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Conferencia analizará riesgos del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en la Sede de Occidente de la UCR

La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica realizará la conferencia “Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica”, una actividad que abordará las implicaciones de la iniciativa legislativa que actualmente genera un amplio debate en distintos sectores sociales, académicos y comunitarios del país.

La exposición estará a cargo de Alberto Gutiérrez Arguedas, docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente, en San Ramón. Además, será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia se realiza en un contexto de creciente discusión nacional sobre el denominado proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que ha sido cuestionada por organizaciones sociales, sindicatos, gobiernos locales y sectores académicos que consideran que debilitará el modelo eléctrico solidario construido por Costa Rica durante décadas.

En las últimas semanas, diversas municipalidades del país han aprobado acuerdos manifestando su rechazo a la propuesta legislativa, mientras organizaciones ciudadanas han advertido sobre posibles efectos en la planificación energética, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gestión pública del servicio y el acceso universal a la electricidad. Estos sectores sostienen que la discusión trasciende aspectos técnicos y constituye un debate sobre el modelo de desarrollo y el futuro de un servicio considerado estratégico para el país.

La actividad organizada por la Sede de Occidente busca contribuir al análisis informado de esta discusión mediante una exposición académica sobre los alcances y riesgos que, según sus críticos, podría implicar la aprobación del proyecto.

Detalles de la actividad

Conferencia: Los peligros del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica
Expositor: Alberto Gutiérrez Arguedas
Cargo: Docente de la Sección de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP)
Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Sede de Occidente, San Ramón
Transmisión: Canal de YouTube de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica

Ciudadanía impulsa recurso de amparo para exigir nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

Un grupo de personas ciudadanas promueve la firma de un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa con el propósito de exigir el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, ante lo que consideran una omisión continuada que amenaza el acceso efectivo a la justicia constitucional en Costa Rica.

La iniciativa sostiene que la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes no constituye un problema meramente administrativo o interno del Poder Judicial, sino una situación que puede afectar directamente a toda la población al comprometer el funcionamiento regular del máximo órgano encargado de la protección de los derechos fundamentales. Según el documento, la omisión legislativa pone en riesgo la atención oportuna de recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad y otros procesos propios de la jurisdicción constitucional.

Las personas impulsoras recuerdan que la Constitución Política asigna a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de nombrar las magistraturas suplentes y señalan que, pese a existir procesos de selección previos, recomendaciones y listas remitidas por la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos no han sido concretados. A su juicio, la deliberación política y la búsqueda de consensos no pueden transformarse en un bloqueo indefinido que afecte el funcionamiento de una institución esencial para la defensa de los derechos humanos y el control constitucional.

El texto destaca que las suplencias cumplen una función fundamental para garantizar la continuidad del servicio de justicia cuando magistrados o magistradas propietarias se encuentran de vacaciones, incapacitados, recusados, excusados o ausentes por cualquier motivo justificado. La inexistencia de suplentes suficientes -advierte el documento- incrementa el riesgo de que la Sala Constitucional enfrente dificultades para integrarse y resolver asuntos urgentes relacionados con libertad personal, salud, seguridad social, educación, ambiente, acceso a la información pública, igualdad y otros derechos fundamentales.

Entre los argumentos planteados se señala que la afectación sería especialmente grave en casos de hábeas corpus y recursos de amparo, donde la respuesta rápida del sistema constitucional puede resultar determinante para proteger la vida, la libertad, la integridad física o el acceso a servicios esenciales. También se advierte sobre el impacto que tendría una eventual paralización o debilitamiento del control de constitucionalidad de leyes, reglamentos y actos públicos.

El recurso solicita a la Sala Constitucional declarar que la Asamblea Legislativa ha incurrido en una omisión constitucionalmente lesiva, ordenar que el tema sea mantenido prioritariamente en agenda legislativa y exigir que se realicen las actuaciones necesarias para concretar los nombramientos dentro de un plazo razonable. Asimismo, plantea la adopción de medidas cautelares para evitar que la situación continúe agravándose mientras se resuelve el fondo del asunto.

Las personas promotoras sostienen que la continuidad de la Sala Constitucional no es un asunto exclusivo del Poder Judicial, sino una garantía indispensable para toda la ciudadanía. En esa línea, afirman que la protección efectiva de los derechos fundamentales requiere una jurisdicción constitucional plenamente integrada, independiente y operativa.

Las personas interesadas en respaldar esta iniciativa pueden adherirse mediante el siguiente formulario:

Formulario de adhesión:
https://forms.gle/aAn2eN5ELzUsLMJR6

Respeto para las personas adultas mayores

15 de junio Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

FRENASS saluda nombramiento de Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) expresó su reconocimiento y respaldo a la decisión del movimiento sindical costarricense de designar a Rocío Alfaro Molina como representante de ese sector ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mediante un pronunciamiento, FRENASS destacó que continuará defendiendo el derecho a la salud pública y a la CCSS como institución benemérita y pilar del desarrollo y la paz social del país, labor que, según indicó, espera fortalecer en coordinación con la nueva representante sindical.

De acuerdo con declaraciones de Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS, la elección de Rocío Alfaro fue acordada por el movimiento sindical en asamblea y constituye una decisión que la organización recibe con satisfacción.

Ovares señaló que Alfaro se ha caracterizado por mantener una relación cercana con los movimientos sociales y por impulsar iniciativas legislativas orientadas a la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, destacó su participación en el informe de minoría elaborado durante la investigación de las irregularidades denunciadas en la institución, documento que calificó como una defensa contundente de la CCSS.

“Rocío se caracterizó por ser una diputada de puertas abiertas a los movimientos sociales para presentar iniciativas de ley a favor de esta gran institución”, afirmó el dirigente.

El coordinador de FRENASS agregó que la trayectoria de Alfaro le ha permitido conocer de cerca los principales problemas que enfrenta la institución, razón por la cual considera positiva su incorporación a la Junta Directiva en representación del sector sindical.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso histórico con la defensa de la seguridad social costarricense y manifestó su disposición de acompañar y respaldar el trabajo que desarrolle Rocío Alfaro Molina desde el órgano directivo de la CCSS.

Organizaciones sociales urgen a la Asamblea Legislativa nombrar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional

Diversas organizaciones sociales expresaron su preocupación por la falta de nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa y advirtieron que esta situación podría afectar la continuidad y eficiencia en la atención de recursos de amparo y otros procesos constitucionales mediante los cuales miles de personas buscan la protección de sus derechos fundamentales.

En un pronunciamiento dado a conocer el 12 de junio de 2026, las organizaciones señalaron que la Sala Constitucional constituye uno de los principales pilares de la democracia costarricense y representa, para muchas personas, el último recurso disponible cuando el Estado no ha garantizado derechos esenciales. Recordaron que mediante su labor se tutelan derechos fundamentales relacionados con la salud, la accesibilidad, la educación, el acceso a la información pública, la igualdad, el ambiente sano, el debido proceso y la dignidad humana.

El documento destaca que las poblaciones más vulnerabilizadas son precisamente las que con mayor frecuencia recurren a la Sala Constitucional para exigir el respeto de sus derechos. Entre ellas mencionan a personas con discapacidad, personas adultas mayores, pacientes que requieren atención médica urgente, estudiantes, personas en condición de pobreza y otros grupos históricamente excluidos, quienes encuentran en este tribunal una herramienta indispensable para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas del Estado.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por cualquier circunstancia que pueda afectar la capacidad de funcionamiento de la Sala Constitucional y retrasar la resolución de asuntos que, en muchos casos, tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida, la integridad, la dignidad e incluso la vida de las personas.

Por esta razón, hicieron un llamado respetuoso, pero también vehemente y urgente, a las diputadas y diputados de la República para que prioricen el interés público y procedan, a la mayor brevedad posible, con el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

El pronunciamiento concluye afirmando que la defensa de los derechos fundamentales no puede quedar sujeta a dilaciones y que garantizar el adecuado funcionamiento de la Sala Constitucional significa garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Asimismo, sostiene que Costa Rica necesita tribunales independientes, fuertes y plenamente operativos para proteger a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras y condiciones de vulnerabilidad.

Le invitamos a consultar y descargar desde SURCOS el documento original:

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Piden a Alemania a poner fin a la militarización y a los envíos de armas a Israel

Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
www.derechoalapaz.org

Este jueves 11 de junio una delegación del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas entregó una Carta por la Paz en la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile, ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile.

En la misiva el Observatorio manifiesta su preocupación por el incremento de la militarización en Europa y los vientos de guerra que los líderes europeos señalan que se podría producir en un futuro próximo y donde los países de Europa han aumentado significativamente su gasto militar al 2% del PIB para la OTAN y donde Alemania se ha propuesto, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar.

En la carta que va dirigida a la embajadora alemana en Santiago, Susanne Fries-Gaier, también le manifiestan su rechazo al acuerdo que fue firmado con el gobierno alemán por la ex ministra de defensa chilena, Adriana Delpiano, “el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN” y agregan que “lamentablemente, la OTAN ha sido un instrumento de guerra y no queremos que nuestro país (Chile) esté involucrado con esta alianza militar”.

Así mismo, expresan su “solidaridad con el pueblo de Palestina” y rechazan “los ataques sistemáticos que viene realizando Israel contra su población, donde indirectamente son cómplices los países que siguen enviando armas al gobierno israelí; entre ellos, Estados Unidos y Alemania. Pedimos que Alemania deje de apoyar este genocidio”, señalan y expresan “nuestro rechazo a la represión que hay en Alemania contra manifestantes que se solidarizan con Palestina. Esto viola el derecho a la libre expresión, que constituye uno de los pilares de la democracia”.

La delegación del Observatorio pudo conversar en el lugar con Stefan Preuß, consejero político de la Embajada de Alemania en Chile, a quien se le señaló las preocupaciones expresadas en la misiva.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos, presente en la actividad, dijo que “están asesinando en Gaza a niñas y niños palestinos, a mujeres, y que este genocidio debe terminar”.

También la delegación conversó con Preuß sobre la importancia de que el gobierno de Alemania apoye la demanda del movimiento de derechos humanos chilenos para la entrega total de la ex Colonia Dignidad para que este lugar sea un sitio de memoria.

El tema nuclear

La carta entregada también menciona y rechaza la presencia de armas nucleares en Alemania donde, de acuerdo a DW, los expertos estiman que hay entre 15 a 20 bombas nucleares de los EEUU, del modelo B61, en la base aérea de Büchel en Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania.

El dirigente Pablo Ruiz, señaló que “el tema de una guerra nuclear en la actualidad nos debería preocupar a todos ya que sus consecuencias serán devastadoras y aunque estemos lejos de Europa sufriremos tarde o temprano sus efectos”, también dijo que “hace semanas denunciamos también, basados en un informe del OIEA, que Alemania tiene las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares y estos nos debe preocupar”.

En tanto Félix Madariaga, vicepresidente de la Corporación 3y4 Álamos, se refirió a algunos temas preocupantes para Chile que han ocurrido desde que la exministra Delpiano firmó un acuerdo secreto con Alemania. «Expresamos nuestro rechazo al actual rol del gobierno alemán en la promoción de políticas que profundizan los conflictos y aumentan los riesgos de una confrontación nuclear. Los pueblos necesitan paz, no más guerra».

«Asimismo, rechazamos cualquier intento de involucrar a Chile en la OTAN mediante acuerdos cuyo contenido permanece oculto a la ciudadanía, como el convenio firmado por la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Chile debe ser un país comprometido con la paz y no con los promotores de la guerra”, concluyó Madariaga.

La carta entregada tiene la firma de Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; de Patricio Vejar, de la Comunidad Ecuménica Martin Luther King; de Hervi Lara, de la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH); de Carlos González y Félix Madariaga, de la Corporación 3 y 4 Álamos; de José Frias, del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué; y de Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y de la Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización de la Alianza CONVIDA-20.

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile trabaja en alianza con SOA Watch de EEUU, con World BEYOND War, y con la International Peace Bureau (IPB) con oficina en Alemania.

Fotos: David Hormazabal

Defensoría: Recortes afectan a la niñez frente a la explotación laboral

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría de los Habitantes advirtió los riesgos de un eventual incremento en las cifras del trabajo infantil en el país, como consecuencia de los recortes progresivos a programas que forman parte de la red de protección social, tales como avancemos, comedores escolares y los Cen-Cinai, concebidos para aliviar la situación económica que enfrentan miles de familias.

Según la OCDE, Costa Rica exhibe la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.

De acuerdo con datos presentados recientemente por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional, a partir del año 2022, la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%.

Ante el contexto descrito, la Defensoría señala que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad; se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Radiografía del debilitamiento institucional

La Defensoría detalla tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios impactan directamente los esfuerzos nacionales de erradicación:

Programa Avancemos (IMAS / FODESAF): Datos del IMAS revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. También, los recursos destinados a al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos. Tales recortes constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.

Red de Cuido Infantil: La no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a bien dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.

Comedores Escolares (MEP): Las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos, afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema, puesto que se trata de un programa de equidad que contribuye a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.

Un llamado a la rectificación

Para la Defensoría de los Habitantes, una política de austeridad fiscal que se financie sacrificando a las niñas y los niños es fiscalmente inviable y moralmente inaceptable. Costa Rica, ha sido reconocida como «país pionero» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su lucha para erradicar el trabajo infantil, pero el debilitamiento de los programas sociales hacia la niñez pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De ahí que, la institución hace un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para:

Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.

Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.

La evidencia técnica es contundente: el trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes.

Organizaciones del transporte respaldan proyecto de ley para regular plataformas tecnológicas

La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.), el Foro Nacional de Taxistas, Multitaxi S.A., Asotranstur y otras organizaciones gremiales del sector transporte expresaron su respaldo al proyecto de ley que busca regular las plataformas electrónicas de transporte que operan en Costa Rica.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su apoyo al Expediente Legislativo N.° 23.736, iniciativa que pretende establecer un marco regulatorio específico para las plataformas tecnológicas de transporte y sus operadores. Según señalan, el proyecto representa un avance importante después de más de once años de funcionamiento de este modelo de servicio sin una normativa particular que regule su actividad.

Las organizaciones indicaron que el inicio de la discusión de las mociones de vía rápida permite que el expediente continúe avanzando dentro de la corriente legislativa con el propósito de establecer reglas claras para todos los actores involucrados en este tipo de servicios.

Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la obligación de que las personas conductoras se encuentren debidamente registradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como su inscripción ante la Administración Tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes, incluyendo la declaración del impuesto sobre la renta.

La propuesta también contempla la contratación de pólizas de responsabilidad civil para terceros y el establecimiento de requisitos relacionados con la antigüedad de las unidades y otras condiciones de operación. De acuerdo con las organizaciones firmantes, estas disposiciones contribuirían a generar condiciones de mayor igualdad competitiva dentro del mercado del transporte, al tiempo que fortalecerían la protección de las personas usuarias y el sostenimiento de la seguridad social.

El comunicado agrega que el proyecto establece obligaciones para que las plataformas digitales realicen los pagos y trámites correspondientes ante el Estado costarricense como condición para operar legalmente en el país. Según los firmantes, esto permitiría fortalecer la recaudación tributaria y mejorar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales asociadas a la actividad.

Las organizaciones sostienen que la iniciativa promueve una regulación moderna, equilibrada y transparente que beneficiaría tanto a las personas usuarias como a quienes laboran en el sector y al Estado costarricense. En ese sentido, hicieron un llamado a las diputadas y diputados para que respalden y aprueben el Expediente N.° 23.736.

Finalmente, los representantes del sector consideran que la aprobación de la propuesta contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica, la competencia leal y el sistema nacional de transporte, mediante reglas homogéneas para todos los actores que participan en el mercado de transporte remunerado de personas.

Las organizaciones que suscriben el comunicado son:

  • Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS)

  • Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.)

  • Foro Nacional de Taxistas

  • Multitaxi S.A.

  • Asotranstur

  • Organizaciones gremiales del sector transporte