida del Parque continúe en manos de la comunidad, fortaleciendo además los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica.

El Movimiento Cahuita Unida agradeció públicamente el trabajo de las organizaciones comunales que integran el Consejo Local de Manejo y de la nueva comisión conformada para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, reafirmó que cuenta con el respaldo de la población de Cahuita para defender un modelo que ha demostrado ser exitoso tanto para la conservación del patrimonio natural como para el fortalecimiento de la economía local.

«Solo unidos y trabajando juntos lograremos la defensa del Parque Nacional. El Gobierno Central amenaza nuevamente al Parque, y si hay amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque», señalaron representantes del movimiento comunitario.

A lo largo de su historia, el modelo de cogobernanza ha enfrentado cuestionamientos, particularmente por parte de la Contraloría General de la República. No obstante, también ha contado con el respaldo de sucesivos gobiernos y de diversas instituciones del Estado, que han reconocido la importancia de la participación comunitaria en la gestión de las áreas silvestres protegidas.

Durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se emitieron instrumentos jurídicos fundamentales para consolidar esta experiencia. El Decreto Ejecutivo N.° 39519-MINAE reconoció los distintos modelos de gobernanza en las áreas silvestres protegidas del país, mientras que el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE reglamentó formalmente el Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, otorgando un marco legal claro para la participación comunitaria en la gestión del área protegida.

La defensa de este modelo trasciende el ámbito estrictamente ambiental. Se trata también de la defensa de una comunidad cuya historia, cultura y economía han estado estrechamente ligadas al Parque Nacional. El turismo asociado al Parque constituye uno de los principales motores económicos de Cahuita y la participación de la comunidad ha sido uno de los factores determinantes para la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.

Por estas razones, cualquier decisión relacionada con el futuro del Parque Nacional Cahuita no puede analizarse únicamente desde criterios administrativos o procedimentales. La gestión compartida del Parque forma parte de una historia de conservación construida por la propia comunidad y se encuentra estrechamente vinculada a derechos ambientales, culturales, económicos y territoriales reconocidos por la legislación nacional, los decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional reciente.

El modelo de gobernanza compartida de Cahuita ha demostrado que la conservación y la participación comunitaria no son objetivos contradictorios, sino complementarios. Durante más de tres décadas, la comunidad ha sido el principal aliado del Parque Nacional, contribuyendo a su protección, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo el desarrollo local.

Hoy, una vez más, Cahuita se moviliza para defender una experiencia única en Costa Rica. Defender la gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita es defender más de treinta años de trabajo comunitario, la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe costarricense y los derechos históricos, culturales y ambientales de una comunidad que ha demostrado su compromiso con la protección de su patrimonio natural.

¡Porque Cahuita y su Parque son una misma historia de lucha!

Sala Constitucional condena a Municipalidad de San Rafael por incumplir protección de pozo de abastecimiento público

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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la protección del pozo La Meseta, en San Rafael de Heredia, y condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber garantizado adecuadamente la protección del área de resguardo de esta fuente de abastecimiento de agua.

El recurso fue interpuesto por Carlos Campos Zamora, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas, quienes denunciaron la autorización de desarrollos constructivos dentro del área de protección del pozo y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar el recurso hídrico.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el criterio técnico aplicable es el emitido por SENARA, según el cual los pozos de abastecimiento público requieren una zona de protección de 200 metros de radio para prevenir riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. La resolución señala que esta área de protección no está siendo respetada y que las instituciones recurridas no utilizaron todas las herramientas legales disponibles para garantizar su cumplimiento.

El expediente judicial se originó tras una serie de gestiones realizadas desde 2023 por Carlos Campos Zamora y otras personas vecinas preocupadas por la construcción de proyectos inmobiliarios en las inmediaciones del pozo La Meseta. En diferentes ocasiones, se solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia detener el otorgamiento de permisos y visados dentro del área de protección señalada por los criterios técnicos especializados.

Según el colectivo CONCEVERDE, que acompañó las denuncias ciudadanas y promovió acciones de incidencia sobre este caso, la resolución representa una nueva condena contra las actuaciones municipales relacionadas con la protección del agua subterránea.

En un comunicado público, la organización afirmó que la sentencia evidencia una grave amenaza para las aguas que abastecen a miles de habitantes del cantón y cuestionó que se hayan otorgado permisos de construcción sin respetar el área de protección recomendada por SENARA.

La organización destacó que la Sala Constitucional concluyó que el principio precautorio obliga a adoptar las medidas más protectoras cuando existe riesgo para el recurso hídrico y recordó que el propio SENARA advirtió sobre la posibilidad de contaminación del acuífero.

CONCEVERDE señaló además que la defensa del agua constituye una responsabilidad pública fundamental y llamó a las instituciones a asumir un compromiso efectivo con la protección de los recursos hídricos y la salud de la población.

La controversia se desarrolló a partir de posiciones divergentes entre distintas instituciones. Mientras la Dirección de Aguas del MINAE y autoridades municipales sostuvieron que el retiro de protección aplicable era de 40 metros o se limitaba a los linderos de la propiedad, SENARA y AyA señalaron que, tratándose de un pozo de abastecimiento público, debía respetarse una zona de protección de 200 metros.

La resolución de la Sala Constitucional se suma a una serie de cuestionamientos y denuncias presentadas en los últimos años por organizaciones ambientales y vecinales sobre la necesidad de fortalecer la protección de las fuentes de agua subterránea frente a procesos de urbanización y expansión inmobiliaria en la provincia de Heredia.

Paso Ancho por la Paz muestra que la construcción de conciencia nace desde las comunidades

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El pasado 20 de junio, el Parque Los Héroes de Paso Ancho fue escenario de una jornada cultural, comunitaria y educativa que reunió a vecinas, vecinos, artistas, personas jóvenes, personas adultas mayores y delegaciones invitadas en torno a una misma convicción: la construcción de una cultura de paz comienza en los territorios y se fortalece mediante el trabajo organizado de las comunidades.

La actividad, denominada “Paso Ancho por la Paz”, formó parte del Festival Nacional Grito por la Paz, promovido por Buen Vivir Costa Rica y desarrollado simultáneamente en diversos cantones del país, entre ellos Desamparados, San Ramón, Nicoya, Tibás y León Cortés. En Paso Ancho-San Sebastián, la iniciativa fue impulsada mediante la articulación de organizaciones e instituciones comunitarias, entre ellas la Biblioteca Municipal Emma Gamboa, la Feria del Agricultor, el Hogar de la Esperanza y el Parque Los Héroes.

A lo largo de la jornada se realizaron diversas actividades orientadas a fortalecer la convivencia, la memoria histórica y el compromiso ciudadano con la paz. Entre ellas destacaron la inauguración del nuevo Mural de los Héroes, la exposición de fotografías históricas de la comunidad, la presentación de grupos de break dance, la siembra de árboles, juegos tradicionales para niñas y niños, la firma de la Carta por la Paz y la participación de cantores y poetas provenientes de Naranjo, Atenas, Moravia, Desamparados, San Francisco, Sarapiquí, Talamanca, Nicaragua y Paso Ancho.

La programación artística reunió expresiones musicales y poéticas que hicieron del parque un espacio de encuentro y reflexión. Asimismo, la presencia de estudiantes bribris de Talamanca y representantes de la Casa del Indio en Cartago aportó una dimensión intercultural que enriqueció la actividad y fortaleció los vínculos entre comunidades de distintos territorios.

Las personas organizadoras destacan que este tipo de iniciativas reflejan una convicción que ha venido creciendo en numerosos barrios y comunidades del país: la transformación social y la construcción de conciencia colectiva no se producen desde espacios externos, sino, más bien, desde los espacios comunitarios donde las personas se encuentran, dialogan, recuperan su memoria, fortalecen sus lazos y construyen propuestas compartidas para el futuro.

“Paso Ancho por la Paz” constituye así un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede convertirse en una herramienta concreta para promover valores de convivencia, solidaridad, respeto y participación ciudadana. La experiencia se suma a otras iniciativas impulsadas en el marco del Festival Grito por la Paz, cuyo propósito es generar espacios de encuentro capaces de fortalecer la cultura de paz desde los territorios.

Las personas organizadoras expresaron además su agradecimiento a las más de 50 personas que colaboraron en la preparación de la actividad, a la delegación de estudiantes bribris de Talamanca, a la Casa del Indio en Cartago, a la comunidad que respondió al llamado y a todas las personas visitantes que compartieron mensajes de amor, esperanza y paz durante la jornada.

Municipalidad de San José acuerda rendir homenaje a 19 soldados zapoteños que participaron en la Campaña Nacional de 1856

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La Municipalidad de San José aprobó, en su sesión del 16 de junio de 2026, una moción presentada por el Concejo de Distrito de Zapote para rendir homenaje póstumo a 19 soldados costarricenses, originarios de esa comunidad, que participaron en la Campaña Nacional de 1856 contra la invasión filibustera encabezada por William Walker.

La iniciativa permitirá la realización, en una fecha que será definida posteriormente, de un acto cívico conmemorativo en la comunidad de Zapote en reconocimiento a estos patriotas que formaron parte de uno de los episodios más significativos de la historia nacional.

La Campaña Nacional de 1856-1857 constituye uno de los acontecimientos fundacionales de la identidad costarricense. En ella, personas de distintas regiones del país participaron en la defensa de la soberanía nacional frente a las fuerzas filibusteras lideradas por William Walker, cuya intención era extender su dominio sobre Centroamérica. La memoria de quienes participaron en esa gesta ha sido preservada mediante diversas iniciativas cívicas, educativas y comunitarias a lo largo de los años.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote expresó su satisfacción por la aprobación de la moción y agradeció al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, así como a la síndica Marilyn Astorga Molina, por el respaldo brindado a la propuesta.

Según indicó la organización, el acuerdo facilitará la realización de una actividad conmemorativa en honor de los 19 soldados zapoteños que participaron en la defensa del país durante la Campaña Nacional, fortaleciendo la memoria histórica de la comunidad y el reconocimiento de quienes contribuyeron a la defensa de la soberanía costarricense.

Imagen ilustrativa: https://museojuansantamaria.go.cr/campana-nacional/

ADI Cabagra sigue invirtiendo en infraestructura vial de su territorio

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Por Uriel Rojas

Intervinieron la cuesta del Barrio El Silencio

Este viernes 19 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra intervino la cuesta del Barrio El Silencio, el cual siempre había presentado serios problemas en el tránsito vehicular, dificultando el traslado de cultivos, así como la movilidad de estudiantes y personas enfermas que necesitaban de una atención médica.

Esta obra trae un beneficio directo a más de 10 familias que viven en este poblado y forma parte del proyecto de Intervención de Caminos Vecinales que ejecuta la ADI de Cabagra, en conjunto con las comisiones del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT) usando de manera eficiente los incentivos económicos generados por el Contrato para la Reducción de Emisiones Forestales (CREF).

La ADI de Cabagra tiene proyectado intervenir al menos 15 caminos más, con el fin de facilitar la conectividad local, garantizando así el acceso digno, seguro y fluido a sus pobladores.

Con estos trabajos concretados en Barrio El Silencio, la ADI CABAGRA reafirma su compromiso con el desarrollo autónomo, la infraestructura comunitaria y el bienestar de todas las familias de su territorio.

Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva supervisora – Se encargará de atender el Circuito 11

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Karol Adriana Rojas Portilla

Por Uriel Rojas

A partir de este viernes 19 de junio de 2026, la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba tendrá una nueva Supervisora, que atenderá los centros educativos del Circuito 11.

Se trata de la M.Sc. Karol Adriana Rojas Portilla quien cuenta con 22 años de servicio para el Ministerio de Educación Pública y llegará en sustitución del anterior supervisor de este circuito quien se apegó a su jubilación.

Rojas Portilla acumula una amplia experiencia laboral en el campo de la docencia trabajando especialmente en territorios indígenas bribrí del cantón de Buenos Aires.

La nueva funcionaria atenderá a los centros educativos de primaria y secundaria del Circuito 11 en los territorios indígenas de Boruca y Rey Curré dado a que Ministerio de Educación Pública todavía se encuentra en proceso de establecer los circuitos educativos independientes para estos dos territorios indígenas, en acatamiento a lo resuelto por la Sala Constitucional en el 2025.

Rojas Portilla es de origen boruca, tiene 45 años de edad y reside en la comunidad indígena de Rey Curré.

Desde Territorio Maleku denuncian agresiones contra personas recuperadoras

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Personas integrantes del pueblo Maleku denunciaron una serie de agresiones y amenazas ocurridas este 18 de junio de 2026 en el marco de un proceso de recuperación territorial dentro de la reserva indígena Maleku.

Según la información remitida desde el territorio, los hechos se desarrollaron desde tempranas horas de la mañana, cuando personas identificadas por la comunidad como finqueros llegaron a la finca que se encuentra en proceso de recuperación y comenzaron a emitir amenazas contra quienes participaban en la acción de recuperación territorial.

De acuerdo con el relato recibido, la situación se mantuvo tensa durante todo el día. Al caer la tarde, varias personas ingresaron a la finca y se desplazaron por distintos sectores del terreno. La comunidad señala que estas acciones habrían sido coordinadas por una persona identificada como Betty Miranda.

Las personas recuperadoras afirman que posteriormente se produjo una confrontación verbal que derivó en agresiones físicas. Según la denuncia, un menor de edad de apellido Varela habría utilizado un arma blanca contra integrantes del pueblo Maleku, provocando heridas a varias personas. Entre las personas afectadas se encuentra una mujer Maleku que sufrió una herida en la cabeza. Otras personas habrían resultado golpeadas con palos y presentaron cortaduras, mordiscos y diversas lesiones.

La denuncia también indica que entre las afectadas había personas adultas mayores indígenas que debieron resguardarse ante el aumento de la violencia.

De acuerdo con el testimonio recibido, la Fuerza Pública intervino cuando ya se habían producido las agresiones y existían personas heridas. La comunidad cuestiona la actuación policial y sostiene que la respuesta de los oficiales fue tardía. Asimismo, señala que algunas personas valoran presentar denuncias relacionadas con la actuación de la policía durante los hechos.

Posteriormente se presentaron en el lugar funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía, quienes, según la información suministrada, procedieron a recibir las declaraciones de representantes de la Asociación Indígena Maleku. Las personas denunciantes manifestaron que se mantienen a la espera de las acciones que adopten las autoridades competentes.

El relato agrega que, tras los hechos de violencia, algunas de las personas involucradas intentaron abandonar el lugar en vehículos, pero otras personas presentes impidieron su salida al considerar que se encontraban huyendo después de ocurridas las agresiones.

Las organizaciones y comunidades indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones situaciones de conflictividad asociadas a procesos de recuperación territorial en distintos territorios indígenas del país. En años recientes, SURCOS ha informado sobre llamados de pueblos indígenas a garantizar el respeto de sus derechos territoriales, así como a prevenir hechos de violencia contra personas recuperadoras y liderazgos comunitarios. Las comunidades han insistido en la necesidad de una actuación oportuna de las autoridades para proteger la integridad física y asegurar el respeto de los derechos reconocidos por la legislación y los convenios internacionales para los pueblos indígenas.

La comunidad Maleku indicó que continuará dando seguimiento a los hechos ocurridos y a las investigaciones que realicen las autoridades judiciales.