La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a las Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia». Esta cuarta actividad titulada Rockeando con Freddy II Parte y será moderada por Freddy Mora.
La tertulia se realizará el viernes 14 de junio a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
La Benemérita Biblioteca Nacional y Poetas y Medio Ambiente le invitan al recital del VI Festival Poetas y Medio Ambiente Palabras de Naturaleza, con la participación de: Carmen Amato de México, Blanca Emmi de Uruguay, Héctor Geager de Estados Unidos, Allen Pérez de Costa Rica-Estados Unidos, Virginia Ordoñez de México, Saúl Flores de España, Kary Cerdas de México, Gustavo Gac Artigas de Estados Unidos, Alfredo Pérez Alencart de España, Priscilla Gac Artigas de Estados Unidos y Luissiana Naranjo, conductora y organizadora.
Esta actividad es parte del VI Festival Poetas y Medio Ambiente.
A pesar de que desde 1968 la Ley de Planificación Urbana establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial, menos del 50% de los municipios del país cuentan con uno vigente, aprobado antes del año 2000.
Recientemente varias comunidades se han levantado a favor o en contra de los planes reguladores propuestos para sus cantones, tal es el caso de Pérez Zeledón y Montes de Oca. ¿Pero, qué es un plan regulador y cómo funciona?
De acuerdo con Guillermo Calderón Ramírez, coordinador del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio (PROGOT), un plan regulador es una herramienta de planificación y gestión que busca organizar y ordenar el uso del suelo y los recursos en un territorio determinado. Donde su objetivo es promover un desarrollo sostenible y equilibrado, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales.
En Costa Rica, la planificación regional y nacional está a cargo del Mideplan y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), pero la planificación local corresponde a las municipalidades. «Sí, la Ley de Planificación Urbana de 1968 establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial», afirmó Calderón. Sin embargo, destacó que menos del 50% de los municipios cuentan con un plan regulador vigente, muchos de los cuales fueron elaborados antes del año 2000.
Calderón destaca, que uno de los componentes más visibles y a menudo controversiales dentro de un plan es la zonificación. “Esta es la que define los usos de suelo: dónde se puede construir, dónde pueden estar las zonas residenciales, comerciales, industriales, entre otros, pero el propósito principal de un plan regulador es ‘ordenar la casa’, es decir, organizar nuestro territorio para evitar la densificación desordenada y el crecimiento exponencial sin planificación”.
El plan regulador trabaja con usos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas o mixtos, basándose en las características de cada cantón y haciendo proyecciones de hasta 10 y 20 años para planificar el crecimiento futuro del territorio. Calderón aclaró que la infraestructura existente mantiene su uso. «Si una zona es residencial, seguirá siendo residencial; si es comercial, seguirá siendo comercial. Los cambios se aplican a las nuevas construcciones y desarrollos futuros».
Calderón enfatizó que un plan regulador no es una herramienta para confiscar tierras ni para limitar arbitrariamente el uso del suelo. «Es un instrumento para ordenar el territorio de manera racional y sostenible».
En detalle
El proceso comienza con la elaboración del presupuesto y la formación de una comisión en el gobierno local. Luego se realiza un diagnóstico territorial con la participación de la comunidad. «El diagnóstico territorial se realiza a través de talleres de participación ciudadana, porque la población conoce su territorio mejor que nadie», dijo Calderón.
Una vez completado el diagnóstico, se desarrolla una propuesta territorial que también se consulta con la comunidad. Esta propuesta define los usos del suelo y las áreas de crecimiento. Después, se lleva a cabo una audiencia pública y se envía el plan al INVU para su revisión. Finalmente, el concejo municipal adopta el plan y se publica en el Diario Oficial La Gaceta, convirtiéndolo en ley.
«El proceso puede tardar aproximadamente un año y medio, pero puede extenderse dependiendo de la revisión por parte de diferentes entidades como Setena o el INVU», explicó Calderón.
El investigador también mencionó el papel de la UNA como un actor social en la elaboración de estos planes. «Nuestro papel es socializar la información y apoyar a la población. La Universidad ofrece un valor significativo a estos proyectos, más allá de lo económico, contribuyendo con la confianza y participación de la comunidad».
Actualmente la UNA trabaja con las municipalidades de Atenas, Cañas, Bagaces, Tilarán, Upala, San Rafael de Heredia, en la consolidación de sus planes reguladores.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Mediante la Acción Social, la Sede del Caribe apoya el mejoramiento educativo, por ejemplo, el proyecto “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático” imparte tutorías de matemáticas a personas menores de edad que ingresaron a la Aldea Moín, del Pani. (Foto con fines ilustrativos, archivo VAS).
Por Eduardo Muñoz
Desde la Acción Social se contribuye al mejoramiento educativo en comunidades vulnerabilizadas.
Las matemáticas pueden ser la piedra en el zapato de miles de estudiantes, pero su aprendizaje contribuye a cerrar la brecha tecnológica. Las ingenierías, las ciencias, el desarrollo de aplicaciones para la telefonía celular, la creación de videojuegos y el auge de la inteligencia artificial son algunos de los campos basados en conceptos matemáticos, los que definirán cuáles países serán líderes en la innovación global.
Por ello y para aportar desde lo comunitario para impactar lo global, el proyecto “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático” (ED-1599), liderado por la Sede del Caribe (SC-UCR), sigue creciendo. Inicialmente se enfocó para que estudiantes de secundaria de esa región superen exitosamente la Prueba de Aptitud Académica, conocida como examen de admisión; pero dio un paso adelante al impartir tutorías de matemáticas a menores de edad bajo la protección de la Aldea Moín, centro supervisado por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
El Ministerio de Educación Pública calculó que para el año 2022 unos 180.000 adolescentes no asisten a la educación formal. Entre las principales razones expresadas están su falta de interés en la propuesta académica, la carencia de recursos económicos o diversos problemas de acceso al sistema educativo. (Foto: OCI-UCR).
El profesor Andrés Herrera Rosales, coordinador del proyecto, detalló que “desde el año pasado buscaban un profesor de matemáticas para apoyar a los estudiantes, cuando llegué me di cuenta los recursos que necesitaban, es una población que merece nuestra intervención. Voy una vez al mes, tenemos un cronograma que se ajusta al programa de estudios del Ministerio de Educación Pública y practicamos antes de las evaluaciones”.
Unos 25 niños, niñas y jóvenes se preparan con antelación a las tutorías, “y cada domingo nos reunimos para evacuar las dudas, son dos grupos que reciben clases de una hora y media. Trabajamos muy bien y hacemos uso de la plataforma UCR Global para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, continuó Herrera.
Según la Lic. Carolina Rojas Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Aldea Moín, parte de la Dirección Regional Huetar Caribe del Pani, la meta es que el estudiantado supere el rezago escolar, debido en parte a “situaciones familiares que en su momento permitieron su ingreso a una alternativa de protección. Procuramos inmediatamente restaurar esos derechos que les fueron violentados”, aseguró. La funcionaria recalcó que la población migrante es la que presenta mayores dificultades, por lo que, además, se coordina con los centros educativos para brindarles los apoyos necesarios, y así garantizarles el derecho humano a la educación, agregó.
“Pese al poco tiempo disponible para las tutorías, los estudiantes valoran mucho el acompañamiento. Pero, en realidad, me ha ayudado más a mi en lo personal y cada día estoy más seguro que prefiero hacer Acción Social que dedicarme a la investigación pura, aunque para ambas están relacionadas; y a futuro creo que voy a sistematizar estas experiencias”, acotó Herrera.
El proyecto liderado por el profesor Herrera se suma a otros de Trabajo Comunal, que entre julio 2024 y enero 2025, aportarán unas 120.000 horas con 54 proyectos vinculados a la niñez y adolescencia, con 800 estudiantes matriculados. En una segunda etapa, entre enero 2025 y diciembre 2026 se sumarán otros 100, para un total de 630.000 horas y 4.200 estudiantes universitarios, enfatizó la magister Laura Rivera Alfaro, responsable en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) del diseño de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública, una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores.
Reconstruir desde la adversidad
Para la magister Marisol Jara Madrigal, coordinadora del trabajo comunal “Estrategias para la promoción de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos” (TC-505), adscrito a la Escuela de Psicología, ante el desarraigo familiar los menores de edad pasan por un proceso de duelo, “porque piensan no tienen una familia que les proteja, y más bien la que tienen les propició este otro escenario”.
Debido a esto, el rezago escolar, la exclusión educativa y los enojos introyectados son algunas de las consecuencias de vivir bajo entornos familiares o comunitarios violentos que dieron como resultado su ingreso a una alternativa de protección del Estado, aclaró. No obstante, la mayoría logra sobreponerse al dolor emocional y “gracias a esa resiliencia, muchos aprovechan las oportunidades que se les dan, porque estar institucionalizado no es una limitante para reconstruir su futuro académico”.
La psicóloga recalcó el rol social de la institucionalidad, incluidas las universidades públicas, porque “la familia no es solo en la que crecemos, en estos casos la sociedad debe actuar como la familia grande que abrace a quienes necesitan asistencia o pasan enfermedades”.
La educación necesaria
La magister Rivera Alfaro explicó que la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública”, que impulsará la UCR, parte de que la exclusión educativa afecta principalmente a la franja poblacional más pobre, lo que incide en su desempleo y el aumento del empleo informal. “Estas personas tienen en promedio 7 años de escolaridad, frente a los 13 años de educación entre quienes tienen ingresos más altos”.
Por otra parte, Rivera subrayó que el país debe entrar en un proceso de superar las desigualdades que se evidenciaron con la pasada pandemia de la covid-19, y también reflexionar sobre qué tipo de educación estamos planteando para atender cuáles necesidades.
“Llegó la hora de hacer las cosas diferentes en las universidades públicas y que trabajemos de forma articulada para fortalecer nuestra educación pública. Estamos preocupados, estamos convocados, queremos trabajar y lo estamos haciendo. Este es un reto y ya son evidentes los problemas que tenemos que enfrentar”, concluyó la magíster Patricia Quesada Villalobos, vicerrectora de Acción Social de la UCR.
Ante el Proyecto de Ley de Referendo, presentado por el Presidente de la República el día de hoy ante la Asamblea Legislativa, debemos señalar que el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto, y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita.
Lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses.
Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública.
Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica.
Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República
Mariela Azofeifa Olivares Jefa de Unidad Unidad de Prensa y Comunicaciones Despacho Contralora Contraloría General de la República
El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:
Considerando:
Primero.Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:
Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Segundo.De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.
Tercero.Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.
Cuarto.Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.
Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:
Primero.Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.
Segundo.Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.
Tercero.Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.
Cuarto.Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.
Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.
Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.
Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:
– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.
– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.
– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.
– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.
Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida.
#aguaparalavida #rioslibres
Nota:
Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
Jueves 30 de mayo a las 7 p.m. en Desde la Otra Acera
La llegada de la inteligencia artificial a las aulas de escuelas y colegios trae consigo discusiones éticas, políticas y pedagógicas, sin embargo, hay una discusión que se suele dejar de lado y es la económica para poder incorporar de una buena manera la inteligencia artificial en las aulas se requiere presupuesto en Costa Rica parece que no hay presupuesto ni para la inteligencia artificial ni para cosechar la inteligencia natural de nuestros estudiantes nos enfrentamos a tres problemas graves primero los recortes en infraestructura tecnológica son devastadores sin equipo adecuado ni acceso a Internet nuestros estudiantes quedan relegados en una era digital como esperamos que tengan una mejor calidad de vida, si no tienen las herramientas digitales.
La capacitación docente en tecnologías y particularmente inteligencia artificial es prácticamente inexistente, nuestros docentes quienes deberían ser los pioneros en educación tecnológica no reciben la formación necesaria y no la han recibido desde hace muchos años atrás. La brecha de tecnológica es alarmante, los estudiantes de comunidades vulnerables, las mujeres y las personas mayores tienen menos acceso a tecnología de calidad, esta desigualdad perpetúa un ciclo de pobreza y marginación creando un futuro desalentador, para muchos la solución a estos problemas radica en la inversión de la Constitución Política la cual establece que se debe destinar un 8% del producto interno bruto a la educación, pero estamos lejos de cumplir con esta meta y pareciera que el próximo año vamos a retroceder aún más, para incorporar de buena manera la inteligencia artificial es necesario contar con las condiciones humanas necesarias para que cualquier persona pueda aprovechar esa herramienta y hacer lo contrario es un ataque directo a una verdadera educación pública.
Llama la atención como la posibilidad de interactuar con una máquina sin ser experto y poder tener un resultado asertivo la gran mayoría de las veces digamos para que quede en digamos, no entra en temas muy muy técnicos, pero que le ayude a las personas que nos están escuchando a entender que es un proceso en el cual a partir de probabilidades, eso qué quiere decir, a partir de una distribución la máquina va dándonos respuestas que son más o menos traducibles que son más o menos orientadas a la dinámica o la pregunta que nosotros queramos formular y teniendo en cuenta que esta inteligencia no es que sabe las cosas, digamos, no es que conoce o ya por defecto sabe qué es lo que uno quiere, sino que lo va generando a partir de lo que ha aprendido ya sea bueno, o sea, malo o esté orientado o con cierta este digamos intencionalidad y a partir de ese aprendizaje que son millones de millones de millones de millones de datos.
Interesante este concepto porque nos remite a otro factor que es, cuál es la posibilidad real de que este sistema pueda implementarse dentro de el sistema educativo propiamente como un recurso didáctico o como un recurso al cual puedan echar pie los docentes para generar el proceso propiamente de aprendizaje, cuál es el estado actual de este desarrollo de la inteligencia emocional bueno la inteligencia artificial generativa, que usted no señalado hay que tener dos grandes cosas, primero entender que es una carrera en la cual Costa Rica no lidera, digamos, no es una carrera en la cual el país puede generar sus propios motores, puede generar su propio entorno que no se puede hacer a nivel experimental pero no es algo que Costa Rica va a sacar su propia versión y va a empezar a combatir con las empresas grandes.
Estamos llamando, digamos esa brecha, pero por el otro lado también tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa, los que estamos tratando de entenderla y estudiarla vivimos en una burbuja y eso qué quiere decir, que no necesariamente la persona, el docente y el estudiante entienden de la misma forma, cuáles son las posibilidades? Entonces eso es lo que me lleva a plantear que tenemos que tener un proceso en donde se capacite al cuerpo académico, a los directores y a las directoras inclusive hasta el personal administrativo, en qué es? ¿Cómo sirve? Para qué sirve, en qué contexto se puede utilizar? En qué contexto tal vez no es tan recomendado utilizarlo y en temas de enseñanza todavía es un poco más complejo porque tenemos que entrar al contexto en que etapa de la vida estudiantil es más adecuado introducir estos temas, verdad?
Parte de las categorías de inteligencia artificial que teníamos está la inteligencia artificial débil o estrecha y la robusta o más fuerte, aplicaciones y chat bots por ejemplo y asistentes como Siri como Alexa, autos autónomos como el chat GPT por ejemplo, entra dentro de esta categoría de Inteligencia Artificial débil, que es con lo que estamos lidiando, existe una inteligencia artificial fuerte que existe en la teoría, pues que no tenemos ejemplos en este momento prácticos para mostrar más allá de la ciencia ficción, pero que se categoriza en la general, que básicamente es una inteligencia artificial que es capaz de simular el comportamiento o de comportarse como el ser humano y la superinteligencia que superaría la capacidad del ser humano, entonces bueno, a partir de aquí pues entender un poco en donde estamos y hacia hacia dónde nos podríamos dirigir.
Los docentes ciertamente tienen muchísimas preguntas muy razonables desde el tema del plagio, por ejemplo que sea venido viendo cuando sales chat GPT por ejemplo. Varios ejercicios que se hacen para ver hasta dónde puede llegar en aquel momento académico, Manuel Castle por ejemplo hizo un ejercicio de pedirle que hiciera un artículo escrito por él y ya Chat GPT te lo hizo y a partir de ahí se ha venido debatiendo un poco los alcances que ha tenido eso y si debe o no incluirse la inteligencia artificial como parte de los procesos de aprendizaje o pues prohibirse como se ha hecho en algunos países en China, en Rusia, en Estados Unidos hay algunos centros también educativos que lo limitan, Italia y España también, pues ahí han estado debatiendo y es parte de lo que está en ese momento donde bate en el mundo a nivel educativo, sí cómo gestionarlo pues verdad si prohibirlo, no prohibirlo, hacerlo parte del proceso educativo porque además tenemos que partir que estos riesgos.
Costa Rica fue excluida de la lista definitiva de países, que, en el marco de la Conferencia Internacional de Trabajo, CIT 112, debería rendir cuentas acerca de la constante violación de las libertades sindicales.
Era totalmente predecible que Costa Rica fuera excluida de la gavilla de países que vulneran los convenios internacionales.
Realmente hay que ser muy ingenuo o ciego para decepcionarse de esa artificiosa maniobra de OIT.
La OIT es un organismo blanqueado por las patronales y multinacionales.
La OIT representa el retroceso que está experimentando, a nivel mundial, el derecho internacional.
Hay que apostarle a otras instancias más confiables y efectivas.
La OC-27-21 y la sentencia, de la misma CORTE IDH, de 17 de noviembre de 2021, marcan la hoja de ruta.
La OC-27-21 determinó las obligaciones que tienen los Estados en materia de libertad sindical (derecho de asociación, negociación colectiva y huelga), cuya resolución es vinculante para Costa Rica.
La sentencia de 11/21 de CORTEIDH declaró al Estado de Guatemala, autor responsable de la violación de la libertad sindical.
Tenemos que dejar de dirigir la mirada solo hacia el otro lado del deslumbrante Atlántico y enfocarnos en las alternativas más efectivas y eficaces que ofrece el sistema interamericano de Derechos Humanos.
No hay necesidad de enfocarnos únicamente en las instancias que están al otro lado del charco, que ya sabemos cuáles son los frutos que dan.
Comparto lo que escribía Saramago:
“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven). (Ensayo sobre la ceguera).
A partir de la notificación que recibió este proyecto EC 518 y EC 622 sobre la suspensión del apoyo a giras de menos de 7 personas de la Unidad de Transportes a partir de la disposición de la Vicerrectoría de Administración con conocimiento de la Vicerrectoría de Acción Social, fuimos a preguntar a lxs compañerxs con los cuales desarrollamos procesos de formación desde los principios de educación a lo largo de la vida ¿Qué opinan que la UCR suspenda este apoyo a los proyectos que trabajan con las comunidades desde sus propios territorios?
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