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Comunidad de Barva logra acuerdo con AyA y Municipalidad

Destacan triunfo de Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua

Piden humildad municipal para reconocer “festín inmobiliario” como causa de crisis

Ante la gravedad de la crisis provocada por la falta de agua potable para las casi cinco mil familias de los distritos central, San Pablo y San Roque de Barva de Heredia, la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga Espeleta, acordó, a pedido de la Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva, la intervención de ese instituto en el acueducto municipal.

Rafael López Alfaro, miembro de la Junta Interventora y presidente de la Asociación de Desarrollo de Barva de Heredia, manifestó que celebran el acuerdo logrado bajo el auspicio del AyA, que viene a dar un espaldarazo y legitimación adicional al esfuerzo comunal que se ha impulsado desde el Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua (ver fotos abajo). “Esperamos que este acuerdo sea respetado por las autoridades del municipio y que la actitud de obstruir y oponerse al trabajo de la Junta Interventora, se torne en una actitud de respeto y reconocimiento de nuestro esfuerzo, que permita generar un clima apropiado para el desarrollo del proceso de intervención.

Agregó que la salud y la vida del pueblo está en riesgo y es hora de que la municipalidad asuma con humildad que el colapso del acueducto municipal es responsabilidad de la Alcaldía y los regidores, que han estado otorgando permisos urbanísticos “sin ton ni son”, en ausencia del plan regulador cantonal y un estudio integral de capacidad y optimización del acueducto.

Denunció que la actitud de deslegitimar a la Junta Interventora y de obstruir su trabajo, se pone de manifiesto, entre otras cosas, en la publicación y distribución, -pagados con fondos públicos-, de volantes que no solo descalifican a los integrantes de la Junta Interventora sino que además los tilda de mentirosos. Recordó que a pesar de que desde el día 5 del mes de mayo diferentes organizaciones comunales han pedido por escrito información sensible y vital para los fines y tareas de la Junta Interventora, al día de hoy ningún órgano de la municipalidad ha respondido al pedido.

López Alfaro concluyó diciendo que la actitud ligera y complaciente del gobierno local ha facilitado un verdadero “festín inmobiliario” en el cantón y la expansión de la llamada “mancha urbana”, llegando al extremo de derogar acuerdos del concejo municipal anterior que prohibían el desarrollo de proyectos urbanísticos hasta tanto se contara con el plan regulador y el estudio iIntegral del acueducto. “Este crecimiento desordenado y caótico nos está pasando la factura al provocar que la demanda del preciado líquido se dispare frente a una oferta cada vez menor del agua”, dijo el presidente comunal.

De acuerdo con la presidenta ejecutiva del AyA, la problemática del agua es grave y profunda. Señaló que la política de la institución es evitar la intervención directa, y por el contrario, promover la participación ciudadana de las poblaciones directamente afectadas en la búsqueda y construcción de soluciones a nivel local.

Manifestó que el criterio del departamento legal del Instituto, expresado en el oficio que da respuesta a las preocupaciones de la Alcaldía sobre la legalidad de la Junta Interventora del Acueducto Municipal, es que ese organismo creado por la comunidad no tiene ningún vicio de legalidad. Indicó que al contrario, esta decisión de la comunidad está a tono con los instrumentos de Derecho Internacional como el Principio 10 de la Declaración de Río adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el Marco de la Cumbre Mundial sobre ambiente celebrada en Brasil en el año 1992 y es además conforme con el principio constitucional recogido en el Artículo 9 de la Constitución Política que señala que el Estado costarricense es democrático y participativo, lo cual es desarrollado por una serie de leyes ordinarias que promueven la participación de las comunidades en la solución de sus problemas, como la Ley Orgánica del Ambiente.

Fredy Humberto Vargas Chavarría, integrante de la Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva destacó que no se trata de una intervención directa del AyA para tomar el servicio, sino de un acuerdo para apoyar y fortalecer el trabajo de la Junta. Agregó que para facilitar la búsqueda de las soluciones inmediatas, así como asegurar la sostenibilidad del acueducto municipal de Barva, se acordó integrar un equipo de coordinación con representantes de la Juna Interventora, la Municipalidad de Barva y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, bajo la coordinación del ingeniero José Luis Arguedas, funcionario del ente gubernamental y vecino de Barva.

Para mayor información comunicarse con el licenciado Fredy Vargas Chavarría al teléfono 8302 2347, con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Ruiz al teléfono 8813 5559, o con el máster Rafael López Alfaro al teléfono 8368 3214.

Comunidad de Barva logra acuerdo con AyA y Municipalidad Comunidad de Barva logra acuerdo con AyA y Municipalidad2

 

Enviado a SURCOS por Fredy Vargas Chavarría.

Novela: “Al sur de los recuerdos”

Ya pueden adquirir en las librerías “Al sur de los recuerdos”

La sinopsis dice: A través de los ojos de una niña, ‘Al sur de los recuerdos’ reconstruye el anhelo y la lucha de una familia que decide salir de Nicaragua y trasladarse a Costa Rica. La historia, situada unas pocas décadas atrás, recrea con profunda viveza los paisajes y sentimientos que marcarán la vida de su protagonista, dirigiendo al lector hacia profundas reflexiones que no le dejarán indiferente. Se teje así, una historia tan cotidiana como desconocida, una historia llena de humanidad y realidad.

Si les interesa conocer más, pueden darle un vistazo a la página de Facebook:

https://www.facebook.com/alsurdelosrecuerdos

Leer una reseña publicada en Paquidermo:

http://www.revistapaquidermo.com/archives/10270

Y leer una entrevista publicada en Literofilia:

http://literofilia.com/?p=19867

Novela Al sur de los recuerdos

 

Enviado a SURCOS por Alonso Muñoz Solís.

SINTRAJAP: debemos hacer valer nuestros derechos a vivir en un medio ambiente sano

Boletín Urgente

SINTRAJAP

 

A todas y todos los afiliados a SINTRAJAP, medios de comunicación, pueblo limonense y costarricense en general

La sabiduría popular dice “que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”, esto es lo que está pasando con el daño ambiental que se está haciendo en Limón, tanto en la ruta 257 como en el Cerro Asunción, situaciones que hemos venido denunciando en todas partes, desde los medios de comunicación, pasando por los tribunales y hasta en reuniones en Casa Presidencial, pero parece que por estos medios no hemos encontrado el eco suficiente para detener esta daño provocado que nos está destruyendo, mantos acuíferos, humedales, zonas protegidas por la ley y hasta el agua potable esencial para la vida.

Esto nos obliga a recurrir a otros recursos para hacer valer nuestros derechos a vivir en un ambiente sano, a proteger los recursos naturales que nos garantizan una vida digna, a defendernos como pueblo ante las arbitrariedades de intereses particulares que van en perjuicio de las grandes mayorías, el pueblo.

Por estas y otras razones estaremos tomando medidas que nos garanticen que estas destrucciones al ambiente se detengan y se de la intervención del Estado que hemos estado rogando y suplicando desde hace años. Estamos seguros de que contaremos con otras organizaciones sociales que al igual que nosotros no están dispuestos a permitir más abusos en contra de los derechos de la población.

Lic. Ronaldo Blear Blear, secretario general

José Luis Castillo, Secretario de Prensa.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

 Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez.

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Foro Barveño por el Agua logra Junta Interventora de Acueducto Municipal

“La movilización comunitaria en demanda de su derecho a participar e intervenir en la solución de la grave crisis que está provocando los prolongados racionamientos en el servicio de agua potable, permitió que el Concejo Municipal, pese a la resistencia de algunos de su concejales, aprobara a altas horas de la noche del lunes 26 de mayo la propuesta presentada por el Foro Cantonal Barveño por el Agua, así como la suspensión de todo permiso de construcción de condominios, urbanizaciones y lotificaciones”, dijo el dirigente Rafael López Alfaro.

La organización comunitaria sometió a consideración del Concejo y la Alcaldía Municipal una serie de propuestas encaminadas a atender de manera inmediata la urgencia de un abastecimiento constante, regular y estable del agua potable, y a la vez, orientar la gestión mediata y futura del acueducto municipal en resguardo del derecho humano al agua potable.

Según el acuerdo municipal adoptado con base en la propuesta comunitaria, las siguientes son las tareas de la Junta Interventora:

a. De manera inmediata identificar y ejecutar las acciones para normalizar el servicio de agua potable de los vecinos y vecinas del cantón

b. Participar en la operación del acueducto municipal

c. Hacer recomendaciones para el funcionamiento del acueducto en elmediano y largo plazo paraasegurar la operación sostenible

d. En general la intervención de la Junta recogerá las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el Informe No. DFOE-DL-1-2014 “Informe de Auditoría de Carácter Especial Sobre la Gestión de los Acueductos Municipales” adoptado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del mes de marzo del año 2014.

e. Asegurar la realización del “Estudio integral sobre la capacidad y optimización del acueducto municipal”

“El período de vigencia de la junta será de seis meses y su trabajo se hará hombro a hombro con los funcionarios municipales asignados al Acueducto Municipal”, señala un comunicado del Foro Cantonal Barveño por el Agua.

La juntaestaráintegrada por Carlos Manuel Álvarez Morales, ClaudioSegura Sánchez, Miguel Ángel RodríguezRuiz (microbiólogo), Luis Gerardo Vargas Chavarría (ingeniero civil),Antonieta Camacho Soto, Fredy Vargas Chavarría (abogado), Rafael Eduardo López Alfaro,Heylem Chichilla Dávila, Carlos Mejía Arias,María de los Ángeles Montero Carballo. Las asociaciones de desarrollo integral representadas son las de Barva centro, Buena Vista, San Roque ySan Pablo.

Las organizaciones participantes del Foro Cantonal Barveño por el Agua acordaron informar constantemente a sus comunidades del avance del proceso.

Foro Barveño por el Agua logra Junta Interventora de Acueducto Municipal

En la foto se aprecia parte de la movilización por el agua en Barva. En primer plano están Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, Rafael López Alfaro y Carlos Manuel Álvarez Morales.

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Transmisión del documental “Goodbye Nicaragua”

Este viernes 30 de mayo se cumplen 30 años del atentado de La Penca y, en conmemoración, Canal UCR, de la Universidad de Costa Rica, presentará el estreno exclusivo del documental: “Goodbye Nicaragua”, del director Peter Torbiörnsson.

Viernes a las 10:00 pm, con repeticiones el sábado 31 de mayo a las 2:00 pm y 9:30 pm y el domingo 1 de junio a la 1:30 pm, por Canal UCR.

Esta película narra los detalles de este brutal atentado, el cual marcó la historia de nuestro país y afectó la vida de periodistas costarricenses y extranjeros.

También ese mismo viernes 30 de mayo se transmitirá el documental “La Penca: Onda Expansiva”, una coproducción del Colegio de Periodistas (COLPER) y Canal UCR a las 8:30 pm (se repetirá el sábado 31 de mayo a las 12:30 pm).

Transmisión del documental Goodbye Nicaragua - atentado de La Penca

Peter Torbiörnsson, director del documental «Goodbye Nicaragüa». Foto tomada de http://www.krakowfilmfestival.pl

Enviado a SURCOS por  Gerardo Chavarría, director de Canal UCR.

«Consulta de los pueblos indígenas en Costa Rica: una perspectiva legal»

Foro Consulta de pueblos indígenas en Costa Rica- perspectiva legal

Les invitamos al Foro «Consulta de los pueblos indígenas en Costa Rica: una perspectiva legal», a realizarse el próximo jueves 29 de mayo a las 5:00 pm en la Sala de Conferencias del 5to piso, Facultad de Derecho. Expondrán las siguientes personas:

  • Nicolás Boeglin Naumovic «La consulta de los pueblos indígenas en Costa Rica desde la perspectiva de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional»
  • Rubén Chacón Castro: «El Derecho de consulta de los pueblos indígenas de Costa Rica: el caso del Proyecto Hidroeléctrico Diquís»
  • Asdrúbal Rivera Villanueva, dirigente indígena del Territorio Térraba: «La situación actual del PHED»
  • Donald Rojas Maroto: Representante de la Mesa Nacional Indígena.
  • Estudiante Yasmín Granados Torres: «La implementación de la consulta previa en América Latina: el caso de Perú».

Enviado a SURCOS por Nicolás Boeglin.

 

Las comunidades garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una breve perspectiva

Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Durante esta semana que concluyó, se celebraron las audiencias ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso que opone a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz al Estado de Honduras: se trata de uno de los varios casos que oponen la comunidad garífuna al Estado hondureño desde varios años (Nota 1). Un estudio sobre la cultura garífuna isleña de Honduras ya advertía hace unos años que: “/…/  debo decir que, las organizaciones garífunas hondureñas, no reciben impuestos, no sustituyen al Estado, ni a las municipalidades del país; únicamente luchan por una sociedad incluyente, participativa, justa, libre de racismo y con igualdad de oportunidades para todas y todas. El Estado hondureño, está llamado a corregir las inequidades históricamente producidas, dado que las comunidades deben ser y son sujetas de las decisiones y de los cambios” (Nota 2).

En esta semana se observó la presencia de unos 70 integrantes de la comunidad garífuna que participaron en las audiencias o apoyaron a sus líderes durante estos días en San José.

La lucha de las comunidades garífunas:

Si bien la distribución geográfica de la población garífuna (estimada en unas 600.000 personas) incluye a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua,  es la comunidad de Honduras la que ha recurrido con mayor regularidad a instancias internacionales para intentar hacer valer sus derechos. La controversia en relación a la comunidad del Triunfo de la Cruz surgió debido a varios proyectos impulsados desde hace muchos años por Honduras para atraer inversión extranjera en esos territorios ancestrales del pueblo garífuna. Estos proyectos consisten en crear infraestructura turística y promover actividades comerciales, crear las denominadas “ciudades modelo”, decretar una área protegida y proceder al traspaso de tierras a un fideicomiso Estado/inversionistas extranjeros: estos proyectos de diversa naturaleza se hicieron, según los peticionarios garífunas  (quienes agotaron pacientemente una tras una las vías jurisdiccionales hondureñas antes de acudir al sistema interamericano) sin respetar algunos de sus derechos históricos sobre estos territorios.  En el 2012, la Comisión Interamericana constató que: “ A partir de 1990, la situación se agravó notoriamente frente al otorgamiento por parte de autoridades públicas a grupos empresariales de turismo y a particulares de títulos de propiedad sobre áreas poseídas por la Comunidad, lo que dio lugar a que organizaciones comunales y nacionales garífunas realizaran una serie de acciones orientadas a denunciar las violaciones de las cuales eran víctimas y a reivindicar sus tierras ancestrales ./…/  En particular, los hechos denunciados refieren lo siguiente (i) las consecuencias de la ampliación del radio urbano del Municipio de Tela en relación con el Proyecto Marbella, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tela y la Cooperativa el Esfuerzo; (ii) la injerencia de la Municipalidad de Tela en la creación y permanencia de una Junta Directiva paralela del Patronato de la Comunidad; (iii) la planificación y ejecución de proyectos turísticos; (iv) la creación del área protegida Punta Izopo; y (v) los hostigamientos, amenazas y asesinato de autoridades, líderes y lideresas de la Comunidad por actividades en defensa de su territorio ancestral “ (Informe 76/12 de la Comisión, caso 12.548, párr. 98-100).  En otro ámbito, que evidencia de igual manera la poca atención de las autoridades en relación a los reclamos de las comunidades garífunas (pero a su vez la determinación de las comunidades garífunas hondureñas), un Panel del Banco Mundial debió, en el 2006, ordenar una investigación en relación a un proyecto crediticio por más de 25 millones de US$ impulsado por el Estado de Honduras (quién no procedió a consultar a las poblaciones garífunas y medir el impacto sobre estas). Se lee en el informe sobre admisibilidad (ver texto completo del Informe y Recomendación sobre Solicitud de Inspección, Programa de Administración de Créditos (Crédito AIF Nº 3858-HO ) que : “El Panel determina que los Solicitantes han alegado que las acciones del Banco Mundial constituyen una violación de las políticas y procedimientos del Banco sobre pueblos indígenas, hábitats naturales, evaluación ambiental y supervisión y que estas acciones han tenido o podrían tener un efecto adverso significativo sobre los derechos de los Solicitantes, según lo establecido en el Párrafo 9(b). El Panel observa la necesidad de recabar datos sobre los planteos de los Solicitantes en cuanto a que el Banco violó sus propias políticas y procedimientos operacionales”.  En el informe de investigación  del Panel de Investigación del Banco Mundial del año siguiente  (ver informe titulado: ”Honduras: Programa de Administración de Tierras de Honduras (Crédito de la AIF 3858-HO) – año 2007 ”, se concluye de manera muy clara por parte de los miembros del Panel de Investigación que: “Dada la relativa vulnerabilidad económica y política de los pueblos indígenas, el Panel determina que las salvaguardias dispuestas en el marco del Proyecto no son adecuadas para proteger los derechos garífunas sobre sus Tierras Étnicas en el contexto de la ejecución del Proyecto” (p. 111).

Una serie de violaciones a los derechos humanos:

En el presente caso expuesto por la comunidad de Triunfo de la Cruz ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el respeto al derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es uno de los principales alegatos presentados, al no haber aún el Estado provisto a esta comunidad de un acceso efectivo a un título de propiedad sobre sus territorios ancestrales; así como por haberse abstenido durante todo este tiempo de demarcarlo de una manera adecuada. Sin titulación ni linderos claramente establecidos, el ejercicio del derecho a la propiedad se ve sustancialmente limitado.  Además de otras violaciones al Pacto de San José detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz (ver carta oficial del 21 de febrero del 2013 de la Comisión a la Corte disponible aquí  buscando el acápite correspondiente a “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras”), la Comisión refiere a un tema que posiblemente interese a comunidades de otros Estados de la región latinoamericana: la imperiosa necesidad de consultar a las comunidades en el caso de megaproyectos que las puedan afectar o regulaciones sobre el uso de suelo. «Otro de los componentes del presente caso es la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente. Dentro de tales decisiones se destacan la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos; la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral; y las ventas de tierras comunitarias» señalaba la Comisión al remitir el caso a la Corte de San José. Para los representantes de las organizaciones garífunas hondureñas (ver nota de prensa), «lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades«. Se trata de un vacío legal del que no solo adolece el Estado hondureño en el hemisferio americano, y que ha dado lugar a una larga serie de medidas cautelares ordenadas en años recientes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas, tribales y campesinas, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son a muy a menudo víctimas (ver listado oficial).

Años atrás tuvimos la oportunidad de referirnos a la delicada situación en la que se encontraba – y sigue encontrándose – Costa Rica en relación al megaproyecto hidroeléctrico El Diquis (ver breve artículo) de cara a sus obligaciones internacionales con relación a los pueblos indígenas. En un interesante artículo de Karine Rinaldi publicado a finales del 2012 en Costa Rica, la jurista expresó que: “de conformidad con la jurisprudencia interamericana, las consultas deben hacerse desde las primeras fases y constituir una comunicación constante entre las partes (lo que excluye una simple entrega de información por parte del Estado). Además, es importante entender que deben realizarse mediante procesos culturalmente adaptados; en este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería haber integrado la dimensión temporal para respetar los tiempos y las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas”.  Las regulaciones ambientales también parecieran haber sido vulneradas según expresado por el experto en derecho ambiental, el reconocido abogado Alvaro Sagot (ver artículo).  La administración que inició en mayo del 2014 “hereda” de la correspondiente al ejercicio 2010-2014 este delicado problema (como muchos otros), y el proyecto El Diquís pareciera estar “varado” según un titular de La Nación (Costa Rica) reciente. La máxima representante de Naciones Unidas en Costa Rica en septiembre del 2013 (verentrevista) ratificó y deploró, de manera más general, la situación de discriminación y abandono en la que se encuentran las comunidades indígenas de Costa Rica.

Medidas cautelares  y otras medidas ordenadas a Honduras:

En el caso de las comunidades garífunas, ya el 28 de abril de 2006 la Comisión había solicitado la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. En aquella ocasión había instado al Estado a que «adopte las medidas que sean necesarias para proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunfo de la Cruz. En especial, /que/ tome las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva en el caso Nº 12.548» (Informe 76/12, Caso 12.548, Comisión IDH, p. 3 punto 12). El 16 de septiembre de 2011, la Comisión ordenó al Estado de Honduras (MC 322/11, Honduras) medidas cautelares a favor de Miriam Miranda, objeto de amenazas y hostigamientos en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garífunas. La Comisión «solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Miriam Miranda, concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar«. Estas medidas cautelares y unas más a favor de líderes garífunas forman parte de las 80 medidas cautelares que convirtieron a Honduras en el Estado con mayor número de medidas cautelares según los resultados de un foro realizado en Tegucigalpa en el año 2013: el dato reviste interés en la medida en que evidencia la poca atención de las actuales autoridades de Honduras con relación al respeto de los derechos humanos.  Un año atrás, en enero del 2010, la estación de radio garífuna  “Faluna Binetu” fue incendiada por desconocidos (ver nota), sumándose a una larga lista de actos de intimidación, vejaciones y amenazas sufridos por la comunidad garífuna y por sus representantes, sin que ello provoque por parte de las autoridades de Honduras reacción alguna. Cabe señalar que en diciembre del 2013, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió a la petición de los representantes de las comunidades garífunas para poder contar con el apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

De posibles perspectivas: 

La sentencia a dictarse en este caso  (así como los relacionados con otras comunidades garífunas hondureñas) podría precisar el alcance de la jurisprudencia interamericana en el caso Saramaka contra Surinam (Nota 3), en particular en relación a los elementos culturales y espirituales que son parte intrínseca de la identidad de los pueblos indígenas y tribales del continente americano. En el caso de los garífunas hondureños, la UNESCO ha identificado la relación muy fuerte de su cultura con relación al agua (ver ficha técnica del Programa Hidrológico de la UNESCO). En el caso Saramaka contra Surinam, leemos que “la Corte, por lo tanto, concluye que los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de larga data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural y, asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio” (párr. 96, ver texto integral de la sentencia).  Con relación a este último aspecto (el carácter colectivo de la propiedad), la Corte mostró su enojo ante las aseveraciones del Estado, y enfatizó (párr. 103) que: “/…/ es improcedente el argumento del Estado en cuanto a que es discriminatorio aprobar una ley que reconozca las formas comunales de posesión de la tierra. Es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida”. En lo que respecta al uso de los recursos naturales, sentenció sin mayor contemplación (párr. 121) a las autoridades de Surinam que: “De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”.

Conclusión:

En un reciente foro realizado en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la experta en temas indígenas Karine Rinaldi recordaba de manera muy clara que: «El estilo de vida no es meramente cuestión de posesión o producción sino un elemento material y espiritual base de su cultura, integridad y supervivencia» (ver nota publicada por Elpais.cr). El caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz contra Honduras podría dar lugar a una sentencia de los jueces de la Corte de San José que permita confortar algunos principios jurídicos esbozados con anterioridad, brindando así una luz de esperanza a muchos de los pueblos indígenas y tribales de América Latina golpeados por megaproyectos o iniciativas inconsultas de otro tipo que amenazan su supervivencia como comunidades. Un estudio sobre las diversas técnicas usadas por el juez interamericano en su jurisprudencia  con relación a los elementos culturales concluye precisamente al respecto que: «… los conceptos amplificadores de los derechos convencionales mantienen la Convención en movimiento y son las herramientas por excelencia del juez interamericano para avivar esta primavera jurisprudencial» (Nota 4). Es muy probable que muchas comunidades del hemisferio americano que se han sentido en el pasado discriminadas, despojadas, humilladas (y hasta burladas) por sus propias autoridades estatales estén con algunas expectativas con relación al caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz.  Los especialistas, analistas y demás observadores deberán por su parte mostrarse atentos (y alertas) a este caso y al contenido de la decisión de los jueces. Esperemos que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se muestren a la altura ante los desafíos que plantean las valientes comunidades garífunas hondureñas al sistema interamericano de protección de los derechos humanos como tal.

NOTAS:

Nota 1: Otro caso similar fue remitido por la Comisión a la Corte en octubre del 2013 (comunidad garífuna de Punta Piedra, ver para mayores detalles comunicado oficial de la CIDH) . En el 2007 la Comisión declaró de igual manera admisible una petición de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos (ver informe 39/07).

Nota 2: Véase estudio de CACHO CABALLERO X. M., “Derechos económicos, sociales y culturales de la población garífuna isleña en Honduras”, disponible aquí.

Nota 3: Véase estudio de RINALDI K. y RIVERA JUANISTI J., «Pueblo Saramaka versus Surinam: el derecho a la supervivencia de los pueblos indigenas y tribales como pueblos«. Los derechos de los pueblos indígenas también pueden ser analizados desde la perspectiva del derecho ambiental: remitimos a un estudio reciente de la experta Karine Rinaldi sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en relación al principio de no regresión: RINALDI K., «Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana«, disponible aqui, pp. 356-384.

Nota 4: Véase ESTUPIÑAN SILVA R., «Pueblos indígenas y tribales: la construcción de contenidos culturales inherentes en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos«, (cita extraída de la p. 612).

Comunidades garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 21 de mayo del presente, se realizó en la sede ubicada en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, un encuentro cultural entre garífunas y guanacastecos. Foto tomada de la página en Facebook Conferencias UCR Guanacaste.

Enviado a SURCOS por el autor.

Nuevo libro para una nueva visión y perspectiva de la educación

Nuevo libro para una nueva visión y perspectiva de la educación

Por Arnobio Maya Betancourt

Recientemente,  el suscrito, ha publicado en Costa Rica, donde reside hace varios años, con la colaboración de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CEEC/SICA, organismo Internacional que asocia en programas para la educación a los países centroamericanos y a República Dominicana y del cual ha sido consultor desde hace más de diez años, el libro titulado: “¡Urgente! ¡La Educación Debe Cambiar! Transitando Desde la Educación Tradicional a la Educación Holística, que como el nombre lo insinúa, además de proponer un cambio urgente y verdadero, no cosmético,  en la educación, sugiere que ello se haga amparados en un modelo epistemológico que sin ser nuevo no ha llegado aún a aquella, el modelo holístico, ya que la misma ha estado prácticamente secuestrada desde hace casi cuatro siglos en el paradigma mecanicista-newtoniano y en el racionalista-cartesiano, los cuales siendo realmente importantes por el aporte que han hecho al desarrollo científico y tecnológico, restringen el desarrollo del ser humano de manera auténticamente integral, ya que centran su preocupación básicamente en lo cognitivo, como si el ser humano fuera un robot o mecano programable en el que nada tienen que ver sus emociones, sentimientos, y demás aspectos relacionados con su conciencia y su subjetividad.

Este paradigma holístico que en buena proporción explora, define y explica, creemos que con suficiencia la obra, permite entender la realidad, no desde la dimensión o perspectiva constitutiva de elementos aislados, suficientes por sí mismos,  sino desde el punto de vista de las múltiples interacciones que la caracterizan, correspondiente a una actitud integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus eventos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo por separado.

En educación esta perspectiva holística que en general, ignoran los educadores, tiene una trascendencia tal que solamente con ella puede la educación humanizar el mundo por medio de una formación verdaderamente integral, antes de que sea destruido por la cinciolatría y la tercnolatría de raíz newto-cartesiana en que actualmente gravita y se sigue proyectando.

El libro es un gran esfuerzo que bien vale la pena ser considerado en estos tiempos en que la calidad de la  educación está siendo tan cuestionada, especialmente por los resultados que presentan las pruebas Piza y ahora cuando además de ciertos cuestionados reformismos del anterior gobierno se da un cambio de gobierno en el país,  que inevitablemente llega también con una nueva Ministra de Educación y una legítima aspiración de cambiar ciertas cosas que, indudablemente, son un obstáculo para una mejora en la calidad de la educación que el país y el pueblo costarricense requieren y se merecen.

Quién esté interesado en el libro puede hacer contacto con el suscrito por estos medios:

correo amayabe41@hotmail.com o en los teléfonos 22417430 / 83128299 / 22417429.

Enviado a SURCOS por Arnobio Maya Betancourt.

Comité Pro-Defensa del Agua de la Provincia de Limón

Comunicado Urgente

 

A la ciudadanía limonense, medios de comunicación y el país en general.

Informamos que en razón de las amenazas y acciones que están atentando contra el recurso hídrico (el agua) en toda la provincia de Limón, nos vemos obligados como pueblo organizado a tomar acciones de defensa. Para este efecto, nos hemos reunido organizaciones sociales, instituciones, dirigentes políticos, empresarios y el pueblo en general para exigir el respeto de las leyes y un desarrollo inclusivo que respete el ambiente.

No estamos interesados en iniciar cacerías de brujas, o perseguir esfuerzos empresariales honestos que traigan bienestar, empleo y oportunidades a nuestras comunidades, pero si actuaremos con vehemencia en contra de aquellos funcionarios que, utilizando plataformas estatales, se aprovechan para otorgar permisos o realizar complacencias políticas que benefician intereses espurios y corruptelas.

Ante la destrucción de nuestras áreas protegidas, el envenenamiento de nuestras aguas y la explotación irracional de nuestras cuencas, como ejemplos más recientes el Tajo Asunción y la ruta 257, iniciaremos nuestra lucha.

A todas las organizaciones sociales, comunales, eclesiásticas y civiles que valoren la defensa del agua como esencial para la preservación de la vida, les pedimos unirse a este esfuerzo.

Los interesados por favor comunicarse con la Lic. Carmen Granados, al teléfono 87036819 o al correo electrónico: cargra06@hotmail.com.

 

Lawrence Wilson Harris,

Liroy Pérez Pérez,

Coordinadores de Comunicación.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez.

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A 44 años de ALCOA: El movimiento social en perspectiva

El jueves 24 de abril, -conmemorando 44 años de ALCOA-, conversamos en el programa “Sobre la Mesa” (Canal UCR) con la historiadora Ana María Botey, el periodista Héctor Ferlini-Salazar y la documentalista Mercedes Ramírez. El tema tratado en el programa es “A 44 años de ALCOA: El movimiento social en perspectiva”.

Este conversatorio tendrá repeticiones los días sábado 26 y domingo 27 de abril.

Repeticiones:

Sábado 26 de abril a las 8:00 p.m.

Domingo 27 de abril a las 12:00 m.d.

A 44 años de ALCOA El movimiento social en perspectiva

Enviado a SURCOS por Graciela Blanco.