El Bloque de Vivienda, junto al Frente Nacional de Lucha (FNL) y Unidos por la Caja, se une a la marcha del 25 de octubre contra las políticas y artimañas capitalistas y colonialistas, impulsadas desde el gobierno, contra los Derechos Humanos y conquistas sociales de nuestro pueblo.
A la vez, nos pronunciamos contra el recorte de 30 mil millones de colones al presupuesto de vivienda social.
Una familia indígena bribri de la comunidad de Cabagra, en el cantón de Buenos Aires, está organizando un evento de bien social, con cuyo objetivo es alegrar la navidad 2023 a 52 niños y niñas bribri de esa localidad.
Esta familia inaugura la idea, donando la alimentación, prestando las instalaciones de su proyecto Diwöwak Adventures que incluye espacio recreativo, piscinas, áreas verdes y todo un entorno natural envidiable.
Pero, además, se encargarán de pagar la animación del evento el día de las entregas de regalo. ¿Cómo puede ayudar? Donando un regalo para dar felicidad en estas épocas navideñas.
La fecha fijada para esta actividad es el 17 de diciembre de 2023.
Esta familia es reconocida en la comunidad por su espíritu solidario y de bien social y por eso cree en la voluntad de 52 personas más que quieran unirse a esta iniciativa.
Para la lista, coordinación para entrega de regalos y demás detalles, favor escribirnos al 8306-9017 y 8985-3769 con Yendry Ceciliano y Xavier Delgado.
Unamos esfuerzos para dar felicidad a 52 niños y niñas bribris de Cabagra.
Pensionados y pensionadas de IVM, para que no se confundan o no los confundan con el 6,62% que se mencionó este 19 de octubre en La Extra (https://www.diarioextra.com/…/aumento-a-pensionados-se…). Ese aumento de las pensiones del 6,62% que la CCSS pagó en junio de 2023 fue solo para la pensión mínima y no fue por costo de vida; recuerden que a los pensionados con pensiones más bajas (inferiores a 153 mil colones en enero de 2023) los estaban estafando desde setiembre de 2022, porque el artículo 29 del Reglamento de IVM ordena que la pensión mínima no puede ser menos que la mitad de la Base Mínima Contributiva; pero algunos sinvergüenzas de la CCSS estaban violando esa normativa, les estaban robando (les comparto otra vez el oficio, vean lo destacado en amarillo, el reajuste de 6,62% fue el resultado de aumentar la pensión mínima de 143.680 colones a 153.192 colones). Entonces lo cierto es que por costo de vida la CCSS no ha hecho ningún reajuste a las pensiones por la inflación del segundo semestre de 2019, segundo semestre de 2020 y todo el año 2022, lo que significa que no ha reajustado aproximadamente un 10% las pensiones por la inflación de esos períodos. Eso es un robo de 140 mil millones de colones por año.
El viernes 29 de setiembre, el programa Alternativas transmitió en vivo una conferencia sobre el Censo 2022, datos y decisiones. Como panel invitado participó Elizabeth Solano, subgerente del INEC y coordinadora del proyecto censal del 2022.
La primera parte de la actividad tuvo un carácter informativo, el cual buscó abordar cómo y cuándo se hace un censo, cuál es su objetivo y cuál es la logística para su realización.
De este modo, Elizabeth Solano explica que el Instituto Nacional de Estadística y Censos es una de las distintas instituciones públicas que realizan estadísticas en el país. Entre ellas, el Censo es una de las operaciones estadísticas más complejas que realizan los países, dado que busca obtener información de todas las personas.
Los censos pueden ser de diversos tipos: agropecuarios, de diferentes grupos poblacionales, identidad étnica, personas con discapacidad, entre otras. En este caso, el Censo 2022 se enfocó en las personas y las viviendas del país.
Seguidamente, la segunda parte de la conferencia tuvo un enfoque descriptivo donde se expusieron los principales datos recolectados a través del censo y, asimismo, las principales dificultades y logros con su realización.
En este sentido, Elizabeth menciona que es importante analizar cómo la pandemia provocó cambios significativos en la población costarricense, lo cual puede verse reflejado en los datos recolectados.
Entre las dificultades mencionadas, se encuentra que la recurrencia de las estafas por medio de llamadas telefónicas, ha provocado que las personas ciudadanas desconfíen de las encuestas y de brindar sus datos. Asimismo, otra dificultad es la falta de recursos económicos que se necesitan para abordar los distintos territorios del país.
Como logro importante, Elizabeth menciona que se logró realizar el censo a un millón de personas que, si bien no fue el número esperado, representa una cifra importante y representativa.
Con el censo 2022, se logró detectar que la población actual del país es de 5044197 personas, lo cual incluye tanto a personas nacionales como extranjeras. También se encontró que la población costarricense ha pasado, con el tiempo, a una estructura poblacional más envejecida. Asimismo, se encontró que entre los cantones más poblados se encuentran San José, Alajuela, Desamparados, San Carlos y Cartago.
Otro dato importante encontrado con el Censo 2022 indica que las viviendas desocupadas han incrementado su peso relativo en el total de viviendas del país: Para 2022 fueron 214 654 viviendas.
Finalmente, se presentó un espacio de reflexión sobre las decisiones que se pueden tomar a partir de los datos encontrados durante el Censo y cuáles instituciones pueden participar de estas formulaciones, por ejemplo, en la elaboración de políticas públicas. De esta forma, el Estado puede tomar decisiones según las necesidades poblaciones en cuanto a la salud, vivienda, educación, cultura, entre otros.
Manifiesto del Grupo Economía Pluralista dirigido a la presidencia y a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa Diputado Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de fracción Partido Nueva República Diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa de fracción Partido Progreso Social Democrático Diputado Eliecer Feinzaig Mintz, jefe de fracción Partido Liberal Progresista Diputada Sofía Alejandra Guillén Pérez, jefa de fracción Partido Frente Amplio Diputado Oscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción Partido Liberación Nacional Diputado Alejandro José Pacheco Castro, jefe de fracción Partido Unidad Social Cristina
El plan fiscal heredado del gobierno de Carlos Alvarado, concretado, principalmente, en las leyes número 9635 (“Fortalecimiento de las finanzas públicas”), y 10.159 (“Ley Marco de Empleo Público”), y concebido desde un énfasis austeritario y restrictivo, está dando clarísimos síntomas de agotamiento, con consecuencias sociales y humanas muy serias y preocupantes, lo que, a su vez, multiplica y agrava las amenazas para la paz social y la estabilidad de la democracia.
Los síntomas del problema son múltiples:
La dinámica de los ingresos muestra una tendencia declinante. Al mes de septiembre de 2023, y comparado con los datos de un año antes, los ingresos totales registran una reducción de -2,7%. Obviamente este dato está afectado por la tendencia deflacionaria que se ha registrado durante este año, pero, incluso si consideramos ese factor, lo que se registra es una reducción en términos reales, puesto que, en el mismo lapso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una reducción interanual del -2,2%. La parte correspondiente a los ingresos tributarios aumenta solo un 2,9%, cuando un año antes aumentaban 16,4%. Incluso si descontamos la inflación (que ciertamente era mucho más alta en septiembre 2022 que en septiembre 2023), detectaremos una reducción en el ritmo de crecimiento de este ítem. Sin embargo, es importante observar que lo que mantiene a flote el dinamismo de los ingresos tributarios es el IVA, el cual, al mes de septiembre, crece un 6,5% interanual, cuando los impuestos sobre ingresos y utilidades lo hacen tan solo un 1,3%. Esto último advierte sobre una posible tendencia hacia una mayor regresividad del sistema tributario, el cual, de por sí, ya es sumamente injusto e inequitativo.
Los gastos, sin incluir pagos por intereses, siguen bajo una fuerte presión restrictiva. Al mes de septiembre, su crecimiento interanual es de 0,9%, lo que hace previsible que la proporción correspondiente, como porcentaje del PIB, seguirá a la baja, puesto que el Banco Central anticipa un crecimiento del 5,7% en términos nominales (sin descontar la inflación) para el presente año 2023.
En general, la evolución del gasto del Gobierno Central, durante el período posterior a la aprobación de la Ley 9635, advierte acerca de tendencias muy preocupantes, tal y como se sintetiza en los siguientes datos:
2018
2022
Gasto Total sin intereses (% del PIB)
16,0
14,5
Gasto corriente sin intereses (% del PIB)
14,7
13,1
Gasto de capital (% del PIB)
1,3
1,4
Gastos por intereses (% del PIB)
3,4
4,6
4. La significativa reducción del gasto corriente (sin incluir intereses), relativamente al tamaño de la economía, conlleva una fuerte pérdida de eficacia y calidad en los servicios públicos. La errónea idea de que se puede sacrificar el gasto corriente sin que ello tenga consecuencias importantes, pierde de vista un dato fundamental: el funcionamiento normal de las instituciones públicas, y de los servicios que, cotidianamente, estas prestan, depende de ese rubro presupuestario. Esta severa restricción implica un efecto muy negativo para la población, la paz social y el desarrollo de la economía, y ese efecto persistirá incluso aunque pudieran obtenerse mejoras significativas en la eficiencia, cosa que, sin embargo, es altamente improbable de lograr si no se realizan -como no se están haciendo- inversiones importantes en equipo, tecnología e instalaciones, y mucho menos en vista del desaliento y desmotivación que generan en el personal del sector público, los largos años de congelamiento salarial y toda la incertidumbre y confusión que ha provocado la Ley Marco del Empleo Público.
5. Por su parte, los montos irrisorios, más bien ridículos, que se destinan a gasto de capital, frenan cualquier programa serio de creación de empleos decentes, e implica un acrecentamiento en los déficit acumulados en materia de infraestructura (desde puentes, carreteras y transporte público, a escuelas e infraestructura de cuido), con severas consecuencias para el desarrollo futuro de la economía, para la equidad e inclusión social y, por lo tanto, para la paz social y la estabilidad de la democracia.
6. En cuanto a los pagos por intereses de la deuda, estos siguen arrastrados en una deriva ascendente, agregando presiones restrictivas adicionales sobre el gasto social y la inversión pública. Los datos actualizados a septiembre de 2023, confirman que la estrategia definida para la reducción de este rubro (basada, sobre todo, en la sustitución de deuda interna por deuda externa) no está dando los resultados prometidos, no obstante que la baja tan fuerte del dólar (un -23% desde fines de junio 2022 a la fecha), debería aliviar muy considerablemente los pagos por intereses sobre la deuda expresada en moneda extranjera. Es más que llamativo confirmar que, al mencionado mes de septiembre, los gastos por intereses de la deuda externa crecen espectacularmente, a una tasa interanual del 28.7%, no obstante, la mencionada reducción del precio del dólar ¿Era de esa forma cómo se pretendía reducir los pagos por intereses?
7. La realidad se ha encargado de poner en evidencia los altísimos costos sociales y humanos que estas políticas conllevan, y todo el creciente malestar ciudadano que alimentan. Eso ha repercutido en la Asamblea Legislativa, en la cual hemos visto desplegarse esfuerzos diversos que, en lo fundamental, tratan de flexibilizar o modificar aspectos de la regla fiscal.
8. Apreciamos y aplaudimos lo que hay de positivo y bienintencionado en esos esfuerzos y disposiciones, pero advertimos que es una estrategia reactiva, que conlleva algunos problemas y limitaciones importantes:
Son decisiones fragmentarias, que carecen de una visión integrada, coherente y de conjunto. Si bien alivian algunas de las consecuencias problemáticas derivadas de la estrategia fiscal en aplicación, arriesgan generar nuevas inconsistencias en el abordaje del problema fiscal y, por lo tanto, nuevas fragilidades en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su lugar, es urgente avanzar hacia un replanteamiento integral y coherente, que garantice sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Pero sostenibilidad no solo desde el punto financiero, sino también desde lo social, lo político y lo económico en sentido amplio.
Una de tales inconsistencias tiene que ver con el hecho de que, al liberar secciones o porciones de la institucionalidad pública de la aplicación de la regla fiscal, manteniendo el resto sujeta a esta, se crea la muy plausible posibilidad de un desarrollo asimétrico e incoherente: algunas porciones sometidas a una restricción muy fuerte, frente a otras que gozan de mayor holgura presupuestaria. Lo deseable, en cambio, es lograr un fortalecimiento armónico y coherente de las instituciones públicas en sus distintos componentes. La premisa implícita, según la cual hay servicios públicos prioritarios y otros accesorios es, como mínimo, problemática, entre otras cosas porque desestima las relaciones de complementariedad entre las distintas partes componentes de la institucionalidad pública. Por ejemplo: propiciar que las universidades puedan invertir más en becas e infraestructura y que fortalezcan su oferta académica en las regiones, mientras la investigación y la acción social o extensión se mantienen bajo una presión restrictiva, puede dar lugar a formas de desarrollo institucional desbalanceadas y poco armónicas.
Las decisiones atinentes a reducción de impuestos, por ejemplo, la reciente reducción del marchamo, al margen de la buena intención que pudiera animarlas, deberían no solo cuidar de tener un perfil nítidamente progresivo, sino contemplar fuentes alternativas de ingresos que sustituyan los que se están reduciendo, y las cuales deben quedar definidas de forma igualmente progresiva. De otra manera, al reducir los ingresos, se estarán dando pretextos adicionales para endurecer el enfoque austeritario, que tan nefastas consecuencias está teniendo. Sobre todo, es muy preocupante la reciente decisión, relacionada con la llamada “lista gris” de la Unión Europea, la cual, al exonerar las rentas o ganancias obtenidas por capitales de origen costarricense invertidos en el extranjero, con ello no solo debilita los ingresos fiscales, y no solo favorece directamente a los más ricos de Costa Rica, agudizando en consecuencia la regresividad de nuestro sistema tributario y las desigualdades en nuestra sociedad, sino que incentiva la fuga de capitales y su inversión fuera del país, con todas las negativas consecuencias que ello tiene para la creación de empleos y el desarrollo de la economía. 9 .Conclusión:
El abordaje del problema fiscal por el que se ha optado, está dando signos claros de agotamiento. Es cierto que ha habido una mejora relativa en las cuentas fiscales, lo cual se refleja en el surgimiento de “superávits primarios” (excedentes positivos de los ingresos sobre los gastos, sin incluir en estos últimos los pagos por intereses), como también en una reducción considerable del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los pagos por intereses). Sin embargo, todo eso se logra a un costo altísimo e incuantificable, en virtud de las severas consecuencias sociales y humanas que esa estrategia de políticas tiene, lo cual la hace políticamente inviable. Esa inviabilidad se agudiza en el actual contexto nacional, asediado por una agudizada situación de violencia y criminalidad, la cual parece haberse salido de cauce, al punto que, en algunos lugares, el Estado está prácticamente ausente, sustituido por las estructuras del crimen organizado. Todo esto advierte que insistir en una política austeritaria como la que se viene aplicando, es una apuesta sumamente peligrosa. Es indispensable tener presente que no solamente se requieren más policías, cárceles y represión, sino, y sobre todo, es urgente y necesario un abordaje preventivo, lo cual, inevitablemente, pasa por el fortalecimiento de las políticas de salud, educación, vivienda, cuido, arte y cultura, entre otros, así como, en general, de todos nuestros sistemas de seguridad social y del Estado social de derecho en su conjunto. Hay cosas importantísimas que el mercado y la iniciativa privada no pueden proveer, o, si las proveen, serán a precios que, inevitablemente, excluirán a la mayor parte de la población. Sin un futuro esperanzador, empleos de calidad, estabilidad económica, oportunidades educativas y de esparcimiento, buenos servicios de salud, acceso a vivienda y a un servicio hídrico universal y de calidad, transporte público accesible y de calidad, oportunidades para el cultivo del arte y la práctica del deporte, será imposible frenar la criminalidad y traer paz a nuestras comunidades y vecindarios.
10. Propuesta
Creemos necesario avanzar en una dirección renovada, que contemple aspectos como los siguientes:
Un ejercicio de acercamiento y colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que, cancelando rigideces ideológicas, permita concertar acciones, formuladas con prudencia y razonabilidad, con el fin de reducir la carga de los intereses de la deuda. No debe descartarse una posible renegociación de esa deuda, al menos la parte interna.
Debe tenerse máxima prudencia al tomar deuda externa, dados los riesgos que comporta endeudarse en una moneda que no es la nuestra. Esa deuda externa debería destinarse a fines productivos, para la elevación de la productividad, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, y la diversificación y modernización de la economía, que garanticen la sostenibilidad futura de la misma deuda.
Es urgente avanzar hacia una reforma tributaria realmente progresiva, que haga valedero el principio de que cada quien contribuya según sus reales posibilidades. Deberíamos proponernos un incremento en la carga tributaria (como porcentaje del PIB y sin incluir las contribuciones a la seguridad social), de al menos 5 puntos porcentuales durante los próximos cinco años, lo que implicaría llevarla a los alrededores del 19%, todavía muy lejos del promedio de la OCDE (25%), y mucho más lejos aún de los países de más alto nivel de vida, como los nórdicos europeos, donde usualmente supera el 30%. Esto debería provenir exclusivamente de impuestos sobre los altos ingresos (indistintamente de que estos provengan del capital o del trabajo) y sobre los grandes patrimonios, sin afectar más a los sectores de ingresos medios, ni mucho menos a los de ingresos bajos. Téngase presente que los impuestos sobre ingresos y utilidades aportan, en Costa Rica, solamente un 5,5% como proporción del PIB, cuando el respectivo promedio para la OCDE es del 11,3%, mientras en Finlandia y Suecia excede del 15%, en Noruega está por arriba del 20% y Dinamarca llega al 30%. Esto debe ir acompañado de cambios en la legislación y fortalecimiento organizacional y tecnológico de la administración tributaria, a fin de combatir eficazmente el fraude tributario en sus diversas manifestaciones. No debe perderse de vista el carácter trasnacionalizado, incluso globalizado, de la “industria del fraude tributario”, lo cual exige la colaboración y el trabajo conjunto de los diversos países y sus gobiernos. Todo esto es necesario, para poder contar con la holgura presupuestaria mínima, que nos permita soltarnos de las amarras asfixiantes, y sumamente dañinas, de la austeridad fiscal.
Así sea de forma gradual, y con mucho tiento y prudencia, pero es necesario que el país redefina sus políticas en materia de inversión extranjera. Hemos sido excepcionalmente exitosos a la hora de atraerla, pero sumamente ineptos, si de garantizar ciertos beneficios mínimos para el país se trata. Bienvenidos son los empleos que genera, pero la evidencia demuestra, sin asomo de duda, que son harto insuficientes para satisfacer las necesidades de empleo de nuestra gente, como también son insatisfactorios los resultados logrados en términos de la generación de encadenamientos productivos y transferencia de tecnologías. Y ni hablemos de sus muy escasos aportes al sostenimiento de las finanzas públicas. La resistencia a cualquier avance en ese sentido, no obstante que la necesidad es más que apremiante, se vuelve más clara si recordamos que a nivel mundial se ha discutido, y se han tomado acuerdos, que propician establecer al menos una tasa uniforme del 15% sobre las ganancias de las corporaciones transnacionales. En Costa Rica, y contrariando los intereses nacionales más elementales, la cuestión ha sido silenciada. En resumen: nos urge establecer una relación más equitativa con la inversión extranjera, de manera que esta encuentre en nuestro país un ambiente propicio a sus intereses, pero garantizando que quede a nuestro favor una cuota razonable de las ganancias generadas.
Es importante abrir espacios para el desarrollo de programas de inversión pública que relancen el empleo, dinamicen el mercado interno, avancen gradualmente hacia el cierre de los déficits en materia de infraestructura y conectividad, el avance hacia nuevas fuentes energéticas limpias y sostenibles, y que, asimismo, sienten las bases para una economía moderna, diversificada y de alta productividad. Estos programas y proyectos deberían diseñarse de forma que propicien el empleo para mujeres y personas jóvenes, el beneficio de las regiones y comunidades fuera del Valle Central, y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. También debería considerarse abrir programas de empleo temporal, que propicien el aporte de las personas en labores cívicas de interés de las comunidades y los barrios, y que provea un ingreso mínimo a personas que lo requieren, y las cuales desean obtener un trabajo formal pero que no lo tienen.
Las operadoras de los fondos de pensiones complementarias (fondos de capitalización individual) administran ahorros de la población costarricense, por una cifra que excede de los ₡10 billones de colones, o sea, el equivalente a aproximadamente 21-22% del PIB. Cerca de un tercio de esos fondos -un monto por encima de ₡3 billones- está siendo colocado en los mercados financieros internacionales, los cuales, como hemos podido comprobar, son altamente inestables y riesgosos. Paradójicamente, la inversión pública en muchos ámbitos de máxima prioridad social y económica, sigue paralizada, o reducida a su mínima expresión, porque, según se repite, “no hay cómo financiarla”. O bien, y alternativamente, se apela al mecanismo de “concesión de obra pública”, lo cual significa, para todo efecto relevante, una privatización de hecho, con resultados que reiteradamente han sido contrarios a los intereses de Costa Rica. Deberíamos, en cambio, poner especial interés en aprovechar los fondos de pensiones para el financiamiento de las inversiones públicas. Con ese fin, es posible explorar mecanismos como los de titularización de obra pública, la creación de “vehículos de propósito especial” (SPV por sus siglas en inglés) o los fideicomisos. Pero para hacer todo esto eficaz y expedito, es necesario, primero, que el sistema financiero desarrolle mecanismos idóneos, ágiles y confiables para la canalización de esos fondos, y, segundo, que la legislación y la institucionalidad pública involucrada, se reformen en lo que sea necesario, a fin de garantizar que los procesos de planificación y ejecución de las obras públicas avancen con presteza y con los mínimos obstáculos posibles. Todo esto dentro de una propuesta de políticas que resguarde la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones.
Finalmente, y de forma sumamente respetuosa y encarecida, formulamos una excitativa a las señoras y señores, presidente y jefas y jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para que promuevan la apertura de mesas de diálogo y trabajo, con participación de representantes de las diversas organizaciones y sectores de la ciudadanía, incluyendo, entre otros, sindicatos, organizaciones de mujeres, academia, pueblos indígenas, las iglesias y las diversas organizaciones religiosas, las organizaciones de la agricultura y del ambiente, organizaciones estudiantiles, comunales, solidaristas y de la economía social-solidaria (cooperativas, micros y pequeños emprendimientos, etc.) y cámaras empresariales, con el fin de avanzar hacia la formulación de un programa fiscal, coherente e integral, justo y progresivo, que genere las condiciones necesarias para relanzar el empleo, elevar la productividad de la economía y propiciar un desarrollo sólido y sostenible, ambientalmente muy responsable. Desde luego, es importante que las autoridades del Poder Legislativo inviten y promuevan la participación del Poder Ejecutivo, ya que, sin el compromiso de este último, sería imposible avanzar en este proceso de urgente reorientación y replanteamiento de la estrategia fiscal en aplicación.
Sin más por ahora, quedamos a sus órdenes y a la espera de su respuesta a esta respetuosa excitativa. Cualquier comunicación puede enviarse al siguiente correo electrónico: lpvaso@gmail.com
Cordialmente
Dr. Luis Paulino Vargas SolísEconomista / Cédula 2-0327-0373
Catedrático jubilado
Máster Ana Rosa Ruiz FernándezEconomista / Cédula 3-0248-0440
Representante Administrativa en el Consejo Institucional ITCR
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén publicó el siguiente mensaje:
“Se acaba de dictaminar en la Comisión Especial de Energía el proyecto de ley que terminará de despedazar al #ICE (expediente 23.414). Entre este proyecto hecho para beneficiar los intereses privados de algunos generadores y el reglamento 5G que excluye a Huawei con quién la institución tenía previsto los contratos para la nueva tecnología, el ICE no podrá sobrevivir, así de simple. Es el nuevo COMBO DEL ICE. Tenemos que reaccionar”.
Comunicado de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo
Distintas organizaciones nacionales, organizaciones internacionales y activistas independientes, seguimos recibiendo muestras de apoyo y solidaridad con el pueblo costarricense y sus demandas de bienestar y justicia social para las personas en este país.
De cara la Gran Protesta Nacional de este 25 de octubre compartimos parte del material recibido y solicitamos respetuosamente difundir ampliamente en sus canales de comunicación y RRSS.
Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.
Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.
Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.
Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.
Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choquesinfiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.
Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.
Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.
Con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Gobierno de ese país le entregó una medalla conmemorativa a la Universidad de Costa Rica por ser una de las instituciones costarricenses que acogieron a chilenos y chilenas en el periodo de exilio forzado y, de esta manera, generar una oportunidad para su desarrollo profesional, académico y personal. Foto: Embajada de Chile.
Influencia chilena en las aulas universitarias
El gobierno de Chile homenajeó a la UCR por acoger a parte de su población exiliada hace 50 años
“No hay mal que por bien no venga”…
…o para quienes son creyentes: “Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra existencia”.
El golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973 pisoteó los derechos fundamentales de muchísimas personas y el régimen que se instauró persiguió a cuanta persona creyera como enemiga. Fue así como no pocos docentes universitarios se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y, quienes se dedicaban a generar más oportunidades para la educación en zonas rurales, fueron asociados con ideas de izquierda, una mala palabra para las nuevas autoridades, motivo suficiente para ser encarcelado, en el mejor de los casos.
Esa situación obligó a gran cantidad de intelectuales, pensadores, artistas y personas dedicadas a la academia y a la investigación a emigrar fuera de Chile. A pesar de que las redes sociales como hoy se conocen estaban muy lejos de existir, Costa Rica se convirtió rápidamente en tendencia entre las familias que se vieron forzadas a huir, por ser un país sin ejército, con estabilidad política y buenas condiciones sociales.
Tan pronto comenzó el exilio, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a la comunidad desplazada en lo que pronto se convirtió en una simbiosis de mutuo beneficio: por un lado, quienes recién llegaban “con una mano atrás y otra adelante” lograron estabilidad laboral de forma inmediata y permanente y, por otra, la Universidad dio un salto cualitativo en la docencia y en la investigación en muchas disciplinas, gracias a la incorporación de personas con alta formación académica y amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.
Uno de ellos es el filósofo y escritor Helio Gallardo Martínez, quien pronto se jubilará, luego de cinco décadas completas de ejercer la docencia y de estimular el pensamiento crítico en sus estudiantes. Al igual que la mayoría de sus coterráneos, Gallardo tuvo que salir apresuradamente de su país luego de que los militares cerraran la universidad en la que trabajaba al sur de Chile, vaciaran su cuenta de ahorros, lo encarcelaran por algunos días sin ninguna justificación y le dijeran a su padre que no podían garantizar la vida de su hijo, lo cual se interpretaba como una sentencia de muerte.
Fue así como, primero, se trasladó a la capital, pensando que ahí pasaría desapercibido. Sin embargo, al notar el miedo imperante en su círculo más cercano de amistades, decidió trasladarse a México, donde ya había una buena cantidad de migrantes chilenos. Gracias al apoyo económico de algunos conocidos, reunió el dinero para viajar primero a Costa Rica y, posteriormente, a México. No obstante, decidió no llegar hasta su destino final porque en el país centroamericano encontró las condiciones sociales con las que muchos soñaron con Allende en Chile.
Ya en suelo nacional, por poco tiempo se dedicó a vender libros y a cuidar casas de familias amigas, porque la Universidad de Costa Rica lo contrató como profesor en 1974, gracias a la intervención de los llamados “chilenoides”, entre los que destaca al escritor Isaac Felipe Azofeifa, quien había estudiado en Chile y guardaba un gran aprecio por el país suramericano y su gente.
“Al inicio se organizaron algunas reuniones a las que llegábamos unos 25 o 30 profesores chilenos que había contratado la Universidad de Costa Rica, la mayoría varones. Recuerdo que tomamos el acuerdo de no aspirar a ningún cargo porque ya era suficiente con que la Universidad nos diera trabajo. Pero muchos no cumplieron su palabra y, tan pronto terminó la reunión, salieron a postularse a puestos de dirección”, recuerda Gallardo entre risas.
La estabilidad que Gallardo encontró en Costa Rica sepultó sus intenciones de retornar clandestinamente a Chile y, poco a poco, fue arraigando su corazón a la nueva tierra que lo recibió. Su corazón rebosa de agradecimiento al recordar la generosidad de la UCR y sus autoridades, quienes siempre cuidaron de suplirle trabajo a él y a sus compatriotas exiliados. “Lo que más se puede resaltar es el agradecimiento de la recepción y el hecho de que para el 74 ya estábamos todos trabajando acá, cosa que en Chile no lo hubiéramos conseguido”, recalcó el escritor.
Gallardo y su entonces esposa, Lilian Arriagada Morales, contribuyeron con la academia en el Centro Regional de San Ramón de la UCR (actual Sede de Occidente), al igual que Enrique Margery Peña y su esposa, Mafalda Bertoglia Richards, quienes lo hicieron desde la investigación de lenguas originarias costarricenses y la enseñanza de lenguas modernas, respectivamente. A estas dos parejas chilenas las recuerda muy bien Luis Fernando Arias Acuña, director del Centro Regional de San Ramón de la UCR entre 1973 y 1977.
“Llegar a San Ramón en aquella época era toda una epopeya, se tardaba muchísimo. Esa circunstancia, junto con la escasez de recursos, no convencía a la gente del Valle Central a trabajar en el Centro Regional. La mayoría éramos muy jóvenes y nos faltaba experiencia. Así que la llegada de los chilenos la vimos con muy buenos ojos, porque nos abría la oportunidad de consolidar y mejorar académicamente en un Centro Regional que estaba dando sus primeros pasos”, recordó Arias.
Y así fue. Helio, Lilian, Enrique y Mafalda invirtieron alma, vida y corazón en el incipiente proyecto de regionalización universitaria que había iniciado la Universidad de Costa Rica tan solo cinco años antes del golpe de Estado en Chile. A falta de una estructura y una normativa que definiera con claridad los objetivos de lo que posteriormente se llamó Centro Universitario de San Ramón, Arias tuvo en las dos parejas chilenas una asesoría de altísimo nivel para darle un norte a la primera sede regional de la UCR, en vista de que ambas ya contaban con amplia experiencia académica y de investigación en universidades chilenas de gran trayectoria.
“Nombré a Enrique Margery como coordinador de investigación porque esa era su pasión y tenía mucha experiencia de esa índole en el campo de la filología y la lingüística. Se interesó mucho en las lenguas originarias amerindias y creo que es la persona que más ha incursionado en ese campo, junto con Adolfo Constenla. Ambos hicieron de su quehacer un campo fenomenal, de crecimiento intelectual y una ayuda de conocimiento para el país de lo que son los ancestros filológicos de la gente originaria de Costa Rica”, resaltó el exdirector de la actual Sede de Occidente de la UCR.
La actividad también sirvió para inaugurar una exposición del pintor chileno Julio Escámez, quien también vivió su exilio en Costa Rica. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos, 50 personas de origen chileno han laborado para 35 distintas unidades dentro de la Universidad de Costa Rica desde 1997. Este número podría ser mayor si se incluyen a las personas que salieron del sistema antes de ese año. Foto: Embajada de Chile.
Adicionalmente, Margery y Bertoglia contribuyeron a concretar proyectos que pusieron a San Ramón en el radar de la educación superior costarricense, como un laboratorio de idiomas de última generación, el primer circuito cerrado de televisión, el mejoramiento de los laboratorios y adquisiciones estratégicas para la biblioteca.
Años más tarde y sin abandonar la docencia y la investigación, ambas parejas se trasladaron a ejercer otros cargos en la sede Rodrigo Facio de la UCR, donde coincidieron con otros exiliados chilenos, ya fuera como colegas o como estudiantes. Este fue el caso de Ximena del Río Urrutia, una chilena que arribó al país a sus 13 años, pocos meses antes del asalto al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile en 1973.
“Conocí a la gente chilena que llegó con el exilio hasta que entré a la U en el 76. Ahí conocí a Helio Gallardo y tuve profesores como Enrique Margery y Gastón Gainza, entre otros. Pero vino gente no solo de Letras, sino también de Ciencias Sociales, de Salud Pública, de Biología, de Teatro, de Danza. La mayoría de ellos ya eran profesores universitarios que les vino muy bien ser contratados por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Nacional porque pudieron continuar desempeñándose en la academia. Prácticamente, en todas las áreas hay algún chileno de los setenta detrás que impulsó, que abrió y que tuvo un efecto positivo en la gente”, subrayó del Río.
La hoy profesora jubilada de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura considera que el cálido recibimiento que Costa Rica le dio a la comunidad chilena exiliada obedeció a una larga y positiva relación entre ambos países, vínculo que se ha mantenido en el tiempo y que ha permitido la llegada de nuevas generaciones de docentes a lo largo de cinco décadas, como el caso de Adrián Vergara Heidke, quien se radicó en el país por razones familiares entrado el siglo XXI y ahora se desempeña como docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas.
Para Vergara, la huella que han dejado sus compatriotas en la Universidad de Costa Rica le ha permitido gozar de un excelente recibimiento y acogida por parte de la comunidad nacional y universitaria. Sin embargo, también es consciente de la responsabilidad que ello implica al tener que honrar el legado de sus antecesores y verse en ellos como en un espejo.
“Eso lo obliga a uno a seguir los mismos pasos, a exigirse y a entregar. Algo que ellos hicieron, y que considero muy importante, fue entregar las cosas a Costa Rica: su conocimiento, su experiencia, su trabajo, no en una visión egoísta de aprovecharse personalmente de la oportunidad, sino de entregarse a la universidad, a los colegas, a los estudiantes y al país. Esa fue la medida que dejaron para quienes llegamos después”, enfatizó el investigador.
De aquel grupo inicial, Vergara resalta su pensamiento crítico, su energía y su proactividad en la generación de conocimiento y en la ejecución de proyectos novedosos. De acuerdo con el docente, estas características nutrieron y reforzaron el papel social y académico de la Universidad de Costa Rica.
Esa entrega total es la que María Bonilla Picado, exdirectora de la Escuela de Artes Dramáticas, recuerda de Sara Astica, actriz chilena de gran trayectoria que laboró como docente en esa misma Escuela. De ella, resalta que su talento siempre lo acompañaba con muchísimo trabajo, con una férrea disciplina y con un respeto absoluto al trabajo de actores, directores y diseñadores en el escenario, cosas que solo se pueden transmitir a los estudiantes mediante el ejemplo, con una práctica constante en cada ensayo, en cada clase, en cada función, en cada temporada.
“Era una mujer de una ética muy sólida y con una convicción ideológica, política y social importante. Ella entendía que hacíamos teatro también para comunicarnos, para expresar nuestras dudas sobre las cosas que estábamos viviendo, para rescatar hechos históricos, para denunciar problemáticas sociales y eso se lo transmitió y se lo aportó a los estudiantes, a sus compañeros y colegas”, apuntó Bonilla.
Y así como los casos aquí reseñados de Gallardo, Margery, Arriagada, Bertoglia, del Río, Vergara y Astica, existen muchísimos más que han dejado una huella profunda, más que en la academia y en la investigación, en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlos, porque más allá de generar conocimiento, se dedicaron a sembrar vida, con lo que sí dieron un golpe definitivo, pero un golpe a la muerte que en algún momento los asedió.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, recibió la medalla conmemorativa a nombre de toda la Institución. Foto: Embajada de Chile.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
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