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El lado oculto de la “armonización” eléctrica

José Luis Amador.

José Luis Amador

Los políticos empresarios y sus afines dicen que hacen falta más empresarios privados produciendo energía porque, el ICE, por sí solo, no puede producir y financiar la energía que está requiriendo el país. Pero el problema es que ya existe una ley de cogeneración eléctrica, donde estos empresarios han estado generando y vendiendo energía al ICE a precios exorbitantes, haciendo un gran negocio, por cierto. Pero ese no es el punto.

El asunto es que ahora quieren más.

Ahora van por todo.

El problema es que, con su deseada ley, los empresarios dejan de ser cogeneradores y pasan a dirigir el negocio eléctrico. Ahora, las funciones de planeación y administración del negocio eléctrico, que por mandato de la Constitución han estado exitosamente en manos del ICE, pasarán de manera solapada al control de los empresarios privados.

Con esta ley el ICE se convierte en un actor secundario mientras se está entregando la rectoría del negocio a los intereses privados y afines. Esto echa por tierra los principios de servicio público y precio al costo establecidos por la constitución y garantizados por el ICE. Los únicos beneficiados serán los empresarios y los “grandes consumidores”.

Actualmente, las ventas de energía a Centroamérica las hace el ICE y los recursos así obtenidos se aplica a la institución lo que redunda en baja de las tarifas. En la nueva ley los empresarios privados podrán vender directamente a Centroamérica o a grandes consumidores, obteniendo para sí los beneficios que antes se distribuían colectivamente en provecho del usuario. Lo que antes era para el usuario ahora es para el empresario.

Depende de usted ciudadano. Si gentilmente y por puro amor a los políticos empresarios como Oscar Arias, José Ma. Figueres y otros generadores privados, entregamos esta Institución del Estado que tanto nos ha dado y sigue dando, y dejamos que se convierta en un cascarón al servicio de los grandes empresarios,

Una suculenta e innecesaria dádiva del pueblo costarricense a los generadores privados: ticos con corona.

Todo un retroceso histórico.

En la imagen podemos apreciar la represa de la planta Cachí, una de las grandes obras del ICE.

A Genaro Gutiérrez se le cae su arrebato contra Pablo Sivas Sivas

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

Lo que se da y se quita…se vuelve cuita”. Tal parece que ese viejo dicho se le está cumpliendo a cabalidad a Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral -ADI- de Térraba, en el caso del despojo que le quiere hacer a Pablo Sivas Sivas de su tierra en San Andrés, Potrero Grande de Buenos Aires. Este abuso de autoridad se le ha convertido en un “cuitero” legal ya que se siguen sumando evidencias que desdicen su rabieta. Y ni qué decir de la pérdida de su condición ética.

La ADI legitimó la propiedad de Pablo Sivas

Como relatamos en agosto del 2025 en “La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI”, el 7 de agosto 2025 la Junta Directiva de la ADI de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…”, finca que hasta ese día era propiedad incuestionada del indígena Bröran Pablo Sivas Sivas, pues la negoció con el señor Leitano Nájera, otro indígena, lo cual es legal según la Ley Indígena. Ese trato fue reconocido por todas las personas de Térraba y por supuesto por sus colindantes.

A partir de ese certificado que firmó Gutiérrez en favor de la señora Flores, Sivas Sivas, defendió sus derechos violentados. El asunto está en tribunales, pero hasta ahora no se había considerado un elemento fundamental que desdice cualquier duda sobre la legitimidad de la propiedad de Pablo Sivas Sivas de ese terreno. De igual manera, con esa evidencia, se reafirma que la actuación del presidente de la ADI, es contraria a cualquier compromiso con la justicia, la mediación asertiva que debería ejercer entre la gente indígena de acuerdo con su cargo legal, y su resistencia permanente a los procesos de recuperación de la tierra por parte de la población que fue desterrada por “sikuas”/no indígenas, incluso con ayuda de la ADI, como ha sido denunciado repetidamente por personas indígenas de Térraba y otros territorios.

La prueba que se está sumando al proceso es una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” de la ADI de Térraba (así está en el original) en la que se dice: “Hace constar: Que el señor (a) Pablo Gerardo Sivas Sivas, cédula de identidad número 6-123-262, es indígena miembro de esta Comunidad. Asimismo, se hace constar, que la persona anteriormente indicada, es poseedor (a) legítimo del terreno que a continuación se describe” , y se indican los linderos de la finca de San Andrés de Sivas Sivas. Además, la ADI certificó que “El terreno mide: 10 hectáreas. Se deja constancia expresa, con vista en la declaración jurada del interesado (a), así como la información comunal existente, que el terreno ha sido poseído en forma pacífica, pública e ininterrumpida, durante 05 años, y que a la fecha no se conocen otros poseedores con igual o mejor derecho sobre el terreno, ni litigios judiciales o administrativos”. Este documento, firmado por la entonces presidenta de la ADI de Térraba, Geini Gutiérrez Navas, está fechado en Térraba el 28 de noviembre del año 2013. En el mismo se incluye una declaración jurada de Pablo Sivas Sivas en la que reconoce los alcances legales de la constancia y acepta lo formalizado por la presidenta de la ADI.

Las ADIs fueron impuestas por el Estado

Dentro de algunos de los territorios indígenas desde hace mucho tiempo se asumió que las ADIs no son representaciones legítimas de las culturas originarias. De acuerdo con Marina Navas Obando, recuperadora Bröran, que por cuatro años ha participado en un proceso de estudio sobre derechos de los Pueblos Originarios, auspiciado por el proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas”, una de las principales razones del malestar en el pueblo indígena es la imposición por parte del Estado de las Asociaciones de Desarrollo Integral en las comunidades indígenas, como si fueran figuras de representación legítimas”. Entre las quejas fundamentales se incluye que las ADI son las propietarias de las tierras indígenas en el Registro Público de la Propiedad y con ese “título” de “propietarios del territorio”, y apoyados por el Estado, las Juntas Directivas de las ADIs son la “parte ejecutora del Estado” por medio de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Incluso, las ADIs “han abierto portones para que ingresen personas no indígenas al territorio”. De hecho, en el proceso de estudio mencionado, uno de los asuntos de mayor debate y exposición entre indígenas de los pueblos del sur del país como Salitre, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), China Kichá, Bröran, Térraba y Ngäbe, se anota como particularidad de la ADI de Térraba, que en muchas ocasiones entre sus afiliados ha habido más “sikuas” que indígenas y más personas que viven fuera que dentro del territorio, todo lo cual es conocido pero no corregido por DINADECO, lo que reafirma que hay una clara colusión de fines entre esa ADI y la entidad gubernamental.

Las controversias con y dentro de la ADI de Térraba tienen larguísima historia. El 26 abril de 2022 Cindy Vargas Ortiz y Heylin Figueroa Calderón, indígenas Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, en su artículo “ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas” explicaron que “Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia (la de Genaro Gutiérrez Reyes) aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses”.

En total concordancia con lo indicado por las mujeres indígenas citadas, en el año 2010 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un informe titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, había indicado que “la ADI (de Térraba) tiene el título de su territorio y el grupo que controla la ADI, rutinariamente toma decisiones sin informar al pueblo y en algunos casos el presidente toma decisiones sin siquiera consultar al resto de la junta directiva de la ADI. Las solicitudes de información presentadas por los miembros de la comunidad indígena acerca de las decisiones tomadas por la ADI de Térraba son continuamente ignoradas”.

En ese documento de Naciones Unidas quedó señalado lo que se ha reiterado durante décadas desde los Pueblos Originarios, y que también, permanentemente, ha sido ignorado por las autoridades de gobierno que se relacionan con las poblaciones indígenas, como DINADECO: “los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo Térraba, han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”

En resumen, Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la ADI de Térraba, escondió, negó, desconoció o simplemente no le importó, que su misma asociación, en aquel momento presidida por su sobrina, hubiera reconocido y validado mediante una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” el derecho de Pablo Sivas Sivas a la tierra que ahora está empeñado en arrebatarle. Que un tribunal externo dicte sentencias sobre este asunto mediante un “interdicto agrario” es lo que la normalidad jurídica “sikua” dicta, pero eso no resuelve éste ni ningún otro conflicto. Eso más bien reafirma la no aplicación de la Ley indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de numerosas sentencias judiciales sobre la propiedad y la administración de la tierra dentro de los territorios indígenas. Pero que sea un indígena, que en buena teoría debería defender a su pueblo, el que se ensañe contra las personas indígenas recuperadoras, debe anotarse con todas las letras y nunca ser olvidado.

Está del todo claro que Pablo Sivas Sivas era y es el único y legítimo dueño de la tierra de San Andrés. Eso lo reconoció la ADI y esa constancia sigue vigente. A pesar de eso Genaro Gutiérrez está empecinado en quitarle su derecho no sólo a Sivas Sivas, sino a muchas más personas recuperadoras de otras tierras, por cuya recuperación nunca movió ni una pestaña cuando eran los sikuas/usurpadores quienes las explotaban. Sin embargo, como “lo que se da y se quita…se vuelve cuita”, ahora parece que Genaro deambula descalzo en un suamposo piso de gallinero porque escogió, contra todo principio de protección de su gente, comprometerse con el despojo y el desconocimiento de los derechos de su propio pueblo. Una vez más su condición ética queda del todo cuestionada. Es por eso que, ya sea por sikuas o por gente de esta estirpe, que estas expresiones del racismo siguen marcando la vida de los Pueblos Originarios de Costa Rica.

El Imperio espera la rendición; Cuba responde sin claudicar

José A. Amesty Rivera

Cada cierto tiempo, los voceros del poder imperial vuelven a lanzar la misma profecía, ahora sí cayó Cuba, ya sí se derrumba la Revolución, ahora sí llegó el final.

Lo dijeron cuando desapareció la Unión Soviética, lo repitieron durante los años más duros del Período Especial, lo anuncian con cada crisis económica, con cada apagón y con cada ola migratoria.

Y, sin embargo, aquí está Cuba, golpeada, asediada, castigada por carencias reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, pero de pie.

Esta es la verdad que incomoda a Washington y a sus operadores políticos y mediáticos; porque el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos, el problema fue siempre otro, que una pequeña isla del Caribe se atrevió a romper las cadenas de la dependencia, recuperó el control de su destino y desafió el dominio imperial a apenas noventa millas de la mayor potencia militar del planeta.

Desde 1959, EEUU no ha dejado de intentar doblegar a la Revolución Cubana con: invasiones, sabotajes, terrorismo, financiamiento de grupos desestabilizadores, campañas de desinformación, guerra económica y aislamiento diplomático, que forman parte de una misma estrategia histórica, rendir por hambre a un pueblo que decidió no obedecer.

Por esto el bloqueo no es una simple sanción económica, es una guerra prolongada contra una nación soberana, es una política deliberada de castigo colectivo diseñada para provocar desesperación, fractura social y rendición política. Ningún país latinoamericano aceptaría durante sesenta días lo que Cuba ha soportado durante más de seis décadas.

Quienes hoy intentan explicar la crisis cubana exclusivamente como resultado de un supuesto fracaso del socialismo, no buscan comprender la realidad, buscan construir un relato utilizable a los intereses de quienes jamás aceptaron la independencia de Cuba.

No existe análisis serio que pueda ignorar el peso brutal del bloqueo sobre la economía cubana; la imposibilidad de acceder libremente a mercados, créditos, tecnologías, inversiones y sistemas financieros internacionales, tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo.

Pero sería igualmente irresponsable cerrar los ojos ante los problemas internos, precisamente porque defendemos la Revolución, tenemos la obligación política y moral de hablar con claridad. El bloqueo explica una parte decisiva de las dificultades, pero no todas.

Existen problemas estructurales que requieren respuestas urgentes, como que, persisten trabas burocráticas que frenan decisiones necesarias, existen insuficiencias productivas que afectan la capacidad de generar riqueza social, se perciben desgastes institucionales y mecanismos de participación popular, que necesitan fortalecerse para responder a los desafíos de una nueva etapa.

La crítica revolucionaria no es una concesión al enemigo, por el contrario, la crítica revolucionaria es una herramienta de defensa del propio proceso revolucionario.

Los pueblos que hicieron revoluciones no las hicieron para administrar inercias, ni para preservar estructuras inmóviles, las hicieron para transformar la realidad. Defender la Revolución significa tener el coraje de corregir errores, combatir privilegios, enfrentar deformaciones burocráticas y abrir nuevos caminos para la participación popular.

La peor amenaza para cualquier proyecto emancipador no es la discusión, es el inmovilismo. Las recientes conversaciones entre La Habana y Washington expresan las contradicciones del momento histórico.

En sectores del poder estadounidense existe una constatación imposible de ocultar, después de más de sesenta años de agresión, la Revolución Cubana no ha sido derrotada.

No lograron destruirla con invasiones, no lograron destruirla con atentados, no lograron destruirla mediante el aislamiento, no lograron destruirla mediante el bloqueo.

Pero también saben que el desgaste económico acumulado, puede generar condiciones favorables para impulsar una restauración capitalista gradual, presentada como modernización, apertura o normalización y aquí reside uno de los grandes peligros de la coyuntura actual, porque la historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos.

Los mismos grupos económicos que privatizaron empresas públicas, destruyeron derechos laborales, multiplicaron la desigualdad y entregaron recursos estratégicos a corporaciones extranjeras, son los que hoy aparecen como supuestos defensores de la libertad y el progreso.

Nuestra América ya conoce esta receta, la aplicaron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, la aplicaron en nombre de la eficiencia, la aplicaron prometiendo prosperidad.

Y el resultado fue más pobreza, más dependencia, más exclusión y más concentración de la riqueza; por esto la salida para Cuba no puede ser el regreso al neoliberalismo.

La respuesta tampoco puede consistir en administrar indefinidamente las dificultades existentes, la respuesta debe surgir desde una profundización del proyecto revolucionario, como:

Más participación popular, más protagonismo de los trabajadores, más control social sobre la economía, más cooperativas, más capacidad productiva, más combate contra los privilegios burocráticos, más democracia socialista, más Revolución.

Porque la disyuntiva no es socialismo o mercado, la verdadera disyuntiva es soberanía o dependencia.

Quienes, desde Miami, o desde determinados centros de poder sueñan con convertir a Cuba en un paraíso para fondos de inversión, especuladores financieros y grandes cadenas transnacionales, no están pensando en el bienestar del pueblo cubano.

Están pensando en negocios, no buscan justicia social, buscan restaurar privilegios, no buscan soberanía, buscan subordinación, no buscan democracia popular, buscan recuperar espacios de dominación perdidos en 1959.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en este momento, ya que solidaridad no significa silencio, solidaridad tampoco significa repetir consignas mecánicamente.

La verdadera solidaridad consiste en defender sin vacilaciones el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino, frente a cualquier forma de injerencia imperial, al mismo tiempo que se promueve un debate revolucionario, capaz de fortalecer, renovar y proyectar hacia el futuro las conquistas alcanzadas.

Porque la batalla de Cuba nunca ha sido solamente una batalla cubana, es una batalla latinoamericana. Es una batalla de todos los pueblos que luchan por la independencia, la justicia social y la dignidad nacional.

Por eso Cuba sigue siendo un símbolo, no porque sea perfecta, no porque esté libre de errores o contradicciones, sino porque representa una verdad que el imperialismo jamás ha logrado destruir, como que los pueblos tienen derecho a construir su propio destino sin amos, sin tutelajes y sin imposiciones extranjeras. Mientras esta convicción siga viva, la Revolución seguirá siendo una posibilidad abierta.

La tarea de esta hora no es administrar la derrota, la tarea es impedir la restauración, la tarea es defender la soberanía, la tarea es abrir un nuevo ciclo de participación popular, transformación económica y ofensiva revolucionaria.

Porque Cuba no está vencida y porque los pueblos de Nuestra América todavía tienen cuentas pendientes con la historia.

1845 personas presentan recurso de amparo para defender el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional

La iniciativa busca proteger el derecho de la ciudadanía a contar con una justicia pronta y efectiva ante situaciones que afectan la salud, la libertad y otros derechos fundamentales.

San José, 19 de junio de 2026.

Un total de 1845 personas respaldan la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para exigir que la Asamblea Legislativa cumpla con su obligación constitucional de nombrar las magistraturas suplentes de ese tribunal.

La acción nace de una preocupación sencilla pero profunda: cuando la Sala Constitucional no puede funcionar plenamente, quienes resultan afectados no son las instituciones, sino las personas.

Detrás de cada expediente hay historias humanas. Hay pacientes que esperan un medicamento para continuar viviendo. Hay familias que luchan para que un ser querido reciba atención médica. Hay personas que acuden a la Sala porque sienten que sus derechos han sido vulnerados. Hay comunidades que defienden el ambiente, estudiantes que reclaman acceso a la educación y ciudadanos que buscan protección frente a decisiones arbitrarias del Estado.

La Sala Constitucional es la última puerta a la que muchas personas tocan cuando sienten que nadie más las escucha.

Por eso preocupa que, pese a existir una lista de personas candidatas remitida por la Corte Suprema de Justicia y a pesar del tiempo transcurrido, la Asamblea Legislativa no haya concretado el nombramiento de las magistraturas suplentes necesarias para garantizar el funcionamiento pleno del tribunal.

Las magistraturas suplentes no son un lujo ni un trámite administrativo. Son parte esencial de un sistema diseñado para que la Sala pueda seguir resolviendo casos cuando alguna magistratura propietaria se encuentre incapacitada, de vacaciones, recusada o imposibilitada para participar en una votación.

Sin esas suplencias, existe el riesgo de atrasar o paralizar decisiones que pueden tener un impacto directo sobre la vida, la salud, la libertad y la dignidad de las personas.

Las 1.845 personas que respaldan este recurso consideran que la falta de acuerdos no pueden poner en peligro el acceso de la ciudadanía a la justicia constitucional.

Esta acción no pretende imponer nombres ni sustituir las competencias de la Asamblea Legislativa. Lo que busca es que se cumpla un deber establecido por la Constitución Política y que se garantice que la Sala Constitucional continúe siendo un instrumento efectivo para proteger los derechos de todas las personas.

Porque cuando una persona necesita un hábeas corpus para recuperar su libertad, cuando una madre lucha por el tratamiento médico de su hijo, cuando una comunidad busca proteger sus recursos naturales o cuando cualquier ciudadano requiere que se respeten sus derechos fundamentales, la justicia no puede esperar.

La defensa de la Sala Constitucional es, en realidad, la defensa de cada persona que algún día podría necesitarla.

Autoritarismo o democracia: panel analizará el papel de las instituciones autónomas y las garantías sociales

El programa Alternativas realizará el próximo 19 de junio de 2026 un panel dedicado a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas, las garantías sociales y las instituciones autónomas en el contexto de los cambios políticos y económicos contemporáneos.

La discusión partirá de una pregunta central planteada por la convocatoria: ¿cómo enfrentar el plan de los grupos de poder encabezados por Estados Unidos para eliminar los Estados nacionales? Según el texto de presentación del programa, una de las principales fortalezas para enfrentar esos procesos ha sido la existencia de las instituciones autónomas y las garantías sociales, las cuales continúan actuando como contrapesos frente a una arremetida autoritaria de intereses imperiales y transnacionales.

Bajo el eje temático “Autoritarismo o democracia”, el panel reunirá a cuatro personas invitadas con experiencia en ámbitos académicos, políticos, sociales y periodísticos.

Participarán:

  • Manuel Delgado Cascante, filósofo y periodista.

  • Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, asesor legislativo, exregidor municipal y excandidato a diputado por Heredia.

  • Patricia Mora Castellanos, socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica, exdiputada (2014-2018), exministra del INAMU (2018-2020) y presidenta del Frente Amplio.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La actividad forma parte de la programación del espacio Alternativas, iniciativa del Colectivo Reflexión-Acción, y será transmitida en vivo el 19 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

La transmisión también contará con la difusión de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

El panel propone un análisis sobre la vigencia de las instituciones públicas, la democracia, los derechos sociales y los desafíos políticos que enfrenta Costa Rica en el contexto regional e internacional.

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¡Se llevaron todo!

Rafael A. Ugalde Q.*

Al principio no fue así. Perteneció a los pueblos de la antigua Grecia, Nuestra América o los chinos, cada uno tenía su forma de competir, de mostrar su destreza, unir y alegrar a sus comunidades, al fin y al cabo, el hombre deja de ser humano cuando olvida su animal social por naturaleza, que lleva dentro quiera o no.

Sí, los famosos juegos de nuestros aborígenes, mediante el cual pasaban un objeto por un aro, el llamado Cuju chino, el Episkyros griego o el fútbol de carnaval de la vieja Europa, todos sin excepción y a su manera – para decepción de quienes encasillan todo como el “opio de los pueblos” – contribuyeron a la identidad de pueblos enteros, movilizados por un ideal y una victoria.

Seguramente sí Marx, Lenin, Engels, Rosa Luxemburgo, Fidel, Mariátegui, el “Che” o Chaves, etc., estuvieran vivos, nos mandarían a analizar con más dedicación y más seriedad como este sistema de la maximización de la ganancia – no basta la cajonera palabra “capitalista” – cuando se deja a la libre y sin orden alguna del mercado a favor de las mayorías, quienes sobornan, hacen lobby, recurren a la diplomacia o al poder de los paraísos fiscales, arrollan todo a su paso, desnaturalizan todo, se vuelven en peligrosísimos depredadores.

Este acabose de la llamada “fiesta” del pueblo cada cuatro años empezó, sobre todo, a partir de 1974, cuando el brasileño Jao Havelange descubrió el “dulce encanto” del tráfico de influencia, los negocios sucios, limpiados por la política y la televisión, encontró en el silencio de sus súbditos una valiosa moneda de cambio para la compra de conciencia, etc., hasta llegar hoy a la actual Copa Mundial instrumentalizada con todos los mecanismo de los que hace uso el sionismo, el nazismo y el fascismo.

Sin embargo, fue con la llegada del suizo, Joseph S. Blatter, (1998 – 2015) a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), tras el retiro de Havelange, cuando este organismo hace otro “descubrimiento” para quedar por encima incluso de la misma ONU.

La FIFA nació el 21 de mayo de 1904, cuando se asoció el futbol francés, el belga, el danés, el holandés, el español, el sueco y el suizo. Cuenta actualmente con 211 naciones afiliadas, mientras hay 193 en Naciones Unidas, tiene sus disposiciones legales que se cumplen sí o si en todos sus miembros, a veces por encima de leyes locales.

Blatter, lejos de enderezar la barca, giró el timón sobre tormentas de arena de todo tipo, hasta que el actual presidente de la organización, el italiano Giovanni Vincenzo Infantino (asumió en 2016), ya sin nada que perder y ganando todo, terminó aliándose con las monarquías árabes, dándole a Qatar el mundial de 2022.

Sí alguna vez, como en 2015, el FBI y las autoridades suizas detuvieron a docenas de altos ejecutivos por sobornos, fraude y lavado de dinero, hoy la diversificación de los negocios de la FIFA casi hace imposible ese cometido.

Al tráfico de lo que sería en este siglo “pies de obra” barata desde el Sur Global, en lugar de “mano de obra “regalada como solían llevar y traer esclavos en el pasado, ahora las naciones industrializadas llaman a esto eufemísticamente “fichaje” o “transferencia” de jugadora o jugador.

Controla además apuestas bajo la libertad de comercio y la autonomía de la voluntad, maneja resultados de partidos por distintas plataformas, todo moralmente apegado a las reglas del llamado Occidente colectivo, no vaya a ser que confundan todo esto con aquellos repugnantes mafiosos que todo lo hacían en la oscuridad.

Lo mismo le da promover en los estadios la marca de un condón, una empresa de transporte aéreo, una pachita de ron o un botellón de cerveza. Sí las tabacaleras no estuvieran de capa caída por el cáncer y los desastres del tabaco en la salud, usted vería la publicidad de marcas de cigarrillos por todo lado dentro y fuera de los estadios.

El argumento dado sobre el negocio va dirigido a personas subnormales. El fútbol – argumentan – necesita financiamiento y dicha publicidad no está dirigida a los niños ni jóvenes acompañantes de sus padres en los reductos deportivos o ven el partido por cualquier canal que, de paso, debe pagarse por ello.

No hubo en el mundo un país que el portero ruso Yashin no inspirara a los jóvenes. En Río Janeiro, Brasil, actualmente rinden homenaje con una estatua suya.

Pero no siempre fue así. El futbol, además de unir a “iguales” en torno a un balón, un árbitro y 22 participantes, generalmente salidos de los cinturones de miseria, nos dio a ese rebelde de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, a quien la FIFA jamás amansó.

Ordenaron a Maradona dejar de hablar sobre corrupción, racismo y negocios no del todo claros en el balompié asociado de su tiempo; sin embargo, ni las amenazas ni los boicots en contra de él lo apaciguaron.

¿A cuántos millones de jóvenes menores de 20 años inspiran aún hoy aquella selección juvenil de la antigua URSS, que en 1977 ganó en Túnez el primer mundial en su categoría y abrió para siempre el camino para este tipo de certámenes?

Y cuando hablamos de patrimonio mundial de los pueblos, no podemos dejar por fuera a Lev Yashin (n.22/10/1929- m.20/3/1990), conocido en todos los continentes como la impenetrable Araña Negra. Caballero de principio a fin fiel siempre a su Rusia y revolucionario hasta su muerte, deceso ocurrido a raíz de complicaciones por la diabetes.

Por eso cualquiera de los líderes revolucionarios citados líneas atrás, especialmente Lenin, verían con crudeza en cada partido el “imperialismo como la fase superior del capitalismo”; a la vez una puerta abierta para pelear por las grandes transformaciones.

Allá largo, donde denominan las tribunas VIP de los estadios, los palcos no albergan la soberanía popular, sino al capital transnacional unificado en monopolios financieros que dictan leyes, eximen impuestos y exigen la suspensión de soberanías locales para el libre tránsito de sus mercancías.

Ciertamente, Federico la Mont en su brillante artículo, da en el clavo, (https://latitudmegalopolis.com/2026/06/11/futbol-con-marx-y-engels/); cuando nos dice que el fútbol actual ya no pertenece a las masas – el suscrito prefiere llamarlo proletariado – que lo crearon; es la puesta en escena de una corporación de depredación intensiva que explota identidades nacionales para acumular riqueza abstracta en paraísos fiscales.

Agregaría solo algo que el futbol conserva y perdemos a veces de vista. Y ello es trascendental. La solidaridad y el alma reflejada durante los noventa minutos de los partidos entre quienes lucían en las graderías los colores de la Palestina martirizada. Durante el partido entre Nueva Zelanda e Irán resultaba conmovedor como explosionaban los aficionados cada vez que el árbitro se hizo de la vista gorda y no pitó a los persas dos faltas penales.

O cada vez que los persas venían desde atrás con el marcador en contra y emparejaron a 2-2 el resultado final.

El futbol nos enseña, si bien es cierto se presenta dentro un rectángulo de juego, donde se combina con exactitud velocidad, tiempo y forma, sea con un esquema 1-4-4-2; 1-5- 4-1 e interminables combinaciones de este dibujo táctico, es cierto asimismo que los enemigos son minoría, pero pueden cuando no hacemos nada y con miles de jóvenes, mujeres y hombres que protestaban contra la dictadura chilena, por ejemplo. Sí nosotros también sabemos, podemos y queremos, la cosa cambia.

El que dude consulte la historia.

*Periodista y exjefe de la redacción de deportes del Semanario Universidad.

Contraloría advierte graves brechas en infraestructura quirúrgica y equipos médicos de la Región Brunca

Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.

La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.

La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.

Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.

La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.

En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.

Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.

La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.

El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.

Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.

Las personas interesadas pueden consultar el informe completo de la Contraloría General de la República en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SIGYD_D_2026009763.pdf

Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

  1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

  2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

  3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

  4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

  5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-final-06636-2026-DHR-AE-468442-2025-RI.pdf

 

Uso de inteligencia artificial en medicina – Pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina

En las últimas décadas, globalmente se ha deteriorado el humanismo en la medicina, cuya esencia es el servir con empatía y hacer sentir a los pacientes el cariño de aquel que busca aliviar sus dolencias. La presencia amplia de dispositivos tecnológicos ha generado que los médicos hoy tengan que dedicar más tiempo a las tareas administrativas, incluyendo el cumplimiento con los requisitos del llenado de los expedientes electrónicos, olvidándose, por falta de tiempo, de sentarse, escuchar, dedicarle al enfermo el tiempo necesario, de acuerdo a sus necesidades afectivas y de salud. Hoy la tecnología nos alcanzó y nos rebasó, lo que tal vez desemboque en el futuro en un médico híbrido: medio humano, medio robot.

La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la práctica médica; bien empleada y enseñada, puede llegar a ser parte positiva de un armamentario que redunde en una mejor calidad de atención del paciente con coherencia, con habilidades clínicas y humanistas inherentes a ese ser humano que decidió abrazarse con absoluta dedicación y verdadera vocación a la más noble de las profesiones. Por lo tanto, su incorporación debe realizarse bajo principios de seguridad, supervisión humana, protección de datos, verificación de fuentes y responsabilidad profesional.

En los estudiantes de medicina, la IA ha reemplazado la búsqueda manual de información en las revistas indexadas, porque ahorra tiempo. La mayoría de las veces provee información rápida que satisface al usuario, pero este no sabe cómo llega a sus resultados y que no está exenta de errores. También es utilizada para compararla con el diagnóstico y un plan de tratamiento planteados por el humano, pero conlleva el riesgo de abandonar el pensamiento crítico, la corroboración de información y de reemplazar la relación empática médico paciente. Esta Academia propone:

  1. En primer lugar, la IA debe ser usada para apoyar y reforzar el razonamiento clínico, no para substituirlo. Es un complemento, una herramienta, no un instrumento en sí mismo. Generar posibles diagnósticos diferenciales que no se han tomado en cuenta, detectar “banderas rojas” antes de su manifestación obvia. Ordenar casos clínicos para no pasar por alto información. Detectar patrones desconocidos de enfermedades.

  2. Para fines educativos para el estudiante de medicina y formativos para el médico joven, la IA facilita el acceso a mayor información, al revisar bases de publicaciones científicas, lo que permite hacer búsqueda de citas bibliográficas de determinado tema para luego revisarlas. En la docencia, la IA es útil para preparar clases y entrenar a médicos residentes en casos complejos, siempre verificando las fuentes. Debe recordarse que la IA inventa información.

  3. La IA mejora la eficiencia administrativa, dejando más tiempo al médico para función eminentemente clínica y docente.

  4. La IA mejora la comunicación con el paciente, permite dar información, recomendaciones o instrucciones en forma más clara y más fácil de comprender. Explicar benéficos y riesgos de tratamientos, en un lenguaje más cercano al paciente. Crear instructivos para determinada enfermedad crónica, de forma que el paciente lo comprenda cabalmente y lo motive para la adherencia al tratamiento. Resumir publicaciones médicas.

  5. La IA no debe usarse como autoridad final para diagnóstico, tratamiento, indicación quirúrgica, pronóstico, triaje crítico o decisiones médico-legales sin validación humana y contexto completo.

  6. Se debe introducir al estudiante de medicina en el uso adecuado y analítico de la IA. Debe explicarse las bases de su funcionamiento y sus diferentes tipos de uso médico, destacar sus fortalezas y debilidades, aplicar el tipo de IA idónea según cada necesidad y situación contextual, siempre teniendo en mente que es un instrumento complementario para el médico, no su reemplazo, ya que el juicio emitido por la IA no siempre es correcto y que se debe verificar y evaluar según la situación. Debe enseñarse cómo elaborar preguntas (prompts), cómo proteger la privacidad del paciente, cómo se debe interpretar una respuesta generada por la IA y cómo verificarla. También debe enseñarse qué son los sesgos, errores, alucinaciones y las limitaciones de IA. Quienes forman nuevos médicos, deben inculcar humanismo, desarrollar habilidades clínicas y razonar críticamente, basado en evidencia, no en ocurrencia y mucho menos, en datos globales. Los pacientes son seres únicos, irrepetibles, no reproducibles y por ende, merecen ser tratados, como tales.

En conclusión, la IA debe ocupar en medicina el papel de un copiloto clínico, educativo y administrativo que fortalezca el razonamiento clínico, facilite la actualización científica, mejore la eficiencia documental y fortalezca la comunicación con el paciente. Su uso exige pensamiento crítico, supervisión humana, verificación de fuentes, protección de la privacidad y reconocimiento explícito de sus limitaciones. La formación médica contemporánea debe preparar a los futuros profesionales para utilizar la IA con competencia técnica, criterio clínico y responsabilidad ética.

Junta Directiva
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica
Junio, 2026

Defensoría advierte: Barreras al sector frijolero amenazan seguridad alimentaria

*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.

La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.

Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.

Un problema que trasciende lo económico

La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.

Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.

El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.

La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.

«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/06629-2026-DHR-AE-425606-2023-RI.pdf