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Conferencia analizará el conflicto geopolítico en Ucrania desde una mirada crítica de la versión occidental

La Sede Regional del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR) y su Cátedra José Martí, realizará la conferencia El conflicto geopolítico en Ucrania. Una mirada crítica de la versión occidental, un espacio académico dedicado al análisis de uno de los acontecimientos internacionales más relevantes de los últimos años.

La actividad se llevará a cabo el próximo 11 de junio a las 10:00 a.m. en las aulas 3A y 4A de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, ubicada en El Cocal, Puntarenas.

La conferencia estará a cargo del ingeniero José Luis Callaci y filósofo Miguel Alvarado Arias, quienes abordarán las dimensiones geopolíticas del conflicto en Ucrania y ofrecerán una reflexión crítica sobre las interpretaciones predominantes que circulan en los medios y espacios políticos occidentales.

La iniciativa forma parte de las actividades académicas impulsadas por la Cátedra José Martí y la Sede Regional del Pacífico de la UCR para promover el análisis crítico de los procesos internacionales contemporáneos y fomentar el debate informado sobre asuntos de relevancia mundial.

Fecha: 11 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Aulas 3A y 4A, Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, El Cocal

Monopolio en las sombras: la lección de Ida Tarbell para Costa Rica

Arturo Fournier*

Como buenos ticos, nos gusta la democracia y la libertad.

Por eso, a veces nos llama la atención algunos proyectos, como el de armonización eléctrica, que “creemos” que fomentará más igualdad y equidad.

Para ello, es útil recordar los reportajes de la periodista Ida Tarbell, quien documentó, cómo una de las corporaciones más ricas y poderosas de Estados Unidos había construido su imperio aplastando silenciosamente a quienes estaban debajo.

Y lo hizo con tanto cuidado que ni siquiera Standard Oil pudo negar del todo lo que ella había encontrado.

Este texto se realiza con base en extractos tomados de la fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Ida Tarbell, autora de The History of the Standard Oil Company.

Ida Tarbell creció en los campos petroleros de Pensilvania durante los primeros años, duros y violentos, del auge del petróleo estadounidense. Su padre, Franklin Tarbell, fue uno de los muchos productores independientes que intentaban sobrevivir mientras Standard Oil absorbía cada vez más la industria.

Al principio, los pequeños empresarios del petróleo creían que la competencia decidiría quién sobrevivía. Con igual ilusión a la de algunos, que en Costa Rica creen que la subasta eléctrica favorecerá a la mayoría de la población.

Luego Rockefeller cambió las reglas.

Standard Oil negoció en secreto rebajas ferroviarias que le daban enormes descuentos en el transporte, descuentos a los que sus competidores más pequeños no podían acceder. Peor aún, en algunos casos los ferrocarriles cobraban tarifas más altas a los independientes y parte de ese dinero terminaba beneficiando a Standard Oil.

El resultado fue devastador.

Los productores independientes no podían competir contra precios manipulados desde las sombras.

Los negocios se hundieron.

Los pueblos se apagaron.

Las familias lo perdieron todo.

Tarbell lo vio de niña.

Su padre apenas sobrevivió económicamente.

Y ella nunca lo olvidó.

Pero en lugar de responder solo con rabia pública, se convirtió en algo mucho más peligroso: una periodista meticulosa.

Tarbell creía que las historias más poderosas no se construían solo con indignación, sino con pruebas tan sólidas que nadie pudiera desmontarlas después.

Así empezó a investigar a Standard Oil.

Y trabajó como si estuviera armando un caso judicial.

En noviembre de 1902, McClure’s comenzó a publicar La historia de Standard Oil Company.

Simplemente expuso, con calma y método, cómo Standard Oil usó precios depredadores, acuerdos secretos de transporte, presión empresarial y control sistemático del mercado para destruir competidores en la industria petrolera.

Las pruebas hablaban por sí solas.

Y el impacto fue enorme. (pero ya el daño estaba hecho).

La indignación pública contra los monopolios encontró una forma concreta. El presidente Theodore Roosevelt, que ya avanzaba contra los grandes fideicomisos empresariales, actuó en un clima político que el trabajo de Tarbell ayudó a fortalecer.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en Standard Oil Co. of New Jersey contra Estados Unidos que la compañía violaba la Ley Sherman Antimonopolio y ordenó dividirla en 34 empresas separadas.

Porque nadie podía desmentir realmente los documentos.

Así que muchos críticos atacaron a la persona. (lo que se ha hecho en Costa Rica contra los opositores al proyecto).

La llamaron resentida.

Vengativa.

Difícil.

Emocional.

Casi nunca inexacta.

Y esa diferencia importaba.

Ida Tarbell pasó el resto de su carrera cargando una reputación extraña: profundamente respetada.

No siempre querida.

Escribió muchos libros más y se convirtió en una de las periodistas más influyentes de su generación.

Tal vez porque había expuesto algo que muchas personas poderosas preferían mantener oculto: cómo los sistemas enormes pueden construirse en silencio, mediante manipulaciones que casi parecen invisibles mientras ocurren.

Y quizá por eso Ida Tarbell sigue importando más de un siglo después.

A veces, lo más peligroso del mundo es simplemente una persona paciente con pruebas suficientes.

No escribió para gustar.

Escribió para que el registro existiera.

Y una vez que existió, ni siquiera Rockefeller pudo borrarlo.

Viendo el espejo ajeno, insisto una vez más:

La historia nos enseña a no repetirla.

Imagen: https://connecticuthistory.org/ida-tarbell-the-woman-who-took-on-standard-oil/

Foro analizará los desafíos y encrucijadas que enfrenta el Poder Judicial

La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital realizarán el foro en vivo El poder judicial en sus encrucijadas, un espacio de reflexión y análisis sobre los retos actuales que enfrenta el sistema judicial costarricense y su papel en la vida democrática del país.

La actividad se transmitirá en vivo a través del Facebook Live de SURCOS Digital el próximo lunes 8 de junio de 2026 a las 6:00 p.m. y contará con la participación de tres personas con amplia experiencia en el ámbito jurídico y judicial.

Participarán Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional; José Manuel Arroyo, exmagistrado y catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica; y Marcia Aguiluz, integrante del Foro Justicia y litigante internacional especializada en temas de independencia judicial.

El foro se propone abordar las principales tensiones, desafíos y perspectivas que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual, promoviendo una conversación informada sobre la institucionalidad democrática, la independencia judicial y el acceso a la justicia.

La actividad forma parte de los espacios de diálogo impulsados por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital para fomentar la reflexión ciudadana sobre temas de interés nacional.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Transmisión: Facebook Live de SURCOS Digital
https://www.facebook.com/surcosdigital

Los indígenas son los pueblos originarios de nuestra América

Arturo Fournier

Asombra constatar cuánto han sido marginados y discriminados en muchos países.

Todavía horroriza la terrible afirmación: «a good indian is a dead indian» (atribuida al general Sheridan), que ahora la «continuadora» ha parafraseado hacia una ideología política del siglo XX.

Veamos alguna información:

– Hasta el 2 de junio de 1924 se les concede la ciudadanía en los EEUU, ¡por primera vez!

– Pero el derecho al voto… ¡hasta 1948!, a pesar de que muchos de ellos se destacaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Inclusive Ira Hayes, un nativo de la Tribu Pima, participó izando la bandera en la isla de Iwo Jima (23/feb/1945), un icono para los EE.UU.

– La libertad de culto hasta 1993, con el Native American free exercise of Religion act.

En el resto de los países el trato ha sido similar.

Hemos avanzado en derechos (y cuotas igualitarias) para las mujeres, lo que nos hace preguntar: ¿qué hemos hecho para los indígenas, para los nativos?, recordemos que estas tierras americanas fueron de ellos, aunque algunos parecen olvidarlo, deslumbrados con la posibilidad de lucrar con sus territorios protegidos.

“La justicia y la equidad deben ser siempre nuestro norte».

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 1

Rafael A. Ugalde. Q.*

Epigrafie por el centenario de Fidel; pues ya nos habías advertido que en las luchas de los pueblos solo sobreviven los valientes, los que resisten; no sobreviven los cobardes ni quienes hacen concesiones a sus compas.

Primero apareció en redes sociales un video realizado por quienes se presentan como estudiantes universitarios, en el marco del proyecto de “armonización” de la producción privada de electricidad, aprobado incluso por los diputados de la fracción pasada del Partido Liberación Nacional (PLN), pero no refrendado en la actual, como si se tratara de una Costa Rica a oscuras antes de que los “socialdemócratas” llenaran de luz el país, a partir de 1949.

Es la historia oficial. Quien triunfa siempre la escribe para que todos la repitan. Para los antiguos romanos era una forma de conquista e inicio de toda subyugación Así, los pueblos bajo su control quedaban condenados a tropezarse siempre con la misma piedra.

Sin embargo, la excepción fue la del historiador y analista ramonense, Oscar Barrantes, en su artículo “El reformismo y el electorerismo”, que no se tragó este anzuelo. Después de él todo es mansedumbre.

Vean la actualidad de Uruguay. El Frente Amplio de nuevo en el gobierno. ¿Y para qué? La oligarquía uruguaya y el imperialismo tranquilos”, dice en su análisis al abordar el fenómeno en Nuestra América de la socialdemocracia, el llamado socialismo democrático etc. que desde principio del siglo pasado sirvió como dique de contención para detener en seco intentos de revoluciones en México, Costa Rica, Perú, Argentina, entre otros.

La cuestión de Barrantes va dirigida concretamente a Uruguay, pero la pregunta podría dirigirse perfectamente a Perú actual, cuya explicación sobre golpes de estado armados, judiciales y fin de cualquier reforma sin el visto bueno de los nuevos colonialistas, se divisa ya desde 1928, a raíz de la dramática ruptura de José Carlos Mariátegui con Víctor Raúl Haya de la Torre

El primero apostará por una revolución de y para los trabajadores, en tanto Haya de la Torre defiende un frente antimperialista de vocación “reformista” y” democrática”.

Mariátegui llega a calificar de “pequeño burgués” la propuesta de Haya de la Torre, indiscutible líder socialdemócrata en la región, quien permaneció asilado por varios años en la embajada de Colombia, asediado por la dictadura del general Manuel Odría (1948-1956). El periodista y autor de 7 ensayos falleció por unas series de complicaciones en su salud el 16 de abril de 1934, en plena producción revolucionaria.

Dicho video comentado, obviamente, se dirigía a la juventud en un intento de posesionar la idea de una Costa Rica nueva a partir del golpe de estado de 1948, como sí no hubiera existido antes la llamada “república cafetalera”, responsable de mandar a imprimir libros de texto a Paris para enseñar a leer a los hijos de los campesinos, sentar las bases de nuestra sanidad, construir puentes que aún se conservan, etc.( Mas información en “Pongámonos Serios con Andrés Fernández: Lo que te ocultan sobre Costa Rica antes del 48”; https://primeralinea.cr/pongamonos-serios-con-andres-fernandez-lo-que-te-ocultan-sobre-costa-rica-antes-del-48/).

De esta manera, con trabajo de “cirujano”, se ha borrado de la memoria colectiva las grandes luchas sociales anteriores a 1950, reduciéndolas a reformas posteriores en los servicios públicos y derechos como electricidad, salud, aguinaldo, jornadas laborales de ocho horas, educación, etc., sin mayores amenazas contra la integridad del modelo.

Ya hemos aceptado mayoritariamente, por ende, que muestro Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no es el resultado de grandes luchas surgidas desde las más humildes bases de nuestros pueblos, que incluso, no se andaban por las ramas llamando a la desobediencia civil si era el caso, antes de 1948.

En un segundo momento, cuando el enfrentamiento echaba chispas entre “reformistas” y “corporativistas” por el plan de “armonización” del servicio de electricidad, los mensajes por correo electrónico y el WhatsApp eran ya inmanejables, con eslóganes sobre la misma línea como el “ICE no se vende, se defiende”, “diga no a los apagones” etc.

Así llegamos hasta la conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández (27/5/2026) presentándonos, a diferencia de los anteriores eslóganes, una Costa Rica propia del “todo o nada” heredera, del “corporativismo” de moda y diseñado últimamente contra nuestros pueblo en función, sí o sí, de los intereses de los grandes consorcios estadounidenses.

En una síntesis apretada, la mandataria, sin mencionar la palabra “corporativismo” – en marcha forzada para Hispanoamérica – nos ofrecerá un excelente diagnóstico de la economía, el futuro halagador del empleo, eso sí, como el resto de la zona, nos advierte como país del peligro latente de los comunistas y enemigos del progreso, además vagabundos.

Así, tanto quienes se oponen al proyecto de “armonización” o sus defensores, parten de la misma historia: 1949. No hubo las entonces Juntas Progresistas que aportaron luchas populares importantes, junto a sus pueblos que exigían agua potable, caminos, salud, electrificación, entre otros. Pero, además, formaron múltiples luchadores sociales que anteponían el bien común, por encima del individualismo. (https://www.google.com/search?q=aportes+de+las+juntas+progresistas+antes+de+1948&oq=aportes+de+las+juntas+progresistas).

De esta herencia indiscutible de la lucha de clases, es de la que no quieren saber nada el actual “socialismo democrático”, la “socialdemocracia”, el “socialcristianismo” o simplemente “progresismo”- no importa el nombre – pero que canalizada oportunistamente casi siempre da buenos resultado electorales.

Sin duda alguna estos sectores deben haberse sentido humillados por ser metidos en el mismo saco de los comunistas, pues la mandataria resultó igual o más “democrática” que los “chancletudos”, “socialdemócratas”, “socialistas democráticos”, “izquierda” corronga etc. metiendo todos por igual en el mismo costal.

Debemos recordar – gústenos o no – que cuando hablamos, por ejemplo, del aguinaldo, tiene importancia resaltar la lucha popular que significó la conquista del derecho mencionado, porque no fue un “regalo” voluntario de quienes siempre han dicho qué y cómo se hacen las cosas en este país.

No sobra decir, en honor a quienes quieren que olvidemos, que luego de constantes luchas de los trabajadores, la administración de José Figueres Ferrer, promulga en 1954 la llamada ley del aguinaldo (norma N°1835) solo para los empleados del gobierno central. En 1955 (ley N°1981) se extiende a quienes venden su trabajo en las municipalidades e instituciones autónomas.

Sin embargo, está ampliamente documentada la lucha de los trabajadores de la zona sur de nuestro país contra la Compañía Bananera, debido a que en dicho enclave se negaban a pagar el decimotercer mes. Durante 26 días los bananeros, en las condiciones más adversan, no dan muestra de palanganeo alguno, hasta que llegó su victoria. Sudada y hasta olorosa a sangre por la inmisericorde represión policial, como suele ocurrir en estos casos, pero victoria sin genuflexiones. (https://historiauned.net/index.php?option=com_content&view=article&id=517:difusion-historica-la-huelga-del-aguinaldo-1959).

¡Por eso no hay perdón y olvido para quienes quieren que enterremos de dónde venimos!

En la entrega 2 seguiremos recordando algunas luchas populares y por qué el socialismo espanta tanto a doña Laura y los reformistas e izquierdas de cafetín que dicen combatirla. Veremos algunos desastre de los comunistas en algunos países.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R y miembro del Movimiento Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Defensoría: 55 personas menores de edad denunciaron ser víctima de acoso sexual

En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.

Mientras en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes de personas menores de edad, en marzo la cifra ascendió a 25 casos, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.

“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.

En tres meses del 2026, diversas instituciones públicas han reportado a la Defensoría de los Habitantes la presentación de un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% de los casos fue presentada por una mujer. Si lo comparamos con ese mismo periodo del año 2025 se han registrado 37 casos más en este 2026.

Del total de denuncias 121 casos son entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.

Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas pueden también constituirse en delito. Se diferencia la falta administrativa sancionada por la Ley 7476 en que ésta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las manifestaciones que también constituyen delitos sexuales, tienen como resultado la privación de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.

Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente la no revictimización y confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces. El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y se acerque a presentar las denuncias correspondientes.

FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

Organización de derechos humanos denuncia masacres en Honduras y exige investigación independiente

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) emitió un comunicado público en el que condena y denuncia las masacres ocurridas en las comunidades de Rigores, en el departamento de Colón, y Corinto, en Cortés, Honduras. La organización sostiene que los hechos representan una grave crisis de derechos humanos y advierte sobre un contexto de creciente militarización, violencia contra comunidades campesinas y debilitamiento de las garantías democráticas. En su pronunciamiento, exige investigaciones independientes, sanciones para los responsables materiales e intelectuales, medidas de protección para las víctimas y acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción.

Comunicado público

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), ante los gravísimos hechos de violencia y las masacres perpetradas ayer en el territorio nacional, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar su más profunda consternación, condena y denuncia:

Antecedentes y hechos

  1. Ataque previo y destrucción en Rigores (18 de mayo de 2026): El pasado lunes, la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, sufrió una violenta incursión por parte de elementos fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Nacional. Estos sujetos destruyeron y quemaron viviendas, enseres domésticos, herramientas y medios de transporte de niños y niñas para asistir a la escuela. Entre las víctimas se encontraba una joven mujer —quien ese día había denunciado públicamente en video la destrucción del sustento económico que con esfuerzo y préstamos financieros había construido para su familia—. Ella fue identificada posteriormente como una de las víctimas mortales.
  2. Masacre en la Comunidad de Rigores (21 de mayo de 2026): En horas de la madrugada de ayer, jueves, se consumó una de las agresiones más sangrientas registradas en los últimos años contra el sector campesino organizado. Supuestos elementos policiales ingresaron fuertemente armados disparando indiscriminadamente contra las familias de la comunidad de Rigores. Este acto de barbarie deja un saldo preliminar alarmante de más de 19 personas asesinadas con total crueldad y alevosía. Es sumamente preocupante que esta masacre ocurra en un contexto de reformas legales punitivas y discursos estatales orientados a la militarización bajo el argumento del combate al terrorismo, lo que profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales y los defensores de la tierra.
  3. Masacre en Corinto, Cortés (21 de mayo de 2026): Casi simultáneamente, alrededor de las 11:00 a.m. de ayer, se registró un violento enfrentamiento armado en la comunidad de Corinto, departamento de Cortés, que cobró la vida de al menos cinco agentes policiales y tres civiles, sumando un total preliminar de ocho víctimas fatales. Exigimos el esclarecimiento inmediato de los motivos de este hecho y la transparencia total en la divulgación de las bajas.

Consideraciones

  1. Impacto Humanitario y Psicosocial: Denunciamos el ensañamiento infligido contra las familias campesinas. El saldo de estas masacres se mide en vidas segadas, mujeres despojadas, madres en luto permanente e infancias profundamente traumatizadas tras haber presenciado el asesinato de sus padres y madres. El impacto psicológico en la niñez de Rigores constituye una violación flagrante a su derecho a la vida, integridad y desarrollo.
  2. Regresión a las Épocas más Oscuras: La gravedad de estos ataques contra el sector campesino organizado no tiene precedentes cercanos desde la etapa autoritaria comprendida entre 2009 y 2022, periodo marcado por altos índices de impunidad, despojo y violencia que alcanzaron su punto crítico en 2011 con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Alertamos que el actual Gobierno, cuya legitimidad cuestionamos desde su instauración, continúe rodeándose de figuras de la administración anterior y replicando lógicas represivas que fortalecen las dinámicas del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona del Bajo Aguán y el norte de Honduras.

ACI participa exige:

  1. Investigación exhaustiva e independiente: Al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes, realizar de forma inmediata una investigación rigurosa, científica y transparente que permita la identificación, captura y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de la masacre de más de 19 personas en la comunidad de Rigores.
  2. Requerimientos judiciales y deducción de responsabilidades: Que se aplique todo el peso de la ley y se emitan los requerimientos judiciales pertinentes contra todos los involucrados directos e indirectos, incluyendo de forma categórica a autoridades estatales, empresarios y estructuras ligadas al crimen organizado o la narcoactividad en la región.
  3. Cese de la violencia institucional y reparación integral: El cese inmediato del uso de la fuerza policial y militar orientada a la persecución de las comunidades agrarias. Exigimos una respuesta del Estado que garantice medidas urgentes de protección, asistencia psicosocial inmediata a las víctimas supervivientes y garantías de no repetición para el pueblo hondureño.

Llamado internacional

ACI PARTICIPA hace un llamado urgente y enérgico a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional, para que en el marco de sus mandatos de protección internacional se pronuncien con firmeza ante esta emergencia de derechos humanos y coadyuven en la veeduría y defensa del pueblo hondureño ante un alarmante repunte de la violencia estructural.

¡NO A LA PROMOCIÓN DE ASESINATOS SELECTIVOS EN HONDURAS!
¡NO MÁS MASACRES EN HONDURAS!
“POR EL RESPETO, LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS, NI UN PASO ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 días del mes de mayo de 2026.

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia

Venezuela salió perdiendo

Por Nacho Montes de Oca / pressenza

Tras el ataque militar a Venezuela en enero de este año, Estados Unidos saqueó frenéticamente los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y el oro. Estados Unidos compra y vende petróleo venezolano a través de cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, fiscalizando por la fuerza los ingresos originalmente destinados a Venezuela y permitiendo que Venezuela utilice solo una pequeña parte para comprar bienes a precios elevados en EEUU como un requisito obligatorio.

Los mecanismos de liquidación y uso de los ingresos por venta de petróleo no son transparentes. El ministro de Energía de EEUU, Chris Wright, declaró públicamente que se vendieron al menos U$S 150 millones de barriles de crudo venezolano desde el 3 de enero. Incluso a un precio medio previo al conflicto en Oriente Medio de U$S 60 por barril, los ingresos por ventas de petróleo deberían haber sido de U$S 9.000 millones. Sin embargo, según informes de los medios, Venezuela solo recibió hasta ahora U$S 500 millones de dólares. Además, el ministro del Interior de EEUU, Doug Burgham, afirmó públicamente que había llegado a los EEUU oro por valor de U$S 100 millones procedentes de Venezuela, pero no se reveló si Estados Unidos le pagó ese monto a Venezuela.

Bajo las sanciones y bloqueos prolongados de Estados Unidos, la inflación de Venezuela se disparó un 475% en 2025, un 71% en lo que va de año y registra un aumento anual esperado del 271,6%. En abril de este año, en términos anuales, el dólar estadounidense subió un 403% frente a la moneda oficial venezolana. El nivel de vida de las clases media y baja, cuyos principales ingresos están en moneda local, fueron afectados gravemente.

Aunque el gobierno venezolano afirma utilizar parte de los ingresos de la venta de petróleo para subvencionar los medios de vida de la población debido al control estricto de parte de Estados Unidos, la actual escasez de divisas es grave y la idea de «sembrar el petróleo» no mostró resultados reales.

En 2026, Venezuela es escenario frecuente de diversas protestas y huelgas, con trabajadores industriales, profesores universitarios y otros grupos que exigen continuamente aumentos gubernamentales en salarios y pensiones. El 9 de abril, algunos sindicatos venezolanos organizaron una marcha de cientos de trabajadores activos y jubilados en la capital, Caracas, exigiendo salarios mínimos y pensiones más altos. Durante el proceso, estallaron enfrentamientos físicos con la policía y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otros medios para hacer cumplir la ley. El día 16, el Sindicato Nacional de Sindicatos de Venezuela organizo otra manifestación en la capital, con varios representantes sindicales presentando peticiones a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela respecto a estas demandas, convocando elecciones dentro del año, mayores ingresos de los trabajadores, contención de la inflación y la liberación de presos políticos.