El próximo martes 20 de febrero se llevará a cabo la presentación del informe de la investigación «Orígenes políticos y económicos de la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)», a la 1 p.m. en las aulas 3 y 4 del Paraninfo Daniel Oduber, en la sede central de la UNED, en Mercedes de Monte de Ocas.
La investigación plantea una explicación de la crisis de la CCSS. La información está dividida en las implicaciones del proyecto histórico neoliberal para la seguridad social, en los cambios en el perfil demográfico de la población costarricense, así como en las variables internas de la institución relacionadas con la gerencia, la administración, el control interno y la rendición de cuentas.
Enviado por Licda. Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo(CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).
Discriminatorio y despectivo son las aseveraciones emitidas por el Sr. Franco Arturo Pacheco Arce en Radio Monumental, en la cuales asentó que a Carlos Alvarado, candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana le resta tener un candidato a vicepresidente que sea sindicalista, como es el caso del Lic. Marvin Rodríguez Cordero sobre todo relacionándolo con el déficit fiscal.
Con relación al déficit fiscal, las organizaciones sindicales hemos expuesto la necesidad de revisar nuestro régimen tributario, para efectos de disminuir la evasión, elusión y fraude fiscal, misma que alcanza según datos del Ministerio de Hacienda el 8% PIB, mientras que por otra parte; es de todos conocido que el déficit fiscal es del 6.2% del PIB, por lo tanto es claro y evidente donde está el problema, se debe mejorar en la recaudación, pero para conseguir ese objetivo se deben aprobar los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que se encuentran congelados desde hace 8 años.
En cuanto a la política de empleo público, hay cosas que se deben discutir, pero no se puede endilgar la responsabilidad del déficit fiscal a los trabajadores del sector público, cuando esta situación es producto de la pésima gestión administrativa en los gobiernos del Sr. Oscar Arias Sánchez y la Sra. Laura Chinchilla Miranda, porque si no lo recuerdan en sus manos dejaron el déficit fiscal en un 5.14% del PIB.
Por otra parte, le aseguramos al Sr. Franco Arturo Pacheco Arce y a toda la ciudadanía, que las Organizaciones Sindicales, hacemos un trabajo de protección a la clase trabajadora y nos dedicamos al resguardo de causas sociales; por lo que no tenemos injerencias políticas ni económicas, como si lo pueden hacer otros sectores como los que él representa y para muestras de esta afirmación tenemos el caso Yanber.
Don Samuel Yankelewitz Berger ex presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), fue la voz oficial de los gremios privados durante décadas, fue también presidente de la Cámara de Industrias por muchos años, por lo que defendió con ahínco los intereses de sus agremiados en temas como el déficit fiscal, materia de impuestos, reformas fiscales, asamblea constituyente, racionamientos eléctricos y sobre cualquier tema que pudiera afectar a los empresarios privados.
Al igual que el caso del Cementazo, la empresa Yamber solicitó un préstamo de manera aparentemente irregular al Banco Nacional de Costa Rica, mismo que fue aprobado durante la gestión del Sr. Fernando Naranjo Villalobos siendo Presidente Ejecutivo de esta entidad financiera.
Pero aunado a ello y para empeorar las cosas, hace unas semanas, el curador de los créditos de la empresa Yanber, el Sr. Miguel Villegas, expuso ante la Comisión Investigadora de Créditos de la Asamblea Legislativa, que el exdueño de esa compañía, don Samuel Yankelewitz Beger, intentó legalizar un préstamo por 7 millones de dólares, para efectos de sumarse como uno más de los acreedores de la firma, para que eventualmente, él pudiera cobrar la deuda, pero gracias a la transparencia y honestidad de la Junta de Acreedores a cargo del Convenio Preventivo, rechazaron esa desvergonzada pretensión.
El sector empresarial, ha cuidado muy bien de todos sus intereses, nombrando personas allegadas a su sector en puestos importantes en la economía y la política del país, como por ejemplo: la SUGEVAL, SUGEF, SUGESE, SUPEN y Juntas Directivas de bancos estatales. Mientras tanto la Banca para el Desarrollo con 500 millones de dólares para invertir, se ha convertido en un gran club social para unos cuantos privilegiados y los que están excluidos de este ungido círculo, que son las mayorías de las PYMES, agonizan por falta de créditos bancarios como el sector agrícola costarricense.
Ya en el pasado se ha intentado dirigir al país con personas ligadas al sector empresarial, representantes de la banca, sector comercial y otros, por lo que no estaría de más escuchar la voz de otros sectores y no discriminar al sector sindical, porque recordemos que don Luis Alberto Monge Álvarez, ex presidente de la República, tuvo raíces sindicales y en la socialdemocracia que práctico, nos fue muy bien como país.
Para el sector que represento, hasta ahora ambos candidatos dejan grandes interrogantes; por un lado el rescate a la familia y los valores son importantísimos, pero cuando hay desigualdad social, hambre y desempleo, los valores y la familia se diluyen por un estado de necesidad y por otro lado con el candidato oficialista, si promete lo mismo, con las mismas personas por lógica simple se van a obtener los mismos resultados.
Por lo tanto con todo respeto para el Sr. Franco Arturo Pacheco Arce, los costarricenses necesitan, que todos los sectores entremos en verdadero diálogo social, dejemos de lado las ideologías políticas y trabajemos por el bien común y por Costa Rica.
Alianza entre la UCR y empresa distribuidora de productos agrícolas garantiza la disponibilidad de Fertibiol y Degradabiol en todo el país
Fertibiol es uno de los productos más vendidos del CIA, lo adquieren desde pequeños agricultores hasta empresas grandes. Este producto permite reducir el uso de agroquímicos, en especial de fungicidas. – foto Karla Richmond, UCR.
Fertibiol y Degradabiol, dos productos biológicos registrados y formulados en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), ya están a disposición de los agricultores gracias a una alianza entre la UCR y la empresa Suplidora Verde.
Estos productos han sido desarrollados por científicas de la UCR por casi veinte años a partir de microorganismos como hongos y bacterias nativas de diferentes regiones de Costa Rica, las cuales cumplen funciones de biofertilizantes y son antagonistas de hongos y bacterias patógenas que afectan a los cultivos.
Con estos productos es posible controlar y manejar las plagas en los cultivos y fertilizar los suelos de una manera más sostenible con el ambiente, reduciendo la aplicación de agroquímicos. Ambos han demostrado su efectividad en diversos climas y cultivos como cayote, caña, piña, forestales, hortalizas, palmito y ornamentales para la exportación.
Características de Fertibiol y Degradabiol
Fertibiol es un biofertilizante y biocontrolador hecho a base de microorganismos que favorece la nutrición de las plantas al intensificar los recursos microbiológicos del suelo, estimular el crecimiento radical y vegetativo, así como a aumentar la resistencia de la planta contra enfermedades producidas por Rhizoctonia solani, Fusarium Pseudomonas sp., Pythium sp., entre otras.
Degradabiol es un degradador de materia vegetal capaz de mejorar microbiológicamente el suelo. Es un producto elaborado con cepas de hongos y bacterias nativas que propician una fácil adaptación a diferentes suelos y climas. Una de sus principales ventajas es que sirve para el control de enfermedades y plagas en diferentes cultivos sin contaminar el ambiente.
Alianza UCR/empresa
Mediante un contrato de distribución de productos que suscribió la UCR y Suplidora Verde, a través de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento (PROINNOVA) en 2017, la empresa ahora es la encargada de distribuir Fertibiol y Degradabiol, mientras que la UCR continúa encargada de la producción.
El contrato tiene una vigencia de cinco años y deja abierta la posibilidad de que en el futuro la empresa también asuma la producción del Fertibiol y Degradabiol mediante la transferencia de la tecnología desarrollada por la UCR.
La investigadora e Ingeniera Marena Chavarría Vega, quien ha dedicado varios años al desarrollo de productos biológicos, explica que han recolectado y aislado cepas nativas y aclimatadas de diversas regiones del país, lo cual favorece la efectividad de los productos elaborados en el CIA. – foto Karla Richmond, UCR.
Mediante esta alianza con el sector privado se garantiza que el producto llegue a más agricultores de zonas alejadas como Guanacaste o Limón, donde anteriormente la UCR no podía llegar pues carece de un sistema de distribución, según detalló la investigadora M.Sc. Daniela Rodríguez García, encargada de la producción.
Comercialización
Actualmente los productos están disponibles para todo el país. En esta primera etapa de desarrollo semicomercial la empresa se encuentra brindando acompañamiento a los productores para que conozcan cómo actúan los productos con énfasis en cultivos de banano, piña, melón, sandía y vegetales.
La gerente comercial de la empresa Suplidora Verde, Andrina Castro Araya, destacó que los resultados preliminares han sido positivos, pues indican que ambos productos tienen una concentración, una vida útil y un precio que les permiten insertarse en programas de fincas. «Quienes los han visto trabajar se convencen de estos microorganismos, de la mezcla de cepas que hizo la UCR».
Para Castro los productos biológicos son una herramienta que no puede faltar para hacer agricultura sostenible, y mediante esta alianza esperan satisfacer a un grupo de agricultores que cree en este tipo de agricultura.
Los productos elaborados en la Universidad de Costa Rica cuentan con altos estándares de calidad y están respaldados por investigación científica. Actualmente, en el mercado también se ofrecen productos artesanales más baratos que socavan la confianza de los productores. – foto Karla Richmond, UCR.
Katzy O`neal Coto
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Luego de un análisis consciente del entorno y de una discusión con base en nuestros estatutos fundadores, nosotros, miembros del Foro Interreligioso de Costa Rica, queremos externar nuestra profunda preocupación ante la convulsa situación social que vive Costa Rica.
En las últimas semanas, hemos visto multiplicarse casos de violencia explícita que, aludiendo al hecho religioso y a las creencias particulares, normalizan el uso de insultos y frases de odio entre distintos grupos. Los comicios de la primera ronda electoral que recién hemos celebrado se concentraron en una temática que dividió la sociedad. Esa polarización sigue presente y el debate continúa enfocado en temas morales, educativos y religiosos sobre la sexualidad.
Consideramos que:
1) la vivencia de la fe no puede disociarse de la vida cotidiana; es más, tiene claras exigencias en el compromiso del amor y la construcción de la paz en el ámbito social, pero también creemos que las decisiones de corte político deben mantenerse distanciadas de elementos que pertenecen al fuero personal de quienes gobiernan y gobernarán una nación, para asegurar la libre convivencia de las distintas religiones;
2) el papel de padres y madres en la formación de sus hijos e hijas no puede ser sustituido por ningún programa educativo, pero también creemos que el derecho a la educación es un valor fundamental y no se debe, aludiendo a criterios de fe, negar ese derecho mediante acciones como cerrar centros educativos donde hay niños, niñas y jóvenes con deseos de aprender, así como de alimentarse en sus escuelas y colegios;
3) la expresión de las creencias particulares es un derecho humano inviolable, pero también creemos que la libertad de expresión tiene límites cuando violenta la dignidad humana, incita al odio y justifica actitudes agresivas.
Por tanto, desde nuestra condición de personas creyentes, no creyentes, o estudiosas de distintos grupos religiosos y espiritualidades de Costa Rica, manifestamos la inconveniencia de mezclar religión y política y condenamos la tergiversación del mensaje central que nos hace converger en este Foro: el profundo respeto al ser humano en su condición de diversidad social, étnica, sexual, religiosa, entre otros aspectos. Consideramos que no es válida la interpretación de textos religiosos para justificar cualquier tipo de odio o violencia, hasta el punto de clamar por la muerte contra cualquier persona. Invocar a Dios para normalizar la exclusión, la injusticia y el odio a otros seres humanos no forma parte de lo que creemos. Más bien, apoyamos la integración, la justicia y el amor para poder reconstruir una sociedad escindida.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguimos reafirmando: la diversidad nunca debe ser vista como una amenaza sino, más bien, como una oportunidad y un desafío para aprender a convivir en un ambiente de unidad, en un entorno sano y pacífico. Invitamos, de este modo, a todas las autoridades religiosas, a todo creyente y a toda persona en general, a encontrar sinceros caminos de diálogo y, en estos espacios, evidenciar lo mejor de la fe que cada quien profesa.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS Ante el auge de fundamentalismos religiosos el DEI propone reflexion.
Este llamado lo hizo mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, enmarcado en un contexto de discusión nacional
La UCR reconoce que la implementación de estos Programas contribuirá a mejorar la toma de decisiones responsables y la prevención de conductas violentas y discriminatorias, sobre todo para las mujeres y las familias.
La Universidad de Costa Rica (UCR) exhortó a la sociedad costarricense a tender puentes de diálogo que promuevan la discusión sana y objetiva de los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral que promueve el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos a la educación y la información que las poblaciones jóvenes necesitan.
Este llamado lo hizo mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, enmarcado en un contexto de discusión nacional sobre la pertinencia de este tipo de programas como parte de la educación formal en el país.
De esta manera, la UCR reafirmó su compromiso con toda iniciativa que proteja la dignidad de las personas, promueva el respeto y potencie el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad costarricense.
Para esta casa de estudios superiores, dichos Programas se hallan en consonancia con la legislación nacional e internacional, al igual que con el enfoque de derechos humanos, que procura tanto garantizar el desarrollo integral de los individuos, como potenciar las competencias vinculadas a la vivencia plena y responsable de la afectividad y la sexualidad.
La Universidad también destacó el esfuerzo histórico del MEP en la construcción y el desarrollo de estos Programas y reconoció que la educación debe ser un garante de los derechos humanos, debe contribuir a solucionar los problemas estructurales, y en este caso en particular, combatir los estereotipos, los prejuicios sociales y las desigualdades.
En ese sentido aseguró que el enfoque, la metodología y la población meta de los Programas están claramente definidos y responden a la psicología del desarrollo humano, por lo que se consideran adecuados a la condición psicoemocional de los estudiantes.
Para la UCR, el fortalecimiento del sistema educativo permite la formación de personas libres, autónomas, críticas y autocríticas, orientadas solidariamente hacia la sociedad, y en el caso particular del tema de la afectividad y la sexualidad humana, el sistema educativo tiene la tarea de contribuir, junto con las familias, a desarrollar procesos formativos integrales, que faciliten el diálogo y las relaciones humanas constructivas entre las amistades, las familias y la sociedad.
Proyecto de Ley plantea adquirir medicamentos de alto impacto financiero mediante fondo solidario
La cotización media del seguro de salud, promedio de junio del 2017, es de ₡78,333 mensuales. «¿Hasta qué punto podemos llegar a ser solidarios en un sistema donde puede llegar el día en que, cuando necesite una acetaminofén, no me la den?», afirmó el Dr. Chaves.
El Agalsidasa beta es un medicamento indicado para el reemplazo enzimático en la Enfermedad de Fabry, un padecimiento que causa el daño renal progresivo, así como ataques cardíacos y cerebrales por citar algunos efectos.
Al día de hoy, tres pacientes han recibido dicho tratamiento con un costo anual de $239.089 cada uno. Si se incorpora el resto de las enfermedades que requieren un tratamiento especial, “el 27% del presupuesto de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está en menos de 10.000 pacientes”.
Así lo afirmó el Dr. Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología de la Caja en el marco del Foro: “Soluciones Innovadoras ante el impacto de las enfermedades crónicas en Costa Rica”, realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Durante su presentación, el Dr. Chaves expuso la importancia del proyecto: “Ley para la Adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS». Esta iniciativa busca fuentes alternativas orientadas a sufragar el gasto de los fármacos de costo elevado, los cuales actualmente constituyen un nuevo desafío para la sostenibilidad financiera de la seguridad social del país.
De acuerdo con el especialista, solo en el 2015 los fármacos no LOM, considerados como aquellos que no están dentro de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), correspondió a un monto cercano a los $37.021 millones.
A esa cantidad hay que agregarle los medicamentos esenciales. Se calcula que cada paciente que ingresa al sistema de seguridad social recibe en promedio más de 12 medicamentos. En el caso de una consulta ambulatoria se prevé que se reciben más de cinco fármacos y en consulta de emergencia cerca de 2,1.
Si las cifras anteriores se multiplican por el número de consultas que la CCSS atiende anualmente, del total del gasto en salud cerca del 7% corresponde a medicamentos. En el 2017, ese número correspondió a $198.378 millones.
Fuente: Gerencia Financiera, Dirección de Presupuesto CCSS. Del período (2006) al último período registrado (2016) hubo un incremento de 244% solo en fármacos para tratamientos especiales.Fuente: Gerencia Financiera, Dirección de Presupuesto CCSS. En el gráfico se explica que los medicamentos NO LOM (no incorporados en la Lista Oficial de Medicamentos) supera el crecimiento de los medicamentos que sí se encuentran en la Lista Oficial.
“Sobre el total del gasto de medicamentos, el monto destinado a fármacos no LOM es superior a un 13,2%. Es ahí donde se viene a preguntar hasta dónde el sistema va a soportar. La CCSS ha logrado sostener los gastos mediante un modelo solidario de financiamiento tripartito: patronos, trabajadores y estado. Sin embargo, es una situación que hay que ponerle atención en un futuro próximo”, afirmó el Dr. Chaves.
El experto detalló que si no fuera por la seguridad social, un costarricense que presente una patología compleja y requiera de estos fármacos de alto valor financiero, tendría que trabajar hasta 20 horas diarias. Esto, si ganara el salario mínimo, con el fin de acceder al tratamiento anualmente.
“Es aquí cuando se ve la solidaridad del sistema pero, para seguir garantizando el derecho y el acceso a los medicamentos de los ciudadanos que así lo precisan, es necesario buscar nuevas fuentes que permitan enfrentar los gastos”, afirmó Chaves.
Las enfermedades crónicas poseen un porcentaje muy alto como causas de muerte en nuestro país. “Parte del compromiso UCR con Costa Rica es aportar a las políticas de salud, tratar de unir esfuerzos y compartir experiencias con otros países a fin de crear estrategias que mejoren nuestro sistema de salud. Estamos orgullos de lo que tenemos, por eso hay que fortalecerlo y la academia es un espacio propicio”, afirmó la decana de la Facultad de Farmacia, la Dra. Liditette Fonseca González.
Desafío latente
El decreto de medicamentos esenciales que tiene Costa Rica data desde 1982 y su objetivo es resolver las necesidades de salud presentes en la mayoría de la población. Por esa razón, se seleccionan los fármacos más requeridos en el país con base en criterios epidemiológicos, clínicos, farmacológicos y de sustentabilidad.
En casos excepcionales, cuyos medicamentos no están disponibles para pacientes en condiciones complejas, la CCSS pone a disposición un formulario terapéutico abierto. En este documento el médico debe justificar, con medicina basada en la evidencia, el por qué ese fármaco representaría un beneficio para el paciente.
El Dr. Chaves manifestó que solo en el 2016 el Comité Central de Farmacoterapia avaló el 54% de las peticiones. Sin embargo, los últimos datos también señalan que las solicitudes por formulario terapéutico abierto aumentan cada vez más.
“La política de medicamentos esenciales ha permitido tratar a más de un millón de pacientes hipertensos, quienes representan el 1,93% del presupuesto de medicamentos, y a 258.000 pacientes diabéticos con el 3,30%. Estos logros se han alcanzado con el 7,5% del presupuesto de salud a la inversión en medicamentos. Pero los fármacos de muy alto costo de adquisición, como en la enfermedad de Pompe, son casi $900.000 en dos pacientes. Por eso hablamos del índice de solidaridad, ¿hasta dónde se puede costear de manera solidaria sin afectar el derecho a la salud de los demás?”, afirmó.
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE REQUIEREN MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO FINANCIERO, CON BASE EN INFORMACIÓN DE LA CCSS, SON: HEMOFILIA, CÁNCER DE MAMA, LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, LINFOMAS, ARTRITIS REUMATOIDE Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE. TAMBIÉN HAY OTROS PADECIMIENTOS COMO EL CÁNCER RENAL DE CÉLULAS CLARAS, EL CÁNCER DE PRÓSTATA, EL MELANOMA, LA ENFERMEDAD DE FABRY Y LA ENFERMEDAD DE GAUCHER.
Soluciones
Una de las propuestas que se plantea, es generar un incremento en el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, como a las gaseosas y sus concentrados, así como otras bebidas líquidas envasadas excepto el agua.
En el caso de las gaseosas se estima un aumento de ₡5,5 y para las otras bebidas líquidas un incremento de ₡4,1. De acuerdo con Chaves, esto podría generar un ingreso a la CCSS de ₡10.000 millones.
“Se valora que el aumento del precio en promedio sea de un 2%. Por lo tanto, se espera que no afecte ni los niveles de consumo de estas bebidas, ni la producción de estas y, por ende, tampoco las fuentes de trabajo en esta industria. El objetivo final de la Ley es adquirir de manera solidaria medicamentos de alto impacto económico, a fin de fortalecer la labor de la CCSS en cuanto a seguir garantizando el acceso a los medicamentos”, afirmó.
El proyecto de ley también procura brindar tratamiento a enfermedades de baja prevalencia, así como fortalecer los programas de vacunación. Actualmente, la idea está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Pronunciamiento de la Universidad Nacional en torno a la Opinión Consultiva sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*
La Universidad Nacional-UNA, como institución de educación superior pública comprometida con los valores de libertad, diversidad, justicia, fraternidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, respalda la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (OC-24/17, 9 de enero de 2018), mediante la cual resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.
Como institución generadora de conocimiento no podemos ignorar la histórica y sistemática anulación o menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales, que ha sufrido la comunidad LGBTI a lo largo de muchos años. En particular, en cuanto al respeto de su orientación sexual, la protección de su identidad y expresión de género y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, sin obviar otras figuras jurídicas que pueden resultar estigmatizantes, inferiorizantes y discriminatorias. Al respecto, se hace urgente la adopción de mecanismos procesales expeditos y no discriminatorios para el ejercicio del derecho a la identidad y la expresión de género.
La UNA, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso, ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra.
Es responsabilidad de los Estados parte del Pacto de San José, como bien ha hecho el Gobierno de la República de Costa Rica al formular la solicitud de opinión consultiva, garantizar y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
En consecuencia, la resolución (OC-24/17) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncia reconociendo los derechos a la igualdad, a las libertades fundamentales y a la no discriminación de las personas LGBTI. En consecuencia, establece el respeto de la orientación sexual como ejercicio de la autonomía personal, en función del principio de igual dignidad de las personas. De esta forma, el Estado costarricense ha de proteger el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y la identidad de género auto percibida de la persona LGBTI; así como de su libertad de expresión de género. Por otra parte, se extiende dicho reconocimiento a los derechos, no solo patrimoniales, de las parejas del mismo sexo; se entiende además en un sentido amplio y no restrictivo al concepto de familia.
Comprometidos con el carácter vinculante que tienen los pronunciamientos de la Corte Interamericana, tanto de las sentencias en sede contenciosa como de las opiniones en sede consultiva, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica se compromete a promover y apoyar con todos los medios disponibles la urgencia de armonizar la legislación, los reglamentos y las disposiciones institucionales en el país, para cumplir a cabalidad con los alcances de la resolución OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evitando así toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que pueda anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de la comunidad LGBTI.
A la vez, hacemos un vehemente llamado a la comunidad nacional para que impere el respeto, el reconocimiento recíproco y la convivencia pacífica y equitativa, evitando cualquier manifestación de intolerancia y de violencia, en particular contra las personas de la comunidad LGBTI.
Dr. Alberto Salom Echeverría Rector Universidad Nacional UNA
*CIRCULARUNA-R-CIRC-3-2018
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
