La Red de Mujeres Rurales denuncia que una vez los finqueros invasores del Territorio Indígena Bribri de Salitre, con el apoyo de los funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio.
De nuevo los usurpadores comenten agresiones en el Sector Puente del Territorio indígena Salitre, de nuevo la compañera Magdalena Figueroa Morales ha sufrido violencia a causa de la indefensión en que se encuentran las comunidades indígenas y en particular las mujeres y los agresores no son castigados.
El viernes 12 de julio, se presentaron al rancho donde habita Magdalena, el finquero Edwin Guevara Mora, con el peón Francisco Figueroa Rojas, con bombas de fumigación, conteniendo agroveneno. Le atomizaron sobre las plantas que Magdalena ha sembrado en el patio alrededor del rancho y siguieron echando veneno en todas las cosas de uso doméstico, sobre los trastes y sobre los alimentos. Ante el reclamo de la compañera Magdalena, Edwin Guevara le echó veneno en la cara y en todo el cuerpo. Sus ropas quedaron empapadas de veneno y los nietos de ella de 4 y 6 años también quedaron rociados de veneno.
Como en otras ocasiones, Magdalena llamó a la policía que tardó más de una hora para llegar, tiempo suficiente para que los agresores se hubieran retirado. Los policías hicieron un parte y la pusieron a firmar, pero no le dejaron copia para saber qué habían escrito los policías y no se ha iniciado investigación.
La Red de Mujeres Rurales denuncia una vez más que aunque la comunidad indígena de Salitre cuenta con una medida cautelar que supone acciones de protección inmediata contra los agresores, estas medidas no son respetadas ni aplicadas por el Estado costarricense, ya que permiten que la población siga siendo violentada en sus derechos, como sucedió ahora con la compañera y como ocurrió hace cuatro meses con el asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, en su casa de habitación.
Se repiten las agresiones al pueblo bribri de Salitre con la complicidad de la policía y se repite la impunidad ante la violación de los derechos del pueblo indígena. Existen resoluciones judiciales para proceder al desalojo de los usurpadores del territorio y el Estado costarricense no cumple ni con su misma ley. Cuando nos preguntamos por qué se siguen dando estas ocupaciones ilegales de los finqueros, por qué siguen las compañeras y compañeros indígenas viviendo atropellos, violaciones a sus derechos una y otra vez, la única respuesta que tenemos es la impunidad, la complacencia, la alcahuetería y la complicidad del Estado, de todas sus instituciones racistas.
Responsabilizamos al Gobierno de Costa Rica por la violaciones a nuestros derechos como mujeres de las comunidades indígenas, y de todos los miembros de los territorios indígenas, por el incumplimiento de las medidas cautelares, por la no investigación del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz y por toda la impunidad que seguimos viviendo. Mientras tanto los usurpadores, los agresores, los violadores de nuestros derechos, se sienten protegidos por el Gobierno, porque siguen cometiendo toda clase de atropellos, ilegalidades, delitos y no les pasa nada.
Llamamos a repudiar públicamente estas agresiones y sumar a la denuncia internacional del Estado Costarricense y la constante violación a los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. La sola presencia de finqueros no indígenas en los territorios viola los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS
JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
Enviado por Alejandra Bonilla Leiva.
Sea parte de SURCOS:
El impacto de los desastres a nivel mundial es muy fuerte y en la actualidad estamos observando cambios en el planeta que ocasionan fenómenos extremos, como las sequías o lluvias intensas.
Las economías de los países se ven afectadas por la ocurrencia de estos fenómenos. Entre más pérdidas económicas haya, mayores son los efectos sociales, pues esto se traduce en el aumento de la pobreza y el impacto negativo en la calidad de vida de las personas.
Desde hace 15 años, la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece al país especialistas en gestión del riesgo con una visión integral y multidisciplinaria, con capacidad de tomar decisiones para enfrentar los desastres.
La coordinadora de la Maestría Profesional en Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de Emergencias (perteneciente al Posgrado de Geología), Elena Badilla Coto, explicó que a lo largo de esos años, este programa académico ha aportado graduados a los sectores público y privado del país. En la actualidad, muchos de ellos ocupan puestos claves en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que está liderado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
A la fecha, han obtenido su título casi 50 profesionales, algunos de ellos extranjeros, procedentes de países como Colombia, Venezuela, Salvador, México y Belice.
