Como parte del Festival Nacional Grito por la Paz, promovido por Buen Vivir Costa Rica, se realizará el Festival Paso Ancho por la Paz el próximo sábado 20 de junio en el Parque Los Héroes de Paso Ancho-San Sebastián, a partir de las 9:00 a.m.
La actividad es organizada por Paso Ancho Buen Vivir y contempla una jornada cultural y comunitaria dedicada a la promoción de la paz, la convivencia y la memoria histórica local.
Entre las actividades anunciadas se encuentran:
Inauguración del Mural de los Héroes, concebido para recordar a quienes han construido patria en Costa Rica.
Exhibición del Tendedero de Fotos Pasoancheñas, una muestra fotográfica orientada a recordar la historia de la comunidad y reflexionar sobre su presente y futuro.
Exposición fotográfica.
Juegos tradicionales para niñas y niños.
Siembra de árboles.
Presentaciones musicales.
Lecturas de poesía.
Presentación de break dance.
El festival contará además con la participación de poetas:
Alejandra Espinoza
Alicia Martínez
Gerardo Cascante
Juan Quirós
Mario Díaz
Marta Rojas
Uniwak Bribri César
Asimismo, se presentarán las siguientes personas músicas invitadas:
Alonso Ferreto
Wilson Arroyo
Charly Muñoz
Daniel Ruiz
Alejandra Espinoza y Gerardo Cascante
Óscar Espinoza
La actividad se desarrollará en el Parque Los Héroes, ubicado en Paso Ancho-San Sebastián, entre la Escuela República de Haití y la Biblioteca Municipal Emma Gamboa.
Según la información difundida por la organización, las actividades centrales se realizarán entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m.d., mientras que el festival se extenderá hasta la 1:00 p.m.
Las personas organizadoras invitan a la comunidad a participar de esta jornada cultural que busca fortalecer la convivencia, la memoria colectiva, la expresión artística y la construcción de una cultura de paz.
La Asociación Pro-Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC), ASADAS y habitantes de los distritos de Pocora, Mercedes y propiamente el de Guácimo expresan su profunda preocupación ante los planes de expansión del monocultivo de piña impulsados por la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. en terrenos ubicados entre las comunidades de Iroquois y Parismina.
Las comunidades más afectadas serían Mercedes, Iroquois, Parismina y Agrimaga, existiendo un importante riesgo de contaminación de las fuentes de agua administradas por la ASADA de esta última comunidad.
De acuerdo con información recibida por las organizaciones locales, la empresa estaría realizando preparativos para transformar el uso del suelo en una extensa área de terreno, que podría superar las 400 hectáreas en una primera etapa y alcanzar una superficie mucho mayor en el futuro. Esta situación genera alarma debido a la alta vulnerabilidad ambiental de la zona y a la presencia de importantes fuentes de agua que abastecen a numerosas comunidades.
Walter Mora, dirigente comunitario y defensor ambiental de la región, señaló que la expansión de la piña representa una amenaza directa para los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud de las comunidades. «Nuestra preocupación es que este monocultivo, debido a las prácticas asociadas al uso intensivo de agroquímicos, afecte las aguas que abastecen a comunidades como Agrimaga, La Lucha, Iroquois, Mercedes y Parismina. También se vería amenazado el Corredor Biológico Río Parismina-Ruta del Pez Bobo, un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies emblemáticas de la región», manifestó.
Mora advirtió además que la zona donde se pretende desarrollar la plantación posee un importante patrimonio arqueológico y colinda con áreas de alto valor ecológico y productivo. «No solamente estamos hablando de contaminación del agua. Estamos hablando de la posible afectación de ecosistemas, de corredores biológicos, de sitios arqueológicos y de actividades agrícolas y ganaderas que sostienen la economía local. Por eso hacemos un llamado a las comunidades y a todas las personas comprometidas con la defensa del ambiente para que se informen y participen en la protección de este territorio», afirmó.
Por su parte, Luis Humberto Rodríguez, presidente de la ASADA de Agrimaga, expresó la preocupación existente entre los habitantes por el riesgo de contaminación de las fuentes de agua que abastecen a varias comunidades. Según explicó, los pozos que suministran agua potable se encuentran en suelos altamente porosos y dependen de zonas de recarga ubicadas en las partes altas del territorio donde se proyecta el establecimiento del monocultivo.
«Como ASADA, nuestra principal preocupación es la protección del agua. Si se contaminan las zonas de recarga, tarde o temprano la contaminación llegará a nuestros pozos. No solo podría verse afectada Agrimaga, sino también otras comunidades que dependen de estos acuíferos. Todo lo que ocurra en la parte alta del territorio tiene consecuencias para quienes vivimos aguas abajo», indicó Rodríguez.
Asimismo, en el área existe un importante parche de bosque secundario ubicado entre la vía que comunica Parismina con Agrimaga. Este bosque constituye un refugio y habitad para la vida silvestre, cumple una función esencial como corredor biológico y contribuye a la regulación de las altas temperaturas que se han incrementado como consecuencia de la expansión de los monocultivos en la región.
Preocupa sobremanera que esta finca cuente con nacientes, atravesada por dos ríos y varios afluentes que podrían verse afectados por los pesticidas utilizados en este tipo de plantaciones. Las organizaciones señalan que, dadas las características de los suelos, el régimen de lluvias y la experiencia acumulada en el Caribe y otras zonas piñeras del país, existe un riesgo significativo de contaminación de los cuerpos de agua.
Finalmente, las organizaciones comunitarias también alertan sobre los posibles impactos que el monocultivo de piña podría generar sobre la producción agrícola y ganadera de la zona, debido a la dispersión de agroquímicos y a los efectos acumulativos que históricamente han sido denunciados por comunidades vecinas a plantaciones piñeras en distintas regiones del país.
Predios para siembra de piña.
Información del Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Por Asociación Defensores del Monumento Natural Zona de Los Santos
La crisis de los rellenos sanitarios nos obliga a mirar el problema de los residuos desde los territorios. Durante años, muchas comunidades han vivido bajo la idea de que la basura desaparece cuando pasa el camión recolector. Pero nada desaparece, solo cambia de lugar.
En una zona rural, esa realidad se siente de manera distinta. Los residuos mal manejados pueden terminar en caminos, laderas, quebradas o ríos. También pueden aumentar la presión sobre sistemas de recolección y disposición final que ya muestran agotamiento. Por eso, reducir la basura mezclada no es una tarea menor, es una necesidad ambiental y comunitaria.
Desde la Asociación Defensores del Monumento Natural Zona de Los Santos trabajamos por la conservación del Monumento Natural Zona de Los Santos, un área silvestre protegida de 1.861 hectáreas ubicada en un territorio donde conviven bosques, nacientes, cafetales, suelos productivos y comunidades rurales. Cuidar esta área no significa mirar solo sus límites en un mapa. También significa revisar lo que ocurre alrededor, en las casas, en las fincas, en las calles y en la forma en que manejamos los residuos.
En los últimos años hemos impulsado procesos de educación ambiental casa por casa en León Cortés, con enfoque Basura Cero debido a la posible instalación de una planta de incineración en el Cerro Abejonal. El trabajo se ha concentrado en separación en origen, reducción de plásticos de un solo uso, compostaje doméstico y acompañamiento comunitario mediante mujeres promotoras ambientales.
Las promotoras visitan hogares, escuchan dudas y explican prácticas sencillas para separar residuos orgánicos. También ayudan a identificar si una familia puede compostar en casa o si necesita integrarse a una ruta de recolección de orgánicos. Este trabajo permite que la educación ambiental no se quede en afiches o campañas generales, sino que llegue a la realidad de cada hogar.
Los residuos orgánicos merecen atención especial pues representan aproximadamente el 50% de los residuos que llegan al relleno sanitario. Restos de comida, cáscaras, hojas, broza entre otros pueden convertirse en compost y volver al suelo como abono. Pero cuando se mezclan con otros residuos y se descomponen sin oxígeno, generan metano, un gas que contribuye al calentamiento global. Separar orgánicos desde la casa ayuda a reducir emisiones, aliviar la presión sobre rellenos sanitarios y aprovechar mejor materiales que todavía tienen valor.
En una zona rural, esta discusión también toca la agricultura. Si el suelo sostiene parte importante de la economía local, devolver materia orgánica a la tierra debería ser una práctica cada vez más común. No tiene sentido enterrar lo que puede fortalecer el suelo.
La crisis de los rellenos sanitarios no se resolverá solo construyendo más sitios donde llevar basura. También requiere reducir lo que enviamos, separar mejor y fortalecer soluciones locales. Proteger un área silvestre protegida como el Monumento Natural Zona de Los Santos empieza también por cambiar hábitos cotidianos en las comunidades que la rodean.
Lo orgánico no es basura. Es materia viva que puede volver al suelo si aprendemos a manejarla mejor.
Comité Vecinal Vecinos por El Maderal presentó nuevos informes técnicos y jurídicos tras la emisión de un dictamen oficial que identifica cuatro cuerpos de agua de dominio público permanente en el terreno donde se proyecta una planta de gestión de residuos sólidos.
La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) confirmó la existencia de cuatro cuerpos de agua de dominio público de carácter permanente en la Finca El Maderal, ubicada en Mata de Plátano de Goicoechea, donde se proyecta la construcción de una planta industrial para la gestión de residuos sólidos promovida por la Municipalidad de San José.
El criterio técnico fue emitido mediante el dictamen DA-UHTPCOSJ-0778-2026, resultado de inspecciones realizadas en octubre de 2025 y marzo de 2026. El documento concluye que dos de las fuentes corresponden a quebradas permanentes afluentes de la quebrada Patalillo y que otras dos corresponden a afloramientos permanentes asociados al flujo base de dicha quebrada, tributaria del río Torres.
Según el dictamen, las fuentes identificadas mantienen carácter permanente y forman parte del dominio público hídrico. El informe también señala que los afloramientos observados se relacionan con flujos subsuperficiales que emergen en contacto con materiales geológicos presentes en la zona.
Tras conocerse el contenido del dictamen, el Comité Vecinal Vecinos por El Maderal remitió a la Dirección de Agua una gestión de aclaración y complementación técnica, así como un informe técnico-jurídico complementario. En esos documentos la organización plantea consultas sobre diversos aspectos metodológicos y jurídicos del criterio emitido, entre ellos la clasificación de las fuentes de agua, la delimitación de áreas de protección, la incorporación de estudios biológicos y forestales al expediente y la evaluación de nacientes reportadas por la comunidad.
El comité sostiene que la confirmación oficial de cuerpos de agua permanentes debe ser considerada en la valoración integral del proyecto propuesto para la finca. Asimismo, argumenta que el sitio posee características ambientales relevantes documentadas por distintas instituciones y equipos técnicos.
Entre los antecedentes citados por la organización se encuentra la confirmación por parte del SINAC de aproximadamente 7,6 hectáreas de cobertura forestal compacta en la propiedad, así como estudios universitarios que identifican la presencia de bosque secundario y de nacientes permanentes dentro del ecosistema.
La comunidad organizada también recuerda que el Concejo Municipal de Goicoechea acordó solicitar la detención del proyecto en febrero de 2026 y que el caso es actualmente objeto de análisis en diferentes instancias, incluyendo la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.
De acuerdo con la información suministrada por el Comité Vecinal, el proyecto adjudicado por la Municipalidad de San José contempla una inversión superior a los ¢537 millones para la instalación de una planta de gestión de residuos sólidos en una finca municipal de aproximadamente 11,17 hectáreas.
Las personas representantes de la organización comunal manifestaron que continuarán impulsando acciones administrativas y legales para la protección del ecosistema hídrico y forestal de la Finca El Maderal, mientras solicitan que las instituciones competentes valoren integralmente la información técnica disponible.
Bloque Verde. Habitantes de Laurel de Corredores, en la zona sur del país, han hecho pública una denuncia ambiental relacionada con una presunta afectación al río Coto Colorado y otros cuerpos de agua cercanos a las operaciones de Coopeagropal R.L. La preocupación surge tras la divulgación de videos, fotografías y testimonios que muestran una mortandad masiva de organismos acuáticos, situación que las comunidades consideran alarmante y que demandan sea investigada de manera inmediata por las autoridades competentes.
Según la denuncia presentada por vecinos de la zona, el pasado 4 de junio se produjo un episodio de contaminación e intoxicación de las aguas del río Coto Colorado que habría provocado la muerte de peces, camarones y otros organismos acuáticos. Las personas denunciantes atribuyen este hecho al vertido de grandes cantidades de aguas residuales en canales que desembocan en el río y que estarían vinculados con las operaciones de la planta agroindustrial de Coopeagropal R.L., ubicada en El Roble de Laurel. Corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones correspondientes, las causas exactas de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.
Las imágenes compartidas por vecinos muestran una gran cantidad de peces, camarones y otros organismos muertos a lo largo del cauce, así como agua con evidentes signos de deterioro ambiental. Los videos han generado indignación entre la población local, no solo por la magnitud de los daños observados, sino porque, según afirman los habitantes, no se trataría de un hecho aislado.
Uno de los aspectos que más preocupa a las comunidades es que este tipo de episodios, según denuncian, se repiten periódicamente desde hace varios años. Los vecinos aseguran que durante cada temporada se presentan situaciones similares y que, pese a las denuncias realizadas ante distintas instituciones, no se han adoptado medidas efectivas para esclarecer los hechos ni para evitar que vuelvan a ocurrir.
Los videos difundidos por la comunidad reflejan la indignación y la impotencia de quienes observan cómo los cuerpos de agua de la zona se ven afectados una y otra vez. «Qué impotencia siente uno cuando ve esta situación», expresa uno de los vecinos mientras muestra la gran cantidad de peces muertos acumulados en las orillas. «Por favor ayúdenos a hacer esto visible para que las autoridades intervengan. Durante años esto ha ocurrido y muchas personas han intentado hacer algo, pero no hay respuesta».
Los testimonios reflejan un profundo sentimiento de frustración ante lo que consideran una falta de atención institucional a una problemática que afecta la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y el bienestar de las comunidades locales. Para muchos habitantes, la mortandad observada en los videos representa únicamente la expresión más visible de un problema ambiental de mayor alcance que requiere una investigación rigurosa e independiente.
Ante esta situación, los vecinos solicitan la intervención urgente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Dirección de Aguas del MINAE, el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud y demás instituciones competentes, con el fin de que realicen inspecciones de campo, análisis de calidad del agua, monitoreo biológico y estudios técnicos que permitan determinar las causas de la mortandad de organismos observada en los videos y denuncias presentadas por la comunidad.
Las comunidades enfatizan que corresponde a las autoridades establecer, mediante procedimientos técnicos y científicos, si existe relación entre los daños observados y las actividades que se desarrollan en la zona. Sin embargo, consideran que la evidencia aportada por los vecinos, la magnitud de la mortandad de organismos acuáticos y la recurrencia de los hechos justifican una actuación inmediata de las instituciones responsables de la protección ambiental.
Asimismo, exigen que los resultados de las investigaciones sean divulgados públicamente y que, de comprobarse afectaciones ambientales, se adopten las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de contaminación y garantizar la recuperación de los ecosistemas afectados.
La gravedad de las imágenes registradas, la magnitud de la mortandad de organismos acuáticos observada y el carácter reiterado de las denuncias obligan a una respuesta pronta y transparente por parte de las autoridades. Las comunidades insisten en que no pueden normalizarse hechos que, según afirman, continúan ocurriendo año tras año y que generan preocupación, indignación e incertidumbre sobre el estado del río Coto Colorado, la biodiversidad de la región y la salud de los ecosistemas locales.
Bloqueverde y las personas denunciantes hacen un llamado a la Dirección de Aguas del MINAE, al SINAC, al Ministerio de Salud, al Tribunal Ambiental Administrativo y al resto de instituciones competentes para que actúen con celeridad, transparencia y rigor técnico, garantizando el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, solicitan que los resultados de cualquier inspección o investigación sean comunicados oportunamente a la población, con el fin de brindar certeza sobre las causas de estos eventos y las acciones que correspondan para evitar que vuelvan a repetirse.
El Museo Comunitario Indígena de Boruca presentará este jueves 11 de junio, a partir de las 4 de la tarde, una charla con el antropólogo José Luis Amador, quien es el autor del libro “Venancio Mora y el Árbol Mágico de Palmar Sur”.
Será un espacio para conversar con los vecinos de la comunidad sobre la vida y legado de este personaje boruca, que emigró hacia las tierras de Palmar Sur a principios del siglo XX, vivió el impacto de la época bananera y murió en 1967 en Caña Blancal de Osa, junto a su familia.
La charla está orientada a develar aspectos históricos y simbólicos que se describen en el libro y busca también, devolver parte de la información de la obra a la comunidad.
El Museo Comunitario Indígena de Boruca se ubica en Boruca centro, 25 metros al norte del Salón Comunal de la comunidad.
Para más información pueden contactarse al 2730-1089 o al 8819-1281
Por Bernardo Archer Moore Presidente ACUDHECA Cahuita, Talamanca, Costa Rica
Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.
Resulta profundamente preocupante observar cómo el Estado de Derecho parece ceder terreno ante decisiones políticas que ignoran principios jurídicos elementales.
Cuando el Poder Legislativo aprueba proyectos de ley que contradicen normas previamente promulgadas por la propia Asamblea Legislativa, vulneran disposiciones constitucionales y desconocen sentencias firmes de la Sala Constitucional —órgano supremo en materia de interpretación constitucional—, no estamos ante una simple diferencia de criterio político.
Estamos sin lugar a duda, ante una erosión deliberada de la seguridad jurídica que sustenta nuestra democracia.
Aún no se ha secado la tinta de los votos constitucionales N° 2025-029985, N° 2025-035746 y el más reciente N° 2026-010993, mediante los cuales la Sala Constitucional reiteró obligaciones concretas del Estado costarricense.
Sin embargo, a solicitud de quienes precisamente están obligados a cumplir dichas resoluciones, se impulsan iniciativas legislativas que pretenden avanzar sin atender los requisitos expresamente señalados por el Tribunal Constitucional.
Lo más grave es que esta situación se intenta presentar ante la opinión pública mediante narrativas simplificadas y populistas, desplazando del debate el verdadero tema de fondo: El respeto al ordenamiento jurídico nacional.
Resulta difícil comprender cómo esto ocurre a plena vista de una comunidad jurídica que supera las treinta mil personas entre abogados y abogadas, en un país donde generaciones enteras dedicaron sus esfuerzos a construir instituciones sólidas precisamente para evitar que la voluntad política circunstancial prevaleciera sobre la ley.
Para ser aún más precisos sobre el tema de fondo, conviene recordar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7316, del 21 de noviembre de 1992, publicada en La Gaceta N° 235 del 3 de diciembre de ese mismo año.
Costa Rica depositó el instrumento de ratificación ante la OIT el 2 de abril de 1993, entrando el Convenio en vigor para nuestro país el 2 de abril de 1994.
Y se ganó el aplauso internacional, pero inconsecuente a nivel nacional.
Desde entonces, sus disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico costarricense y son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado.
Por ello, la discusión no debería centrarse en determinar si la Marina de Limón, o cualquier otro proyecto contemplado dentro del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe, es bueno o malo, conveniente o inconveniente.
Ese debate corresponde precisamente al proceso de consulta.
La cuestión fundamental es otra: cumplir la ley.
Y la ley exige que los pueblos tribales costeros reconocidos oficialmente por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MJP de 2022 sean consultados de manera previa, libre, informada y de buena fe antes de la adopción de medidas legislativas, administrativas o proyectos de desarrollo que puedan afectarles directamente.
Esta obligación no constituye una concesión política ni una formalidad administrativa: es un mandato jurídico derivado del Convenio 169 de la OIT, de la Constitución Política, de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por la República.
Solo dentro de ese marco de legalidad podrán las comunidades expresar su criterio respecto de la Marina de Limón y de los demás proyectos contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe. Ese derecho ya es caso juzgado y resuelto por la vía jurisprudencial (Voto: 2025-035746 de la Sala IV).
En consecuencia, no se trata de estar a favor o en contra del desarrollo. Tampoco se trata de determinar de antemano si una marina, un muelle, una carretera o cualquier otra inversión pública o privada beneficia o perjudica a la región.
Se trata de algo mucho más elemental: que el Estado costarricense respete sus propias leyes, sus propias sentencias y los derechos que ha reconocido a los pueblos tribales costeros.
Conclusión
Si la Asamblea Legislativa puede ignorar las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT y de las sentencias de la Sala Constitucional, ¿con qué autoridad moral o jurídica podrá exigirse mañana al Poder Ejecutivo, a las municipalidades o a los ciudadanos que respeten la ley?
El Estado de Derecho comienza precisamente por el respeto a la ley por parte de quienes tienen la responsabilidad de crearla.
Puerto Potrero, Guanacaste. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la comunidad de Puerto Potrero realizará el próximo sábado 6 de junio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza de Deportes, el Festival Día del Ambiente bajo el lema “Comunidad y agua para sostener la vida”, un espacio de encuentro comunitario que reunirá actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la defensa del territorio, la protección de las fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización local.
La jornada incluirá limpieza de playa, actividades recreativas para niñas y niños, música, stands informativos, conversatorio y el mercadito comunitario “Saberes y Sabores”, una iniciativa que busca promover la economía local, los emprendimientos comunitarios y el intercambio de conocimientos vinculados con la identidad y la cultura del territorio.
Más allá de una celebración ambiental, el festival representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta Puerto Potrero y otras comunidades costeras de Guanacaste ante el acelerado crecimiento de modelos de desarrollo turístico de gran escala, cuyos impactos se manifiestan en la presión sobre las fuentes de agua, el aumento del costo de la vida, la transformación de los territorios y los procesos de desplazamiento y exclusión de las poblaciones locales.
En este contexto, los espacios comunitarios adquieren una importancia estratégica desde una perspectiva territorial, ambiental, social y política. Son escenarios donde se fortalecen los vínculos comunitarios, se construyen propuestas para la gestión sostenible de los bienes comunes y se generan capacidades para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades.
Uno de los actores fundamentales en este esfuerzo ha sido la ASADA de Puerto Potrero, organización que durante años ha desarrollado acciones para la protección de las fuentes de agua y la gestión comunitaria del recurso hídrico. Su trabajo ha sido clave para impulsar procesos de monitoreo, conservación y sensibilización ambiental, así como para visibilizar las tensiones que surgen cuando el crecimiento turístico supera la capacidad de los ecosistemas locales.
“Tendremos actividades de gestión ambiental y estaremos hablando de la afectación que se avecina, el impacto que vamos a tener otra vez por el fenómeno del niño. Alzaremos la voz con esta actividad para que el gobierno local tome en serio las cosas como se hizo en el 2016 que las comunidades ya estábamos informadas de lo que iba a pasar, se emitió la declaratoria de emergencia y se crearon planes de contingencia a nivel regional” indicó Leonel Duarte Caravacas, presidente de la ASADA.
El cuido del agua en Puerto Potrero no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un derecho fundamental para las actuales y futuras generaciones. Frente a un escenario marcado por sequías más frecuentes, aumento de la demanda hídrica y expansión inmobiliaria, la gestión comunitaria del agua se convierte en un pilar para la sostenibilidad y la justicia territorial.
El festival también es resultado de la articulación entre organizaciones locales y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, una alianza que ha permitido fortalecer procesos de formación, investigación participativa e incidencia comunitaria. Esta colaboración busca contribuir a que las comunidades cuenten con más herramientas para comprender las transformaciones que viven sus territorios, defender sus bienes comunes y participar activamente en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.
Para Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, “este festival es parte de un proceso socioeducativo que estamos realizando en la comunidad de Puerto Potrero ante un crecimiento voraz del desarrollo turístico que ha venido impactando la vida de la comunidad. En un contexto de enorme presión hídrica, es fundamental que se construyan estrategias locales para el cuido de las fuentes de agua y de la biodiversidad presente en la zona”.
La actividad es abierta a toda la población, las organizaciones convocantes invitan a vecinas, vecinos, visitantes y personas solidarias a sumarse a esta jornada de encuentro, aprendizaje y acción colectiva por la defensa del agua y del territorio.
La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.
Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.
Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.
El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.
Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.
Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.
Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.
Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
Desde el pasado lunes 01 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra junto a los Comités de Implementación de los Programas de Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT), iniciaron una serie de trabajos en los caminos que comunican a los poblados de “Tubölwak” y Barrio “Los Figueroa” en el Alto de Brazo de Oro de Cabagra.
Estas mejoras comprenden un trayecto de aproximadamente 1659 metros, así como la colocación de material estabilizador en tres cuestas de muy difícil acceso, para facilitar el rodamiento y soporte al peso de los vehículos.
Estos trabajos comunitarios se concretan gracias a los fondos derivados del CREF, lo cual permitirá la ejecución exitosa del proyecto de alumbrado público que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad en Cabagra, pues las pésimas condiciones del camino impedían el acceso de equipo y maquinaria para la instalación de postes y cableado.
Estos proyectos de mejoramiento a la red vial territorial beneficiarán de manera directa a más de 28 familias indígenas de ambos poblados.
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