La Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerro de Escazú (CODECE), organización de base comunal sin fines de lucro que trabaja por rescatar la riqueza natural de los Cerros de Escazú, así como sus tradiciones y cultura viva, continúa con la agenda de actividades en el marco de su 40 aniversario.
En octubre y noviembre se realizarán encuentros que combinan educación ambiental, convivencia comunitaria y reflexión histórica.
El miércoles 2 de octubre, a las 3:00 p.m., se llevará a cabo un conversatorio sobre la historia y proyección futura de CODECE en las instalaciones de Barrio El Carmen, con la participación del profesor Jorge Montoya, el historiador Luis Sanabria y docentes de la Universidad de Costa Rica.
El sábado 5 de octubre, se realizará una caminata recreativa en el sector Cerro Bandera de la Zona Protectora Cerros de Escazú, bajo el tema “Conservación y protección del agua: Caso Finca la Codecita y la Huerta”. La actividad estará a cargo de Rosemarie Menacho, Meylin Chamorro y José Enrique Morales, personas educadoras ambientales y guías.
El sábado 12 de octubre, desde las 9:00 a.m., se desarrollará un día de campo en la Finca EcoFuturo de San Antonio de Escazú, con recorrido guiado y picnic compartido. Participan Indira de Beausset de la Fundación EcoFuturo y Javier Sánchez, presidente de CODECE.
Posteriormente, el sábado 19 de octubre, se llevará a cabo otra caminata recreativa en el sector Río Llano San Miguel – Río Agres, centrada en el tema “Conservación y protección del agua: Caso Finca Las Juntas”.
El miércoles 23 de octubre, a las 7:00 p.m., se ofrecerá una charla virtual sobre cómo presentar denuncias ambientales, a cargo de Indira de Beausset de la Fundación EcoFuturo.
La programación culmina el viernes 1 de noviembre, a las 2:00 p.m., con el gran acto de celebración del 40 aniversario de CODECE, organizado por una comisión integrada por Maritza León, Javier Sánchez, Sonia Azofeifa, Flor Ovares y Omar Rivera.
Las actividades son abiertas a la comunidad y reflejan el compromiso de CODECE con la educación ambiental y la defensa de los recursos naturales. Para más información, se puede contactar al 8813-6108.
Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.
Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.
Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.
En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.
Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.
Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.
En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.
Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.
Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.
En Guatuso la voz de las comunidades volvió a sonar fuerte: durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío —con presencia del presidente— recordaron la gran ironía de celebrar una obra mientras el río agoniza por años de extracción minera.
“Queremos río, no cantera” fue el clamor en las mantas, defendiendo el agua, la pesca, la recreación y la vida”.
La lucha sigue: el Río Frío no es mercancía, es futuro. Más información aquí:
Integrantes del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 2022-2026 presentaron un proyecto de ley para declarar Benemérita de la Patria a doña Filomena Navas Salazar, mujer indígena del pueblo Bröran, en reconocimiento a su legado en la defensa de los derechos humanos, la promoción del liderazgo femenino, la protección del territorio indígena y la preservación del conocimiento ancestral.
Nacida el 7 de julio de 1926 en Térraba de Buenos Aires, Puntarenas, Filomena Navas destacó como lideresa comunal y defensora de los derechos colectivos. Fue la primera mujer indígena en Térraba en ejercer el derecho al voto en 1953, impulsando desde entonces la participación política de las mujeres. También se involucró en juntas de educación, comités de salud y pastorales, promoviendo la construcción del puesto de salud de su comunidad y la defensa del territorio Bröran frente a la deforestación.
Además de su liderazgo político y social, Filomena preservó y transmitió saberes ancestrales: dominaba la lengua Bröran, la medicina natural, la cocina tradicional y las técnicas de hilado con tintes naturales. Fue reconocida por recorrer largas distancias llevando medicinas, apoyar la construcción del acueducto local y fomentar la educación de la juventud, incluso colaborando con el Colegio de Buenos Aires en tiempos en que era el único centro educativo en la zona.
El proyecto de acuerdo resalta que su vida es ejemplo del papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas y rurales en la organización comunitaria, la seguridad alimentaria, la preservación cultural y el cuidado de los bienes comunes. La declaratoria, subrayan las proponentes, sería un acto de justicia histórica y reparación simbólica hacia las mujeres invisibilizadas en los relatos oficiales.
Doña Filomena Navas Salazar falleció en 2006, pero su legado perdura en su familia, especialmente en sus hijas, quienes hoy también son lideresas comunitarias. Con este reconocimiento, se busca visibilizar su aporte y el de tantas mujeres indígenas que han sido pilares en la construcción social y cultural de Costa Rica.
La imagen de doña Filomena que acompaña esta nota fue aportada por su hija, la también lideresa indígena Elides Rivera Navas.
Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.
¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?
Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.
La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).
¿H2 verde en Costa Rica?
En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:
“la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”
La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.
Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.
Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.
¿Por qué las comunidades alertan?
Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.
Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.
Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambientalsino de acceso humano al agua como recurso vital.
Segundo,preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.
Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Gracias a las movilizaciones masivas de los ciudadanos, a las sesiones del Concejo Municipal, la campaña de presión publica y las mesas de diálogo convocadas por la Alcaldía; hubo grandes logros. Por lo tanto, el pasado 19 de agosto del 2025 los regidores tomaron el acuerdo de reconvocar la conformación de la Comisión Mixta Especial del Plan Regulador de Escazú.
Ese mismo día, el presidente del Consejo nombró a las regidoras representantes ante dicha Comisión.
Lo que ahora nos corresponde como movimiento ciudadano, es lograr que los tres Consejos de Distrito llamen a las Asambleas Ampliadas de Distrito, para elegir a los vecinos representantes ante la Comisión Plan Regulador.
Con este propósito, les convocamos a reunión general del movimiento ciudadano.
La reunión será este jueves 18 de septiembre a las 7: 00 PM, en las oficinas de CODECE.
Cordialmente,
Coordinación de representantes ciudadanos ante las mesas de diálogo
SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR
Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.
Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.
Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.
El Observatorio Bienes Comunes UCR comparte un análisis clave del abogado Rubén Chacón Castro sobre cómo los contratos de carbono, el PSA y REDD+ impactan los territorios indígenas en Costa Rica.
Bajo el discurso climático se esconden riesgos de restricciones a prácticas ancestrales, pérdida de autonomía y nuevos mecanismos de despojo territorial.
Descubra por qué este debate es urgente para la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas.
Las familias de Playa Pelada, que se encuentran en resistencia frente a amenazas de desalojos, organizan una jornada de Peña cultural y acampada los días 13 y 14 de septiembre, como parte de las acciones para visibilizar su lucha y sumar apoyo solidario.
La actividad incluye:
Transporte San José – Playa Pelada (ida y vuelta).
Espacio para acampar.
Entrada a la Peña cultural.
El aporte para participar es de ₡27.000 por persona.
La iniciativa busca que más personas conozcan la situación de las familias de la comunidad y acompañen, desde la cultura y la convivencia, la defensa de su derecho a permanecer en sus hogares y territorios.
Para más información, se puede contactar al número 6098-1223 con Aarón.
Con base a una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, vecinas y vecinos de Guatuso alzaron la voz ante el presidente Rodrigo Chaves para denunciar la destrucción del Río Frío por la minería no metálica. Integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: en Maquengal el Río Frío está siendo destruido.
Entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.
El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal, todo como resultado de la extracción intensiva de materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.
Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales.
Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal.
