No puedo creer que un ministro de Hacienda, por más cuadrada que sea su cavidad craneana, sea capaz de decir en un solo día dos sandeces de vértigo: el FESS es dar dinero a fondo perdido y las universidades no son capital humano.
Dichas así, a secas, serían para infartar a cualquiera, ¡pero cuando se leen las razones que da para esas afirmaciones, las cosas se ponen peor!, porque miente como un bellaco y pone a las universidades como simples proveedoras de esclavos laborales para la empresa privada, lo que refleja la inmensa pobreza o escasez absoluta de su formación académica.
Por un lado, las universidades trabajan con base en los planes quinquenales discutidos y aprobados por el CONARE y presupuestos liquidados año con año por la Contraloría General de la República, ¿quiere mayor demostración de la magnitud de su repugnante y corrupta mentira?
Por otra parte, las universidades no son vasallas de la empresa privada; ¡están para hacer realidad los sueños de miles de jóvenes!, que, además, no solo deben ser eficientes profesionales, sino seres con criterios humanísticos, que sepan valorar otros aspectos más trascendentes de la existencia. Pero si quiere reducir su criterio a una visión materialista y utilitaria, debería salir de su supina ignorancia y leer las estadísticas mil veces publicadas y que demuestran la altísima graduación de las universidades estatales y su casi total ubicación en el mercado laboral; o la ubicación de más de 80,000 graduados de la UNED en todos los rincones del país.
Nogui Acosta es un simple acosador de las universidades o un sicario de sueños de miles y miles de los dueños de jóvenes costarricenses, actitudes en que lo acompañan tres nefastas figuras de la actual gestión de gobierno, el propio presidente de la República, la ministra de Educación Müller y la catedrática de la mentira Pilar Cisneros.
Dios le permita a Costa Rica, sobrevivir a este tsunami destructivo de la administración Chaves.
El viernes 12 de septiembre se realizó una reunión en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa para discutir los siguientes pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional.
En esta reunión participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y organizaciones y movimientos integrantes del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Se abordaron temas clave sobre el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento a nivel nacional.
¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico.
El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población. Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.
El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.
La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico.
Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:
El pasado 29 de julio Daniela Chaves Matamoros, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Raquel Loría Quesada, presidenta de la FEUNA; Valentina Palacio Mora, presidenta de la FEUCR; María Ortega Zamora, presidenta de la FEUNED; Allison Vargas Molina, representante de la UTN y Francini Mora Chacón, presidenta de la FEITEC, presentaron un recurso de amparo contra el Estado de Costa Rica por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, específicamente por el presupuesto asignado a educación y la vulneración a los derechos fundamentales y humanos que ello implica al no respetar el artículo 78 de nuestra Constitución Política.
Un mes después de la interposición del recurso, 28 de agosto del 2024, la Sala Constitucional emite una resolución sobre el caso presentado. La Sala ordena que se notifique a la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de los hechos alegados por las estudiantes. Se les otorga un plazo de tres días hábiles para dirigirse a lo expresado en el recurso, dejando claro que de no hacerlo y recurrir a un acto de omisión, los mismos serán tomados como ciertos y por ende, dándose con lugar el recurso.
El movimiento estudiantil que presentó el recurso de amparo manifiesta su satisfacción al ver que la Sala Constitucional ya ha emitido una primera resolución donde solicita este pronunciamiento de la ministra de Educación y el ministro de Hacienda. Esto implica que la Sala, en un primer análisis, ha identificado un posible roce entre las acciones del gobierno y lo establecido en la Constitución Política, lo que justifica la necesidad de que las jerarquías de Hacienda y Educación se pronuncien al respecto.
El papel de la educación en el desarrollo nacional.
La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Nuestra nación ha apostado por la educación como la herramienta más poderosa para romper las barreras de la desigualdad y promover el crecimiento económico y social. Invertir en educación no solo es cumplir con un mandato constitucional, sino también asegurar que Costa Rica continúe siendo un referente en la región por su alto nivel de desarrollo humano.
Desfinanciar la educación pública no solo es un ataque contra un derecho constitucional, sino también contra el futuro del país. La historia nos muestra que el progreso de Costa Rica ha estado directamente relacionado con su capacidad de ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Es la inversión en educación la que ha permitido que nuestra sociedad avance y se consolide como una de las más equitativas de América Latina.
Preocupación por la falta de pronunciamiento de los ministros.
La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles a los ministros para que rindieran sus informes, plazo que vence el día 2 de septiembre, a la medianoche. Hasta el momento, hemos estado monitoreando el expediente en línea y no hemos recibido ninguna notificación de que los ministros hayan presentado sus respuestas. Esta falta de pronunciamiento genera incertidumbre y preocupación, pues si los ministros no responden, los hechos alegados podrían considerarse ciertos y la Sala podría resolver el recurso en consecuencia.
El objetivo principal de este comunicado es subrayar que el recurso de amparo ha superado el primer filtro de la Sala Constitucional, lo cual es un paso significativo en la defensa de la educación pública en Costa Rica. Esta admisión indica que la Sala reconoce la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de derechos constitucionales, lo que tiene con necesidad de escuchar las justificaciones del gobierno antes de emitir una resolución final, pero si estas no son presentadas la Sala tomará esta acción como un reconocimiento de aceptación a los hechos denunciados por parte de los ministros.
Presupuesto 2025 y la amenaza a la educación pública
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó recientemente el proyecto de ley del Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario para el año 2025, en el cual el presupuesto destinado a la educación pública es nuevamente inferior al 8% del PIB, situándose en un 4,9%. Aún más alarmante es que este presupuesto propuesto no contempla un ajuste por inflación, lo que en términos reales podría representar una disminución aún mayor en la inversión en educación. Esto no solo contraviene el mandato constitucional que exige un mínimo del 8% del PIB para la educación pública, sino que también pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación para millones de costarricenses.
En declaraciones que nos generan gran preocupación, el Ministro Acosta afirmó que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto diferente, él no ejecutará ningún otro presupuesto que no sea el que presentó en su proyecto de ley. Además, sugirió que aumentar el presupuesto para la educación obligaría al gobierno a recortar fondos de otros sectores esenciales, como seguridad, o programas para adultos mayores. Estas declaraciones son altamente problemáticas y cuestionables desde una perspectiva constitucional y de administración pública.
Las afirmaciones del Ministro Acosta pueden ser interpretadas como una interferencia en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual podría constituir una violación del principio de división de poderes. La Constitución Política de Costa Rica establece claramente la separación de poderes, donde el Poder Legislativo tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional, mientras que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Cualquier intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar o limitar las decisiones del Legislativo puede ser visto como una intromisión indebida en sus funciones y una violación de la autonomía legislativa.
Al declarar que no ejecutará un presupuesto diferente al que él presentó, el Ministro Acosta no solo está desafiando la autoridad del Poder Legislativo, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad del orden constitucional al socavar el proceso democrático de debate y aprobación del presupuesto. Estas declaraciones sugieren una falta de disposición para dialogar y llegar a consensos, lo cual es esencial en una democracia sana.
Más allá de las implicaciones constitucionales, las declaraciones del Ministro revelan una preocupante falta de compromiso con la educación pública, un sector que ha sido clave para el desarrollo de Costa Rica durante más de dos siglos. La educación pública no es un gasto que se pueda reducir sin consecuencias graves; es una inversión esencial en el futuro del país. Al reducir los fondos para la educación, especialmente sin ajustarse por inflación, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y limitar las oportunidades de millones de costarricenses, perpetuando desigualdades y frenando el progreso social y económico.
Un llamado a la acción
Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. La educación ha sido nuestro motor del desarrollo y el principal instrumento para asegurar una sociedad más justa y equitativa. No podemos olvidar que el peor error de una sociedad es dar su democracia por sentado; la democracia nunca puede darse por sentado, porque se construye día a día. Las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y el presupuesto propuesto para el 2025 representan no solo una amenaza a la educación pública, sino también un potencial atentado contra la división de poderes que sustenta nuestra democracia, y por ende, un atentado directo a nuestro sistema democrático.
Como Movimiento Estudiantil, estamos vigilantes de todas las acciones que el gobierno lleve a cabo en relación con este tema tan crucial. Sabemos que la educación no es solo un derecho; es un legado que hemos recibido gracias a las luchas del pasado, luchas que en su momento costaron sangre y vidas. Hoy, defender ese derecho no nos exige sacrificios tan extremos; lo único que requiere es nuestra voluntad firme y decidida. Es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo, para que, al igual que nos fue heredado, podamos entregarlo a las futuras generaciones aún más fortalecido.
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro margen de acción, tanto en el sentido de oportunidades como en el legal, siempre respetando los procedimientos constitucionales, para proteger este derecho. No aceptaremos nada que sea inferior al 8% del PIB destinado a la educación pública, a menos que exista una garantía clara y firme de que se alcanzará ese 8% y que no se volverá a reducir en el futuro. Esta es una línea que no estamos dispuestos a cruzar, porque el futuro de nuestra educación y de nuestro país depende de ello.
Hacemos un llamado a toda la población para que se una a esta vigilancia activa. Invitamos a todos los costarricenses a mantenerse informados, a seguir de cerca cada paso que se dé en relación con el presupuesto de educación, y a exigir transparencia y respeto por los principios constitucionales. La defensa de una educación pública de calidad es una causa que nos concierne a todos, porque está en juego no solo el futuro de nuestra juventud, sino el desarrollo y bienestar de toda la nación.
Este es un momento para la acción y el compromiso. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan nuestra democracia y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Necesitamos, como sociedad, estar unidos y alertas, porque la educación y la democracia no son dádivas; son derechos que debemos proteger y fortalecer continuamente.
“Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer; los derechos de mañana serán el fruto de las luchas que demos hoy.”
El pasado sábado 7 de septiembre se aprobó en todos sus extremos la moción por parte de la Asamblea de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, y se llegó a la siguiente resolución:
Moción para la Asamblea General de CONADECO
Declaración de Apoyo a la Educación Pública como Pilar Fundamental del Desarrollo Nacional
Estimados compañeras y compañeros miembros de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), distinguidos líderes comunitarios, guardianes del progreso y bienestar de nuestras comunidades:
CONSIDERANDO:
Que la educación pública, desde sus cimientos en la enseñanza primaria hasta las cúspides del saber en nuestras universidades estatales, ha sido históricamente el faro que ha guiado a Costa Rica hacia horizontes de prosperidad, equidad y desarrollo humano.
Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), junto con las demás instituciones de educación superior pública, han sido artífices incansables en la formación de generaciones de costarricenses, llevando el conocimiento hasta los rincones más apartados de nuestra geografía, democratizando así el acceso al saber y a las oportunidades.
Que la triada sagrada de la misión universitaria —docencia, investigación y extensión— ha sido el crisol donde se han forjado las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra nación, nutriendo el espíritu innovador y el compromiso social que nos distingue como costarricenses.
Que en el seno de nuestras comunidades, hemos sido testigos directos de cómo la educación pública transforma vidas, eleva aspiraciones y construye puentes hacia un futuro más promisorio para todos.
Que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el presupuesto destinado a la educación pública no representan un gasto, sino la más noble y fructífera inversión que puede hacer un país en su capital humano y en su desarrollo integral.
POR TANTO:
La Asamblea General de CONADECO, en ejercicio de su responsabilidad histórica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las comunidades y el progreso de la nación, acuerda:
Declarar nuestro apoyo incondicional y vehemente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a todas las universidades públicas y al sistema de educación pública costarricense en su conjunto.
Reconocer y exaltar la labor trascendental de estas instituciones como motores de transformación social, pilares de la identidad nacional y garantes de la movilidad social que ha caracterizado a Costa Rica.
Instar a las autoridades gubernamentales y legislativas a considerar el financiamiento de la educación pública, incluyendo el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no como un gasto corriente, sino como la inversión más estratégica y vital para el futuro de nuestra nación.
Hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense a unirse en la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo público, reconociendo en él la clave para construir una Costa Rica más próspera, justa y solidaria.
Emitir una declaración pública que reafirme el compromiso del movimiento comunal costarricense con la educación pública de calidad, como derecho fundamental de las nuevas generaciones y como patrimonio invaluable de todos los costarricenses.
Que esta moción sea un testimonio del espíritu visionario que siempre ha caracterizado a los líderes comunales, quienes, con la sabiduría que da el trabajo cercano a las necesidades del pueblo, reconocen en la educación la semilla de un mejor mañana.
Que nuestras voces se alcen unidas, firmes y claras, en defensa de ese bastión de progreso y equidad que es nuestra educación pública.
¡Por una Costa Rica educada, próspera y solidaria!
La Universidad Nacional (UNA) es un pilar fundamental en la educación superior costarricense, pues le permite a miles de estudiantes acceder a oportunidades académicas que de otra manera no estarían a su alcance. El sistema de becas de la UNA es uno de los más robustos del país, y resulta clave en el proceso de inclusión y movilidad social.
Raquel Loría, una joven socióloga recientemente titulada, es un ejemplo de cómo las becas cambian vidas. Proviene de una zona rural y de una familia de escasos recursos, enfrentó numerosos desafíos para ingresar a la universidad; sin embargo, gracias al apoyo de la UNA, que le otorgó una beca socioeconómica, culminó sus estudios con una formación integral que trasciende lo académico.
En el 2023, la UNA asignó un total de 10.574 becas, de las cuales 8.570 correspondieron a la categoría socioeconómica. Estas becas no solo cubren la matrícula y los créditos académicos, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales que facilitan el proceso educativo de los estudiantes. De los más de 10.000 estudiantes beneficiados en 2024, el 93,2% proviene de colegios públicos y educación abierta, lo que subraya el compromiso de la universidad con la equidad educativa.
Los campus regionales de la UNA han desempeñado un papel crucial en la expansión de estas oportunidades. Los porcentajes de estudiantes becados en campus como Coto (85,9%), Pérez Zeledón (84,1%) y Sarapiquí (81,2%) reflejan el impacto directo de las becas en las regiones fuera del Valle Central, donde la necesidad de apoyo económico es mayor. Asimismo, en la Región Central, campus como Omar Dengo y Benjamín Núñez mantienen coberturas de becas significativas, con un 54% y 40,8% de su población estudiantil beneficiada, respectivamente.
La inversión realizada por la Universidad Nacional en su sistema de becas y beneficios estudiantiles en 2024 asciende a ₡12.244.876.073, uno de los presupuestos más significativos en este rubro. Este esfuerzo no solo asegura el acceso a la educación superior, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para contribuir activamente al progreso social y económico del país.
El testimonio de estudiantes como Raquel Loría demuestra que la educación pública es un motor de cambio en Costa Rica, y abre puertas a un futuro más prometedor y equitativo para todos.
Video:
Para más información comunicarse con la periodista Natalia Salas Gómez a los teléfonos 8873-60-01 22773067.
Posgrados UCR: Investigación propone incorporar educación menstrual en sistema educativo costarricense
La investigación realizada por Ana María Rodríguez Pereira, estudiante de la Maestría Académica en Desarrollo Sostenible del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, plantea la urgente necesidad de incorporar la educación menstrual en los programas educativos del país. Su trabajo final de graduación, titulado «Propuesta de educación menstrual al sistema educativo costarricense», desarrolló una propuesta curricular con el fin de promover el conocimiento y la autonomía corporal de las personas que menstrúan.
La menstruación, un proceso natural y vital para la mitad de la población, ha sido históricamente invisibilizada y rodeada de tabúes en la sociedad costarricense. Esta situación ha generado un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo y las necesidades de quienes menstrúan, perpetuando la violencia y vulneración de derechos.
«No es posible lograr un desarrollo sostenible sin considerar la salud menstrual como un tema de salud pública. En Costa Rica, el derecho a una educación de calidad es vulnerado por el acceso nulo o insuficiente a la educación menstrual», afirma Rodríguez Pereira.
Investigación revela brechas en educación menstrual
El proceso investigativo contempló un diagnóstico de la educación menstrual en programas del Ministerio de Educación Pública (MEP), una consulta a 391 personas sobre conocimientos y experiencias menstruales, y grupos focales con 34 personas de diferentes sectores que brindan esta educación.
Los hallazgos confirman que la experiencia menstrual está marcada por el androcentrismo, la mirada patriarcal sobre los cuerpos de mujeres y personas que menstrúan, el relato construido desde una situación de poder por quienes no menstrúan, y el desconocimiento del cuerpo como violencia histórica.
A partir de las brechas detectadas, Rodríguez propuso una serie de contenidos y metodologías divididos en cuatro módulos: corporalidad de quienes menstrúan, ciclo menstrual y hormonal, productos menstruales, y justicia menstrual. Cada módulo incluye contenidos temáticos, referencias bibliográficas y audiovisuales gratuitas, ejercicios para diferentes ámbitos y recomendaciones para garantizar la dignidad menstrual en centros educativos.
«Dentro de cada módulo hay un contenido temático, referencias que incluyen textos, libros, artículos, videos de acceso gratuito. También tiene ejercicios para la escuela, a nivel individual, familiar y comunitario, para que sea adaptable a la realidad de cada persona», explica la investigadora.
Rodríguez visualiza un futuro con educación menstrual de calidad, donde la menstruación deje de ser un tabú y se garantice el acceso a productos gratuitos y baños dignos en centros educativos. Insta a las autoridades a actuar en su rol de coordinación y generación de contenidos para avanzar en este tema urgente, base para la autonomía corporal y el autoconocimiento.
«Garantizar educación menstrual no es nada difícil, solo es un trabajo pendiente. Existe mucha disposición, pero no siempre hay voluntad o capacidad técnica. Lo que hace falta es que las instituciones y autoridades actuales activen la maquinaria para avanzar en este tema urgente», manifiesta.
Ana espera realizar próximamente una presentación de su investigación a la comunidad que participó y al Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de impulsar la adopción del programa curricular propuesto.
Aporte desde Posgrados UCR
Para la Dra. Flor Jiménez, Decana del Sistema de Estudios de Posgrados, el aporte de la investigación demuestra “la importancia de incorporar contenidos sobre menstruación en las carreras universitarias y en el sistema educativo público. Y como desde Posgrados UCR se aporta con conocimiento al desarrollo social de Costa Rica”.
Para Rodríguez, estudiar en Posgrados UCR ha sido una experiencia transformadora tanto a nivel profesional como personal. «Yo creo que lo describiría como un reto que te permite generar crecimiento en ambos aspectos y lo que más destacaría es el pensamiento crítico que promueve la UCR. La importancia de desarrollar metodologías para pensar de forma propia y utilizar ese conocimiento de manera crítica es invaluable» comentó.
El nombre de la Educación Popular despierta afinidades y antipatías. Su propuesta en muchas ocasiones es presentada como la mera aplicación de técnicas o herramientas didácticas para hacer algo más “interesante”. Si nos atenemos a su lugar y tiempo, se concibe como alguna dimensión de la educación de adultos, es decir procesos formales que se desarrollan fuera del aula y con horarios flexibles. En el mejor de los casos, se observa como una modalidad educativa, como la educación a distancia, entre otras.
Sin embargo, si nos atenemos a su trayectoria histórica, encontramos que la Educación Popular constituye una corriente de pensamiento y acción dentro del campo de las ciencias sociales, principalmente desde las pedagogías críticas. Entonces este enfoque representa una propuesta teórico-práctica siempre en debate y construcción.
Nos encontramos en un contexto complejo, hay una tendencia a la individualización no sólo de los espacios que antes compartíamos de forma colectiva, sino también, los mismos canales de comunicación que usualmente utilizamos, nos fragmentan y re-construyen burbujas en torno a las personas que utilizamos esos medios.
¿Qué tipo de implicaciones tiene esto en nuestra forma de participar y debatir sobre nuestras realidades? ¿Influye esto en la percepción que tenemos de las demás personas? ¿Estamos viviendo al mismo tiempo contextos de sentidos distintos contrapuestos-complementarios entre las personas que habitamos nuestros territorios?
Son parte de las inquietudes que mueven la discusión de este proceso de reflexión, para debatir y problematizar los desafíos que tiene la construcción de propuestas socioeducativas desde la educación popular en estos contextos que nos interpelan hoy.
Para abordar este proceso proponemos trabajar durante las siguientes sesiones
1. ¿Qué es la educación Popular Latinoamericana y Caribeña? 30 de setiembre – 9 am a 12 md 2.Trayectos históricos de la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña. 7 de octubre – 9 am a 12 md 3.¿Qué son los saberes y las prácticas? ¿Qué contextos les acompaña? 17 de octubre – 9 am a 12 md 4. ¿Hacemos técnicas o apoyamos procesos? 21 de octubre- 9 am a 12 md 5.¿Hay algo distinto en todo esto? 28 de octubre – 9 am a 12 md
El 4 de septiembre del 2024 se llevó a cabo un webinario organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Colypro, y el Movimiento Mauro Fernandez, que contó con la participación de varias personas del sector educativo, y se abordó la problemática de desigualdad y el rumbo que está tomando la educación, además, se hicieron recomendaciones para mejorar este factor clave del desarrollo.
Compartimos las respuestas a preguntas y comentarios que se hicieron, información que aporta un valioso análisis del panorama educativo por parte de las panelistas participantes: Karla Salguero Moya, Eleonora Badilla Saxe, Yalile Chan Jimenez, y Silvia Chacón Ramírez.
¿Qué pasa con el papel de las Juntas de Educación en este proceso?, ellos pueden apoyar y colaborar mucho para el éxito de estas iniciativas?
Las Juntas Administrativas de Educación fueron creadas a finales del siglo XIX, para desempeñar un rol de vínculo entre la comunidad y los centros educativos, muy concretamente para dar un apoyo a las instituciones educativas, coordinando programas y gestionando bienes y servicios. Así lo hicieron durante mucho tiempo. Para el 2019 existían 4554 juntas educativas, muchas sin duda, sin embargo, en la actualidad, éstas han perdido su capacidad de ejecución, por diversas razones, algunas ya señaladas por la Contraloría General de la República: una gestión enmarcada en múltiples complejidades, las funciones han crecido y se han especializado, situación que escapa a las capacidades de las juntas; no se contextualizan las diferencias regionales, hay un gran volumen de recursos por manejar, hay debilidad en la fiscalización. En concreto la CGR, señala altos riesgos en la gobernanza y por eso recomienda la revisión del modelo de las juntas. Sabemos de esfuerzos realizados en este sentido desde hace varios años pero que no logran concretar esta urgente revisión. Si creemos que las Juntas de Educación y Administrativas juegan un rol muy importante, porque son las instancias más cercanas a los centros educativos que pueden dar solución necesidades en servicios y recursos, algo que no se puede lograr desde la centralidad del MEP. Pero si coincidimos con la Contraloría en que el modelo original ya no responde al contexto actual y por tanto hay que concretar su revisión de manera pronta. Si es importante agregar, que como toda instancia que gestiona recursos públicos, las Juntas deben regirse por la transparencia y la rendición de cuentas, ante las comunidades, familias, los concejos municipales. A su vez corresponde a estos actores, exigirle cuentas a la Juntas correspondientes.
¿Qué rol juegan los Colegios de Profesionales y Sindicatos del sector educativo, para poder incidir en una reforma pronta y una gobernanza que dignifique el conocimiento y talento humano?
Las organizaciones sindicales siempre han jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ante la coyuntura que enfrenta la educación en este momento, que puede ser definido como la peor crisis de los últimos 80 años, hemos visto cómo estas organizaciones han tenido una voz sensata y fundamentada, pero firme al reclamar una mejor calidad de la educación nacional. Esa es una voz imprescindible en apoyo a los cambios de estrategia y rumbo que requiere el sistema educativo nacional. Por su parte, los Colegios Profesionales pueden continuar ofreciendo espacios seguros para el intercambio de ideas; análisis de propuestas y las reflexiones necesarias para la puesta en práctica de acciones conducentes al mejoramiento de la educación y al bienestar de la población nacional. Pero también es necesario, que, de manera conjunta, esas agrupaciones construyan agendas conjuntas, como en este momento dan muestra, para identificar los temas prioritarios y coadyuvar en una gobernanza que fortalezca la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines.
¿Qué independencia tiene el Consenso Superior de Educación (CSE) para realizar la gestión para la que fue creado dado que en este momento pareciera una dependencia del MEP?
Ampliando la respuesta que dimos durante el Webinario, manifestamos que el CSE tiene un mandato que deriva de la Constitución Política del país, lo cual debería darle de por sí, toda la independencia que requiere. Reiteramos que su conformación, vertical y endogámica, no le permite ser independiente por lo que se requiere una reforma constitucional que garantice que en su seno participen PARES (no representantes), provenientes de una amplia gama de ámbitos de la sociedad costarricense y planetaria, por cuanto la formación de las personas ciudadanas no es materia solo de un sector sino de una visión país. Además, esta reforma debe ser clara en establecer la independencia del CSE, pero también el carácter de transparencia y de rendición de cuentas oportunas, en su gestión.
Se podría pensar en un enfoque de inversión y no de gasto. La regla fiscal aplica a los gastos, pero no a la inversión…
Totalmente de acuerdo. Y no solamente en relación con la regla fiscal. La educación es la mejor inversión de los países en pro del progreso y el bienestar. Y por ello es esencial colocarla como una Política de Estado, cuya inversión debe ser prioritaria, integral y visionaria a largo plazo.
Y hay una brecha enorme dentro de los mismos centros del sistema público. GAM-costa o GAM-escuelas rurales por ejemplo.
Efectivamente, no solamente hay brechas entre los sectores público y privado, sino también entre los públicos, situación que se evidencia dramáticamente en las distintas regiones. Algunas acciones podrían ayudar impactar positivamente estas brechas:
Un cambio en la Gobernanza, que permitiría al menos tener claridad en el nudo gordiano que no deja avanzar los procesos. • Mayor transparencia en la información sobre la situación de los centros educativos. Sin información, la planificación y la toma de decisiones es difícil.
Una contratación por idoneidad que permita a docentes con excelente formación trabajar (en condiciones dignas, eso sí) en centros educativos de zonas rurales para garantizar el nivel educativo.
Revisar la multiplicidad de modalidades en la oferta para primera infancia, primaria, secundaria para jóvenes y adultos que adicionalmente presentan una gran diversidad en la calidad de los servicios y condiciones de infraestructura.
Fundamental, abrir el debate en materia de cobertura, dado que el incremento en centros educativos y la disminución del presupuesto pone en condiciones de iniquidad a los centros educativos.
El 5 de septiembre, el Estado de la Nación organizó el tercer foro de su serie, titulado “Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad”. Este espacio, que contó con la participación de personas expertas del ámbito educativo y social, tuvo como objetivo central promover diálogos informados sobre la creación de un sistema de evaluación educativa que permita mejorar la calidad de la educación en Costa Rica. La apertura del foro estuvo a cargo de Isabel Román Vega, Coordinadora del Informe Estado de la Educación, quien enfatizó la relevancia de estos encuentros para impulsar mejoras concretas en el sistema educativo.
Este foro forma parte de una serie que inició en abril de este año, con un primer encuentro centrado en el análisis del estado de la macroevaluación en Costa Rica, basado en el más reciente Informe del Estado de la Educación. Posteriormente, en junio, se realizó un segundo foro que abordó buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional en materia de evaluación educativa. La continuidad de estos eventos subraya la importancia de mantener un diálogo constante y bien informado entre los actores involucrados.
El evento se dividió en tres partes bien estructuradas:
Parte 1: Presentaciones Iniciales
La primera parte del foro estuvo dedicada a dos presentaciones clave. En la primera, se recordó a los asistentes los principales hallazgos sobre el estado de la macroevaluación en Costa Rica, destacando la necesidad de un sistema de evaluación que no solo mida aprendizajes, sino que utilice los resultados para mejorar la educación. Isabel Román señaló cuatro mensajes cruciales del informe, entre ellos, la falta de un sistema de macroevaluación efectivo y el retroceso significativo en los instrumentos de medición durante la última década, lo que ha deteriorado los aprendizajes de los estudiantes. Además, subrayó que Costa Rica aún está lejos de adoptar las mejores prácticas internacionales en evaluación educativa, lo que limita el uso eficiente de recursos y la toma de decisiones informadas en política educativa.
En la segunda presentación, Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, abordó las posibilidades legales para la creación de un ente evaluador autónomo en Costa Rica. Carvajal expuso que la ley ofrece dos opciones: la creación de un ente descentralizado o una desconcentración administrativa dentro de una entidad pública existente. Sin embargo, su objetivo no fue dictar una conclusión, sino abrir el debate sobre cuál debería ser la naturaleza jurídica de este órgano, destacando la importancia de que cuente con la máxima independencia y robustez técnica para cumplir sus funciones.
Parte 2: Conversatorio
La segunda parte del foro consistió en un conversatorio moderado por Jorge Vargas Cuyel, Director del Estado de la Nación. En este panel participaron figuras clave como la diputada Kattia Rivera, Andrés Fernández del Consejo para la Competitividad, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y Yolanda Rojas, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Superior de Educación durante ocho años. Aunque también se había invitado a Álvaro Artavia, Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación, su ausencia fue notoria debido a compromisos de agenda.
El conversatorio se centró en la creación de una agencia nacional de evaluación educativa y los pasos necesarios para lograr un sistema de macroevaluación de alta calidad en el país. Doña Yolanda Rojas propuso la creación de un órgano dependiente del Consejo Superior de Educación, mientras que Gilda Montero destacó la necesidad de una agencia de evaluación externa, independiente del Ministerio de Educación y con autonomía presupuestaria. Andrés Fernández coincidió en que es fundamental trascender la estructura actual y crear un ente evaluador con mayor independencia.
Los panelistas también discutieron el papel que debería desempeñar el Ministerio de Educación en este nuevo escenario. Yolanda Rojas señaló que el Ministerio debe continuar evaluando su propia gestión, pero que un ente evaluador nacional independiente debería encargarse de las macroevaluaciones. Gilda Montero resaltó la importancia de que el sistema de evaluación incorpore tanto la microevaluación realizada en las aulas como la macroevaluación a nivel nacional, subrayando que ambos procesos están interrelacionados y deben reforzarse mutuamente.
Otro tema relevante que se abordó fue la falta de comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones a los centros educativos, lo que, según los panelistas, limita el impacto positivo que estas evaluaciones podrían tener en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.
Parte 3: Espacio de Preguntas
En la tercera y última parte del foro, se abrió un espacio de preguntas del público, donde se plantearon cuestiones como la relación entre el sistema de evaluación y la certificación de estudiantes, y la necesidad de mejorar la manera en que se comunica y difunden los resultados de la macroevaluación. Gilda Montero, por ejemplo, criticó que actualmente en el sistema educativo costarricense, la única prueba que realmente certifica a los estudiantes es la del bachillerato, a pesar de que han acumulado evaluaciones a lo largo de más de una década de estudio.
También se discutieron posibles reformas al Consejo Superior de Educación, con Kattia Rivera expresando su optimismo sobre un proyecto de ley que ya ha avanzado en la Comisión Especial de Educación. Asimismo, los panelistas compartieron sus propuestas sobre las medidas que consideraban más urgentes para mejorar el sistema de evaluación en Costa Rica de cara al 2026.
El foro concluyó con una reflexión sobre la importancia de continuar trabajando en la creación de un sistema de evaluación educativa que no solo sea robusto y de calidad, sino que también sea capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del país y garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes.
Este foro ofrece una mirada profunda y detallada sobre los desafíos y oportunidades en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa en Costa Rica. Si bien este resumen capta los puntos más destacados del evento, se recomienda ver el video completo para obtener una comprensión más amplia y detallada de las discusiones. Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad
