Defensoría: Recortes afectan a la niñez frente a la explotación laboral

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría de los Habitantes advirtió los riesgos de un eventual incremento en las cifras del trabajo infantil en el país, como consecuencia de los recortes progresivos a programas que forman parte de la red de protección social, tales como avancemos, comedores escolares y los Cen-Cinai, concebidos para aliviar la situación económica que enfrentan miles de familias.

Según la OCDE, Costa Rica exhibe la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.

De acuerdo con datos presentados recientemente por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional, a partir del año 2022, la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%.

Ante el contexto descrito, la Defensoría señala que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad; se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Radiografía del debilitamiento institucional

La Defensoría detalla tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios impactan directamente los esfuerzos nacionales de erradicación:

• Programa Avancemos (IMAS / FODESAF): Datos del IMAS revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. También, los recursos destinados a al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos. Tales recortes constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.

• Red de Cuido Infantil: La no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a bien dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.

• Comedores Escolares (MEP): Las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos, afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema, puesto que se trata de un programa de equidad que contribuye a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.

Un llamado a la rectificación

Para la Defensoría de los Habitantes, una política de austeridad fiscal que se financie sacrificando a las niñas y los niños es fiscalmente inviable y moralmente inaceptable. Costa Rica, ha sido reconocida como «país pionero» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su lucha para erradicar el trabajo infantil, pero el debilitamiento de los programas sociales hacia la niñez pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De ahí que, la institución hace un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para:

• Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.

• Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.

La evidencia técnica es contundente: el trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes.