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UCR: El Consejo Universitario llama a la Institución a un paro activo

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  • No se suspenderá ninguna actividad sustantiva ni de obligaciones regulares
UCR El Consejo Universitario llama a la Institucion a un paro activo
El paro activo promueve espacios de reflexión y análisis en todas las áreas del conocimiento. Foto: Anel Kenjekeeva.

El Consejo Universitario (CU) acordó este 21 de septiembre llamar a la comunidad de la Universidad de Costa Rica a un paro activo. Este se entiende como el proceso en el que funcionarias, funcionarios y estudiantes de la Institución cumplen con sus actividades sustantivas y obligaciones regulares; sin embargo, pueden participar en los eventos programados y autorizados por la Rectoría.

CONSULTE: Acuerdo completo del Consejo Universitario sobre un llamado a paro activo en la UCR

Al respecto, el órgano universitario exhorta a las unidades académicas e instancias administrativas a que, en el ámbito de su competencia, organicen y faciliten el debate crítico –al tiempo que promueven, en todo momento, la participación estudiantil– en torno a las implicaciones del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para el país y la Institución.

La unidad insta al Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa a tomar en consideración los argumentos de los diferentes sectores sociales con respecto a la reforma fiscal y a atenderlos de manera efectiva y oportuna, así como a suspender el Proyecto en debate. Esto con el fin de facilitar la negociación política entre las partes y renegociarlo de manera urgente, en beneficio de una mayor justicia y equidad. Además, la Universidad de Costa Rica ofrece su apoyo para elaborar una nueva propuesta.

Medidas similares fueron tomadas en las coyunturas de marzo del 2000 y setiembre del 2005, cuando este órgano decretó paros activos ante la posibilidad de aprobar leyes que pretendían privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, respectivamente. De la misma manera, lo hizo la Rectoría mediante la resolución R-4831-2010, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el 11 de agosto de 2010.

UCR El Consejo Universitario llama a la Institucion a un paro activo2
Cuarto foro de la UCR sobre la reforma fiscal.

Sobre la urgencia fiscal

El Consejo se manifestó de acuerdo con una reforma fiscal para ajustar las finanzas del Estado, sobre todo ante el evidente deterioro en que estas se encuentran. No obstante, no está de acuerdo con los medios que se han escogido en este proyecto de ley, en el que están ausentes aspectos, entre otros, como renta mundial e impuestos a grandes capitales. Asimismo, advierte que la afectación para la Universidad de Costa Rica es inminente.

El paro activo supone el fomento de espacios de reflexión y análisis en todas las áreas del conocimiento.

Igualmente, la Universidad acuerda crear una comisión institucional para coordinar y definir las políticas y las actividades que sean necesarias realizar para promover la participación activa y permanente de la comunidad universitaria en el análisis crítico sobre el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Expediente N.° 20.580. Esto para construir una conciencia crítica de la sociedad costarricense y una defensa de la Institución por las afectaciones que esa iniciativa le podría generar.

La comisión estará integrada por dos personas del Consejo Universitario (una de ellas la coordinará) y una persona representante de la Rectoría, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el sector administrativo, el sector docente, el Sindicato de Empleados Universitarios y las Sedes Regionales.

 

DOCUMENTOS

El Consejo Universitario toma acuerdo sobre el tema de la reforma fiscal

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Encuesta del CIEP: costarricenses proponen renegociar el proyecto fiscal

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  • La ciudadanía defiende el derecho a protestar, pero rechaza las acciones implementadas por el movimiento social

 

El 65% de la población considera que se debería pausar y renegociar el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa, el 21% lo rechazaría y 14% lo aprobaría.

Así lo señala el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), la Escuela de Ciencias Políticas y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), aplicado a 723 personas de todo el país, entre el 18 y 19 de setiembre por medio de llamadas a teléfonos celulares.

La medición determinó que la mayoría de las personas consultadas se siente molesta con la coyuntura que atraviesa país y califican el estado fiscal como muy grave, aunque solo el 51% la asocia con la incapacidad del Gobierno para enfrentar sus compromisos presupuestarios.

El 52,3% de los consultados valora de forma positiva el movimiento de huelga y corresponden en su mayoría a personas jóvenes con nivel educativo de primaria o menos y ubicados en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Pese a que hay una representativa identificación de la ciudadanía con el movimiento social, la mayoría de los consultados rechaza acciones como los bloqueos, las afectaciones a la distribución de combustibles, así como la suspensión de servicios médicos y clases en escuelas y colegios.

Las marchas son el único repertorio de protesta con un alto apoyo ciudadano, expresado por un 76% de los consultados, y según Ronald Alfaro, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP, esto es reflejo de valores propios de la sociedad costarricense.

El académico afirma que, tal como se ha evidenciado en otros contextos, la ciudadanía tiene un fuerte respeto por las libertades, por lo cual, cualquier acción que amenace este principio podría desencadenar percepciones de rechazo.

UCR Encuesta del CIEP costarricenses proponen renegociar el proyecto fiscal2
El estudio fue elaborado por el Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), la Escuela de Ciencias Políticas y la Vicerrectoría de Investigación.

“Nadie puede negar que el movimiento de huelga tiene un apoyo fuerte, pero no es un apoyo incondicional, sino que tiene una serie de condiciones y si esa protesta no las cumple, la gente toma distancia y reacciona en contra”, enfatizó Alfaro.

Según el politólogo, aunque la ciudadanía defienda la protesta social, no apoyará necesariamente las formasque generen rupturas sociales, se tornen violentas o puedan afectar y lesionar los derechos u oportunidades de terceros.

La medición del CIEP determinó también un claro rechazo a las acciones implementadas por el Gobierno frente a la protesta. El 73% de los consultados está en contra del uso de la fuerza policial para dispersar los bloqueos y el 68% de que se declare ilegal el movimiento.

La valoración de las figuras que han liderado las posiciones en la actual coyuntura evidencia también el desencanto general, pues tanto el presidente, Carlos Alvarado, como el líder sindical Albino Vargas recibieron, en la escala de 1 a 10, una nota de 4,3 por parte de la ciudadanía.

Pese al agitado panorama social del país, el 45% de los encuestados apoya que los sindicados continúen la huelga, el 24% dice que deben suspenderla, el 20% señala que el Gobierno debe aceptar lo que pide el movimiento y solo el 12% afirma que debe mantenerse firme.

Según el director del CIEP, Felipe Alpízar, esta medición evidencia que la ciudadanía está consciente de que no es posible postergar las decisiones en cuanto a la crisis fiscal; por eso, se inclina por una salida negociadaentre los diversos sectores.

“La información recopilada muestra que la ciudadanía respalda la negociación del conflicto, pero no el retiro del proyecto fiscal de la corriente legislativa, principal objetivo de la huelga”, concluyó Alpízar

Los resultados de la encuesta son representativos para todo el país y ofrecen un nivel de confianza del 95%, mientras se estima un error muestral de ±3,6 puntos porcentuales.

UCR Encuesta del CIEP costarricenses proponen renegociar el proyecto fiscal3

Metodología
Las consultas se realizaron los días 18 y 19 de setiembre a 723 personas mayores de 18 años (50% hombres y 50% mujeres) de todas las provincias del país. Se realizaron llamadas telefónicas a partir de un marco muestral del Plan Nacional de Numeración de Sutel.

Las llamadas fueron realizadas a teléfonos celulares, pues el servicio abarca al 97.5% de la población del país, la muestra fue aleatoria. La medición tiene un nivel de confianza del 95% y se estima un error muestral de ±3,6 puntos porcentuales.

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

El laboratorio de Microbiología UCR realiza 4 000 análisis cada año para monitorear la salud pública de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

  • Espacio aporta al aprendizaje y a la investigación universitaria
El laboratorio de Microbiologia UCR realiza 4 000 analisis cada ano
El técnico Mainor Soto Carranza realizando una prueba en la sección de Química Clínica del Laboratorio. Foto: cortesía del proyecto.

Como parte de su compromiso con el desarrollo universitario, el Laboratorio de Análisis Clínico de la Escuela de Microbiología le abre sus puertas todos los años a estudiantes, académicos y profesionales en medicina para que realicen pruebas de sangre. Lejos de ser aleatorios, estos procedimientos forman parte de cursos e investigaciones llevadas a cabo dentro y fuera del campus Rodrigo Facio.

Erika Halsband Mainieri fue una de las 30 estudiantes de Nutrición que utilizaron el laboratorio el año pasado para el curso Evaluación del Estado Nutricional, en donde deben formular sus propios perfiles bioquímicos, incluyendo exámenes de sangre. Para Halsband, poder accesar a este tipo de exámenes son una prioridad y agradece que exista una medida para realizarlos dentro de la universidad.

Las escuelas de Medicina, Enfermería, el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI), el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), diversos proyectos de acción social y la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también utilizan los servicios del laboratorio, el cual registró aproximadamente 4000 análisis el año pasado.

Para el doctor en toxicología, Steve Quirós, coordinador del Departamento de Análisis Clínico (DAC), el funcionamiento del laboratorio va más allá de asistir a otras unidades académicas, ya que afirma que como docente es imperativo que los estudiantes de microbiología puedan interactuar con este tipo de espacios.

“Un interés importante del proyecto es tener el laboratorio aquí funcionando para que los estudiantes de la carrera puedan ver y experimentar cómo funciona un laboratorio antes de ir a la caja”, asegura Quirós.

Es por esto que el laboratorio también forma parte del proyecto de Acción Social Servicios de Laboratorio y Asesoría en Análisis Clínico (ED-538), iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a la comunidad universitaria y público general pruebas especializadas en Química Clínica y Hematología a precios accesibles, tanto para la comunidad universitaria como la nacional.

Dentro de la gran oferta de exámenes que ofrecen se pueden nombrar pruebas como: perfiles hepáticos, de lípidos, colesterol, triglicéridos, proteínas, cálculos urinarios y cobre en los tejidos.

El laboratorio de Microbiologia UCR realiza 4 000 analisis cada ano2
El técnico Federico Artavia Esquivel monitoreando el proceso de rotación de las muestras de sangre. Foto: cortesía del proyecto.

La mayoría de estas pruebas tienen un precio que ronda desde los 6 000 colones (muestreo de grupo sanguíneo) hasta los 50 000 colones (perfil hepático). No obstante, tanto estudiantes como funcionarios obtienen un descuento del 50% en todos los procedimientos.

Para una lista completa de procedimientos y precios por favor consultar aquí.

Las ganancias recaudadas se invierten en el funcionamiento del laboratorio

De acuerdo con Quirós, que también coordina el proyecto, el mantenimiento de un laboratorio clínico es costoso pues incluye el uso de reactivos químicos, equipos de muestreo y refrigeración, los cuales deben ser revisados periódicamente, y la gestión de permisos anuales ante el Ministerio de Salud para funcionar de forma legítima.

El DAC, como instancia de la Escuela de Microbiología, inició su funcionamiento dentro del Hospital San Juan de Dios en 1970, por lo que además de realizar la labor de docencia, se atendían las consultas especializadas provenientes de otros hospitales estatales. Al pasar el departamento dentro de la universidad, se estableció un nuevo laboratorio que permitiera seguir procesando las consultas de la C.C.S.S, entre muchas otras.

Laura Martínez Soto, estudiante de Microbiología, agradece los esfuerzos para mantener el laboratorio dentro de la universidad, ya que afirma que el aprendizaje que proporciona no se encuentra en los cursos teóricos convencionales. Para Martínez, es una manera de acercarse a la realidad y de poder usar los equipos que necesitará en su futura vida profesional.

El uso del laboratorio es requisito para tres cursos dentro de la malla curricular de microbiología: Hematología, Química Clínica y Toxicología.

De acuerdo con Federico Artavia Esquivel, técnico del laboratorio, por semestre se reciben de entre 50 a 60 estudiantes de Microbiología en pequeñas rotaciones de 8 personas para procurar un mayor aprovechamiento del espacio.

Debido a que en el DAC se encuentran especialistas a nivel nacional en materia de análisis clínico, el departamento ofrece además, capacitaciones especializadas sobre procesamiento de muestras y control de calidad a instancias como hospitales estatales y otros laboratorios.

 

Esteban Hidalgo Pena

Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Trabajadores de plantaciones buscan reivindicación de sus derechos laborales

Escrito en . Publicado en Derechos.

Esteban Hidalgo Pena

Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

 

El grado de incumplimiento de garantías laborales en el sector agropecuario llega al 60%, es decir 20% más que el promedio nacional. Estos son datos del Estado de la Nación 2017, donde se concluye que las familias que no logren acceder a empleos de calidad, tendrán mayores probabilidades de encontrarse bajo la línea de pobreza.

De acuerdo con Rodolfo Ruiz Siles, trabajador piñero, esos empleos de calidad escasean en la región de Pococí de Limón, donde señala que muchos como él se ven forzados a aceptar trabajos en el sector agrícola, pese a las condiciones que ofrecen.

“El trabajador de una plantación bananera o piñera siempre se ha visto violentado. Se da mucho el maltrato verbal, corporal. Hay veces que nos explotan hasta 16, 20 horas”, comenta Ruiz.

Yeidy Fonseca Marín, vecina de Pococí, experimentó de primera mano la falta de garantías laborales cuando fue despedida en septiembre del año pasado por estar embarazada. Debido a esta acción, interpuso su caso en la Defensa Pública del Poder Judicial, donde ordenaron su reinstalación.

Fonseca señala que las empresas piñeras, como en la que ella laboraba, son conocidas por apelar estos casos, por lo que se mantiene un estado de incertidumbre.

La madre primeriza fue acompañada en este proceso por integrantes del Trabajo Comunal Universitario (TCU), Derechos Laborales (TC-681), proyecto que busca generar conocimiento colectivo entre personas trabajadoras del sector agrícola acerca de medidas institucionales, organizativas y legales para mejorar sus condiciones de trabajo.

Según Mauricio Castro Méndez, coordinador del TCU, la iniciativa se ve respaldada en su mayoría, por la Reforma Procesal Laboral, aprobada en julio del 2017. Gracias a este nuevo marco legal, el docente afirma que el espacio de acción de las y los trabajadores en situaciones de injusticia laboral aumenta, aunque su aplicación no sea del todo correcta por la mayoría de empleadores.

“Estamos en una etapa de transición donde las empresas han tenido que entender que tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta, (…) todos estamos en un proceso de aprendizaje que deseablemente nos va a acercar a la idea de la no discriminación y los derechos laborales en general”, destaca Castro.

Esta reforma modifica varios aspectos importantes como el juzgamiento a las infracciones a las leyes de trabajo y la seguridad social, las inspecciones trabajo, procedimientos para proteger a las personas amparadas por fueros especiales (mujeres en estado de embarazo y lactancia, denunciantes de hostigamiento sexual), y procedimientos para ejercer el derecho de huelga, entre otros.

Estas medidas vienen a cambiar una dinámica que por mucho tiempo se ha reproducido en el ámbito laboral de las plantaciones. De acuerdo con Didier Leitón Valverde, representante del Sindicato de trabajadores de plantaciones agrícolas (Sitrap), en las compañías existe una política institucionalizada de irrespeto total a los derechos laborales, en materia de salud, en materia salarial, referente a jornadas de trabajo y al uso indiscriminado de agroquímicos.

Para la correcta implementación de estos nuevos lineamientos, Castro considera importante registrar los principales problemas de las y los trabajadores en cada comunidad, para luego priorizarlos y lograr, por medio de la Reforma Procesal Laboral, la reinstalación efectiva de estos grupos.

Aunque el proyecto implementa el uso de talleres y capacitaciones, el fin principal del mismo es que exista mayor participación de la ciudadanía a la hora de implementar estas nuevas medidas legales en pos de un mejor entorno laboral.

*Imágenes con fines ilustrativos. Foto: Archivo ODI.

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

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Colectivo por el Derecho a la Protesta: Hacemos un llamado urgente a solidarizarnos a las y los estudiantes golpeados, arrestados y judicializados el 12 de setiembre

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En relación con la criminalización de la protesta social en el contexto de la huelga general indefinida contra el Combo fiscal:

Llamamos a:

  • Solidarizarnos a las y los estudiantes golpeados, criminalizados, detenidos y judicializados el 12 de setiembre de 2018.
  • Concentrarnos el próximo lunes 24 de setiembre de 2018 a las 08:00 horas frente a los Tribunales de Goicoechea, Segundo Circuito Judicial.
  • Instamos a la Fiscal General de la Republica, Msc. Emilia Navas Aparicio a que desestime los otros tres casos, que está en manos del Ministerio Público.
  • Denunciamos los discursos del Gobierno que pretenden criminalizar la protesta social, vinculando o equiparando a las y los manifestantes con grupos delincuenciales o atribuyéndoles actos de vandalismo sin ningún tipo de prueba o evidencia.
  • Condenamos las acciones represivas realizadas por contingentes policiales los días domingo 16 y lunes 17 de setiembre, en Moín y en Barranca.
  • Repudiamos las acciones criminalizadoras y la violencia policial ejercida contra las y los manifestantes.

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado oficial:

Pronunciamiento del Colectivo por el Derecho a la Protesta 12 S

 

 

*Imagen tomada de la nota: UCR Fuerza publica ingresa al campus universitario y agrede a estudiantes dentro del mismo

Enviado por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

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Protocolo institucional permite a policías entrar a UCR sin restricciones en casos de flagrancia

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La institución avala el ingreso de autoridades policiales que estén en persecución de algún sospechoso que ingrese a sus terrenos, siempre que los efectivos se encuentren uniformados. Ilustración: SIEDIN.

 

Los hechos violentos ocurridos la semana pasada en la vía principal de San Pedro, en los que policías de la Fuerza Pública y estudiantes de universidades estatales tuvieron un enfrentamiento, hicieron que una parte de la opinión pública cuestionara la autonomía universitaria.

Sin embargo, pocas personas conocen que desde 2011, la institución dispone del “Protocolo para la coordinación de operativos con cuerpos policiales”, que regula la manera como actúa la Sección de Seguridad y Tránsito (SST) de la Oficina de Servicios Generales (OSG) de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuando ingresan fuerzas policiales a la universidad, de manera que se respeten por igual, el orden jurídico nacional: como la Constitución Política y la Ley de Armas y Explosivos; y lo que indica el Estatuto Orgánico de la UCR en lo referente a la autonomía universitaria.

El documento, de solo 10 páginas y disponible en el enlace: https://goo.gl/Lq3DWh, señala que, en casos de flagrancia, es decir, cuando cualquier fuerza de seguridad pública persigue a un sospechoso de haber cometido un delito, y el posible delincuente ingresa al campus y si el policía está uniformado, los oficiales de seguridad universitarios se convierten en policías auxiliares para ayudar a detener a la persona bajo persecución.

Lo anterior aplica para la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policías municipales, Policía de Control Fiscal, escoltas de seguridad y otras autoridades de naturaleza similar que deban hacer ingreso a alguno de los campus de la institución.

Retomando los diferentes escenarios, si la persecución la realiza un policía vestido de civil, el oficial de seguridad deberá desarmar a ambas personas y comprobar que se trata de un efectivo encubierto, por medio de alguna identificación. Una vez verificado este estatus, el oficial de seguridad universitario se convierte, otra vez, en un policía auxiliar.

En todo caso, al terminar el hecho se realiza una evaluación y una retroalimentación de lo sucedido, y se redacta un informe para las autoridades competentes sobre los incidentes ocurridos.

Si la visita de fuerzas de seguridad públicas o privadas se conoce de manera anticipada, corresponde al jefe de la SST verificar el cumplimiento de sus armas con la Ley de Armas y Explosivos. Los visitantes deberán informar en qué lugar del campus se encontrarán presentes. También, el protocolo solicita a los efectivos portar sus armas escondidas o con discreción.

Para todas aquellas personas civiles (estudiantes, funcionarios y visitantes) la portación de armas queda totalmente prohibida a lo interno de la institución. Si algún oficial de seguridad descubre que alguien lleva un arma sin permisos de portación y sin documentos de matrícula, deberá aprehender a ese sujeto y ponerlo a las órdenes de la Fuerza Pública o del OIJ.

Tal como lo mencionó el rector de nuestra institución, Dr. Henning Jensen, tras la reunión del pasado jueves 13 de setiembre con el presidente, Carlos Alvarado, y rectores y estudiantes de las cinco universidades públicas, la UCR no tiene extraterritorialidad y tampoco es “un Estado dentro de otro Estado”, por lo que la universidad está siempre anuente a colaborar con las fuerzas del orden en caso de ser necesario.

“En la relación del Estado con las universidades públicas, que gozan de una autonomía superior al que tienen las instituciones autónomas, según lo dice la propia Carta Magna, tenemos que hacer cumplir los procedimientos legales y constitucionales. La autonomía universitaria ha sido respetada a lo largo de la historia porque hemos recurrido a mecanismos y procedimientos de coordinación”, comentó el rector.

El Dr. Jensen además recordó a la prensa que la UCR forma parte de una Comisión de Coordinación Interinstitucional, junto con la Fuerza Pública y la Municipalidad de Montes de Oca, para llevar a cabo acciones policiales conjuntas.

“Esos operativos se practican cotidianamente, porque somos un campus muy abierto, donde transitan muchas personas. Es gracias a esa coordinación que hemos podido tener una interacción pacífica, y solo excepcionalmente perturbada, con nuestro entorno urbano”, detalló el rector.

El protocolo se creó con el objetivo de dar una coordinación “eficiente y oportuna” entre los oficiales de la SST en las diferentes sedes, recintos y fincas de la institución; y los cuerpos policiales que necesiten ingresar a la UCR, así como para la toma de acciones concretas que colaboren con el cumplimiento de la ley.

 

19 de setiembre de 2018

Pablo Mora Vargas

Periodista, Rectoría, UCR

 

Información generada desde la Rectoría, UCR.

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Compilación muestra debate sobre reforma fiscal – CEP-Alforja la publica

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SURCOS recibió de parte del centro de educación popular CEP-Alforja un dossier que compila un conjunto de artículos con diversos análisis y opiniones diferentes sobre la situación que atraviesa Costa Rica en torno a las discusiones sobre la Reforma Fiscal, y que ha generó la huelga indefinida. «Procuramos problematizar estas tensiones con una visión más estructural que permita comprender mejor los matices, desafíos y dilemas que se enfrentan», dice el editor.

«Hemos organizado este dossier en temas específicos, para mayor facilidad de lectura con hipervínculos para acceder directamente a cada documento. Esperamos que les sea de utilidad para el diálogo, el debate y la toma de posiciones comprometidas por una Costa Rica más inclusiva y solidaria», señala CEP-Alforja.

Puede acceder al documento en este enlace.

Dossier Contextos y texturas de un País Combo fiscal y el déficit democrático

Enviado por CEP-Alforja.

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El Desafío de la Crisis Fiscal con Luis Paulino Vargas Solís

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  • Facebook Live: «Desafíos de la crisis fiscal»

El Desafio de la Crisis Fiscal con Luis Paulino Vargas Solis

Ante la urgencia que plantea la situación del déficit fiscal y de la deuda pública, y ante la imperiosa necesidad de llevar adelante un gran diálogo nacional.

Este jueves 20 de septiembre de 2018, a partir de las 3 p.m. Transmisión en vivo por Facebook Live desde la página de Luis Paulino Vargas Solís

 

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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La UCR aclara datos sobre »pensiones de lujo»

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  • La Institución anuncia a sus funcionarios medidas de control del gasto

 

La legalidad que permitió las llamadas «pensiones de lujo» en el país, dentro del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, se cerró desde la segunda mitad de la década de los años noventa. En la actualidad, esos beneficios ––que resultaron insostenibles para el mismo sistema–– ya no se otorgan, aunque sí se debe seguir cumpliendo con el pago de quienes están pensionados o quienes lo harán por derecho adquirido bajo esa normativa. Las pensiones de estas personas son pagadas por la Junta de Pensiones del Magisterio y son irrenunciables por parte de sus beneficiarios.

En lo que respecta a la Universidad de Costa Rica, se aclara que la Institución no es, ni ha sido, la encargada de elaborar la legislación con la que se maneja el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, pero sí ha tomado las medidas que están al alcance para reducir y racionalizar el gasto.

Acciones tomadas por la Administración

La Universidad de Costa Rica reconociendo las austeras medidas del gobierno para prevenir una crisis fiscal que también afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y, por ende, el presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha tomado acciones de contención del gasto para evitar un descalabro más profundo ante la estrechez de los recursos. Las medidas se ponen a consideración del Consejo Universitario.

Reducción de las dedicaciones exclusivas. Que en adelante, no se asignen dedicaciones exclusivas si no se cuenta con al menos el grado académico de licenciatura y en el caso de personas administrativas que ocupen un puesto cuyo requisito académico sea el de licenciatura.

Reducción del incentivo salarial por mérito académico. Teniendo en consideración la necesidad de contener el crecimiento del gasto institucional se propone que los porcentajes máximos por reconocer para este incentivo sean: un 20% en caso de doctorado y un 15% en caso de maestría, siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan las personas trabajadoras.

Suplencias. Se propone que las suplencias se autoricen únicamente para situaciones de licencias por maternidad o por adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad y de personal clave para el desarrollo de actividades de investigación.

Costos asociados a los proyectos de vínculo externo. La propuesta es que para todos aquellos costos asociados a proyectos de vínculo externo que sean posible cuantificar, se gestione la recuperación de los mismos.

Horas extras. Se propone disminuir el presupuesto disponible para el 2018 en la partida de tiempo extraordinario en un 20%, fundamentalmente disminuyendo el pago por este concepto en las secciones de Seguridad y Transportes. Restringir el pago de horas extras a categorías profesionales y jefaturas administrativas.

Combustibles. Esta partida se centraliza en la Sección de Transportes y la propuesta es disminuir el consumo de combustible para lo que resta del 2018 en un 30%.

Gastos de capacitación. La propuesta es subejecutar la partida global en un 20% del presupuesto disponible en fondos corrientes. Por otra parte, respecto a esta partida, se restringirá la posibilidad de emitir órdenes de servicios de reserva al finalizar el 2018.

Arrendamientos. Los nuevos arrendamientos se deberán negociar en colones y conforme venzan los contratos actuales, las renovaciones también se harán en colones.

Compra de vehículos. Para el 2019 y 2020 se debe priorizar en adquirir vehículos híbridos o eléctricos que permitan ir dando pasos al cambio de tecnología y, por ende, disminuyendo el consumo de combustibles.

Gasto por electricidad. En conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, promover una campaña de sensibilización de ahorro de energía eléctrica, así como la realización de auditorías de consumo que permitan implementar buenas prácticas en esta materia.

Disminución de cargas académicas asignadas a comisiones. Se propone disminuir las cargas académicas asignadas a comisiones en un 30%.

Asimismo, se incluyen las siguientes medidas:

  1. Eliminar el 100% de las sustituciones de cargos de dirección y decanatos, esto representa un ahorro aproximado de ¢342 millones al año.
  2. Reducción de cargas académicas por concepto de «otras cargas».
  3. Planificar la oferta académica 2019 sobre la base presupuestaria de la establecida en el 2018.
  4. No conversión de plazas docentes a administrativas.
  5. Reducción en un 50% en el otorgamiento de las licencias sabáticas, esto representa un ahorro aproximado de ¢450 millones anuales.
  6. Eliminar el 100% de las excepciones de no impartir docencia.
  7. Descongelamiento de las plazas únicamente para aperturas de concursos.
  8. Limitar el ingreso de personal interino nuevo.
  9. Reducción de apoyos para viajes al exterior, el cual representaría un ahorro aproximado de ¢200 millones anuales.

DOCUMENTOS

Medidas de ahorro y eficiencia del gasto en la Universidad de Costa Rica a septiembre 2018

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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