La población reciente de Yímba Cájc o Rey Curré se inicia a principios del siglo XX y a mediados de dicho siglo se empieza a dar la separación de su territorio que hoy posee, ya que dependía política y territorialmente de Boruca.
En 1956 se esfuerzan por construir su primera escuela. Inicialmente fue un rancho, con techo de palma y piso de tierra y empezaron las clases.
Luego construyeron una escuela de madera con piso elevado sobre pilotes cuya altura superaba los 80 cm de altura. Tenía tres divisiones, (dos aulas y una cocina), un corredor daba a la puerta de cada recinto.
Sin embargo, una de las crecientes del río Térraba afectó esta escuela y en 1956 se tuvo que trasladar a la parte alta del poblado.
La segunda escuela se construyó al costado Sur del lugar en donde está el Salón Comunal de Curré, y estaba constituido por tres aulas. Techo de zinc, piso de cemento y paredes de madera sin ventana, pero con áreas ventiladas, esta escuela estuvo operando por cuarenta años hasta que se construyó la tercera escuela.
Su tercera escuela se va a construir en 1997. Las primeras aulas se construyeron gracias al aporte de los Países Bajos, en coordinación con la Asociación Regional Aborigen del Dikés (ARADIQUES) y la Junta de Educación de la Escuela Indígena de Curré.
Escuela actual muestra avances en el mejoramiento de su infraestructura física
Tras muchas horas de trabajo, la Junta de Educación en conjunto con la Dirección de la Escuela Indígena Rey Curré ha presentado múltiples avances en el mejoramiento de su infraestructura física, atendiendo necesidades prioritarias en beneficio de la comunidad estudiantil.
Este centro educativo ha logrado grandes avances en el mejoramiento de su infraestructura física, cuenta con un adecuado salón comedor y gimnasio disponibles para las actividades recreativas tanto a nivel escolar como a nivel comunitario, aulas para todos los niveles decoradas, porquerizas bien atendidas según normas del Ministerio de Salud y hasta huertas donde cultivan productos locales.
En los últimos meses, la Dirección de este centro educativo en conjunto con la Junta de Educación han logrado atender casos urgentes como áreas con riesgo de deslizamientos, mejoras en las bodegas, construcción de servicios sanitarios externos para visitas, así como adquirir los materiales y el área donde se construirá la Dirección del centro educativo, entre múltiples tareas atendidas y por atender.
Otro de los grandes proyectos es la elaboración de un mural a la llegada de la escuela en donde se plasmará diferentes elementos que confluyen en el Juego de los Diablitos, la tradición cultural de mayor arraigo en esta población indígena.
El autor de esta mega obra artística es José Eusebio Lázaro Ortiz, un personaje local muy diestro en este campo y dicho mural representa un importante segmento en el extenso bagaje histórico que posee Yímba Cájc. Los padres de familia de este centro educativo se muestran muy satisfechos con estas mejoras a nivel institucional lo cual contribuye en el bienestar integral de la comunidad estudiantil y también del personal docente y administrativo.
Nuestras aulas están siendo inundadas de frustración, desánimo, sufrimiento.
Políticas gubernamentales golpean becas, transporte estudiantil, infraestructura, financiamiento, con una tendencia a abandonar la educación del pueblo.
La marcha del 23 de junio es un acto valiente. Indudablemente que habrá temor, pero no es una marcha por los educadores. Será una acción de coraje por el bienestar de la niñez, de la juventud y sus familias.
Es una marcha que deberá iniciar su movimiento desde cada escuela, colegio, hogar, como una marea creciendo, imbatible, por la vida, por el derecho a la educación.
Tiempo de dignidad, tiempo de lucha, tiempo de unidad.
Un futuro gris para Costa Rica se vislumbra a partir del desdén que exhibe el gobierno ante las necesidades educativas.
Con un ministro de Hacienda «ahorrando» en educación, y una ministra de Educación sometida a tales políticas, no se sigue una ruta clara por la cual han de caminar nuestros niños y adolescentes.
Así, ellos son víctimas de un sistema que les niega la adquisición de habilidades, que van desde la capacidad para resolver problemas, hasta la comunicación inteligente, pasando por el poco desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que les permita crecer.
