Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica con la que cuenta dentro de su marco institucional. Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, a criterio de la Defensoría, no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.
A menos de una semana para su vencimiento, el Gobierno anunció que prorrogará, antes del 28 de junio, a través de un decreto ejecutivo, estas concesiones. No obstante al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho en cuanto a su seguridad jurídica; es por tal motivo, que la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) comunica mediante medios de comunicación, que utilizará el modelo jurídico del Decreto para llevar a cabo la prórroga, sin entrar en mayores detalles, cómo será el tema del plazo.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes, hace un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico, que permita a nuestro país continuar con el disfrute de los contenidos que ofrecen las empresas de radio y televisión que operen en nuestro territorio y en atención a la función social que realizan en el marco y respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría hace un llamado de la urgente necesidad de abordar, en el marco de la presente situación, la ampliación por un plazo suficiente de las concesiones que permita al Congreso discutir una nueva ley, que venga no solo a regular el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión con criterios actuales, razonables en materia técnica y legal; sino también todo lo vinculado a la valoración económica de los cánones por su uso en el país.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La Benemérita Biblioteca Nacional y Poetas y Medio Ambiente le invitan al recital en Homenaje a la Magón 2024 Marjorie Ross, con la participación de Julieta Dobles, Mariamalia Sotela, Arabella Salaverry, Marta Rojas, Lucía Alfaro, Monthia Sancho, Jenny Álvarez, María Bonilla, Alfonso Chase, Ronald Bonilla y Luissiana Naranjo, conductora y organizadora del Festival.
Esta actividad es la Clausura del VI Festival Poetas y Medio Ambiente.
La actividad se realizará el jueves 27 de junio 2024, alas 4:00 p.m., en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá mediante el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Ricahttps://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Benemérita Biblioteca Nacional y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia se complacen en invitarle al conversatorio Archivo Cuir (LBGTIQ+), con la participación de Luis R. Herra del Archivo Seropositivx (moderador), Marga Sequira Cabrera del Archivo Cuir Feminista, Mar Fournier Pereira del Archivo Trans.
La actividad se realizará el martes 25 de junio a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia Valor histórico de Víctor Manuel Sanabria ante su 72 aniversario de fallecimiento por el historiador Vladimir de la Cruz.
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
El Movimiento Estudiantil Indígena (MEIUNA) de la Universidad Nacional emerge como una voz representativa y activa de los estudiantes indígenas de Costa Rica en el ámbito universitario. Conformado por una diversidad de culturas originarias, tales como bribri, cabécar, maleku, brunca, ngäbe-buglé, y brörán, entre otras, este movimiento se erige como el décimo órgano de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA). Su función primordial radica en la integración y representación de la comunidad estudiantil indígena en la UNA.
En la actualidad, el MEIUNA cuenta con 252 estudiantes indígenas registrados en la Universidad Nacional, distribuidos en diversos campus y sedes. Destaca la presencia de 115 estudiantes en el Campus Omar Dengo, seguido por la Sede Regional Brunca con 82. Este multiétnico grupo de estudiantes indígenas abarca un espectro amplio de 38 carreras universitarias, lo cual evidencia su diversidad académica e intereses profesionales.
El origen del movimiento se remonta al periodo 2011-2012, cuando un académico de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Costa Rica (UCR) inicia la búsqueda y organización de estudiantes indígenas universitarios. Este esfuerzo surge en respuesta al estudio preparatorio realizado para el Banco Mundial, previo al Plan Quinquenal de Pueblos Indígenas, con la intención de involucrar activamente a los estudiantes indígenas en la toma de decisiones que afectan sus comunidades. A partir de negociaciones y acuerdos, los estudiantes indígenas fueron incluidos en los equipos que diseñaron e implementaron la primera etapa del Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas en las universidades públicas.
El MEIUNA responde directamente al Plan Para Pueblos Indígenas del 2013, bajo el marco del Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), financiado por el gobierno de la República y el Banco Mundial. Este plan busca garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes indígenas en la educación superior, y promueve acciones culturalmente pertinentes. A través del PMES, se logra la formación de pequeñas agrupaciones indígenas dentro de cada universidad, con el propósito de ejecutar proyectos y actividades que integren al estudiantado indígena en la educación superior.
Las actividades del movimiento abarcan una amplia gama de temas relevantes para las culturas indígenas presentes en la Universidad Nacional, e incluyen encuentros, demostraciones de artes, festivales culturales, convivios, giras, y acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso.
Con miras al futuro, el MEIUNA se propone continuar con sus actividades de promoción cultural, incrementar el ingreso de estudiantes indígenas a la Universidad Nacional, establecer alianzas estratégicas con otras instituciones, y fortalecer la participación de los indígenas en la vida universitaria.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
¿Conoce la calidad del agua que consume?
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Docentes aplican estudios biológicos y físico-químicos en el proyecto
Contar con información científica sobre calidad del agua en los ríos es indispensable para la toma de decisiones, la concientización de las comunidades y para disponer de un registro que permita evidenciar cómo se ven afectados los ríos con el cambio climático.
Por ello, el MSc. John Diego Bolaños Alfaro y la Mag. Yurlandy Gutiérrez Jara, docentes de la Sede de Occidente, estudian desde el 2023, once ríos del cantón de Grecia con el fin de evaluar zonas de vulnerabilidad hídrica y su correlación con el impacto en la calidad de las aguas superficiales.
Bolaños explicó que lo que buscan es evidenciar los contaminantes presentes en los ríos y generar información científica que permita una buena gestión y evite el riesgo de que esos contaminantes afecten el ecosistema y lleguen al agua potable.
El estudio
En la investigación se integran dos tipos de análisis uno físico-químico y el otro de macroinvertebrados, lo que asegura contar con datos más completos. Estos análisis son comparados con los parámetros establecidos en el decreto Nº33903-MINAE-S del periodo 2023-2025, el cual tiene como fin “reglamentar los criterios y metodología necesarios para la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua superficiales y que ésta permita su clasificación para los diferentes usos que pueda darse a este bien”.
De esta forma, las muestras son recolectadas en los ríos Pilas, Prendas, Sarchí, Poró, Vigía, Rosales, Achiote, San Juan, Tacares, Chaguite y Agualote; y cada uno cuenta con 3 puntos de muestreo con el fin de contar con resultados más representativos y certeros.
El estudio se realiza en once ríos del cantón de Grecia.
Dichas muestras pretenden descartar o confirmar la presencia de nitratos, fosfatos, agroquímicos, porcentaje de oxígeno, la carga orgánica de contaminantes, entre otros; así como la abundancia y diversidad de macroinvertebrados bentónicos que son imprensidibles para evaluar la calidad del agua.
Según los investigadores, los ríos escogidos son los más representativos del cantón y se trató de cubrir los costados, las zonas altas, las zonas de descarga y los que cursan, en alguna medida, el casco central del cantón para verificar el impacto. En cada uno de ellos se toman muestras en la parte alta, media y baja con el fin de medir la calidad en la totalidad del río.
A nivel físico-químico básicamente se hacen pruebas de laboratorio que permiten identificar los contaminantes y a nivel biológico lo que se busca es identificar las comunidades de macroinvertebrados para determinar la calidad, por medio de la diversidad y grupo de familias que se encuentran en el río.
La Mag. Yurlandy Gutiérrez Jara explicó que complementar ambos estudios es de suma importancia ya que los indicadores físico químicos muestran una fotografía del momento, mientras que con los indicadores biológicos se pueden estimar cambios en la calidad del agua superficial con el paso del tiempo.
Por ejemplo, “el análisis físico-químico nos indica si en el momento en que hicimos el muestreo existen sustancias que podrían afectar a largo plazo el río, pero si hace 15 días hubo una descarga de contaminantes químicos y nosotros vamos hoy, esa información no la vamos a obtener, porque los contaminantes se van a transportar en el río. En cambio, la parte biológica sí nos va a dar esos indicadores y nos va a aportar información de suma importancia porque las comunidades de macroinvertebrados van a cambiar, van a moverse o van a desaparecer grupos que no son tolerantes a ese grado de contaminación”.
Muestra de macroinvertebrados obtenidos en los ríos.
Los resultados
Los investigadores cuentan con resultados parciales, ya que hasta el momento se han realizado tres muestreos y faltan tres más, debido a que el proyecto está inscrito hasta el 2025. Mencionan que ambas mediciones han sido congruentes con los resultados, lo que les permite confirmar la calidad del agua presente en esos ríos.
Explicaron que dentro de los resultados más importante destaca que al comparar la calidad de agua entre la época seca y la lluviosa, se evidencia que los ríos presentan una calidad considerablemente más baja en época de verano.
Los resultados para el verano 2023 muestran que la calidad del agua en los once ríos del cantón de Grecia es variable; casi la mitad de los puntos muestreados según el índice Holandés (físico-químico) presentaron una contaminación incipiente, dos tienen contaminación moderada y dos más tienen contaminación severa; influenciada por factores naturales, pero principalmente humanos, corroborados en los indicadores de contaminación ambientales detectados, donde la concentración de nitratos fue elevada en la mitad de las muestras.
En el invierno 2023, la lluvia diluyó la contaminación y mejoró considerablemente la calidad de los ríos, sin embargo, los indicadores evidencian que persiste una contaminación incipiente debido a procesos erosivos que provocan una turbidez alta en el agua, sumando contaminantes orgánicos producto, entre otros factores, a la actividad agropecuaria y la expansión demográfica mal planificada, que existe en muchas zonas de protección de los ríos.
Por su parte, la medición biológica muestra una gran correlación con los resultados del índice físico químico, en donde los grados de contaminación del agua superfi-cial están directamente relacionados con las zonas de vulnerabilidad hídrica. Por ejemplo, solamente el río Agualote, presentó aguas muy contaminadas en la zona alta de la cuenca, debido a la afectación que provoca un área densamente pobla-da, en el distrito central del cantón.
Gutiérrez mencionó que estos resultados ofrecen información importante para la toma de decisiones, ya que las comunidades de macroinvertebrados cambia mucho según la época, “en época seca sabemos que es muy estable el sistema y esos contaminantes que están entrado no afecta tanto a las comunidades como cuando existen grandes causes de agua, grandes descargas de contaminantes en época lluviosa que hacen que estas comunidades decrezcan, esto es uno de los aportes más importantes, donde podemos ver la dinámicas que tienen los sitios de acuerdo a la época”.
Señaló que esta información permite tomar decisiones con respecto al cambio climático, ya que se evidencia cómo afecta los cambios de caudales, de temperatura y cambios físico químicos a las comunidades a largo plazo, “de allí que esta investigación va a recaudar datos de 3 años que nos van a ayudar a entender más cómo reaccionan las comunidades de macroinvertebrados con cambios climáticos durante este tiempo”.
El papel de las comunidades
Los resultados de esta investigación son indispensables para la toma de decisiones a nivel institucional, empresarial, comunal e individual, si se toma en cuenta que la problemática de la calidad del agua se traduce en una afectación a cada una de las personas que vive en el cantón en estudio.
Gutiérrez destacó que con este proyecto se ofrece una visión general y científica de lo que está pasando en los cuerpos de agua. “Es un aporte para las comunidades, para que sean regentes, dirigentes, que sean quienes cuiden los recursos, que conozcan cómo están los ríos y que se conviertan en vigilantes de este recurso”.
Bolaños añadió que con los resultados obtenidos ya se han realizado algunas gestiones con empresarios y organizaciones de la comunidad, con el propósito de cambiar algunos hábitos que han identificado como problemáticos.
Destacó que, con solo los resultados del primer muestreo, se vieron en la necesidad de reunirse con integrantes de algunas cámaras empresariales, para platearles la preocupación con respecto a la contaminación producida por el uso de fertilizantes y plaguicidas en algunas actividades agrícolas.
“No es que no se puedan usar, es que hay que tomar cartas en el asunto, en el sentido de que es importante utilizarlos, así como conocer la debida gestión. Y dentro de la gestión lo que está fallando son las buenas prácticas agrícolas, el finquero tiene que saber que la zona de protección de un río es importante porque filtra, sirve de barrera para que en un aguacero fuerte todo el fertilizante no se lave por gravedad, y termine en el río. Y en Grecia algo de lo que nos dimos cuenta es que las zonas no son respetadas”.
Destacó que por medio de la divulgación de los resultados se busca incidir en las comunidades, generar conciencia, educación y que sean utilizados por instituciones y empresas para generar políticas y estrategias de gestión.
“Un Concejo Municipal consciente puede generar estrategias de fiscalización en lo que son las zonas agrícolas, puede también generar integración con otras entidades del Estado, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el Ministerio de Ambiente y Energía, para que todo mundo esté en sintonía. No es que no se produzca, no, eso no es lo que se busca. La Universidad siempre va a estar a favor del desarrollo, a favor de maximizar el uso de los recursos, pero con responsabilidad, con sostenibilidad”.
La renuncia de la presidenta ejecutiva del INAMU anunciada hoy refleja la profunda crisis que aqueja a esta institución y que fue claramente develada ayer cuando 20 diputadas y varias organizaciones de mujeres denunciaron la inactividad y el silencio de esta institución ante la oleada de muertes violentas de mujeres y de femicidios.
Esta situación es responsabilidad de la Presidencia de la República por colocar en posiciones de dirección del INAMU a personas que no reúnen los requisitos para el puesto, carecen de experiencia y conocimiento en derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Más aún, de personas que llegaron a debilitar la institucionalidad de género y a destruir las políticas existentes.
Es consecuencia también de haber tenido en la conducción del INAMU a dos personas, con estilos y objetivos diferentes, que profundizaron la descoordinación y el desorden en las labores de rectoría de género que le corresponde al INAMU por ley.
Finalmente, es importante dejar claro que, de estas dos cabezas institucionales, quien ostenta el rango de ministra de la Mujer es quien dirigió desde ese puesto sin cartera las acciones institucionales. Por ende, es ella la principal responsable de la crisis actual.
La Presidencia de la República debe aprovechar la actual coyuntura para buscar una salida a la crisis institucional nombrando a una mujer en la Presidencia Ejecutiva del INAMU, con recargo del Ministerio de la Mujer, que no solo cumpla con los requisitos que obliga la ley, sino que tenga experiencia comprobada en materia de género, derechos humanos de las mujeres y atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.
Es la oportunidad para cambiar y fortalecer al INAMU y con ello a la lucha urgente de las mujeres.
En esta edición del Programa Consulta Legal, de 870 UCR, la exposición estuvo a cargo del profesor de Derecho Público Internacional de la Facultad de Derecho UCR, Nicolas Boeglin.
Se inicia la edición con la noción de que a pesar de la “buena imagen ambiental” que ostenta Costa Rica, no escapa de los cuestionamientos sobre los proyectos de inversión extranjera directa por el número creciente de proyectos en zonas específicas, que merece atención especial y que afecta a los sistemas ambientales. Este acuerdo es vinculante respecto a contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos respecto a derechos ambientales y al derecho del acceso a la justicia y la información en materia ambiental. Sin embargo, el Acuerdo sigue sin ratificarse. ¿Por qué?
El Acuerdo de Escazú busca resolver problemas que tienen que ver con la gobernanza ambiental, y tiene varios pilares: el acceso a la información; que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de saber el nivel de contaminación que pueden generar los proyectos cuando se les otorga permiso del uso del suelo, el derecho ciudadano de participar en espacios de decisión cuando se incumplen los derechos que impactan negativamente en el espacio que viven, de manera que tienen derecho a acceder a la justicia ambiental. Este acuerdo es similar al Convenio de Aarhus en Europa en 1998, respecto al cual nunca se fue abajo la economía, no se perdió competitividad ni se cancelaron proyectos de inversión pública.
En el país hay diferentes sectores que perciben el Acuerdo de Escazú como una amenaza, cuando realmente no es una amenaza para nadie sino que busca una armonización ambiental. Se destaca que cada Estado en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus leyes, es que debe aceptar este tipo de megaproyectos.
Respecto al tema de la participación ciudadana en materia ambiental se expresa que es casi inexistente. Además, se hace hincapié respecto a la diferencia entre la firma y la ratificación del Acuerdo. El Dr. Nicolas explica que después de que el Acuerdo sea firmado, debe pasar por primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa hasta ser aprobado, para que seguidamente el Poder Ejecutivo realice el instrumento de ratificación.
En su momento, el Acuerdo fue votado a favor por 44 diputados. En marzo de 2020 la Sala Constitucional detectó un vicio basado en que el Acuerdo significaba un gasto adicional para el Poder Judicial respecto a su presupuesto. No obstante, en el inciso 5 del artículo 8 no se habla de que el Poder Judicial debe crear o establecer el acceso a la justicia ambiental sino facilitarlo, al igual que los demás tratados internacionales. En los demás estados que firmaron el Acuerdo, su respectivo poder judicial no intervino de esta manera por lo que se indica que en la Sala Constitucional existen “enemigos” del Acuerdo de Escazú. A partir de ese momento, todo se complicó para ratificar el Acuerdo. Dejó de ser una prioridad desde el gobierno 2018-2022, mientras que en el gobierno actual se mencionó textualmente que “el sector privado puede estar tranquilo, el Acuerdo no se ratificará”, de manera que surge la interrogante, ¿cuál impacto puede generar esta falta de interés y como se percibe a Costa Rica en el resto de la región? ¿El Dr. Nicolas Boeglin afirma que los delegados de Costa Rica pierden toda credibilidad cuando se habla de derechos humanos y de ambiente. El argumento de las Cámaras costarricenses es que el nivel de la economía disminuirá, situación que no le ha sucedido al resto de países de la región tales como Chile, Ecuador, Bolivia, México que ya firmaron el Acuerdo.
Por otra parte, se enfatiza que América Latina es la región del mundo en el que más se asesina a defensores del ambiente y que Costa Rica no cuenta con tribunales especializados ni competentes en materia ambiental, lo que evidencia la situación de desventaja y el amplio contexto de desconsideración ambiental que es persistente en nuestra cultura política.
Según algunos sectores, el país cuenta con un marco jurídico considerablemente firme en materia ambiental y derechos humanos, por lo que consideran que no es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Estos sectores se olvidan de la expansión piñera, que deja sin agua a la comunidades aledañas, sigue extendiéndose sin que el marco normativo pueda detenerlo, además que el 70% de la piña que se consume en el exterior es costarricense así como las consecuencias negativas del supuesto desarrollo turístico en zonas vulnerabilizadas.
Para finalizar, el Acuerdo también es importante porque le permitiría al inversionista extranjero tener certeza jurídica que la zona en la que va invertir es frágil ambientalmente. Establece criterios para establecer mecanismos de acceso a información pública además de reafirmar el derecho constitucional del acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La emisión radial sobre el Acuerdo de Escazú puede ser vista en el siguiente enlace:
En una sesión de trabajo realizada este 18 de junio, 36 personas en representación de organizaciones sociales y productivas acordaron un plan orientado a “la defensa de los servicios públicos y las instituciones pilares de la democracia y del Estado Social de Derecho Costarricense”.
M.Sc. Emiliana Rivera Meza, investigadora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD).
En poco tiempo el número de personas adultas mayores ha aumentado exponencialmente. Este fenómeno, conocido como envejecimiento acelerado, es el nuevo desafío que enfrenta el país, pues implica una transformación sociodemográfica que requiere un replanteamiento de las políticas y los esfuerzos institucionales que resguardan el bienestar de esta población.
Con el objetivo de entender las necesidades actuales de las personas adultas mayores, se crea El Observatorio del Envejecimiento, a cargo del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica y la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina de la misma universidad.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Las causas del envejecimiento acelerado
El primer informe publicado por el Observatorio del Envejecimiento explica que la caída sostenida de la Tasa Global de Fecundidad es uno de los factores que ha incidido en el envejecimiento acelerado de la población. Costa Rica destaca con la tasa más baja de América, con un promedio actual de 1,3 hijos por mujer. De la mano con esto, la baja tasa de mortalidad y la alta esperanza de vida del país también han influido el aumento acelerado en la población adulta mayor.
Si bien la Caja Costarricense del Seguro Social ha desempeñado un papel fundamental en mejorar la expectativa de vida de la ciudadanía, la realidad de las personas adultas mayores está marcada por la saturación de los servicios médicos, la poca accesibilidad y el abandono. Ante este escenario, el sistema de salud público cada vez cuenta con menos capacidades para hacer frente al incremento acelerado de la población adulta mayor.
Las instituciones no están preparadas para asumir el reto
Mientras el número de personas adultas mayores continúa aumentando, los centros de salud se ven más presionados a atender y brindar una atención de calidad. El tercer informe de las personas adultas mayores en Costa Rica indica que el 21% del servicio de consultas externas corresponden a personas de 65 años y más. A su vez, los egresos hospitalarios representan un 22% de esta población.
La Caja Costarricense del Seguro Social no está preparada para confrontar el envejecimiento acelerado, debido a que cada día los centros de salud se ven más saturados y con menos capacidades para atender a todas las personas. Este problema representa una gran barrera para la población adulta mayor, ya que limita el acceso a los servicios médicos que utilizan constantemente y necesitan de manera inmediata.
Además, se percibe un estancamiento de los recursos económicos destinados a las personas adultas mayores, lo que confirma que las instituciones públicas todavía no se adecuan al contexto actual. Hay recursos dispuestos para la población adulta mayor, sin embargo, estas se han mantenido en el mismo límite presupuestario por varios años, cuando más bien deberían ir en crecimiento.
Por otro lado, las ciudades poco amigables para las personas adultas mayores también son barreras que impiden su bienestar. No se puede garantizar servicios y programas para su cuidado y desarrollo, si las comunidades no representan un entorno seguro, accesible y adaptado. Esto implica una transformación de la infraestructura urbana, las obras públicas y el sistema de transporte, que atienda los requerimientos y las necesidades de accesibilidad de la población adulta mayor en las ciudades.
El abandono en el contexto de envejecimiento acelerado
Otro reto que afronta el país relacionado con el envejecimiento acelerado es el abandono de las personas adultas mayores. El tercer informe del Observatorio del Envejecimiento destaca que, en los últimos 8 años el número de personas adultas mayores abandonadas en centros de salud pasó de 9 al 2014, a 89 en el 2022.
Para los hospitales, el abandono representa una gran inversión económica, pues en muchas ocasiones la persona adulta mayor no requiere de atención médica, pero al carecer de un lugar donde ubicarla, permanece en el hospital. Pero el problema no solo representa un costo financiero, sino que también expone a estas personas a contraer otras enfermedades debido a sus estancias prolongadas en los centros médicos.
Una de las causas que explica el aumento del abandono se asocia a la falta de recursos que tienen las familias para atender a las personas adultas mayores. Sin embargo, este no es el único factor que condiciona, ya que familias con capacidades económicas también abandonan a sus familiares adultos mayores. Se debe considerar que el cuidado representa un agotamiento físico y emocional que muchas personas no están dispuestas a enfrentar. Asimismo, hay casos de auto abandono que suceden cuando la persona tiene recursos y apoyo de su familia, no obstante, no permite ser atendido.
Es importante comenzar a buscar soluciones para disminuir los casos de abandono, especialmente un contexto de envejecimiento acelerado. El abandono no solo repercute en la saturación de los centros de salud, sino que además representa un tipo de violencia hacia las personas adultas mayores. Para afrontarlo, se requiere tratar cada caso de manera integral y situacional, priorizando siempre la decisión de la persona adulta mayor.
Un llamado hacia el cambio sociocultural
Las instituciones públicas tienen una gran responsabilidad en sus manos, pues el envejecimiento acelerado significa un reto de gran impacto para el país. Se debe partir de un cambio sociocultural que sensibilice a la ciudadanía sobre la importancia de un envejecimiento activo y sano.
Es crucial que las autoridades velen por crear campañas de prevención que eduquen a las personas desde jóvenes sobre la importancia del cuido de la salud. Particularmente enfocándose en enfermedades prevalentes en la población adulta mayor, como la diabetes y la hipertensión, que pueden abordarse de manera preventiva. Además, se requiere un cambio que fomente la responsabilidad de las instituciones, las comunidades y la ciudadanía en la protección del bienestar de las personas adultas mayores, considerando todos y todas seremos parte de esta población en algún momento de nuestras vidas.
Por último, se recalca la importancia de la academia en generar conocimiento crítico y confiable sobre la población adulta mayor. Para ello, se insta a todas las áreas a participar activamente en la conversación desde su área de estudio, con el propósito de asesorar a las instituciones en la creación de políticas que atiendan el envejecimiento acelerado de la mejor manera.
M.Sc. Emiliana Rivera Meza Investigadora del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD)
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