Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:
1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.
2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.
3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.
4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.
5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.
6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.
7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.
Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.
Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.
Si tiene planeado estudiar una carrera del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas, la cual es conocida en sus siglas en inglés como STEM, anote este dato porque son las Universidades públicas las que tienen la mayor oferta del país, con un total de 467 carreras.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
La Inteligencia Artificial sus siglas en inglés AI, ha sido un tema relevante a través del tiempo, para la población en general, tanto para las personas jóvenes trabajadoras como las no tan jóvenes, y en el mundo del trabajo nos ha traído bastante incertidumbre. Si bien es cierto, hace ya un tiempo atrás se ha venido hablando sobre la inteligencia artificial y no es un tema novedoso, exactamente desde 1943 en un artículo llamado “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity”, traducido en español como “Un cálculo lógico de ideas inmanentes a la actividad nerviosa”, de Warren McCulloug y Walter Pitts, ambos científicos estadounidenses de los años 40s inició está evolución. En síntesis, se razonaba sobre la actividad nerviosa, los eventos neuronales y las relaciones entre ellos pueden tratarse mediante lógica proposicional. Esto por mencionar un punto de partida cronológico sobre los inicios de la Inteligencia Artificial.
En la búsqueda por lo interesante que me es este tema, he indagado un poco sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado y es que en una de sus crónicas titulada “Inteligencia Artificial generativa: qué es, que no es y qué puede significar para las Naciones Unidas”, nos invita a interactuar con varias plataformas de Inteligencia Artificial, manifiesta, que uno no aprende a jugar pelota, leyendo un libro de física, sino que se aprende pateando la pelota propiamente, es por esto que decidí preguntarle de manera exacta a la Inteligencia Artificial que me diera su significado de manera sintetizada y para esto utilicé Chat GPT 4 de Openai, me brindó el siguiente texto:
“La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas que pueden realizar tareas que normalmente no requieren Inteligencia Humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos para que las máquinas puedan puedan aprender de datos y tomar decisiones basadas en ellos. La IA abarca áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica, y se aplica en una amplia variedad de sectores, desde la medicina hasta la conducción autónoma y el comercio electrónico.”
Se dice que, para recopilar esta información, IA comprende toda la información que existe en internet, en libros, textos, entre otros para darnos una respuesta coherente la cual podremos modificar y utilizar para lo que nos convenga, no obstante, decidí dejarla tal cual me la brindó.
Y bueno, el tema de la Inteligencia Artificial y su implementación en los puestos laborales en Costa Rica ya tiene una apertura en el análisis de las mesas de diálogo de los y las trabajadoras y legisladores. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) así nos lo hace ver en su artículo denominado “El futuro del trabajo en la Administración Pública Nacional: el caso Argentina”, en dicho texto se habla sobre los retos que tienen las organizaciones sindicales a nivel mundial, se reza lo siguiente: “Para muchos ya estamos viviendo una cuarta revolución industrial asociada a una nueva generación de robots y la inteligencia artificial. En este sentido, las organizaciones sindicales tenemos por delante el desafío de pensar en estos temas desarrollando ideas y herramientas que protejan a los trabajadores de una evolución tecnológica que, entendemos, debe aplicarse en el marco de la justicia social, a favor y no en contra de los pueblos, un elemento de inclusión y no de mayor exclusión social como consecuencia de no poder acceder a estas tecnologías; incluso a una simple computadora con conexión a internet”.
Además, la OCDE hace mención en su artículo “Artificial Intelligence in Society”, que un 14% de los puestos laborales pueden llegar a automatizarse y un 32% tendrán un cambio radical en su ejecución habitual. La automatización de los puestos ha venido dándose paulatinamente en Costa Rica, cuando vemos despidos masivos, para reemplazar puestos de trabajo por una máquina que llega a sustituir las o la función que antes era realizada por un ser humano, disminuyendo márgenes de error y aumentando la producción, cosas que sólo un robot o una máquina puede realizar en muy poco tiempo. Pero esto conlleva a la disminución de las oportunidades laborales para la población trabajadora activa, a su vez creando retos ya que entonces a las personas jóvenes nos hace replantearnos cuáles son esas carreras profesionales del futuro.
Considero que ante la evolución no debemos de tener miedo. El mundo constantemente está en evolución y nadie puede pararlo, pero que esa evolución no sea para crear más desigualdad, como lo dice Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), donde solo un 1% aumenta su riqueza a costas de los menos afortunados haciéndoles cada vez más pobres.
Para finalizar, sintetizo sobre los desafíos que se tiene como población trabajadora con la Inteligencia Artificial y es que esta sea una ayuda, aliada del ser humano para ejecutar los procesos cotidianos , la debida capacitación, asegurar el trabajo decente, la privacidad de datos de las personas, el cambio amigable y no arrebatado, creando precariedad laboral y que esta evolución siempre sean respetados los Derechos Fundamentales que se nos ha concedido en nuestra Constitución Política de 1949 en el caso de nuestro país.
La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la conferencia virtual Música y diplomacia cultural en la Unidad Popular. Víctor Jara en gira por Costa Rica en 1971 por el investigador Esteban González Seguel.
La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle al IVConversatorio sobre música costarricense: Música rock, pop, experimental con la participación de Ricardo Ascanio, Fo León y Modera Alberto Zúñiga.
La actividad se realizará el martes 12 de setiembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Fundación-Friedrich-Ebert (FES) en Costa Rica tiene el honor de recibir la visita del diputado alemán Sr. Axel Echeverría, y en conjunto con el Despacho del Diputado Jonathan Acuña, se complace en invitarle al Foro Políticas Públicas para la Transformación-Social-Ecológica de la Economía. Puede consultar aquí el programa del Foro.
Las actividades humanas han tenido un impacto profundo en el planeta. Múltiples crisis sociales y ecológicas se deben al cambio climático y caracterizan el contexto actual. Los procesos de transformación necesarios para una economía y un estilo de vida bajos en emisiones de carbono plantean grandes retos tanto para la sociedad costarricense como la alemana. La FES desea contribuir a un intercambio – sobre los retos y las oportunidades – nutrido por experiencias en la formulación de políticas públicas inclusivas y sostenibles que han sido impulsadas por el Sr. diputado Axel Echeverría.
Axel Echeverría es diputado en el Parlamento Federal de Alemania por el Partido Socialdemócrata (SPD) desde 2021. En el marco de su mandato es miembro del Comité de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor, y miembro suplente del Comité de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, es miembro del Consejo Asesor Parlamentario para el Desarrollo Sostenible y vicepresidente del Grupo Parlamentario Alemán-Centroamericano. En la Bancada del SPD, es miembro del Grupo de Trabajo sobre Migración e Integración. Antes de su puesto como diputado, trabajó para la Agencia Federal de Empleo y como colaborador científico en el Parlamento Federal.
Ingrid Ross Representante Fundación-Friedrich Ebert para Costa Rica, Guatemala y Honduras. Directora del Proyecto Transformación Social Ecológica en América Central
Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).
Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática
Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.
En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.
Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.
Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.
Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.
La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).
“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.
En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.
Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.
“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.
Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del IIIForo Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.
En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR.
Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA
Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.
Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.
“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.
“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.
Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.
Una radiografía del sector vivienda 2022
El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.
La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.
“El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.
El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR.
Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.
“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.
Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR.
“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.
“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.
“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.
Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.
Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:
Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.
Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.
Carlos Quesada Asesor en comunicación del Informe, UCR
