Ante las denuncias públicas y evidencias técnicas recabadas por vecinos de Oreamuno Cartago sobre los malos olores relacionados a los vertidos del tubo de la empresa SIGMA en el río la Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, funcionarios de la empresa SIGMA convocaron vía telefónica a una reunión a vecinos y vecinas denunciantes y miembros de los diferentes frentes ecologistas que están trabajando activamente en la defensa del río.
Dado el llamado al diálogo por parte de la empresa SIGMA (lo cual vimos con buenos ojos) el Frente Eco Cipreses procedió a solicitar el salón de reuniones de la Asada de Boquerón y Paso Ancho para realizar la reunión el día de hoy 29-07-2026 a las 4 PM y posteriormente notificar del lugar a la empresa solicitante.
Para sorpresa de nuestros colectivos la empresa nos indicó que: «para ellos era muy lejos venir a Oreamuno de Cartago (lugar donde está su tubo de vertidos) y que ellos no iban a venir y que mejor hiciéramos la reunión en un centro comercial en San José o en Tres Ríos».
Sobre lo anteriormente descrito desde nuestras agrupaciones ecologistas y vecinales decimos:
1) Vemos como un acto ofensivo que los señores del tubo de vertidos que nos genera un paisaje maloliente nos digan: «Que les queda muy lejos venir a la comunidad donde vivimos» Les recordamos que es aquí donde sufrimos las consecuencias directas de sus vertidos
2) Un centro comercial no es para nada un lugar adecuado para tener una reunión seria en donde se pueda dialogar activamente para buscar acuerdos en pro del bienestar ambiental de la comunidad.
3) Los vecinos y vecinas denunciantes de Takiscú, así como el Frente Unido por el Agua de San Rafael de Oreamuno y el Frente Ecologista de Cipreses somos personas respetuosas del orden y la ley. A lo largo de muchos años de trabajar en la defensa ambiental hemos demostrado un diálogo respetuoso y ordenado con diferentes sectores de la sociedad. SIGMA no tiene nada que temer en sentarse en una mesa de una ASADA a dialogar con nosotros en la comunidad que contaminan con vertidos malolientes.
4) Estos días empezaron otra vez los malos olores. No estamos dispuestos ni dispuestas a resignarnos a vivir en un entorno contaminado de malos olores y vamos a intensificar nuestra campaña cada vez que ustedes nos llenen la comunidad de sus pestilentes vertidos. Somos gente profesional, respetuosa y educada y pedimos que nos traten como tales.
5) Esta es una excelente oportunidad para SIGMA de hacer las cosas bien y de convertirse en una empresa modelo de gestión de vertidos. Les pedimos que inviertan en el país que les hospeda y cuiden el cantón. De este conflicto socio ambiental les decimos que pueden salir muy bien parados si saben dialogar y sobre todo atender con profesionalismo nuestras demandas. Ustedes los de SIGMA bien saben que tenemos muchas razones para estar molestos y molestas y nuestras denuncias (papeles y evidencia técnica en mano) son consecuencia de su mala gestión ambiental. Ustedes pueden convertir esto en un ejemplo de proactividad y compromiso ambiental o todo lo contrario.
6) ¿Si quieren diálogo? las puertas están abiertas, pero aquí en la comunidad donde llevamos décadas enfrentando los malos olores. No pretendan hacernos ir a un centro comercial lejos de donde vivimos y de donde está el problema que ustedes originan.
7) Estamos amparados en el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Artículo 50 de la Constitución Política, amparados también en artículo 21 que garantiza nuestra calidad de vida y amparados también bajo el principio In dubio por aqua.
Agradecemos a la ASADA de Boquerón y Paso Ancho, no solo por prestarnos el salón sino por sus palabras dirigidas al Frente ECO Cipreses que copiamos textualmente: «Asimismo, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la valiosa labor que realizan en nuestra comunidad en favor de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. Reconocemos y valoramos el compromiso que mantienen con la gestión ambiental.»
Agradecemos a la diputada Joselyn Sáenz Núñez del Partido Frente Amplio, Cartago por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión.
Agradecemos a la Universidad de Costa Rica y en especial al programa Kioscos Ambientales por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión. La presencia de instituciones del estado en estos procesos de diálogo es muy importante y saludable.
Reiteramos nuestra apertura a dialogar, pero en nuestra comunidad, en lugares adecuados y con acompañamiento institucional.
Solicitamos esto se ponga en conocimiento del Concejo Municipal en Oreamuno Cartago.
El ambientalista Marco Vinicio Levy Virgo dirigió una carta a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, en la que solicita una reunión para exponer información técnica sobre los impactos del modelo de desarrollo que, según señala, se viene consolidando en esa comunidad del Caribe Sur.
En la comunicación, fechada el 26 de julio de 2026, Levy explica que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa del ambiente en Manzanillo y sus alrededores. Aclara que su posición no constituye una oposición al desarrollo, sino un llamado a que este respete los límites ecológicos indispensables para garantizar la supervivencia y el bienestar de la comunidad.
Uno de los principales planteamientos del documento es la importancia de proteger las lomas de Manzanillo como zonas de recarga acuífera. Según expone, de estas áreas depende buena parte del abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas, por lo que intervenirlas sin información técnica suficiente sobre su capacidad de carga incrementa el riesgo de escasez y deterioro del recurso hídrico.
La carta también analiza el crecimiento de viviendas y alojamientos destinados al alquiler de corta estancia mediante plataformas como Airbnb. Levy sostiene que este modelo genera una demanda creciente de servicios, especialmente agua potable, mientras una parte importante de los beneficios económicos no permanece en la comunidad, situación que considera crea una relación desigual entre el aprovechamiento del territorio y los beneficios locales.
Asimismo, señala que durante años algunos intereses inmobiliarios y turísticos han ejercido influencia en distintos espacios de decisión local y regional. En su criterio, ello no se ha traducido en una defensa prioritaria de la recarga acuífera ni de la capacidad de carga del territorio, provocando que la comunidad asuma las consecuencias sobre el acceso al agua y la calidad de vida.
El documento incorpora además un repaso de antecedentes relacionados con el ordenamiento territorial del Caribe Sur, entre ellos el enfoque conocido como «The Rich Coast», el Plan Regulador Costero y la Ley 9223, lo que indica que, a juicio del autor, algunos de estos procesos han sido utilizados para favorecer intereses empresariales vinculados al desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.
Levy manifiesta también su preocupación por un documento suscrito por un expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y remitido a la Sala Constitucional dentro del expediente relacionado con la Ley 9223. Considera que dicho escrito responde a una perspectiva ajena a los intereses colectivos de la comunidad y hace un llamado a evitar que la organización comunal sea utilizada para respaldar posiciones que puedan favorecer agendas particulares sobre el interés público.
En la parte final de la carta, el ambientalista reitera que no está en contra del turismo ni de la actividad empresarial. Afirma que el turismo es fundamental para Manzanillo, pero sostiene que debe desarrollarse con contrapesos comunitarios y respetando la capacidad ecológica del territorio para evitar que la población local termine relegada y que se comprometan recursos estratégicos como el agua.
Finalmente, solicita a la junta directiva de la Asociación la oportunidad de reunirse para compartir información técnica sobre la recarga acuífera, la capacidad de carga del territorio y los efectos del modelo de desarrollo vigente, con el propósito de que la comunidad cuente con mayores elementos para tomar decisiones con autonomía y visión de futuro. La carta concluye expresando su disposición para reunirse en el momento y lugar que la organización considere conveniente.
Información basada en el oficio MLV-00289-2026 remitido por Marco Vinicio Levy Virgo.
En Abangares hay alerta sobre el avance de la minería subterránea o ilegal que pone en peligro calle pública.
La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal acordó rechazar la propuesta para instalar una planta de procesamiento de oro mediante cianuración en el distrito, al considerar que este tipo de actividad no forma parte de la visión de desarrollo del territorio y que podría generar importantes riesgos ambientales, sociales y para la salud de la población.
El acuerdo fue adoptado durante la reunión ordinaria de julio de 2026, luego de conocerse la iniciativa presentada por una Cooperativa, la cual plantea construir una planta de beneficio de oro mediante el sistema de cianuración destinada a procesar según un prospecto publicitario:“ mineral (roca con oro) adquirido a mineros artesanales de las zonas cercanas de Abangares, Guacimal y Miramar, así como lamas previamente procesadas con ley mínima de 3 a 4 g/ton de oro”.
En el pronunciamiento, la ADI señala que Guacimal no posee tradición minera y advierte que la instalación de una planta de procesamiento podría incentivar nuevas actividades extractivas en el distrito, con impactos ecológicos derivados de las excavaciones e impactos sociales asociados a la llegada de nuevas actividades económicas vinculadas a la minería.
La organización comunal también manifiesta su oposición al establecimiento de cualquier planta de procesamiento basada en cianuración dentro del distrito, debido a los riesgos químicos, ambientales y sanitarios asociados a este tipo de procesos. Además, señala que desconoce si este modelo de procesamiento ya opera en Abangares y cuáles han sido sus resultados, por lo que considera indispensable conocer esa experiencia antes de promover iniciativas similares.
Como parte de su acuerdo, la Asociación solicita además que, en caso de existir un expediente administrativo sobre el proyecto, se haga público el número correspondiente para que la comunidad pueda consultarlo y participar de manera informada en el proceso.
Un contexto de creciente expansión minera
La preocupación de la comunidad de Guacimal ocurre en un momento en que diferentes sectores sociales observan un aumento en las iniciativas de minería metálica subterránea en la región de la Cordillera de Tilarán. A esto se le ha sumado mucha actividad ilegal que está generando mucha preocupación.
Una investigación desarrollada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica reveló en abril del 2024 la existencia de un verdadero enjambre de proyectos de minería subterránea de oro en el país. El estudio identificó 59 solicitudes de concesión minera que, en conjunto, abarcan 779,52 km², equivalentes al 1,52 % del territorio nacional. En el caso del cantón central de Puntarenas, donde se ubican los distritos de Guacimal y Monteverde (hoy cantón), la investigación identificó 12 solicitudes de concesión minera que cubren aproximadamente 174,6 km² (alrededor de 17 460 hectáreas) a estas se sumaron otros 4 expedientes nuevos. (UCR).
A esta situación se suma la preocupación generada por una denuncia realizada recientemente por vecinos de Pozo Azul de Abangares fronterizo con Guacimal (ver videos), quienes alertaron sobre trabajos de aparente exploración minera que estarían comprometiendo la estabilidad de la carretera utilizada por la comunidad. Según los videos divulgados por habitantes del lugar, las labores se desarrollan debajo de la vía pública, donde hay ya un hueco profundo, generando preocupación por la seguridad de las personas que transitan por el sitio.
Aunque en esa zona existe una solicitud de concesión minera subterránea de oro y plata (2023-EXP-PRI-009 solicitada por COOPE HUAITILAR ) actualmente no ha sido posible verificar el alcance o la naturaleza de esos trabajos, ya que como puede comprobar en el enlace los expedientes de la Dirección de Geología y Minas no se encuentran información en línea para consulta pública. Esta situación incrementa la incertidumbre de la población y refuerza la demanda por una mayor transparencia y fiscalización de las actividades mineras.
SURCOS comparte la siguiente nota a partir de un texto educativo de Bernardo Archer Moore, adulto mayor de Cahuita.
En el escrito se expone que la aprobación de la Ley N.° 7316 de 1993, mediante la cual Costa Rica ratificó el Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), transformó profundamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos. A partir de ese momento, las disposiciones del Convenio pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad y, conforme a la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional, adquirieron jerarquía superior a la ley ordinaria, convirtiéndose en parámetro obligatorio para todas las autoridades del Estado.
No obstante, durante más de treinta años esa protección fue aplicada casi exclusivamente en favor de los pueblos indígenas, dejando en un segundo plano a los pueblos tribales afrocostarricenses, pese a que el propio Convenio reconoce expresamente ambas categorías como sujetos de especial protección. Según el autor, la intervención de la Sala Constitucional entre 2025 y 2026 vino a corregir esa omisión histórica, consolidando la aplicación efectiva del Convenio 169 a los pueblos tribales del Caribe costarricense.
¿Quiénes son los pueblos tribales protegidos por el Convenio 169?
El texto señala que una de las mayores confusiones existentes consiste en creer que cualquier persona afrodescendiente forma automáticamente parte del Pueblo Tribal Afrocostarricense para efectos del derecho de consulta previa. El Convenio 169 no establece ese criterio: su artículo 1 dispone que los pueblos tribales son aquellos que presentan condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la colectividad nacional, conservando total o parcialmente sus propias instituciones, costumbres, tradiciones e identidad colectiva.
El autor explica que la conciencia de la identidad tribal constituye un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio, es decir, el autorreconocimiento es un requisito indispensable, pero no suficiente. La pertenencia al Pueblo Tribal también debe respaldarse con elementos objetivos de carácter histórico, cultural y comunitario, entre ellos: descendencia histórica de las comunidades tribales del Caribe costarricense, conservación de una identidad cultural propia, vínculos históricos con el territorio tradicional, reconocimiento por parte de la propia comunidad, y conservación, aunque sea parcial, de instituciones, costumbres o formas propias de organización social. En consecuencia, sostiene el autor, el Convenio protege a un pueblo históricamente determinado, no simplemente a un grupo definido por el color de piel o la ascendencia africana.
La consulta previa no pertenece a organizaciones privadas
El texto subraya que el sujeto protegido por el Convenio 169 es el Pueblo Tribal como colectivo, nunca una asociación privada, fundación, ONG u otra persona jurídica. Los órganos de consulta creados por el Estado cumplen únicamente funciones de interlocución: no sustituyen la voluntad del Pueblo, no adquieren la titularidad de los derechos colectivos ni pueden apropiarse de su representación permanente. Según el autor, esta diferencia fue reafirmada por la Sala Constitucional en sus resoluciones de 2025 y 2026, al recordar que la consulta debe realizarse respecto del sujeto colectivo protegido por el Convenio y no mediante mecanismos formales que simulen su cumplimiento.
Los derechos colectivos reconocidos
El artículo enumera los principales derechos colectivos que, según el autor, protege el Convenio 169: identidad cultural, autoidentificación, conservación de instituciones propias, participación en decisiones estatales que les afecten, consulta previa, libre e informada, participación en políticas públicas, protección de la relación histórica con el territorio y del patrimonio cultural, espiritual e histórico, y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Estos derechos, señala, pertenecen al Pueblo como sujeto colectivo y no pueden ser apropiados por personas u organizaciones particulares.
La diferencia entre pueblos indígenas y pueblos tribales
El texto explica que, si bien el Convenio 169 protege por igual a ambos pueblos, respeta sus diferencias culturales. En Costa Rica, la cultura indígena ha estado históricamente vinculada a la propiedad colectiva del territorio, modelo desarrollado por la Ley Indígena N.° 6172 de 1977 mediante el reconocimiento de reservas administradas registralmente por las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII). Las comunidades afrocaribeñas, en cambio, desarrollaron desde finales del siglo XIX una tradición distinta: familias establecidas en el litoral Caribe ocuparon parcelas destinadas a vivienda, agricultura y comercio, manteniendo un sistema propio de reconocimiento de linderos, muchas veces delimitados con cercas naturales o flores rojas, costumbre de la que —según el autor— surgió la flor roja como símbolo de linderos en la región. Esta forma histórica de ocupación, sostiene, constituye una manifestación cultural propia que también merece protección bajo el Convenio 169, por lo que la igualdad constitucional no exige un régimen de propiedad idéntico para ambos pueblos, sino que el Estado respete las diferencias culturales de cada uno.
Las sentencias de la Sala Constitucional
Con la creación del Foro Tribal Afrocostarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), el Estado reconoció un mecanismo oficial de interlocución con los pueblos tribales, equivalente al desarrollado para los pueblos indígenas. Posteriormente, según relata el autor, la Sala Constitucional consolidó ese proceso mediante tres resoluciones: la Sentencia N.° 2025-029985 ordenó aplicar plenamente el Convenio 169 al Pueblo Tribal de Cahuita en relación con el Plan Regulador Costero; la Sentencia N.° 2025-035746 extendió esa obligación al proceso del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe; y la Sentencia N.° 2026-010993 estableció que ninguna institución ni organización privada puede simular el cumplimiento del deber de consulta sustituyendo al verdadero sujeto protegido por el Convenio.
Estas resoluciones, junto con la Ley N.° 7316 de 1993 y el Decreto Ejecutivo N.° 43532 de 2022, constituyen —según el autor— un blindaje jurídico para garantizar el cumplimiento efectivo del Convenio 169 respecto de los pueblos tribales afrocostarricenses.
Una nueva etapa constitucional
El texto concluye que Costa Rica ha ingresado en una nueva etapa del constitucionalismo de los derechos humanos, en la que ya no es jurídicamente sostenible interpretar el Convenio 169 únicamente desde la realidad indígena. La protección constitucional alcanza igualmente a los pueblos tribales afrocostarricenses, respetando sus propias instituciones, identidad histórica, cultura, formas tradicionales de organización y su particular relación con el territorio. Para el autor, la verdadera igualdad que consagra el Convenio 169 no consiste en tratar a todos los pueblos de la misma manera, sino en reconocer que cada uno tiene derecho a que el Estado respete aquello que lo hace diferente.
Pensar, crear y transformar con una delegación multiétnica, pluricultural y transdisciplinaria de mujeres de Talamanca y sus aliadas
Una nutrida delegación de mujeres de Talamanca y sus aliadas participará en el I Congreso de Cultura y Patrimonio: Pensar, crear y transformar, organizado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica los días 4 a 6 de agosto de 2026.
Estarán exponiendo sus acciones, proyectos y estrategias comunitarias en el Caribe Sur, en los territorios y comunidades indígenas de la zona y en otros lugares de Costa Rica. La exposición de sus acciones y proyectos comprenderá temas, experiencias e investigaciones en marcha relacionadas con la diversidad patrimonial, así como su protección, enriquecimiento y abordaje.
Conversatorio Guardianas de Tradición en el Festival del Calypso- Fotos María Suárez Toro, 11/07/26
Sus experiencias y proyectos comunitarios se caracterizan por seguir y crear una epistemología y metodología específicas que comprende el entramado de diversas rutas de abordaje y reflexión, en especial: Ciencia Ciudadana, Metodología Feminista con Conocimiento Situado, Investigación Acción, Miradas Múltiples (transdisciplinariedad, invitación a personas expertas que aportan instruyen sus capacidades a la comunidad), Enfoque a los derechos culturales, políticos, a la tierra y demás relacionados, Arraigo Comunitario (los Procesos y resultados pertenecen al grupo comunitario que gesta la iniciativa, aporte de las propias capacidades de la comunidad), Defensa de la propiedad cultural, intelectual comunitaria, Respeto al lugar de procedencia de los artefactos y cultura estudiados.
Esta aproximación al patrimonio está presente en todas sus iniciativas enfocadas en la promoción del ejercicio de un liderazgo activo de mujeres, que abarcan patrimonio cultural marino, el patrimonio cultural indígena ancestral y pre Colombino, patrimonio cultural en la danza, en la música y en el buceo con propósito enfocado al cuidado de los mares desde la niñez y la juventud.
La Delegación la conforman mujeres que impulsan proyectos de investigación académica y comunitaria actualmente en marcha y proyectos activistas referidos al manejo, preservación y gestión participativa de comunidades herederas de los legados culturales en el fondo del mar, legados culturales que permanecen enterrados en las tierras habitadas por pueblos originarios o en museos regionales y nacionales en el país e iniciativas juveniles e infantiles de cuido de los mares y los ecosistemas costeros.
Investigaciones en marcha: Patrimonio Cultural
Cuatro investigadoras estarán en el I Congreso, dos de las cuales desarrollan sus tesis de maestría centradas en un proceso innovador para integrar el patrimonio cultural en la gestión comunitaria y gubernamental actual del Parque Nacional Cahuita, una tercera trabaja el Plan de Manejo de esos recursos patrimoniales subacuáticos y una cuarta, enfoca la danza ancestral como patrimonio cultural desde los cuerpos y su aporte al desmantelamiento de estructuras y dinámicas opresoras.
Expedición Galeones y Otras Embarcaciones del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe
Maraya Jiménez Taysigue, presidenta de CCBEEM y originaria de la región caribeña de Costa Rica, desarrolla su proyecto de graduación en Arqueología Marina y Subacuática de la Universidad de Cádiz (España) sobre la «Expedición Galeones y Otras Embarcaciones» del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe, que observa las expediciones anuales en arqueología comunitaria desplegadas a lo largo de una década (2016-2026).
El proyecto, gestionado por la propia comunidad, contó con los permisos de las autoridades locales y comunitarias de la Co gobernanza de Cahuita y su Parque Nacional, y con los aportes de numerosas personas profesionales en arqueología subacuática de diversos países e instituciones, tales como la East Carolina University (ECU) y el Museo Nacional de Dinamarca (NDM), además de arqueólogos independientes de Japón, Croacia, Estados Unidos, Jamaica y del Museo Nacional de Costa Rica, además del el apoyo de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Esta labor comunitaria condujo a la identificación científica en el 2025 de dos naufragios de barcos esclavistas en Cahuita que llegaron por equivocación en 1710. Cientos de africanos y africanas arribaron a Costa Rica en los navíos daneses Fredericus IV y Christianus V, desembarcando libres luego de un amotinamiento. ¡Están entre nos!
El hallazgo y otros logros han sido posibles mediante la aplicación de la Ciencia Ciudadana que combina el método científico de la arqueología marina con el conocimiento ancestral aportado por la comunidad y las juventudes buceadoras locales descendientes.
Maraya en Cadiz, España cursando su Maestría. Foto por Agueda Sànchez, 3/07/26
Incorporando el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional
Mariah Smith, estadounidense con raíces afrocaribeñas de las Bahamas, es estudiante de la Maestría en Gestión de Recursos Marinos de Oregon State University (EE. UU.), y permanecerá los meses de julio y agosto en Cahuita realizando su proyecto de tesis. Su formación académica en lengua y literatura españolas, junto con su experiencia como instructora de buceo, le aporta una perspectiva multidisciplinaria a esta investigación.
El área temática de su investigación en Costa Rica se sitúa en la intersección de la antropología, la arqueología subacuática y la política de gestión marina; le interesa comprender la forma en que se integra el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de Manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional. Busca enriquecer la comprensión del papel de la comunidad local en este proceso, así como de los componentes históricos, políticos e institucionales que han dado forma a la incorporación del patrimonio cultural subacuático en la gestión del Parque. Asimismo, pretende identificar rutas que estimulen tanto la proyección internacional de este trabajo, como su posicionamiento como modelo para otras áreas marinas protegidas interesadas en integrar el patrimonio cultural marino en la planificación y gestión de la conservación.
Mariah en British Columbia, Canadá, presentando proyecto investigación para desarrollar en Cahuita entre el 17 de julio a agosto, 2026.
Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático
María Suarez Toro del CCBEEM coordina el proyecto de investigación cultural comunitaria “Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático”, cuyo objetivo es generar un diagnóstico y una propuesta integral para la gestión, protección y memoria de los seis sitios de patrimonio cultural o histórico subacuático de Cahuita y su Parque Nacional Cahuita.
Los resultados servirán de base para el Plan de Manejo de la Co gobernanza del PNC 2027-2035, integrando una mayor participación comunitaria en la conservación biológica junto con la protección cultural y la memoria histórica. Se busca con ello garantizar que la historia se preserve y sea accesible para la comunidad, reforzando la identidad colectiva y creando recursos educativos desde y para la comunidad, al tiempo que se promueven visitas con fines educativos y de memoria, así como la preservación del patrimonio cultural en su contexto de biodiversidad.
Por primera vez, el Plan incluye un “elemento focal cultural”, reconociendo formalmente la historia de la participación comunitaria desde la creación del Parque en la década de 1970. Hoy en día, es el primer Parque de Costa Rica gestionado bajo un modelo de cogobierno, en el que la comunidad y el gobierno comparten responsabilidades y recursos.
El Comité Local de Co gobernanza (CL), junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con el apoyo técnico de la Consultora Agathos y la orientación del Museo Nacional de Costa Rica, ha adoptado la propuesta específica del proyecto CCBEEM sobre el patrimonio cultural subacuático. Estos sitios requerirán protección y gestión formal como patrimonio cultural subacuático, en virtud de la Ley 9500 y la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Esto genera tanto una oportunidad como la responsabilidad de establecer marcos de gobernanza culturalmente sensibles y fundamentados en la participación comunitaria.
Visita interinstitucional y comunitaria a los sitios de Patrimonio Cultural Subacuático en Cahuita y su Parque Nacional como parte del Proyecto del CCBEEM. Foto Julio Barquero, junio, 2026.
Patricia Oliva dirige un cuarto proyecto de investigación en curso llamado ¿Cómo te atreves? inicia como una propuesta feminista de escritura creativa surgida de una puesta en escena que se extiende y se transforma en la publicación de dos artículos (en coautoría con Luchi Pérez). Patricia es practicante de danza, Aliada de INMAR Caribe Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE- UNED Costa Rica en Feminismos, Arte y Corporalidades. Ha investigado y publicado sobre el área temática de visibilización de mujeres en las artes, análisis feministas a partir de obras de arte sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, archivos de arte diverso, danza y cuerpos feminizados.
Lleva al Congreso la propuesta de escritura creativa feminista y colectiva “Para El Patriarcado, de La Madre Muerte y sus Ancestras”, que viene hilvanándose desde hace algunos años con un enfoque transdisciplinar. Nace como un reclamo interior profundo, siguiendo la invitación de Silvia Rivera Cusicanqui “hay que pensar, escribir y conocer con el chuyma”, que en la epistemología Aimara significa integrar el conocimiento corporal con el intelectual. Toman esta invitación dos mujeres feministas proveniente una de las artes escénicas y otra de la práctica del douleo. En diálogo con Deleuze y Guattari “seguí el agua de lluvia” con la rabia aún latente que ahora se encauza rebuscando en los saberes de nuestras lideresas de pueblos originarios. Pretende Patricia acercar nuestros saberes sobre vida y muerte, considerando las concepciones originarias que puede sugerirnos caminos a su abordaje, y a la vez reconocer la urgencia de evidenciar el patrimonio intangible subyacente en el conocimiento encarnado: “El atrevimiento patriarcal contra nuestras vidas; nuestras muertes y nuestros cuerpos sólo podemos enfrentarlo desde los saberes originarios. Las ancestras lo saben.
Grupo de la iniciativa “Revitalizando Saberes Ancestrales”, que integra mujeres indígenas, académicas, consultoras y activistas. Patricia Oliva es la segunda de derecha a izquierda. Foto de fuente no recordada. 10/12/24.
Investigaciones en gestación: Proyectos sobre el Patrimonio Cultural en Caribe y otros lares
Tres iniciativas en gestación se suman a la delegación de mujeres, en plena marcha inicial para enraizarse en su aporte al patrimonio cultural: la primera se denomina “Son Semillas” y es la experiencia vivida de conectar desde el instrumento africano ancestral, el quijongo en la música de Guanacaste y la del Caribe. La segundaRevitalizando y Regenerando Nuestras Raíces Ancestrales en Costa Ricabusca la participación de mujeres indígenas tanto en la investigación, presentación y preservación de su patrimonio cultural ancestral precolombino, como en la construcción de aportes a las interpretaciones de las figuras femeninas que continúan apareciendo en las excavaciones arqueológicas en Costa Rica. La tercera enfoca la organización de la niñez de Manzanillo como Guardianes del mar y de la cultura marino-costera.
Son Semillas y De Mar a Mar
Iniciativa de patrimonio cultural en la música, como una experiencia cultural e intercomunitaria impulsada por esta agrupación musical costarricense-colombiana conformada por mujeres artistas. Su proyecto Mar a Mar está forjando un puente con y entre los patrimonios culturales vivos de Guanacaste y el Caribe costarricense mediante procesos de creación colectiva, intercambio de saberes y producción musical. El recorrido inició en Guanacaste con un concierto abierto a la comunidad, seguido por un encuentro de saberes y músicas junto a mujeres portadoras de tradición y músicos locales.
A partir del diálogo con el quijongo y la marimba, así como de las voces de mujeres que compartieron cantos inspirados en sus memorias, vivencias y territorios, se abrió un laboratorio creativo donde la música se tornó en un espacio para reconocer y revitalizar el patrimonio cultural vivo desde la experiencia comunitaria.
La siguiente etapa se desarrolló en el Caribe Sur, en alianza con el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar e INMAR Caribe, en el marco del Festival Internacional de Calypso en Cahuita del 10 al 12 de julio de 2026.
Alli Mar a Mar desplegó un nuevo proceso de intercambio junto a la portadora de tradición Zoraida Bonilla, poniendo en diálogo las sonoridades del Caribe costarricense, las historias locales y los saberes populares en Taller, un Conversatorio de UNED con mujeres de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica y un Concierto en el Festival
De Mar a Mar contribuye a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial al propiciar espacios de encuentro entre comunidades, reconocer el papel de las mujeres como portadoras y creadoras de conocimiento, y favorecer la transmisión intergeneracional de memorias, músicas y prácticas culturales. El proyecto cuenta con el respaldo del Programa Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, así como con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y la Cátedra Abierta Walter Ferguson Byfield, fortaleciendo una red de colaboración que apuesta por la creación artística como herramienta para el cuidado del patrimonio cultural vivo.
Afiches de Son Semillas (izq.) y de Afro Tribal Beats UNED (der.) en el Festival del Calypso, 2026. Fotos 12/07/26
Nació en diciembre de 2024 en el Caribe Sur de Costa desarrollándose a manos de un grupo no formal -intergeneracional, inter-étnico e interinstitucional- de activistas líderes indígenas y académicas de las áreas de investigación de dos universidades de Costa Rica, así como por investigadoras independientes. Fue inspirado como continuidad del Seminario “Honrando Nuestras Raíces Culturales: Arqueomitología y ciencia Ciudadana” realizado del 3 al 6 de junio de 2024 en Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica. Fue organizado por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores del Mar, el Instituto de Ciencias Ciudadanas del Mar (INMAR CARIBE), el Festival del Mar, la Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Internacional Instituto de Arqueomitología (IAM) con sede en California, EUA.
Memoria del Seminario, 2024
El evento incluyó ricos diálogos sobre nuestras formas de vida tradicionales en Talamanca y en otras regiones culturales nacionales e internacionales relevantes para las expresiones culturales de vida ancestrales y actuales en las experiencias de las mujeres y sus comunidades en sus contextos actuales.
Ha desarrollado conferencias en la web, ha participado en encuentros nacionales e internacionales en Mexico y en Holanda con mujeres y hombres de diversas culturas, ha hecho visitas a los museos nacionales en Costa Rica, en México y en museos descolonizados en Francia y en Holanda, promueve actualmente varias investigaciones académicas y comunitarias en epistemologías feministas del saber y tiene varios libros pendientes para su publicación.
Su más reciente actividad fue la visita el pasado 17 de junio a Agua Caliente en Cartago, una memorable experiencia de encuentro dialógico entre el conocimiento ancestral y la ciencia académica cuando mujeres indígenas bribri, cabécar y ngäbe visitaron e interactuaron con arqueólogos y arqueólogas que realizan una excavación en un asentamiento precolombino y otros sitio de cacicazgo sin escarbar todavía. En su diálogo ente el conocimiento ancestral en Costa Rica (accesible solo solicitando acceso), ellas y otras investigadoras académicas y consultoras independientes concretaron el encuentro de la ciencia académica con el conocido ancestral en el terreno; un terreno precolombino que se convirtió por unas horas en una escuela de saberes compartidos entre ambas formas de conocimiento.
Ngabe Eulalia Thoms y Bribri Mauricia Vargas, parte de delegación indígena, académicas, consultoras y activistas que visitaron excavación precolombina en Agua Caliente, Cartago. Fotos de Marcelo Gómez, 17/07/2026
Jóvenes Guardianes del Océano de Gandoca-Manzanillo: Empoderando a una nueva generación de custodios ambientales, culturales y marinos
La afrodescendiente Karla Taylor organiza un proyecto piloto en Gandoca-Manzanillo, región de extraordinario valor natural, cultural e histórico. Sus ecosistemas marinos, bosques, paisajes costeros y patrimonio comunitario representan una oportunidad para crear un modelo de desarrollo sostenible en el que la conservación, la educación y el empoderamiento local trabajen en conjunto. Aunque los niños y jóvenes crecen rodeados de este entorno increíble, carecen de amplias oportunidades para explorar, comprender y desarrollar un vínculo personal y colectivo con el océano, el bosque y la historia cultural de su propia comunidad.
Esta iniciativa busca transformar dicha relación contribuyendo a conformar una nueva generación de jóvenes custodios: niños y jóvenes que se conviertan en «Guardianes del Océano, el Bosque y el Patrimonio de Gandoca-Manzanillo» mediante una experiencia educativa transformadora basada en su conexión con la biodiversidad y la cultura costero-marina ancestral. Se desarrolla mediante la exploración marina, la educación ambiental, la preservación cultural, el desarrollo de liderazgo, la participación comunitaria, la recopilación de relatos orales de los mayores, la capacitación en turismo sostenible y la expresión artística para compartir sus conocimientos y vivencias en el proyecto; todo ello reconociendo que la conservación implica investigar, compartir y proteger las historias y los lugares que han dado forma al patrimonio cultural de la comunidad.
De izquierda a derecha Marianita Harvey Chavarria y Karla Taylor en el inicio del curso buceo scuba del CCBEEM. Foto Pete Stephens, 3/06/26
Contacto: Karla Taylor o Marianita Harvey Chavarria
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia Filomena Navas: mujer indígena pionera en la participación política y comunitaria en Costa Rica por Elides Rivera Navas
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
Más allá de las estadísticas que, decía don Pepe, «a veces se usan para mentir», la pobreza en nuestra adoptada provincia es inhumana, injustificable. Una cuarta parte de sus habitantes no tienen ingresos suficientes para cubrir la escuálida canasta básica, por lo cual con costos sus familias alcanzan a tener más de una comida digna al día.
Sin la merecida educación de calidad que se les niega desde temprana edad, los jóvenes pamperos parecen nadar en un mar de desesperanza, donde ya su esfuerzo es desalentador pues se torna improductivo. Sin tener asegurada la tortilla familiar, se ven obligados a abandonar las derruidas escuelas y peores colegios, para buscar dónde «camaronear» con el fin de ayudar con la comidita de sus hermanitos, sus padres, abuelitos y ellos mismos… si es que lo logran.
A ellos, cual, si solo fuesen una estadística, con desprecio los «técnicos» politiqueros del gobierno les llaman NINIS, porque ni estudian ni trabajan, ocultando que eso no es culpa de ellos y sí de las autoridades que se les acercan solo en campañas electorales, para aprovecharse de su desesperante miseria. «¡Tome esta platita y este arroz con pollo, para que nos acompañen a aplaudir a una reunión política!», les dijeron. «¡Hay que acabar con los corruptos que les han robado hasta lo que no tienen!», les agregaron.
Pero pasada esa «fiesta» democrática, en que el partido ganador pagó ¡más de ¢800 millones! a quien supuestamente les hizo las banderas, los que aplaudieron sin saber qué estaban celebrando, regresaron a sus humildes viviendas de latas de zinc, a esperar, inútilmente, por el cumplimiento de las promesas de plaza pública repetidas una y otra vez hasta el cansancio.
Aunque muy pocos pueden aspirar honradamente a mejorar su nivel de vida sin una sólida educación, aumenta cada día el número de los que se suman a los «analfabetos por desuso» que abundan en todo el país, y que no podían faltar, en lo que fuere el viejo Partido de Nicoya del que solo se acuerdan los 25 de julio de cada año. Situación determinante para tales hermanos guanacastecos, pues es casi imposible encontrar trabajos bien remunerados y permanentes que les permitan salir de la amarga pobreza, si se les sigue despreciando perversamente.
Al lado del desarrollo turístico ahora cada vez más “exclusivo” (aunque también en crisis por el alto valor del colón con respecto al dólar provocado por incompetentes economistas) que se nutre del más fantástico ramillete de playas extraordinarias, languidecen desdeñadas dos actividades sumamente importantes: la agricultura y la ganadería intensiva. Miles de hectáreas de tierra fértil, sufren erosión por sequías e inundaciones, ante la negativa gubernamental manifiesta de desarrollar la infraestructura que cambiaría ese panorama de desolación. Mientras la mayor parte del agua dulce del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, después de generar la energía eléctrica más barata del país en tres centrales del ICE, fluye irresponsablemente hacia el golfo de Nicoya, vía río Tempisque, el proyecto «Agua para Guanacaste» es obstaculizado por quienes tienen el deber de desarrollarlo. Ante esa realidad, el añorado Dr. Francisco Vargas Vargas, del genuino «Partido Confraternidad Guanacasteca» fundado hace casi 90 años, pampero enérgico, decidido, de pura cepa, ya habría denunciado enérgicamente esa inhumana farsa exhibida por los que, cada año, irrespetuosamente juran estar interesados. Proyecto cínicamente «inaugurado» tres veces en igual número de años, con discursos y música de marimba, para luego del show (como sucederá este año otra vez) regresar al valle central a burlarse de los ilusos que una exdiputada con exagerado poder en Casa Presidencial llamó de manera infame, «los básicos que todo lo creen».
Lo lamentamos mucho pues no es difícil imaginar el desarrollo que experimentaría Guanacaste con la incorporación por riego de más de 16.000 hectáreas a la producción agropecuaria, así como con llevar agua potable a unas 65 comunidades organizadas en Asadas, al tiempo que se impulsarían proyectos de turismo sostenible que sustituirían la extracción de fuentes de agua subterránea. Agua suficiente que sería igualmente bienvenida por una mayoría de pequeños y medianos emprendedores hoteleros, que desde hace años esperan por el líquido vital para desarrollar sus proyectos.
Pero no, ¡qué va! “como es para los guanacastecos fácilmente engañados,no hay que preocuparse mucho”, seguramente piensan, pues en Zapote las evidentes prioridades presupuestarias que se dicen tener en San José y resto del Área Metropolitana, no pueden incluir a Guanacaste, por lo cual, tampoco se le presta atención a las vías de comunicación hacia Puntarenas, ¡ya colapsadas y a punto de interrumpirse!, así como a la carretera hacia Cañas, y otras rutas secundarias fundamentales para el bienestar de los despreciados guanacastecos.
¿Que si nos duelen los guanacastecos?, pues claro que sí. Inevitable es ese sentimiento al evidenciar el maltrato que reciben en «agradecimiento», paradójicamente, a haber tomado la grandiosa decisión de incorporar su riqueza natural y cultural a la gran Patria tica en 1824.
Por: Bernardo Archer Moore Adulto Mayor de Cahuita.
El Fin de los Esfuerzos Individuales en la Defensa de los Derechos Tribales.
Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero los tiempos han cambiado de manera irreversible.
Durante generaciones, la lucha de nuestras comunidades se caracterizó por esfuerzos individuales, aislados y fragmentados. Esa era ha quedado en el pasado.
Hoy, la reivindicación de los derechos fundamentales del Pueblo Tribal Afrocostarricense cuenta con un sólido blindaje jurídico internacional y constitucional que exige una sola condición ineludible: Unidad y representatividad colectiva.
Un giro histórico en la justicia constitucional
El andamiaje legal de nuestra lucha ya no depende de voluntades políticas pasajeras, ni esfuerzos y protagonismos individuales, sino, de mandatos judiciales de la más alta jerarquía.
El reconocimiento y la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —incorporado a la legislación costarricense mediante la Ley N° 7316— han sido ordenados con absoluta claridad por la Sala Constitucional a través de hitos jurídicos recientes:
✓ Sentencia N° 2025-029985 (19 de septiembre de 2025): Reafirma el derecho constitucional a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y efectiva ante cualquier decisión estatal que afecte los derechos colectivos, el territorio o el futuro de la comunidad.
✓ Sentencias N° 2025-035746 y N° 2026-010993: Consolidan el estatus legal y la protección constitucional de estos derechos territoriales y culturales.
✓ Decreto Ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP: Identifica formalmente al Foro Tribal Afrocostarricense como el único mecanismo institucional legítimo de diálogo entre nuestro pueblo y el Estado.
Riesgo de simulación de consulta derivado del intento de protagonismo individual o personal
Tras la Sentencia N° 2026-010993, la pérdida de vigencia legal del Foro Tribal Afrocostarricense abre la puerta a que los liderazgos aislados intenten asumir de forma unilateral la vocería de toda la comunidad.
Este intento de protagonismo individual o personal, al carecer de una estructura de representación jurídica y unificada, propicia que los procesos de diálogo estatales o municipales se reduzcan a una simulación de la consulta.
Al validar acuerdos con figuras particulares en lugar de un interlocutor formal legítimo, los proyectos de desarrollo, convenios de cualquier naturaleza, o planes reguladores resultantes quedan viciados de nulidad absoluta; por violar el derecho al consentimiento previo, libre e informado amparado en el Convenio 169 de la OIT.
El peligro del individualismo frente al Estado
Es precisamente en este nuevo escenario donde debemos romper los viejos hábitos. Los esfuerzos personales y aislados, que no nacen de las organizaciones de los pueblos tribales, representan hoy un riesgo crítico.
Aunque el protagonismo individual puede generar satisfacción personal, contribuir al desarrollo de la comunidad e incluso servir como medio de sustento económico personal, hoy sus riesgos superan ampliamente sus beneficios, tanto para la comunidad como para el legado de quienes deciden asumir ese camino.
Cuando se actúa al margen de los canales representativos institucionales, se debilitan los procesos colectivos y se abren de par en par las puertas para el incumplimiento por parte del Estado y las municipalidades.
Las acciones desarticuladas les dan la excusa perfecta a las instituciones públicas para eludir sus responsabilidades y fragmentar nuestra representatividad.
La ley es contundente: El sujeto de estos derechos fundamentales es el colectivo, representado legítimamente a través de sus propias instituciones, como el Foro Tribal Afrocostarricense.
«Hemos luchado durante demasiado tiempo y hemos sacrificado demasiado para permitir que esta generación pierda, por división o indiferencia, aquello que las generaciones anteriores conquistaron con tanto esfuerzo».
— Mensaje de los adultos mayores de Cahuita.
Conclusión: Cruzar la Puerta con Unidad.
La puerta constitucional para la autodeterminación y el respeto a nuestro territorio caribeño ya ha sido abierta por la Sala Constitucional.
No obstante, cruzarla con éxito requiere de disciplina colectiva, visión de futuro y un respeto absoluto por nuestras estructuras organizativas.
Dejemos atrás las gestiones individuales que debilitan la causa común.
El futuro de nuestras familias, de nuestros hijos y de las próximas generaciones se defiende con organización, legitimidad institucional y con la fuerza inquebrantable de la unidad tribal.
Jorge Mora Portuguez Regidor Municipal de Montes de Oca
Todas las ciudades enfrentan un desafío constante: cómo proteger el derecho de las personas al descanso y a la tranquilidad sin sacrificar el comercio, la cultura, el empleo y los espacios de recreación que también forman parte de una buena calidad de vida.
La discusión que ha generado en San José el nuevo reglamento de espectáculos públicos, que restringe la música en vivo, karaokes, bailes y otras actividades nocturnas nos invita a reflexionar sobre un tema más profundo que el contenido mismo de esa regulación:
¿Deben las municipalidades prohibir actividades, o regular los impactos que estas generan?
En mi opinión, las municipalidades deben prevenir, controlar y sancionar los impactos negativos, no prohibir de manera general actividades que forman parte de la vida normal de una ciudad.
Porque la música en vivo, los espectáculos artísticos, los restaurantes, los bares y los espacios de encuentro no tienen por qué ser un problema. Al contrario, forman parte de la identidad, la cultura y la vitalidad económica de nuestras ciudades. Son lugares donde las personas se encuentran, disfrutan, celebran, escuchan música, comparten con familiares y amigos y ejercen un derecho que pocas veces mencionamos: el derecho al esparcimiento, a la recreación y al disfrute de la ciudad.
Tampoco podemos olvidar que detrás de cada bar o restaurante hay músicos, cantantes, DJs, sonidistas, cocineros, saloneros, administradores, guardias de seguridad, personal de limpieza, proveedores, productores de eventos, transportistas y decenas de pequeños empresarios que encuentran en la economía nocturna una fuente legítima de trabajo.
Cuando la regulación se basa en prohibiciones generales, existe el riesgo de desplazar parte de estas actividades hacia la informalidad o la clandestinidad, sin mecanismos efectivos de fiscalización.
Existe además otro derecho que merece ser reconocido: el derecho de crear, interpretar y difundir una obra artística. Para muchos artistas, esos espacios son los escenarios donde pueden ejercer su profesión y vivir de su talento. Limitar indiscriminadamente esas actividades también significa limitar oportunidades para la cultura y el arte.
Por último, hay otro derecho fundamental, no menos importante; que también debe ser reconocido y protegido. El derecho de la población al descanso, a la tranquilidad y a disfrutar de la intimidad de sus hogares sin ruidos, sin molestias, sin basura, sin aglomeraciones o desorden. Ese derecho ha sido reconocido de manera reiterada por nuestra jurisprudencia constitucional y las municipalidades deben velar porque sea respetado.
Pero precisamente porque todos estos derechos son legítimos, el objetivo de una municipalidad no puede ser proteger uno eliminando otro. Su responsabilidad consiste en hacerlos compatibles. Ahí es donde considero que Montes de Oca tiene una gran oportunidad.
La actualización de nuestro Plan Regulador, actualmente en marcha, nos brinda la oportunidad de avanzar hacia una visión distinta del ordenamiento territorial. Un modelo que reconoce que no todas las actividades son apropiadas para todos los lugares del cantón. Algunas no deberían autorizarse por ser incompatibles con las características del lugar donde pretenden desarrollarse. Pero cuando una actividad sí es compatible, el esfuerzo debe concentrarse en prevenir y controlar los impactos que pueda generar.
Eso significa que, en barrios, urbanizaciones y áreas predominantemente residenciales, o en áreas de protección ambiental resulta razonable restringir actividades de alto impacto por ser incompatibles con la naturaleza de estos lugares. Pero también significa que en los corredores urbanos y comerciales la discusión debe ser diferente.
En esos sectores la pregunta no debería ser si existe música en vivo, un karaoke o una presentación artística. La pregunta debería ser si esa actividad se desarrolla respetando los derechos de quienes viven alrededor.
Si un establecimiento controla adecuadamente el ruido, invierte en aislamiento acústico, evita aglomeraciones, mantiene limpio su entorno, administra responsablemente su aforo, ¿por qué debería recibir el mismo trato que otro que ignora esas obligaciones?
El problema no es la actividad, sino los impactos negativos que esta pueda generar cuando no se regula.
Por eso la reglamentación debe concentrarse en aquello que realmente afecta la convivencia: el ruido excesivo, la ocupación descontrolada del espacio público, el bloqueo de cocheras, la basura, las aglomeraciones, o cualquier otra conducta que lesione los derechos de terceros. Para eso se necesitan reglas claras, una policía municipal fortalecida y equipada, así como sanciones efectivas para quienes incumplan.
Esa me parece una mejor ruta que recurrir a prohibiciones generales que terminan afectando por igual a quienes cumplen y a quienes no.
La discusión que hoy vive San José debería servirnos para impulsar un debate similar en Montes de Oca, pero con una visión diferente. No para decidir si queremos o no vida nocturna. Sino para preguntarnos cómo queremos que esa vida nocturna conviva con nuestros barrios, con nuestros comercios y con quienes viven en ellos.
Porque una buena ciudad no es la que obliga a escoger entre descanso o cultura, entre empleo o tranquilidad, entre actividad económica o calidad de vida. Una buena ciudad es aquella que entiende que todos esos derechos pueden y deben coexistir.
Ese es, a mi juicio, el reto que tenemos por delante: construir una regulación moderna que proteja a las comunidades, fortalezca la actividad económica, fortalezca la cultura, apoye a nuestros artistas y permita que la ciudad siga siendo un espacio para vivir, trabajar, crear… y también para disfrutar.
Representantes del pueblo Bribri de Talamanca alertaron sobre el conflicto que ha generado dentro del territorio la negociación de un convenio relacionado con mercados de carbono y reiteraron que cualquier decisión sobre el uso y manejo de los bienes naturales debe respetar la libre determinación, la consulta y los mecanismos propios de gobierno indígena.
Las declaraciones fueron realizadas durante el programa Voces y Política de Radio Universidad, el pasado miércoles 8 de julio, dedicado a analizar la situación que vive actualmente el territorio indígena Bribri de Talamanca, a partir del debate sobre los mercados de carbono y los desafíos que enfrenta la autonomía indígena frente a nuevas presiones sobre el territorio.
Durante el programa, el educador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Emanuel Buitrago Páez, señaló que la discusión no gira únicamente alrededor de un conflicto o contrato específico, sino sobre el derecho de las comunidades a decidir el futuro de su territorio.
«Lo que nosotros hemos defendido históricamente es nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida está constituido por la tierra, los bosques, los ecosistemas, los ríos, nuestras formas de producción, nuestra alimentación y nuestras expresiones culturales.»
Buitrago explicó que, históricamente, Talamanca ha enfrentado distintas presiones vinculadas a intereses petroleros, madereros, hidroeléctricos y, más recientemente, a mecanismos de mercado asociados al carbono. En ese contexto, cuestionó que continúen impulsándose iniciativas sin que exista información suficiente ni procesos adecuados de consulta con las comunidades.
Asimismo, recordó que la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI) había eliminado en 2025 la posibilidad de negociar nuevos contratos relacionados con mercados de carbono y que, tras reabrirse la discusión este año, la Asamblea acordó la destitución de la Presidencia de la Asociación.
«La posición que han sostenido las comunidades ha sido muy clara: cualquier decisión de esta naturaleza debe ser informada, consultada y respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.»
Por su parte, la lideresa indígena Faustina Torres destacó que el pueblo Bribri mantiene estructuras propias de organización y autoridades tradicionales que continúan orientando la vida comunitaria y la defensa del territorio.
«La comunidad es la que decide; la comunidad vela por los principios de la colectividad y por los derechos propios», afirmó, al explicar que la representación jurídica no sustituye las decisiones colectivas que corresponden al pueblo.
Torres también manifestó su preocupación por los efectos que estas disputas generan dentro del territorio y advirtió sobre las consecuencias sociales y culturales de las campañas de desinformación.
«Actualmente es muy triste ver a mi pueblo dividido, defendiendo intereses alejados de la verdad. Como indígenas tenemos que fortalecer nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir esta realidad.»
La lideresa recordó que las amenazas sobre Talamanca no son nuevas y forman parte de una larga historia de defensa territorial frente a intereses externos.
«Así como nuestros mayores y nuestros ancestros lucharon para mantener este territorio y nuestra cultura, también nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo.»
Las personas participantes coincidieron en que el debate actual trasciende el tema de los mercados de carbono y plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía indígena, la representación, el derecho a la consulta y la defensa del proyecto de vida del pueblo Bribri.
El Programa Voces y Políticaes una producción conjunta de la Escuela de Ciencias Políticas, el Observatorio de la Política Internacional, la Escuela de Estudios Generales y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Para conocer las entrevistas completas y el contexto del debate puede consultarse la edición correspondiente del programa Voces y Política: https://www.youtube.com/watch?v=0ROQEsLmXY8
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
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