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Oportunidades para acompañar la educación del país hacia nuevas luces

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El 4 de septiembre del 2024 se llevó a cabo un webinario organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Colypro, y el Movimiento Mauro Fernandez, que contó con la participación de varias personas del sector educativo, y se abordó la problemática de desigualdad y el rumbo que está tomando la educación, además, se hicieron recomendaciones para mejorar este factor clave del desarrollo.

Compartimos las respuestas a preguntas y comentarios que se hicieron, información que aporta un valioso análisis del panorama educativo por parte de las panelistas participantes: Karla Salguero Moya, Eleonora Badilla Saxe, Yalile Chan Jimenez, y Silvia Chacón Ramírez.

  1. ¿Qué pasa con el papel de las Juntas de Educación en este proceso?, ellos pueden apoyar y colaborar mucho para el éxito de estas iniciativas? 

Las Juntas Administrativas de Educación fueron creadas a finales del siglo XIX, para desempeñar un rol de vínculo entre la comunidad y los centros educativos, muy concretamente para dar un apoyo a las instituciones educativas, coordinando programas y gestionando bienes y servicios. Así lo hicieron durante mucho tiempo. Para el 2019 existían 4554 juntas educativas, muchas sin duda, sin embargo, en la actualidad, éstas han perdido su capacidad de ejecución, por diversas razones, algunas ya señaladas por la Contraloría General de la República: una gestión enmarcada en múltiples complejidades, las funciones han crecido y se han especializado, situación que escapa a las capacidades de las juntas; no se contextualizan las diferencias regionales, hay un gran volumen de recursos por manejar, hay debilidad en la fiscalización. En concreto la CGR, señala altos riesgos en la gobernanza y por eso recomienda la revisión del modelo de las juntas. Sabemos de esfuerzos realizados en este sentido desde hace varios años pero que no logran concretar esta urgente revisión. Si creemos que las Juntas de Educación y Administrativas juegan un rol muy importante, porque son las instancias más cercanas a los centros educativos que pueden dar solución necesidades en servicios y recursos, algo que no se puede lograr desde la centralidad del MEP. Pero si coincidimos con la Contraloría en que el modelo original ya no responde al contexto actual y por tanto hay que concretar su revisión de manera pronta. Si es importante agregar, que como toda instancia que gestiona recursos públicos, las Juntas deben regirse por la transparencia y la rendición de cuentas, ante las comunidades, familias, los concejos municipales. A su vez corresponde a estos actores, exigirle cuentas a la Juntas correspondientes. 

  1. ¿Qué rol juegan los Colegios de Profesionales y Sindicatos del sector educativo, para poder incidir en una reforma pronta y una gobernanza que dignifique el conocimiento y talento humano? 

Las organizaciones sindicales siempre han jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ante la coyuntura que enfrenta la educación en este momento, que puede ser definido como la peor crisis de los últimos 80 años, hemos visto cómo estas organizaciones han tenido una voz sensata y fundamentada, pero firme al reclamar una mejor calidad de la educación nacional. Esa es una voz imprescindible en apoyo a los cambios de estrategia y rumbo que requiere el sistema educativo nacional. Por su parte, los Colegios Profesionales pueden continuar ofreciendo espacios seguros para el intercambio de ideas; análisis de propuestas y las reflexiones necesarias para la puesta en práctica de acciones conducentes al mejoramiento de la educación y al bienestar de la población nacional. Pero también es necesario, que, de manera conjunta, esas agrupaciones construyan agendas conjuntas, como en este momento dan muestra, para identificar los temas prioritarios y coadyuvar en una gobernanza que fortalezca la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines.

  1. ¿Qué independencia tiene el Consenso Superior de Educación (CSE) para realizar la gestión para la que fue creado dado que en este momento pareciera una dependencia del MEP?

Ampliando la respuesta que dimos durante el Webinario, manifestamos que el CSE tiene un mandato que deriva de la Constitución Política del país, lo cual debería darle de por sí, toda la independencia que requiere. Reiteramos que su conformación, vertical y endogámica, no le permite ser independiente por lo que se requiere una reforma constitucional que garantice que en su seno participen PARES (no representantes), provenientes de una amplia gama de ámbitos de la sociedad costarricense y planetaria, por cuanto la formación de las personas ciudadanas no es materia solo de un sector sino de una visión país. Además, esta reforma debe ser clara en establecer la independencia del CSE, pero también el carácter de transparencia y de rendición de cuentas oportunas, en su gestión.

  1. Se podría pensar en un enfoque de inversión y no de gasto. La regla fiscal aplica a los gastos, pero no a la inversión…

Totalmente de acuerdo. Y no solamente en relación con la regla fiscal. La educación es la mejor inversión de los países en pro del progreso y el bienestar. Y por ello es esencial colocarla como una Política de Estado, cuya inversión debe ser prioritaria, integral y visionaria a largo plazo.

  1. Y hay una brecha enorme dentro de los mismos centros del sistema público. GAM-costa o GAM-escuelas rurales por ejemplo.

Efectivamente, no solamente hay brechas entre los sectores público y privado, sino también entre los públicos, situación que se evidencia dramáticamente en las distintas regiones. Algunas acciones podrían ayudar impactar positivamente estas brechas: 

  • Un cambio en la Gobernanza, que permitiría al menos tener claridad en el nudo gordiano que no deja avanzar los procesos. • Mayor transparencia en la información sobre la situación de los centros educativos. Sin información, la planificación y la toma de decisiones es difícil.
  • Una contratación por idoneidad que permita a docentes con excelente formación trabajar (en condiciones dignas, eso sí) en centros educativos de zonas rurales para garantizar el nivel educativo. 
  • Revisar la multiplicidad de modalidades en la oferta para primera infancia, primaria, secundaria para jóvenes y adultos que adicionalmente presentan una gran diversidad en la calidad de los servicios y condiciones de infraestructura.
  • Fundamental, abrir el debate en materia de cobertura, dado que el incremento en centros educativos y la disminución del presupuesto pone en condiciones de iniquidad a los centros educativos.

Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa robusto y de calidad

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El 5 de septiembre, el Estado de la Nación organizó el tercer foro de su serie, titulado “Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad”. Este espacio, que contó con la participación de personas expertas del ámbito educativo y social, tuvo como objetivo central promover diálogos informados sobre la creación de un sistema de evaluación educativa que permita mejorar la calidad de la educación en Costa Rica. La apertura del foro estuvo a cargo de Isabel Román Vega, Coordinadora del Informe Estado de la Educación, quien enfatizó la relevancia de estos encuentros para impulsar mejoras concretas en el sistema educativo.

Este foro forma parte de una serie que inició en abril de este año, con un primer encuentro centrado en el análisis del estado de la macroevaluación en Costa Rica, basado en el más reciente Informe del Estado de la Educación. Posteriormente, en junio, se realizó un segundo foro que abordó buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional en materia de evaluación educativa. La continuidad de estos eventos subraya la importancia de mantener un diálogo constante y bien informado entre los actores involucrados.

El evento se dividió en tres partes bien estructuradas:

Parte 1: Presentaciones Iniciales

La primera parte del foro estuvo dedicada a dos presentaciones clave. En la primera, se recordó a los asistentes los principales hallazgos sobre el estado de la macroevaluación en Costa Rica, destacando la necesidad de un sistema de evaluación que no solo mida aprendizajes, sino que utilice los resultados para mejorar la educación. Isabel Román señaló cuatro mensajes cruciales del informe, entre ellos, la falta de un sistema de macroevaluación efectivo y el retroceso significativo en los instrumentos de medición durante la última década, lo que ha deteriorado los aprendizajes de los estudiantes. Además, subrayó que Costa Rica aún está lejos de adoptar las mejores prácticas internacionales en evaluación educativa, lo que limita el uso eficiente de recursos y la toma de decisiones informadas en política educativa.

En la segunda presentación, Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, abordó las posibilidades legales para la creación de un ente evaluador autónomo en Costa Rica. Carvajal expuso que la ley ofrece dos opciones: la creación de un ente descentralizado o una desconcentración administrativa dentro de una entidad pública existente. Sin embargo, su objetivo no fue dictar una conclusión, sino abrir el debate sobre cuál debería ser la naturaleza jurídica de este órgano, destacando la importancia de que cuente con la máxima independencia y robustez técnica para cumplir sus funciones.

Parte 2: Conversatorio

La segunda parte del foro consistió en un conversatorio moderado por Jorge Vargas Cuyel, Director del Estado de la Nación. En este panel participaron figuras clave como la diputada Kattia Rivera, Andrés Fernández del Consejo para la Competitividad, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y Yolanda Rojas, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Superior de Educación durante ocho años. Aunque también se había invitado a Álvaro Artavia, Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación, su ausencia fue notoria debido a compromisos de agenda.

El conversatorio se centró en la creación de una agencia nacional de evaluación educativa y los pasos necesarios para lograr un sistema de macroevaluación de alta calidad en el país. Doña Yolanda Rojas propuso la creación de un órgano dependiente del Consejo Superior de Educación, mientras que Gilda Montero destacó la necesidad de una agencia de evaluación externa, independiente del Ministerio de Educación y con autonomía presupuestaria. Andrés Fernández coincidió en que es fundamental trascender la estructura actual y crear un ente evaluador con mayor independencia.

Los panelistas también discutieron el papel que debería desempeñar el Ministerio de Educación en este nuevo escenario. Yolanda Rojas señaló que el Ministerio debe continuar evaluando su propia gestión, pero que un ente evaluador nacional independiente debería encargarse de las macroevaluaciones. Gilda Montero resaltó la importancia de que el sistema de evaluación incorpore tanto la microevaluación realizada en las aulas como la macroevaluación a nivel nacional, subrayando que ambos procesos están interrelacionados y deben reforzarse mutuamente.

Otro tema relevante que se abordó fue la falta de comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones a los centros educativos, lo que, según los panelistas, limita el impacto positivo que estas evaluaciones podrían tener en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Parte 3: Espacio de Preguntas

En la tercera y última parte del foro, se abrió un espacio de preguntas del público, donde se plantearon cuestiones como la relación entre el sistema de evaluación y la certificación de estudiantes, y la necesidad de mejorar la manera en que se comunica y difunden los resultados de la macroevaluación. Gilda Montero, por ejemplo, criticó que actualmente en el sistema educativo costarricense, la única prueba que realmente certifica a los estudiantes es la del bachillerato, a pesar de que han acumulado evaluaciones a lo largo de más de una década de estudio.

También se discutieron posibles reformas al Consejo Superior de Educación, con Kattia Rivera expresando su optimismo sobre un proyecto de ley que ya ha avanzado en la Comisión Especial de Educación. Asimismo, los panelistas compartieron sus propuestas sobre las medidas que consideraban más urgentes para mejorar el sistema de evaluación en Costa Rica de cara al 2026.

El foro concluyó con una reflexión sobre la importancia de continuar trabajando en la creación de un sistema de evaluación educativa que no solo sea robusto y de calidad, sino que también sea capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del país y garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes.

Este foro ofrece una mirada profunda y detallada sobre los desafíos y oportunidades en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa en Costa Rica. Si bien este resumen capta los puntos más destacados del evento, se recomienda ver el video completo para obtener una comprensión más amplia y detallada de las discusiones.
Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad

8 % ya

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Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Cerca de 650 niños y niñas de las escuelas heredianas vivieron experiencia científica en la UNA

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El objetivo fue celebrar el Día de la niñez Científica y reafirmar el compromiso de la Universidad Nacional con la educación y formación de futuros científicos y científicas del país.

Este 5 de setiembre celebramos el Día de la niñez Científica, bajo el lema construyendo la ciencia del mañana, donde estudiantes de entre 7 y 12 años de las escuelas públicas de San Pablo, Puente Salas, Los Ángeles, la Alfredo Volio y la Rodolfo Peters Schneider visitaron las instalaciones del Fondo de Beneficio Social UNA-SITUN en Santa Lucía de barva de Heredia.

Esta actividad es organizada por el Laboratorio de Didáctica e Innovación de las Ciencias (LADICIEN), y otras unidades académicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional (UNA), que prometen una serie de espacios interactivos diseñados para estimular su curiosidad científica y fomentar el amor por el conocimiento.

“La intención de esta actividad es justamente que los niños puedan disfrutar del despertar de vocaciones científicas a través de la exploración y la vivencia de experiencias científicas en donde juegan y aprenden”, dijo Adriana Zúñiga Meléndez, académica de la Escuela de Ciencias Biológicas. 

El evento se dividió en 17 estaciones que incluían topografía, matemática, robótica, astronomía, física y química. En el «Reino de la Vida», los pequeños disfrutaron de puestos como «Montañas de fuego», «Entre plumas y hullas», «Ecos del pantano», «UNA aventura marina», «El Mundo de los hongos» y «Artrópolis». 

La «Galaxia de los descubrimientos» presentó espacios como «Topoaventura», «Mateaventuras» (MUCYM), «STEM robótica y juegos», «Viajemos al espacio» y «Estacionarte». Estas actividades combinaron educación y entretenimiento al enseñar conceptos de matemática, robótica, y exploración espacial de manera lúdica e interactiva.

En el «Mundo laboratorio de los elementos», los participantes pudieron experimentar con actividades como «El Arcoíris de la química», «El Misterio de la química», «Cuidemos el agua» y el «Taller del reciclador mágico». Esta fue la oportunidad de explorar la química y el ambiente a través de experimentos prácticos y juegos educativos.

Para cerrar la jornada, el «Rincón científico» ofreció un espectáculo dinámico y participativo para dejar una huella científica en cada participante. 

“Este año quisimos incorporar una estación que llamamos En los zapatos de los científicos, en donde le dimos la oportunidad a los niños de tres escuelas, para que nos compartieran sus experiencias sobre el quehacer científico” comentó Zúñiga.

Aaron Durán Araya, tiene 11 años, y estudia sexto año  en la Escuela Manuel Francisco Carrillo. Su idea, cuenta, fue hacer un proyecto donde la tecnología ayudara a contar con un aula inteligente. “Yo descubrí que el uso de Arduinos es fascinante. Estos se utilizan como mini controladores que funcionan de acuerdo con la instrucción programada”. En el futuro, Aaron sueña con estudiar ingeniería en sistemas. 

Para Lucía Añez Zúñiga, quien cursa el quinto grado en la Escuela Adventistas Bilingüe, una de sus mayores preocupaciones es la contaminación del agua. “Yo lo que hice fue un purificador de agua, donde logra eliminar el 99% de las bacterias. Esta no es agua potable pero se puede usar para lavarse las manos, los platos o regar el jardín. 

En esta exposición también participó Samuel Herrera Zúñiga, de la Escuela de Platanares, quien cursa el tercer grado. 

Le invitamos a ver el video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Colegios Humanísticos ejecutan 97% del presupuesto; aseguran que recorte del Gobierno es injustificado

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Ante el recorte económico propuesto por el Gobierno de la República en el Presupuesto Ordinario 2025, el Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses realiza el siguiente pronunciamiento:

El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC), hace de conocimiento público que para el Curso Lectivo 2025, el Gobierno recortó considerablemente el presupuesto institucional con respecto al asignado en el año 2024. Valorando que la ejecución presupuestaria de los cuatro colegios supera el 97% anual, no se justifica el rebajo en el presupuesto para el año 2025, que representa una reducción de ₡ 100 711 322.00.

Los Colegios Humanísticos Costarricenses, año a año, se nutren de estudiantes que buscan oportunidades para mejorar su crecimiento académico de forma integral. Cada alumno asume una carga académica con un alto nivel de calidad educativa, la cual se  desarrolla mediante proyectos, actividades y participaciones, cuyo objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la reflexión y el compromiso para construir un mejor país. Además, se favorece la excelencia en todas las áreas del conocimiento contempladas en los planes de estudio nacionales.

Estos colegios brindan oportunidades de educación con los mejores estándares, principalmente en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde abundan opciones educativas. La afectación presupuestaria a los cuatro colegios (Coto, Heredia, Nicoya y Sarapiquí), arriesga su operatividad normal, limitando el acceso y debilitando los servicios.

A este recorte arbitrario, se suma nuestra preocupación por la calidad de la educación costarricense. Hoy más que nunca, el país requiere fortalecer los espacios de formación integral de la población adolescente. De acuerdo con el Decreto 26436-MEP, Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo en los Colegios Humanísticos Costarricenses: “Los Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC) son por definición instituciones preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional. Estos colegios estimularán la capacidad analítica, crítica, creativa y relacional del ser humano con su realidad cultural y natural”.

El propio MEP reconoce los elementos diferenciadores que sustentan el Sistema de Colegios Humanísticos, abocado a procurar una movilidad social ascendente, a partir de del desarrollo integral del potencial de la población adolescente, formando seres humanos orientados a generar cambios significativos para construir una mejor Costa Rica.

El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no resiste más precarización y debilitamiento. Alzamos  la voz para que se revierta el desmantelamiento de la educación pública en todos los niveles. Las y los jóvenes de este país urgimos servicios educativos de calidad, basta de afectar a las poblaciones más vulnerables, aumentando la brecha social y la desigualdad.

¡Somos el CHC, transformando la formación de nuestra comunidad aprendiente!

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría de los Habitantes: Recortes profundizarían crisis en la educación

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Ante los recortes que realizaría el Ministerio de Hacienda a la educación para el año 2025, la Defensoría de los Habitantes prevé el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, el cual generará seis situaciones que agravarían la crisis en la educación.

Afectaría cuestiones básicas como alcanzar el currículo completo; la falta de inversión deterioraría aún más la infraestructura educativa; podría aumentar el plazo de retraso en el pago de salarios, y un impacto significativo en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes, así como graves problemas que enfrentan las Juntas de Educación y Administrativas por falta de presupuesto para cubrir servicios básicos como agua y luz, por ejemplo.

Esto es parte de la respuesta que remitió la Defensoría a una carta presentada por el sindicato de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM), la cual también fue enviada al mandatario Rodrigo Chaves Robles, a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, donde se expresa que el recorte al presupuesto repercute de manera negativa en cada centro educativo.

La Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a todo lo relacionado con la afectación de los derechos de las personas menores edad, docentes y administrativos. Costa Rica no ha cumplido con lo estipulado por la legislación vigente durante los últimos cinco años. El año en que más se acercó fue 2019, con un 7,8%. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido paulatinamente año tras año, hasta llegar a un 6,1% del PIB en 2023, lo que afecta directamente los Programas de Equidad (alimentación y transporte estudiantil), Educación Inclusiva (Contratación de docentes de apoyo) e Infraestructura Educativa (órdenes sanitarias). Debilita también el presupuesto de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas y, la exclusión estudiantil.

Cabe destacar que, el presupuesto asignado al Programa de Equidad ha experimentado una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con 2022.

Entre el 2018 y 2022, se visualizó un crecimiento de estudiantes que recibieron algún beneficio, pero el declive se observa en el 2023, ya que hubo una disminución de apropiadamente 15.257 niñas, niños, personas adolescentes y adultas, lo que refleja una disminución del -1.5% de la tasa de variación en comparación con el año 2022.

La Defensoría también realiza una investigación estructural relacionada con la problemática en torno a la gestión del talento humano por parte del MEP, situación que afecta los derechos laborales fundamentales de las y los trabajadores de esa institución y, como consecuencia, la trascendental labor que cumplen como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricenses. La Defensoría atiende a personal del MEP que solicita la intervención por la inadecuada gestión y excesiva tardanza, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho. La molestia ante tales problemas –evidente y entendible–, tiene como común denominador la demora extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica efectiva de esos reclamos administrativos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

70 personas en condición vulnerable se graduaron como técnicos en la UNA

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Gracias a una alianza entre municipalidades, cámaras empresariales y la UNA, 70 personas en situación de pobreza o baja escolaridad obtuvieron su título técnico en áreas clave como salud ocupacional y gestión de calidad. Esta formación, que les brinda nuevas oportunidades laborales, es un paso importante hacia un futuro con más empleo y bienestar en la región

Gracias a la alianza entre las municipalidades y cámaras empresariales de la zona de Occidente del país junto con la Universidad Nacional (UNA), este viernes 30 de agosto, 70 personas en condición de pobreza o baja escolaridad, obtuvieron su título de formación técnica  en las áreas de salud ocupacional, confirmación metrológica, procesos productivos y gestión de calidad.

“Hoy celebramos no solo la culminación de un curso, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado que con empeño y determinación se puede alcanzar cualquier meta. En lo personal se me abren puertas para seguir creciendo dentro de la empresa donde trabajo o para seguir estudiando. Esta es una rama que no conocía y me emocionó mucho estudiarla”, dijo Alejandro Mejía, oriundo de San Ramón, quien fue el primer promedio del técnico en Procesos productivos.

Kimberly Venegas se graduó en un colegio técnico de Palmares, y tiene la esperanza de que las zonas francas, puedan traer más empleo a su cantón. “Este título genera más oportunidades para emplearse. El técnico en Salud ocupacional, que consiste básicamente en la seguridad del trabajador, me abre las puertas a un trabajo donde se valide ese título para un mejor futuro”.

Gracias a esta alianza entre la UNA y las cámaras empresariales, se otorgaron becas del 100% a estudiantes de colegios técnicos, quienes durante 10 meses fueron parte del sistema de educación permanente de la UNA. “Quiero felicitar a este grupo de muchachas y muchachos de Occidente, de los cantones de Grecia, de Poás, de Sarchí, de Naranjo, de Salsero, de Palmares y de San Ramón, que hoy culminan exitosamente este proceso. Es importante resaltar que el conocimiento constituye hoy en día la principal base del ejercicio de la ciudadanía, de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos, de la innovación y el emprendedurismo, y por supuesto del bienestar y calidad de vida de las personas y de la sociedad como un todo. Tener acceso al conocimiento brinda oportunidades de participar en la vida económica, social y cultural, aumenta las posibilidades de integración social y sobre todo incrementa las posibilidades de mejorar la empleabilidad”, comentó Francisco Bogantes, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Grecia.

En Grecia, se construyen parques empresariales que se espera, generen cerca de 40 mil empleos cada uno en los próximos años. “Nosotros hemos creído en ese futuro, de tal forma que estamos generando las condiciones para la empleabilidad, para los encadenamientos productivos con nuestras empresas locales desde San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia”, continuó Bogantes.

Francisco González, rector de la UNA, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado. “A pesar de que la oferta de la UNA no es estrictamente la formación de técnicos, sí reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones de empleo de las personas que tienen menos condiciones, y la vinculación y coordinación con los sectores productivos y los sectores empresariales. Por esta razón es que ya hace un año nos planteamos como propósito poder generar una iniciativa que se articulara al Ministerio de Educación Pública, para brindarle a estudiantes que estuvieran en los últimos años de su formación técnica, una oferta del marco del marco nacional de cualificaciones”.

Para este 2024 la UNA ofrece una serie de técnicos orientados a una concepción de educación no formal que permite capacitar a los adultos y jóvenes en diferentes áreas laborales obteniendo habilidades y competencias poro desarrollarse en el mercado laboral y también por tener un crecimiento personal y de empleabilidad.

La oferta, gestionada por la Oficina de Transferencia y Conocimiento y Vinculación Externa, incluye además formación técnica en:  Administración de Pymes, Gestión y desarrollo de emprendimientos, Desarrollo local y género, Desarrollo de software y aplicaciones, Plantas medicinales, Gestión de olores, y Desarrollo agroecológico y socioproductivo, entre otros.

Video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Más de 20 escuelas y colegios que son patrimonio histórico requieren reparaciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Defensoría, urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.

Cabe aclarar que, de estos 24 centros educativos, tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.

Para esta Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud, por lo que el lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense.

La Defensoría de los Habitantes considera que el funcionamiento de varios centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios y órdenes sanitarias giradas por diferentes aspectos, como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a la salud de los docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.

Si bien es cierto, estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utilizan. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas.

Acciones pendientes

Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados; estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se ha atendido los problemas en inmuebles declarados que ha considerado prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se le ha dado asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas. Además, indicó que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.

Pero esta Defensoría considera de gran relevancia que, se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones. Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada. Asimismo, se recomienda a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.

Centros educativos con declaratoria de patrimonio con orden sanitaria pendiente

Inmueble

Provincia

Uso

Escuela de Hacienda Vieja de Orotina

Alajuela

Escuela

Escuela de Pedroso de Pérez Zeledón

San José

Escuela

Escuela Cecilio Lindo Morales (Juan Viñas)

Cartago

Escuela

Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Isidro de El Guarco)

Cartago

Escuela

Escuela Jenaro Bonilla (Turrialba)

Cartago

Escuela

Escuela Andrés Briceño

Guanacaste

Escuela

Escuela Ascensión Esquivel Ibarra (Liberia)

Guanacaste

Escuela

Escuela de Bolsón (Santa Cruz)

Guanacaste

Escuela

Escuela José María Calderón Mayorga

Guanacaste

Escuela

Escuela Luis Léipold Herbert

Guanacaste

Escuela

Escuela José Carlos Umaña (Central de Atenas) 

Alajuela

Escuela

Edificio antiguo de la Escuela Manuel del Pilar

Heredia

Escuela

Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez

Heredia

Escuela

Escuela José Martí

Heredia

Escuela

Liceo de Heredia

Heredia

Colegio

Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres)

Limón

Escuela

Escuela Tomás Guardia (Limón)

Limón

Escuela

Escuela Dr. Ferraz

San José

Escuela

Escuela Mauro Fernández

San José

Escuela

Escuela Pilar Jiménez

San José

Escuela

Escuela República de Argentina, Barrio México

San José

Escuela

Escuela República de Chile

San José

Escuela

Liceo José María Castro Madriz

San José

Colegio

Parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell

San José

Escuela

 

De patentes y universidades públicas

Escrito en . Publicado en Educación.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.

¿Qué son las patentes?

Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?

El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.

¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?

No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.

Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.

Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.

Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.

A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado

Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.

En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.

¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.

Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.

Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.

En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.

Conclusión

Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.

El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.

Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.

*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.

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