En estos momentos el movimiento estudiantil universitario a la cabeza y la comunidad universitaria en su conjunto en la UCR y en la UNA, desarrollan tomas de rectoría, de facultades y sedes regionales como expresión del descontento con la política del gobierno del PAC que busca el desmantelamiento de la educación superior pública, al recortar al FEES ¢70.000 millones de su presupuesto para obligarles a que se oriente exclusivamente en inversión de infraestructura, lo que significa impactar fuertemente el financiamiento de la docencia, la investigación, la acción social, la regionalización y las becas estudiantiles.
El gobierno de Alvarado con su agenda de desmantelamiento del Estado Social, expresada en la aprobación del paquete fiscal, de los derechos laborales y las libertades de expresión y manifestación, viene ahora por medio de la ministra de Hacienda a promover el desequilibrio financiero de las universidades públicas con una arbitraria decisión de modificación unilateral del FEES que además violenta la autonomía universitaria.
Desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respaldamos la convocatoria a movilización de las universidades públicas en defensa de la educación superior pública y en defensa de la autonomía universitaria y al paro activo convocado por las universidades para el día 30 de octubre.
Condenamos enérgicamente a los gobiernos neoliberales de la triada PAC, PLN y PUSC por sus políticas neoliberales de acuerdo con la agenda de los organismos financieros internacionales de claro contenido antipopular.
Llamarnos a todos los sectores sociales a salir a defender el derecho a la educación superior para la juventud costarricense y la defensa de la autonomía universitaria.
Exigimos la renuncia inmediata de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar por ser el poder real de este gobierno neoliberal y principal vocera de los entes financieros internacionales que están destruyendo nuestro país y desmantelando nuestro Estado.
San José, 21 de octubre de 2019
BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL COSTARRICENSE BUSSCO
Del 18 al 20 de octubre varias personas pertenecientes a las promociones del Técnico en Gestión Local de la UNED, de las zonas Pacífico Central y Pueblos Originarios Caribe participaron del intercambio y gira educativa cultural en Talamanca Cabécar.
Compartimos la siguiente galería de fotos de la actividad.
Información e imágenes compartidas por Rafael López Alfaro.
Mediante videos y audios, estudiantes de la UNA que mantienen su lucha por el presupuesto y no aceptan lo acordado en Casa Presidencial este martes 22 denuncian que están siendo reprimidos por la Fuerza Pública. Solicitan apoyo y protección.
Se informa que «desalojarán la Rectoría de la UNA al medio día, se necesita apoyo presencial, la gente que pueda, para al menos minimizar la represión».
El profesor Ernesto Herra compartió este escrito:
En actitud de REBELDÍA me declaro el día de hoy en DESOBEDIENCIA
La UNA ha sido tomada. Ya no por cuadernos o ilusiones. Las ha cambiado por gases y policías uniformados.
Con la universidad con sus portones cerrados, a sabiendas que los antimotines están preparados para continuar con su ofensiva con gases, insultos y palos, las y los estudiantes están en la calle. Gritan consignas, alzan su puño mientras los antimotines, con orden de la oficial Ericka Madriz según afirman las y los estudiantes, han ocupado la explanada de nuestra universidad.
Las y los estudiantes preguntan: Dónde están mis profesores? Dónde están mis profesoras?
YO, como académico pregunto: Dónde está el rector.
Este es un claro ejemplo de lo que ha sido el diálogo en una administración comandada por un autoritario, que asume gozar de “derechos de pernada” sobre la Universidad, y que cuando le corresponde deja que la policía ocupe su lugar.
La Defensora de los Habitantes NO es la rectora de la UNA. Tampoco la oficial Ericka Madriz.
Qué pasa con la Asamblea de Representantes?
A partir de hoy asumo la capucha y en actitud de REBELDÍA me declaro en desobediencia.
Si NADIE me representa NO hay orden, instrucción y/o directriz que sea válida.
Hoy, Universidad, se hace en la calle junto a las y los estudiantes.
M.EL Ernesto Herra Castro Académico Escuela de Sociología
La presidenta de la FEUCR manifestó la decisión de continuar manteniendo una posición vigilante y crítica para asegurar la mejor distribución de los recursos en las universidades.
El presidente de Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Henning Jensen, informó que este lunes 21 se acordó una modificación para que en el futuro se incorpore a la representación estudiantil en la Comisión de Enlace que negocia el FEES. “Este es un hecho histórico, una decisión histórica” recalcó el vocero del CONARE.
SURCOS ofrece una transcripción de lo dicho por Henning Jensen, en relación con el acuerdo con el Presidente de la República a propósito de la marcha convocada por las federaciones estudiantiles de las universidades públicas:
1. Con base en el respeto a los artículos 84 y 85 de la Constitución
Política, referentes a la autonomía de las universidades públicas, las partes aceptamos
que no se crearán clasificaciones distintas a aquellas que han sido aprobadas
por los órganos de gobierno de las universidades públicas, según lo contemplado
en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal.
2. A fin de asegurar la operación normal en todos sus aspectos, así como de las sedes y recintos, y para cumplir los compromisos con la población estudiantil, especialmente en lo referente a becas y cursos se ha realizado una revisión y hemos reclasificado las diferentes partidas de gastos universitarios para definirlos como gastos de capital y gastos corrientes. Con esta reclasificación se asegura la operación normal de nuestras universidades. Esto incluye la contratación de docentes, acción social y la posibilidad de continuar con nuestros programas y proyectos que tanto destacan a nuestros centros de educación superior.
3. El Gobierno ha expresado su concordancia y se compromete a realizar las acciones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada de las universidades públicas en ejercicio de la independencia funcional y el autogobierno.
4. El Gobierno de la República ha manifestado complacencia con la inclusión de la participación estudiantil y el presidente ha firmado un decreto mediante el cual establece esta nueva integración en la Comisión de Enlace. Conjuntamente hemos rubricado la aspiración de volver a una negociación quinquenal del FEES y el gobierno ha declarado el compromiso de garantizar adecuadamente el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, todo como un medio para asegurar el pleno derecho al disfrute de la educación.
5. El Gobierno ha reiterado su convicción de que la autonomía
constituye un valor esencial del estado social de derecho y de la democracia,
valores con los cuales estamos comprometidas todas las instituciones aquí presentes
y reiteramos nuestra decisión de defender la autonomía universitaria.
Finalmente, el presidente de CONARE, Henning Jensen dijo:
Destaco dos acuerdos:
1- Se respeta la clasificación presupuestaria de las universidades.
2. Las mismas universidades, en uso pleno del principio constitucional de autonomía, han revisado sus presupuestos y han reclasificado los recursos en gastos de operación y gastos de capital.
El rector de la UCR concluyó: “Hemos reiterado el compromiso de garantizar el financiamiento de las universidades públicas dentro del marco constitucional que nos rige, y asimismo, el compromiso, -dentro del marco de la autonomía universitaria-, para continuar realizando cambios para asegurar nuestra sostenibilidad presupuestaria y financiera y superar cualquier obstáculo hacia el logro de esa sostenibilidad. Destaco, finalmente, el reconocimiento al movimiento estudiantil de las universidades públicas”.
Iniciativa promueve el diálogo regional a partir de la generación de conocimiento interdisciplinario
Las investigaciones impulsadas por CALAS desde la UCR aportarán a la comprensión de una amplia diversidad de temáticas sociales, tales como desigualdad, violencia, medio ambiente e identidad. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Universidad de Costa Rica (UCR) alberga por medio del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) una de las cuatro sedes en el mundo de un centro de estudios avanzados impulsado por el Gobierno Alemán en la región latinoamericana.
La iniciativa se denomina Maria Sibylla Merian Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) y pretende articular una red de trabajo para la creación e intercambio de conocimiento sobre la región.
La sede principal de CALAS está en la Universidad de Guadalajara en México y además de la UCR, se le suman una sede en FLACSO Educador para la región andina y otra en la Universidad de San Martín en Argentina para el abordaje del cono sur.
La articulación de CALAS se completa con cuatro instituciones de educación superior alemanas, la Universidad Friedrich Schiller de Jena, la Universidad Leibniz de Hanover, la Universidad de Bielefeld y la Universidad de Kassei.
El proyecto, financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, coordina la consolidación de conferencias, proyectos de investigación transregionales, laboratorios de conocimiento y traslado de investigadores.
Según el representante de la Junta Directiva de CALAS, Olaf Kaltmeier, la iniciativa abordará temas que impactan tanto a América Latina como a Europa, tales como crisis sociales, multiculturalismo y ciudadanía en tiempos de digitalización.
El investigador alemán resaltó la intención de ampliar el alcance del conocimiento generando desde CALAS mediante procesos de divulgación simultáneos por parte de cinco editoriales regionales, dentro de las que figura la Editorial UCR.
Iniciativa se nutre de la diversidad de abordajes y perspectivas
La UCR celebró del 25 al 27 de setiembre anterior un congreso denominado “Conflictos y procesos de paz en Centroamérica en perspectiva latinoamericana” por medio del cual, inauguró la consolidación de CALAS.
Durante el espacio, la Embajadora de la República de Alemania en Costa Rica, Martina Nibbeling-Wrießnig celebró que se fortalezcan aún más las relaciones de cooperación académica entre ambos países.
“Espero que CALAS sirva para el intercambio de buenas prácticas y genere el desarrollo de propuestas y soluciones” afirmó la jerarca, quien agregó que “juntos vamos a alcanzar nuevos aportes científicos y a superar las fronteras de la ciencia”.
El rector de la UCR Henning Jensen Pennington expresó la complacencia de la institución al acoger la iniciativa y poner en común recursos y conocimientos para comprender mejor la historia contemporánea.
“Este proyecto es uno de los esfuerzos más importantes que han desarrollado universidades alemanas y latinoamericanas en el campo de las Ciencias Sociales” enfatizó el académico.
La operación general de CALAS será coordinada por los investigadores Christine Hatzky de la Universidad de Hanover y Joachim Michel de la Universidad de Bielefeld, así como David Díaz y Werner Mackenbach de la UCR.
Según el historiador y director del CIHAC, David Díaz, la iniciativa abre un espacio de colaboración desde diversas disciplinas, dentro de las que participarán profesionales de las ciencias sociales, del arte y literatura y de las ciencias jurídicas.
“CALAS expresa una diversidad de personas participantes y estrecha vínculos entre académicos y académicas de Europa, Canadá y Estados Unidos, pero también desde México hasta la Patagonia” concluyó el experto.
El acuerdo político permite acciones técnicas que garantizan la operación normal de las universidades
La manifestación del 22 de octubre pidió respeto a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El acuerdo tomado el día 22 de octubre entre las autoridades universitarias y el Gobierno Central permitirá a las universidades hacer un uso del total de los gastos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por ¢512 000 millones.
En el proyecto de presupuesto de la República presentado por el Ministerio de Hacienda, esos recursos del FEES se dividieron en tres grandes rubros, según su origen y destino: deuda pública, gasto corriente e inversión de capital. Este último por un monto de ¢70 000 millones, lo cual limitaría la operación normal de las universidades públicas.
La negociación con la Casa Presidencial, el 22 de octubre, permitió el acuerdo político necesario para pasar, a partidas de inversión de capital, los recursos que las instituciones universitarias usan para mantenimiento y equipamiento de sus edificaciones y el pago del fideicomiso UCR-BCR, dineros que antes no estaban considerados en ese rubro. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene su fideicomiso clasificado como inversión de capital con el visto bueno de la Contraloría General de la República.
Lo anterior permite reclasificar a lo interno de las universidades un monto total de ¢35 000 millones de colones que pasarían de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos. Al respecto, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, explicó que, en las definiciones presupuestarias de las instituciones, estas categorías referidas al mantenimiento de infraestructura no han sido consideradas por ninguna de las partes como inversión de capital. Por esto, con Casa Presidencial se alcanzó un acuerdo político sobre esas definiciones técnicas.
Otros ¢35 000 millones ya habían sido reclasificados en el proyecto de presupuesto de la República, gracias a una moción presentada por el diputado Enrique Sánchez el pasado 16 de octubre. Con ambas acciones se logra cumplir con lo estipulado en tal presupuesto.
El acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y las universidades incluye las firmas del diputado Sánchez del Partido Acción Ciudadana, así como de las diputadas del partido Liberación Nacional Karine Niño y Paola Valladares.
El presupuesto de la República seguirá su curso en la Asamblea Legislativa donde entrará a debate en el plenario el 1º de noviembre, luego de ser aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Este debe ser votado en primer debate el 27 de noviembre y en segundo debate el 29 de noviembre.
Un tema político e ideológico
El tema enfrentó a las partes ideológica y políticamente, pues la división del FEES en el presupuesto de la República agredió la autonomía universitaria.
Lo anterior fue el motivo de la marcha del 22 de octubre, la cual fue una acción política relevante para defender la Constitución Política y el estado social de derecho.
El rector Henning Jensen señaló que en las universidades perciben que el país vive un proceso de erosión del estado social de derecho y que hay un irrespeto a la Constitución Política, la cual pierde vigencia y tiene una relevancia disminuida. Esa fue la razón principal de la marcha de las universidades públicas.
El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:
CONSIDERANDO QUE:
“Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social, preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad y justicia social.
Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las universidades públicas.
El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de “transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de Costa Rica. Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general de las universidades y no del FEES.
La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles, límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación Superior Pública.
El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más, acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.
SE ACUERDA:
“Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica.
Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense, como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.
Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019, convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la autonomía universitaria.
Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.” ACUERDO FIRME.
Luego de la consulta a sus bases, el MEDSE dispone:
1- Condenamos el ataque a la autonomía universitaria y al financiamiento de la educación superior por parte del ministerio de hacienda y su depositaria Rocío Aguilar.
2- Apoyamos el movimiento estudiantil universitario en busca de la protección de la educación superior pública y la igualdad de oportunidades para los estudiantes de todo el territorio nacional.
3- MEDSE condena la represión ejercida en contra de los estudiantes de la Universidad Nacional e insta a todos los sectores estudiantiles a unir esfuerzos para lograr objetivos comunes.
4- Las acciones a tomar se estarán coordinando con los representantes regionales en las próximas horas.
5- MEDSE llama a la unión nacional en contra del totalitarismo y las políticas regresivas que provocan empobrecimiento, violencia y la debacle de nuestra economía.
Representantes de todas las universidades públicas del país y de las diferentes zonas se hicieron presentes en la manifestación para defender sus derechos
La marcha de las universidades públicas fue multitudinaria con representantes de la UCR, la UNED, el TEC, la UNA y la UTN. Foto: Karla Richmond.
Miles de estudiantes, funcionarios, docentes y autoridades universitarias marcharon esta mañana hacia la Casa Presidencial con el fin de protestar por la iniciativa del Ministerio de Hacienda de separar parte de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para un uso distinto al requerido por las universidades públicas.
Esta iniciativa del Gobierno no solo afectaría el presupuesto que se prevé para el funcionamiento integral de estas instituciones sino que también constituye una amenaza a lo que establece la Constitución Política, en cuanto a la autonomía de las instituciones de educación superior públicas.
“Esta es una marcha en realidad de defensa de la Constitución Política, es una marcha que quiere transmitirle al pueblo de Costa Rica que la institucionalidad costarricense es de una enorme importancia y entre esa institucionalidad se encuentra la educación superior pública”, expresó al respecto Henning Jensen Pennington, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad de Costa Rica.
Rodrigo Arias, rector de la UNED, y Henning Jensen, rector de la UCR, se reunieron en la rotonda de La Bandera con un amplio grupo de representantes de las diferentes universidades. Foto: Karla Richmond.
Agregó, asimismo, que en este momento, debido a una decisión unilateral de la ministra de Hacienda, la educación superior pública se encuentra amenazada, “pero nuestra preocupación no es solo por la Universidad, no es solo por la autonomía universitaria, es por la vigencia de la Constitución Política. Y ese es el mensaje que nosotros deseamos transmitirle a toda la nación costarricense, a todo nuestro pueblo, porque al defender la Constitución Política, estamos defendiendo el cuerpo jurídico de nuestra nación”, manifestó Jensen.
Igualmente, Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), destacó la importancia de la defensa de la educación pública al decir que esta marcha “es una lucha, en defensa de la educación pública, en defensa de las universidades públicas, en defensa del papel que históricamente hemos cumplido en el desarrollo de la sociedad costarricense, en defensa del principio constitucional que nos da un marco legal para cumplir plenamente la misión que tenemos en nuestro país y que ha sido agredido de diferentes maneras durante el último tiempo”.
Asimismo, dijo que es una equivocación decir que se está luchando por salarios. “Es una tergiversación, es parte de esa campaña de desprestigio que se ha desarrollado para algunos sectores de la sociedad, con el propósito de minar la credibilidad en las universidades, probablemente respondiendo a otro tipo de intereses económicos de algunos grupos de presión. Pero es falso, porque estamos marchando en defensa de la inclusividad, de la equidad, del acceso a la formación profesional que dan las universidades, en defensa de la movilidad social que da la educación superior, en defensa de los fundamentos que se construyen a partir de los aportes que las universidades dan a un país como Costa Rica», manifestó Arias.
Los rótulos, pancartas y mantas con diferentes mensajes a favor de la educación superior pública estuvieron presentes durante toda la marcha. Foto: Karla Richmond.
Del mismo modo, se expresó Jensen, pues afirmó que “aquí, en contra de lo que pudieran decir algunas personas, no estamos defendiendo ningún tipo de privilegio, no estamos saliendo a la calle para luchar por salarios, estamos luchando por lo que constituye el núcleo de la sociedad costarricense y de la misma ciudadanía costarricense. Ese núcleo está definido por aquello que es el andamiaje de nuestro cuerpo jurídico y nuestro cuerpo político, que es la Constitución Política”.
Autonomía
Por su parte, Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), destacó que la lucha que se da este día va más allá del presupuesto universitario. “Estamos aquí luchando, no solamente por la restitución de los recursos que el Ministerio de Hacienda arbitrariamente desvió del presupuesto universitario, del FEES, sino que estamos luchando por la autonomía universitaria, que está siendo constantemente cuestionada por fuerzas políticas enemigas de la Universidad. Y estamos luchando por una visión de país, lo que estamos peleando hoy aquí es mantener a Costa Rica como una sociedad democrática, como una sociedad igualitaria y como una sociedad inclusiva”, destacó.
Prieto agregó que a pesar de que la UTN no tiene afectación presupuestaria con el desvío de fondos del FEES, sí considera que existe un atentado contra la universidad pública, contra la educación pública y contra las posibilidades de acceso a la educación de todos los estudiantes de Costa Rica.
Los rectores y los presidentes de las federaciones de estudiantes se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, al finalizar la marcha en la Casa Presidencial. En el transcurso del día se conocerán los acuerdos de esta reunión. Foto: Efraín Cavallini (UNA).
Una marcha estudiantil
El movimiento estudiantil de las cinco universidades públicas caracterizado por una amplia diversidad impulsó la marcha desde diferentes puntos del país. Por parte de la Universidad de Costa Rica, cientos de estudiantes de las sedes y recintos se hicieron presentes, salieron desde la madrugada de sus respectivas provincias para unirse a la marcha bajo la consigna de la defensa de la educación superior pública y la autonomía universitaria.
“Venimos a defender nuestra autonomía como Universidad y el presupuesto de sedes y recintos, ya que seríamos la población más afectada en caso de que se diera este condicionamiento de los 70 000 millones de colones”, señaló Anthony Ricardo Bertarau, estudiante de dirección de empresas de la Sede del Caribe.
El joven, además, apuntó que la UCR en Limón tiene diferentes proyectos de investigación y acción social que benefician directamente a alrededor de 4 000 personas. Asimismo, 15 000 niños, jóvenes y adultos mayores se ven beneficiados indirectamente en comunidades rurales, y esta es una de las razones por las que se movilizaron en esta marcha.
Laura Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), explicó que “todo este movimiento surge a raíz de la imposición de Hacienda para que invirtamos un porcentaje de nuestro presupuesto de una manera establecida por ellos, lo cual contraría completamente el principio de la autonomía universitaria y es parte de las razones por las que estamos luchando”.
La estudiante explicó que han promovido la información hacia todas las instancias de la Universidad para visibilizar los diferentes ataques que se han dado a lo largo del año hacia la educación. Además, desde el jueves anterior las organizaciones estudiantiles han realizado espacios de reflexión y discusión en sus respectivas escuelas, facultades, sedes y recintos para informar a la mayor cantidad de estudiantes sobre esta situación.
La marcha convocada por los estudiantes de las diferentes universidades públicas fue apoyada, además, por las autoridades universitarias, funcionarios, docentes y muchas personas más relacionadas con el quehacer institucional de las distintas universidades.
Fue así como se pudo observar, bajo un fuerte calor, a cientos de personas con rótulos, mantas, pancartas con diferentes mensajes en defensa de la educación superior pública. La marcha partió desde las diferentes universidades y se reunieron en la rotonda de La Bandera y en la Fuente de la Hispanidad, para marchar en conjunto hasta la Casa Presidencial.
Nidia Burgos Quirós
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
José Andrés Céspedes Campos
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
