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Gestiones de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos

La Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos es presidida por Reiner Canales Medina y ostenta la condición de representante legal. Las gestiones de la Asociación son presentar denuncias ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por un exceso de cobro en los montos tarifarios de las empresas que ofrecen servicios de transporte como el de autobús, solicitar al ARESEP auditorías integrales a las empresas que ofrecen servicios públicos de transporte, denunciar situaciones anómalas en las relaciones entre las empresas que ofrecen los servicios de transporte y entidades reguladoras o estatales, entre ellas, el tráfico de influencias.

De igual forma dentro de sus funciones y gestiones, es querellar los métodos irregulares de reporte de los pasajeros movilizados ante el ARESEP, dado que esto afecta los datos reales y estadísticos utilizados para calcular la tarifa que se le cobra a los usuarios, denunciar que los servicios de transporte de autobús están siendo saturados por el transporte de personas en condición de migrantes, y ante ello plantea el cuestionamiento ante el ARESEP si se está realizando el reporte obligatorio de las personas migrantes transportadas, solicitar al Consejo de Transporte Público (CTP) que se diga la cantidad de buses de refuerzo se han autorizado, y además, que se revise la cantidad de buses con los rótulos de servicios especiales y solicitar que en caso de comprobarse diferentes anomalías en la oferta del servicio de transporte por parte de las empresas se tomen medidas por los daños ocasionados a los usuarios. 

Un ejemplo de lo anterior fue la solicitud presentada por parte de Canales Medina al ARESEP al presentar una denuncia y solicitar una auditoría integral a la empresa TRACOPA Ltda. que ofrece servicios de transporte de autobús en rutas desde la zona sur del país hacia San José con elevadas tarifas en el servicio. Al igual que denunciar el reporte erróneo de pasajeros movilizados que realiza la empresa por categorizarlos como ingresos por servicios especiales, al implicar un impacto en el alza a las tarifas del resto de usuarios. 

Finalmente, a rasgos generales la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos busca velar por que el servicio que se ofrezca a los usuarios de los servicios autobuseros se den en la forma correcta, que no se den fraudes a los usuarios, que no se abuse en los cobros de las tarifas, que las relaciones entre las empresas autobuseras y las entidades correspondientes sean honestas y que estas se den bajo la normativa.

Amenazas y violencia en contra de la Tribu Tolupán se recrudecen ante instalación de minera

La lucha por una clínica y la protección de la salud es otra lucha emprendida por la tribu Tolupán.

En el último año, las agresiones en contra de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa se han recrudecido ante la instalación de la empresa minera LACHANSA en el territorio de la tribu, específicamente en la comunidad de Lagunita. Desde el inicio de las operaciones, las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han enfrentado campañas de desprestigio, intimidación e incluso amenazas de muerte. Las mujeres y niñas han enfrentado también hostigamientos de carácter sexual y varias personas se han visto forzadas a desplazarse de la comunidad ante el contexto de riesgo. 

Desde la instalación de la minera LACHANSA en enero de 2022, las comunidades y el MADJ han denunciado que la empresa está operando sin consentimiento de la tribu y sin ningún permiso o licencia otorgada por el Estado de Honduras, la ilegalidad y las agresiones en el territorio se han establecido de manera recurrente, con ello, se ha llevado a denunciar dichos eventos, aun así no se les ha brindado una respuesta y solución a la problemática. Sumado a esto, tampoco se ha instalado la mesa interinstitucional para abordar la problemática de la tribu, cuya última reunión se celebró en 2020, ni se ha avanzado en la investigación de los asesinatos cometidos en las comunidades, dejando estas y otras graves agresiones en total impunidad. Por ello, las comunidades han denunciado esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). 

Respecto al Mecanismo, las personas representantes reconocieron ante la Comisión que: “Es sumamente preocupante que un ente del Estado, cuyo rol es la protección inmediata de la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo de daño urgente e irreparable, no cuente con herramientas céleres y efectivas para dar respuesta a las situaciones de riesgo que conoce”. 

Finalmente, se solicitó a la Comisión y otros organismos, que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional para abordar el conflicto, conformada al menos por MIAMBIENTE, INHGEOMIN, la Secretaria de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Conservación Forestal y Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; instar al Instituto de Conservación Forestal (ICF) esto con el fin de investigar los planes operativos otorgados dentro del Plan de Manejo Forestal perteneciente a la Tribu San Francisco de Locomapa, y de comprobarse las irregularidades e inconsistencias, que el ICF proceda a denegar y suspender los planes operativos en curso o autorizados; y llevar a cabo las investigaciones necesarias por todos los hechos de riesgo cometidos.