“Nuestro enfoque es integral, porque no solo abordamos al desastre en la fase en que ya se manifestó, que es la emergencia, sino también el proceso previo de construcción del desastre, en el que intervienen las características del entorno que pueden constituir una amenaza, como por ejemplo un deslizamiento, las lluvias que provocan inundaciones, las fallas que causan sismos o las amenazas tecnológicas”, explicó Badilla.
La gestión del riesgo también contempla los aspectos sociales relacionados con el desastre, ya que existen poblaciones expuestas a una amenaza y existe un riesgo que puede desencadenar en un desastre.
“Cuando se conjugan todos los factores anteriores y se sobrepasa la capacidad de la población para enfrentarse a ellos, estamos frente a un desastre. Entonces vamos a tener daños de los cuales la gente no puede recuperarse con facilidad y pérdidas en la infraestructura”, explicó la especialista.
La maestría en Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de Emergencias forma profesionales para que puedan abordar todas las fases anteriores. Los estudiantes adquieren conocimientos que les permiten entender la amenaza, la vulnerabilidad y las formas de reducir el riesgo.
Para la geóloga, lo más importante es llevar ese conocimiento a las comunidades. “La idea es darle un enfoque sociocomunitario a la maestría para que sus egresados sean capaces de analizar los problemas de vulnerabilidad y tratar de reducirlos”.
Esta opción académica está abierta para estudiantes con bachillerato universitario de cualquier carrera. A la fecha, han pasado por sus aulas profesionales de disciplinas como enfermería, medicina, salud ambiental, psicología, sociología, ingeniería, economía, geología, derecho, biología, arquitectura y geografía.
Badilla destacó que los egresados de esta maestría tienen todo el respaldo y conocimiento producto de la investigación sobre desastres que durante décadas la UCR ha realizado, así como del trabajo con comunidades en diferentes partes del país.
Igualmente, mencionó el prestigio que representa un título de posgrado de esa casa de educación superior, debido a la calidad y la excelencia académica que la caracteriza.
Finalmente, la perspectiva social y humanista, así como la visión desde varias disciplinas hace que la perspectiva sea integral, sin dejar de lado la parte física de la amenaza. Todo esto está conjugado en el plan de estudios de la maestría, concluyó.
La maestría cierra su período de matrícula el 9 de agosto del 2019 para la próxima promoción que iniciará lecciones en marzo del 2020.
Patricia Blanco Picado
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Ante la impunidad del asesinato político del líder bribri SERGIO ROJAS ORTIZ, sectores y movimientos en lucha, organizaciones, asociaciones, colectivas y personas independientes nos manifestamos nuevamente ante los vergonzosos cuatro meses de impunidad del asesinato de este defensor de los Derechos Humanos y exigimos ¡Justicia para Sergio!
Sergio Rojas Ortiz es líder indígena Bribri miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI) que fue asesinado el 18 de marzo del 2019 en su hogar en Yeri en el Territorio Ancestral de Salitre, Puntarenas. Este asesinato, es un asesinato político y éste ha sido responsabilidad del Estado costarricense por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en el 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales.
El asesinato de Sergio ocurrió el mismo día que él y otras personas indígenas se presentaron como en otras ocasiones en el Poder Judicial de Buenos Aires de Puntarenas a denunciar un caso más de violencia que viven los indígenas en ese cantón. A pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, los distintos gobiernos de turno lo único que han hecho es colocar miembros de la Fuerza Pública en los territorios en cuestión sin accionar eficientemente en pro de la autonomía de los pueblos indígenas de Costa Rica y actuar eficientemente en contra de los terratenientes usurpadores quienes cuentan con protectores y aliados en todas las instancias gubernamentales del cantón de Buenos Aires como en el resto del país. Perpetuando así el racismo institucional, el silenciamiento de crímenes y la prolongación de la impunidad. ¡No permitiremos impunidad para autores materiales e intelectuales de otro defensor de los derechos humanos en Costa Rica!
Todas las personas, asociaciones, colectivas y organizaciones acá firmantes acudimos a la Fiscalía General de la República para exigir transparencia e inmediatez en las investigaciones referentes al asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Por lo cual, la Fiscalía General debe aclarar a la comunidad nacional e internacional:
1.- ¿Quiénes son las personas que conforman la comisión de investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz?
2.- ¿Cuáles son las instituciones, oficinas, unidades y departamentos involucrados en la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz?
3.- ¿Cuál es el estado actual de la investigación del asesinato en cuestión?
4.- ¿Se han abierto procesos administrativos a los funcionarios del Poder Judicial y Fuerza Pública que han sido cuestionados en sus labores en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas?
Un mes más nos presentamos a decir: “¡No más impunidad! ¡Basta ya de sumar víctimas al movimiento internacionalista de los Derechos Humanos que busca la construcción de sociedades más justas, equitativas e igualitarias!”
¡Seguiremos exigiendo justicia y cero impunidad! #JusticiaParaSergio
¡Sergio Rojas VIVE! ¡La lucha sigue y sigue!
Para firmar la petición, ingrese en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/132SA51p7sVXZf6_YQ7di1QRWCXMSPIvvOqov3X1gzT4/edit#responsesnviado
Sea parte de SURCOS:
El viernes 12 de julio se realizó un encuentro de las juntas de salud de la CCSS, organismos que están en lucha para evitar que la regla fiscal domine la atención de la salud de la población.
A sugerencia del integrante de la junta directiva de la Caja, doctor Mario Devandas Brenes, representantes de los organismos ciudadanos se reunieron y analizaron la situación. “La regla fiscal aplicada a la CCSS significaría que sería la ministra de Hacienda quien determine el gasto de la institución”, explicó Devandas en un documento previo al encuentro.
En el mismo escrito se señala que “lo que mueve todo esto es la inconformidad de las grandes farmacéuticas por la lucha de la junta directiva contra el criminal abuso con los precios de los medicamentos”.
El movimiento busca, ante la crisis y ambiente de zozobra que vive el país, promover la participación y el diálogo, evitando acciones que afecten los servicios de salud de las personas usuarias. Asimismo, desarrollar temas de convergencia nacional que permita construir acciones que propicien la recuperación de la confianza de la ciudadanía y abra la oportunidad para evaluar los efectos o consecuencias de las políticas que afectan la salud y proponer soluciones.
Integrantes de juntas de salud de la CCSS comunicaron: “Nos reunimos quienes tenemos bien definidos los ejes de nuestra gestión, y de ellos, dos son determinantes: la salud como un derecho continuación y símbolo de las garantías sociales, y la CCSS patrimonio de todos los costarricenses”.
“La participación marca el respeto, aunque tengamos criterios diferentes es más lo que nos une y nos permite construir nuestras decisiones de forma colegiada”.
“Las juntas de salud debemos pronunciarnos en repudio a la mala intención de medios de difusión que con sus titulares quieren desprestigiar a La Caja y debemos apoyar la decisión de La Junta Directiva de no permitir la aplicación de la regla fiscal en defensa de la autonomía de la Institución”, agregan en comunicados que circulan por redes digitales y fueron enviados a SURCOS.
Entre otras medidas, se propuso que, en defensa de la Caja y contra el reglamento de contrataciones que busca la privatización, “recoger firmas en todas nuestras comunidades para presentarlo a la Asamblea Legislativa”.
Además, se acordó un manifiesto nacional de integrantes de juntas de salud en defensa y apoyo de la salud como derecho ciudadano, y de la CCSS, como patrimonio del pueblo costarricense. En el escrito se pide respeto a la autonomía de la institución y de los preceptos constitucionales, suspender de inmediato la aplicación de la regla fiscal a la CCSS y, fundamentalmente, a los servicios de salud.
Se expresó además apoyo a la Junta Directiva de Caja por posición firme en su lucha contra las farmacéuticas y el negocio con la salud de las personas, instando a su vez, a iniciar una campaña informativa del valor de la producción de la Caja y la importancia de los productos genéricos de calidad.
Información compartida con SURCOS por Alberto Rojas.
En una carta enviada al Concejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Foro Social del Caribe y la Comisión Mixta Municipal, solicitaron a dicha entidad la intervención con respecto a la línea de buses de la ruta 32 Limón – San José (Caribeños), ya que actualmente dichos autobuses no cuentan con las condiciones necesarias para su uso, entre ellas: ambiente con altas temperaturas y sin aire acondicionado; sin cortinas; gran cantidad de cucarachas; asientos inadecuados; no existe libre disposición para el uso de servicios sanitarios.
Según lo anterior, el MOPT hace la solicitud a la empresa Autotransportes Caribeños S.A. de tomar las medidas necesarias para corregir dichas condiciones en sus transportes.
Imagen tomada de Youtube.
Enviado Maikol Hernández.
Sea parte de SURCOS: