Día: 14 enero 2024.
Salida: 7.30 a.m.
Punto: Mc Donald´s nuevo de Aserrí.
Destino: Poás, Lámparas, Finca Lajas, Zona de Búfalos, Piedra del Minero y Punto de llegada Rancho Donde Toño.
Costo: C 7.000 mil
Incluye: desayuno a la leña, guía acreditado y souvenir.
Reservas al teléfono: 7189 4252
La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la actividad Cantos de Navidad Costarricense con el Grupo Canción y Pueblo, integrado por los artistas Aurelia Trejos, David Barrantes y Arnoldo Gómez.
La actividad, se celebrará el viernes 19 de enero a las 4:30 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también será transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la inauguración de la exposición bibliográfica Evocando el legado de Abelardo Bonilla Baldares, a los 55 años de su fallecimiento.
La actividad se realizará el martes 16 de enero a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La exposición estará abierta al público del 16 al 30 de enero en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
El SEC solicita a la señora ministra de Educación Pública y al señor presidente de la República, nombrar urgentemente una persona exministra de educación que corresponda, en el Consejo Superior de Educación (CSE), en sustitución de Guillermo Malavassi, quien renunció al finalizar el 2023 dejando a dicho órgano constitucional sin quórum y en consecuencia, sin poder sesionar para ejercer las funciones de ente Rector de la Educación costarricense.
Nuestra educación atraviesa por la peor crisis institucional de los últimos 50 años. El 9° Informe del Estado de la Educación (2023) recordó que: “…La crisis educativa, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas…”
Por su parte, la Contraloría General de la República en su informe sobre la planificación integral del sistema educativo del 15 de diciembre 2023 concluyó, que la educación costarricense se encuentra sin rumbo cierto y que carece de dirección y de orientación, ordenando ante dichas falencias: “… Analizar, discutir, aprobar en sesión del Consejo Superior de Educación, oficializar y divulgar, la Política del sistema educativo con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo, (…) divulgar las decisiones tomadas para su implementación y remitir a la Contraloría General, una certificación en la que consten los acuerdos sobre dicha propuesta y su divulgación, en un plazo dos meses una vez remitida la Política al citado Consejo…”
La renuncia del señor Malavassi quien durante más de un año ejerció en representación de los intereses de las empresas privadas en servicios de educación y plegado a las decisiones erráticas de la ministra -, es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo designe una persona pedagógicamente competente, que represente los intereses de la educación nacional, sin tomar bandería en favor del capital privado que invierte en educación.
Hacemos un llamado para que, con la nueva representación del CSE, se corrija el lamentable error de haber entregado dicho asiento a las grandes universidades privadas y que se designe ahora una persona objetiva y neutral, que se interese por la educación pública del país.
Es también una oportunidad para que la UCR y el MAGISTERIO NACIONAL, representados en el CSE revisen la participación de sus representantes y asuman a partir del presente año, una actitud independiente del Gobierno ejerciendo un contrapeso político – pedagógico que permita retomar el rumbo de la educación pública costarricense. ¡Nuestro país no resiste más improvisaciones!
Por sexto año consecutivo la Universidad Nacional (UNA) recibió el reconocimiento a la “Excelencia Ambiental”, premio otorgado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su destacada gestión ambiental.
Dicha distinción obedece a las acciones ejecutadas por la comisión de gestión ambiental institucional del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conformada por; UNA-Campus Sostenible (coordinador), Apeuna, Programa de Servicios Generales (Sección de Transportes), Oficina de Comunicación, Prodemi, Programa de Gestión Financiera, Proveeduría Institucional y representación estudiantil (estudiante asistente), así como las comisiones ambientales por edificio, facultad o centro y las comisiones PGAI de los campus regionales (Liberia, Pérez Zeledón, Coto, Sarapiquí y Nicoya).
Para la Universidad Nacional este es un reconocimiento al trabajo que se realiza en materia ambiental, el cual es una motivación a seguir mejorando e implementar acciones ambientales como, por ejemplo; ser carbono neutro, tener comisiones ambientales por facultad, edificio o campus regional, la implementación de campañas de ahorro, la concientización mediante educación ambiental a estudiantes y funcionarios, así como la eficacia en el cambio de nuevas tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos.
Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA, resaltó que este esfuerzo tiene como objetivo el uso más racional del agua, papel, energía eléctrica y combustible fósil, así como realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y emisiones de gases de efecto invernadero, buscando minimizar los impactos ambientales que se generan en el quehacer institucional.
Chavarría agregó que esta distinción se extiende a la población universitaria que se encuentra comprometida con el ambiente, así como las personas que colaboran en estas comisiones ambientales. “Estas acciones han venido a consolidar la gestión ambiental de la UNA en el grado de excelencia y debido a esto es que la UNA en seis años consecutivos ha recibido el galardón a la Excelencia Ambiental”, subrayó la funcionaria.
Un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) es un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático. A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
La Constitución de Cádiz estableció, en su artículo 309, un “gobierno interior” conformado por alcalde, regidores y procurador síndico; esos cargos fueron de elección popular. Esa estructura política se denominó “ayuntamiento” y nuestros ancestros eligieron a sus autoridades a finales de 1812 (Sibaja, 2013). El retorno de Fernando VII al trono español (al derrotarse el imperio napoleónico) hizo que, entre 1814 y 1820, se disolvieran los ayuntamientos, los cuales se reestablecieron a inicios de la década del veinte del siglo XIX (Rodríguez, 2020).
Independientes de la Corona Española, los constituyentes costarricenses de 1825 rebautizaron los gobiernos locales llamándolos municipalidades y estas mantuvieron su condición de “electas popularmente”. La Ley de Bases y Garantías (1841), elaborada bajo la lógica de Braulio Carrillo de fortalecer el espíritu nacional, eliminó las municipalidades, pero pocos años después fueron restituidas.
Las elecciones municipales anteceden a la fundación del Estado y la República, han estado presentes en la historia patria por más de doscientos años; sin embargo, es poca la identificación que tiene la ciudadanía con esos comicios.
A menos de un mes de que concurramos a las urnas para decidir quiénes ocuparán los puestos de autoridad de las municipalidades, importa reflexionar acerca de por qué estas elecciones son las más complejas que nos ha tocado vivir.
Número de circunscripciones. Con los cantonatos de Monteverde (ley n.° 10019) y Puerto Jiménez (ley n.° 10195), el país llega a 84 gobiernos locales. El número de cantones más alto de nuestra historia.
Recordemos que cuatro años atrás Río Cuarto debutó como cantón, modificándose la histórica cifra de 81 municipalidades que se había mantenido invariable desde 1980.
Cantidad de puestos a elegir. En 2022, el país eligió 60 cargos del gobierno nacional: la fórmula presidencial (presidencia y dos vicepresidencias) y 57 diputaciones. En los comicios de este año, los puestos en disputa son 6 212, distribuidos en dos grandes grupos: cargos uninominales y cargos plurinominales.
En la primera categoría se encuentran las 84 alcaldías con sus vicealcaldías primeras y segundas (igualmente 84 de cada tipo), 491 sindicaturas propietarias (con igual número de suplencias) y 7 intendencias (con su respectiva viceintendencia). En los puestos plurinominales están las regidurías, las concejalías y las concejalías municipales de distrito.
Nuevas reglas. En el proceso municipal 2024, se estrenará la ley que limita la reelección de las autoridades locales (ley n.° 10.183), disposición que impide, a más de la mitad de las alcaldías del país, optar por un nuevo mandato.
Como consecuencia de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2023-002951, el TSE estableció que, en todos los tipos de papeletas, se debería aplicar la paridad horizontal. Cada agrupación política debía garantizar que, en su oferta política, hubiera igual cantidad de hombres y de mujeres en los primeros lugares de las listas (salvo excepciones puntuales).
La definición de esos encabezamientos complicó el proceso de selección de candidaturas a lo interno de los partidos, los cuales, adicionalmente, debieron hacer una renovación de sus estructuras, como requisito de inscripción de sus nóminas. Esa intensa actividad partidaria implicó la supervisión de cerca de tres millares de asambleas por parte de la Dirección General del Registro Electoral.
Candidaturas. De las 161 agrupaciones políticas inscritas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió nóminas de 73 partidos políticos y de 4 coaliciones, listas que, en su conjunto, representan 39 734 candidaturas.
Los plazos de presentación, revisión y resolución final sobre las candidaturas son los mismos desde el nacimiento de la Segunda República, momento en el que el país tenía una cantidad mucho menor de partidos y los puestos por elegir también eran menos. Esas particularidades hacen que los tiempos, en la práctica, se hayan acortado sustancialmente, aunque la letra de las normas que los regulan no varíen.
Concluir con prontitud la revisión de las postulaciones es fundamental para el diseño y la producción de las papeletas. Además, la ciudadanía debe saber cuál es la oferta electoral definitiva para poder informarse.
Tipos e impresión de papeletas. Las elecciones municipales obligan a la confección de 666 diseños de papeletas, pues, para cada tipo de cargo y para cada circunscripción, hay que elaborar una boleta de votación distinta.
Deben diseñarse 84 diferentes papeletas tratándose de las alcaldías e igual número para las regidurías; se requieren 7 diseños para las intendencias y 491 para las sindicaturas y concejalías de distrito (estos dos tipos de cargo se eligen en la misma papeleta).
Esa documentación debe imprimirse en aproximadamente un mes, puesto que debe empacarse y su envío debe hacerse hacia finales de la segunda semana de enero: “por lo menos quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el Registro Electoral tendrá que haber enviado el material y la documentación electorales a las juntas cantonales…” (artículo 158 del Código Electoral).
Financiamiento de las agrupaciones políticas. Una de las constantes observaciones de los organismos de veeduría internacional es que Costa Rica tiene un modelo de financiamiento altamente inequitativo. La inexistencia de formas de financiamiento indirecto llevan a que los partidos políticos, durante el período de campaña, deban buscar el dinero en fuentes privadas.
Esa dependencia de capitales privados aumenta la tentación de buscar recursos en fuentes lícitas, contexto riesgoso que se acrecienta en los comicios municipales en los que no aplican los certificados de cesión (llamados bonos de deuda) y no hay posibilidad de acceder a la contribución adelantada.
Desafección de la ciudadanía. El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en su Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública de setiembre de 2023, reportaba que el 78.6% de las personas consultadas no simpatizaban con ningún partido político. En el informe de noviembre de ese año, se hacía ver cómo solo la mitad de quienes participaron en el ejercicio de medición tenían mucho o algún interés de participar en los comicios municipales.
Esa falta de identificación de los electores con las agrupaciones políticas incide en la organización de las votaciones, ya que, por ejemplo, las juntas receptoras de votos -para tenerse por integradas- requieren de, al menos, 3 miembros de partidos políticos; sin embargo, según lo conoció el TSE en la sesión n.° 2-2024, 5 072 mesas (de las casi 6 500 que funcionarán el 4 de febrero próximo) solo tienen dos o menos representantes partidarios. El quórum de esos organismos electorales deberá suplementarse con auxiliares electorales designados por el Tribunal.
En el título se afirma que nos enfrentamos a la elección más compleja “hasta ahora”, señalamiento que no es casual. Las nuevas formas de hacer campaña, los cambios en el sistema de partidos y la evolución misma del electorado irán complejizando las dinámicas socioculturales vinculadas con los actos relativos al sufragio.
Debemos estar a la altura de los tiempos, debemos seguir apostando por la institucionalidad, debemos concurrir a las urnas. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana, “La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico” y los pueblos del hemisferio tenemos derecho a ella. La democracia es más que elecciones, es una forma de vida, pero las votaciones son parte de la savia que nutre esa manera de ser y de estar en el mundo.
Andrei Cambronero Torres
Coordinador de la Cátedra de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, UCR
En un detallado viaje por las sendas de las elecciones locales en Costa Rica, el autor Jorge Hernández Tercero nos presenta su obra «Las cinco elecciones populares de alcaldías e intendencias 2002-2020«. Publicado por la editorial EDINexo, este libro emerge como un faro analítico que ilumina los resultados de las cinco trascendentales elecciones que dieron forma al paisaje político local en las últimas dos décadas.
La crónica comienza recordándonos el hito histórico que marcó el camino hacia la democracia local en Costa Rica: la entrada en vigor del Código Municipal el 18 de julio de 1998, bajo la Ley 7794, un texto legislativo que no solo aprobó el código actual sino que, al mismo tiempo, derogó su predecesor. Sin embargo, la verdadera innovación surgió con la disposición de que, a partir del año 2002, la dirección de las Alcaldías e Intendencias sería encomendada a aquellos que lograran el respaldo popular mediante elecciones generales.
