El viernes 12 de septiembre, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se llevó a cabo una importante reunión para discutir los próximos pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional. La actividad contó con la participación de integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como representantes de organizaciones y movimientos que forman parte del Pacto. Durante la reunión se abordaron temas clave relacionados con el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento en el ámbito nacional.
María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, resaltó la importancia de la actividad como un espacio para compartir los avances logrados desde la movilización y enfatizó que la lucha por la educación sigue vigente. Ortega destacó que, aunque la marcha ya pasó, el compromiso de las organizaciones sigue firme en la defensa de la educación pública.
Por su parte, Juliana Navarro, vicepresidenta de la FEUNED, subrayó la relevancia de continuar fortaleciendo los enlaces entre las distintas organizaciones y sectores. Señaló que la lucha por la educación pública es un esfuerzo colectivo, que requiere la participación y el trabajo conjunto de todos y todas.
Se habló sobre la importancia esencial de la educación como mecanismo de cohesión social y construcción de identidad ciudadana. Esta participante mencionó que durante la reunión se tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y que el enfoque principal fue la necesidad de seguir destacando la educación como un tema prioritario en la agenda pública. Asimismo, se consideró positivo no solo el nivel de convocatoria, sino también la apertura hacia el fortalecimiento del presupuesto destinado a la educación.
Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, comentó que la actividad realizada en la Asamblea Legislativa permitió un foro de discusión y análisis sobre los desafíos que enfrenta la educación en el país. Señaló que diversos sectores sociales y productivos se unieron para reflexionar sobre cómo avanzar y definir el Pacto Nacional por la Educación Pública, considerando este pacto como un vehículo para trazar una verdadera ruta hacia la solución de los problemas que enfrenta la educación en Costa Rica.
Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y asesora del proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública explicó que ese día comenzó formalmente el proceso de consulta ciudadana, un espacio para la participación de diversos sectores sociales y productivos en diálogo y coordinación con la Asamblea Legislativa. Este proceso tiene como objetivo determinar, en un plazo de 45 días, el presupuesto nacional que incluirá el financiamiento destinado a la educación pública.
Allison Quintanilla Hernández subrayó que Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de las últimas cuatro décadas, y que por ello las organizaciones sociales y productivas han trabajado en alianza y coordinación por más de un año para fortalecer no solo el presupuesto, sino también el modelo de desarrollo y educación que el país necesita. Este modelo debe enfocarse en la universalidad, calidad y respeto a los derechos humanos. Además, expresó que las expectativas de las organizaciones son elevadas, y que no se prevé un escenario en el que la Asamblea Legislativa se desentienda del proceso o niegue la aprobación de un presupuesto mínimo para la educación pública, lo cual sería desastroso para el país.
Finalmente, Allison Quintanilla Hernández hizo un llamado a la sociedad costarricense, incluidos padres y madres de familia, sindicatos, movimientos sociales, sectores productivos y religiosos, a unirse en una conversación nacional por el bien común. Subrayó que esta lucha trasciende ideologías partidarias o intereses gremiales, ya que lo que está en juego es el futuro de la educación pública en Costa Rica.