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Defensoría solicita fortalecer los EBAIS de la Región Brunca

Luego de un trabajo de campo realizado a través de la inspección a 40 Ebais y 06 Puestos de Visita Periódica en toda la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para conocer el plan de atención a corto, mediano y largo plazo, que integre el primer nivel, el hospital de referencia y los actores locales como la municipalidad y la sociedad civil.

Para tal efecto, trasladó 27 preguntas que procuran conocer la gestión que tiene programada la CCSS para toda la Zona Sur-Sur, que abarque la planificación de los servicios, el enfoque de red así como todas las acciones concretas en materia de infraestructura, conectividad, acceso a citas, medicamentos, servicios de laboratorio, recurso humano, servicios de apoyo, y en general, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Ebais.

Algunas de las inquietudes planteadas están relacionadas con los indicadores de seguimiento que utiliza la CCSS para medir mejoras en acceso, resolutividad y listas de espera asociadas a este primer nivel de atención. También las medidas inmediatas para mitigar riesgos sanitarios en Ebais con condiciones críticas en Pavones, Gutiérrez Braun, Sabalito, Los Chiles 2, por ejemplo, mientras se resuelven soluciones estructurales.

Otro aspecto que la Defensoría está interesada conocer es el plan de contingencia para aquellos Ebais con fallas graves de internet y EDUS que actualmente operan con expediente físico y, los plazos que se manejan para restablecer conectividad funcional en comunidades como Biolley, Alto Comte, Guagaral, Las Mesas y Villa Argentina.

Además, conocer los ajustes operativos que se aplicarán para mejorar la asignación de citas, especialmente en EBAIS con alta carga de pacientes crónicos y si se ampliarán o flexibilizarán los cupos presenciales y telefónicos, tomando como referencia experiencias positivas identificadas en Coto Brus.

La Defensoría hizo énfasis en saber las medidas urgentes que se adoptarán para evitar retrasos de hasta 24 horas en la entrega de medicamentos en EBAIS y Puntos de Visita Periódica (PVP) sin apoyo de farmacia y cómo se corregirán los desabastecimientos recurrentes en áreas como Río Claro, Osa y Pérez Zeledón.

La Defensoría preguntó a la CCSS si existe un plan para reforzar recurso humano deficitario (odontología, farmacia, laboratorio, medicina familiar, nutrición, psicología, trabajo social y sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria) en las áreas más afectadas. También cuál es el plan para la implementación efectiva del Lineamiento Técnico Indígena en todos los EBAIS de la región.

Dentro de la lista de preguntas se consultó a la CCSS si existe una priorización regional de inversiones para sustituir infraestructura obsoleta en EBAIS y PVP, así como los cambios estructurales que se impulsarán para que la red funcione de manera integrada y homogénea, reduciendo inequidades territoriales.

A su vez, es importante para la Defensoría conocer cómo medirá la CCSS la contribución de estas reformas del primer nivel a la reducción sostenible de las listas de espera del Hospital Fernando Escalante Pradilla.

La Defensoría de los Habitantes en el año 2026 realiza una intervención similar para la Región Huetar Norte.

11 de junio Día Mundial del Cáncer de Próstata

Andrés Arley Vargas
Presidente
Asociación Costarricense de Cirugía Urológica

Información general y concientización

¿Qué es el Cáncer de Próstata?

La próstata es una glándula ubicada en la base de la vejiga urinaria cuya función principal es producir secreción que contribuye a formar el semen.

En la próstata podemos ver con frecuencia el agrandamiento benigno, las infecciones y el cáncer, que es el más frecuente en hombres en nuestro país.

Incidencia y Prevalencia en Costa Rica

En Costa Rica, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en cuanto a incidencia (45.6 por cada 100 000 habitantes, 26.4%). La prevalencia de cáncer de próstata en Costa Rica es del 30%. A nivel mundial, es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, superado solo por el cáncer de pulmón, con una incidencia del 14%.

Síntomas

En etapas tempranas, el cáncer suele no dar síntomas o bien, se confunden con los mismos del crecimiento prostático benigno.

  • Chorro intermitente, vacilación al orinar, chorro débil o lento

  • Nicturia (necesidad de orinar durante la noche) y urgencia

  • Hematuria (sangre en la orina) o hematospermia (sangre en el semen)

  • Anemia, pérdida de peso, dolor de huesos, especialmente en la columna vertebral, caderas o extremidades, en casos de metástasis óseas.

Factores de Riesgo

El principal factor de riesgo es la edad, siendo la incidencia mayor a partir de los 50 años. Otros factores incluyen:

Antecedente familiar de cáncer de próstata.

Factores genéticos hereditarios, como mutaciones en los genes BRCA2, CHEK2, ATM y BRCA1.

Etnia, con hombres de ascendencia africana mostrando un riesgo más alto.

Importancia del Antígeno Prostático Específico (APE)

El APE es una proteína producida por las células de la próstata. Un nivel elevado de APE no siempre significa cáncer, ya que también puede aumentar en condiciones benignas como el crecimiento prostático benigno o las infecciones, como la prostatitis. Sin embargo, es una herramienta importante para la detección temprana.

  • El valor máximo aceptable de APE es de 3.0 ng/mL; a partir de este valor, se justifica hacer estudios de confirmación diagnóstica. Es importante recalcar este punto, porque los laboratorios utilizan distintos rangos de referencia que pueden confundir a los pacientes.

  • El antígeno prostático se hace siempre una vez al año, ojalá en el mismo laboratorio. Se sugiere que el paciente esté 3 días sin eyacular para que la medición sea confiable.

Tacto Rectal

Permite identificar cambios en el tamaño, consistencia, presencia de nódulos o asimetrías en la próstata.

Recomendaciones

  • Hágase el examen de sangre una vez al año, a partir de los 40. Conserve los archivos en su poder, para ver cómo se va comportando el antígeno prostático año a año.

  • Vaya al urólogo a partir de los 40 años si usted es de etnia afrodescendiente o tiene herencia en línea directa de cáncer de próstata.

  • Puede esperar a los 45 – 50 años si usted no tiene herencia de cáncer prostático. Recuerde llevar siempre su examen de sangre listo, con un valor exacto.

Este comunicado tiene como objetivo crear conciencia sobre el cáncer de próstata y la importancia de la detección temprana. Se trata de un tumor curable cuando el diagnóstico es temprano.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 confirma el peligroso descenso de la producción nacional

German Masís

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, que recoge los datos para el 2024, revela una caída considerable de la producción agrícola, que ha llegado ha ser reconocida como una verdadera crisis de la actividad agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias han sido significativas entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2020 (ENA 20021) y 2024 (ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados al inicio.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hectáreas menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2020 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 has menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Arroz

El área sembrada estimada en el año 2024 fue de 13 067,6 hectáreas, la producción fue de 51 468,3 toneladas métricas; destinando el 98,9% a la venta. La producción se concentra principalmente en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca

Según la ENA 2023, el año 2022 se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas. Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil toneladas métricas en el año 2022.

Sin embargo, si analizamos los datos en un período más amplio, entre el 2020 y el 2024, la diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 has y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

Frijol

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 8 708,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 761,7 toneladas métricas. El 76,7% de la producción total fue destinada a la venta. Su producción se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 toneladas métricas. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

El análisis de las diferencias entre el 2020 y el 2024, indican que en frijol ha habido una reducción de 744 has y de 1,547 toneladas métricas de producción, lo que también es significativo y debió ser cubierto con mayores importaciones

Maíz

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 7 534,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 17 627,8 toneladas métricas; donde el 79,4% fue vendida. Se cultiva en todas las regiones del país

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 toneladas métricas, en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

En maíz, las diferencias entre 2020 y 2024, han sido de 842 has sembradas menos, pero se obtuvo, 3,447 toneladas métricas más de producción, probablemente debido a mejores rendimientos.

Papa

El área sembrada estimada en 2024 fue de 1 679,5 hectáreas, la producción obtenida fue de 30 228,5 toneladas métricas; donde el 92,4% fue destinado a la venta. Del total de la producción vendida, el 92,7% fue al por mayor. Las principales regiones productoras son la Central Oriental y la Central Occidental

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 tm. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

La comparación en la producción de papa entre el 2020 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 has sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada.

Cebolla

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 1 313,3 hectáreas la producción obtenida fue de 25 349,0 toneladas métricas; donde el 99,0% fue destinado a la venta. se produce principalmente en las regiones Central Sur, Central Oriental, Central Occidental y algunas zonas de la región Chorotega.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 toneladas métricas, mientras que en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil toneladas métricas entre uno y otro año.

En el caso de la cebolla, las diferencias entre el año 2020 y 2024, es de 531 hectáreas sembradas menos y de 11,197 toneladas métricas menos de producción, lo que establece el descenso de la actividad en las áreas dedicadas y en la producción obtenida, claramente suplida por las grandes importaciones del producto.

Yuca

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 11 849,0 hectáreas, la producción obtenida fue de 111 743,5 toneladas métricas; donde el 91,7% fue para la venta y el 90,8% fue comercializado al por mayor. Las principales regiones en las que se produce son la Huetar Norte, la Huetar Atlántica y la Brunca.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 toneladas métricas en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil ton. de producto entre aquel año y el 2022.

En cuanto a la yuca, la comparación entre los años 2020 y 2024, revelan un aumento del área en 688 has y de 14,542 Tm más de producción, revelando un crecimiento importante de la actividad.

Banano

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 46 028,7 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 2 277 988,4 toneladas métricas. El 99,7% de la producción total fue para la venta. El principal destino de la producción es directamente al exterior, representando un 75,3% del total vendido, se concentra principalmente en las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 toneladas métricas, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

El análisis de la evolución de la producción de banano entre el 2020 y el 2024, determina una reducción de 8,755 has y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

Café

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 71 570,7 hectáreas, la producción obtenida fue de 360 502,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 85,9% de la producción total. Las regiones del país donde se puede encontrar este cultivo son la Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Pacífico Central, Chorotega y la Brunca.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 toneladas métricas de producción, mientras que en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En la actividad cafetalera, las diferencias entre los años 2020 y 2024, son significativas, con la reducción de 8,640 hectáreas sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial del grano

Caña de azúcar

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 55 780,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 929 987,7 toneladas métricas. De la producción vendida, el 98,8% fue destinado para la venta en la industria. En Costa Rica, la principal producción se encuentra en las regiones Chorotega, Central Occidental, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

La comparación en la actividad de la caña entre el 2020 y el 2024, evidencia una diferencia de 4,970 has menos sembradas y de 264,609 toneladas métricas menos de producción entre ambos años, que resulta significativa por la reducción de áreas que ha dado en las regiones productoras.

Chayote

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 461,4 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 336,4. La producción obtenida fue de 42 541,2 toneladas métricas. Del total de la producción el 99,0% fue destinada para la venta. Del total vendido, el 80,4% fue directamente al exterior. El cultivo se concentra principalmente en la región Central Oriental

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 tm. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 toneladas métricas producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

En el chayote, las diferencias son de 32 has sembradas menos, entre el 2020 y el 2024, pero un aumento de 11,257 Tm más de producción entre los dos años.

Mango

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 5 205,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 18 846,5 toneladas métricas. Del total de la producción se vendió un 95,0%, y se destinó a la comercialización al por mayor el 69,6%. Las principales regiones productoras son la Central Sur, Central Occidental, Pacífico Central y la Chorotega

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 toneladas métricas de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en el 2020.

Las diferencias en la producción de mango entre el 2020 y el 2024, son de 2,277 has menos y de 4,966 toneladas métricas menos entre los dos años, son importantes.

Naranja

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 10 678,4 hectáreas, La producción estimada fue de 128 069,5 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta con el 96,6% de la producción total. De la producción que se vendió, el 84,6% se destinó a la industria. Las zonas productoras del país son la Central Sur, Central Occidental, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 hectáreas y la producción obtenida de 289.564,5 toneladas métricas en el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Analizando las diferencias en la actividad de la naranja, encontramos una diferencia de 2,676 hectáreas menos sembradas y de 130,165 toneladas métricas menos de producción entre el 2020 y el 2024, mostrando un descenso considerable en la actividad.

Palmito

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 2 848,8 hectáreas, la producción fue de 2 681,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 57.0% de la producción total. En el país se siembra en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca

Mientras el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 toneladas métricas de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

En el palmito, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 1,018 hectáreas menos sembradas y de 537 toneladas métricas menos entre esos años, que indica una reducción mayor en las áreas y menor en la producción.

Plátano

La estimación del área sembrada en el año 2024 fue de 8 780,9 hectáreas, la producción obtenida fue de 72 277,9 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta, que representa el 85,4% del total producido. De la producción vendida, el 89,0% se destinó a la comercialización al por mayor. La principal zona productora del país es la región Huetar Caribe.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 toneladas métricas de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil toneladas métricas.

Las diferencias en la producción de plátano entre el 2020 y el 2024, son de 2,080 has menos en el período y de 12,135 toneladas métricas menos de producción, diferencias significativas en esta actividad.

Palma aceitera

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 67 600,5 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 999 761,6 toneladas métricas. El principal destino fue la venta en el exterior, representando el 72,4% de la producción total. Las principales regiones productoras son la Pacífico Central, Brunca y la Huetar Atlántica

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 toneladas métricas en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

En lo que respecta a la palma aceitera, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 5,298 has menos sembradas y 139,105 toneladas métricas de producción entre ambos años, lo que representa cambios importantes en esta actividad

Las diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas en la ENA 2025, revelan descensos muy importantes en la producción agrícola para el mercado interno y para la exportación, que marcan una peligrosa la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas, ya que en algunas de ellas como se ha mencionado anteriormente, podría estarse llegando a límites mínimos de producción, que un descenso mayor podría llevar a un desabastecimiento peligroso y a la dependencia de las importaciones como ha ocurrido en otros países.

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Exponor: La Industria, las tecnologías, y la disyuntiva de la Guerra

Pablo Ruiz
www.derechoalapaz.org
SOAW-Chile

Entre los días 8 al 11 de junio, se realiza en la ciudad de Antofagasta, en Chile, la Exponor 2026 que en otras palabras es la “Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética”. De acuerdo a información del sitio Exponor este evento reunirá a más de 1.300 expositores, de 36 países, y “cuenta con un completo programa de actividades orientado a la generación de oportunidades de negocio”.

A esta Exponor 2026 vendrán, entre otros, representantes de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, países que necesitan vender o comprar tecnología para su industria, y quienes también compran minerales a Chile, especialmente minerales críticos, para la producción de bienes de uso para su población. También, y debemos decirlo porque posiblemente no se mencionará, para seguir fabricando dispositivos tecnológicos militares, armas, tanques, aviones de combate, misiles, etc.

En estos tiempos convulsionados por guerras, para la fabricación y el desarrollo de armas y de nuevas armas, cada vez más precisas y efectivas, participan una serie de actores que intervienen en ese proceso donde se incluye por supuesto a las Industrias Tecnológicas y las Industrias Mineras que proporciona insumos para la fabricación de material bélico.

Como activistas por la paz, llamamos la atención sobre estos asuntos. Hemos participado en la Campaña Contra el Gasto Militar y contra la Guerra que impulsan organizaciones europeas y de América Latina. La guerra es la peor respuesta que se puede tomar cuando se tienen controversias territoriales con otros países. Es la búsqueda del diálogo y la resolución no violenta de los conflictos el camino correcto y humano.

Como muchos saben, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países de la OTAN aumentar su gasto en defensa mínimamente al 2% de su PIB. Alemania, incluso, tiene un plan ambicioso de rearme para los próximos años y tiene por objetivo, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar. Al mismo tiempo, organizaciones han denunciado que Alemania tiene actualmente las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares.

En lo que respecta a nosotros, a Chile, la ex ministra de defensa, Adriana Delpiano, firmó un acuerdo con la embajadora de la República Federal de Alemania, Susanne Fries-Gaier, el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN para la venta y compra de material bélico con esta Alianza Militar. Nuestra respuesta fue escribirle al presidente de entonces, Gabriel Boric, para manifestarles nuestro rechazo a este acuerdo con esta Alianza Militar acusada de diversas intervenciones y crímenes.

Otro de los países que van a participar en esta Exponor 2026 es Finlandia, donde se debate sobre las armas nucleares, el gobierno finlandés quiere introducir enmiendas en su constitución para poder tenerlas. También estará Francia, donde su presidente, Emmanuel Macron, dijo que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que “para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso” y ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

De nuestro continente, estará Brasil. Su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que en el actual escenario mundial había que prepararse ya que “si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” e instó a que Brasil produzca sus propias armas de combate.

Muy posiblemente, en la EXPONOR 2026 nadie hable del doble propósito que tienen las tecnologías ni menos del uso de minerales chilenos para la fabricación de armas que asesinan a seres humanos de carne y hueso en otros rincones del mundo. Sin embargo, creo que la ciudadanía debe ser consciente de estas posibilidades y ser más conscientes todavía que la humanidad atraviesa un momento de tensión y aumento de la militarización que nos pueden llevar, esta vez, por la existencia de armas nucleares, a una tercera guerra mundial de consecuencias inimaginables.

* Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). También es integrante de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20. Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

OMERCON: El consumidor financiero es el gran olvidado de la regulación costarricense

Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.

Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Campesinos marchan en Panamá contra embalses y minería y llaman a defender el agua, la tierra y la soberanía

Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.

Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.

La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.

En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.

Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.

Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.

Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.

Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.

Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Organizaciones y sectores participantes

  • Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)

  • Organizaciones campesinas

  • Pueblos indígenas

  • Gremios profesionales

  • Organizaciones de trabajadores

  • Organizaciones docentes

  • Organizaciones estudiantiles

  • Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable

  • Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá

Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.