La Fundación Caminantes de Costa Rica invita a participar en la Carrera Recreativa – Caminata Ecológica “Energía Humana”, una actividad deportiva y familiar que se realizará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 7:30 a.m., en el Parque La Libertad, ubicado en Fátima de Desamparados.
La jornada ofrece dos distancias para personas de diferentes niveles de condición física:
6 kilómetros para la carrera recreativa.
3 kilómetros para la caminata ecológica.
La inscripción tiene un costo de ₡8.000 colones para la carrera y ₡5.000 colones para la caminata. Según informa la organización, la participación incluye medalla, refrigerio, productos de los patrocinadores, rifas y otras sorpresas para quienes tomen parte en la actividad.
La carrera y caminata buscan promover el ejercicio al aire libre, el disfrute de los espacios públicos y la convivencia comunitaria en un entorno natural como el del Parque La Libertad.
Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar mediante SINPE móvil al 6226-2080. Para más información, la Fundación Caminantes de Costa Rica pone a disposición el número 7189-4252.
Deilyn Ulloa Sanabria* Estudiante de la Maestría de Desarrollo Sostenible Universidad de Costa Rica
En la zona norte de Cartago la conservación del suelo, el agua, la cobertura forestal y la fauna asociada a los cultivos no se deben ver como algo externo, sino como una necesidad fundamental en la sostenibilidad de los sistemas productivos tanto presentes como futuros.
En medio del clima frío y a una altitud superior a los 2.000 m.s.n.m se asoman paisajes excepcionales conformados por tierras fértiles dedicadas a la producción de papa y hortalizas; productos que llegan a las mesas de los costarricenses y al extranjero. De acuerdo con datos recientes del Consejo Nacional de Producción (2025) la papa blanca es la que mayor volumen de comercialización presenta dentro de las diferentes variedades de papa que se ofertan en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), por lo que destaca como uno de los principales cultivos en la zona.
Estos conforman también el sustento de las familias agricultoras, no obstante, a pesar de la importancia de dichos sistemas productivos, las condiciones ambientales son una realidad casi olvidada. El uso intensivo del suelo, la pérdida de cobertura forestal, contaminación de los mantos acuíferos y el alto uso de agroquímicos perjudican no solo la calidad ambiental, sino el equilibrio de los mismos cultivos (Calderón et al., 2025).
De acuerdo con datos del Estado de la Nación (2025) en los últimos años la región ha presentado un aumento de la huella ecológica ante el cambio del suelo debido al aumento de cultivos y consumo de recursos forestales. Estos últimos provocan una alta erosión que afecta la calidad del suelo en su estructura física y biológica comprometiendo su capacidad productiva. Esto refleja una desconexión de los modelos productivos en relación con la naturaleza y muy especialmente a una falta de conciencia ambiental lo cual degrada el entorno y genera una alta vulnerabilidad de la economía local.
El modelo agrícola en la zona norte de Cartago se caracteriza por la especialización y el uso intensivo de la tierra. A nivel productivo esto se puede traducir en buen rendimiento de la producción, pero ambientalmente esto genera una afectación representativa para la biodiversidad local y sus servicios ecosistémicos. Se pueden evidenciar altos niveles de fragmentación del hábitat esenciales para muchas especies de aves, mamíferos, insectos, microorganismos, entre otras especies que resultan beneficiosos al ser controladores naturales de plagas o polinizadores.
La FAO en el “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2022” señala que la simplificación de los agroecosistemas provoca un alto nivel de dependencia de agroquímicos y baja resiliencia ante factores como el cambio climático. Situación que han externado los productores de la zona enfrentándose a variaciones en la temperatura con la que han tenido que jugar de cierta forma para no afectar la producción.
Con base a datos del PNUD (2022) Costa Rica se ha posicionado como uno de los países con mayor uso de agroquímicos y, especialmente plaguicidas a nivel mundial con alrededor de 34,45 kilos de plaguicidas por hectárea. Esto con base a datos en un período del 2012 al 2020 donde se pudo reconocer alrededor de 21 plaguicidas más utilizados destacando algunos como el Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, entre otros altamente contaminantes.
Con base a lo anterior, parte de los compromisos a nivel nacional es la “Política pública para los plaguicidas en uso agrícola 2024-2034” con el propósito de gestionar de manera responsable los mismos en la actividad agrícola y así garantizar no solo la salud pública sino la protección del medio ambiente (Ministerio de Salud, 2024). Asimismo, la FAO (2018) advierte que la presencia de vegetación en los bordes del cultivo contribuye con la humedad, estructura y filtración del agua en el suelo lo que facilita la conservación de sus nutrientes y evita la erosión.
Ante esto, es apremiante ver la economía como un todo, es decir, no puede separarse del entorno natural, ya que su funcionamiento depende del uso de recursos finitos y produce efectos directos sobre el medio ambiente. Con esto se evidencia que el bienestar humano está estrechamente vinculado con la protección de los sistemas naturales que sostienen tanto la producción como el mantenimiento del mismo ser humano en la tierra, propiciando mejores condiciones de salud y bienestar. Por lo que es momento de entender que la fertilidad del suelo, el agua limpia y la biodiversidad en general son parte de esos “recursos” a los que no se les debe otorgar un valor económico y mucho menos sustituirse por tecnología.
Es tiempo de diversificar los modelos productivos así como lo sostienen Nicholls y Altieri (2019), con metodologías y herramientas que no requieren de grandes inversiones, partiendo de prácticas agroecológicas sencillas como la rotación de cultivos, barreras vivas, uso de abonos orgánicos, entre otros que aseguren la productividad a largo plazo y reduzcan la dependencia de recursos externos.
Ante esto, el país puede liderar en la transición de la producción a sistemas que integren la biodiversidad como tema central en las políticas agrícolas, potenciando la capacidad de las comunidades agrícolas para preservar los recursos que dan sustento diario.
La Universidad Nacional (UNA) culminó cinco años de trabajo académico en territorios indígenas con el cierre del Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas, ejecutado por la División de Educación Rural (DER) del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide). El programa, vigente de 2020 a 2024, consolidó acciones de investigación, extensión y cooperación internacional para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la preservación de los idiomas originarios de Costa Rica.
Durante el quinquenio, el equipo académico desarrolló procesos de acompañamiento docente, producción de materiales educativos, giras académicas, talleres en comunidades y participación en redes internacionales. Las principales zonas de trabajo fueron Boruca, Curré y Talamanca, donde se generaron experiencias significativas de revitalización lingüística y educación contextualizada. “El trabajo desarrollado con las comunidades permitió avanzar en procesos de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, quienes asumieron un rol activo en la enseñanza del idioma brunca en las escuelas”, explicó Federico Guevara Víquez, coordinador del programa y académico de la DER.
El PPAA nació con el propósito de acompañar al sistema educativo costarricense en la aplicación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en concordancia con los derechos culturales y lingüísticos reconocidos por el Estado. Desde su creación, articuló esfuerzos con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) de cada territorio.
Su enfoque principal combinó la investigación participativa y la acción pedagógica en las aulas. En Boruca y Curré, por ejemplo, el programa impulsó el proyecto Upshigrajdin Di TegatYet, dedicado a la enseñanza del idioma brunca como segunda lengua. Esta iniciativa integró a docentes de lengua y cultura, supervisores de circuito y autoridades educativas del territorio.
A lo largo de tres años, los participantes recibieron capacitación en metodologías de enseñanza bilingüe, técnicas de planificación didáctica y estrategias fonológicas para contextos donde el idioma presenta un alto grado de desplazamiento. Los resultados incluyeron un documental de 46 minutos que registra el proceso de trabajo con los docentes y un artículo académico registrado que analiza los alcances de la experiencia.
Guevara destacó que estos productos constituyen evidencia del compromiso del equipo académico con la construcción colectiva del conocimiento intercultural. “El trabajo con los territorios de Boruca y Curré permitió un proceso de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, con metodologías que fortalecen el aprendizaje y la identidad desde la escuela.
Aprendizaje desde los territorios
En Talamanca, el programa dio seguimiento al Plan Piloto Namu Wokir, desarrollado anteriormente por la División de Educación Rural con la Dirección Regional de Sulá. Las actividades incluyeron talleres de mediación pedagógica, evaluación educativa, planeamiento contextualizado y educación intercultural.
Carolina Arias Ortiz, académica de la DER y participante del programa, recordó que esta experiencia reafirma la importancia de trabajar junto con las comunidades educativas desde la realidad de cada territorio: “El acompañamiento en Talamanca y la experiencia del Plan Piloto Namu Wokir permitieron comprender la diversidad cultural de las regiones indígenas y la necesidad de abordar los desafíos educativos desde la interdisciplinariedad.”
El programa también propició espacios de diálogo comunitario, como el Consejo de Participación Comunal de la Dirección Regional de Sulá, donde abordó temas relacionados con la lengua, la cultura y el rendimiento académico de la población estudiantil indígena.
Como parte de la proyección internacional, Guevara y Arias presentaron la ponencia “Una mirada crítica a las políticas educativas en los territorios indígenas de Costa Rica” en el Congreso de Antropología y Educación del Royal Institute of Anthropology (RAI), realizado en junio de 2024 en Londres. En ese espacio, compartieron los resultados del programa y discutieron con académicos de distintas regiones sobre el impacto de las políticas educativas en comunidades marginadas.
“La participación en el Congreso del RAI visibilizó el trabajo de la UNA frente a especialistas de diversos continentes y abrió nuevas posibilidades de colaboración académica”, señaló Guevara durante su presentación en el informe final del programa.
El cierre del programa incluye la preparación del libro El Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas de la DER: experiencias en Educación Intercultural y revitalización lingüística, de Federico Guevara Víquez y Jenny Mena López. El texto, en formato impreso y digital, sistematiza las experiencias del programa y su impacto en la enseñanza de lenguas originarias.
El equipo académico también produjo el documento “Aportes de la DER a derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas” y una ponencia sobre políticas educativas y multilingüismo en Costa Rica.
Además, los registros audiovisuales obtenidos en Talamanca documentan la aplicación de metodologías de investigación participativa y la coordinación con autoridades locales, que consolidan una memoria visual de los procesos educativos y culturales vividos en las comunidades.
Proyección y continuidad
Aunque el PPAA concluyó en diciembre de 2024, sus aportes académicos continúan vigentes. El equipo de la DER mantiene vínculos con las comunidades participantes y con las redes internacionales que acompañaron el proceso.
Los resultados obtenidos abren la posibilidad de nuevos proyectos enfocados en la formación docente, la sistematización de experiencias y la producción de materiales educativos bilingües. Asimismo, la universidad prevé nuevos espacios de diálogo entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas, en coherencia con el enfoque de derechos culturales y lingüísticos.
La experiencia también fortaleció las capacidades de los académicos y estudiantes vinculados, algunos de los cuales desarrollaron trabajos finales de graduación en el marco del programa.
Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.
Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote. El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.
Demandas de los sectores
Sector agroalimentario
Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.
Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.
Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.
Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.
Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.
No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.
Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.
Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.
Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.
Sector educación
Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.
Dignificación del magisterio nacional.
Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Protección del régimen de pensiones del Magisterio.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.
Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.
Sector salud pública y seguridad social
Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.
Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.
Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.
Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.
Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.
Sector de mujeres y colectivos feministas
Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.
Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.
Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.
Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.
Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.
Derechos laborales y sociales
Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.
Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.
Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.
Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.
Defensa de la democracia
Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo. Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.
“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”
Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.
El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:
1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.
2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización
3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste
4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza
5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes
6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios
7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores
8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres
9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.
10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.
Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.
Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.
En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.
En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.
Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.
Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.
En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.
A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de dignidad, memoria y esperanza. En esta nueva jornada, los movimientos sociales levantaron la voz por la salud pública, por quienes cuidan, por la democracia y también por Palestina, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.
La nota del Observatorio de Bienes Comunes recupera las voces, los aprendizajes y las luchas que marcaron esta fecha de memoria y resistencia.
Porque la protesta es un derecho, y la memoria, un bien común que se defiende en colectivo.
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la Solemne Clausura del Año Académico “Dr. Juan Jaramillo Antillón” 2025, que se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos.
La actividad contará con la conferencia titulada “Inteligencia Artificial: Interrelación, beneficios y aplicaciones en el campo de la salud”, a cargo del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, coordinador de la Sección de Integración Médica de la Escuela de Medicina de la UCR, y del Dr. Francisco Siles Canales, director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) de la Universidad de Costa Rica.
El encuentro busca reflexionar sobre los aportes de la inteligencia artificial a la medicina contemporánea, sus aplicaciones en la investigación y la práctica clínica, así como los desafíos éticos y científicos asociados a su incorporación en los sistemas de salud.
La participación es gratuita, pero requiere confirmación de asistencia antes del 18 de noviembre al correo info@acanamed.com o al teléfono 2210-2292.
Durante décadas, Costa Rica ha transitado por un camino que, lejos de fortalecer su campo, lo ha desmantelado pieza a pieza. Este recorrido, que bien podríamos bautizar como «La Ruta del Arroz» —o más honestamente, “La Ruta de la Vergüenza”—, comenzó con el sistemático desmontaje de la capacidad productiva nacional, empezando por el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
El CNP, otrora un pilar para la comercialización y la estabilidad de los precios para los productores fue vaciado de sus funciones. Paralelamente, se implementaron, décadas atrás, políticas como el “decreto de desabasto de arroz”, un eufemismo que escondía una cruda realidad: la decisión política de reducir la siembra nacional para favorecer a los grandes importadores e industriales de granos básicos. ¿El resultado? Una dependencia creciente y peligrosa de las importaciones, mientras nuestros arroceros veían cómo su mercado se encogía y sus fincas se volvían inviables.
Este modelo no solo ha golpeado la economía rural; es un ataque directo a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.
La Seguridad Alimentaria supone que toda la población tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Podemos tenerla importando todo, pero es un equilibrio precario.
En el mismo sentido la Soberanía Alimentaria va más allá. Es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas agroalimentarias, a producir sus alimentos de forma sostenible, priorizando al productor local. Es la autonomía para decidir qué comemos y cómo se produce.
Al desmantelar nuestra producción de granos básicos, sacrificamos la Soberanía Alimentaria en el altar del comercio internacional, poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria ante cualquier crisis global que dispare los precios del Mercado de Chicago (Chicago Mercantile Exchange o CME, donde se transan los precios internacionales de granos básicos) o interrumpa las cadenas de importación.
Hoy, este mismo guion se repite en la ganadería. El “areteo” de las reses, bajo la justificación de la trazabilidad, se ha convertido en una carga burocrática y económica tan pesada para el pequeño y mediano ganadero, que muchos se ven forzados a vender o abandonar. Es la misma estrategia: ahogar con regulaciones y costos a los actores nacionales para abrirle paso a un modelo controlado por pocos, donde la carne de res también podría seguir la “ruta del arroz”.
Ante esta embestida, es vital hacer un llamado a nuestros finqueros y trabajadores agrícolas: no permitan que los distraigan. No nos dejemos engañar por debates que, aunque puedan movilizar pasiones, son cortinas de humo que desvían la atención de lo esencial. Su modo de vida, su vocación de trabajar la tierra y criar ganado, es lo que realmente dará de comer a Costa Rica. Esa es la batalla importante. No nos desviemos con discusiones tontas sobre preferencia sexual o religión que no ponen un grano de frijol en la mesa. Y ojo, tampoco nos dejemos engañar por aquellos pastores que, desde la comodidad de sus púlpitos, no entienden ni les importa una grieta en el barro, pero que no dudan en usar su influencia para dividirnos y negociar sus propios intereses con el gobierno y políticos de turno, mientras nuestro verdadero sustento —el agro nacional— se hunde.
La tierra no entiende de ideologías, entiende de trabajo, sudor y dedicación. Mantengamos la vista en lo crucial: defender nuestra capacidad de producir alimentos, porque en ello nos va la vida, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de costarricenses.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.
Puntos principales del pronunciamiento
Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.
Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.
Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.
Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.
Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.
Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.
El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.
Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.
Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.
Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.
Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Imagen: Fotografía usada en el transporte público.
