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IMAS incumple metas en entrega de subsidio por inflación

Escrito en . Publicado en Derechos.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS- sobre la eficacia en la entrega del beneficio temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, implementado en 2022 y 2023, cuyo fin fue contribuir a la satisfacción de necesidades básicas alimentarias de hogares en condición de pobreza. La entrega del beneficio no alcanzó la meta de cobertura de hogares programada y se presentó una subejecución significativa del presupuesto asignado de ₡20.000 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Principales hallazgos de la auditoría

– Cobertura insuficiente: Se benefició un equivalente al 75% de los más de 111 mil hogares planificados. Poco menos de 27 mil hogares no recibieron el beneficio pese a tenerlo aprobado y presentando condiciones de pobreza extrema, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, o condiciones simultáneas de estas.

– Mala asignación: Un 3% de los hogares beneficiados, correspondiente a  ₡529 millones, recibieron el beneficio pese a no cumplir los criterios de otorgamiento o aspectos como: beneficiario fallecido, privado de libertad, o personas que recibieron previamente otra ayuda estatal.

– Subejecución presupuestaria: Ejecución únicamente del 77,2% del total de ₡20.000 millones presupuestados, asignados por FODESAF, dejando un saldo final no ejecutado de  ₡4.024 millones.

Puede bajar el informe completo desde el siguiente enlace: DFOE BIS IAD 0008-2024

Defensoría alerta sobre graves brechas en salud pública en la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones sobre el estado de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en la Región Brunca, identificando brechas en infraestructura, equipamiento y recurso humano que afectan el acceso y la calidad de la atención.

El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Médicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.

Esta investigación se basó en informes recibidos por parte de los cinco hospitales de la Región Brunca, la Auditoría Interna y la Gerencia Médica de la CCSS y la Dirección del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). Se realizaron entrevistas con funcionarios de la Caja, miembros de la Junta de Salud de los hospitales, autoridades del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Municipalidad de Osa. Además, se realizaron visitas e inspecciones a los hospitales de la región y a la Dirección Brunca de la CCSS.

Entre los principales hallazgos se puede mencionar el problema del recurso humano especializado, ya que todos los hospitales de la región y en algunas especialidades el servicio funciona con solo un profesional, entre ellas, ginecología, pediatría, cirugía general y anestesiología, limitando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios. Entre 2020 y 2024, la CCSS perdió a 185 médicos especialistas debido a renuncias, traslados al sector privado o disminución de jornadas.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria hay un deterioro importante, los quirófanos del Escalante Pradilla de Pérez Zeledón son pequeños e inseguros, mientras que, en el Hospital Tomás Casas, de Ciudad Cortés, hay problemas graves en el sistema de aire acondicionado y, en el caso del Hospital de Ciudad Neily el techo de la sala de shock está en condiciones críticas. En muchos de los servicios visitados, la Defensoría pudo observar problemas físico sanitarios, estructuras sin mantenimiento, espacios físicos incómodos para la prestación del servicio de salud tanto clínica como administrativa, entre otras situaciones visualizadas, fueron hechos recurrentes.

El equipamiento en los hospitales de la región es insuficiente. Solo en el Escalante Pradilla, por ejemplo, cuenta con un mamógrafo. Además, se detectó una falta de equipos básicos en varias especialidades, como incubadoras, monitores cardiacos, equipos de ventilación neonatal y dispositivos para gastroenterología. En dermatología y a junio de presente año, no contaba con un especialista asignado en toda la región, lo que obligaba a referir pacientes al Hospital San Juan de Dios en San José, aumentando los tiempos de atención. En el caso de optometría, más de 8.500 pacientes están en espera dado que ningún hospital de la región cuenta con optometrista por lo que no existe forma de depurar la lista de espera, porque el nivel primario no tiene forma de valorar pacientes.

También se detectaron deficiencias en el primer nivel de atención ya que en esta región existe un déficit de 35 EBAIS, según lo reporta la misma institución, lo que afecta la capacidad de brindar atención primaria efectiva y sobrecarga los hospitales.

Ante esta situación, la Defensoría giró una serie de recomendaciones, entre ellas, implementar un programa de formación regionalizado para médicos especialistas en la zona, asegurando que los nuevos profesionales permanezcan en la región después de concluir su formación. Para ello la Defensoría considera necesario crear incentivos multisectoriales que motiven la permanencia de los profesionales en los hospitales de la región.

También se recomendó inventariar en cada hospital la insuficiencia de equipos y priorizar mediante un proceso paulatino el equipamiento correspondiente. Otra recomendación es incorporar acciones para garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos hospitalarios. Toda acción administrativa en materia de distribución de equipos -recomienda la Defensoría- debe realizarse de conformidad con el nivel resolutivo de cada hospital y con visión en red.

También se recomienda dotar a cada hospital con equipos esenciales, como mamógrafos, incubadoras y dispositivos de monitoreo cardiaco y priorizar el mantenimiento y la modernización de los quirófanos y otras áreas críticas. Fomentar la participación de los gobiernos locales y nacionales, instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones sociales de la región, desarrollar planes de infraestructura, y otros para hacer la zona más atractiva tanto para médicos como para otros profesionales. Se solicitó apresurar los proyectos de inversión para fortalecer el primer nivel de atención con mayor cantidad de EBAIS y el fortalecimiento de servicios en red.

Finalmente, se confía en el gobierno local de Osa el liderazgo del desarrollo intersectorial que involucre los actores sociales necesarios para generar atractivos regionales que motiven la permanencia de recursos humanos en la zona.

El Estado costarricense, y todos sus sectores y la organización social civil deben desarrollar un plan de desarrollo sectorial integral, no sólo para mejorar y fortalecer el servicio que presta la CCSS, sino para mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de la población.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Guatemala: preocupan retrocesos en justicia transicional

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Las organizaciones internacionales firmantes alertamos sobre el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional, a raíz de los recientes cambios que realizó la fiscal general Consuelo Porras en la Fiscalía de Derechos Humanos, así como las recientes resoluciones de las Salas de Apelaciones que buscan garantizar impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El 5 de noviembre, la recientemente electa Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló de manera arbitraria todo el proceso judicial del caso Creompaz,  uno de los casos más grandes de desaparición forzada de Guatemala, ordenando la libertad inmediata de todos los militares implicados en el caso.  Entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, acusado de genocidio en contra de la población Maya Ixil durante el gobierno de su hermano, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

El 28 de noviembre, después de 9 meses de juicio en el Caso Genocidio contra Lucas García, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la recusación del Tribunal de Sentencia Penal presentada por la defensa, ordenando que el caso sea conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B. Esto detiene el juicio en su fase final, impidiendo la emisión de la sentencia y anulando años de avance en dicho proceso.

El 4 de noviembre, la fiscal general ya había destituido al fiscal encargado durante años del caso Genocidio, Erick de León. Recordamos que la justicia guatemalteca determinó en dos ocasiones que el ejército implementó una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt.

La fiscal general prácticamente desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos, con la destitución de 3 fiscales y el traslado de 11 auxiliares y agentes fiscales que investigaban casos del conflicto armado. Además, nombró como titular de dicha fiscalía a Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien es una de las personas incluidas en la Lista Engel, y ha sido el principal impulsor de la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra, así como de otras personas defensoras de derechos humanos.  Preocupa que la fiscalía general profundice la estrategia de criminalización en contra de personas operadoras de justicia que han estado a cargo de dichos procesos, abogados, abogadas y personas defensoras.

Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que debilitan el Estado de Derecho y la democracia en el país.

Por ello recordamos al Estado de Guatemala, la urgencia de cumplir de forma inmediata con sus obligaciones internacionales, particularmente las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al deber de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además, hacemos un llamado al Estado para que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente la que se refiere a realizar un examen independiente sobre la labor del Ministerio Público y que cese el uso indebido del derecho penal para criminalizar.

FIRMAN

American Friends Service Committee (AFSC)
American Jewish World Service (AJWS)
Be Just
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Fundación Luis von Ahn
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Impunity Watch
Latin American Working Group (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)

Colper se pronuncia ante reestructuración del SINART

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Solicitan independencia política, respeto laboral y transparencia

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) se pronunció este miércoles 18 de diciembre, sobre cómo debe llevarse a cabo la reestructuración anunciada para el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

El Colper enfatizó en que la reestructuración “deberá realizarse garantizando la independencia de los medios públicos, el cumplimiento de su Ley Orgánica, y en estricto apego de la normativa laboral que garantice el respeto de los derechos de las personas colaboradoras, así como también la transparencia en el manejo de los recursos estatales”, según se lee en el documento público.

“Los medios estatales juegan un papel crucial en la promoción del debate plural y la garantía del derecho a la información. Por lo anterior, cualquier reforma debe priorizar la autonomía del SINART y evitar los abusos que históricamente han comprometido su credibilidad”, expresaron desde el Colegio de Profesionales en Comunicación.

Además de solidarizarse con el personal que ha perdido su empleo debido a esta reestructuración y clamar por su derecho a ser informado del proceso que está viviendo, el Colper solicitó cuentas claras y transparencia con el uso de los fondos extraordinarios aprobados para el SINART: ₡600 millones para compra de equipos, ₡1.000 millones para la reestructuración y ₡350 millones destinados al pago de salarios y aguinaldos en 2024. 

“Desde la Junta Directiva hicimos las consultas pertinentes a las autoridades del SINART y exhortamos a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para que, a través de nuestra representante en el Consejo Ejecutivo, abogue porque el proceso de reestructuración cumpla lo establecido en la Ley General de Control Interno N.º 8292, la cual exige que cualquier modificación estructural en una institución pública esté debidamente justificada, con una evaluación técnica que considere los riesgos, la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó el Colper.

SEC celebra fiesta para niños en Sulá con espíritu de solidaridad y alegría

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El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), fiel a su compromiso social y solidario, realizó una alegre celebración navideña para los niños de la comunidad de Sulá. Esta actividad, liderada por el Directorio Ejecutivo Nacional, es una tradición que permite llevar sonrisas y espíritu navideño a zonas rurales con difícil acceso.

La fiesta no solo brindó momentos de felicidad y esparcimiento para los más pequeños, sino que también reflejó los principios fundamentales del SEC: compromiso, solidaridad y apoyo a las comunidades que más lo necesitan.

Este tipo de iniciativas destacan la importancia de la proyección social del sindicato y refuerzan el lazo con las comunidades educativas del país. En un ambiente lleno de juegos, dinámicas y sorpresas, los niños y sus familias pudieron disfrutar y sentir el verdadero espíritu de la Navidad.

El SEC continúa trabajando para llevar alegría y apoyo a cada rincón de Costa Rica, reafirmando su compromiso con una educación y una sociedad más inclusiva y solidaria.

Llamamiento: El Mundo quiere Paz ¡¡No una Guerra Nuclear!!

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En el marco de los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las personas y organizaciones que firmamos esta declaración queremos expresar lo siguiente:

1 – Nuestra máxima preocupación ante el peligro y la posibilidad de una guerra nuclear la que se ha seguido incrementando con la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha autorizado a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia.

2 – Como hemos expresado anteriormente llamamos a un alto al fuego a los países de Ucrania y Rusia, donde están activamente involucrados los Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN, y los instamos a todos, incluido los EEUU y la OTAN, a sostener negociaciones de paz que logren de manera definitiva el fin de las hostilidades y lograr acuerdos para afirmar el derecho de todos los países del mundo a la paz y a una seguridad común que nos aleje del peligro de una guerra nuclear.

3 – La posibilidad de una guerra nuclear  no sólo afectaría a Ucrania o Rusia sino posiblemente a toda Europa y a los mismos Estados Unidos donde, además, todo el mundo se vería afectado por el “invierno nuclear”, la contaminación radiactiva y otras graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.

4 – La posibilidad de una guerra nuclear es real si sigue la escalada y las hostilidades entre EEUU, la OTAN, y Rusia lo que ha llevado a los gobiernos de Noruega, Suecia, y Finlandia a distribuir  folletos a sus ciudadanos, instándoles a prepararse para lo peor; la posibilidad de una guerra directa de la OTAN y Rusia.

5 – Los Científicos Atómicos señalaron este 2024 que «Hoy hemos vuelto a poner el Reloj del Juicio Final a 90 segundos de la medianoche porque la humanidad sigue enfrentándose a un nivel de peligro sin precedentes. Nuestra decisión no debe tomarse como una señal de que la situación de la seguridad internacional ha remitido. Por el contrario, los líderes y los ciudadanos de todo el mundo deben tomar esta declaración como una dura advertencia y responder con urgencia, como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna. Porque bien podría serlo». «El Reloj del Apocalipsis, o Reloj del Juicio Final, es un Reloj simbólico que indica lo cerca que está la humanidad de la aniquilación total».

6 – En la última década, hemos sido testigos del aumento significativo del presupuesto para el desarrollo y la mantención de las armas nucleares por parte de los Estados Unidos que también ha abandonado el Tratado de Antimisiles Balísticos, el Tratado de Cielos Abiertos, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, y el Acuerdo con Irán, que han sido pilares muy importantes para el control del armamento nuclear. Las hostilidades entre los países también han incidido a que Rusia, China, y Corea del Norte, entre otros, incrementen o mejoren su arsenal nuclear.

7 – El peligro es real, todos estamos en peligro, por lo cual quienes firmamos esta declaración exigimos a los líderes del mundo, a la ONU, a los gobiernos, especialmente a los Estados Unidos, a realizar esfuerzos sinceros para poner fin a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, mediante negociaciones y medios pacíficos, y avanzar en una agenda para el desarme y la eliminación de las armas nucleares lo más pronto posible.

Finalmente, en este mundo con tantos peligros, saludamos el ejemplo que da la organización japonesa Nihon Hidankyo, supervivientes de la bomba atómica, que este 2024 recibió el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares”.

Atentamente,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile
Casa del Caribe- Inc. Barahona, República Dominicana
Cádiz por la Noviolencia, Cádiz, España
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc
Comité Óscar Romero, SICSAL-Chile
Centro Óscar Arnulfo Romero, Cuba
Comité Óscar Romero de Valladolid, España
Comité Solidaridad Óscar Romero de Barcelona, España
Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile
Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil
Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos
Coordinadora Latinoamericana de solidaridad en Bélgica
Corporación 3y4 Álamos, Chile
Corporación La Serena Dieciséis de Octubre, Chile
Corporación Sentipensar Centro de Pensamiento para el Buen Vivir, Colombia
Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América
Fundalatin, Venezuela
Fundación Pueblo Indio, Ecuador
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. / Red InterUniversitaria por la Paz REDIPAZ, Colombia
Grupo Solidair met Guatemala, Bélgica
International Peace Bureau (IPB); Internacional/Alemania
Mesa Ecuménica por la Paz, Colombia
Mundo sin Guerras-Cádiz, España
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAW-Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
SERPAJ, Paraguay
SICSAL, República Dominicana
SICSAL, Región Caribe
SOS Ribagorza, España
UNIÓN BICENTENARIA DE LOS PUEBLOS UBP-CHILE

Firmas individuales: Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP-Chile; Stella Calloni, periodista, Argentina; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Ricard Sánchez Andrés, España; Pablo Ruiz, periodista, SOAW-Chile; Mariella Tapella, El Salvador; Hildelis Preciado, México; Maria Gabriela Vargas Anguita, Chile-España; Alejandro Pardo Alfaro, Colectividad Árabe Palestina, La Serena, Chile; Amparo Beltrán Acosta, CEPALC; Fernando Castillo, Chile; Marcela Zamora Cruz, coordinadora, Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Aurora Marinero, España; Fernando Rule Castro, Argentina; Suy Wong, Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica;Ixa Garnika Aizkorbe, Euskal Herri; Julio Yao, Presidente Honorario y  Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Antonio Bentue, Fraternidad laica de Hermanos de Foucold, Chile; Julin Acosta, República  Dominicana; José Fonseca Pereira, Investigador en Educación, Venezuela;Elvira Villanueva, España; Andrés Figueroa Cornejo, Chile; Diego Balvino Chavez Chaves, Colombia; Bernardo Reyes, Chile; Mateo de Bea, Chile; Maria Jara, Bélgica; Carlos Montufar Talavera, Suecia; Salvador López Arnal, España; Paco Palomo Aragón, Cádiz, España

Puede dar su apoyo con su firma individual y/o de su organización en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/12eUPeIoD9SwHNc3w9p7w_zvwj-rxAE3VtWUGZ8Mj-Nw/preview

Foto de Referencia

Publicado en: https://www.derechoalapaz.com/llamamiento-el-mundo-quiere-paz-no-una-guerra-nuclear/

Inauguración del mural Mosaico Internacional Artístico Infantil

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El próximo 5 de enero de 2025, a las 9:00 a.m., en Plaza Máximo Fernández, conocida como Plaza Roosevelt en San Pedro, se llevará a cabo el cierre de la III Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia con la inauguración del mural Mosaico Internacional Artístico Infantil Cultura de Paz 2024-2025. 

Conformado con más de 500 obras de arte procedentes de varios países, es un esfuerzo que simboliza la unión y el compromiso con estos valores universales. La iniciativa ha contado con el apoyo de ASART, una organización sin fines de lucro que promueve diversas modalidades de arte como herramientas para la transformación social, la construcción de la paz, el desarrollo del potencial humano y la sostenibilidad; la cual ha contribuido mediante la impartición de clases, donación de materiales de arte y la participación de voluntarios en colaboración con INARTES Costa Rica.

Este movimiento invita a toda la ciudadanía a ser parte de una jornada que celebra el arte como herramienta transformadora y promotora de paz en el mundo.

Le invitamos a ver el video con información de la actividad mediante el siguiente enlace:

Defensoría: Hospital de Golfito tiene 57 camas para 45 mil habitantes adscritos

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Urgencias en recurso humano y equipamiento

El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

Es un hospital con imposibilidad material de crecimiento, debido a que está dentro de un área protegida, trabaja al máximo de su capacidad y dichas camas son destinadas para la atención general de los pacientes que requieren internamiento y en especialidades específicas como ginecología, obstetricia y pediatría.

Se dispone de un terrero para construcción futura que tiene todos los estudios técnicos y está listo para compra, pero requiere ser llevado a Junta Directiva de la CCSS para ser declarado de interés institucional.

En cuanto a especialidades médicas, el centro solo tiene un profesional por especialidad, situación que complejiza el desempeño de cada una, por ejemplo, en el caso de anestesiología, el especialista asume cirugías de todo tipo y otros procedimientos que lo requieren, lo que dificulta su incidencia en la resolución cuantitativa de casos. El hospital no cuenta con Medicina del Trabajo, Medicina Familiar, Optometrista, Audiólogo, Odontología General Avanzada, Hospital de Día y es urgente dos anestesiólogos, dos radiólogos y un odontólogo General.

En materia de equipamiento no hay mamógrafo. También se requiere de otro ultrasonido ya que el equipo es usado por el anestesiólogo para guiar algunos procedimientos en razón de la seguridad del paciente y también es necesario para el cumplimiento de la función ordinaria.

En materia de recurso humano, para la atención del parto humanizado no disponen de enfermera obstetra, únicamente la que está en hospitalización. Toda la demanda de profesionales en enfermería se cubre con tiempo extraordinario y el 60% de éste se usa en traslados y cubrir los turnos desprovistos del recurso humano. En términos generales, se tiene un déficit de 23 profesionales. Paralelo a que existen varios programas como la clínica de heridas, mamas, lactancia materna, plan de alta hospitalaria, entre otros, que requieren la conducción de un profesional en enfermería y que actualmente están recargados. No hay servicios docencia, ni de salud mental.

En materia de listas de espera actualmente el Hospital de Golfito, resuelve pacientes de gastroscopías del Hospital Fernando Escalante Pradilla que le brinda 10 espacios para pacientes hospitalizados. El servicio de nutrición es el que presenta la lista de espera más alta, con 912 personas en espera con 859 días como plazo. La Clínica de Mamas con 283 y ginecología con 311 pacientes pendientes.

En el servicio de Emergencias faltan al menos tres profesionales. Normalmente se hacen cargo del servicio de inyectables, observación, recuperación y preclasificación. Se tuvo que cerrar el servicio de pre-observación porque no había recursos disponibles.

CGR: “CCSS no le cobra al Estado montos millonarios”

Escrito en . Publicado en Derechos, Portada, Salud.

De acuerdo con un comunicado de la Contraloría General de la República, una auditoría realizada tuvo como objetivo determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.

El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB, aproximadamente, y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad.

Conclusiones de la auditoría

Se determinó que la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, en los términos establecidos en los criterios de la presente auditoría:

La CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado en el período 2020-2023 lo que significa que dejó de cobrar ¢1,62 billones del total del monto facturado (¢2,89 billones) en ese período, lo cual ha generado que el remanente se acumule en el tiempo y genere intereses moratorios (¢323.557,66 millones en ese periodo).

Existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023; entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado”, sobre el cual la CCSS no ha recuperado los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones.

La CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable; no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia.

No implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2.03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto.

Ver página 18 del informe:

«Al Lic. Gustavo Picado Chacón en su calidad de gerente financiero o a quien en su lugar ocupe el cargo.

4.4. Actualizar e implementar el Procedimiento para la Gestión de las deudas del Estado con la CCSS para que se incluya lo siguiente: definición de roles y responsabilidades de las unidades que intervienen en determinar montos a facturar, el plazo del trámite de cobro, el momento de registro de la cuenta por cobrar, el momento de rige en la suma de intereses y las actividades de control que aseguren el cobro de las obligaciones del Estado por la vía administrativa, y de no recuperar los recursos proceder al cobro judicial, aplicable a todos los conceptos que la CCSS cobra al Estado. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General:

  1. A más tardar al 30 de junio de 2025, una certificación que haga constar la actualización del procedimiento señalado.
  2. A más tardar el 31 de octubre de 2025, una certificación que acredite su implementación».

El informe completo está disponible en el siguiente enlace: DFOE BIS IAD 00009-2024