Hasta el día de hoy, Betty Cuthbert ha sido el único ser humano capaz de ganar el oro en las tres pruebas de velocidad individuales que se disputan en los Juegos Olímpicos. Nadie ha conseguido tamaña hazaña salvo ella. Esta es su apasionante biografía.
Elizabeth «Betty» Cuthbert nació el 20 de abril de 1938 en Ermington, un suburbio de Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia.
Betty Cuthbert tuvo una hermana gemela, junto a otros dos hermanos, y su infancia fue feliz. Años después declaró: “Mis padres siempre me alentaron y tuve una buena vida familiar. Siempre nos enseñaron a respetar las cosas y a otras personas”.
Tras asistir a la Escuela Pública de Ermington y a la Escuela secundaria, Cuthbert empezó a trabajar en una guardería e inició su relación con el atletismo, el deporte que la encumbraría a la gloria. Sus entrenamientos se endurecieron rápido y los resultados no tardaron en llegar.
El 16 de septiembre de 1956, con tan solo 18 años, Betty Cuthbert pulverizó la plusmarca mundial de los 200 metros, con un registro de 23,2 segundos, y se convirtió en una de las grandes favoritas para los Juegos Olímpicos de Melbourne de ese mismo año.
Pocas semanas después de su primera gran gesta, Cuthbert no defraudó y, en los Juegos celebrados en su país, consiguió ganar la medalla de oro olímpica en las pruebas de 100 metros, 200 metros y relevo 4×100 metros. Un triple oro olímpico histórico.
En la final de 4×100 metros, la velocista australiana además logró una nueva plusmarca mundial.
Cuatro años después, tras conseguir nuevos logros y plusmarcas, Cuthbert volvió a participar en unos Juegos Olímpicos, los de Roma de 1960, en los cuales tuvo mala suerte. Una inoportuna lesión en la eliminatoria de los 100 metros, obligó a Betty a decir adiós a la competición sin cumplir ninguno de sus objetivos. Un golpe que, sin embargo, sirvió para que la atleta se creciese.
En los siguientes Juegos Olímpicos, los de Tokio de 1964, Cuthbert así pues se vengó de lo ocurrido y, ante un público entregado, volvió a ganar una medalla de oro. Su cuarto oro olímpico. Ganó los 400 metros lisos con un tiempo de 52 segundos.
Con esa nueva medalla, Betty Cuthbert dejó dos récords extraordinarios para la posteridad. El de único ser humano capaz de ganar el oro olímpico en las tres pruebas de velocidad individuales que se disputan en los Juegos. Y el de único ser humano ganador de esos tres oros olímpicos y el de la prueba de relevo 4×100 metros. Hasta hoy, ningún hombre o mujer ha superado ninguno de esos dos registros. Tras su última gesta, Cuthbert se retiró de la competición.
Ya en 1969, los médicos le diagnosticaron a la exatleta esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa. Y, a pesar de eso, esta continuó realizando actividades ligadas a causas humanitarias, entroncadas con movimientos de cristianos progresistas. Cuthbert se convirtió en una defensora comprometida de su enfermedad y en una activista incansable en la concienciación de la sociedad sobre la misma.
En el año 2000, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sídney, Betty Cuthbert fue una de las portadoras de la antorcha olímpica y, en el 2012, ingresó en el Hall of Fame de la IAAF, la federación internacional de atletismo. Un reconocimiento importante que redondeaba otros anteriores como el de la MBE (Most Excellent Order of the British Empire), es decir la Orden del Imperio Británico, que recibió en 1969.
Betty Cuthbert murió finalmente el 6 de agosto del año 2017, con 79 años de edad, en Mandurah, Australia. Y, al día siguiente de su fallecimiento, la organización del Campeonato Mundial de Atletismo de Londres le dedicó un merecido minuto de silencio.
Después de enterarse del fatal desenlace, la australiana Cathy Freeman, campeona olímpica y mundial de los 400 metros, afirmó acertadamente sobre ella: “Betty ha sido una inspiración. Estoy muy feliz de haber conocido a un modelo a seguir tan extraordinario”.
Marlene Mathews, doble medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 en los que Cuthbert logró tres oros olímpicos, añadió: “Nunca he conocido a nadie que tuviera tanta fe y determinación. Fue esa fe la que la mantuvo en pie durante tanto tiempo y en los momentos más difíciles”.
Poco más se puede decir sobre la gran campeona Betty Cuthbert, el único ser humano que ha sido capaz hasta el presente de ganar el oro olímpico en las tres pruebas de velocidad que se disputan en los Juegos y de añadir además el oro en el relevo 4×100 metros, salvo quizás un deseo de que su memoria permanezca entre nosotros. De que su memoria no se olvide. Parece evidente que así será.
Según la noticia que circula hoy en los diarios, el Gerente de Pensiones de la CCSS don Jaime Barrantes, denuncia que este año tuvieron que tomar 222 mil millones de cólones, ¡casi nada!, correspondientes a los intereses de la reserva de pensiones de la Caja, lo que incrementa la gravedad del régimen de pensiones a cargo de esa institución.
¿Y por qué tuvieron que llegar a esa decisión extrema para pagar las erogaciones de este año? Por una sencilla razón: el ministro de Hacienda no giró, ni un solo céntimo, de las obligaciones que tiene el gobierno con la Caja en este tema. Y de remache, el todo poderoso ministro desde su trono hacendario, también se retiró de la mesa de diálogo sobre pensiones, porque en ella se discutía un proyecto presentado por don Rodrigo Arias y no el que él y el gobierno del autócrata al que sirve como asustado cervatillo guanacasteco, habían presentado. Entonces hizo lo de los güilas malcriados y caprichosos… agarró la bola y se fue para donde Papi, y paró la mejenga, y no digo partido, porque con este gobierno del pichón de autócrata solo hay mejengas, todos contra todos.
Pero lo sucedido es muy grave, sin embargo, ojalá sirva para que acabe con el servilismo mental que todavía consume a muchos compatriotas que apoyan a este desgobierno; pues lo que han puesto en sumo peligro es su salud de hoy y su bienestar de mañana con su pensión. Todo porque el “DesChaves“ presidencial quiere privatizar la CCSS base fundamental del Estado Social de Derecho que también quieren destruir… despierte costarricense, ¿o morirá dormido?
Y Don NOgui, ¿donde dejó usted su conciencia social? No sé si en algún rincón de la cantina familiar allá en Tamarindo o como tasajo seco de cecina al estilo guanaco, en algún potrero de la pampa… pero la insensibilidad, pedantería, altanera e ignorancia de este ministro está matando la sociedad equilibrada y justa que caracterizó a Costa Rica, que si no era perfecta, era mucho mejor que los escombros que nos dejará el chavismo.
La doctora Tania Jiménez, a cargo de la dirección del Hospital Calderón Guardia explica la realidad actual sobre el edificio de odontología.
Comenta que el edificio se inauguró en 1930, y que desde 1997 existen actas en donde los funcionarios sindicales y en conjunto de la gerencia médica se reúnen para ver que hacer en cuanto a las órdenes sanitarias del momento. Actualmente existe una orden sanitaria de 140 puntos, de los cuales más de 50 puntos son imposibles de cumplir porque la infraestructura no soporta arreglos o modificaciones.
En este sentido, la doctora Tania Jimenéz, menciona que lo que se requiere es que el edificio ya no solo sea modificado, sino reconstruido en su totalidad. Por otro lado, el problema burocrático ha hecho de las suyas dado que se les comunicó que salieron del portafolio de proyectos, sin embargo, los órganos sindicales a nivel local y la administración del hospital iniciaron una lucha para que este fuera incluido de nuevo, se supone que después de eso les volvieron a incluir en el portafolio con una prioridad 4, pero no se ha certificado eso.
Se ha propuesto que mientras tanto se haga un alquiler, pese a que se hizo un estudio de mercado, no se encontró con un edificio que cumpla con todas las características requeridas, asimismo, el 2 de diciembre funcionarios del ministerio de salud les comunicaron un cierre total, una orden sanitaria que por primera vez se aplica de esta manera.
Es por esto que las autoridades del HCG desarrollaron el plan de contingencia, en donde se iniciaron una serie de evaluaciones de distintas áreas del hospital para determinar cuales podrían ajustarse y cuáles no. De esta manera se tomó la decisión de que iban a habilitar en el sexto piso de la torre este el servicio de odontología.
Por otro lado, Arturo Abarca y Carlos Abarca, dirigentes de UNDECA señalaron que tanto el personal de odontología como el administrativo han colaborado “con la institución y con los costarricenses”. Exigen a la junta directiva de la CCSS que demuestre en qué posición está en el portafolio de proyectos esta construcción. Asimismo se exige al gobierno que pague la deuda histórica que hay con la CCSS.
En un contexto nacional donde el manejo del recurso hídrico está siendo replanteado mediante la propuesta de ley N.° 23.511, la Municipalidad de San Isidro de Heredia ha analizado cuidadosamente el impacto que este proyecto podría tener en la protección ambiental y en los derechos de las comunidades. Como resultado, en sesión ordinaria, acordó manifestar su oposición al proyecto titulado “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. La moción fue presentada por el regidor Sergio Ortíz Pérez.
Este acuerdo se tomó tras revisar y analizar el contenido del proyecto, el cual, aunque introduce mejoras relacionadas con sanciones por contaminación, también plantea varios artículos preocupantes que podrían representar retrocesos en la protección ambiental y del recurso hídrico.
Entre los puntos de preocupación destacados, se encuentra la alteración de las funciones actuales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), según lo propuesto en el artículo 3, inciso “ch” de la Ley N.° 6877. Con el cambio, se eliminarían todas las funciones relacionadas con la investigación, protección y fomento del recurso hídrico, las cuales pasarían a ser competencia de un nuevo ente llamado Dirección Nacional de Aguas (DINA), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), creado por este proyecto de ley.
Asimismo, el cambio propuesto afecta el inciso “h” del mismo artículo, delimitando las funciones del SENARA en cuanto a decisiones relacionadas con la perforación de pozos y la explotación, mantenimiento y protección de las aguas. Estas decisiones, que actualmente son definitivas y de acatamiento obligatorio, dejarían de tener ese carácter. Además, las funciones transferidas al DINA tampoco serían definitivas ni obligatorias. Esto implica pasar de un ente autónomo con personería jurídica propia, como es el SENARA, a una dependencia directa del MINAE, que tiene un carácter político. Dicho traslado de competencias afectaría el sistema de pesos y contrapesos actualmente vigente en la gestión del recurso hídrico.
Otro aspecto abordado fue la creación del “canon del recurso hídrico”, que tendría como objetivo financiar la creación y mantenimiento de la DINA. Este punto generó cuestionamientos debido a la situación presupuestaria actual del país.
Finalmente, se analizó el artículo 23 del proyecto de ley, en el que se identificó una posible regresión ambiental. Esto se debe a la modificación propuesta para la medición de las áreas protegidas de las nacientes permanentes, que podría derivar en interpretaciones ambiguas y excepcionales, afectando la protección de estas áreas.
Por ello, la Municipalidad de San Isidro de Heredia invita a la ciudadanía a informarse y a descargar el texto completo del proyecto de ley, expediente N.° 23.511, para que puedan analizarlo y participar activamente en el debate sobre este importante tema.
Rosario, recuerdo como la conocí en casa de mis padres, Profesor Edelberto Torres Espinoza y mi madre, Marta Rivas F. en San José de Costa Rica a finales de la década del 70 del siglo pasado, creo, ya cercano al triunfo de la Revolución Sandinista, que llevaba años luchando, derramando sangre de jóvenes, campesinos y estudiantes humildes contra la tiranía somocista.
Usted sabía que el triunfo estaba cerca ,pues junto a usted estaba ya su actual consorte Daniel Ortega que había estado preso nueve largos años y había sido liberado por el Comando de Elite del grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional aquella memorable Navidad de finales de los 60, cuando en casa del amigo del tirano Tacho Somoza, Chema Castillo, celebraban la Navidad con finos whiskeys, champagne, carnes sazonadas con exquisiteces esta fiesta de origen Cristiano y de pronto entre el bullicio de alegría y música que había en el elegante comedor decorado con primor y arte se oye la voz varonil del compañero Hugo Torres que decía: ¡Quietos, todos están detenidos, no se muevan si quieren conservar sus vidas! Y el grupo de chavalos temerarios que lo acompañaban detienen al dueño de la casa, Chema Castillo, y al Embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, salen a la cochera y los empujan a que monten el Cadillac negro, con placa Diplomática, ordenan al chofer dirigirse a tal dirección, lejos del lugar y es allí donde se comunican con el presidente Somoza para anunciarle lo sucedido y empezar los trámites de la liberación de su petición, en un tiempo concreto, en caso de no ceder, ambos rehenes serían ejecutados.
Lo planificado fue exitoso y al dar las noticias las distintas agencias internacionales el nombre de la guerrilla nicaragüense fue conocida por todo lo grande. El ánimo del pueblo, de los combatientes tanto en Nicaragua como internacionalmente fue enorme.
Pero ahora, volvamos a casa de mis padres allá en San José de Costa Rica. La visita de Daniel y usted al hogar de los Torres-Rivas era que les permitiera leer documentos de Sandino y cartas de Carlos Fonseca Amador, pues Rosario pensaba tempranamente ya en la fundación del Archivo histórico sandinista.
Papá con la generosidad innata que siempre lo caracterizó le mostró el archivo. Allí estuvo ella leyendo y cuando hubo terminado sacó varias cartas y documentos que le interesaron y los guardó. Mamá quedó pasmada al oír lo que Rosario le decía a papá: me llevo esto, lo considero utilísimo, abrió su bolsa y guardó el fajo de cartas.
El 22 de agosto de 1978 fue tomado el Palacio Nacional por diez valerosos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí Edén Pastora se llenó de gloria internacional como el Comandante Cero, pues cada uno de los participantes tenía un número. Desgraciadamente 40 años después siendo ya Daniel un traidor, Edén se unió a él y en 2018 disparó a los jóvenes estudiantes que protestaban en las primeras manifestaciones por una causa justa, lo que causó muertes y dejó ciegos a muchos de estos jóvenes. Un año después Edén “murió de Coronavirus” en el Hospital Militar de Managua.
En ese ataque al Palacio Dora María Téllez, No 2 dichosamente viva, digna y valiente, después de haber estado dos años en prisión en condiciones indignas por orden de ustedes dos sigue demostrando con hechos el amor a su patria y a su pueblo.
En los albores del triunfo, otro sector de la sociedad los músicos y cantantes Carlos, su grupo Los de Palacagüina y Luis Mejía Godoy cosechaban premios y aplausos en España, daban a conocer las heroicidades de los chavalos del Frente Sandinista; los escritores, poetisas, como quizá las más relevantes, Gioconda Belli, Vida Luz Meneses, QEPD. Cantaban a los muertos y a los vivos. Hubo niños como Luis Alfonso Velásquez de tan solo diez años, vendedor de periódicos que por anunciar un crimen somocista, un chofer con su camión se le fue encima y lo aplastó, ahora un parque infantil lleva su nombre y así, aún vive en la memoria colectiva.
Quiero hacerle varias preguntas Rosario, usted por múltiples razones tiene más remembranzas que yo de lo que fue la epopeya del triunfo de la Revolución, y lo que significó para nuestra América Latina. Su actual consorte Daniel Ortega sin haber participado en ningún combate, llegó a ser presidente de Nicaragua, y lo fue por la estrategia guerrerista de Humberto Ortega, QEPD su hermano el cual ustedes enviaron a la muerte el 30 de septiembre del 2024.
Rosario, usted desde su temprana adolescencia tuvo deseos, metas y todo lo ha cumplido, de ser madre a los 16 años, de casarse en la nueva Catedral y ser bendecida por el Cardenal monseñor Obando y Bravo, furibundo crítico del verdadero sandinismo. Usted transformó el orden de la Naturaleza de las calles de Managua, “sembrando árboles de hojalata” rosados, amarillos, azules, etc. iluminados con luces artificiales “en las soleadas avenidas tropicales, cortando bellos árboles naturales que vierten sus racimos de flores como pequeños chorros de flores amarillas, -caña fístola- otros como los flamboyanes con llamas de flore, otros color de rosas pálidas.
Cambiaste el color rojo y negro de la bandera de Augusto C Sandino por un rosado chicha.
Muchos queremos que no utilices como Partido, más el nombre del noble héroe, Augusto C. Sandino, pues del verdadero sandinismo no queda nada. Además, Sandino fue un hombre valiente y sin tacha. Ahora es la tiranía Ortega-Murillo con innovaciones tiránicas novedosas, que nunca antes fueron usadas por los múltiples tiranos que ha padecido nuestro continente, como la de quitar la nacionalidad a los connacionales que discrepen de sus ideas y otras aberraciones que has inventado, ahora plasmadas en la nueva Ley 761.
Tengo en mis manos el Programa Histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como la herencia programática de Sandino y presentado al pueblo nicaragüense en 1969. Lo hojeo y en el capítulo IV, Legislación Laboral y Seguridad Social, acápite 5 “abolir los despidos injustificados.
Ustedes han sido capaces de mandar a la cárcel a sus jueces de la ley, serviles a sus mandatos como Zoila Luz Ramos, Yadira Centeno, a militares fieles igualmente serviles y asesinos como el señorito Bayardo Arce, Lenin Cerna y otros. Y son cientos de empleados que han enviado al “descanso obligado” por ustedes. Unos se han marchado al vía crucis de la emigración, otros a la miseria continua.
Rosario, acordate que tenés muchos hijos, nietos y estos seres van a cargar con parte de tu Karma, yo te pido en nombre de miles de nicas, hombres, mujeres, campesinos, obreras, ricos y pobres, que ambos renuncien convoquen a elecciones en paz que no haya mas sangre, odio, rencor en nuestra nicaragua.
Nicaragua es un pueblo que tiene más de medio siglo de no estar en Paz, llegó el triunfo y antes del año la “contra ayudada por Estados Unidos” continuó el baño de sangre y ahora ya van cerca de diez años en que se vive con miedo. Tomen consciencia de cada decisión que toman los dos, todas las lágrimas derramadas, las angustias, que han hecho sufrir a la sociedad entera, todo recaerá en ustedes dos y a todos los lacayos serviles que utilizan para llevar a cabo sus injustas fechorías.
Recuerdo que fuiste seguidora del Gran Maestro de la India, Sai Baba, ¿Por qué te alejaste de sus enseñanzas? Ahora has entrado a las cavernas del mal Quiero cerrar esta carta con las palabras de este mismo Avatar:
“crean que todos los corazones están motivados por el mismo y Único Dios. Que todos los nombres en todos los idiomas, y todas las formas que el hombre pueda concebir, representan al mismo y Único dios. Para adorarle mejor se le adora por medio del Amor. Este es el mensaje que deseo tomen en sus corazones. Empiecen el día con Amor –llenen el día con Amor- Este es el camino hacia Dios y hacia la Paz
*Algún lugar del Planeta, 13 de diciembre del 2024
Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.
Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”
Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.
Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.
Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.
¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!
Con profunda tristeza los costarricenses se enteraron del IV Foro Anual Latinoamericano contra el Antisemitismo en San José en noviembre. Sí, muy tristemente, ha habido un aumento del antisemitismo desde el comienzo de la guerra en Gaza, y además es global. En Estados Unidos solamente, el antisemitismo ha aumentado 400%.
¿Se les ocurre a los judíos de todo el mundo a quién responsabiliza este agresión contra ellos?
Cuando Israel sufrió el ataque el 7 de octubre 2023, Netanyahu contestó con un genocidio de toda la población de Gaza, de residentes en un campo de concentración abierta, mal nutridos, con poco agua y electricidad, desempleados, un genocidio de hombres, mujeres, niños, hasta de bebes en brazos.
El mundo le dio cuenta por televisión, por posteo en YouTube, por medios sociales, del primer genocidio televisado en la historia.
¿Se le ocurrió a Netanyahu que las consecuencias iban a rebosar no solo en contra de él y en contra de Israel, sino en contra de los judíos en todo el mundo?
Eso es sin mencionar la islamofobia que ha aumentado globalmente desde al ataque a los torres en Nueva York en 2001. Además de ataques a civiles árabes y musulmanes, el oeste ha arruinado 7 países enteros, o árabes o musulmanes: Libia, Somalia, Iraq, Afganistán, Siria, Palestina y ahora Líbano.
Muy trágicamente, ese odio no va a parar en el Medio Oriente por ahora. Con la elección del rey de odio como presidente de EUA, la violencia solo va en aumento.
Imagínese si Abraham, Mohammed y Jesús regresan ahora, en pleno siglo 21. Van a ver que sus consejos de paz y amor al vecino no servían al Medio Oriente para ellos. Van a ver la decisión de la Corte Penal Internacional de arrestar a Netanyahu.
Asamblea realizada en la Casa de Cultura Las Jarillas, Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2024.
Con un gran Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra por la Paz en el mundo, como pueblos originarios ancestrales nos unimos contra este modelo imperialista, que nos impone guerras mediáticas, jurídicas, políticas, económicas, tecnológicas y con la seria amenaza de convertirla en una guerra nuclear, que destruiría nuestra forma de vida colectiva y podría suponer el fin de nuestra existencia como especie humana.
Nos reafirmamos como un espacio colectivo y de dialogo para seguir encontrándonos como pueblos hermanos que vivimos realidades similares; ante las cuales, constituimos como tarea de primer orden la necesidad de continuar uniendo nuestras voces por la defensa de la vida, de nuestros bienes naturales, de nuestros cuerpos y territorios contra la ocupación, genocidio, saqueo y destrucción que el sistema capitalista, colonialista, imperialista, patriarcal y racista nos impone.
Históricamente hemos aprendido a enfrentar la violencia estructural con una oposición firme expresada desde formas de vidas comunitarias, solidarias, de cuidados colectivos, de saberes arraigados a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Lo cual ha permitido fortalecer los procesos de resistencia y lucha de manera creativa y permanente.
Basta de violaciones a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos, no más impunidad, alto a las masacres y a los genocidios, fuera el militarismo y paramilitarismo de nuestros territorios.
La militarización es la imposición por la fuerza, es el medio que utilizan los Estados Unidos y la OTAN entre otros de sus aliados, para imponer su hegemonía, evitar el libre desarrollo de los pueblos y contener a los movimientos sociales que se resisten a estos fenómenos generados por la guerra. También y de manera brutal contribuyen a la destrucción ecológica en todo el planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifestamos una vez más nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la defensa y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos, como un instrumento vital para nutrir la solidaridad, la sororidad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz.
Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana y hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.
Queremos vivir en paz desde América Latina hasta Palestina y todos los territorios del mundo, esto significa avanzar en la construcción de sociedades justas, guiadas por la solidaridad, y plenas en sus capacidades para desarrollarse libres y soberanamente.
Nuestro continente, debe ser un territorio de Paz, libre de bases militares y de armas nucleares, desde el Observatorio siempre defenderemos las banderas de la Unidad y la integración del Abya Yala.
Nuestro modelo es por la vida, la colectividad, el dialogo, el respeto a nuestra Madre Tierra. Una paz con justicia social, dignidad y libertad.
Libertad a todas las prisioneras políticas y políticos del mundo. Todas las personas que habitamos este planeta tenemos derecho de vivir en PAZ. ¡Si a la Paz!, ¡No a la guerra!.
Alzamos nuestras voces y decimos que los pueblos queremos vivir en Paz, queremos que nuestros territorios sean espacios de paz y armonía con la naturaleza.
¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina y Líbano!
El movimiento Unidos por la Caja convoca a una marcha este próximo lunes 16 de diciembre en defensa de la salud pública y con el objetivo de manifestarse a favor de la justicia salarial y en contra de la privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
A partir de las 5pm iniciará la manifestación desde el Parque de la Merced culminando en la Plaza de la Justicia.
¡En defensa de la salud de Costa Rica! Le invitamos a ver el video:
Por: Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informedel Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informede la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este próximo 10 de diciembre, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, hechas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamende la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas», DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país», Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que: «… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación».
Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin Naumovic Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR
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