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Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

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En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

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UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

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German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Cuando la técnica no alcanza: debate, redes, juventudes y voto consciente en la Costa Rica electoral

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Nancy Piedra Guillén
Profesora de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica

El reciente debate presidencial Se busca presidente, transmitido por OPA, introdujo una ruptura relevante en la escena política costarricense. A diferencia del formato tradicional —centrado en la confrontación retórica y el golpe mediático—, este ejercicio colocó en el centro la evaluación técnica de propuestas, la coherencia programática y la viabilidad institucional, bajo la mirada de personas expertas y con criterios explícitos de factibilidad.

El debate estuvo claramente dirigido a un electorado que hoy define el rumbo de la elección: las personas votantes indecisas, mayoritarias según las encuestas del CIEP-UCR de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el verdadero campo de disputa no se limitó al estudio de televisión. Se desplazó, con fuerza, al espacio digital, donde se hizo visible una tensión cada vez más estructural en nuestras democracias: la desconexión entre racionalidad técnica, afectos políticos y legitimidad pública.

La técnica no garantiza legitimidad

El formato del debate apostó por una lógica deliberativa exigente: qué se propone, cómo se implementa, con qué recursos y en qué plazos. Este tipo de ejercicio resulta indispensable en una democracia erosionada por la improvisación, el personalismo y la simplificación extrema de problemas complejos. No obstante, el debate dejó al descubierto un límite fundamental: la buena técnica, por sí sola, no garantiza adhesión política ni respaldo social.

Las calificaciones otorgadas por el panel experto —alta, media o baja factibilidad— no se tradujeron automáticamente en apoyo ciudadano. Algunas candidaturas con evaluaciones favorables no lograron generar entusiasmo, mientras que otras, con desempeños más débiles o controversiales, concentraron altos niveles de conversación pública. El dato no es anecdótico: revela un cambio profundo en las formas contemporáneas de construcción de legitimidad política.

Redes sociales: volumen, rechazo y castigo simbólico

El análisis de la conversación digital posterior al debate confirma esta brecha. Durante la transmisión, el politólogo y analista en comunicación política Cristan Bonilla, profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, presentó datos de monitoreo de redes sociales que permiten una lectura más fina del impacto político del debate: volumen de menciones, balance entre comentarios positivos y negativos y niveles de rechazo simbólico por persona candidata.

Los resultados son claros: liderar la conversación digital no equivale a generar apoyo neto. Las redes sociales operan bajo lógicas distintas a las de la evaluación técnica. Amplifican emociones, moralizan el conflicto y funcionan como espacios de sanción simbólica. La viralidad no distingue entre aprobación y repudio; intensifica la polarización.

Esta lectura coincide con el análisis periodístico de CRHoy, que mostró cómo, tras el debate, algunas candidaturas concentraron altos niveles de rechazo aun cuando su desempeño fue consistente o disciplinado.

Coherencia ideológica y penalización digital

El caso del Frente Amplio resulta ilustrativo. La candidatura de Ariel Robles sostuvo una línea ideológica clara y consistente, con un discurso estructural sobre desigualdad, endeudamiento y modelo de desarrollo. Sin embargo, fue también la que acumuló mayor rechazo neto en redes sociales. Esta penalización no se explica por errores técnicos, sino por una distancia explícita frente al marco dominante de soluciones punitivas y simplificadoras, particularmente en materia de seguridad ciudadana.

En un contexto atravesado por el miedo, los discursos que cuestionan el modelo económico y proponen transformaciones estructurales tienden a ser castigados simbólicamente, incluso cuando están bien fundamentados. El castigo no es técnico; es político y afectivo.

Género: la ausencia que no sanciona

Otro elemento relevante del debate fue el señalamiento reiterado de las personas expertas sobre la ausencia de propuestas específicas para mujeres, cuidados, violencia y embarazo adolescente en algunos planes de gobierno. Desde una perspectiva técnica y feminista, esta omisión constituye un déficit significativo.

Sin embargo, la reacción en redes sociales mostró algo inquietante: la ausencia de una agenda explícita de género no genera sanción electoral visible. No provoca rechazo masivo ni controversia sostenida; simplemente pasa desapercibida. Mientras la evaluación especializada identifica la omisión como un problema, la conversación digital la neutraliza. Esto confirma que la agenda de género continúa ocupando un lugar secundario en la jerarquía electoral, incluso cuando las mujeres conforman una parte significativa del electorado indeciso.

Modelo económico, juventudes y territorios

Este análisis parte de una preocupación central: la democracia no puede reducirse a la defensa formal de la institucionalidad ni al respeto procedimental del Estado social de derecho, si al mismo tiempo se profundizan la desigualdad, la exclusión social y la precarización de la vida, especialmente entre las juventudes. Costa Rica arrastra desde hace décadas una orientación neoliberal persistente, consolidada incluso por gobiernos que se presentaron como alternativas progresistas —donde el PAC fue determinante en la normalización de estas orientaciones— y que, en nombre de la responsabilidad fiscal, la modernización o la eficiencia, debilitaron políticas redistributivas, recortaron inversión social y abandonaron territorios completos.

Las consecuencias de este modelo se expresan territorialmente: comunidades expulsadas del empleo formal, sistemas educativos incapaces de ofrecer trayectorias reales de movilidad social y cientos de jóvenes sin horizonte, para quienes el narcotráfico y las economías ilegales se convierten en una de las pocas formas de inserción económica, reconocimiento y pertenencia. La inseguridad que hoy domina la agenda electoral no puede comprenderse al margen de este proceso estructural de exclusión generacional y territorial.

Si seguimos eligiendo gobiernos que, aunque respeten la institucionalidad democrática, la legalidad y el marco formal del Estado social de derecho, mantienen intacto el modelo neoliberal, seguiremos profundizando las brechas que dicen combatir. Ninguna política de mano dura resolverá un problema cuyas raíces están en la desigual distribución de oportunidades y en la retirada del Estado de los territorios más golpeados.

Tres capas de la campaña

El cruce entre debate, redes sociales y encuestas permite identificar al menos tres capas simultáneas en esta campaña electoral:

  1. Una capa técnica, donde importan la viabilidad, la institucionalidad y la coherencia programática.
  2. Una capa afectiva, dominada por el miedo, el enojo, la identificación y el castigo simbólico.
  3. Una capa estratégica, donde las candidaturas deciden a quién le hablan: al panel experto, a las personas indecisas o a sus bases políticas.

El debate fue exitoso en la primera. Las redes muestran que la disputa decisiva ocurre en la segunda. Las encuestas advierten que la tercera aún está abierta.

Un cierre necesario

La democracia no se erosiona solo por la mala técnica, sino también cuando la política se reduce al castigo emocional, al miedo y al ruido digital. Votar conscientemente hoy implica resistir la simplificación, exigir propuestas viables y, sobre todo, defender políticas públicas que atiendan las necesidades de quienes menos tienen, de las personas y territorios históricamente excluidos, y de las juventudes que hoy crecen sin horizonte.

Cuando la discusión pública se desplaza hacia el orden, la mano dura o la estabilidad macroeconómica desligada de justicia social, se invisibilizan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Sin inversión social, sin políticas redistributivas, sin presencia estatal sostenida en los territorios más golpeados, seguiremos reproduciendo las condiciones que empujan a cientos de jóvenes hacia economías ilegales como el narcotráfico, mientras el sistema político responde solo con discursos punitivos.

El futuro no se define con memes, ni con tendencias momentáneas, ni con la viralidad del enojo. Se construye cuando las personas ciudadanas ejercen su derecho al voto con juicio crítico, memoria histórica y responsabilidad colectiva, apostando por un proyecto de país que no sacrifique a sus juventudes ni profundice la exclusión en nombre de la gobernabilidad o del continuismo del modelo. Defender la democracia hoy exige defender la justicia social.

Partidos políticos participantes en el debate de OPA

Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (NR), Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Avanza y Coalición Agenda Ciudadana (vinculada al espacio político del PAC).

Fuentes

  • CIEP-UCR. Encuestas de Opinión Pública, noviembre y diciembre de 2025.
  • Debate presidencial “Se busca presidente”, Canal OPA, 18 de enero de 2026.
  • CRHoy. “Redes sociales pasan factura tras debate: estos fueron los más apoyados y los más rechazados”. Enero 2026.
  • Análisis de conversación digital presentado por Cristian Bonilla, Universidad Latina de Costa Rica, durante la transmisión del debate.

El que dijo que si, el que dijo que no

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El título es sugerente. La primera vez que di con esta pieza fue en los años ochenta, al ver un montaje local adaptado de la obra escrita y presentada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1930. La trama aborda el tema de las decisiones. En la versión original, Brecht llevaba el desenlace hacia el sufrimiento del protagonista. Al ver las reacciones ante esa propuesta, adiciona un nuevo final que plantea, más que una lectura individual, un planteamiento colectivo.

La historia transcurre como sigue, según el sitio digital www.alternativateatral.com:

Pieza didáctica que promueve la reflexión frente a procesos personales y colectivos que a veces se asumen como inevitables.

El Maestro acude a despedirse de su alumno más querido ante su próxima partida en busca de remedios para erradicar la epidemia que está devastando a su pueblo. La madre del alumno también está contaminada y el alumno, deseoso de salvarla, ruega al maestro que lo sume al grupo de expedición. El maestro acepta, no sin dudar. A mitad del camino, el joven cae enfermo a su vez y no puede continuar con el viaje, ni regresar al pueblo. El grupo tendrá que tomar una decisión ante el dilema que le presenta la situación: dar por terminada la expedición y regresar al joven a su casa (lo que comprometería la vital expedición, única esperanza de una sociedad moribunda), o abandonarlo y seguir adelante en busca del remedio.

En la puesta en escena, los dos desenlaces son desarrollados, para que el público tome una postura de acuerdo con la decisión tomada. No en pocas ocasiones, las decisiones son sometidas a una profunda valoración, porque implican resultados, impactos, posibles desarrollos futuros.

Hoy, a esta hora, en Costa Rica, decir Si es imperativo. No es un Si asincrónico, como el que esta sociedad dijera hace ya casi veinte años cuando decidió aventurarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es ese Si que ahora debe asumir la gente con su decisión, con su voto.

Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, ante las elecciones más trascendentales de la historia de la Segunda República en el país y lo que se vislumbra debe comprometer reflexiones profundas, reposadas y firmes. Decir No, es confirmar una ruta que, hemos comprobado, nos lleva al deterioro inmediato y a la destrucción del proyecto colectivo que hemos construido a lo largo de la historia. Decir No es condenarnos a un final inmediato, irreversible, irreparable.

El que dijo Si, continuó el camino. Se trazó nuevos objetivos, se apoyó en una nueva marcha histórica, colectiva. Ese es el mensaje. Que la puesta en escena para nuestro país nos traiga nuevos vientos. Un futuro alentador.

Tres razones contra el continuismo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Un conocido nuestro nos preguntó por qué no debe votarse al continuismo chavista, encarnado en Laura Fernández o sus similares camuflados como Natalia Díaz o José Aguilar.

Quien interroga es un hombre de mediana edad y, -si se me permite el argot tico-, es un breteador insigne, de esos que la pellejean día a día y que no puede darse el lujo de pagarle a la Caja un seguro como trabajador independiente, una persona que no puede tampoco permitirse enfermar e incapacitarse porque si no trabaja, no come. Así es la cruda realidad de muchos costarricenses, más de los que debiera permitirse una democracia plena.

Del inmenso océano de razones que se tienen para no seguir padeciendo el flagelo chavista, se me ocurrió responderle con toda espontaneidad:

  1. Hay que volver a colocar en Zapote a una persona decente. Alguien que hable con un mínimo de respeto; que no grite, que no insulte, que no exacerbe el odio y la revancha. Alguien que no engañe, que no haga de la mentira y la exageración su forma de comunicarse. Alguien, por cierto, que no intente ridiculizar a periodistas independientes que le hacen preguntas incómodas y que no los matonee rodeándolos de sus guardaespaldas.Alguien, en fin, que traiga paz, que baje la tensión y polarización en que nos encontramos y que tenga la inteligencia emocional de buscar consensos, es decir, alguien que se responsabilice del gobierno y no se dedique a buscar culpables.
  2. Hay que evitar el continuismo porque lo peor de este desgobierno no ha sido su vulgaridad y pachuquismo. Lo peor ha sido su ineptitud, su evidente incapacidad para contar con ministros y asesores capaces, su demostrada improvisación y charlatanería desde el día primero nombrando personajes sin preparación ni experiencia en puestos claves y dictando decretos y proyectos de ley inviables. Necesitamos alguien con un mínimo de humildad, que no deshaga, por ejemplo en obra pública, todo lo andado en el pasado por pura arrogancia y prepotencia, sin poder mostrar al final ningún logro significativo propio.
  3. Y por último, le contesto a mi amigo, ciudadano breteador, que este país y esta democracia merecen la pena ser rescatados; que no es posible que el crimen organizado y el narcotráfico hayan alcanzado los niveles de penetración de las instituciones y el control de barrios y pueblos que están consolidando. Le digo que como ex juez especializado en derecho penal, veo con alarma cómo, otra vez este desgobierno, desmanteló controles fronterizos y costeros, saboteó recursos económicos para la Fiscalía y el OIJ, y volvió totalmente ineficientes los escáneres portuarios, puesto que constantemente tenemos noticias de cargamentos de drogas descubiertos en puertos europeos provenientes de nuestra pobre Costa Rica. Hay fundamento para concluir que, ya por negligencia, ya por complicidad, hemos dejado que la peor violencia criminal llegue demasiado lejos.

Termino diciéndole a mi interlocutor: hay que salir a votar, pero en ningún caso por el continuismo de los Fernández, Díaz o Aguilar.

Seminario virtual analizará el rumbo de Costa Rica ante las elecciones de 2026

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En el marco del Ciclo de Seminarios Virtuales de la Comunidad Internacional UBL, se realizará el seminario “Elecciones 2026: ¿A dónde va Costa Rica?”, un espacio de reflexión y análisis sobre el momento político, social y económico que atraviesa el país en vísperas del próximo proceso electoral.

La actividad contará con la participación del Roberto Ayala Saavedra, quien abordará los principales rasgos del actual escenario nacional, caracterizado —según se plantea— por un proceso electoral atípico, marcado por un conflicto interelitario de una magnitud poco frecuente en las últimas décadas.

El análisis también incorporará el contexto internacional, especialmente los cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y la forma en que estos factores externos inciden en las perspectivas de desarrollo del país.

La exposición se orienta a examinar la situación social, económica y política de Costa Rica, así como los posibles escenarios futuros, considerando tanto los factores internos como externos. Entre los elementos centrales del análisis se destaca el papel que pueden jugar los movimientos sociales populares en la recuperación de protagonismo, particularmente en la defensa de libertades, conquistas y derechos sociales, políticos y culturales.

El seminario de la Universidad Bíblica Latinoamericana se llevará a cabo el jueves 22 de enero de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom.

📅 Fecha: 22 de enero de 2026
⏰ Hora: 6:00 p.m. (Costa Rica)
🖥️ Plataforma: Zoom
🔗 Enlace de conexión: https://us06web.zoom.us/j/85810789274
🆔 ID de reunión: 858 1078 9274

La actividad será transmitida también por Facebook Live.

Para las personas que se conecten desde fuera de Costa Rica, se recomienda verificar la diferencia horaria en el siguiente enlace:
https://24timezones.com/es/difference

Quienes participen deberán tomar en cuenta las recomendaciones habituales para seminarios virtuales, como conectarse puntualmente, mantener el micrófono desactivado durante la exposición y utilizar el chat o el espacio final habilitado para preguntas.

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

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Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

TSE ordena medida cautelar a Pueblo Soberano, Laura Fernández y Fabricio Alvarado

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  • También deben acatarla la Federación Alianza Evangélica Costarricense, la Asociación Templo Bíblico Internacional, el Foro Mi País, así como los señores Reynaldo Salazar Salazar y Francisco Gamboa Soto.

San José, lunes 19 de enero de 2026. Mediante resolución de las 14:25 horas del 16 de enero de 2026, a través de la cual se admitieron a trámite los recursos de amparo electoral que se conocen en el expediente n.° 034-2026, conforme lo establece el artículo 230 del Código Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó una medida cautelar en la que ordenó a la candidata Laura Fernández Delgado y al candidato Fabricio Alvarado Muñoz, junto con el partido Pueblo Soberano, que se abstengan de realizar manifiestos públicos que, directa o implícitamente, representen un llamado a votar por ciertas agrupaciones partidarias, apoyado en razones o símbolos religiosos, o de no hacerlo por otras, aunque no se identifiquen, pero resulten identificables, según coincidan o no con sus posiciones.

Esta medida cautelar, que incluye detener la difusión del folleto denominado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano?” también debe ser acatada por los señores Reynaldo Salazar Salazar, Francisco Gamboa Soto, por la Federación Alianza Evangélica Costarricenses, la Asociación Templo Bíblico Internacional y por el Foro Mi País.

Las personas y organizaciones recurridas deberán instruir a los pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus fieles.

Esta medida cautelar debe ser acatada de inmediato tanto por las personas físicas como por las organizaciones recurridas. De acuerdo con lo establecido en el numeral 284 del Código Electoral, “la desobediencia o el incumplimiento, total o parcial, de las resoluciones (…) que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales y legales, emita el TSE en materia electoral, constituye el delito de desobediencia previsto en el Código Penal”.

El TSE resolvió lo anterior ante los dos recursos de amparo electoral presentados por los señores Marco Antonio Morales Albertazzi y Mauricio Ordóñez Chacón, relacionados entre otros temas, con la presunta entrega de material propagandístico a favor de la candidata Fernández Delgado en un encuentro de pastores evangélicos realizado el pasado 15 de enero.

¿Por quién votar?

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Por Franklin Chang Díaz

Una vez más nos toca a los costarricenses escoger a nuestros líderes para los próximos cuatro años. Es un derecho que cada vez usamos menos, quizás por apatía, frustración, o la simple sensación de impotencia ante la inercia de una maquinaria gubernamental entrabada por muchos años.

Pero debemos rechazar esos sentimientos. Este primero de febrero, seremos llamados de nuevo a designar a quiénes les entregaremos el poder. Hay que estudiar a las 20 candidatas y candidatos y hay que ir a votar. Abstenerse del voto es abdicar a nuestra democracia, a nuestro deber ciudadano. Tal vez sin darnos cuenta, el abstencionismo que hemos experimentado en los últimos años, poco a poco, ha ido mellando el filo de nuestra democracia, antes un ejemplo a nivel mundial. Hoy en Costa Rica, la elección de nuestros líderes es decidida por un porcentaje cada vez menor de la ciudadanía; esta es una receta para caer en la dictadura. Recuperarnos de esa posible caída es doloroso en el mejor de los casos, y sangriento en el peor. El primero de febrero hay que votar por alguien, pero ¿por quién?

La decisión de por quién votar es decidir a quién vas a contratar para encomendarle tu futuro y el de tu familia; ¿quién se encargará de proteger tu comunidad y a tus niños en la escuela? ¿quién se encargará de darles una excelente educación, velar por la salud de tu familia, mejorar la infraestructura vial – sin presas, proveer electricidad económica y fiable y transporte público eficiente y limpio? ¿quién mejorará tus oportunidades de trabajo y reducirá la obscena desigualdad que continúa creciendo en la sociedad costarricense?

De seguro contratarás a un equipo de primer calibre, con un plan bien trazado, no uno de aspiraciones teóricas, sino de objetivos concretos, presupuestados y realizables, y con hitos y entregables claramente definidos; un plan que será dirigido por una o un líder que te dé la confianza de que hará bien el trabajo, con reconocida experiencia en administración, con capacidad, tanto de persuasión como de negociación, porque el trabajo requerirá de ambas para el diálogo con el congreso. Finalmente, todos estos atributos se sumarán al más importante de todos: Una ética inquebrantable.

Les comparto el esquema que uso para decidir por quién voy a votar, una simple herramienta que nuestros maestros utilizaban (aquí en escala de 1 a 5) para cuantificar y calificar ordenada e individualmente a los 20 candidatos, en función de los atributos que acabo de mencionar. Aquí se las paso como referencia, porque, en la confidencialidad del voto, cada uno tendrá que producir su propia evaluación personalizada.

Tu voto debe responder, no a encuestas ni pronósticos, o evitar que otro gane, si no, a la honradez y ética del individuo, a su carácter y capacidad de negociar y concretar, a su trayectoria y experiencia, a la solidez de su equipo, y a la viabilidad de su programa. Hoy por hoy, nos debe interesar más la honradez que el carisma, más las soluciones prácticas que la pureza ideológica. Las acciones hablan más que las palabras y nos interesa no solo qué, sino que también el cómo. Algunas notas sobre los atributos que considero importantes, y que puedes ajustar por los tuyos.

Ética y honradez. Todo empieza por ahí. Se trata de los valores básicos que como sociedad hemos venido descuidando y que nuestro presidente debe ayudarnos a restaurar. Es la base estructural sólida e inquebrantable, donde se construye la verdadera prosperidad. Su liderazgo deberá cambiar las palabras estridentes y la retórica punzante por el comportamiento intachable, por el ejemplo de sus accionar y por la cero tolerancia a la incompetencia y a la mediocridad.

Plan de gobierno. Dicen que el que “falla en planear, planea fallar.” El plan de gobierno es indispensable. Todos y todas tienen uno. Sin embargo, lo que busco no es una lista de aspiraciones, si no una de resultados concretos, presupuestados y calendarizados. Ya sabemos lo que hay que hacer; ahora queremos saber cómo lograrlo dentro de un marco práctico y realista con resultados en menos de cuatro años. Es preferible un plan modesto y realizable que uno ambicioso pero inalcanzable.

Experiencia en administración. ¿Encomendaríamos nuestro barco a un capitán sin experiencia?, ¿nuestro cuerpo a un cirujano sin práctica? Por más que planifique, el administrador debe conocer los riesgos, prepararse para lo imprevisto y saber adaptarse. Aquí, la experiencia tiene un valor incalculable.

Calibre de su equipo. En el campo de juego, aún con un goleador de primera, perderemos el partido si no tenemos un equipo de primer calibre, bien entrenado y con jugadores que buscan el éxito colectivo y no el protagonismo a costillas de sus compañeros.

Capacidad de negociar. Ningún acuerdo, negocio, o contrato es perfecto, por lo que las y los grandes estadistas deben saber negociar dentro de un marco ético y lineamientos solidarios a los principios de igualdad y libertad con los que nuestra gran sociedad fue fundada.

Capacidad de concretar. Valoro en mi líder la capacidad de convertir palabras en hechos, de proyectos conceptualizados a proyectos inaugurados, de evitar la “parálisis por análisis.” Siempre habrá riesgo, pero después de un estudio concienzudo y serio, hay que actuar con valentía y decisión.

Comunicación. En un mundo lleno de des-información, nuestro presidente debe comunicar la verdad con precisión, con base en hechos y sin exceso de palabras.

Espero que les sea útil. Nos vemos en las urnas el 1 de febrero.