Posición oficial de ANEP sobre proyecto de ley que pretende aumentar la vida útil de los autobuses

1. ANEP, rotundamente, se opone a la aprobación legislativa del Expediente Legislativa No. 22.530, de manera oficial denominado “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid 19”. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo, ideado para manipular y engañar a la opinión pública.

2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que, popularmente, el pueblo conoce como chatarra; del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo.

3. ANEP cree que prácticamente, hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses, a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes, en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando, falsamente, que es para proteger a los “pequeños” empresarios de bus.

4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas. 

5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad.

6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos.

7. ANEP estima que, por buses viejos, el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienen a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa.

8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Publico (CTP) debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses.

9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús, sabe de despidos abusivos alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona.

10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los Derechos Humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y, particularmente, de las personas usuarias con discapacidad.

Comunicado oficial de ANEP.

Conferencia de prensa: https://fb.watch/hyYxGoR0Gu/

Dirigencias de proyectos del Bloque de Vivienda se reúnen con representantes del BANHVI

El coordinador nacional del Bloque de Vivienda Orlando Barrantes Cartín informó a SURCOS que “decenas de dirigentes de varios lugares del país se reunieron con autoridades del BANHVI, para exponerle las principales características de sus proyectos de vivienda social”.

“También le hizo entrega de un pionero estudio de familias que necesitan vivienda, el primero de su tipo en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)”.

Orlando Barrantes indicó además que el BANHVI definió los mecanismos para darle seguimiento técnico y financiero a cada proyecto.

Sobre pertinencias y empatías

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace unas semanas asistí a un taller organizado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, sobre el tema de la pertinencia de las carreras que se ofrecen en la educación superior pública del país.

Sobre la discusión desarrollada y el concepto discutido, debo decir que intuyo que las instituciones de Educación superior pública del país hemos caído en la trampa de la racionalidad del mercado y la búsqueda del éxito económico, sobre cualquier saber o conocimiento compartido.

Me preocupó que ninguna carrera relacionada con el arte fuera referenciada porque en el fondo “no produce”. De igual manera las Ciencias Sociales fueron exiguamente visibilizadas, dada su escasa relación con la competitividad y eso que casi míticamente ha empezado a llamarse la cultura (o la religión) STEAM.

Esta reflexión la comparto hoy que debemos preguntarnos qué es lo verdaderamente pertinente en una sociedad que aún a tientas trata de sobreponerse a una de sus peores crisis civilizatorias de la historia. Pareciera que esa racionalidad instrumental que antepone los criterios mercantilistas a lo demás se ha impuesto como proceso sociocultural.

Y en esa imposición pulveriza la empatía como acción humana fundamental.

Leo con estupor en los diarios costarricenses una noticia de la cual no termino de asombrarme: la ex ministra de educación costarricense Sonia Marta Mora fue condenada al pago de una multa por haber autorizado a una funcionaria de su Ministerio a tomar una licencia para cuidar a su esposo enfermo en fase terminal. Eso pasó hace unos años.

El criterio institucional, la racionalidad administrativista que ha supuesto la gestión de lo público en los últimos 40 años, consideró improcedente el actuar de la exjerarca y la condenó al pago de una multa.

Excesivo.

Increíble y excesiva la forma como la institucionalidad salda sus cuentas dejando en segundos planos lo verdaderamente importante en su accionar: los seres humanos. De esta entronización de la racionalidad capitalista en las esferas estatales ya había dado cuenta la economista costarricense María Eugenia Trejos en un agudo análisis sobre el tránsito de la racionalidad neoliberal en el marco del estado costarricense.

Entre lo que el pensamiento racional considera como pertinente y la ausencia de empatía ante el dolor, se nos muestra el lado más odioso de la promesa neoliberal.

Dicho esto, se impone urgentemente humanizar las políticas públicas, dotarlas de nuevas formas de sensibilidad, de nuevo músculo en el que el ser humano retorne a su centro, pensarlas con el corazón, actuarlas con el corazón.

Micro documental: La Purruja

El pasado domingo 11 de diciembre de 2022 a las 2:00 p.m. en el Centro de Acopio de APIAPU se reunieron algunos ciudadanos de la comunidad. Además se proyectó un micro documental de extensión universitaria titulado “La Purruja”, en el que de primera instancia aparecen los datos de dicho encuentro, junto con la realización de diversas actividades como el transporte por medio de lanchas, extracción de pianguas y reuniones de la comunidad.

 

Información compartida con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Jornada Nacional «Picnic en el Río»

SURCOS comparte la siguiente información:

El domingo 12 de marzo de 2023 será retomada la Jornada Nacional “Picnic en el Río”, esta será la séptima edición de la Jornada Nacional de acciones por nuestros ríos, enmarcado en la celebración del Día Internacional de Acción por los Ríos, el día 14 de marzo. 

“Picnic en el Río” consiste en una gran jornada que busca que la ciudadanía vuelva su mirada hacia los ríos, mediante acciones en beneficio de los ríos y quebradas del país, en el sentido de recuperar y proteger estos espacios naturales. 

Dicha jornada pretende realizar un gran evento colectivo en comunidades y grupos de todo el país, quienes simultáneamente organizarán múltiples picnics a orillas de los ríos y quebradas de su área de acción. La actividad involucra la participación de vecinos, compañeros, familiares y amigos en los que se busca despertar su interés por la mejora y conservación de ríos y quebradas por medio de distintas acciones. 

¿Cómo participar del Picnic en el Río? El picnic y actividad es gestionada y organizada por cada comunidad o grupo, en el que se deciden aspectos como el lugar, la hora, la duración y las actividades que serán realizadas en beneficio de su río o quebrada. El Equipo de Coordinador de la Jornada Nacional facilitará artes gráficos con la información de cada picnic a cada organizador de la comunidad, de igual forma, dicho Equipo apoyará con la difusión y convocatoria. La información será publicada en las redes sociales, en el “Mapa de Picnics” y en su página de Facebook: https://www.facebook.com/PicnicEnElRioCR/

Adicionalmente realizan algunas recomendaciones para el día de la Jornada: a los organizadores y participantes del picnic se les solicita documentar la actividad y compartirla en las redes de “Picnic en el Río” bajo el hashtag “PicnicEnElRío, #UnidosPorNuestrosPueblos y otro con el nombre de la organización y/o del río o quebrada. Igualmente se les solicita compartir la documentación de la actividad; vídeos y/o fotografías al correo electrónico picnicenelrio.cr@gmail.com y vídeo y audios por medio de WhatsApp al número 8686-8619, esto con el propósito de crear memorias sobre la séptima Jornada.

Aunado a lo anterior comparten información, datos y recomendaciones sobre la organización del picnic: escoger un lugar al lado o cercano al río de la comunidad, llevar comida para compartir, planear las actividades por realizar y registrar el picnic en la página: https://riourbanocr.wixsite.com/info/picnicenelrio, celebrar y realizar la actividad en respeto y armonía a la naturaleza, invitar a familia y amigos a participar del picnic y tomar fotos y vídeos para que estos sean compartidos en redes sociales. 

Otras recomendaciones como ¿qué se debe o puede llevar al picnic? Elementos como bolsas de tela, comida saludable (evitando envolturas plásticas), una manta, pañoleta o petate, vasos, cubiertos y platos propios (evitando utensilios desechables) y tener una buena actitud, junto con muchas ganas de compartir. Y acciones como: portar sombrilla, usar bloqueador solar, ser responsable de sus desechos, cuidar de los miembros que participan, especialmente de los más pequeños de la casa y utilizar un medio ecológico de transporte. 

Se sugieren actividades como: plantar árboles o vegetación endémica de la zona, limpieza de ríos y espacios cercanos, realizar charlas, conversatorios y foros, sensibilizar por medio de la cultura y el arte, explorar el río de la comunidad y colocar rótulos que sensibilicen al resto de la comunidad. 

Para más detalles e información visite la página de “Picnic en el Río”: https://riourbanocr.wixsite.com/info/picnicenelrio

Una vez más, Juzgado de Buenos Aires ordena desalojo judicial contra Pueblo Cabécar de China Kichá

COMUNICADO PÚBLICO

A los Pueblos hermanos.
A los Pueblos del mundo.
Al Estado de Costa Rica.

Jueves 15 de diciembre de 2022. El día de ayer las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica, fueron notificadas de una resolución de sentencia No. 2022000077, de las nueve horas y cincuenta y seis minutos del 14/12/22 por parte del Juzgado Civil, Trabajo y Familia (Materia Agraria) de Buenos Aires de Puntarenas en la que ordena el desalojo judicial de estas familias de su propio Territorio.

El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia; hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena, que fue declarado como propietario de mala fe por par del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) mediante resolución 005-2021 del 26 de abril del 2021 (Exp. RTI-PA-002-2020-China Kichá). Finalmente el 10 de agosto de 2022, Vargas Mata abandonó la casa dentro del terreno recuperado, en la que estaba ingresó y estuvo atrincherado con la complicidad de la Fuerza Pública.

Es la sexta ocasión en la que el Juzgado indicado ordena un desalojo judicial contra familias recuperadoras de tierra – territorio de los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica, 4 en China Kichá, 1 en el Territorio Bribri de Salitre y otra en el Territorio Brörán de Térraba; 5 de estas resoluciones judiciales fueron emitidas por el Juez Jean Carlos Céspedes Mora, quien tiene una relación de parentesco por afinidad con una hija del señor José Luis Chinchilla Astúa, persona no indígena que ocupa ilegalmente tierras en los Territorios de Boruca y Térraba.

La resolución notificada el día de ayer corresponde al proceso interdictal interpuesto por Vargas Mata contra las familias recuperadoras que se conoce bajo el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 y en el Por Tanto se indica: “…se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta. Por ello se declara con lugar en todos sus extremos la presente demanda…En consecuencia se ordena a los demandados restituir al actor el área…Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar…”

Esta sentencia resulta absolutamente contraria y violatoria a lo recientemente resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Resolución N. 2022024725 del 19 de octubre del 2022, expediente 21-017138-007-CO; en la que de manera categórica se reafirma la Jurisprudencia de la Sala Primera sobre el tema; Fernando Castillo, Magistrado de la Sala Constitucional explicó:

“La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe, consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula.”

En este mismo sentido, la resolución del Tribunal Constitucional dicta: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida…Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible…la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico.”

Tomando en consideración lo resuelto por la Sala Constitucional, resulta contrario al ordenamiento jurídico, al derecho de la Constitución, al Bloque de Constitucionalidad y a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, lo resuelto por el Juez Céspedes Mora, ya que otorga derechos inexistentes y absolutamente nulos a una persona no indígena como lo es Vargas Mata, que según la resolución del órgano de control de constitucionalidad sería un poseedor de mala fe, por lo que no le asiste ningún derecho de posesión, ni de propiedad para reclamar dentro del Territorio de Cabécar de China Kichá.

Se le recuerda al Poder Ejecutivo que el 19 de febrero del 2021, mediante resolución 004-2021-DUVE el Ministerio de Seguridad Pública se declaró de vulnerabilidad social el desalojo de las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö, atendiendo en aquella ocasión una orden de desalojo del mismo Juez, resolución 48-2020.

Dicha declaratoria se encuentra vigente, de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social.

Deberán considerar, además, el Poder ejecutivo y el órgano jurisdiccional, las circulares del Consejo Superior del Poder Judicial N. 262-2020 y N.227-2020 sobre la necesidad de evitar desalojos compulsivos y tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las familias recuperadoras.

Las familias recuperadoras junto con su representación judicial presentarán en tiempo y forma la apelación ante la resolución que ordena su desalojo.

Hacemos un llamado a la solidaridad para con las y los recuperadores de Cabécares de Yuwi Senaglö y los Pueblos Originarios.

Exigimos al Estado de Costa Rica que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la tierra – territorio, al acceso a la justicia y la vida e integridad de los Pueblos Originarios.

– Recuperadoras/es Cabécares de China Kichá.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Colegio Indígena Yímba Cájc abre matrícula para el curso lectivo 2023

Uriel Rojas

El Colegio Indígena Yímba Cájc, situado en Rey Curré de Buenos Aires ha anunciado la apertura de matrícula para el curso lectivo 2023.

Las fechas habilitadas será entre los días 15, 16 y 19 de diciembre del año en curso, en el horario diario de 8am a 2pm.

Quienes lo hagan en esta apertura, tendrán la oportunidad de participar en rifas de valiosos paquetes escolares que serán de gran utilidad a los estudiantes en su curso lectivo 2023.

Además, podrán hacer uso gratuito del transporte estudiantil durante los días 15 y 16 únicamente.

Comunicación facilitada por la Dirección del Colegio Indígena Yímba Cájc.

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.