En el marco del proceso de reflexión «Reconociendo nuestros territorios» compartimos los primeros aportes sobre qué entendemos por territorio y los desafíos que representa para el territorio indígena en el contexto actual. ¿Por qué es importante esta discusión? ¿Qué dimensiones debemos considerar? Son parte de los aportes que comparten los y las compañeras durante esta sesión.
Comunicado
El Partido Acción Ciudadana, desde su fundación, hace 24 años, se manifestó como defensor del modelo solidario de nuestro Sistema de Electricidad Nacional. Un modelo con 75 años de experiencia exitosa, sustentado en los artículos 50 y 74 constitucionales para ofrecer el servicio eléctrico basado en los principios de solidaridad, universalidad y al costo. Sin este modelo, nuestro país no habría alcanzado en paz y en democracia un desarrollo social y económico con mayor equidad y ser un ejemplo mundialmente reconocido de sostenibilidad ambiental.
En abril del 2000 el pueblo costarricense se enfrentó con argumentos sólidos y en las calles al Combo del ICE, proyecto estrella del bipartidismo. Una larga lucha que se extiende luego al referéndum del TLC y sus leyes de implementación hasta el presente por mantener el control del Estado sobre la planificación, la generación y la distribución eléctrica sustentada en fuentes energéticas limpias. Proceso que ejecuta con el apoyo de un grupo de empresas públicas y cooperativas, al igual que con una participación del sector privado que colabora en ese objetivo público nacional. Este objetivo estratégico es hoy más importante que nunca. La tendencia mundial de electrificación del transporte y de los procesos industriales, incluida la producción de vectores energéticos alternativos, así lo pone en evidencia.
Aunque podemos reconocer que el Sistema Eléctrico Nacional necesita ajustes para enfrentar adecuadamente los retos que se presentan, estos cambios no deben surgir al calor de una campaña que antagonice los sectores, como ha sucedido hasta ahora soterradamente en la Asamblea Legislativa, durante el trámite del Proyecto Nº23.414, sino, como resultado de un ejercicio ciudadano de diálogo transparente y constructivo pensando en el bienestar del mayor número.
El actual proyecto de ley, mal llamado “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, se queda exclusivamente en otro intento de mercantilizar el servicio de suministro eléctrico y acabar con el modelo que defiende los intereses nacionales. Propone una apertura total de la generación y la comercialización de la energía, manteniendo la Red de Transmisión en manos del ICE sin clara garantía de que sus costos de operación e inversión serán cubiertos. Además, creará una nueva burocracia gubernamental, el Órgano Costarricense del Sistema Eléctrico Nacional, ECOCEN, que nace como una estructura politizada de control al fungir el ministro de Energía de turno, como el presidente de su Junta Directiva. Acompañan los representantes de los actores económicos interesados del lado de la generación y, del lado de los usuarios, la representación se otorga únicamente a los grandes consumidores que, de paso, son los únicos ganadores asegurados en el último texto que fue aprobado por la comisión legislativa.
Por otra parte, siguiendo con la propuesta del proyecto, sería sumamente grave que la planificación del ECOCEN no sea luego vinculante para los actores del mercado poniendo en riesgo la universalización del servicio eléctrico al costo, a la vez que la generación con combustibles fósiles no queda expresamente reservada por ley para las empresas públicas, con el fin único y exclusivo de proveer generación de respaldo al SEN, como último recurso, lo que generaría una explosión descontrolada de generación térmica que atentaría contra los objetivos nacionales.
Ante el incremento de las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, el país necesita mantener la capacidad de diseñar e implementar políticas de Estado para enfrentar la crisis energética global con alternativas limpias y sostenibles, determinantes en el proceso de descarbonización de la economía, al que el país y el mundo le han apostado.
En síntesis, un proyecto de ley que va en contraposición a la propuesta constitucional de autonomía del ICE, que le ha permitido a la institución sortear las ocurrencias politiqueras y las presiones de grandes intereses privados por controlar el mercado eléctrico para servirse sólo a sí mismos de energía barata, aún en detrimento de las necesidades del resto del país para garantizar un desarrollo nacional con equidad y sostenibilidad.
Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía, a las universidades públicas y a los movimientos sociales, a reaccionar con firmeza ante esta nueva amenaza de acabar con el modelo eléctrico solidario de nuestro país y con el ICE.
El Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) envió una carta el 09 de abril de 2024 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica con asunto de: “Denuncia y Consulta por la posición de Costa Rica con respecto a la Votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra”.
El Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) es una organización ecuménica-interreligiosa, fundada en 1983, cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de medios no violentos, de acuerdo con la filosofía y práctica cuáquera. Como organización entienden la paz no sólo como la ausencia de guerra, sino también como un proceso de desarrollo de sociedades caracterizadas por la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la plena oportunidad para todos. Son miembros de la comunidad cuáquera internacional que trabaja para promover la paz y la justicia social a nivel local y global.
En la carta Luis Ángel Céspedes Rodríguez, presidente del Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) expresó: “Le escribimos sumamente consternados por el voto reciente de Costa Rica, el jueves 4 de abril 2024, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el cual Costa Rica, se abstuvo con su voto ante la moción que prohíbe a los países miembros vender armas al estado de Israel, en esta ocasión, 28 países votaron a favor de la moción y la abstención de Costa Rica se suma a la posición de otros 12 países”
Continúan expresando: “Ante el genocidio que se desarrolla a diario contra los Palestinos, mayoritariamente en la Franja de Gaza, donde más de 33.000 personas han sido masacrados, incluyendo más de 13.800 niños según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, es incomprensible el voto de Costa Rica de abstención. Esta resolución llamaba a “todos los Estados a detener la venta, envío y entrega de armas, de municiones y de otros equipamientos militares a Israel (…) para prevenir nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos Humanos”.
Asimismo, expresaron que: “Ante el fracaso de la última resolución en Naciones Unidas en Nueva York llamando a un Cese al Fuego, el voto en Ginebra era sumamente vital apoyar. Sin embargo, Costa Rica, país conocido internacionalmente por haber abolido su ejército en 1948 y por promoverse como país amante de la paz, falló en este momento crucial en la historia. Los pueblos claman a gritos un cese al fuego y paz para las y los palestinos. A nivel de gobiernos, Costa Rica debería tomar un liderazgo junto con los demás países que se esfuerzan para buscar una salida al conflicto Israel-Palestina”.
Culminan su carta diciendo: “Colegas y organizaciones en distintas partes del mundo con quienes colaboramos nos preguntan el porqué de esta última abstención en Ginebra. No tenemos una explicación para contestarles adecuadamente. Es por esto por lo que les dejamos no solamente nuestro reclamo por los hechos arriba descritos, sino que les rogamos, Indicarnos el motivo de la abstención de nuestro país al correo centroamigosparalapaz@gmail.com”.
Ante esta carta la Embajadora Eugenia Gutiérrez Ruíz, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica expresó en uno de los párrafos de su carta del 22 de abril de 2024: “Para Costa Rica, no hay ninguna duda de que los Derechos de los Palestinos en los territorios ocupados deben ser respetados, a tenor de los instrumentos y principios internacionales de Derecho Internacional, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario. Se insta reiteradamente a Israel a cumplir sus obligaciones internacionales, a proteger a los civiles y garantizar el corredor humanitario para el paso de la ayuda internacional. Sólo con verdadera voluntad política, más allá de las resoluciones que se adopten, se logrará resolver de una vez por todas este conflicto”.
También mencionó que: “Costa Rica registró el voto en abstención, respecto al proyecto de resolución antes mencionado, sin que esto constituya un cambio en relación con los derechos de los palestinos en territorios ocupados, ni deba entenderse como un cambio en el patrón de voto. Sobre la situación, la comunidad internacional debe asegurar una solución permanente. Para Costa Rica. así como para la inmensa mayoría de los estados, ésta debe ser la de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad, uno al lado del otro, de acuerdo con las líneas fronterizas acordadas por las Naciones Unidas en la Resolución 242 del año 1967”.
Para mayor información sobre esta temática y las cartas refiérase a los documentos adjuntos.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y la Fundación Friedrich Ebert en Costa Rica (FES), mediante el Proyecto en América Central Transformación Social Ecológica, le invitan al Foro “La Educación Necesaria en Costa Rica” ¿Cuál es la educación requerida en un mundo en transformación?”
Históricamente la educación pública ha logrado posicionar a Costa Rica como un país de un “alto índice” de desarrollo humano y ha encadenado el desarrollo económico a partir del crecimiento del sector productivo y de la atracción de inversión extranjera.
Pero las desigualdades en el nivel de aprendizaje se incrementaron debido a la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias. Estudiantes de familias de condición socioeconómica más baja se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia.
Además, es urgente construir una visión de la educación necesaria para consolidar un escenario futuro del país que posicione en el centro la transformación social ecológica de la economía y del mundo del trabajo por el desarrollo humano de la sociedad.
Día: martes 14 de mayo 2024
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, UCR
Mini auditorio 1 de la Facultad de Ingeniería, primer piso de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones: https://nextcloud.fes.de/nc/apps/forms/s/CQHy8FLXSZdnNW4AQ4xRXfTz
La educación necesaria en Costa Rica: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/20657.pdf
SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Seccional Sindical Nacional ANEP UTN:
SURCOS comparte la siguiente información.
En FLACSO Costa Rica, estamos realizando un proyecto de investigación junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de evaluar los servicios brindados por dicha entidad y queremos conocer la opinión de la ciudadanía. Para esto tendremos 3 talleres:
Los talleres se realizarán presencialmente en las instalaciones de FLACSO Costa Rica ubicadas en Curridabat.
Si desea participar por favor escribir a cgarcia@flacso.ac.cr o ksalazar@flacso.ac.cr
El Colegio Técnico Profesional de Acosta está atravesando un grave problema, a causa de que el MEP disminuyó un 60% del presupuesto. Dado esto, el 29 de abril pasado, la empresa de electricidad Coopesantos les suspendió el servicio. Testimonios comunitarios indican que «este centro de estudios, es muy importante para su comunidad, pues sus estudiantes han logrado salir como profesionales, colocándolos en empresas para generar experiencia laboral».
Es por esto que una madre de familia de dos estudiantes solicita ayuda; los estudiantes están teniendo problemas al recibir lecciones, ya que hay aulas en donde no se cuenta con suficiente luz natural, además de afectar la sección técnica de Informática.
La madre de familia menciona que como padres quieren buscar ayuda del gobierno para solucionar dicha situación, pues la Junta Administrativa, «no va a poder conseguir tanto dinero, debido a que se habla de más de un 50% de afectación presupuestaria, sumado a esto, la matrícula ha aumentado año con año y el gobierno aun sabiendo este escenario, disminuyó el presupuesto». Menciona que incluso desde el año pasado, tenían que hacer rifas y pasar por las aulas para poder pagar el agua y la luz.
Esta situación ha provocado que los padres y madres de familia, así como el estudiantado estuvo en huelga tres días a partir del 30 de abril.
El martes 30 de abril de 2024, el director del colegio, M.Sc Andy García López, por medio de una carta le manifestó su preocupación por la falta de electricidad en las instalaciones a la ministra de educación Katherine Müller-Marín, pues la situación impide el derecho a la educación de la juventud de la comunidad de Acosta; la isntitución actualmente alberga 1300 estudiantes. Se señala que la Constitución Política y el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia protegen ese derecho.
En dicha carta el director del colegio menciona que se tiene una deuda con la Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, por un monto de 13 millones, sin embargo, el presupuesto actual del colegio solo permite el pago parcial de la deuda de la corriente eléctrica y el agua, dejando por fuera también servicios básicos como el jabón, papel higiénico, mantenimiento de infraestructura entre otros.
En la carta también se encuentra el detalle de las deudas actuales según informe de la Junta Administrativa.
Además el director le plantea cuatro puntos de afectación que está teniendo tanto la comunidad como la institución. En primer lugar el corte de electricidad afecta significativamente las actividades escolares y el bienestar de las y los estudiantes, esto debido a que se dificulta el mantener las condiciones adecuadas de iluminación y refrigeración, afectando directamente el aprendizaje y confort del sector estudiantil y del personal.
Como segundo punto de afectación, es que se ven comprometidos el el uso de equipos y tecnología necesaria para la enseñanza como las computadoras, proyectores o laboratorios, lo que limita el aprendizaje, impactando negativamente en la calidad de la educación ofrecida por la institución, además de afectar la administración del colegio, impidiendo el uso de tecnologías esenciales para el procesamiento de documentos y el mantenimiento de registros, lo que genera retrasos o dificultades en la gestión escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes y personal.
Como tercer punto, García López, menciona el deterioro de las instalaciones físicas del colegio ya que no se puede mantener adecuadamente ante la falta de electricidad, lo que afecta la seguridad y el mantenimiento general del edificio escolar, representando un riesgo para toda la comunidad escolar.
Como último punto el director menciona que el colegio ha recibido múltiples mensajes por parte de personeros de Coope Santos R. L., por la falta de pago, lo que genera una reputación negativa para la institución, afectando su credibilidad y relaciones con la comunidad educativa y los padres de familia, lo que a largo plazo afectará en la matrícula de estudiantes y el apoyo financiero al colegio.
Las afectaciones que causa el corte de electricidad en el Colegio Técnico Profesional de Acosta son multifactoriales y tienen impactos negativos significativos en las operaciones escolares, la calidad de la educación y la percepción pública de la institución. Es crucial abordar esta situación de manera urgente y buscar soluciones para mitigar estos efectos adversos en la comunidad educativa.
Además, el director menciona que como administrador ha remitido múltiples oficios solicitando la ayuda presupuestaria para el CTP de Acosta para sufragar los gastos básicos, sin embargo, de acuerdo con la estructura jerárquica él tiene un límite, por lo que solicita a la ministra de educación, la Sra. Katherine Müller-Marín el apoyo para resolver dicha situación de emergencia.
La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.
Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.
En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.
Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.
En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.
En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.
En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.
Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
La Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la conferencia Los coribicies: últimos hablantes de las lenguas chibchenses, por la etnohistoriadora Dra. Eugenia Ibarra.
Esta conferencia es parte del ciclo de Actividades Conmemorativas al Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica
La conferencia será virtual el jueves 9 de mayo a las 4:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Benemérita Biblioteca Nacional, 5555 voces, World Graphics se complacen en invitarle a la presentación del libro “El libro de las devociones: conversaciones sobre escritura y tradición” de Víctor Hugo Fernández.
La actividad se realizará el jueves 9 de mayo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/