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Nuevamente muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Sospechan de aguas vertidas por mina cercana

Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.

El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río. 

En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.

Antecedentes

Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.

En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que  la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.

La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.

Llamado comunitario

Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:

“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.

En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción. 

En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o  “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.

Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.

Fotos y videos en este enlace.

UCR: La Región Central produce un mar de basura que amenaza los ecosistemas y la salud pública

La UCR se sumó a los esfuerzos para diseñar una salida a esta emergencia sanitaria para la gestión de desechos urbanos, son la tercera causa de emisión de gases de efecto invernadero

La crisis ambiental por el próximo cierre de rellenos sanitarios afectará a todo el país, principalmente a la Región Central. A la fecha se desconoce con exactitud la cantidad de residuos que se generan cada día. Foto archivo OCI-UCR

Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

No existen datos certeros, pero la realidad es que la pirámide para la disposición de desechos está invertida.  Mientras el Banco Mundial recomienda que solamente el 5% tenga como destino final un relleno sanitario, en la práctica más del 94% termina en esos sitios.

Lo único cierto es que el país está inundado de basura de todo tipo, y una gran parte contamina los ecosistemas. El Ministerio de Salud calcula que cada día se desechan 4.500 toneladas, aunque podrían ser más, y es la tercera fuente para emisión de gases de efecto invernadero.

Las soluciones para enfrentar este desafío ambiental son diversas y una de las posibilidades tecnológicas se está explorando desde la Universidad de Costa Rica (UCR) con el uso de la tecnología aplicada a un nuevo modelo de gestión de residuos, explicó el Ing. Juan Pablo Rojas Sossa, investigador de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas.

El Ing. Rojas es parte de un equipo de investigadores que coordinan un proyecto de Acción Social denominado “Tecnificación de lecherías con sistemas pastoriles y el fortalecimiento de capacidades a productores locales, jóvenes vulnerables y actores sociales” (ED-3681), que tiene entre sus objetivos la producción de biogás mediante la mezcla de las excretas bovinas con materiales orgánicos.

“El uso exclusivo de los desechos de los bovinos para la producción de biogás no son idóneos, por lo que se requiere agregarle otros sustratos.  Al mezclarlo con otras materias orgánicas logramos la condición óptima para un ecosistema anaerobio viable para producir biogás”.

A partir de esta premisa, y gracias a un acercamiento de la Municipalidad de San José (MSJ) con la UCR, se valoró la posibilidad de firmar un convenio de cooperación para el diseño de este nuevo modelo de gestión de los residuos de ese cantón, habitado por 352 381 personas.

De acuerdo con la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (CA-MINAE), el cantón central de San José es el mayor generador de desechos.  Durante el año 2024 envió a los rellenos sanitarios unas 141 383 toneladas; es decir, cada persona descartó por día más de 1.05 kilos de “basura” ordinaria. Lo anterior sin sumar otros como aparatos electrónicos, electrodomésticos, medicamentos, lodos de tanques sépticos y otros. 

En su totalidad, la provincia josefina depositó en rellenos la astronómica cantidad de 522 205 toneladas en los distintos rellenos sanitarios, y el Gran Área Metropolitana es la responsable del 70% de los residuos en el país.

Una solución urgente

Por mencionar un caso puntual, la Ing. Verónica Brenes Salazar, administradora del Mercado del Mayoreo, en San José, citó que solo ese sitio recolecta 125 toneladas de desechos al mes, con un costo de ¢60 millones anuales para su transporte.

“La mayoría son materias orgánicas, y se les puede dar un mayor aprovechamiento. Por ejemplo, realizamos una visita al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), en Barreal de Heredia, donde existe una planta procesadora de menor escala; y la idea es que ambos municipios nos unamos en este proyecto”, citó. Por su parte, el Cenada produce otras 390 toneladas mensuales, igualmente en su mayoría orgánicos. 

La Ing. Brenes explicó que el Cenada está enfocado en fortalecer su sistema automatizado para la gestión de residuos, y se logró un convenio para que el Mercado de Mayoreo procese ahí los suyos, ya que la disposición actual no es la correcta y la MSJ busca una solución ambiental. 

Aunque el Departamento de Servicios Ambientales de la MSJ tiene en ejecución un proyecto con la mosca soldado -que descompone la materia orgánica y permite obtener un abono orgánico-, es un aporte mínimo que no resuelve, a gran escala, el problema que enfrenta la capital. “Solo estamos a la espera de este modelo que nos propondrá la UCR, y ojalá pueda replicarse en todo el país”, agregó la funcionaria.

La tecnología como aliada ambiental

Para el diseño de esta propuesta el profesor Rojas detalló que se parte de la experiencia y la data científica acumulada del proyecto para el “Fortalecimiento de capacidades en actores sociales para el desarrollo de proyectos de revalorización de residuos orgánicos en Costa Rica” (ED-3610), también ejecutado por la Escuela de Ingeniería en Biosistemas.  Rojas acotó que la tecnología para estos fines utiliza los mismos principios que se aplican en los beneficios del café para la generación de energías limpias.

El objetivo es adquirir tecnología japonesa “altamente eficiente que separa los materiales y procesa hasta tres toneladas por hora, por lo que para aprovechar esa capacidad se podría alimentar con lo generado en todos los mercados de San José”, explicó.  Lo ideal es que vinieran clasificados, pero la mayoría del tiempo viene con impurezas, pero este equipo lo corrige”.

Tras finalizar la separación automatizada se logra un sustrato que puede ser llevado a plantas generadoras de biogás y biometano mediante biodigestores anaeróbicos. El primero es un gas renovable obtenido de biomasa, es decir de materias de origen vegetal o animal sometidas a un proceso biológico en un ambiente libre de oxígeno.  El segundo es resultado de su posterior refinamiento para eliminar otras impurezas como el dióxido de carbono, lo que incrementa la inversión para que su composición sea similar al gas natural, y tiene múltiples usos, por ejemplo en turbinas eléctricas, transporte público, movilidad vehicular y alumbrado público.  El remanente es un fertilizante en nutrientes.  

En términos de costo-beneficio el uso de esta tecnología es 50% más barato que hacer compostaje. Ésta es económicamente viable, pero para su puesta en práctica se requiere una alianza público-privada porque una sola planta no lograría hacer toda la gestión. La primera fase de la propuesta será diseñar un plan demostrativo para el municipio josefino para su valoración y posterior ejecución, enfatizó Rojas.

Fuente: https://ucr.cr/r/tIBYn

Basurización tiene otras opciones para beneficio del país

Este lunes 28 de julio a las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro en vivo “Territorios amenazados por la basurización” que se transmitirá por el Facebook Live de SURCOS Digital- Será un espacio para reflexionar sobre la problemática del manejo de residuos en el país.

En este contexto, la empresaria turística limonense Gloria Gavioli expresó su respaldo a la actividad, y calificó el tema como “sumamente importante” indicando que en muchas partes del mundo ya existen soluciones concretas que generan beneficios en términos de salud pública, limpieza y reutilización de materiales.

Entre las experiencias que menciona, destaca la producción de biomasa para generar energía limpia, así como el uso de residuos en la construcción de tejas indestructibles y materiales similares a la madera. También hace referencia a innovadoras embarcaciones que recolectan basura en cuerpos de agua y la separan para su máximo aprovechamiento, y que, en Europa y otras partes del mundo existen comunidades que se iluminan y se calientan utilizando sus propios residuos.

ANHACO presenta marco jurídico integral para la administración de la zona marítimo-terrestre

Guía para los Concejos Municipales Costeros de parte de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica en el marco jurídico integral para la administración de la zona marítimo-terrestre.

La Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica se dirige a los Concejos Municipales de Municipales de Cantones Costeros de Costa Rica, en el marco jurídico para el análisis integral para la administración sana de la zona marítimo-terrestre, que coadyuve al gobierno local en su obligación constitucional, de mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes.

El objetivo es colaborar con la visión integral de análisis, para la administración de la zona marítimo-terrestre y que desde el corazón del gobierno local, se propongan acciones que reafirmen el deber constitucional de los funcionarios del municipio, de procurar en todo momento, el bien común, promoviendo y respetando.

El documento aborda de manera integral los siguientes aspectos clave:

  1. Premisas Básicas: Principios de debido proceso, progresividad y no regresión de derechos humanos, confianza legítima y respeto a la normativa nacional e internacional.

  2. Excepciones y Jurisprudencia Relevante: Casos contemplados por la Ley No. 6043 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Corte IDH sobre derechos adquiridos y protección contra desalojos arbitrarios.

  3. Estándares Internacionales de Derechos Humanos: Obligaciones del Estado y municipalidades en desalojos, protección a la vivienda y derechos de los ocupantes.

  4. Principio de Confianza Legítima y Responsabilidad Estatal: Análisis de votos clave y la responsabilidad del Estado por omisión o funcionamiento defectuoso en la delimitación de la ZMT.

  5. Ley No. 10.489 (2024) y su Moratoria: Extensión de la suspensión de desalojos y demolición de obras en zonas especiales hasta 2027.

  6. Planificación y Autonomía Municipal: Rol de las municipalidades en el ordenamiento territorial, integración de planes reguladores y defensa de los derechos de las comunidades costeras históricas.

Le invitamos a revisar el documento completo adjunto, el cual contiene las bases jurídicas y recomendaciones para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades costeras, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de la autonomía municipal.

Foro abordará amenazas de la «basurización» en territorios costarricenses – hoy 28 a las 6 pm

Un foro en vivo denominado «Rellenos sanitarios: Territorios amenazados por la basurización» se realizará hoy lunes 28 de julio a las 6:00 de la tarde.

El evento, que se transmitirá a través de Facebook Live de SURCOS Digital, contará con la participación de cinco especialistas en temas ambientales y sociales relacionados con el manejo de residuos sólidos.

Entre las personas participantes estarán Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero de Mora; Dayana Rojas, ingeniera en biotecnología con una maestría en responsabilidad social corporativa, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Sergio Ramírez, informático empresarial y ambientalista, vecino de la comunidad de Salamá; Karla Segura, de la Comisión Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y Álvaro Sagot, abogado y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones convocantes del foro son la Alianza por una Vida Digna, Pro Natura, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales, el Movimiento No al Basurero, y SURCOS Digital.

El evento busca generar un espacio de análisis sobre los impactos de los rellenos sanitarios en las comunidades y territorios del país.

Los Santos, un sendero…

En medio del paisaje cafetalero de la zona de Los Santos, un nuevo audiovisual producido por Prisma Latinoamérica propone mirar más allá del grano de café. El documental titulado Los Santos: un sendero experimentado para el desarrollo nacional pone en primer plano la historia de comunidades que no han esperado soluciones desde los gobiernos de turno, sino que han construido el cambio desde sus propios territorios, con esfuerzo, organización y dignidad.

A través de testimonios y reflexiones desde la base comunitaria, el video destaca cómo, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, Los Santos ha tejido redes de colaboración, abierto mercados alternativos y fortalecido su vida comunal, a pesar de políticas públicas que a menudo excluyen e invisibilizan a las regiones rurales.

Más allá de una historia sobre café, este trabajo habla de resistencia, innovación, autonomía y justicia. Es una invitación a repensar el modelo de país desde lo local, a descentralizar las decisiones sobre salud, educación, seguridad y ambiente, y a reconocer que el desarrollo puede nacer desde los territorios.

Le invitamos a ver el cortometraje completo y a sumarse a la reflexión sobre cómo fortalecer nuestro país desde nuestras comunidades.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.

Foro sobre rellenos sanitarios y basurización hoy lunes 21

Un conjunto de organizaciones realizarán un foro sobre la situación de los rellenos sanitarios en Costa Rica este lunes 21 de julio a las 6 pm. La actividad se transmitirá por el Facebook de SURCOS Digital. El foro tiene como título “Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la ‘basurización’”.

El foro contará con la participación de Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales; la ingeniera en biotecnología Dayana Rojas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; la líder comunal residencial de Ciudad Cariari Melissa Flores; y el doctor en biotecnología ambiental Ronald Arrieta, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El foro es convocado por la Asociación Civil Pro Natura; la Escuela de Geografía de la UCR, en conjunto con su proyecto Geografía y Diálogo de Saberes; el programa Kioscos Socioambientales; la Asociación Iniciativas Comunales; la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital.

La Alianza por una Vida Digna invita a ver el foro por la página de Facebook de SURCOS Digital.

¿En la guerra de la basurización, dónde quedan las comunidades?

Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios

Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.

Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.

En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.

Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.

Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.

En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.

Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.

Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.

Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y  Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.

Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización»
Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.

Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización»
Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.

Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Desorden territorial y descontrol en licencias de construcción en la Municipalidad de Talamanca

Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.

El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.

Falta de planificación territorial

Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.

Permisos sin verificación de requisitos legales

La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:

  • Certificado de uso de suelo.
  • Disponibilidad de agua potable.
  • Plano catastrado visado por la Municipalidad.
  • Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Supervisión deficiente y evasión tributaria

No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.

Datos del informe

1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.

405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.

En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.

Lea el informe completo “DFOE-LOC-IAD-00007-2025” aquí: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025015272.pdf