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Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos

CEJIL

Queremos compartir una excelente noticia para nuestra región. 

El mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica en el caso Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) vs. Colombia en la cual por primera vez reconoció el derecho a defender derechos humanos y condenó al Estado colombiano por la vigilancia ilegal, amenazas y hostigamiento de los integrantes de CAJAR durante las últimas 3 décadas. Esta es la primera sentencia en la cual los integrantes de una organización de personas defensoras, que recurrentemente defiende a víctimas ante la Corte IDH, son reconocidos como víctimas directas. Desde CEJIL, acompañamos a CAJAR hace más de 30 años en su búsqueda de justicia. 

-Décadas de amenazas y hostigamiento

CAJAR es una organización de personas defensoras de Derechos Humanos que nació en Colombia en 1980. En la actualidad, acompaña casi 500 casos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y garantizar la sanción de los responsables. Por más de 30 años, los y las integrantes del Colectivo han vivido actos de estigmatización, hostigamiento, amenazas, agresiones y acciones de inteligencia ilegal con la intención de impedir su trabajo contra la impunidad en Colombia, lo que incluso ha llevado al exilio de algunos integrantes. No sólo integrantes de CAJAR sufrieron estas amenazas, sino también sus familiares, incluidos hijos e hijas menores de edad. En Colombia, cada año más de 100 personas son asesinadas por defender derechos.

«Recibimos esta decisión de la Corte con gran satisfacción. Creemos que es un paso en la dignificación de los y las integrantes de CAJAR y de sus familias. Han sido décadas de persecución y esta sentencia tiene un elemento de reparación importante».

 -Impacto de la sentencia  

El 18 de marzo, en un acto público llevado a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá (Colombia), CAJAR y CEJIL recibieron la sentencia acompañadas de familiares, representantes de la comunidad de derechos humanos colombiana, académicos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y periodistas, entre otras. Esta sentencia crea avances muy importantes para la defensa de derechos humanos en la región ya que por primera vez: se condena a un Estado por la violación al derecho a defender derechos como un derecho autónomo, lo que CEJIL ha impulsado en diversos procesos ante el SIDH, y que podría ayudar a avanzar en la protección tanto en Colombia como en la región en el ejercicio de este derecho. Ello debido a que reconoce que la violación del derecho a defender derechos humanos genera afectaciones distintas y adicionales a aquellas relacionadas con la violación de otros derechos; la Corte introduce el concepto de “derecho a la autodeterminación informativa”, que refiere al derecho de acceso y control sobre la información personal frente a actividades de vigilancia e inteligencia estatal contra personas defensoras. 

Además, la decisión señala  los vacíos y obstáculos existentes en la normativa colombiana sobre inteligencia y acceso a la información, y con ello, las consecuencias e impacto que ha tenido no contar con toda la información generada y recolectada respecto de las y los integrantes del Colectivo y sus familiares. La sentencia también reconoce la particular afectación que experimentaron las mujeres defensoras, así como los graves impactos sufridos por aquellos que se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas, agresiones y hostigamientos derivados de su labor de defensa de derechos. 

La sentencia establece más de 16 medidas de reparación, incluyendo reformas a la ley de inteligencia y manuales de inteligencia, el establecimiento de un mecanismo para el reconocimiento de nuevas víctimas integrantes de CAJAR que hayan sido objeto de actividades de inteligencia y vigilancia, la puesta en marcha de un mecanismo de acceso a la información personal producto de actividades de inteligencia, entre otras.  

-Línea de tiempo del caso frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 

2002 – CEJIL presenta una petición conjunta con Cajar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

2006 – La CIDH admite el caso.  

2019 – La CIDH emite el informe de fondo del caso y concluye que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial.  

2020 – El caso avanza de la CIDH a la Corte IDH.  

2022 – Se lleva a cabo la audiencia pública del caso en la Corte IDH.  

2024 – La Corte IDH encuentra responsable internacionalmente a Colombia por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad,  a la honra, a las garantías judiciales,  a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos diversos derechos de los miembros del Cajar y sus familiares.    

– ¡Nuestra lucha sigue!  

La sentencia es sólo el primer paso hacia cambios reales en las vidas de las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por violaciones similares a su derecho a defender derechos en Colombia. CEJIL acompañará a las víctimas durante la implementación de las reparaciones, con el compromiso de trabajar incansablemente hasta que cada una se cumpla. 

¡Este es el momento de cambiar realidades y usted puede ser parte de esta misión! Su donación el día de hoy nos permite continuar defendiendo el derecho a defender derechos en la región. CEJIL representa más de 200  casos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alcanzando a más de 30.000 personas y apoya a 400 organizaciones en las Américas. 

Información compartida con SURCOS por Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Justice and International Law. (2024). Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos [Correo electrónico].

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Reseña del programa Alternativas: Crisis en el sistema de salud costarricense

El 12 de abril el programa Alternativas realizó el foro sobre el tema Crisis en el Sistema de Salud Costarricense. Le presentamos una reseña de la conversación. Las personas participantes aparecen en el afiche que compartimos.

El movimiento «Unidos por la Caja» se originó en abril de 2023 como parte de la lucha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta iniciativa ha generado una notable empatía entre diversos grupos de la población civil. Su objetivo primordial es salvaguardar lo que tantos años ha costado construir a las diferentes generaciones del país. A pesar de las múltiples deficiencias que pueda presentar la CCSS, que a continuación se abordarán, se mantiene la convicción en un sistema de salud universal e igualitario para todas las personas.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución de gran envergadura, con múltiples sindicatos y movimientos. Sin embargo, ha experimentado desestabilización debido a intereses económicos y políticos que insisten en la idea de su supuesta insostenibilidad financiera. La privatización se presenta como una solución propuesta bajo el argumento del mercado.

El ambiente laboral en la institución ha sido afectado por la partida de profesionales altamente especializados, lo cual repercute en la calidad de atención que merece la población costarricense. Es importante destacar que la situación actual de la CCSS no es exclusiva de este gobierno, sino que se ha gestado a lo largo de las últimas décadas, erosionando su autonomía. Es la institución con mayor grado de economía en el país, sin embargo, la constante injerencia gubernamental en la presidencia ejecutiva ha afectado su estabilidad. Además, la deuda de la institución continúa en aumento.

El gobierno actual y la presidencia ejecutiva han manifestado su interés en privatizar el sistema de salud, lo cual se refleja en los ataques públicos, violentos y directos hacia los funcionarios de salud. No existe fundamento jurídico para la supuesta emergencia y dicha situación ha propiciado contrataciones expeditas que han implicado un gasto millonario, sin una negociación efectiva que busque fortalecer la institución.

El movimiento «Unidos por la Caja» denuncia los intereses políticos y económicos detrás de la privatización del sistema de salud, argumentando que este modelo excluyente generaría endeudamiento para la población. Se destaca la importancia del pacto social de 1948 y se enfatiza que Costa Rica, a pesar de no ser un país desarrollado, cuenta con estándares de salud comparables a los de estas naciones, lo cual indica que el sistema actual está funcionando. Asimismo, rechaza la avaricia de unos pocos que buscan lucrarse a costa del sistema de salud solidario y universal. Se resalta que las personas beneficiadas por este sistema no son meros indicadores macroeconómicos, sino individuos con rostro y relevancia.

El movimiento también señala la precarización del servicio de salud, que ha llevado a profesionales especializados a migrar del país en busca de mejores condiciones laborales. Se argumenta que la privatización de la salud y la educación responde a un enfoque lucrativo a nivel mundial, donde los servicios privados se benefician del trabajo de profesionales formados en instituciones públicas. El gobierno es instado a fortalecer la seguridad social, pues se considera que esto motivaría el retorno de especialistas al sistema público y obligaría a los proveedores privados a mejorar sus condiciones laborales y competir con la CCSS.

Entre las áreas de mejora identificadas se encuentran la accesibilidad para personas con discapacidad y la atención oportuna a los pacientes. Se denuncia el retraso en el pago de salarios de incluso 2, 3 o 4 meses, la sobrecarga laboral y las malas condiciones en los centros de salud como consecuencias directas de la privatización.

Comunidades afectadas por falta de agua anuncian que se organizan y hacen demandas al Gobierno y al AyA

Comunicado de la Mesa Intercantonal por el Agua

Jueves 18 de abril, 2024

Organizaciones cantonales afectadas por la falta de agua de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás, se han unido en un espacio desde el cual elevan sus reivindicaciones al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa, Acueductos y Alcantarillados y demás autoridades competentes con el manejo y distribución del recurso hídrico. Hacen un llamado a que las comunidades se organicen en defensa del agua.

Desde hace años, Alajuelita, Goicoechea y Hatillo han sufrido constantes interrupciones del servicio hídrico, que se agravan durante la estación seca. Este 2024 ha habido un salto en cuanto al acceso al recurso, que ahora se ha extendido a muchos otros cantones.

La contaminación con xileno en Coronado y en Turrialba, que se presume ha sido utilizado en la preparación de sustancias ilícitas y que afectó el abastecimiento de agua de decenas de miles de personas fue la gota que derramó el vaso. Es dramática la condición en que miles de personas quedaron ante la posición del Gobierno sobre la compra de agua ante la situación de la contaminación por xileno, que no consideraba las diversas situaciones económicas, con gente que debía escoger entre comprar agua o la comida del día siguiente.

Este ha sido un claro ejemplo del deterioro generalizado en que todas las anteriores administraciones permitieron que cayera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En este momento, por ejemplo, no se cuenta con un plano actualizado de las tuberías y alcantarillados a nivel nacional y se detuvo sin motivo aparente la construcción del proyecto Orosi II. En general, afrontamos un problema de distribución desigual del agua. Se han priorizado los sectores industriales y comerciales, las grandes empresas, frente a los intereses de las personas en sus comunidades. Así se pisotea la Constitución Política de nuestro país que prioriza sus ciudadanos ante los intereses económicos.

En el marco de la crisis climática global, la perspectiva se torna lúgubre para el pueblo costarricense, acostumbrado a pensar incluso en nuestra identidad nacional asociada al agua. La falta de acceso al recurso hídrico hace más difícil la vida para las amas de casas, para las mujeres trabajadoras, para las y los docentes en instituciones sin agua, para familias que no tienen agua para atender las necesidades de sus hijos o abuelos. 

Somos conscientes de que el agua es vida, y de que lastimosamente el Gobierno ha permitido el deterioro de los recursos naturales fundamentales para nuestra existencia y para nuestra identidad. Somos conscientes de que miles de vecinos y vecinas no pueden expresar su voz ni dar a conocer las condiciones cotidianas en que viven. Somos conscientes de que nuestra reivindicación por el acceso al recurso hídrico es parte de la necesidad de modificar nuestra relación con el medio ambiente para garantizar un futuro a las nuevas generaciones.

Nuestras peticiones se sintetizan en:

  • Abogamos por la protección de las fuentes naturales de agua, como nacientes y mantos acuíferos, los cuáles cada día se deterioran más con la construcción de nuevos condominios y su intervención para uso comercial.
  • Queremos agua en cantidad y calidad adecuada, tal como demanda la Constitución Política de Costa Rica; porque somos seres humanos y ciudadanos miembros de comunidades a las cuales no se nos está cumpliendo nuestros derechos.
  • Exigimos al AyA que se realicen las obras estructurales necesarias que asegure el flujo de agua para las generaciones actuales y futuras. Estas obras deben priorizarse y finalizar antes del 2026; así como la reactivación y financiamiento de Orosi II; la cuál sigue siendo necesaria para finalizar los problemas de agua en la Gran Área Metropolitana.
  • Clamamos por el desprocesamiento de los dirigentes y vecinos de Hatillo, que fueron cobardemente detenidos por la policía por exigir el acceso vital al recurso hídrico. Este tipo de detención y enjuiciamiento es en los hechos la criminalización de la protesta social, tal y como lo hemos visto en el caso de Orlando Barrantes, por ejemplo.
  • Denunciamos que este proceso tiene como objetivo desmovilizar a las y los Vecinos de Hatillo, que busca amedrentar a todos y todas las dirigencias cantonales y comunitarias que luchan por el agua. Es un accionar completamente antidemocrático de parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
  • Por todo lo anterior comités cantonales de vecinos de Alajuelita, Guadalupe, Hatillo, Moravia y Tibás se han organizado en un espacio unitario y lanzan el llamado a todas las comunidades del país afectadas por falta de agua para que nos sumemos a una plataforma nacional de defensa de recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Hemos dado el paso adelante en la conformación de la Mesa Intercantonal por el Agua, por la protección de nuestros derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 24 de abril, en el marco de la movilización

convocada por el Frente Nacional de Lucha, a las 09:00 a.m. para hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en la calle con las diversas organizaciones que ese día se movilizarán.

Representantes comunales de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás.

¡CCSS ya no da más! SINAE Afines

El Sindicato Nacional de Enfermería, en conferencia de prensa, explicó cuáles han sido las condiciones en las que han tenido que trabajar sus profesionales, principalmente las malas condiciones salariales y poco competitivas que le ha tocado vivir a los trabajadores de la CCSS. Problemáticas de endeudamiento y acceso a préstamos gota a gota son las principales, todo esto como consecuencia del atraso en el pago de salarios pero también se menciona la fuga de profesionales.

Por este motivo, mencionan que las malas decisiones tomadas por la presidenta Marta Esquivel, afectan no solo a los trabajadores, sino también se invisibiliza la voz del paciente, principalmente con problemáticas en las listas de espera. Mencionan también que no se ha presentado una solución razonable para todas las dificultades que atraviesa la institución.

Por ello los representantes del sindicato son vehementes con la necesidad de reformas sustanciales a la institución que velen por el derecho a la salud de la ciudadanía, principalmente porque son personas que están en condiciones delicadas.

Indican que van a unirse a la movilización del 24 de abril para reclamar por una solución a estas condiciones, ya que si la CCSS no responde y soluciona, se van a ver en la obligación de aplicar medidas de presión.

Puede ver las exposiciones en este enlace: https://www.facebook.com/SINAECR/videos/1106743630733862

UNA capacita a funcionarios del SINAC en manejo de cocodrilos

El aumento en la visitación a las áreas naturales como ríos, esteros y playas sumado a la presencia de poblaciones de cocodrilos en estos espacios, genera una mayor interacción con los humanos y, potencialmente puede provocar más incidentes relacionados con este reptil. Sin embargo, es importante destacar que los cocodrilos cumplen un papel fundamental en los ecosistemas, por lo que su manejo debe ser seguro para las personas y exento de maltrato animal.

Durante el 11 y 12 de abril, 16 funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recibieron una capacitación para el manejo de cocodrilos. En esta se les brindó información respecto a las bases éticas sobre el manejo y la manipulación de animales silvestres, así como información sobre su historia natural, distribución, comportamiento, peligrosidad, procedimientos de captura y otros aspectos relevantes.

«El manejo de la fauna es un pilar fundamental en programas de rescate animal, proyectos de conservación y de investigación. Por lo tanto, desarrollar metodologías adecuadas para afrontar esta situación no solamente es una actitud responsable y ética, sino también un requisito respaldado por la ley. Las labores relacionadas con este tema se complican cuando se trabaja con animales peligrosos como los cocodrilos, debido al riesgo potencial y la imagen negativa que suelen proyectar. Estos reptiles son habitualmente maltratados o eliminados de sus hábitats; prácticas que no deben ser promovidas», detalló Iván Sandoval, académico de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (ECB-UNA).

La capacitación fue impartida en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede Santa Clara, en el marco del proyecto «Gestión de interacciones entre humanos y cocodrilianos en Costa Rica, el caso de la región Nicoya», desarrollado por la (ECB-UNA) a través de la FUNDAUNA, en una iniciativa financiada por el I canje de deuda por naturaleza entre EE.UU y CR, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre y el Área de Conservación Tempisque.

¡Tome nota!

Solamente el personal autorizado puede manipular animales silvestres. Para prevenir incidentes con cocodrilos:

  • Manténgase fuera de ríos, esteros y lagunas donde haya cocodrilos. Preste atención a la rotulación preventiva y consulte a los vecinos del lugar en caso de duda.
  • Tenga especial cuidado con los niños; manténgalos lejos de la orilla de esteros o ríos donde habiten cocodrilos.
  • Evite acercarse o interactuar con un cocodrilo, ya que esto podría llevar a un ataque, pues el animal podría relacionar la presencia de personas con comida.
  • Manténgase lejos de las crías de los cocodrilos; recuerde que la madre podría estar cerca y sería agresiva para protegerlas.
  • Si va a pescar, hágalo estando fuera del agua y no arroje las vísceras de los pescados al agua, ya que esto atraerá a los cocodrilos.
  • Camine con su mascota lejos de la orilla de esteros, ríos o lagunas con cocodrilos, ya que estas también podrían ser presa de los cocodrilos.
  • Si observa un cocodrilo en el mar, manténgase fuera del agua en ese lugar y retírese a otra zona.

Video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría: Justicia deberá explicar avances en 10 metas en temas de seguridad

Seguimiento a cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

A partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Planificación acerca del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas.

Para nadie es un secreto que la temática de la seguridad ciudadana constituyó en el año 2023 y en la actualidad, uno de los mayores desafíos a nivel del Estado costarricense, con la tasa de homicidios más alta en la historia del país y con varias “oportunidades de mejora”, según Mideplan, en la ejecución de acciones planteadas en dicho Plan Nacional para este sector.

La Defensoría considera fundamental que el Ministerio de Justicia informe sobre las acciones programadas, calendario respectivo y asignación de responsabilidades, para atender cada una de las siguientes 10 situaciones:

– Sobre la medición del porcentaje de personas privadas de libertad que participan en procesos de reinserción social integral, pues en el 2023 Planificación indicó que no fue posible debido a la forma en que registra esa información.

– Sobre la insuficiente participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe.

– Sobre las acciones adoptadas para atender las causas del retraso en la construcción de Delegaciones Policiales. Planificación detectó un retraso en el diseño, adjudicación y construcción de ocho Delegaciones Policiales, debido a que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios que albergaría cada una, a que el contratista de la Delegación de Horquetas abandonó la obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.

– Sobre acciones para agilizar la implementación del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia”, y específicamente el componente “Efectividad policial”, pues Planificación identificó insuficiente avance.

– Sobre las acciones para actualizar, la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio, de acuerdo con la reglamentación reciente.

– Sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar el proyecto “Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Planificación indica que no se avanzó debido a deficiencias en su diseño, a la falta de recursos y a la suspensión de convenios para asignar “personal a préstamo” a esa iniciativa.

– Sobre las acciones para dotar de personal y mejorar la ejecución presupuestaria, en la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia con representación legal y orientación psicosocial, en los distintos centros de denuncia interinstitucional. Aquí Planificación detectó insuficiente capacidad instalada para atender la demanda de bienes y servicios, de al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas en los distintos centros de denuncia institucional y tardanza en la contratación de profesionales.

– Sobre acciones para promover, con material impreso y otras modalidades de divulgación, el acceso de mujeres víctimas de violencia a los “Puntos Violeta” y otros “espacios seguros” previstos en el PNDIP 2023-2026.

– Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria del sector, en el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública establecidas en el PNDIP 2023-2026. Indica Planificación que el sector Seguridad Ciudadana y Justicia solamente ejecutó el 62% de la programación presupuestaria del 2023.

-Considerando que el PNDIP 2023-2026 cifró en 545 el número de homicidios para 2023, que esa cifra resultó absolutamente superada (907), y que para 2024 también se prevé superar la “meta” estimada en dicho Plan (533), informar las acciones que usted, como Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, está adoptando para cumplir las responsabilidades que le encarga el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, a fin de anticipar y revertir la tendencia observada en la tasa de homicidios dolosos y el previsible incumplimiento de las metas del PNDIP. Actualmente el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga para responder a la Defensoría.

Oficina de Comunicación Institucional.

Defensoría de los Habitantes

La jornada de lucha de mañana 24 de abril hay que apoyarla

Vladimir de la Cruz

Hay fechas que se vuelven emblemáticas, significativas. Algunas de ellas son las efemérides de la Patria, aquellas fechas que nos recuerdan constantemente los elementos claves, y las bases de nuestra nacionalidad, nuestra identidad nacional, los hitos que permitieron construir nuestro andamiaje institucional y constitucional democrático. También las hay por aspectos culturales o populares, y las hay internacionales que también se celebran en el país.

Las fechas que en este sentido se exaltan, entre otras, son, por ejemplo, la de la Independencia de Costa Rica, asociadas al 15 de setiembre y al 29 de octubre de 1821; la de la Incorporación o Anexión de Nicoya a Costa Rica, del 25 de julio de 1824, que este año celebraremos en su 200 aniversario; las fechas asociadas a la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, de 1856 – 1857, como son las Batallas de Santa Rosa, el 20 de marzo, la de Sardinal, el 10 de abril y la de Rivas, el 11 de abril, todas de 1856, siendo que la de Santa Rosa y la de Sardinal casi no se celebran, aunque fueron fundamentales por la defensa del territorio nacional y la expulsión de los filibusteros de las tierras costarricenses que en ellas se dio. El 11 de abril evoca también el acto heroico de Juan Santamaría, en la quema del Mesón de Guerra, contra los filibusteros, a lo que se le da mayor énfasis.

Especial fecha ocupa en este contexto, de la Guerra Nacional, la del 1 de mayo de 1857, que ocasiona el feriado nacional, que es la rendición de William Walker, así establecido en su celebración obligatoria desde 1858, que es a veces lo que menos se recuerda.

El 1 de mayo se exalta, especialmente, por realizarse el Día Internacional de los Trabajadores, cuya tradición se remonta a 1886, con las grandes huelgas victoriosas de la clase obrera norteamericana, para obtener la jornada de trabajo de ocho horas, lo que se materializa a partir de 1890, con esta celebración internacional, por acuerdo del Congreso de Trabajadores Socialistas, reunido en la Sala Petrelle, en París en 1899, que así lo declaró, para que cada primero de mayo la clase obrera, en cada país, hiciera un balance de sus luchas realizadas en el año transcurrido e hiciera una propuesta o plataforma de luchas para el año venidero, haciendo del Primero de Mayo, en el campo laboral, un día de lucha, no festivo, para defender los derechos y beneficios laborales, la jornada de ocho de trabajo, hoy nuevamente amenazada en el país, para luchar por salarios más justos, acordes al costo de la vida, por mejor seguridad e higiene ocupacional y para plantear nuevas demandas laborales. En Costa Rica desde 1913 se celebra y organiza el día internacional de los Trabajadores, por iniciativa misma de las organizaciones laborales, impulsada su celebración por el Centro de Estudios Sociales Germinal que impulsaron los grandes maestros, intelectuales y caudillos culturales, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros.

Otras fechas de esta naturaleza son las culturalmente establecidas, como las de los días del Adulto Mayor, el de las Culturas, el de la creación de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, el de la Virgen de los Ángeles, el de la Madre.

Especial relieve adquiere la del Trabajador, el 1 de mayo. En esta fecha, del 1 de mayo, se mezcla también la rendición de cuentas del Presidente de la República, de su gestión de gobierno del año transcurrido, que se brinda obligatoriamente ante el pueblo representado en sus diputados. Su obligación es presentar, entregar, su informe. No es en irlo a leer ante los diputados, aunque esto se haya establecido en la tradición. Hoy ese informe se lee el día 2 de mayo, porque el 1 de mayo también se elige el Directorio Legislativo, y el Presidente del Poder Legislativo, para la siguiente Legislatura, período anual que va del 1 de mayo al 30 de abril siguiente, lo cual adquiere una gran relevancia nacional, como se está apreciando en estos días.

En las fechas de carácter popular están los Carnavales de Limón, los días relacionados con la fecha de fundación de los cantones, de santos, la llamada Fiesta de los Diablitos, la de los negritos, las fiestas populares en cantones, como la de Alajuelita; el día del Aborigen costarricense, el 19 de abril.

En el plano internacional, se celebran fechas, como la de los días Mundial de los Humedales, el 2 de febrero; el del cooperativismo, el 27 de abril; el Mundial del Libro, el 23 de abril; el de la Danza, 29 de abril. Podría seguir mencionando fechas y eventos, de esta naturaleza.

Las hay también aquellas que recuerdan grandes movilizaciones populares, que han dejado huella en el imaginario nacional, político y cultural del país. Así, por ejemplo, la de 7 de noviembre de 1889, que el pueblo se movilizó para defender un resultado electoral, que dio base para que esta fecha se declarara fundamento de la democracia nacional, y para que el Presidente de entonces, José Joaquín Rodríguez llamara la atención en el reconocimiento del voto de la mujer, por el papel que había jugado en esas movilizaciones, sin que esa iniciativa se aprobara en ese tiempo, pero abrió el camino para las luchas por el reconocimiento del sufragio femenino en el país.

Se recuerdan las movilizaciones populares contra la dictadura de Federico Tinoco, con la participación de la lucha popular, política, militar y guerrillera, especialmente las movilizaciones de trabajadores, maestros y estudiantes contra esa dictadura.

Especial relieve tienen, en este recuerdo de fechas, las luchas obreras como la que logró a la jornada de trabajo de ocho horas en Costa Rica, en diciembre de 1920, resultado de huelgas que se dieron desde 1918 con ese propósito.

Del mismo modo, la Huelga Bananera de 1934, que cumple el próximo 4 de agosto su 90 aniversario; las luchas y movilizaciones populares que se producen en distintos sentidos políticos en la década de 1940-1948, a favor de las garantías sociales y el Código de Trabajo, por la defensa del sufragio, frente a los abusos y fraudes electorales de la época, que condujeron a la Guerra Civil de 1948. De ella, y del Gobierno de la Junta fundadora de la Segunda República, se exalta la fecha de la abolición del ejército, el 1 de diciembre de 1948, y la de la aprobación de la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949.

Del período reciente, como grandes luchas populares están las huelgas bananeras de 1954 y de 1958; las estudiantiles y populares que culminan el 24 de abril de 1970, contra la aprobación del Contrato Ley de la ALCOA, lucha que impulsó el movimiento estudiantil universitario, como un gran movimiento de masas en su favor, contra la explotación que se quería hacer, a cielo abierto, de la bauxita en el Cantón de Pérez Zeledón.

La lucha en ese momento no culminó con el rechazo legislativo del contrato, pero logró que, poco tiempo después, se eliminara la figura jurídica del Contrato Ley.

El 24 de abril permanece en la conciencia social como un día de lucha social. No casualmente para mañana están convocadas manifestaciones de diversos sectores sociales y laborales, en defensa de sus derechos, y de la institucionalidad social, seriamente amenazados por el actual gobierno neoliberal, pinochetista, por sus políticas económicas, métodos y acciones gubernativas, para desmantelar todo el andamiaje del Estado Social de Derecho, que se ha construido desde 1943.

Los sectores laborales, de maestros y profesores, de trabajadores de la salud y médicos, estudiantes, trabajadores en general están siendo convocados para movilizarse y expresar, mañana, su voluntad en defensa de estos derechos e instituciones públicas.

La jornada de mañana 24 de abril es patriótica, nacional y democrática. Es por afirmar el Estado Social de Derecho, es un esfuerzo por frenar las políticas privatizadoras del gobierno autoritario de Rodrigo Chaves Robles, es por defender las institucionalidad social y democrática del país. Hay que apoyarla.

El café de Costa Rica tiene aroma a UCR

Investigaciones de la UCR aportan valor al café nacional

El café de Costa Rica tiene aroma a investigaciones de la UCR que aportan a la industria valor agregado en temas como sostenibilidad y economía circular, mejoras genéticas, resistencia al cambio climático y procesamiento entre otros. La UCR, a través de DIPROVID, dio a conocer algunas de sus investigaciones en el Café World Summit 2024.

Defensoría revisará resultados de la política nacional de seguridad

Gestiona respuestas a primeras 11 inquietudes presentadas al Ministerio de Seguridad Pública

Como parte del seguimiento de las acciones estatales para atender la situación de inseguridad y criminalidad en el país, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública respuesta a 11 inquietudes relacionadas con el avance en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”, emitida por el Gobierno de la República en noviembre anterior, fuentes de financiamiento para ejecutarla y mecanismos que permitan evaluar efectividad.

Para la Defensoría es importante conocer si dicha cartera ya presentó oficialmente, al menos, las siguientes iniciativas, a saber, “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”, “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y la “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.

Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, establecido en la Política Nacional, informar si cuenta con reglamentación que precise aspectos básicos de su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, metodología de trabajo y el auxilio de alguna secretaría técnica, además se solicitó el acceso a las actas de cada sesión realizada.

En cuanto a las metas de la Política Nacional al 2030, la Defensoría consultó el motivo técnico del por qué se prevé una disminución solo de 34 delitos por cada 100.000 habitantes, pasando de 1.181,57 –año base 2019- a 1.147,04 al 2030. Aquí se está considerando, según el documento, todo lo relacionado a homicidios, robos, asaltos, robos a vehículos, tachas de autos durante un año calendario.

Además, considerando que el eje estratégico N°1 de la Política reconoce la necesidad de reforzar la prevención en sectores que están en riesgo por su situación de pobreza, la Defensoría pregunta el por qué el modelo de Gobernanza de la Política no prevé ninguna interacción formal con la institucionalidad del sector social, como el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social.

También la Defensoría solicitó las estadísticas sobre la cantidad de droga decomisada por la Policía Control de Drogas (PCD), número de operativos ejecutados y cifra de personas detenidas por la PCD por delitos de drogas durante los años 2021, 2022, 2023 y durante el primer trimestre del 2024.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la Contraloría General de la República si, desde su valoración, esta Política cumple con las disposiciones giradas en el Informe de Auditoría N° DFOE-GOB-IF-00017-2022 del 20 de diciembre de 2022, en cuanto a incorporar un enfoque prospectivo, un cronograma que incluya los elementos contenidos en la Guía de elaboración de Políticas Públicas del Ministerio de Planificación y demás aspectos formales y estratégicos que fueron requeridos por el ente contralor.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes