El martes 20 de agosto a las 4:30 pm se realizará el foro “Actualidad de la Educación Universitaria: ¿Va a dejar de existir tal y cómo la conocemos?” en el salón de exrectores de la Biblioteca Joaquín Garcia Monge.
La actividad estará constituida por los panelistas Vladimir de La Cruz, historiador; Gilberth Díaz, presidente del SEC; y Clareth Calderón, activista y ex representante estudiantil.
Manuel Hernández
El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.
La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.
Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.
La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.
Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.
Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.
En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.
Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.
Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.
Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.
Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.
Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.
El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.
Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.
Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.
Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.
¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”
La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?
Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”
Comunicado
El Poder Ejecutivo fue incapaz de negociar el presupuesto de las universidades por primera vez en la historia. Esta situación que marca un antes y un después, es desafortunada y arriesga un mayor deterioro en la calidad de la educación del pueblo de Costa Rica.
Ministras y ministro trasladan responsabilidad a la Asamblea Legislativa.
San José,16 de agosto de 2024. Universidades Públicas denuncian la intransigencia del Poder Ejecutivo y su falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense. El Ejecutivo mantuvo en la quinta sesión la propuesta de ofrecer un 1% de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior, un monto que está por debajo de la inflación esperada, que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025.
La expectativa de inflación del Banco Central de Costa Rica, para el cierre del 2024 es de un 3,1 % de acuerdo con el Informe de Política Monetaria publicado el 30 de julio pasado.
En vista de que no se logró acuerdo, el Ejecutivo determinó enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, sin ningún aumento, entrando en franca contradicción con lo consignado por la ministra de Educación Anna Katharina Müller mediante oficio DM-1108-2024, donde deja por escrito que en caso de no llegar a acuerdo y trasladar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, contemplaría un aumento del 1%. El Gobierno mintió.
El Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública. Por primera vez en la historia nacional el presupuesto de las Universidades Públicas será definido en la Asamblea Legislativa luego de haber agotado toda posibilidad de diálogo que sostuvimos durante las cinco sesiones de la Comisión de Enlace.
Sin embargo, esta es una oportunidad para el pueblo costarricense; la Asamblea Legislativa podría revertir la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública, según el artículo 85 de la Constitución Política que establece que si en el seno de la Comisión de Enlace no se llega a un acuerdo, “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”.
Hacemos un llamado a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.
Queda claro que el debilitamiento de la educación pública es el norte de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social.
El 26 de agosto se conmemorará el 84 aniversario de la Universidad de Costa Rica, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, a las 10:00 a.m.
Ese día, la Dra. Emilia Macaya Trejos recibirá el Premio Rodrigo Facio Brenes 2024, por su destacado papel en las letras costarricenses.
Más detalle informativo. AQUÍ
Leonora Córdoba Roldán
Consejo Universitario, UCR
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, denunció a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, por invadir intempestivamente una sala de operaciones, donde se realizaba un delicado procedimiento quirúrgico, que publicó mediante un TikTok.
El secretario general, Luis Chavarría Vega, calificó como «inquietante las actuaciones de la presidenta ejecutiva en un quirófano del Hospital Calderón Guardia, donde en apariencia se realizaba un trasplante» y solicitó a la Auditoría Interna de la Caja efectuar una investigación referente al ingreso de funcionarios de la CCSS a quirófanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
La Auditoría Interna, tras varios meses de investigación, que incluye entrevistas y análisis de documentos, le informó a UNDECA en oficio AI-1204-2024, del 31 de julio de 2024, que «resultado de la aplicación de los procedimientos, se emitieron 3 (tres) productos de auditoría denominados Relación de Hechos ASALUD-RH-0028-2024, ASALUD-RH-0029-2024 y ASALUD-RH-30-2024, mismos que fueron remitidos a las instancias con competencias para resolver».
UNDECA demanda que se instaure el procedimiento disciplinario que corresponde a la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y se remitan al Ministerio Público la Relación de Hechos elaborada por la Auditoría, para que se determine si los actos investigados afectaron la salud del paciente trasplantado o se violentaron normas y derechos humanos que le asisten a las personas usuarias de los servicios de salud.
San José, 13 de agosto de 2024.
SURCOS comparte el llamamiento de la ex-rectora de la UCR:
Compañeras y compañeros, creo que la crisis que vive el país, provocada, en parte, por el gobierno requiere de nuestra participación. El 7 de agosto, en la mesa del PACTO NACIONAL por la Educación, en un acto de unidad, más de 130 representantes de casi 40 organizaciones, después de un análisis de la crisis educativa por la que atraviesa el país y frente a la ausencia de respuestas del gobierno actual, llegó al consenso de que ya es hora de actuar y salir en defensa de la educación pública, que es el momento de frenar las múltiples agresiones que vive la institucionalidad pública nacional.
Las organizaciones firmantes del acuerdo (sindicatos del magisterio, de la CCSS, del ICE, del sector agrícola, federaciones estudiantiles, rectores de las universidades públicas, estudiantes de secundaria …) están convocando a todas las personas que habitan el territorio nacional, a salir a las calles y participar en una serie de movilizaciones programadas para los días 28 y 29 de agosto. El día 28 se llevará a cabo una movilización nacional en San José y el 29 será regional.
La situación que vive Costa Rica, actualmente, requiere de la participación de todas las personas; hay que sumar fuerzas en defensa de nuestra educación y de toda la institucionalidad pública. Tenemos que hacer de esta movilización, una de las mayores manifestaciones de nuestra historia reciente, que le demuestre al gobierno que, en este país, estamos listos para defender el Estado Social de Derecho, que mucho pensamiento, luchas y sangre costó a quienes nos antecedieron.
Según un comunicado enviado por la FEUNA, ésta y las demás federaciones estudiantiles en conjunto con el CONARE se encuentran anuentes a continuar las conversaciones con el Ejecutivo para seguir con las negociaciones del FEES 2025, para esto proponen la fecha del 16 de agosto en Casa Presidencial, pese a esto continúan a la espera de que el Ejecutivo dicte la agenda para que dichas negociaciones se lleven a cabo.
En referencia a lo acontecido a las negociaciones anteriores se refieren al accionar del gobierno como autoritario, amenazante y cargado de intentos de desprestigiar a las instituciones educativas a pesar de esto, continuarán con las negociaciones, “La Educación está primero, es el pilar de movilidad social y fundamento de la democracia de Costa Rica, con resultados históricos de desarrollo social y regional” manifestó la FEUNA en su comunicado.
La productora Prisma Latinoamérica entrevista a doña Flor Emilia Ureña (Tita), actual propietaria de La Cueva, negocio heredado de su padre.
Ella explica que sus cuestionamientos a la religión y tradiciones desde que creció, llevó a dinámicas familiares complicadas, especialmente con su madre y algunas personas de su pueblo en Santa María de Dota que le llaman el demonio.
Su negocio es un conglomerado de frases, decoraciones y arte de diferentes experiencias de su vida, que aportan valor e intentan instruir a las personas que visitan.
Desde “solo se permiten escenas amorosas” (haciendo sátira de la prohibición que encontramos en la mayoría de lugares públicos) y hasta otros detalles de diferentes culturas hasta indígenas como la Inca o las líneas Nazca.
Uno de los pilares fundamentales de la conversación con Tita es la delegación a lo “divino”, no necesariamente religioso y a la perspectiva de vida que esto otorga, aceptación por lo diverso y una cultura de comunidad.
Compartimos la entrevista:
Más de 1400 niños, niñas y adolescentes, junto con la opinión de líderes de la comunidad, fueron los pilares para la construcción de la Política Local para las Personas Menores de Edad del cantón de Santa Bárbara de Heredia para el periodo 2024-2029, -la cual fue presentada el pasado 6 de agosto ante cerca de 400 docentes de instituciones públicas-, y cuyo objetivo es garantizar el derecho pleno de las personas menores de edad (PME) en un entorno justo y equitativo que promueva su bienestar y desarrollo integral.
Esta política fue elaborada por el equipo de académicos de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA), conformado por Kattia Rojas Acevedo, Graciela, Herrera y Stiven Gómez, con la coordinación del académico Ronald Rivera, con la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Oficina Social y Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También se realizaron encuestas en centros educativos públicos con la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP).
En noviembre de 2023, la UNA aplicó dos encuestas dirigidas a niños y niñas de centros educativos públicos y a estudiantes de colegio. De acuerdo con la académica Graciela Herrera, cerca del 50% de las personas encuestadas consideran que no se les toma en cuenta en la toma de decisiones. Además, cerca de un 9% percibió insultos por su procedencia o nacionalidad.
El diagnóstico también señala que la gran mayoría de PME conviven con familias reconstituidas, ya que el 91% dice vivir con la madre, pero solo el 66% con el padre. En menor medida, solo el 58% vive o convive con sus hermanos y hermanas.
Falta apoyo
La investigadora también mencionó problemas como el consumo de drogas, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud y educación como algunos de los retos que deben abordarse con políticas que fortalezcan las capacidades de los padres y madres, y promuevan la educación sobre los derechos y deberes familiares.
En cuanto a la obligación de las familias de velar por el derecho a la educación, solamente el 65% de las personas menores de edad reciben ayuda en el cumplimiento de los deberes escolares, y el 13% de los niños y niñas dice que su familia ni siquiera conoce su horario de clases, mientras que un 12% no se siente apoyado por su entorno familiar.
El 74.6% de los adolescentes encuestados en el cantón de Santa Bárbara afirmaron haber vivido situaciones de abandono por parte de sus padres o cuidadores, y un 85.5% considera que en su comunidad las PME están expuestas al consumo de sustancias adictivas y perjudiciales para la salud, mientras que un 70% percibe problemas vinculados con la delincuencia.
En cuanto a la violencia sexual, cita Herrera, había 10 PME embarazadas, y el 65% de las personas consultadas no saben que existen programas de atención para adolescentes embarazadas. Según la percepción de los adolescentes, la comunidad, los parques, las instalaciones deportivas y la familia representan los entornos con mayor riesgo de sufrir abuso sexual, especialmente cuando se consideran otros factores como la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. “Esto refuerza la idea de que los entornos comunitarios en el cantón de Santa Bárbara son los lugares donde los derechos se ven más vulnerados, según lo percibido por las personas participantes de la encuesta”.
Red de trabajo
En la política se definieron siete ejes de intervención: Institucionalidad democrática; Vida en familia y comunidad; Protección especial; Salud; Educación; Cultura, juego, deporte, recreación y actividad física; y Medio ambiente.
“Con respecto al eje de Educación, se pretende promover el acceso, la incorporación, la permanencia, la pertinencia, el desarrollo, el aprendizaje, el avance, el logro, la inclusión, la participación y la calidad de la educación de las personas menores de edad matriculadas en los centros educativos del cantón mediante acciones que potencien su desarrollo integral”, dice la propuesta.
Además, se establece que la Municipalidad, junto con el PANI, liderará el proceso de análisis, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política por medio de la articulación institucional a través del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia, el cual se pretende establecer en el primer año de implementación de la política.
“Una municipalidad no es solamente infraestructura, calles, aguas o aceras. Este es un insumo muy importante, porque marca nuestra línea de acción para los próximos cinco años”, dijo Víctor Hidalgo Solís, alcalde de Santa Bárbara.
Para Alejandra Gutiérrez Vargas, directora regional de Educación de Heredia, esta es una oportunidad para crecer, aprender y actualizarse. “Estos niños y jóvenes necesitan más de nosotros, necesitan ser escuchados. Tenemos el compromiso de renovarnos porque el futuro de la educación está en nuestras manos”.
En la actividad, los directores y directoras de los distintos centros educativos, por medio de su firma en un banner, se comprometieron apoyar las acciones impulsadas por la Municipalidad , para cumplir con los lineamientos de la política cantonal.
Gracias a la colaboración del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA-UNA), este encuentro culminó con un concierto a cargo del Coro Universitario de la UNA, fundado en 1981, el coro está conformado por estudiantes de las distintas carreras de la Escuela de Música. En la actualidad lo dirige el académico Josué Ramírez Palmer, con el apoyo del también docente Franklin Aguilar Montero en el piano.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Este miércoles 14 de agosto 11 comunidades del Pacífico de Costa Rica, se unieron al 6°Simulacro Nacional de Evacuación organizado por la Comisión Nacional de Emergencias con el apoyo del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (Sinamot-UNA).
Escuelas y colegios, comercios, visitantes y residentes de Playa Hermosa de Carrillo, El Coco, Tamarindo, Ostional, Sámara, Quepos, Dominical, Dominicalito, Barú, Uvita y Puerto Jiménez, se unieron en esta actividad que pretendía mantener a las comunidades actualizadas en el plan de evacuación.
“Es importante que en estos eventos que son tan poco frecuentes, es importante realizar simulacros con regularidad, para así recordar qué es lo que tenemos que hacer y estar siempre preparados”, dijo Silvia Chacón, coordinadora del Sinamot-UNA.
La CNE organizó distintas evacuaciones, en Aguas Zarcas, Desamparados, Alajuelita y Golfito se pusieron en práctica los sistemas de Alerta Temprana, en Cartago se evacuó por un deslizamiento ocasionado por el río Reventado; en Pococí se realizó el ejercicio por un tornado; y en la Península de Nicoya se puso en práctica la respuesta a emergencias provocadas por amenazas hidrometeorológicas.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica