¡Hacemos un llamado a la desobediencia castrense y filial!
Como hijas, hijos y familiares de genocidas de la dictadura chilena sabemos que
quienes ejercen represión hoy en nuestras calles están a un paso de cometer -o
ya han cometido- crímenes de lesa humanidad.
Desobedecer órdenes que amenazan a las personas no solo es un derecho en este contexto, sino que una obligación moral; tal como lo hizo David Veloso Codocedo, soldado de 21 años, que se negó a actuar bajo estado de emergencia. Desde aquí no solo lo abrazamos, sino que nos paramos junto a él para construir una nueva historia ¡A DESOBEDECER!
El miércoles 30 de octubre inició la jornada; Mujeres en lucha por semillas libres y comunidades sin fumigaciones convocada por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, la Asociación Tinamaste y el Proyecto Interuniversitario Mujeres del Campo, Derechos, Cuerpo-Territorio.
Esta jornada se convocó en un contexto donde las mujeres campesinas e indígenas de Costa Rica se encuentran amenazadas ante el despojo de uno de los bienes más preciados para ellas y sus territorios, ya que las semillas actualmente se encuentran amenazadas por un proyecto de ley y un decreto presidencial que pretende controlar, privatizar e impedir la libre circulación de la semilla campesina. Además, dentro de su pronunciamiento para esta jornada las mujeres del campo de distintas regiones del país denuncian el incremento de contaminación ambiental en sus territorios debido a los agroquímicos ocasionando graves consecuencias en la vida comunitaria con escuelas afectadas por intoxicaciones y pueblos y personas enfermas por el uso indiscriminado de agro-tóxico.
Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.
Cecilia Núñez de la comunidad Las Colinas de la provincia de Limón comentó que: ‘’Estamos defendiendo nuestro derecho como mujeres campesinas e indígenas, porque nos quieren privatizar las semillas. Hay una ley que nos quiere privatizar y las semillas son nuestra vida, si nosotras permitimos que nos privaticen las semillas, eso sería el fin de nosotras, realmente a veces los gobiernos no piensan en eso, de que nosotras como campesinas tenemos que estar reproduciendo nuestras semillas’’.
La jornada inició en horas de la mañana en el bulevar frente a la Asamblea Legislativa con un intercambio de semillas y consignas de denuncia contra el decreto presidencial y la contaminación de agroquímicos en sus territorios. En horas de la tarde la Red de Mujeres Rurales presentó en los tribunales un contencioso administrativo que demanda al Gobierno de Costa Rica por el decreto ejecutivo que limita el uso libre y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas, mismas que se encuentran protegidas por la Ley de Biodiversidad, la Ley de Agricultura Orgánica, además de tratados internacionales de los cuales somos parte como país.
Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.
Para Fanny Reyes integrante de la Red de Mujeres Rurales, «(…) el contencioso administrativo se presentó en contra del decreto firmado por la presidencia del Gobierno pasado, además se viene impulsando un proyecto de ley que quiere patentizar las semillas, que quiere exigir un registro para las semillas, y las comunidades indígenas, comunidades campesinas hemos estado ausentes de la discusión, se está aprobando un decreto pero las personas que estamos produciendo las semillas no somos tomadas en cuenta. (…) Porque en las manos de las mujeres, en las manos de las comunidades es donde está la semilla criolla, donde está la semilla tradicional, y exigimos también que se cumplan los convenios y las leyes’’.
La afectación de este decreto no solo obliga a que las semillas deban inscribirse en un registro de previo a legalizar su comercialización, además es una acción desde el Estado que violenta directamente la autonomía de territorios ancestrales y la soberanía alimentaria de muchas personas campesinas en sus comunidades.
Por ello la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica, desde distintas acciones como las que se han desarrollado durante esta jornada, busca visibilizar la agenda de las personas del campo y sus realidades, las cuales cada vez se disocian de las políticas públicas violentando el ambiente y la vida digna de las personas.
Viernes 1 de noviembre de 2019. Al ser las 12:55pm, la familia bribri Figueroa Ortiz inició la recuperación de la finca Kalpeña (tierra de sompopas) ubicada 800 metros al oeste de la escuela de la comunidad de Puente de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas.
La familia Figueroa Ortiz, encabezada por Magdalena Figueroa Morales son descendientes de los dueños originales de la tierra que hoy están recuperando y que fue habitada y trabajada anteriormente por Ramón Figueroa Figueroa y sus descendientes y familiares.
La finca Kalpeña, con una extensión de 60 hectáreas estaba siendo usurpada desde finales de los años 80 por Edwin Guevara Mora, persona no indígena, que ha ocupado ilegalmente varias fincas dentro de este territorio y quien también se ha visto involucrado en diversos actos de violencia contra el pueblo bribri de Salitre.
La familia Figueroa Ortiz se encuentra acompañada por varias personas bribris del territorio y un grupo de delegad@s de otros pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, quienes les acompañan y apoyan de forma solidaria.
Esta recuperación de tierra – territorio es legítima de acuerdo a la cultura bribri y en total apego a la legislación nacional e internacional de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Ante el incumplimiento del Estado costarricense en su deber de entregar las tierras que le son usurpadas a los pueblos originarios; estos últimos han decidido recuperar las tierras que les pertenecen; se debe recordar que según el ordenamiento jurídico nacional e internacional los territorios indígenas les pertenecen de forma exclusiva a los pueblos originarios.
La familia recuperadora Figueroa Ortiz exige al terrateniente que saque el ganado de la finca inmediatamente y retire al peón que mantiene ahí. Además, la familia recuperadora Figueroa Ortiz y las personas que les acompañan y apoyan, exigen una respuesta clara y precisa por parte del Estado costarricense sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, miembro del pueblo bribri de Salitre, quien fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019; crimen que hasta el día de hoy se mantiene impune y del cual el Estado es responsable por omisión.
Alerta en territorio Kalpeña (tierra de zompopas) en Puente de Salitre: usurpador se hace presente en la recuperación.
Al ser la 1:30 p.m. se apersonó el usurpador Edwin Guevara Mora y sostuvo una conversación con la policía e insultó a las y los recuperadores en presencia de oficiales de la Fuerza Pública.
Previo a esto, al pasar por el portón principal de la tierra recuperada amenazó a las y los recuperadores diciendo: «vamos a ver si se quedan aquí, yo si tengo con qué defenderme».
A las 2:20 p.m. Guevara se retiró.
Las y los recuperadores exigen que se realicen las pesquisas policiales respectivas para determinar si Guevara Mora está armado y si tiene el respectivo permiso de portación de armas. Además, los y las recuperadoras exigen la salida del ganado y el peón de la tierra recuperada.
Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
ALERTA: Aumenta la presencia de personas no indígenas en el tierra recuperada Kalpeña (tierra de zompopas) en Puente de Salitre.
Sábado 2 de noviembre. Al ser las 12:21 a.m. los y las recuperadoras observaron a una segunda persona en el rancho del peón de Edwin Guevara Mora. Las dos personas estuvieron merodeando las inmediaciones del corral, el cual es uno de los lugares en el que se encuentran los y las recuperadoras.
Los y las recuperadoras alertaron a la policía que se ha encontrado en Kalpeña a minutos del inicio de la recuperación. Ahora la policía se encuentra haciendo las identificaciones correspondientes.
Al acercarse la policía, los y las recuperadoras identificaron a la segunda persona en el rancho del peón es Edwin Guevara Mora, debido a que éste le gritó a la policía cuando fueron a identificarle.
Los y las recuperadoras exigen la inmediata salida del peón y Edwin Guevara, además de que la policía les requise y asegure que en el rancho del peón no hay armas.
El Inisa-UCR será capaz de estimar la dosis de la radiación ionizante que una persona recibió accidentalmente
Después de un arduo trabajo científico para elaborar una curva dosis-efecto, el servicio de Dosimetría Biológica finalmente se brindará a través del Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR). El objetivo es claro: estimar la dosis que una persona expuesta a sobreirradiación ionizante recibió accidentalmente.
La Dosimetría Biológica se encarga de verificar y evaluar la dosis absorbida por una persona expuesta a radiaciones ionizantes, un tipo de energía que ha sido liberada como los rayos gamma, los rayos X, o en forma de partículas como las ondas alfa. Actualmente, en el país existen gran cantidad equipos que utilizan radiación ionizante tanto en la industria como en la medicina para diagnóstico y radioterapia.
Si ocurre un accidente, las víctimas pueden presentar daño celular, cambios químicos y alteraciones en el ADN. Como consecuencia, se aumenta el riesgo de enrojecimiento o inflamación de la piel, así como modificaciones genéticas. Además, genera cataratas y cáncer radioinducido a largo plazo.
En el 2017, el Inisa-UCR recibió un equipo con tecnología de punta que logra capturar esas alteraciones celulares de forma automática. Sin embargo, faltaba elaborar la curva para rayos gamma, la cual describe matemáticamente la relación dosis-efecto. En 24 meses, dos investigadoras y dos técnicos del Laboratorio de Citogenética del Inisa-UCR lograron esta meta de forma satisfactoria.
“Aunque el equipo captura las imágenes de forma automatizada y con mucha rapidez, el análisis se realiza de forma manual. El analista examina cada figura celular, cuenta los cromosomas y anota el número de cromosomas dicéntricos —dos centrómeros en un cromosoma cuando lo normal es tener solo uno—. Es un trabajo lento y muy laborioso”, explicó Luisa Valle Bourrouet, investigadora del Inisa-UCR.
Por medio del Ministerio de Salud (MS) las personas expuestas a radiación ionizante en un accidente radiológico serán remitidas al Inisa-UCR para recibir el servicio. Lo mismo ocurre si una empresa requiere la atención, pues debe solicitarlo con referencia médica y notificar al MS.
El servicio se origina en el marco del Proyecto Nacional: “Establecimiento de un Servicio de Dosimetría Biológica en Costa Rica”, a través del Programa de Cooperación Técnica y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Su establecimiento es el primero de Centroamérica e impulsará también la seguridad a nivel regional por medio de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica (LBDNet).
Elaboración de la curva
La elaboración de la curva ahora permite medir la dosis y el efecto para los diferentes tipos de radiación, por medio de la evaluación de los rayos gama. Los tipos de radiación son muy variados debido a la gran cantidad de equipos industriales y de terapias que utilizan este tipo de ondas.
Para lograrlo, se tomaron muestras de sangre de dos voluntarios (un hombre y una mujer) y se irradiaron 11 tubos de sangre de cada donante con puntos de dosis diferentes, desde cero a los cinco gray (Gy) —medida física que se usa para calcular la dosis de radiación absorbida—.
Las muestras fueron irradiadas en el Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios, con la fuente de rayos gamma de Cobalto 60. Después, se incubó a 37 grados centígrados por dos horas en un baño maría para estabilizar la sangre y activar los mecanismos de reparación celular.
Desde el 2013, el Instituto creó un proyecto para verificar la dosis de radiación que recibían los pacientes de radioterapia en el Hospital San Juan de Dios (HSJD). Este ensayo es parte del proyecto ED323 “Prestación remunerada de servicios diagnósticos genéticos”. Foto: Karla Richmond.
Una vez terminado el tiempo, el laboratorio del Inisa-UCR recibió la sangre. Las investigadoras tomaron las muestras y realizaron un cultivo celular a fin de lograr un duplicado.
Luego, se realizó la cosecha, etapa en la que se prepararon las extensiones cromosómicas y se tiñeron en florescencia para ser analizadas.
“Posterior al análisis cromosómico, la elaboración de la curva lleva un componente matemático importante. Aunque el conteo lo realiza un software, llevó tiempo descifrar el manejo adecuado del mismo, así como la interpretación de resultados, cálculo de dosis y validación de la curva”, explicó Valle.
El principal resultado que se comprobó en este proceso es que a mayor dosis de radiación, mayor número de cromosomas dicéntricos. Lo normal para el ser humano es tener cromosomas con un único centrómero y la radiación produce dos o más centrómeros.
La curva se elaboró utilizando el software Dose Estimate. Este mismo software se utiliza para realizar los cálculos de dosis recibida.
Parte del trabajo de los y las investigadoras es realizar la curva de calibración para otro tipo de radiación como la de Rayos X, por ejemplo.
Disponibilidad para toda Centroamérica
La evaluación del paciente con sobreirradiación estará a cargo de un médico tratante —del sector público o privado—. A partir del cálculo de dosis realizado por el Inisa-UCR, y un informe con el resultado del análisis, el médico podrá tomar las decisiones en cuanto al tratamiento a seguir.
“Es muy importante mantener una buena comunicación y coordinación con el MS y el especialista tratante antes de recibir la muestra, que debe venir acompañada de un registro que nosotros debemos facilitar al médico tratante”, indicó la Dra. Valle.
El costo del análisis ronda los $350, con el fin de mantener los insumos necesarios para realizar los análisis. Esta inversión la cubre la empresa donde ocurrió la emergencia. Sin embargo, ante un percance mayor, el laboratorio recibirá la muestra y emitirá el resultado correspondiente.
«Este procedimiento se realiza cuando la persona ha sufrido una sobreirradiación, es decir, se exceden los limites de dosis de exposición regulados, ya sea por una emergencia radiológica o por no seguir las instrucciones laborales. En caso de un trabajador, la dosimetría biológica lo deberá pagar el representante legal, el titular o el propietario de la empresa o responsable directo. En caso de un accidente o que no se tenga claro el responsable, igual se atenderá al paciente, pues la salud es un derecho constitucional«, señaló Ana Villalobos Villalobos de la Unidad Administración Servicios de Salud en Ambiente Humano del MS.
El equipo y la técnica desarrollada también se utilizarán en proyectos de investigación. Actualmente, se presentó un proyecto para trabajar con personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios. El mismo está pendiente de la aprobación de Comités Éticos Científicos (CEC) y se espera iniciar en el 2020.
Valeria García Bravo
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
El Presupuesto total institucional queda igual. No se rebaja o aumenta. Esto implica que el presupuesto queda igual en el clasificador por objeto de gasto.
Se mantienen los montos formulados y la mejora cualitativa de las becas que implicó un aumento para el próximo año y el otorgado en el 2019. No se realizan recortes en Becas y Ayudas a Estudiantes.
Se mantienen las plazas laborales formuladas, e incentivos salariales. No se realizó disminuciones en ningún rubro.
Se mantiene el aumento salarial del 1% a enero y 0,50% a julio 2020 que fue aprobado a nivel universitario
El Presupuesto de Operación en Unidades Académicas y Administrativas, es el mismo que se había formulado, no se realizó ajustes al mismo, queda igual.
¿Qué implica entonces la reclasificación?
Se estarían reclasificando en el clasificador económico como gasto de capital, mientras que en el clasificador por objeto de gasto, sigue estando en el mismo componente por objeto de gasto, remuneraciones, servicios, materiales, transferencias corrientes, etc
Estaban incluidas como gasto corriente, pero están asociadas a gastos que son de capital como son los proyectos de inversión (infraestructura, equipo)
Las cuentas que se estarían incluyendo, son cuentas bajo el clasificador de del Ministerio de Hacienda por objeto de gasto: salarios, mantenimiento, repuestos y accesorios, licencias de software
Compartimos a continuación los documentos producidos por la UNA:
«La Ministra de Educación Giselle Cruz compareció ante la Comisión Especial del FEES este 28 de octubre, donde aclaró que los 70 mil millones que se consignaron erróneamente como gastos de capital o infraestructura no iban a salir exclusivamente del FEES».
La cloración del agua en nuestro país se ha convertido en una obligación por parte del Ministerio de Salud. La preocupación radica en la contaminación de la misma y en las enfermedades ocasionadas a partir del consumo de ésta.
Pero ¿qué pasa con aquellas fuentes de agua que no se encuentran contaminadas? ¿Es necesario clorarlas?
En los pueblos rurales, nuestros antepasados por años han bebido el agua de sus nacientes sin ningún tipo de tratamiento, siendo inexistente algún problema de salud por ello. Tal es el caso de la comunidad de Los Criques, San Ramón. Como sus pobladores mencionan, su nombre “Criques” se debe a la abundante existencia de nacientes de agua, orgullosamente quienes abastecen con dicho recurso a las comunidades vecinas.
No obstante, en los últimos años su alegría se ha visto opacada. La actual regulación sobre la cloración del agua ha generado problemas de salud. Sin entrar en cuestionamientos acerca de la necesaria presencia o no de este elemento químico en el agua, queremos hacer énfasis en los métodos utilizados para realizar este proceso.
En este lugar el AYA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) cuenta con dos sistemas de captación del agua. El primero, un enorme tanque que abastece los pueblos de los alrededores, donde la cloración se realiza de una forma creemos correcta ya que el cloro se diluye en toda el agua.
Encontramos un segundo sistema, una naciente de la cual se desprende un tubo madre que permite que el agua llegue únicamente a los hogares de la comunidad de Los Criques. La cloración en este caso se lleva acabo de una forma muy diferente; no se realiza directamente en la captación debido a la posible afectación de especies por medio del rebalse del agua. Por esta razón, un pequeño tanque contiene el cloro y es depositado por medio de goteo en el tubo madre, llegando a los hogares sin diluir y presentando en determinadas horas picos muy altos de este elemento que lamentablemente la gente tiene que ingerir.
A partir del consumo de este líquido sin su debido proceso de cloración, se han presentado en muchas personas diarreas, malestares gástricos, alergias en la piel. Sin dejar de mencionar el aumento de casos de cáncer; no podemos asegurar que se deba a la cloración, sin embargo, estos síntomas deben servir de alerta a las autoridades competentes.
Consideramos importante realizar estudios y evaluar que tan necesario es cumplir una ley, que por un mal proceso de aplicación en lugar de proteger está afectando la salud de las personas.
Desconocidos suben con los rostros cubiertos a Río Azul
Miércoles 30 de octubre de 2019. Al ser las 10 de la mañana un grupo de personas que se identifican como peones de Doris Ortiz, ingresaron ilegalmente varias cabezas de ganado a la finca recuperada desde el 2014 por el originario Bribri José Luis Ortiz Delgado, ubicada 2 km al norte del cruce de Puente y Río Azul, camino hacia esta última comunidad, en el territorio Bribri de Salitre.
Aunque Doris Ortiz es Bribri, la misma ha permitido en varias ocasiones que personas no indígenas ingresen ganado a esa finca y es conocido ampliamente su relación con terratenientes que usurpan los territorios de los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica.
Al ser las 3:15 de la tarde se escucharon varios disparos en esa finca y al ser las 3:30 p.m. dos sujetos con el rostro cubierto ingresaron a la comunidad de Río Azul y minutos después se retiraron.
En la finca recuperada por José Luis Ortiz Delgado desde el 2014, varias personas han ingresado ilegalmente ganado en varias ocasiones; el 27 de mayo de 2019 el no indígena Alfredo Valverde ingresó varias reses que luego retiró.
El 20 de setiembre de este año, varias personas que se dicen ser peones de Doris Ortiz, también ingresaron varias reses, que tuvieron que ser retiradas por varios jóvenes del pueblo Bribri de Salitre; en esa ocasión hubo disparos por parte de los peones de Doris; quienes hoy repiten la acción ilegal e ilegítima.
Desde el Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre se responsabiliza al Estado de Costa Rica por permitir estos reiterados actos de violación de los derechos humanos del Pueblo Bribri de Salitre.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Comisión Institucional de defensa del FEES ante las informaciones que se han difundido en medios de comunicación y en algunos sectores políticos, referentes a la multitudinaria marcha universitaria en defensa del derecho a la educación universitaria pública y el acuerdo entre el Gobierno de la República y las universidades estatales, alcanzado el pasado martes 22 de octubre, para recuperar el uso pleno de los 70 mil millones de colones que la ex Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, trasladó del gasto corriente a gasto de capital de los recursos del FEES, comprometiendo seriamente el funcionamiento de las universidades estatales, manifiestan:
Haciendo una interpretación inconstitucional de la cláusula V, del acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, el Ministerio de Hacienda, el 30 de agosto, presenta el proyecto del presupuesto nacional, donde desvía la suma de 70 mil millones de colones de los recursos FEES, de gasto corriente de las universidades estatales a inversión de capital, lo que representa un serio perjuicio en contra de las instituciones universitarias, a su autonomía y a su capacidad de auto gobierno y auto administración, establecida en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
En los primeros días del mes de setiembre Conare se abocó a establecer el diálogo con el Gobierno de la República con el fin de buscar una solución, la cual fue imposible concretar antes de la marcha universitaria.
Entre tanto, se presentaron mociones por parte de varios diputados ante la Comisión de Hacendarios, para rectificar dicho desvío de fondos FEES. Gracias a este esfuerzo, el 16 de octubre se acordó disminuir parcialmente el gasto de capital en 35 mil millones de colones para que las universidades públicas lo pudieran utilizar para sus gastos corrientes. Esto representó una solución parcial, pero insuficiente para asegurar el funcionamiento de las universidades.
Como resultado de esta situación, a la que se suma la coyuntura en donde sectores mediáticos y políticos han generado un ataque sistemático a la educación pública, en particular contra las universidades estatales, pretendiendo así debilitar su institucionalidad y su imagen, las Federaciones de Estudiantes de las cinco universidades públicas acordaron de forma libre e independiente realizar una marcha universitaria, el martes 22 de octubre, la cual fue expresión de unidad y civismo, motivada por la defensa al derecho de la educación universitaria y al régimen constitucional de la autonomía universitaria. La iniciativa de los estudiantes fue asumida por el Consejo Nacional de Rectores, los Consejos Universitarios e Institucional, sindicatos y comunidad universitaria.
Antes del martes 22 de octubre, día en que se realizó la marcha, no existía aún acuerdo entre el Gobierno y las universidades estatales, que asegurara la utilización de los 35 mil millones de colones del FEES destinado a gastos de capital en el proyecto de presupuesto nacional 2020.
El acuerdo firmado entre el Gobierno de la República y las universidades estatales, el martes 22 de octubre, en una reunión donde participaron rectores, representación de las Federaciones de Estudiantes, Ministro de la Presidencia y Ministra de Educación y en calidad de testigos: José Carlos Chinchilla Coto, presidente del Consejo Universitario de la UNA, Enrique Sánchez Carballo, diputado del Partido Acción Ciudadana, Karine Niño Gutiérrez, diputada de Liberación Nacional y Paola Valladares Rosado, diputada de Liberación Nacional se debe entender en tres dimensiones importantes y complementarias:
El acuerdo resuelve la crisis operativa y funcional de las universidades estatales, a la que las sometía el Ministerio de Hacienda, debido a la inconstitucional asignación de los recursos del FEES para el año 2020. En ese acuerdo el Gobierno de la República aceptó y respaldó formalmente la propuesta de las universidades de modificar la clasificación económica de algunas partidas presupuestarias, tradicionalmente consideradas como gasto corriente para considerarlas como gasto de capital. De esta manera, se asegura su funcionamiento normal, ofreciendo todos los servicios docentes, administrativos y estudiantiles que requiere la Universidad.
Reconoce lo establecido en la Constitución Política de que la asignación del FEES, en diferentes rubros es potestad constitucional exclusiva de las universidades estatales.
Se reitera la aspiración de volver a una negociación quinquenal del FEES.
El acuerdo respeta el marco constitucional que nos cubre y reconoce el valor esencial de la autonomía para el buen desarrollo de las Universidades. De esta forma se reafirma la posición de Conare defendida durante este año, en el sentido de dirigir nuestras acciones de conformidad con la Constitución Política.
Marcha universitaria realizada el pasado 22 de octubre, 2019 Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile, se complacen en invitarlo(a) a la inauguración de la exposición “Biblioteca en exilio”.
La exposición se inaugurará el lunes 4 de noviembre del 2019, a las 6:00 p.m. con una conferencia impartida por el Dr. Mario Oliva Medina, Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
La exposición estará abierta al público del 4 al 30 de noviembre, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. en el primer piso de la Biblioteca Nacional.
