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El peligro de la ignorancia

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el caos en el transporte y su impacto en la salud y la calidad de vida

Escrito en . Publicado en Salud.

Un serio problema que demanda atención urgente

Costa Rica vive un auténtico caos en el transporte. De acuerdo a índices internacionales, San José ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a peores condiciones de tránsito y de movilidad en general. Esta situación tiene múltiples aristas y causas que la hacen particularmente compleja. En el centro de esta crisis está una acentuada falta de planificación, aparejada del incremento acelerado en la flota vehicular privada y el debilitamiento sistemático del transporte público durante las últimas décadas. El número de operarios de autobuses disminuyó en un 24% y el número de personas usuarias de autobús se redujo en un 42% desde el año 2018.

Ello va de la mano de una deficiente infraestructura vial, con proyectos atrasados, de alto costo y con frecuencia insuficientes. A lo anterior se agrega un desarrollo inmobiliario descoordinado y sin planificación, lo cual se refleja en que 40 cantones no cuentan con planes reguladores y, entre los que sí poseen, muchos son parciales o están desactualizados. Los procesos de urbanización con frecuencia no toman en cuenta el tema del transporte y hay una enorme deficiencia en la sectorialización del transporte público. Todo ello nos ha llevado a la crítica situación actual.

Resulta paradójico que el país cuenta, desde 1976, con una gran cantidad de estudios técnicos que señalan claramente estas deficiencias y proponen formas de enfrentarlas; igualmente hay legislación en el tema, la cual a menudo se incumple. Con frecuencia intereses sectoriales prevalecen sobre el interés público y el país se ha quedado rezagado en la implementación de soluciones.

Impactos en la salud pública

El caos en el transporte tiene múltiples impactos negativos en la vida del país. En el ámbito de la salud, los accidentes de tránsito y las muertes derivadas de ellos representan un serio problema. El año pasado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 44.000 personas atendidas en sus servicios por accidentes de tránsito, los cuales ocurren mayormente en la temporada seca. Estos accidentes se relacionan a menudo con conducción temeraria y exceso de velocidad. Esta problemática afecta principalmente a personas jóvenes entre 20 y 29 años, especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas, con un predominio de los varones (72 % de los casos en 2025); ello conlleva un alto impacto en la fuerza laboral del país. En términos de número de casos atendidos en la CCSS en el período 2019-2025, los accidentes de tránsito ocupan la posición decimoquinta, mientras que en términos de mortalidad se ubican en el sexto lugar, lo que refleja la gravedad de estos eventos. Además, estos accidentes tienen un efecto significativo en los costos institucionales de atención y rehabilitación.

Más allá de la afectación física, el caos vial impacta en la salud mental, al causar estrés, irritación y fatiga, constituyendo un estresor crónico que golpea la calidad de vida de la población. La salud también se ve afectada por los congestionamientos, al dificultarse el traslado de personas a los centros de salud. Por otra parte, las emisiones de gases de la creciente flota vehicular representan la principal causa de contaminación del aire en el país, lo cual también tiene un efecto en la salud de la población al favorecer enfermedades respiratorias y crónicas diversas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.

Esta problemática tiene un impacto asimétrico en diversos sectores de la población, afectando a personas en situación de discapacidad, mujeres y personas adultas mayores, dadas las deficiencias en accesibilidad y servicios del transporte público. Por otra parte, el efecto en salud mental y tiempo perdido por personas trabajadoras en las presas viales tiene serias consecuencias en la economía del país. Se estima que en la gran área metropolitana el tiempo perdido por congestionamiento vial le cuesta a las personas trabajadoras cerca de un 4.3% del producto interno bruto.

El camino hacia las soluciones

La seriedad y magnitud del problema demanda acciones claras y decididas por parte de autoridades de gobierno y municipales, con la participación activa de la ciudadanía. En el núcleo de las soluciones está la modernización del transporte público, el cual debe concebirse como un servicio esencial que, en parte, debe ser subsidiado por el Estado, como ocurre en muchos países. Se deben rescatar planes y análisis técnicos efectuados a lo largo de décadas y actualizarlos, siempre favoreciendo el bien común sobre los intereses sectoriales. Deben darse paralelamente transformaciones en los procesos de mejoramiento de la infraestructura vial, superando las crónicas deficiencias en este ámbito.

Se requiere trabajar en planes serios de sectorialización del transporte público, así como en una adecuada planificación del desarrollo urbano, el cual incluya implementación y actualización de planes de ordenamiento territorial por parte de las municipalidades. Es necesario hacer acopio de conocimiento científico-tecnológico existente en las universidades y otras instituciones del país para monitorear el tema del congestionamiento vial, la contaminación del aire y los accidentes de tránsito, de manera que se generen medidas de prevención e intervenciones adaptadas a los diferentes contextos territoriales del país. Es indispensable también hacer valer la legislación existente en los derechos de las personas, incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad, de contar con sistemas de transporte público que respeten sus necesidades.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias hace un vehemente llamado de atención a las autoridades y a la sociedad para que se atienda de forma decidida este serio problema. Muchas de las soluciones al mismo ya se conocen. Pero se requiere voluntad política y una amplia participación ciudadana, incluyendo a la comunidad científico-tecnológica, para tomar decisiones claras y efectivas que redunden en una transformación sustantiva de nuestro sistema de transporte, en beneficio de la calidad de vida de la población y del ambiente, un sistema que sea público, interconectado, limpio, eficiente y seguro.

*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, María L. Ávila-Agüero, Henriette Raventós Vorst, Berendina (Berna) van Wendel de Joode, Catharina Wesseling y Edgardo Moreno Robles, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “El caos en el transporte y su impacto en la salud pública”, celebrado el 22 de abril del 2026 con la participación como panelistas de Leonardo Castro, Roy Wong, José Rojas, Leonardo Merino y Nicole Mesén.

El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gpQlyTm6Dbw

Estado mexicano pide disculpas por su responsabilidad en la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López

Escrito en . Publicado en Derechos.

En conmemoración del Día del Maestro en México, el 15 de mayo se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada del maestro Gregorio Alfonso Alvarado López, ocurrida el 26 de septiembre de 1996 en el estado de Guerrero.

Durante el acto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Gregorio Alvarado y ofreció una disculpa pública a su familia y a la sociedad, en cumplimiento de las medidas de reparación derivadas del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gregorio Alvarado era maestro, poeta, padre y líder social indígena. Su labor comunitaria y educativa lo vinculó con procesos organizativos en la región de la montaña de Guerrero en un contexto de fuerte violencia y persecución contra integrantes de movimientos sociales y comunitarios en la década de los noventa. Tras meses de que Gregorio y su familia enfrentaran vigilancia constante, persecución y hostigamiento, su desaparición forzada ocurrió en septiembre de 1996 y desde entonces su paradero continúa sin conocerse.

En representación del Estado, el Subsecretario de Derechos Humanos reconoció que como Estado “no solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”. A casi 30 años de los hechos, este caso permanece en la impunidad.

El Subsecretario reconoció también la labor de defensa de derechos humanos que realizó Gregorio en sus comunidades y que lo enfrentó a la persecución y la desaparición forzada. En particular nombró que hasta la fecha su labor “beneficia a niñas y niños indígenas en Guerrero; debido a que durante su ejercicio promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe, mismas que persisten. Lo cual fue y es un acto de amor, convicción y compromiso para mejorar su entorno social”.

Según reconoció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la desaparición de Gregorio se dio en el contexto de “una política de terror” implantada por el gobierno mexicano donde “Guerrero fue el epicentro de la contrainsurgencia, siendo el ejército el principal responsable de las graves violaciones de derechos humanos que se consumaron en ese período. (…) años cruentos en los que se castigaba la organización independiente y el pensamiento autónomo, como lo documentó la Comisión de la Verdad que se encargó de investigar los hechos ocurridos durante aquellos años y cuyo informe no ha sido plenamente asumido por el Estado mexicano”.

Así, el caso de Gregorio ha representado no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino también una afectación profunda para su comunidad y su familia, que ha sostenido durante casi tres décadas una búsqueda permanente de verdad y justicia, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y la ausencia de investigación efectiva.

En el acto, Norma, esposa de Gregorio y quien ha liderado su búsqueda, hizo un llamado a investigar y juzgar a las personas responsables de su desaparición y demandó que la desaparición forzada deje de lacerar a las familias mexicanas. Norma recordó que “pese al paso inexorable del tiempo, Gregorio, “Goyito” sigue siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan nuestros pueblos, su trabajo, su ejemplo sigue vigente, por el y por todos los desaparecidos: ni olvido, ni perdón”.

La ceremonia realizada este día representó un acto de reconocimiento a la lucha por verdad y justicia, así como una medida de dignificación de la memoria de Gregorio Alfonso Alvarado López, cuya vida estuvo dedicada a la educación, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la familia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acompañaron este acto y reiteraron que, si bien constituye un paso importante en el reconocimiento de responsabilidad y en la reparación del daño causado, persiste la obligación del Estado mexicano de garantizar plenamente los derechos a la verdad y la justicia.

Las organizaciones recordaron que “el caso de Gregorio no es un caso aislado. México enfrenta hoy una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 133.000 personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras no dejan de crecer. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayado que la desaparición forzada en México constituye un fenómeno generalizado y sistemático que demanda una respuesta integral y efectiva por parte del Estado. No solo con mecanismos reactivos, sino políticas de prevención, búsqueda con perspectiva de derechos, verdad, justicia y reparación”.

Y afirmaron que “Gregorio sigue desaparecido. Mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia. (…) Hoy, en este Día del Maestro, le rendimos homenaje con la certeza de que su lucha continúa —en la voz de Norma, en los pasos de sus hijos, en cada escuela comunitaria que lleva su nombre, y en todos los que seguimos comprometidos con que la desaparición forzada no tenga cabida en ningún rincón de este país”.

“Para que las esperanzas tengan larga vida y mañana amanezca más temprano”
Gregorio Alvarado

¿Qué obstaculiza la atención médica en los territorios indígenas?

Escrito en . Publicado en Salud.

Observatorio de Bienes Comunes

Desde Talamanca, el Colectivo Antonio Saldaña comparte una reflexión urgente sobre las barreras que enfrentan las comunidades Bribri y Cabécar para acceder a una salud digna, culturalmente pertinente y ajustada a la realidad del territorio.

Protocolos rígidos, falta de medicamentos, largas distancias y una institucionalidad que muchas veces no logra responder a las condiciones reales de las comunidades.

El texto también recupera el marco legal que obliga al Estado costarricense —incluyendo el Convenio 169 de la OIT— a garantizar servicios de salud adecuados para los pueblos indígenas.

“Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo derechos.”

Lea la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-consulta-se-anuncia-al-aire-alertas-del-colectivo-antonio-saldana-ante-la-normalizacion-de-convocatorias-ajenas-a-los-pueblos/

Una masacre en camino

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Nos estamos matando. No. No es lo mismo a decir que “se matan entre ellos”. No. A la pérdida de contrato social y convivencia fragmentada en Costa Rica, debe agregársele una narrativa cargada de violencia y odio desde los altos mandos del país. Nada de esto es bueno y augura una masacre sin retorno.

Nos estamos matando.

En los primeros cuatro meses de 2026 la cifra de homicidios fue de 265, presentando una baja significativa respecto a los 311 asesinatos registrados en el mismo periodo el año anterior. De mantenerse este récord de 1.9 homicidios por día, en diciembre se estarían alcanzado 800 casos, una cifra aún alta en la historia del país.

De nuevo las personas adolescentes y adultas jóvenes presentan la más alta incidencia y se ha detallado una ampliación en la geografía de la violencia, alcanzando territorios en las provincias de Cartago y Puntarenas que antes no estaban incluidos.

De nueva cuenta se debe declarar esta problemática como emergencia nacional para abordarla prioritaria mente. Sin embargo, lo que alarmar junto a la estadística, es el funcionamiento descontrolado de un mercado ilegal de armas en el país.

La existencia de comercio “por debajo” donde se tranzan todos los días armas de cualquier tipo, preocupa en la medida que nos hemos convertido en un colectivo al que le cuesta manejar la ira y el enojo especialmente en la vía pública, que no dialoga y se frustra con facilidad y entiende que la violencia es el único camino.

Una masacre se avecina si no hacemos algo urgente para detener esto. Más de 6.000 armas circulan sin registro en el país, lo que nos convierte en una sociedad con un ejército velado listo para entrar a escena en cualquier momento.

No es que se matan entre ellos. Es que nos estamos matando. Si no hacemos algo pronto la masacre se habrá consumado.

Estudio sostiene que listas de espera sí pueden resolverse con cambios administrativos y sin más gasto en personal

Escrito en . Publicado en Salud.

Un estudio dirigido a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sostiene que el problema de las listas de espera en consulta médica especializada puede reducirse significativamente mediante medidas administrativas y de gestión, sin necesidad de aumentar los costos en servicios personales.

El documento, elaborado por el médico Carlos Zamora Zamora, analiza el comportamiento de la contratación de médicos y la producción de consultas especializadas en hospitales de la Caja entre 2004 y 2025. A partir de ese análisis concluye que existe una “contracción continuada” y “paradójica” de la oferta de servicios especializados, pese al aumento sostenido de personal médico contratado.

La investigación parte de la preocupación por la existencia de centenares de miles de personas en listas de espera para obtener atención especializada, situación que —según el autor— afecta el derecho a la salud y genera incertidumbre y angustia en la población.

El estudio señala que frecuentemente se atribuye el problema a limitaciones de recursos, cambios demográficos o factores epidemiológicos, pero afirma que rara vez se examinan de forma rigurosa aspectos relacionados con la administración de servicios y la gestión institucional.

Entre los principales hallazgos, el documento destaca que la cantidad de médicos contratados en hospitales de la Caja pasó de 1.825 en 2004 a 4.251 en 2025, mientras que la producción de consultas especializadas prácticamente permaneció estancada.

El análisis señala que en 2014 se alcanzó el punto más alto de producción con 2.587.000 consultas y 2.984 médicos. Sin embargo, en 2025, con 4.251 médicos contratados, se realizaron 2.278.000 consultas, es decir, aproximadamente 300.000 menos que en el año de mayor producción.

Según el estudio, esta discrepancia evidencia un deterioro progresivo en el rendimiento de los servicios de consulta externa especializada y una reducción real de la oferta, especialmente si se considera el crecimiento demográfico del país.

El documento estructura el análisis en varios apartados:

  • una carta pública dirigida a la Junta Directiva de la Caja;
  • un adendum técnico sobre listas de espera y tendencias de los servicios entre 2004 y 2025;
  • cuadros comparativos sobre contratación de médicos y producción de consultas en hospitales nacionales, regionales y periféricos;
  • y un análisis de tendencias institucionales y de rendimiento.

El estudio incluye comparaciones entre distintos tipos de hospitales y muestra que, en numerosos centros médicos, la contratación de especialistas creció mucho más rápido que la cantidad de consultas efectivamente realizadas.

Entre los argumentos centrales del autor se encuentra la idea de que la magnitud de la diferencia entre recursos contratados y servicios producidos no puede explicarse únicamente por factores externos como la pandemia. Aunque reconoce el impacto del COVID-19, sostiene que la tendencia decreciente venía manifestándose desde años anteriores y continuó después de la emergencia sanitaria.

El autor plantea que la situación podría estar asociada con cambios en la forma de administrar los recursos, medidas institucionales que habrían favorecido ineficiencias, incumplimiento de normas reglamentarias y debilidades en los mecanismos de control de labores.

Asimismo, afirma que el comportamiento observado sería inaceptable en cualquier organización pública o privada:

“Ante una divergencia como esta entre el desempeño de los recursos contratados y la producción, cualquier empresa, desde la panadería del barrio hasta la transnacional más poderosa, procedería a revisar con urgencia su administración y su gerencia”.

El documento sostiene además que las listas de espera no solo pueden intervenirse, sino también reducirse y equilibrarse en un plazo relativamente corto mediante acciones administrativas sencillas.

En el cierre del estudio, Zamora concluye:

“Con base en los resultados mostrados puede afirmarse que es posible resolver el problema de listas de espera en consulta especializada”.

El autor indicó que está dispuesto a ampliar los resultados del análisis y presentar propuestas concretas para atender las listas de espera en la institución.

Puede descargar el documento desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Carta-JD-y-listas-de-espera.pdf

Imagen: Semanario Universidad

Lanzan campaña internacional “Firmo por Cuba” para recolectar millones de firmas solidarias

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Diversas organizaciones internacionales lanzaron la campaña global “Firmo por Cuba”, una iniciativa orientada a recolectar millones de firmas de solidaridad con el pueblo cubano.

La campaña fue anunciada durante la Conferencia Internacional de Solidaridad realizada en Cuba el pasado 2 de mayo de 2026, actividad coorganizada por la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto Internacional de los Trabajadores y la Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial.

Bajo el lema “Firmo por Cuba”, la iniciativa habilitó una plataforma digital para la recolección de adhesiones internacionales, así como distintos canales de información y contacto.

Las personas organizadoras informaron que ya se encuentran activos:

Según señalaron, toda la información relacionada con la campaña se actualizará de manera permanente en dichos espacios digitales.

La convocatoria se presenta como un nuevo esfuerzo de articulación internacionalista y solidaridad con Cuba.

Los tiempos modernos

Escrito en . Publicado en Educación.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Muchas son las costumbres y valores sociales que, aquellos que vivimos hace algunas décadas atrás, ahora las extrañamos.

Por ejemplo, nosotros de niños teníamos prohibido meternos en las conversaciones de nuestros padres con otros adultos, asimismo, expresarnos con palabras soeces o groseras sobre terceros, sin motivos sólidos, etc. Eso no ocurrió, por lo menos en mi ambiente. Si mi madre me escuchaba, me daba fuertemente en mi rostro y, ¡valla que tenía manos gruesas!

En las escuelas había clases por la mañana y por la tarde. Las tareas se llevaban hechas, con nuestra letra y puño. Los maestros anotaban a quienes llegaban tarde y faltaban con las tareas. Nada raro es que nos enviaran a la dirección, de donde se enviarían una nota a los padres y/o nos suspenderían algunos días.

Algunos maestros y padres de familia decían que «la letra con sangre entra».

Entre la corrección metodológica de la enseñanza/aprendizaje y el desarrollo pedagógica hubo avances significativos, sin embargo, los gremios magisteriales no aprovecharon esas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del estudiando, confabulándose entre los colegios, para obtener aumentos salariales sin recompensas educativas.

Es así como ahora tenemos profesionales sin mayor sostén técnico y académico. Su disciplina deja mucho que desear y sus resultados son muy frágiles. Así los mismos secretarios de Educación gubernamentales, muchas veces están desactualizados en los avances pedagógicos internacionales y avances tecnológicos de punta.

Unión Europea emite informe final sobre elecciones en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Destaca la transparencia y eficiencia del TSE.

  • Misión hace diez recomendaciones

  • Señala la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales.

TSE. El pasado miércoles 29 de abril la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (UE) presentó su informe final sobre las elecciones generales del 2026 en Costa Rica. El acto se llevó a cabo en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en presencia de las Magistradas y Magistrados electorales, del señor Pierre-Louis Lempereu, Embajador de la UE en Costa Rica y de autoridades de la Cancillería General de la República.

El Informe reconoce el buen hacer del TSE en la dirección del proceso electoral, destacando que este fue organizado “de manera transparente, eficiente”, con un padrón electoral “altamente inclusivo”, un procedimiento de inscripción de candidaturas “inclusivo y procedimentalmente claro, sin restricciones irrazonables”, “materiales de calidad para los integrantes de las JRV”, papeletas “claras”, y “procedimientos flexibles y razonables para la acreditación de los fiscales de los partidos políticos”, así como que “la transmisión de los resultados preliminares fue eficiente y transparente”, y que, durante el escrutinio, el TSE “ofreció sólidas garantías de transparencia” y “altos niveles de seguridad”.

La Misión de Expertos Electorales (MEE) resalta, también, la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país, y que el órgano legislativo quedara integrado, por primera vez, por una mayoría de mujeres. Lo interpretan como “el efecto acumulativo de un marco jurídico e institucional sólido que promueve y garantiza la paridad de género”, “uno de los marcos más avanzados” en la materia y que “sitúa a Costa Rica entre las pocas jurisdicciones del mundo que cuentan con requisitos estrictos y exigibles de paridad de género”. En punto a la igualdad de derechos, el Informe añade las medidas adoptadas por el TSE para facilitar la participación de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

Neutralidad del Estado y la beligerancia política

Otro elemento del proceso electoral recogido por el Informe es el relativo a las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política. Lo reconocen como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica”, que se “ha considerado históricamente una garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”. Afirman que la actualización del alcance de las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos para que se extendiera, también, a las plataformas digitales bajo administración del Poder Ejecutivo, fue hecha por el TSE “en ejercicio de su competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”, y que la solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces Presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”. Su valoración respecto de la justicia electoral costarricense es que, en general, está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.

Desinformación contra las autoridades electorales

Una parte sustantiva del Informe se dedica al tema de la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales. Para los expertos de la Unión Europea, si bien la autoridad electoral costarricense “tradicionalmente ha sido vista como un modelo en la región y gozado de gran prestigio dentro del país”, “se sembraron dudas sin precedentes sobre la institución. Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”. Así, “dirigió críticas (…) de forma significativa, a la administración electoral, concretamente al TSE. Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del PPSO”.

La señora Laura Fernández, continua el Informe, “adoptó una postura menos confrontativa; no obstante, tanto en su calidad de candidata presidencial como previamente en su cargo de ministra de Planificación, realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político. Todos los demás candidatos presidenciales expresaron su confianza en el TSE y en el sistema electoral”.

Lo anterior le generó al TSE “un contexto de cuestionamientos sin precedentes sobre su credibilidad, derivados de las críticas formuladas por el presidente saliente (…) que generaron percepciones polarizadas sobre la administración electoral”. Un entorno informativo que “se caracterizó por una fuerte polarización y por la presencia frecuente de contenidos despectivos y hostiles (…) Muchas páginas de Facebook que se presentaban como medios informativos, junto con grupos partidistas y cuentas gestionadas por influencers, difundieron narrativas”.

Luego el Informe refiere los hallazgos de análisis como el del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, que identificó “una actividad cada vez más sofisticada de cuentas coordinadas de tipo “troll”, lo que dificultaba su identificación. Estas actividades contribuyeron a amplificar la retórica confrontativa, los ataques personales (…) así como la distorsión del debate político en línea, lo que afectó negativamente a la capacidad de los votantes para formarse opiniones libres de interferencias manipuladoras”.

Por su parte, el monitoreo de medios de la propia Unión Europea “identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones”. Así, en “los meses previos a las elecciones, el TSE fue objeto de narrativas en línea que cuestionaban su imparcialidad y credibilidad. La MEE observó un flujo constante de mensajes destinados a socavar la confianza en el TSE y la integridad del proceso electoral, principalmente en páginas y grupos afines al Gobierno (…) Hashtags como #NoConfíoEnElTSE, acusaciones de parcialidad en favor del PLN, afirmaciones sobre la existencia de una “ley mordaza”, alegaciones de un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Chaves y advertencias de que las elecciones podrían estar “amañadas” circularon por diversas plataformas. El monitoreo realizado por la MEE indicó que la interacción con estas narrativas alcanzó su punto álgido tras las declaraciones públicas del presidente Chaves o de miembros del Gobierno que cuestionaban la credibilidad del TSE”.

El Informe se ocupa, también, de cómo respondió el TSE a esa inédita ofensiva comunicacional: Dice que, si bien “respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución”, la “respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia. En este sentido, logró organizar un proceso electoral abierto a la observación y explicó al público cada etapa del proceso electoral, desde la preparación y distribución de materiales hasta la votación, el conteo en las juntas receptoras de votos y el proceso oficial de resultados”.

En el mismo afán, a “pesar de haber realizado con éxito un proyecto piloto de voto electrónico, en las elecciones generales de 2026 el TSE decidió mantener el voto exclusivamente manual, una decisión que sirvió para garantizar la trazabilidad y la transparencia, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema costarricense prevé recuentos exhaustivos. Además, el TSE se comunicó eficazmente con la ciudadanía utilizando medios tradicionales y digitales para difundir información sobre la renovación de las cédulas de identidad, los preparativos electorales, los procedimientos de votación y las salvaguardas, como elementos de seguridad en las papeletas, precintos en los paquetes de material electoral y la presencia de observadores y representantes de los partidos políticos. A medida que se acercaban las elecciones, el TSE publicó y difundió segmentos explicativos sobre los procesos de conteo y transmisión de resultados, así como sobre los mecanismos de recuento”.

Específicamente en su sitio web, el TSE “publicó abundante información sobre distintos aspectos del proceso electoral, desde las cifras del padrón electoral hasta las declaraciones de financiamiento de campaña, mostrando un esfuerzo significativo por garantizar la transparencia”. Misma plataforma en la que “ofreció información detallada y variada sobre los resultados preliminares, y también permitió descargar cualquier conjunto de resultados en varios formatos exportables”, incluidas “las actas de resultados de las JRV”, “lo que constituye una buena práctica para facilitar su verificación y análisis”.

Para la Unión Europea, en general, el “TSE mantuvo una estrategia activa de comunicación en línea destinada a informar al electorado y contrarrestar la desinformación, que incluía una página web dedicada titulada “Que no lo engañen», en la que se difundían comunicados y vídeos informativos. También operó una unidad especializada de monitoreo de redes sociales y cooperó con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la herramienta eMonitor para identificar desinformación y discurso de odio. Estas medidas reflejaron el esfuerzo proactivo de la institución para reforzar la transparencia y proteger la integridad del entorno digital durante la campaña electoral”, así como para “para contrarrestar la desinformación” y “mitigar su propagación”.

Estos esfuerzos institucionales del TSE ante los ataques en su contra fueron respaldados “por diversos actores, en particular por los ocho expresidentes electos entre 1986 y 2018, quienes subrayaron la importancia de las normas que obligan a las autoridades gubernamentales a mantener la imparcialidad durante los procesos electorales”. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), por su parte, “también emitió un comunicado en defensa de su miembro, al igual que varias asociaciones profesionales”.

El Informe indica que, aunque posteriormente “disminuyó la intensidad de estas narrativas, continuaron presentes en grupos de simpatizantes y secciones de comentarios, con el potencial de erosionar la confianza pública en la autoridad electoral (…) Tras las elecciones, se observaron acusaciones engañosas sobre supuestas irregularidades en las actas de resultados de las juntas receptoras de votos. Un titular engañoso publicado por el medio Trivisión, basado en una interpretación errónea de las conclusiones de la misión de observación electoral de la OEA sobre la transmisión de resultados, provocó una nueva oleada de desinformación y de ataques contra el TSE”.

Subrayan que, incluso durante escrutinio, que “fue metódico, exhaustivo y transparente”, hubo “un flujo constante de acusaciones de fraude contra el TSE, por parte de simpatizantes del PPSO en redes sociales que consideraban que su partido debería haber obtenido más escaños en la Asamblea Legislativa. Aunque el PPSO hizo un llamado a la paciencia y recordó que sus representantes estuvieron presentes durante el escrutinio, algunas figuras del partido alimentaron la expectativa de un cambio en los resultados (…) Pilar Cisneros, una figura destacada del PPSO, comentó que el proceso de escrutinio podría dar lugar a varios escaños adicionales en la Asamblea Legislativa, afirmación para la cual no existía evidencia”.

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

El informe cierra con diez recomendaciones (algunas dirigidas al TSE, otras al Gobierno y a los legisladores, y otras a actores de la sociedad civil) que reproducimos literalmente:

1. Simplificar y ciudadanizar el sistema de selección del personal de las juntas receptoras de votos, garantizando que todos ellos estén bajo la autoridad del TSE y que asistan a cursos de capacitación. Una opción podría ser seleccionar al personal electoral entre los electores inscritos en el padrón electoral.

2. Incrementar la comunicación sobre las protecciones técnicas existentes y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral, en particular en lo relativo al conteo de votos y al proceso de escrutinio. Si bien el TSE debería continuar liderando esta labor, otras organizaciones también podrían reforzar este servicio de información pública, que podría iniciarse con mayor antelación en el proceso electoral para optimizar su alcance.

3. Establecer un marco jurídico claro para la asignación de la publicidad estatal conforme a los estándares internacionales, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y gestionado por órganos independientes, con el fin de garantizar la libertad de los medios de comunicación y su independencia editorial durante los procesos electorales.

4. Introducir franjas de propaganda electoral en los medios de comunicación para todos los contendientes, financiadas con cargo al aporte estatal a los partidos políticos y distribuidas de forma equitativa.

5. Establecer un marco jurídico para la asignación de frecuencias de radiodifusión conforme a los estándares interamericanos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y en condiciones económicas y técnicas proporcionadas, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, especialmente durante los procesos electorales.

6. Fortalecer las iniciativas independientes de verificación de datos y los programas de alfabetización mediática y digital para abordar de manera eficaz la manipulación de la información en línea, incluido el contenido generado mediante inteligencia artificial, especialmente durante los procesos electorales.

7. Fortalecer los esfuerzos destinados a acercar las juntas receptoras de votos a las zonas de difícil acceso geográfico, con el fin de reducir las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para participar en las elecciones.

8. Fomentar iniciativas de la sociedad civil orientadas a la observación electoral independiente y no partidaria, así como facilitar el desarrollo de capacidades para promover una observación electoral integral y la difusión pública de sus conclusiones.

9. Publicar conjuntamente las actas de resultados y las actas de escrutinio para facilitar la consulta de la información completa de cada junta receptora de votos, particularmente por parte de la ciudadanía. Proporcionar una navegación intuitiva en el sitio web del TSE que facilite el conocimiento y el acceso a la información publicada.

10. Considerar la introducción de plazos procesales abreviados para los casos relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que las denuncias se resuelvan dentro del ciclo electoral correspondiente, preservando al mismo tiempo las garantías del debido proceso.

Más de 117 mil denuncias por violación de derechos de la niñez se registraron en 2025

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Costa Rica registró 117.316 casos de presuntas violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante 2025, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta cifra refleja los desafíos que enfrentan miles de familias en el país, pues las denuncias se relacionan principalmente con negligencia, maltrato físico y psicológico, conflictos familiares y violencia sexual.

Los datos se dieron a conocer en el contexto del Día Internacional de las Familias, cuya conmemoración en 2026 se centra en el tema Familias, inequidades y bienestar infantil, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar las condiciones que afectan el desarrollo de la niñez.

De acuerdo con los registros del PANI, la negligencia concentra el 50% de los casos reportados, seguida por maltrato físico y psicológico con un 13%, conflictos familiares con 11%, situaciones vinculadas con consumo problemático de progenitores o conflictos con la ley con 11%, y violencia sexual con un 5%. Las cifras reflejan situaciones que impactan directamente el entorno familiar y el desarrollo de la niñez en el país.

A estas condiciones se suman factores estructurales que afectan a miles de hogares. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2025 existían 186.541 hogares en pobreza multidimensional, lo que representa 674.254 personas que enfrentan carencias simultáneas en educación, vivienda, acceso a internet, salud, empleo y protección social.

La pobreza multidimensional también incluye situaciones como niñas y niños sin acceso a servicios de cuido, personas adultas mayores sin pensión y personas con discapacidad sin transferencias económicas, condiciones que limitan la capacidad de muchas familias para garantizar bienestar y protección a sus integrantes.

Los indicadores de violencia también muestran un impacto directo en los hogares. Entre 2022 y 2025 se registraron 3.311 homicidios en nuestro país, cifra que asciende a 3.559 casos al incluir los reportados en 2026. Cada uno de estos hechos afecta a familias que enfrentan la pérdida violenta de uno de sus miembros.

La salud mental representa otro desafío. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.260 suicidios en el país, mientras que hasta agosto de 2025 se contabilizaban 2.493 intentos de suicidio, según registros oficiales.

Para Luis Diego Conejo Bolaños, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA), estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de apoyo a las familias y la protección de la niñez. “El Día Internacional de las Familias invita a reconocer que muchas personas viven en contextos de pobreza, violencia y vulneración de derechos. Comprender estas realidades resulta fundamental para promover políticas públicas y acciones comunitarias que fortalezcan el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, recordó.

El INEINA desarrolla investigaciones sobre las condiciones que afectan a las familias costarricenses y promueve espacios de formación y acompañamiento dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.

Como parte de estas acciones, el 12 de mayo a las 5:30 p.m. se realizará el encuentro Generaciones de cristal, un espacio de reflexión sobre los retos actuales de la crianza. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo y se organiza en coordinación con la Municipalidad de Heredia.

Otra de las actividades programadas es la de acompañamiento a familias, que incluye siete sesiones semanales en la UNA, orientadas a fortalecer habilidades de crianza y convivencia familiar.

En el ámbito académico, el 21 de mayo a las 10 a.m. se realizará el foro “Las familias en Costa Rica: transformaciones, tensiones y desafíos, en el Auditorio Marco Tulio Salazar del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Campus Omar Dengo, con la participación de los psicólogos e investigadores Mariano Rosabal Coto y Diego Conejo Bolaños.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica