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FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

Organización de derechos humanos denuncia masacres en Honduras y exige investigación independiente

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) emitió un comunicado público en el que condena y denuncia las masacres ocurridas en las comunidades de Rigores, en el departamento de Colón, y Corinto, en Cortés, Honduras. La organización sostiene que los hechos representan una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre un contexto de creciente militarización, violencia contra comunidades campesinas y debilitamiento de las garantías democráticas. En su pronunciamiento, exige investigaciones independientes, sanciones para los responsables materiales e intelectuales, medidas de protección para las víctimas y acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción.

Comunicado público

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), ante los gravísimos hechos de violencia y las masacres perpetradas ayer en el territorio nacional, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más profunda consternación, condena y denuncia:

Antecedentes y hechos

  1. Ataque previo y destrucción en Rigores (18 de mayo de 2026): El pasado lunes, la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, sufrió una violenta incursión por parte de elementos fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Nacional. Estos sujetos destruyeron y quemaron viviendas, enseres domésticos, herramientas y medios de transporte de niños y niñas para asistir a la escuela. Entre las víctimas se encontraba una joven mujer —quien ese día había denunciado públicamente en video la destrucción del sustento económico que con esfuerzo y préstamos financieros había construido para su familia—. Ella fue identificada posteriormente como una de las víctimas mortales.
  2. Masacre en la Comunidad de Rigores (21 de mayo de 2026): En horas de la madrugada de ayer, jueves, se consumó una de las agresiones más sangrientas registradas en los últimos años contra el sector campesino organizado. Supuestos elementos policiales ingresaron fuertemente armados disparando indiscriminadamente contra las familias de la comunidad de Rigores. Este acto de barbarie deja un saldo preliminar alarmante de más de 19 personas asesinadas con total crueldad y alevosía. Es sumamente preocupante que esta masacre ocurra en un contexto de reformas legales punitivas y discursos estatales orientados a la militarización bajo el argumento del combate al terrorismo, lo que profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y los defensores de la tierra.
  3. Masacre en Corinto, Cortés (21 de mayo de 2026): Casi simultáneamente, alrededor de las 11:00 a.m. de ayer, se registró un violento enfrentamiento armado en la comunidad de Corinto, departamento de Cortés, que cobró la vida de al menos cinco agentes policiales y tres civiles, sumando un total preliminar de ocho víctimas fatales. Exigimos el esclarecimiento inmediato de los motivos de este hecho y la transparencia total en la divulgación de las bajas.

Consideraciones

  1. Impacto Humanitario y Psicosocial: Denunciamos el ensañamiento infligido contra las familias campesinas. El saldo de estas masacres se mide en vidas segadas, mujeres despojadas, madres en luto permanente e infancias profundamente traumatizadas tras haber presenciado el asesinato de sus padres y madres. El impacto psicológico en la niñez de Rigores constituye una violación flagrante a su derecho a la vida, integridad y desarrollo.
  2. Regresión a las Épocas más Oscuras: La gravedad de estos ataques contra el sector campesino organizado no tiene precedentes cercanos desde la etapa autoritaria comprendida entre 2009 y 2022, periodo marcado por altos índices de impunidad, despojo y violencia que alcanzaron su punto crítico en 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Alertamos que el actual Gobierno, cuya legitimidad cuestionamos desde su instauración, continúe rodeándose de figuras de la administración anterior y replicando lógicas represivas que fortalecen las dinámicas del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona del Bajo Aguán y el norte de Honduras.

ACI participa exige:

  1. Investigación exhaustiva e independiente: Al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes, realizar de forma inmediata una investigación rigurosa, científica y transparente que permita la identificación, captura y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre de más de 19 personas en la comunidad de Rigores.
  2. Requerimientos judiciales y deducción de responsabilidades: Que se aplique todo el peso de la ley y se emitan los requerimientos judiciales pertinentes contra todos los involucrados directos e indirectos, incluyendo de forma categórica a autoridades estatales, empresarios y estructuras ligadas al crimen organizado o la narcoactividad en la región.
  3. Cese de la violencia institucional y reparación integral: El cese inmediato del uso de la fuerza policial y militar orientada a la persecución de las comunidades agrarias. Exigimos una respuesta del Estado que garantice medidas urgentes de protección, asistencia psicosocial inmediata a las víctimas supervivientes y garantías de no repetición para el pueblo hondureño.

Llamado internacional

ACI PARTICIPA hace un llamado urgente y enérgico a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional, para que en el marco de sus mandatos de protección internacional se pronuncien con firmeza ante esta emergencia de derechos humanos y coadyuven en la veeduría y defensa del pueblo hondureño ante un alarmante repunte de la violencia estructural.

¡NO A LA PROMOCIÓN DE ASESINATOS SELECTIVOS EN HONDURAS!
¡NO MÁS MASACRES EN HONDURAS!
“POR EL RESPETO, LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, NI UN PASO ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2026.

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia

Venezuela salió perdiendo

Por Nacho Montes de Oca / pressenza

Tras el ataque militar a Venezuela en enero de este año, Estados Unidos saqueó frenéticamente los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y el oro. Estados Unidos compra y vende petróleo venezolano a través de cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, fiscalizando por la fuerza los ingresos originalmente destinados a Venezuela y permitiendo que Venezuela utilice solo una pequeña parte para comprar bienes a precios elevados en EEUU como un requisito obligatorio.

Los mecanismos de liquidación y uso de los ingresos por venta de petróleo no son transparentes. El ministro de Energía de EEUU, Chris Wright, declaró públicamente que se vendieron al menos U$S 150 millones de barriles de crudo venezolano desde el 3 de enero. Incluso a un precio medio previo al conflicto en Oriente Medio de U$S 60 por barril, los ingresos por ventas de petróleo deberían haber sido de U$S 9.000 millones. Sin embargo, según informes de los medios, Venezuela solo recibió hasta ahora U$S 500 millones de dólares. Además, el ministro del Interior de EEUU, Doug Burgham, afirmó públicamente que había llegado a los EEUU oro por valor de U$S 100 millones procedentes de Venezuela, pero no se reveló si Estados Unidos le pagó ese monto a Venezuela.

Bajo las sanciones y bloqueos prolongados de Estados Unidos, la inflación de Venezuela se disparó un 475% en 2025, un 71% en lo que va de año y registra un aumento anual esperado del 271,6%. En abril de este año, en términos anuales, el dólar estadounidense subió un 403% frente a la moneda oficial venezolana. El nivel de vida de las clases media y baja, cuyos principales ingresos están en moneda local, fueron afectados gravemente.

Aunque el gobierno venezolano afirma utilizar parte de los ingresos de la venta de petróleo para subvencionar los medios de vida de la población debido al control estricto de parte de Estados Unidos, la actual escasez de divisas es grave y la idea de «sembrar el petróleo» no mostró resultados reales.

En 2026, Venezuela es escenario frecuente de diversas protestas y huelgas, con trabajadores industriales, profesores universitarios y otros grupos que exigen continuamente aumentos gubernamentales en salarios y pensiones. El 9 de abril, algunos sindicatos venezolanos organizaron una marcha de cientos de trabajadores activos y jubilados en la capital, Caracas, exigiendo salarios mínimos y pensiones más altos. Durante el proceso, estallaron enfrentamientos físicos con la policía y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otros medios para hacer cumplir la ley. El día 16, el Sindicato Nacional de Sindicatos de Venezuela organizo otra manifestación en la capital, con varios representantes sindicales presentando peticiones a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela respecto a estas demandas, convocando elecciones dentro del año, mayores ingresos de los trabajadores, contención de la inflación y la liberación de presos políticos.

Programa Alternativas abordará la genética del cáncer de mama con especialistas y testimonio de paciente

El programa Alternativas dedicará su próxima emisión al tema “Genética del cáncer de mama”, con el propósito de analizar los factores genéticos asociados a esta enfermedad, los avances científicos en su estudio y la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento a las personas afectadas.

La actividad se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por diversas emisoras colaboradoras.

El panel contará con la participación de Gustavo Gutiérrez Espeleta, genetista, docente y exrector de la Universidad de Costa Rica. Gutiérrez Espeleta ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación científica y se desempeña como representante y asesor en temas de ciencia, biodiversidad, cáncer, protección animal y evaluación de investigaciones en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), además de participar en redes latinoamericanas especializadas.

También participará Laura Chaverri Vargas, obstetra y educadora prenatal certificada, egresada de la Universidad de Costa Rica, quien compartirá su experiencia personal como paciente de cáncer de mama, aportando una perspectiva humana sobre los desafíos asociados al diagnóstico, tratamiento y recuperación.

La actividad busca acercar al público a la comprensión de los componentes genéticos del cáncer de mama y promover la reflexión sobre la importancia de la investigación científica, la detección temprana y el apoyo integral a quienes enfrentan esta enfermedad.

La transmisión forma parte de los espacios de análisis impulsados por el programa Alternativas y contará con el apoyo de las emisoras Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

¡Triunfo de los movimientos sociales y de la ciudadanía patriótica por el derecho a la electricidad!

Movimiento por el Derecho a la Electricidad

Jueves 28 de mayo del 2026

Desde inicios del año 2025, un conglomerado de organizaciones sociales, compartiendo las preocupaciones, de las negativas consecuencias que la eventual aprobación del expediente 23 414, tendría para la forma en que los costarricenses hemos sabido democratizar el acceso a la luz, sumamos esfuerzos en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, para enfrentar en conjunto, un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense.

Esto entendiendo que el tiempo presente, amerita de nuestra unidad y convergencia, a partir de principios cívicos y democráticos que tenemos en común, ya que enfrentamos un momento clave para el futuro del país.

El pasado jueves 21 de mayo, desde las Organizaciones Integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, en conjunto, con parte de las Diputaciones del bloque parlamentario que se opone a este perjudicial proyecto de ley, mediante conferencia de prensa dirigida al pueblo de Costa Rica, alertamos a la sociedad costarricense, del intento del partido en el Gobierno, de aprobar apresuradamente, el plan de “Armonización”, dándole primer debate legislativo programado para el anterior martes 26 de mayo.

La respuesta de las organizaciones sociales, y de la ciudadanía patriótica, no se hizo esperar. De la mano de crecientes comunicados sumándose al llamado a participar en la jornada patriótica para oponerse al plan de armonización, también las distintas fracciones legislativas del bloque parlamentario que se opone al 23 414, fue dando sus razones técnicas para oponerse al plan de armonización, en defensa del modelo eléctrico gestionado por el ICE.

El martes 26 de mayo, un crisol de delegaciones de organizaciones estudiantiles, grupos de mujeres, movimientos ecologistas, organizaciones laborales, agrupaciones ciudadanas, organizaciones agrícolas y campesinas, grupos ecuménicos, y ciudadanía patriótica en general, acudieron al llamado, haciéndose presentes en las afueras de la Asamblea Legislativa; en una multitudinaria jornada cívica y pacífica, llena de música, expresiones artísticas, charlas técnicas, y discursos de distintas vocerías.

Dicha articulación entre el bloque parlamentario y los movimientos sociales se hizo sentir. Ya que si bien lograron aprobar en primer debate el proyecto con mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes a la hora de votar), lo cierto es que gracias a todo lo antes descrito, no cuentan con la mayoría calificada (38 votos) que se ocupa para aprobar el proyecto en segundo debate. Más importante aún, el resultado de la votación en primer debate (27 a favor, 24 en contra, 6 sin votar) revela que la fracción oficialista, no contó con la totalidad de los votos que la integran (31 diputados).

El día de ayer miércoles 27 de mayo, el Gobierno de la República mediante rueda de prensa desde Zapote, anunció que desconvocarían el expediente 23 414, lo cual representa un triunfo de las organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, de los movimientos sociales, de la ciudadanía patriótica, y un triunfo del bloque parlamentario de oposición a dicha iniciativa de ley.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad, que crece y se fortalece, consideramos que los ataques infundados y demagógicos de la presidenta de la República buscan distraer la atención del fracaso de su estrategia legislativa, resultado de un Ministerio de la Presidencia inoperante, y de una Presidencia de la República, ayuna de diálogo social, con los movimientos sociales.

Además, sobre los ataques también infundados, del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, queda más que claro, que cuando se acude al insulto y la descalificación de quien tiene argumentos diferentes sobre un tema, se hace gala de precariedad intelectual y carencia argumentativa.

Para la ciudadanía costarricense cada vez es más evidente que estos entes en la práctica se convierten en vocerías políticas de la línea del gobierno que los nombra en el puesto, no en vocerías técnico-profesionales. Los inquilinos de turno de dichas presidencias ejecutivas, con frecuencia, al acabar su nombramiento, pasan a ocupar altos cargos en grandes empresas privadas (práctica conocida como puertas giratorias).

Desde nuestras organizaciones, tenemos memoria: el señor Marco Acuña Mora, antes de ser director Corporativo de Electricidad y luego presidente ejecutivo del ICE, trabajaba como administrador del contrato de conexión del Grupo CMI (Capital Guatemalteco) dueño de plantas eólicas de generación privada que venden energía al ICE. Las subastas eléctricas del plan de armonización benefician a generadores privados de electricidad, algo que podría beneficiarle. Por eso le solicitamos al señor Marco Acuña su renuncia inmediata a la Presidencia Ejecutiva, ya que no representa dignamente el legado histórico del ICE.

Desde el Movimiento por el Derecho a la Electricidad nos solidarizamos con el joven estudiante Elián Jiménez Campos y exigimos la desescalada de los discursos de odio, polarización y violencia accionados por la Fuerza Pública y promovidos por la Presidencia de la República.

Llamamos al movimiento social y popular, y a la ciudadanía patriótica a mantenernos alerta. En los próximos días, anunciaremos mediante conferencia de prensa, las siguientes acciones y actividades. ¡Digamos no al plan de Armonización (23.414)!

Conversatorio analizará crisis arrocera y abandono de la producción nacional

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el conversatorio “Una ruta olvidada: nadie se comió la bronca y nos estamos quedando sin arroz”, un espacio de análisis sobre la situación de la producción arrocera nacional, las políticas públicas vinculadas al sector y sus impactos sociales y económicos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del piso 6 del edificio de Ciencias Sociales de la UCR.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Luis O. Barboza Barquero, director del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, así como de Ariel Robles Barrantes, exdiputado de la República y máster en Gestión Educativa con énfasis en Aprendizaje del Inglés.

El título de la actividad plantea una crítica al abandono de las políticas de protección y fortalecimiento de la producción nacional de arroz, en momentos en que diversos sectores han advertido sobre los efectos de la apertura comercial, el debilitamiento del agro y el aumento de la dependencia alimentaria.

La actividad es organizada por Ashley Barahona, Lourdes Navarro y Gabriela Zamora, en el marco de iniciativas académicas vinculadas a la Escuela de Sociología y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I y el proyecto ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria, producción agrícola nacional y las consecuencias sociales de las transformaciones recientes en el sector arrocero costarricense.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica