El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.
Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.
OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.
El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.
La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.
Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.
Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:
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Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.
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Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.
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Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.
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Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.
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Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.
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Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.
Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.
Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.
OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.
El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.
Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.
Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:
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Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.
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Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.
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Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.
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Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.
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Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.
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Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.
OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.
Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.