Este texto, estructurado en 10 capítulos, es mucho más que un recuento de eventos electorales; es una inmersión profunda en la maquinaria democrática costarricense. El capítulo inicial establece el marco jurídico que gobierna las Alcaldías, explorando con detalle los requisitos, impedimentos, atribuciones, obligaciones, prohibiciones, la pérdida de credencial y hasta la destitución aplicable a alcaldes y alcaldesas.
El capítulo 2 sirve como prólogo, esbozando un resumen de los temas que se explorarán en los siguientes siete capítulos, cada uno dedicado a una de las siete provincias costarricenses y sus respectivos cantones. Este análisis se desglosa en secciones que abarcan desde partidos políticos inscritos, número de candidaturas, dominio partidario y personal en alcaldías, hasta votos válidos, legitimación porcentual, abstencionismo y la inevitable presencia de votos nulos y en blanco.
El capítulo décimo y último tiene la mira puesta en las elecciones de las Intendencias durante el periodo 2002-2020. Se destaca la importancia de secciones específicas del libro que se centran en votos válidos, legitimación porcentual y abstencionismo. El autor revela cómo un bajo porcentaje de participación electoral, especialmente en lo que respecta a los votos válidos, junto a la multiplicidad de candidaturas, puede generar una baja legitimación porcentual.
Es crucial destacar que los números presentados en este documento han sido procesados de acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, respaldando la autenticidad de la información a través de resoluciones, publicaciones y su presencia en la página digital.
El autor subraya que las cifras electorales presentadas en este texto no llevan consigo juicios ni valoraciones políticas o sociales. Deja la tarea de interpretar y evaluar estas cifras a aquellos lectores que se otorguen el favor de adentrarse, total o parcialmente, en este esclarecedor documento.
La presentación concluye con una visión anticipada hacia las próximas elecciones de alcaldías e intendencias programadas para el 4 de febrero de 2024. La entrada en vigencia de la Ley N.° 10183, que limita la reelección indefinida de las autoridades locales, se vislumbra como un catalizador que modificará significativamente el panorama político y partidario en estas esferas, cuestiones cruciales cuantificadas con minuciosidad en este documento.
En resumen, «Las cinco elecciones populares de alcaldías e intendencias 2002-2020» no solo es un registro histórico, sino una herramienta para la comprensión profunda de la democracia local en Costa Rica. Bajo la pluma analítica de Jorge Hernández Tercero, este libro se erige como un faro de conocimiento en el vasto océano de la política costarricense.
Información compartida con SURCOS por Jorge Hernández Tercero.
El crimen organizado es un actor presente en nuestros territorios, el cual, tiene diversas estrategias para afianzar su presencia e imponer las condiciones para la gestión de las relaciones de poder. Por estar razón, es una dimensión más, que debemos tener en cuenta para cuando reflexionamos sobre los desafíos que representa nuestros contextos actuales.
Aprovechamos la publicación de CLACSO del libro «Conflictos territoriales y territorialidades en disputa», y en particular el artículo «Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina escrito» por Emiliano Teran Mantovani(2021), para destacar algunos aportes conceptuales que nos permitan orientar nuestras reflexiones en torno al transfondo del crimen organizado, en este caso, resaltamos algunos insumos para acercarnos a su conformación y dinámicas de afianzamiento, como lo son: su componente organizacional, el perfil de su carácter criminal, su orientación económica y su forma política.
Es por esta razón, que les compartimos la siguiente infografía, que nos permite exponer estos conceptos para contribuir a nuestras reflexiones personales y colectivas en torno a este actor que cada vez más, representa una dimensión determinante en nuestros territorios.
La Cancillería de Costa Rica ha publicado un escueto comunicado que señala: «…sigue con atención el caso presentado por Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia» ante «…presuntas violaciones a obligaciones adquiridas bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio…» y señala su «…confianza en dicha institución y en sus magistrados, así como en las decisiones que emanan de ella, las cuales deben ser acatadas y cumplidas de buena fe…».
Siendo Costa Rica la única nación sin Ejército septuagenaria y con reconocida tradición de defensa de los Derechos Humanos y de la Paz, no debería ir detrás de la atención al caso de Genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel sino que debería colocarse a la cabeza de, o al menos al lado de la República del pueblo Mandela, Sudáfrica, y llevar a la Corte Internacional de Justicia la acusación de Genocidio por parte de Israel contra el pueblo de Gaza y Cisjordania.
No son «presuntos» los hechos que presentará Sudáfrica este jueves 11 de enero ante la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio israelí. A un país como Costa Rica, los hechos que son reconocidos por la ONU y sus distintas agencias y que están sucediendo en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, no le deberían ser «presuntos» sino deberían ser hechos que justifican una acusación.
Que para los Magistrados de la CIJ sean hechos «presuntos», es decir que deben ser sometidos a las pruebas y argumentaciones, es una cosa, pero para un país como Costa Rica no debería serlo. «Presuntos» cabe que sean los hechos para los Magistrados que les toca juzgar en razón de la «Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio», pero no lo debería ser para un país que se supone es sensible y atento a las violaciones a los derechos humanos. No lo ha sido para Sudáfrica, ni para los países que salieron sin «presuntez» alguna a apoyar a Sudáfrica como Turquía, Malasia y Bolivia. ¿Por qué Costa Rica (la Cancillería) la coloca en la gradería, en lugar de colocarla en la posición de apoyo directo a la acusación contra Israel por Genocidio?
La Cancillería manifiesta un «pleonasmo»: Reitera que tiene confianza en las decisiones de la CIJ, las cuales deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Hasta donde sabemos Costa Rica eso lo tiene por «default» y no necesita reiterarlo, pues está «escrito en piedra» al haber firmado la Convención citada y aceptar la jurisdicción de esa Corte. Es lo que nuestro pueblo llama «Llover sobre mojado».
Nadie le pide a Costa Rica que «reitere» lo que es un hecho: La «iter» o ruta está de sobra establecida: las decisiones de la Corte Internacional deben ser respetadas por los que suscribieron el Derecho Internacional. La Cancillería nos ofrece el «reiterare» para no asumir el «accusare» que es tomar partido y acusar o llevar adelante la causa contra el genocidio israelí.
Déjense de medias tintas y de capearse la responsabilidad que la tradición de nuestro país impone y actúen señor presidente Rodrigo Chaves y canciller Arnoldo André Tinoco. ¡Declaren pública e internacionalmente que Costa Rica apoya la causa que lleva adelante Sudáfrica contra el Estado de Israel por Genocidio contra el pueblo palestino!
Acompañemos a la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica en la Vigilia frente a la Casa Amarilla este jueves 11 de enero a las 4.00 pm, para que Costa Rica apoye la acción de Sudáfrica, la respalde y deje de ser espectador de un Genocidio en curso en Gaza por parte del Estado de Israel.
Pablo Hernández Arias, de la Red de Solidaridad con Palestina.
La Red de Solidaridad con Palestina, como parte de una acción mundial de apoyo a Sudáfrica, realizaremos este jueves 11 de enero, a las 4:00 pm, una Vigilia frente a la Cancillería de nuestro país (Casa Amarilla). No solo lo haremos manifiesto con una carta al Consulado de Sudáfrica en nuestro país, saludando y apoyando la gestión de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de acusar de genocidio al Estado de Israel , sino también que haremos una demostración pública ante los encargados de las Relaciones Internacionales de nuestro país, exigiendo que Costa Rica se una a Sudáfrica, como se ha unido Turquía, Malasia y Bolivia, en la iniciativa de acusar a Israel por el genocidio en Gaza y para que detenga sus operaciones militares en Gaza y Cisjordania ocupadas.
¡Basta de medias tintas! ¡Basta de cobardía! Costa Rica no debe ser un simple espectador y solo pronunciarse que» va a respetar lo que la Corte decida en este caso», pues es como dice nuestro pueblo » llover sobre mojado» (Costa Rica respeta, desde que suscribió a la Corte Internacional de Justicia, su jurisdicción y sus resoluciones) y se sume a interponer también la acusación de Genocidio y la exigencia de que Israel detenga está barbarie y se retire de inmediato de Gaza y de su guerra contra este pueblo. ¿Dónde está la imagen de Costa Rica como referente Internacional incuestionable de defensora de los Derechos Humanos y de la Paz señor presidente Rodrigo Chaves y señores de la Cancillería de nuestro país?
Por la Red de Solidaridad con Palestina CR,
Pablo Hernández Arias