AAJ Rama Costa Rica propone al Colegio de Abogadas y Abogados plan por el respeto a la legalidad, a la institucionalidad y a la sana convivencia democrática
SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica al Colegio de Abogadas y Abogados.
El documento, dirigido a Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica señala que “conforme con lo prometido, le remito la propuesta de la AAJ, Rama Costa Rica, consultada con otras organizaciones”. El envío fue realizado por el reconocido jurista costarricense Walter Antillón Montealegre, quien lo compartió con SURCOS.
PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS AL COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA
Preámbulo:
En vista de la seria crisis que atravesamos en Costa Rica, ante el deterioro cada día más grave y profundo del Estado de Derecho que construimos especialmente durante el siglo pasado, que dio estabilidad y mejor cumplimiento a los principios constitucionales de búsqueda de la igualdad, mejor distribución de la riqueza y una adecuada división de poderes, siguiendo el principio clásico de “frenos y contrapesos”, para garantizar un más adecuado cumplimiento de los sólidos principios democráticos, para una más adecuada gobernabilidad, inspirada en el estado de derecho, el respeto de la legalidad, alejado de la arbitrariedad y la improvisación.
Cada día se profundiza más la injusticia, lo cual pone en peligro la institucionalidad democrática, por lo que nos unimos a amplios sectores de la población en hacer un llamado para unir esfuerzos, a fin de encontrar soluciones concertadas, inspiradas en principios garantistas.
Dentro de las iniciativas de las cuales ya forma parte, como en el “Foro de Justicia”, la Asociación Americana de Juristas solicitó una cita al señor Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Francisco Cruz Marchena, quien nos atendió junto con el Director Ejecutivo, Lic. Gerardo Solís, para exponerle la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actividades, lideradas por el Foro, por los abogados, para encontrar soluciones, hacer propuestas, y volver a encauzar nuestro país por la vía del respeto a la legalidad, a la institucionalidad por una sana convivencia democrática.
Con miras a un primer encuentro durante el próximo mes de julio del 2024, a fin de ir haciendo un diagnóstico, que nos permita definir parámetros, hacemos la siguiente propuesta provisional, tentativa, a partir de la cual las diferentes organizaciones de la sociedad civil podamos contribuir a mejorar el funcionamiento -entre otros- del Poder Judicial, como baluarte de la equidad y la justicia; avanzar en proyectos de seguridad que den estabilidad a nuestro país, y alejen a la juventud y a la población del flagelo del crimen, la inestabilidad y del narcotráfico.
Esperamos sus sugerencias, observaciones y contribuciones, para que entre todos podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad y país.
ESBOZO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR LAS CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DESEMPEÑO
POLICIAL Y JUDICIAL
Walter Antillón
Sabemos con toda certeza que las causas principales de los fenómenos delictivos que se suceden cotidianamente cada vez con mayor frecuencia (homicidios, asaltos, sicariato derivado del narcotráfico, etc.), se encuentran en la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión de grandes grupos de jóvenes pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad costarricense; y estamos convencidos de que el remedio más eficaz para conjurar aquellos daños es una política de justicia social que elimine dichas causas. Pero desde hace muchos años ningún gobierno, incluido el actual, ha asumido dicha política; por el contrario, más bien han agravado el problema general al debilitar los servicios de policía y justicia. Y siendo así las cosas, este programa se moverá en el nivel de los síntomas, no de las causas.
En efecto, las crisis por las que atraviesan la seguridad ciudadana y los servicios policiales y judiciales son palpables en nuestro País, y se agravan aceleradamente. Pero entre las actividades conducentes a ponerles remedio debemos distinguir nítidamente las de carácter urgente de las que, en el mediano y largo plazo, tratarían de alcanzar soluciones de fondo. Esta distinción se articulará en sendas diferentes estrategias que albergarán otros tantos programas de acción.
I.- LAS MEDIDAS URGENTES
Obviamente la toma de las medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y en materia de administración policial y de justicia es del resorte de los Poderes del Estado, de manera que a nuestras organizaciones lo que corresponde es:
- a) Investigar e informar detalladamente a las autoridades competentes y a la comunidad ciudadana en general, acerca de las dimensiones reales de la crisis y las medidas urgentes a tomar;
- b) Incitar especialmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a que asuman sus respectivos roles dirigidos a preparar los marcos jurídicos y la pronta ejecución de las estrategias adoptadas;
- c) Vigilar durante el transcurso de dicho proceso que todas las medidas que vayan siendo institucionalizadas garanticen plenamente el respeto de los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones involucradas.
II.- Iniciaremos con un SEMINARIO PARA LAS MEDIDAS URGENTES
Se convocará la organización de un seminario con participación de periodistas de investigación, científicos sociales, médicos, abogados y funcionarios especializados para que, en comisiones de trabajo, se distribuyan las tareas respectivas para la elaboración de sendos diagnósticos acerca de:
1º) la situación actual de:
- a) Los cuerpos de la Policía Administrativa;
- b) El Organismo de Investigación Judicial;
- c) El Poder Judicial.
2º) Las medidas de urgencia recomendadas para conseguir que los distintos servicios policiales y judiciales enfrenten exitosamente las crisis actuales.
El Seminario comunicará sin demora sus conclusiones a los Poderes del Estado.
III. ACTIVIDADES ATINENTES A LAS MEDIDAS DE FONDO
Simultáneamente tendría inicio el conjunto de actividades dirigido a instaurar las medidas de fondo, que darían respuestas más definitivas a los requerimientos de seguridad y de justicia en Costa Rica.
- A) Los perfiles de los operadores
Como una línea transversal entre las diferentes tareas del conjunto es necesario trazar sendos perfiles de los operadores policiales y judiciales:
- a) De la policía administrativa
- b) De la medicatura forense
- c) De la policía judicial
- d) Del ministerio público de la defensa
- e) Del ministerio público de la acusación
- f) De la judicatura.
1.- La discusión de los distintos perfiles se llevará a cabo a través de sendas mesas redondas que alimentarán el trabajo de las comisiones redactoras, cuyas conclusiones se someterán al plenario.
- B) La organización
Una vez establecido cada perfil, de ello debe seguirse la configuración orgánica administrativa de cada uno de los servicios del conjunto:
- g) La organización de la policía administrativa
- h) La organización de la medicatura forense
- i) La organización de la policía judicial
- j) La organización del ministerio público de la defensa
- k) La organización del ministerio público de la acusación
- l) La organización de la judicatura.
- C) Los congresos
La organización modélica de los diversos servicios se llevará a cabo en sendos congresos de carácter nacional, policiales y judiciales, con participación de todas las profesiones involucradas:
I.- CONGRESO NACIONAL DE LA POLICÍA
II.- CONGRESO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
III.- CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
IV.- CONGRESO NACIONAL DE LA JUDICATURA.
Las organizaciones involucradas en el proyecto podrán privilegiar o posponer la celebración de alguno o algunos de los congresos mencionados, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos humanos y/o financieros, u otras circunstancias relevantes.
