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La derrota del “conservadurismo” identitario

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.

La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.

Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.

El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.

Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.

Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?

En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.

Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.

La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.

La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.

Martha Rodríguez: Irregularidades y concentración de poder debilitan a la CCSS

Por Martín Rodríguez Espinoza

Con claridad y transparencia: Martha Rodríguez plantea ante comisión legislativa las irregularidades y concentración de poder que están debilitando a la CCSS

La secretaria general adjunta de UNDECA y legítima representantes de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, compareció la mañana de este 3 de febrero ante la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Caja, Junto con otros exdirectivos, donde habló con claridad y transparencia sobre las verdaderas causas del debilitamiento de la Institución.

Rodríguez fue enfática al afirmar que la CCSS no enfrenta crisis por inviabilidad del modelo solidario, sino que ha sido una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.

“Lo que hoy se ve en la Caja no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, detalló ante los diputados.

Añadió que, con respecto a las listas de espera, hay que entender que no se habla de números, sino de personas, de una crisis humanitaria y no estadística. Acotó datos oficiales generados por la propia Caja, que evidencian que hay más de 1,3 millones de personas en listas de espera, de las cuales unas 200.000 esperan cirugías y más de 5.700 fallecieron entre 2023 y 2025, mientras esperaban un procedimiento quirúrgico.

Esto representa una crisis humanitaria, con la afectación directa al derecho fundamental a la salud y a la vida, pero aclaró Rodríguez que este problema no es por falta de capacidad técnica del sistema público, tanto así, que informes del CENDEISSS y la Gerencia Médica reflejan que con solo aumentar 1,5 cirugías por quirófano al día, la Caja podría realizar 72.000 cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria. Los datos demuestran que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas y políticas.

A esto se suma un déficit de radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos entre otras especialidades críticas, y las acciones hacia la tercerización de procesos menos complejos no resuelve estas causas, sino que traslada recursos públicos a terceros.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la supuesta manipulación de estudios actuariales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones y que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y EBAIS; así como la investigación del conocido caso Barrenador donde se promovió la contratación de servicios a terceros mediante licitación.

En este último caso, ocurrió algo muy grave, todas las unidades técnicas recomendaron declarar infructuosa la licitación porque los precios no eran razonables, los gastos indirectos aumentaban hasta en 206%, los materiales en 457% y los alquileres 585%.

A pesar de ello la junta directiva adjudicó el contrato apartándose de las opiniones técnicas, incluso uno de los recursos para revisar esa votación que impulsó Martha Rodríguez como legítima representante de los trabajadores en dicho órgano, fue rechazado y otro que presentó ni siquiera fue tomado en cuenta.

Otro de los temas a los que se refirió nuestra secretaria general adjunta, fue la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja que ha tenido impacto negativo en la gestión, en la continuidad del servicio, en el desabastecimiento, entre otros problemas.

Según informes de la auditoría interna la Caja no ha podido cerrar contablemente junio del 2025, no existen estados financieros confiables, hay diferencias millonarias en inventarios, activos y cuentas contables, y desde mayo del 2025 no hay informes financieros.

La salida en vivo del sistema no cumplía condiciones técnicas mínimas y lo más preocupante es la respuesta institucional que ha otorgado al menos cinco prórrogas, de hecho, el último plazo fue hasta abril del 2026; mientras se ha rechazado reiteradamente abrir auditoría externa. Esto no es una solución, al contrario, es normalizar el incumplimiento y debilitar el control interno de una institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.

“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.

La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.

“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.

Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.

Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.

Algunas notas sobre las elecciones del pasado domingo

Vladimir de la Cruz

El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.

La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.

Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.

En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.

Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.

El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.

El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.

A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.

Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.

El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.

En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.

Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.

No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.

En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.

Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.

La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.

En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.

También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.

En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.

Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.

Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.

Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.

En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.

La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.

Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.

Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.

La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.

La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.

Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!

¿Se puede hacer un bloque democrático?

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El resultado electoral dejó algunas cosas buenas a resaltar:

El anti-chavismo, los partidos opuestos a la continuidad, ganaron en el Gran Área Metropolitana (GAM), la región más urbanizada y que concentra a la gran mayoría de la clase media. En otras palabras, las políticas de Chaves y su gobierno fueron derrotadas en el centro del país, donde se ubica la mayoría de la población. Esto además de ser muy significativo, señala el rechazo a esa forma de gobernar despótica y vulgar del gobierno de Chaves.

Desde las bases mismas de la población, se constituyó una comunidad de lucha de los partidos Liberación Nacional, Acuerdo Ciudadano y Frente Amplio, que produjo la movilización de la población y el resurgimiento, fundamentalmente, del PLN. Desde abajo, desde los votantes, se logró aglutinar un bloque que ganó las calles al oficialísimo y forjó la imagen de que era posible revertir un resultado que parecía conducir inmediatamente al autoritarismo del chavismo. Fue el pueblo el que en los últimos días se movilizó y empoderó a muchos sectores sociales. A esta movilización debemos que en la GAM se haya impuesto el anti-chavismo.

Liberación Nacional se salvó del nocaut en las últimas dos semanas. Alvaro Ramos pasó de estar casi en la lona, de un 8% a un 33,5% debido a que sus bases, aunque no sus dirigentes, lograron sintonizar en las calles en defensa de los valores democráticos con los otros partidos. Ramos al final obtuvo más votos que Figueres en la primera vuelta de las elecciones pasadas; 825.000 votos es una cifra que probablemente no la obtenían hace bastante tiempo. El llamado voto útil hizo que mucha gente de la izquierda votara al final por Ramos y no por Ariel.

Sin lugar a dudas, el partido con mayor claridad política, que aportó los mejores argumentos en los debates, que desenmascaró claramente al chavismo fue el Frente Amplio. Se lanzó a las calles y con ello obligó a los otros a incorporarse, y de esa manera desplazar al chavismo de las principales ciudades. El trabajo de Ariel Robles fue sobresaliente y su madurez política, a pesar de su juventud, fue sumamente destacada en los debates y el que permitió que las fuerzas democráticas y el FRENTE AMPLIO hayan salido de las elecciones básicamente con la misma correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y la GAM, que antes del proceso electoral.

Claudia Dobles habló el domingo por la noche de conformar hacia futuro un Bloque Democrático. Así lo llamó ella. Me parece muy pertinente. Ese bloque democrático, ya surgió en las bases; nació de la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, desalmado, muy bien financiado, con ligámenes turbios y dudosos, que es un serio y grave peligro para el país.

El partido Liberación Nacional debería sacar las lecciones de este proceso electoral, darse cuenta de que aquellos que se alinean con el chavismo terminan destruidos y que los contubernios a cambio de granjerías son rechazados por el pueblo. Si como dijo Ramos, estamos ante un nuevo Liberación Nacional, renovado, sin los perniciosos personajes del pasado y no corrupto, deberían complementarlo con un programa político popular y más cerca de la socialdemocracia que del neoliberalismo. Para defender Costa Rica, como decía el lema de campaña de Liberación, sus diputados deberán tener la fuerza necesaria para no sucumbir a los halagos y prebendas del chavismo.

Fundamental también concluir que existe la fuerza, el potencial y la energía suficiente en las bases del centro del país para enfrentar las arremetidas del chavismo ahora más agresivo y empoderado. Las movilizaciones sociales, son en última instancia, el complemento y el sustento de la política.

Volver a fallarle al pueblo será el asesinato político de nuestro régimen de libertades públicas y democráticas.

Que el chavismo haga su política y que las fuerzas democráticas hagan la suya. Si hay coincidencias bienvenidas, pero nunca contra las libertades, los derechos de los trabajadores, el Estado de Derecho y de Bienestar.

Sobre la Costa Rica de las costas y la frontera. Habrá que analizar aparte y hacer frente a ese reto. O el estado de bienestar las rescata o serán definitivamente ganadas por el conservadurismo más obtuso financiado por capitales de dudosa procedencia.

Costa Rica después de las elecciones: entre la fractura social y la disputa constituyente

Rodrigo Campos Hernández, MSc.

Más allá de las reacciones inmediatas —celebración de unos, frustración de otros—, los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica no deberían leerse únicamente en clave ideológica, sino como expresión de una transformación estructural mucho más profunda.

Los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones muestran un patrón difícil de ignorar: la candidata oficialista ganó en 63 de los 84 cantones del país y se impuso de forma contundente en los 20 cantones con menor índice de desarrollo humano, especialmente en zonas rurales, costeras y fronterizas. En varios de estos territorios superó incluso el 60% y 70% de los votos. En contraste, los cantones con mayor desarrollo humano —Escazú, Santa Ana, Montes de Oca, Belén, Heredia— concentraron mayoritariamente su voto en el PLN.

Esto permite formular una hipótesis incómoda pero necesaria: Costa Rica ya no se divide políticamente por ideologías, sino socialmente por condiciones materiales de existencia. Hoy coexisten dos países en uno solo: una Costa Rica integrada, urbana y de alto desarrollo humano, y otra periférica, excluida y de bajo desarrollo humano. La elección no expresa tanto proyectos políticos distintos como una fractura estructural del país.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto regional donde los proyectos progresistas atraviesan un claro reflujo: Chile, Perú y Honduras ilustran una tendencia latinoamericana de fatiga con los discursos tradicionales de izquierda, mientras avanzan opciones conservadoras, pragmáticas o abiertamente anti-élite. Lo que vemos en Costa Rica forma parte de ese reacomodo geopolítico.

En este escenario han surgido propuestas bien intencionadas que plantean la necesidad de procesos de “educación popular” en los territorios donde ganó el oficialismo, con el fin de promover pensamiento crítico y diálogo. Sin embargo, cabe preguntarse con realismo: ¿con qué recursos, con qué actores, con qué tiempo histórico? Y sobre todo, ¿es eso lo que esos sectores demandan prioritariamente? Tras décadas de abandono estatal, lo que muchas comunidades reclaman no es conciencia política, sino salud, empleo, infraestructura, seguridad, recreación y presencia real del Estado.

Además, en buena parte de esos territorios, quienes han ocupado el vacío dejado por el Estado no han sido los partidos ni los movimientos sociales, sino las iglesias evangélicas, que ofrecieron comunidad, sentido y reconocimiento simbólico. Cualquier proyecto centrado en derechos humanos, pluralismo o enfoques progresistas choca directamente con matrices culturales ya consolidadas. En ese contexto, ciertas propuestas parecen responder más a una necesidad de expiación moral de sectores ilustrados que a una estrategia política viable.

A esto se suma un elemento decisivo: el discurso de la “Tercera República”. Más que una realidad institucional, se trata hoy de un significante político. Una refundación del Estado solo sería posible mediante una Asamblea Constituyente, que requiere una mayoría calificada de 38 votos en el Parlamento. El oficialismo cuenta con 31 diputados: puede gobernar, pero no puede por sí solo reescribir las reglas del juego. La llave de ese proceso la tiene, en buena medida, el PLN, que se convierte así en fuerza bisagra del poder constituyente.

De este modo, la verdadera disputa política en Costa Rica ya no es únicamente electoral, sino constitucional. No se trata solo de quién gobierna, sino de quién tiene la capacidad de redefinir el orden institucional en un país socialmente fragmentado, territorialmente desigual y con una creciente crisis de representación.

Tres escenarios se abren en el horizonte: una continuidad inercial sin cambios estructurales; un desencanto social profundo si las promesas no se cumplen, con riesgo de estallidos territoriales; o una reconfiguración política de mayor calado, donde colapse definitivamente el eje tradicional izquierda/derecha y emerjan nuevas formas de articulación del poder.

En cualquiera de los casos, la llamada “Tercera República” no es todavía una realidad jurídica, sino un campo de lucha simbólica y estratégica. Su desenlace dependerá menos del discurso y más de las negociaciones entre élites políticas, en un país que ya no discute solo modelos ideológicos, sino las bases materiales, territoriales y culturales de su propia democracia.

¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Un análisis a partir de encuestas del CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia permite comprender por qué el enojo social, la inseguridad y la decisión tardía pesaron más que los cuestionamientos éticos en el voto presidencial y legislativo.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales, que dio el triunfo al Partido Pueblo Soberano en la Presidencia de la República y le otorgó una amplia bancada legislativa, ha generado una pregunta insistente en amplios sectores sociales, académicos y organizativos: ¿cómo es posible que, pese a denuncias éticas graves, cuestionamientos públicos a candidaturas electas, un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo y afectaciones visibles a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública y los organismos de seguridad, una mayoría del electorado optara por esa opción política?

Los estudios de opinión elaborados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) y la firma Demoscopia permiten ofrecer algunas explicaciones sólidas, sin recurrir a descalificaciones simplistas del electorado ni a interpretaciones basadas únicamente en impresiones posteriores al resultado.

Prioridades sociales: inseguridad, enojo y costo de vida

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de Demoscopia y del CIEP es la centralidad de la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, el desempleo y el costo de la vida como los principales problemas percibidos por la población. En esas mediciones, temas como salud pública y educación, aunque importantes, no ocuparon los primeros lugares en la agenda inmediata de preocupación ciudadana.

Este orden de prioridades ayuda a comprender que una parte significativa del voto fue emitida a favor de promesas de orden, control y ruptura con lo que se percibe como ineficacia del sistema, y en contra del miedo, el enojo y la frustración acumulada, más que como una adhesión explícita a propuestas orientadas a debilitar derechos sociales.

Decisión tardía y uso de atajos emocionales

Otro elemento clave es el alto nivel de indecisión hasta las últimas semanas, documentado tanto por Demoscopia como por los informes del CIEP publicados en enero. Una proporción relevante del electorado decidió su voto en el tramo final de la campaña, cuando el tiempo para evaluar programas de gobierno, trayectorias personales y consecuencias institucionales es limitado.

En contextos de decisión tardía, las personas tienden a recurrir a atajos cognitivos y emocionales: liderazgo percibido como fuerte, discursos confrontativos, promesas simples, narrativas de castigo a “los de siempre” o identidades políticas definidas más por oposición que por proyectos programáticos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué denuncias éticas graves no siempre se traducen en castigo electoral inmediato, especialmente cuando la prioridad está puesta en resolver problemas urgentes.

Seguridad y símbolos de “mano dura”: un refuerzo contextual

En este escenario, es razonable considerar que determinados gestos y anuncios simbólicos asociados al tema de la seguridad hayan reforzado percepciones de autoridad y control. Dado que la inseguridad aparece de forma reiterada como la principal preocupación ciudadana en las encuestas, propuestas divulgadas como la construcción de una megacárcel, así como la visita al país de figuras internacionales asociadas a políticas de “mano dura”, pudieron haber reforzado emocionalmente la idea de orden y firmeza, aun sin que existiera una evaluación detallada de su viabilidad, costos o consecuencias.

Metodológicamente, las encuestas no permiten afirmar una relación causal directa entre estos hechos y el resultado electoral. Sin embargo, en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, estos símbolos pueden actuar como catalizadores que inclinan percepciones y refuerzan decisiones ya frágiles o poco consolidadas.

Cuando la política no se conversa: el peso del silencio social

Un factor menos visible, pero crucial, aparece en los estudios del IDESPO: amplios segmentos de la población hablan poco o nada de política en sus entornos cercanos, ya sea en familia, con amistades o en espacios comunitarios. Este silencio cotidiano limita la posibilidad de procesar colectivamente información compleja, incluidos los cuestionamientos éticos.

Cuando no hay conversación social sostenida, las denuncias tienden a quedar aisladas, fragmentadas o absorbidas por un clima generalizado de desconfianza en la política, donde predomina la idea de que “todos son corruptos”. En ese contexto, lo ético no desaparece, pero pierde fuerza como criterio de decisión, frente a emociones más inmediatas como el miedo, el enojo o la sensación de urgencia.

Normalización del descrédito político

Los estudios del IDESPO y del CIEP muestran también altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la política es corrupta”. Esta percepción generalizada contribuye a que denuncias concretas sean relativizadas o normalizadas. Para una parte del electorado, el dilema no se formula como “quién es éticamente intachable”, sino como “quién puede enfrentar —o al menos confrontar— los problemas que más me afectan”.

¿Votaron entonces contra la CCSS, la educación o la democracia?

Las encuestas no permiten sostener que la mayoría del electorado haya votado explícitamente para debilitar la seguridad social, la educación pública o la división de poderes. Más bien, sugieren que muchas personas votaron priorizando otras urgencias, aun cuando esas decisiones puedan tener consecuencias negativas sobre derechos sociales históricamente conquistados.

La diferencia es fundamental: no se trata necesariamente de un voto de aprobación consciente, sino de un voto condicionado por el miedo, el enojo, la desconfianza y la percepción de crisis.

Desafíos para los movimientos sociales y la ciudadanía

El resultado electoral deja una lección clara: la disputa democrática no se resuelve solo en redes sociales ni en el plano de la denuncia ética. Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada enfrentan el reto de reconstruir la conversación política en las comunidades, en los hogares, en los barrios y en los espacios cotidianos donde se forma la conciencia ciudadana.

Escuchar antes de convencer, vincular la ética con experiencias concretas de la vida diaria —salud, seguridad, empleo, educación— y fortalecer la organización territorial aparecen como tareas urgentes. Sin diálogo social sostenido, la ética se diluye; sin trabajo comunitario, el enojo puede ser capitalizado por discursos autoritarios.

Para complementar este análisis le invitamos a leer la nota de este lunes 2 de febrero:
Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral. https://wp.me/p6rfbZ-y5B

Las claves del triunfo chavista: fragmentación democrática y unificación de la derecha

Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez, M.Sc.

Las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica dejaron un resultado que, aunque jurídicamente es incuestionable, merece una lectura más profunda. La victoria de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano se alcanzó con cerca del 48.3 % de los votos válidamente emitidos.

Sin embargo, cuando se observa el panorama completo del padrón electoral; 3,731,788 personas inscritas, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones; la realidad es otra: el nuevo gobierno cuenta con el respaldo directo de apenas el 31.9% del total de electores; y sus diputaciones con el 28,8%. Es decir, se trata de una victoria institucional y jurídicamente clara y legítima, de la que no cabe duda alguna; pero con una legitimidad social y política más bien moderada.

Este resultado no puede interpretarse como una adhesión mayoritaria de la sociedad costarricense al proyecto político de extrema derecha que representa el chavismo. Por el contrario, responde fundamentalmente a una estrategia que logró lo que durante años parecía imposible: absorber a prácticamente todo el espectro conservador, fundamentalista religioso y de derecha radical en una sola opción electoral; que atrajo a los sectores sociales históricamente más vulnerables y excluidos.

El Partido Pueblo Soberano absorbió y desplazó a fuerzas que hasta hace poco dominaban el centro derecha y la derecha política: Nueva República, el Partido Liberal Progresista, la Unidad Socialcristiana, Unidos Podemos y otras agrupaciones menores que juntas llegaron apenas al 8.07% de los votos válidos. La dispersión histórica del voto conservador desapareció y se concentró en un proyecto común, permitiendo alcanzar una mayoría relativa contundente entre quienes sí acudieron a las urnas.

Mientras tanto, el bloque democrático, progresista y de centro mostró una profunda fragmentación. Aproximadamente un 43.2 % de los votos válidamente emitidos se dispersó entre el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, la coalición Agenda Ciudadana (que obtuvieron 1,080,000 votos) y otras fuerzas menores.

En total un 58.7% de los votos válidos fue para partidos de oposición (1,350,000 votos) mientras que Pueblo Soberano obtuvo el 48.3% (1,190,000 votos). Esta división resultó determinante. En conjunto, estas fuerzas de oposición representaron una porción significativa del electorado, pero al competir separadas facilitaron el triunfo de una derecha cohesionada. La historia electoral es clara: cuando un bloque político se unifica y su adversario se fragmenta, la victoria del primero se vuelve altamente probable, incluso sin contar con mayoría social.

A este escenario se suma un tercer actor cada vez más relevante: el abstencionismo. Cerca del 30 % del padrón electoral decidió no participar. Se trata de una población marcada por la apatía, la desconfianza en la política o la sensación de que ningún proyecto representa realmente sus intereses. Este sector, al margen del proceso democrático, termina siendo funcional a que proyectos políticos que no necesariamente son mayoritarios controlen el poder institucional del país. Esta población proviene principalmente de esos mismos sectores excluidos e históricamente marginados que nutrieron al chavismo en estas elecciones, pero que no pudieron ser enganchados por este, ni tampoco por las fuerzas democráticas.

Otro elemento revelador de estas elecciones es su dimensión territorial. Laura Fernández superó el 50 % de los votos en 44 cantones del país. De ellos, solo uno corresponde a un centro urbano: Alajuela Centro. Los otros 43 son cantones rurales, periféricos y de las regiones históricamente más excluidas: las zonas costeras, la Zona Norte y comunidades alejadas del centro económico del país. A estos se sumaron otros cantones y poblaciones con menor índice de desarrollo y mayores niveles de pobreza y exclusión.

Este patrón no es casual. En muchas democracias contemporáneas, los proyectos de extrema derecha han logrado arraigo precisamente en territorios golpeados por la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado ha llegado menos, el discurso autoritario y el fundamentalismo religioso encuentran terreno fértil.

Las lecciones políticas que deja este proceso son claras.

Primero, el nuevo gobierno no representa a una mayoría social absoluta, sino a un proyecto político que supo concentrar el voto, absorbiendo y unificando a las derechas; lo que fue clave para su triunfo.

Segundo, la fragmentación del campo democrático, de centro y progresista resultó decisiva para la derrota. Así como la ausencia de un proyecto político que resultara atractivo a la población.

Tercero, el abstencionismo sigue siendo un problema estructural de la democracia costarricense.

Cuarto, las regiones excluidas del país se han convertido en el principal escenario de disputa política, con predominio, por el momento, del proyecto de extrema derecha que representa el chavismo.

Todo esto evidencia la necesidad de que las fuerzas democráticas, progresistas y de centro superen la lógica de la división y apuesten por alianzas amplias, acuerdos programáticos y coaliciones que permitan enfrentar con mayor éxito a la extrema derecha en los próximos procesos electorales.

Pero estas alianzas no pueden limitarse a pactos electorales entre dirigencias y partidos. Deben ir acompañadas de la construcción de un proyecto político que atraiga nuevamente a la población, de un discurso y una narrativa que convenzan; y de un trabajo sostenido con los movimientos sociales y populares; en las comunidades, especialmente en los territorios rurales y periféricos que hoy se sienten abandonados. Es allí donde debe reconstruirse la confianza en la democracia, con presencia institucional, políticas sociales reales y propuestas que respondan a las necesidades cotidianas de la población.

Las elecciones municipales del 2028 serán clave para que los partidos democráticos rectifiquen sus estrategias y recuperen en los territorios el terreno perdido y logren consolidar proyectos reales dirigidos al bienestar del mayor número, especialmente en las áreas rurales y periféricas donde hoy la extrema derecha concentra su fuerza.

Las elecciones de 2026 no marcan un giro mayoritario del país hacia la extrema derecha. Revelan, más bien, una combinación peligrosa: una derecha estratégicamente unificada bajo un proyecto político y con una narrativa que convence y atrae a los sectores históricamente excluidos y decepcionados; una oposición democrática fragmentada, sin narrativa y sin proyecto político alternativo; y una ciudadanía distante y apática del proceso político.

El desafío para Costa Rica es enorme. O las fuerzas democráticas logran articular unidad, presencia territorial y un proyecto inclusivo capaz de reconectar con la ciudadanía, o el proyecto autoritario de la extrema derecha se consolidará, ganando poder aún con apoyos sociales minoritarios, pero políticamente bien organizados.

Ánimo, ánimo, compañeras y compañeros

Orlando Barrantes
MTC-JI

A mí me entusiasma el reto que la lucha de clases nos presenta.

Es imposible que el gobierno de la señora Laura pueda cumplir con las expectativas que les han creado a las personas que viven en los cantones más pobres, que por cierto no son nuestros enemigos sino nuestros aliados, e igual a los trabajadores, campesinos e indígenas.

Para su plan de gobierno la nueva administración necesita golpear duramente los bolsillos y los derechos. De los pobres por un lado y de los trabajadores, campesinos e indígenas por otro. Allí nos verán.

¿Y la juventud? Son maravillosos nuestros jóvenes. Lo han demostrado a lo largo del tiempo, desde 1709 cuando los jóvenes indígenas acompañaron a los jefes indígenas bribrís y cabécares Pablo Presbere y Pablo Comesala en su duro levantamiento y lucha contra el español invasor, en 1919 cuando los descendientes de esos jóvenes se aliaron con Carmen Lyra y sus maestros para iniciar el derrocamiento de la dictadura de los Tinoco hasta recientemente con las valientes jornadas contra el pulpo imperialista ALCOA.

Nuestra historia es de lucha y la sabremos preservar.

Aquí nadie hecha para atrás.

Cuando el centro no escucha: apuntes contra el colonialismo electoral

Ernesto Herra Castro, M.EL
Académico
Universidad Nacional

Cada cierto tiempo, cuando el resultado electoral no coincide con las expectativas del Valle Central, reaparece una vieja tentación: explicar el voto desde arriba, desde los índices, desde los mapas de colores, desde la supuesta superioridad moral y cognitiva del centro. Esta vez no fue distinto. Amparada en datos de desarrollo humano y social, una lectura ampliamente difundida sugiere que el “problema” electoral proviene de los cantones con mayores carencias, mientras que los cantones con mejores indicadores habrían votado —como se esperaba— con responsabilidad, racionalidad y altura democrática.

Esa lectura no solo es pobre: es profundamente colonial.

Como ya señalé en “cuando la ruralidad se cansa”, el país que no es Valle Central no está confundido ni desinformado. Está agotado. Agotado de promesas incumplidas, de políticas diseñadas lejos de su territorio, de decisiones tomadas sin consulta, de un Estado que aparece para medir pero no para transformar. Sin embargo, cada vez que ese cansancio se expresa políticamente, el centro responde con desprecio envuelto en lenguaje técnico.

Los índices de desarrollo, en esta narrativa, dejan de ser herramientas para comprender desigualdades estructurales y se convierten en instrumentos de culpabilización electoral. Se usan no para interrogar las causas históricas del abandono, sino para insinuar que quienes viven en esos territorios votan “mal” porque no han alcanzado el nivel de ilustración necesario para decidir correctamente. Es el viejo gesto civilizatorio: cuando no votan como nosotros, es porque aún no saben.

Así, el Valle Central se erige una vez más como sujeto tutor de la nación. Se atribuye la facultad de saber qué necesita el país, qué opción es razonable y cuál es peligrosa, qué voto es legítimo y cuál debe ser revelado como error estadístico. La democracia, bajo esta lógica, es válida solo cuando confirma las preferencias del centro. Cuando no lo hace, se activa la sospecha sobre la madurez política del resto del país.

Este es un ejemplo claro de colonialismo interno normalizado. Una geografía moral que separa centro y periferia, progreso y atraso, razón y emoción. El voto rural, fronterizo, costero o periférico no es leído como una decisión política situada, sino como un síntoma de carencia: falta de educación, de información, de desarrollo. Nunca como una respuesta racional a condiciones materiales concretas de vida.

Lo más grave es la inversión de responsabilidades que esta lectura produce. Los territorios históricamente marginados aparecen como culpables del “resultado indeseado”, cuando esas condiciones de marginación fueron producidas por décadas de centralismo, extractivismo y concentración de recursos decididas desde el propio Valle Central. El centro crea la desigualdad y luego utiliza sus efectos para deslegitimar políticamente a quienes la padecen.

En este punto, el dato se convierte en coartada moral. No se presenta para escuchar, sino para cerrar el debate. No abre preguntas, las cancela. No interpela al poder, sino que lo absuelve. El conflicto estructural —despojo, precarización, ausencia estatal, economías de sobrevivencia— queda fuera de la escena. En su lugar, aparece una explicación cómoda: votaron así porque no saben.

Pero la ruralidad sí sabe. Sabe lo que significa que el Estado llegue tarde o no llegue. Sabe lo que implica depender de economías frágiles mientras el centro discute modelos abstractos. Sabe lo que es vivir lejos de los espacios donde se toman las decisiones que afectan su vida cotidiana. Y cuando vota desde esa experiencia, el centro no escucha: corrige.

Hay aquí también un desprecio epistémico profundo. No solo se descalifica una opción electoral, sino una forma de conocimiento: el saber político construido desde la experiencia territorial, desde la sobrevivencia, desde la comunidad. Ese saber no cabe en los índices, por eso se lo ignora.

El resultado es una democracia condicionada: aceptable solo si produce el resultado “correcto”. Una democracia donde el centro se reserva el derecho de evaluar la legitimidad del voto ajeno. Exactamente el mismo razonamiento que sostuvo la colonización, ahora reciclado en clave electoral y tecnocrática.

Cuando la ruralidad se cansa —lo dije antes y lo repito ahora— no lo hace por ignorancia. Lo hace porque ha sido sistemáticamente ignorada. Y cuando el centro responde a ese cansancio con soberbia, lo único que demuestra es su incapacidad de mirarse a sí mismo como parte del problema.

Tal vez el desafío no sea explicar por qué la periferia vota distinto, sino preguntarse por qué el centro insiste en no escuchar. Porque mientras siga leyendo el país desde arriba, seguirá confundiendo datos con verdad y poder con razón.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.