El resultado es una inteligencia limitada y por ende, escasa capacidad intelectual.
Fracasa la sociedad, fracasan los individuos, se tropieza el desarrollo, baja significativamente la calidad de vida, se condena a la juventud y los gobernantes siguen cual si todo estuviera bien.
Los estudiantes mantienen la posición de que “¡La educación no es un negocio, es un derecho!” y es importante respetar el presupuesto asignado que establece la Constitución Política en el artículo 78.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), expusieron su posición en salvaguardar y respetar la disposición constitucional de destinar en el presupuesto nacional un 8% del PIB a la educación pública.
Los estudiantes manifestaron su preocupación que para el 2023, el presupuesto en educación sea el más bajo de los últimos 9 años con un 5.3% del PIB; esta acción presupuestaria se ha visto reflejada en afectaciones directas a los programas sociales propios del Ministerio de Educación Pública, como los comedores estudiantiles, el transporte para estudiantes, apoyos técnicos, entre otros.
En la actividad realizada en la Sala de prensa de la Asamblea Legislativa, participaron Marco Zúñiga y Clareth Calderón (presidente y secretaria general de la FEUNA), Karen Marín y Valeria Bolaños (presidenta y representante ante Consejo Universitario de la FEUCR), Rasheed Silva y Luis Barrantes, del Movimiento Estudiantil de Educación Secundaria (MEDSE), y Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Para Zúñiga, presidente FEUNA, la crisis que atravesamos es estructural y sistemática, el Estado Social de Derecho que alguna vez construyó este país se encuentra en una crisis profunda, misma que puede volverse inmanejable si el país invierte cada vez menos en educación, en los programas de atención social y en el fortalecimiento de instituciones las públicas.
También, se destacó el papel que ha jugado históricamente la Educación Pública en nuestro país, siendo un pilar fundamental en el desarrollo humano y la movilidad social, así como un motor para reducir brechas y desigualdades sociales, la violencia y la pobreza.
Díaz, presidente del SEC, respaldó el sentir de los estudiantes en defender el presupuesto nacional que corresponde, además criticó que en la actual crisis que vivimos se hizo un recorte adicional de ₡3.100 millones para seguridad, por lo que esta negociación del FEES debe hacerse como se debe y no tener que recurrir a otras acciones.
“Defender la educación pública, es defender las herramientas para la igualdad social, es defender una vida más digna para todas las personas, es combatir las desigualdades sociales, económicas, de género, que estamos viviendo en este contexto. La educación es la única herramienta que tenemos como país, para el desarrollo y para lograr salir adelante frente a esta y cualquier otra crisis que atravesemos”, indicó Calderón, secretaria general FEUNA.
Asimismo, Marín, presidenta de la FEUCR y representante estudiantil en la comisión de enlace de negociación del FEES 2024, dejó muy claro que se debe dejar de jugar con el presente y el futuro de millones de personas que pasan por el sistema educativo público. “Comprométanse con la atención de las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, que esta crisis no la pague la educación, que no sea utilizada como un negocio ni una mercancía, es un derecho que defendemos y seguiremos defendiendo”, concluyó.
Desde las federaciones para la negociación del FEES 2024 se establece y mantendrá el rol en la participación durante la negociación bajo los siguientes puntos:
Exclusión de las Universidades Públicas y a toda la educación pública de la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635.
Generar un compromiso de fijar como una meta de inversión en educación para los próximos tres años, un porcentaje escalonado lo más cercano al 8% según lo dicta el artículo 78 de la Constitución Política, así como generar los mecanismos para alcanzarla para que consecuentemente no haya un detrimento en el porcentaje de inversión en educación, como ha sucedido en los últimos siete años.
Eliminación de los indicadores impuestos a las Universidades por el Gobierno de la República, pues estos indicadores pueden violentar la autonomía de las universidades. Por el contrario, garantizar las herramientas para que las instituciones de educación superior pública puedan cumplir y fortalecer sus propias metas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
Construcción de un acuerdo de agenda común entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Públicas para la atención de la crisis educativa a partir del diálogo y acuerdos multisectoriales.
Respetar, fortalecer y dignificar a las personas trabajadoras del sector educativo. Exigimos que se cumpla la primera de reducir las cargas laborales, un aumento real al salario que responda al costo de vida, y que se elimine el “salario global transitorio”.
Establecimiento de una base de presupuesto de negociación para el FEES 2024 que sea del FEES 2023 + 1% por reconocimiento de inflación pendiente del acuerdo realizado en el año 2022.
Un crecimiento en términos reales del presupuesto del FEES que sea mayor al dotado para el año 2023, según lo dicta el artículo 85 constitucional.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Este viernes 02 de junio comienza el proceso de negociación con el Gobierno de República para negociar el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Al respecto, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, menciona como esta negociación será trascendental, para defender el derecho a la educación, asimismo hace un llamado a que dicho proceso de negociación se realice de manera transparente, informada, responsable y oportuna, en el enlace adjunto pueden escuchar el mensaje completo: https://fb.watch/kTHMGEWUce/?mibextid=j8LeHn
El Mideplan invirtió unos 475 millones de colones solo en la evaluación de 15 políticas públicas y programas, entre el 2019 y el 2022. Este monto y las ganancias que se podrían obtener de la correcta implementación de estas políticas y programas podrían estar en riesgo al aplicarse las evaluaciones de forma inadecuada. Foto libre de derechos por Nasim Nadjafi / Pixabay, UCR
El país podría desaprovechar cientos de millones de colones por estas inconsistencias
Las fallas en la creación y en el uso de herramientas de control perjudican la supervisión de políticas públicas.
El Estado está compuesto por muchas entidades que tienen sus propios programas cuyo fin es organizar sus servicios, promover el desarrollo y, en términos muy generales, hacer que el país avance.
El Monitor OCDE llegó a esta conclusión tras una revisión de 26 informes de evaluación concluidos y con acceso público, que a su vez identificaron más de 510 recomendaciones, 105 acciones y 47 categorías para instituciones públicas. Tras este análisis, se determinó que un 86,3 % de las recomendaciones se concentran solo en el control de la gestión o en el ciclo corto de la intervención, es decir, en temas de presupuesto, procedimientos de trabajo y necesidades de capacitación.
En cambio, únicamente el 12,5 % trató el cumplimiento de las metas de los programas, lo que deja un reducido 1,2 % de las recomendaciones para la toma de decisiones estratégicas, objetivo final que, se supone, debería cumplir toda evaluación estatal.
En gráficos, estos son algunos parámetros analizados por el Monitor OCDE para calificar los instrumentos utilizados por Mideplan en sus evaluaciones, así como el grado de conocimiento de los diferentes actores que participan de estos procesos.
La evaluación de programas y su verdadera utilidad
La más reciente Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, contempla 15 intervenciones a programas estatales de diversa índole, desde el 2019. De estos, 14 fueron calificados en el cumplimiento de sus metas con una nota superior al 87,5 % y 11 de ellos incluso obtuvieron la totalidad de metas cumplidas al 2022. En todos ellos, ese ministerio invirtió una suma de 785 mil dólares (unos 475 millones de colones al tipo de cambio de este martes).
Cabe aclarar que cada una de estas evaluaciones tiene tres partes que la integran: Mideplan encabeza con un equipo supervisor del proceso, un equipo de la institución contraparte que va a ser evaluada y también un equipo evaluador externo (donde en algunas ocasiones, la UCR ha sido la entidad contratada).
Además, algunos de estos análisis no aportan mayor información sobre el aprovechamiento de las evaluaciones para futuros estudios. En otras palabras, los resultados de esas evaluaciones no están dirigidos a la toma de decisiones estratégicas, por lo que no producen cambios en el diseño de los programas públicos y, por lo tanto, los problemas siguen sin resolverse.
Según Mora, Mideplan ha fallado a la hora de indagar si existe la suficiente información o los insumos en las instituciones para responder a estos instrumentos evaluativos, así como las características de los temas a analizar (por ejemplo, de dónde sale el problema que afecta a una entidad, por qué es un problema y para quiénes es un problema), lo que da al traste con la inversión de tiempo y recursos empleados en las herramientas para la revisión de los programas, aunque – según el Ministerio – estas mediciones culminen con éxito.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las debilidades en los instrumentos de evaluación generados por Mideplan
Y ¿por qué ocurre este “corto circuito” entre lo que se espera de los programas y lo que se obtiene? Las causas son varias, pero todas tienen que ver con el proceso de evaluación, desde la formulación de la herramienta de testeo hasta los resultados obtenidos y su utilidad real.
Mora comentó que las evaluaciones tienen varios factores adicionales que les impiden dar mejores frutos: por un lado, los escasos recursos de las entidades para aplicarlas de forma correcta; por otro lado, la falta de capacitación del funcionariado que ofrece el servicio; y a esto hay que agregar el desconocimiento de los instrumentos y las herramientas metodológicas por parte de las personas que son evaluadas, así como una limitada comunicación de los resultados y los beneficios que la ciudadanía podría obtener gracias a estos programas.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: las razones que impiden una correcta evaluación de los programas estatales
Todos estos factores hacen que, muchas veces, el equipo evaluador del Mideplan deba reestructurar el instrumento de evaluación, así como la información histórica, para crear un instrumento que sea realmente efectivo. Pero en estos “remiendos” se pierde tiempo y dinero no solo del proceso en sí, sino (y, sobre todo) del efecto positivo que debería generar el programa o proyecto estatal
Según explica el coordinador del Monitor OCDE, este desperdicio de recursos, logística y tiempo es muy preocupante, pues los resultados de estas evaluaciones se quedan en el camino sin poder explotarse más, lo que también imposibilita a las autoridades tomar la mejor decisión sobre qué hacer con estos programas.
Esteban Mora, coordinador del Monitor OCDE: es arriesgado tomar decisiones con los errores presentes durante la confección de las evaluaciones
Si bien todo este problema puede parecer muy técnico y lejano de la vivencia de cada hogar costarricense, la realidad es que afecta a cada persona que vive en este país, ya sea porque la población no recibe el beneficio de estos programas de forma óptima o porque se está desaprovechando la inversión que se hace en ellos.
Por eso es que, según Mora, corregir este tipo de errores es esencial para que las evaluaciones permitan generar un aprendizaje en las diversas entidades evaluadas, crear conciencia ciudadana y propiciar una mejora continua de los procesos y servicios: «esto es parte de los aprendizajes que el propio CICAP ha tenido como parte de varios procesos evaluativos a nivel nacional. Por eso es que ejecutamos esta la investigación y compartimos los resultados con Mideplan y con la Plataforma Nacional de Evaluación», afirmó el investigador.
La Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, ejemplo de un programa sin evaluar
Para ilustrar de forma más aterrizada cómo están afectando los errores o las omisiones de Mideplan a los programas y proyectos que deberían beneficiar a la población, el coordinador del Monitor OCDE el caso de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017 – 2030, que ha sido impulsada a través de directrices de la OCDE.
En palabras resumidas, esta pretende que las empresas dispongan parte de sus bienes, servicios y réditos para el aprovechamiento de un proyecto de derechos humanos, medioambiente o de cualquier intervención social o económica en beneficio de las comunidades o de algunos sectores del país.
A falta de la incorporación de esta política en la Agenda Nacional de Evaluación, que coordina Mideplan, recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debió solicitar a la OCDE un diagnóstico para determinar sus efectos y alcances, pues esta cartera intuía que el país tenía mucho por mejorar en la aplicación de esta política.
Y efectivamente, así fue. La OCDE halló que esta iniciativa alcanza solo al 70 % de todas las grandes empresas del país, que en conjunto son el 2,5 % del total de negocios en Costa Rica. El restante 97,5 % son micro, pequeñas o medianas empresas, que no están insertas dentro de esta política. Con esta información, el MEIC podría restructurar la forma como está aplicando esta política, para que tenga mayor impacto social en beneficio del país.
En buena teoría, estos resultados debieron provenir de una evaluación realizada por Mideplan, algo que no está haciendo y que afecta de forma significativa el desarrollo social y los beneficios que podría estar recibiendo la población. Si se considera que este ministerio es cocreador de esta política, el problema se vuelve aún más obvio. En palabras de Mora: “una buena política pública nace para ser evaluada”.
Los programas y proyectos públicos de la Agenda Nacional de Evaluación
Estas son las 15 iniciativas que han sido intervenidas por el Mideplan entre el 2019 y el 2021, en la Etapa III de la Agenda Nacional de Evaluación. Las herramientas utilizadas para medir su efecto en algunas de ellas han sido puestas en duda por el Monitor OCDE:
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad 2013-20212
Vacunación contra el Papiloma Humano
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020
Estrategia “Construyendo Puentes y Sinergias”
Cooperación Internacional en Biodiversidad y Cambio Climático
Programa DESCUBRE
Promoción de la Autonomía Personal de la Personas con Discapacidad
Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria
Banca para el Desarrollo
Carretera Cañas-Barranca
Mercado Regional Mayorista Región Chorotega
Estrategia Sembremos Seguridad
Programa de atención déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Programa Centros Cívicos por la Paz
Los resultados de esta investigación de la UCR coinciden con los de las metaevaluaciones (las revisiones de las evaluaciones) contratadas por el propio Mideplan. Estos análisis también identificaron vacíos relacionados con la participación de otros actores, las partes interesadas, la forma en que se diseñan los términos de referencia y el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
La UCR reconoce que las artes contribuyen a generar espacios apropiados para analizar y entender la vida de las personas y de la sociedad en la que se desarrollan. (Imagen con fines ilustrativos. Orquesta de Cámara de la UCR. Anel Sancho-OCI)
Alejandra Amador Salazar, Periodista
La Universidad de Costa Rica manifestó una profunda preocupación y solidaridad ante un eventual y desmedido recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual limitaría el acceso a las diversas prácticas culturales en el país.
Así lo hizo saber mediante un Pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario la mañana de este viernes, en el cual esta casa de estudios superiores también hizo un llamado al Gobierno de la República para que mantenga y fortalezca el presupuesto para el funcionamiento de todas las dependencias adscritas a dicho Ministerio.
La preocupación de la UCR surge a raíz del comunicado emitido por el Gobierno el pasado 9 de mayo, en el cual se informa que para el año 2024, el Ministerio de Cultura y Juventud tendría un rebajo en su presupuesto del 8,4% equivalente a ₡4.099.345.414.
Para la Universidad este escenario es inquietante, debido al impacto que tendría en la gestión y ejecución de los proyectos principales del Ministerio, así como las repercusiones que estas acciones podrían ocasionar en el funcionamiento de los programas y órganos desconcentrados, que inclusive se presume podría desencadenar en el cierre técnico de algunos de ellos.
El Consejo Universitario reconoció que el Ministerio de Cultura y Juventud ha sufrido recortes presupuestarios importantes en la última década, pasando de un 1,2% del producto interno bruto (PIB) en 1990, a un 0,1% en 2020, justificados en reducciones del aparato estatal y el gasto público, amparados en un modelo neoliberal.
Ante esta situación, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el fortalecimiento de las artes y reconoció la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Asimismo, destacó que la cultura es un componente esencial para gestar una convivencia centrada en la equidad, la solidaridad, el bienestar colectivo y el respeto; por lo que considera que en lugar de debilitarla, se deben buscar los mecanismos que permitan fortalecer los programas, proyectos y actividades que se encuentran a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica, y la Comisión Inter-institucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizados de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, manifiestan su profunda preocupación y rechazo ante el cese del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación (PRONIE-MEP), a la vez hacen un llamado de atención sobre las razones esgrimidas para ello.
El acuerdo, tomado por el Consejo Superior de Educación, y anunciado por la Sra. Ministra Katharina Müller en una conferencia de prensa, deja sin efecto del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), sin que se hayan propuesto medidas alternativas para continuar propiciando el alfabetismo computacional de nuestro estudiantado, causándole así un perjuicio en contra de sus intereses educativos, sobre todo considerando la importancia fundamental de las competencias en informática educativa para el desarrollo de las personas en las sociedades actuales.
Las consecuencias nefastas de estas decisiones han sido ampliamente expresadas por diferentes grupos, y nuestro colectivo desea sumar una preocupación más, la del uso engañoso y malintencionado que hace el MEP, en la persona de su ministra, de los resultados de una evaluación, para justificar el cese del PRONIE. Esta decisión, ha dicho la ministra, estuvo sustentada en los resultados negativos de evaluaciones realizadas por parte de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la Contraloría General de la República. Sin embargo, ambas entidades han aclarado públicamente que reconocen los logros del PRONIE y recomiendan medidas para su mejor desarrollo. Es más, en la evaluación ejecutada por FLACSO, las personas estudiantes realizaron pruebas sobre los aprendizajes esperados, y con estos datos se generó evidencia, por medio de modelos estadísticos, para afirmar que, a más años de exposición a la temática de informática educativa, mejor es el desempeño en habilidades de resolución de problemas, y en comunicación de resultados. Aunque el anterior es uno de los hallazgos más relevantes de la evaluación, habiéndose documentado de manera rigurosa esos impactos positivos en los aprendizajes (cosa que es infrecuente en nuestro país), la ministra, en su justificación para el cierre del programa, solo se refiere a datos tangenciales, secundarios, de la evaluación, tales como el grado de conocimiento del PRONIE que expresan otros docentes del centro educativo. De ahí nuestra valoración en cuanto a una interpretación sesgada, malintencionada y engañosa, de los resultados de una evaluación.
A partir de los impactos positivos hallados por la evaluación de FLACSO, la conclusión es clara en cuanto a que es incorrecto eliminar de un plumazo un programa donde existe evidencia de efectividad, y fue precisamente esa evaluación la que permitió identificar los avances y también los asuntos por atender, sobre todo a nivel de gestión y administración del programa, aspecto que es fundamental para su mejora continua.
Siguiendo los mismos principios evaluativos, nos preocupa el abrupto cese del PRONIE, ante la ausencia de una propuesta alternativa concreta, operacionalizada, validada y aprobada debidamente para brindar esa valiosa formación en que han participado miles de estudiantes, y cuyos aprendizajes favorecerán su desarrollo a lo largo de sus vidas. Ciertamente cualquier propuesta alternativa debería haber mostrado previamente evidencia científica de su efectividad, por medio de la realización de estudios piloto, por ejemplo.
En respeto a nuestra tradición costarricense de más de 150 años de educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y en respeto a la evaluación educativa como disciplina científica, que utilizada adecuadamente nos permite corregir y mejorar, esperamos, entonces, por un lado, una respuesta clara, contundente y seria por parte de las autoridades gubernamentales sobre la atención que brindarán a nuestro estudiantado para salvaguardar su derecho constitucional a una educación de calidad, en el área de la informática educativa. A la vez, solicitamos a las autoridades del MEP mayor compromiso y transparencia para utilizar de manera válida los resultados de evaluaciones, que, como en este caso, se realizaron con la necesaria fundamentación a nivel científico y ético, y cuyos fines no son punitivos, sino de mejoramiento.
Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Eiliana Montero Rojas
Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Lic. Josefina Pujol Mesalles
Lic. Vera Sancho Mora
M.Sc. Karla Salguero Moya
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:
Graciela Ordóñez Gutiérrez Máster Académica en Evaluación Educativa Doctora en Educación Docente universitaria
María Julieta Solórzano Salas Doctora en Ciencias de la Educación Máster en Evaluación Educativa Docente universitaria
Eiliana Montero Rojas Doctora en Evaluación Educativa
Diana Arce Flores Doctora en Ciencias de la Educación Máster en Evaluación Educativa Administrativa-docente
Catalina Espinoza Sáenz Máster en Evaluación Educativa Educadora
Sandra Zúñiga Arrieta Máster en Evaluación Educativa Educadora
Dr. Allen Quesada Pacheco Doctor en Currículo e Instrucción y M.A. en Tecnología Educativa Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM
M.Sc. María del Rocío Ramírez González Analista Curricular
MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM) Educador Pensionado
Dra. Vanessa Smith Castro Psicóloga Instituto de Investigaciones Psicológicas Escuela de Psicología Universidad de Costa Rica
María Paula Villarreal Galera Máster en Evaluación Educativa
Yency Calderón Badilla Docente universitaria Máster en Evaluación Educativa
Tras el paso de la pandemia, el personal docente y administrativo de la escuela indígena de Rey Curré se ha propuesto redoblar esfuerzos con tal de ir recuperando poco a poco la normalidad del ritmo y calidad del proceso educativo.
Pero no solo se ha dedicado a rescatar la educación general sino de la mano con los elementos que caracterizan a la comunidad indígena local y por eso trabajan arduamente en el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural.
La primera escuela de Rey Curré data mediados de 1950 y era un rancho con techo de palma, paredes de madera y piso de tierra.
La escuela actual construyó sus primeras aulas en 1997, gracias al aporte de los Países Bajos de Holanda, en coordinación con la Asociación Regional Aborigen del Dikés (ARADIQUES) y la Junta de Educación de la Escuela Indígena de Curré. El presupuesto estimado para esta infraestructura fue de 1, 000,000 de colones.
El lote adquirido por la Junta de Educación de Curré fue de 2 hectáreas, el cual se divide en dos partes. Una hectárea para la infraestructura y otra hectárea para bosque, los cuales fueron reforestados gracias al aporte de ARADIQUES, quien donó los árboles a la zona.
La escuela actual de Rey Curré cuenta con seis aulas disponibles, un salón comedor y una caseta de seguridad en donde permanece el oficial durante las horas lectivas.
Aparte de las asignaturas ordinarias, se imparte clases de inglés, cultura brunca e idioma local.
Los estudiantes que vienen de otros lugares cuentan con servicio de transporte y en ello se brinda un guía que los acompaña, les atiende y les protege.
Este centro educativo posee amplias instalaciones que le brindan a profesores y estudiantes un ambiente confortable, rodeado de un contexto natural y cultural.
En esta escuela indígena después del año dos mil en adelante, se ha venido desarrollando un proceso de enseñanza de la cultura indígena local y también del idioma ancestral.
Posee un gimnasio cuya construcción se empezó en el 2019 y desde entonces se ha invertido aproximadamente 25 millones de colones, sin que hasta el momento se haya podido atender la segunda parte de su construcción.
Esta obra de infraestructura escolar se hizo con el fin de satisfacer necesidades propias de la comunidad estudiantil ya que no había podido tener un lugar donde pudiera realizar de manera confortable sus actos cívicos, actos culturales y demás actividades que requieran un mayor espacio que sus mismas aulas.
En la actualidad, este centro educativo se proyecta a tener un mayor protagonismo en el mejoramiento de la infraestructura física y fortalecimiento de su identidad cultural.
Sus aulas están decoradas con máscaras de su comunidad y otros elementos propios de su identidad y en sus afueras, conservan celosamente tres petrograbados que son parte del legado arqueológico de la comunidad.
De acuerdo con su directora María Victoria Lázaro Ortiz, este 2023 año van con más fuerza a trabajar por los objetivos prioritarios que tiene pendiente la institución en beneficio de la comunidad estudiantil.
Los estudiantes de la escuela indígena de Rey Curré de Buenos Aires llevaron a cabo este viernes 19 de mayo, su proceso electoral para elegir su gobierno estudiantil.
Tras organizarse en tres bandos llamados Partido Estudiantil Libre de Exclusión, Partido Estudiantil Independiente y Partido Guerreros, los escolares debieron escoger cuál de los compañeros les va a representar a nivel estudiantil en lo que resta del curso lectivo.
Desde las primeras horas del día lectivo, los escolares asistieron a las urnas para votar por su partido preferido, utilizando la tecnología como medio para depositar el voto de manera electrónica.
Estos procesos electorales, aparte de fortalecer democracia, promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconociendo que todas las personas, independientemente de su edad, sexo, etnia, nacionalidad o cualquier otra condición social, son titulares de toda la gama de derechos inherentes a su condición humana.
Los Procesos Electorales Estudiantiles constituyen un espacio de educación no formal que se da en el marco de los centros educativos, en el cual los y las estudiantes aprenden a organizarse, manejar conflictos, lograr consensos y acuerdos, negociar, hablar en público, tomar decisiones que conllevan a la búsqueda de soluciones, a la vivencia de los valores democráticos y asumir el ejercicio de la ciudadanía como un derecho que a la vez implica una serie de responsabilidades.
Al final de la contienda, el ganador fue el Partido Estudiantil Independiente.
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