1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.
2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.
3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.
4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.
Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:
1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.
2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.
3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:
a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.
b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.
c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.
4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.
5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.
La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.
El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.
Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.
También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.
¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!
¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!
Desde América del Sur observamos con mucha preocupación la política, maniobras y ejercicios militares que realizan los países miembros de la OTAN en el mundo y que pueden desencadenar una tercera guerra mundial que tendría consecuencias devastadora para todos los países, incluida América Latina, ya que una tercera guerra mundial contra Rusia o China, eventualmente, podría involucrar armas nucleares.
De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG):
Colombia: Es socio global de la OTAN desde 2018, lo que implica una cooperación estrecha en seguridad, aunque no es miembro pleno.
Perú: Designado en 2026 como aliado principal no miembro de la OTAN por EEUU, facilitando cooperación en defensa y tecnología. Además, cuenta con certificación Nivel 2 en catalogación OTAN.
Argentina: Mantiene el estatus de aliado importante extra-OTAN desde 1998, fortaleciendo sus lazos.
Chile: Vinculado desde 2004 al Sistema OTAN de Catalogación (SOC), avanzando en modernización logística con software de la alianza.
Brasil: Usuario del sistema de catalogación de la OTAN y reconocido aliado importante de la OTAN.
Todos estos países, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina tienen los más altos gastos militares en América Latina. Por supuesto, en nuestro continente está el aliado más importante de la OTAN que son los Estados Unidos y también está Canadá con los más altos gastos militares.
En el caso de Chile queremos denunciar que el año 2025 la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, firmaron una “acuerdo técnico con Alemania que apunta a facilitar el intercambio de material militar” que, de paso, permitirá “el acceso a la logística del sistema OTAN -Organización de Tratado del Atlántico Norte-”.
La firma del acuerdo con Alemania es parte de una serie de requisitos de la OTAN para que Chile avance al Nivel 2, lo que permitirá al país catalogar sus propios productos y ofrecerlos en esta vitrina internacional.
El año pasado también, el diario electrónico El Mostradordenunció que existía una operación secreta entre Chile y Alemania. Alemania pedía a Chile la transferencia de al menos 30 vehículos de combate de infantería Marder 1A3. Estos carros de combate, posteriormente, serían enviados a la guerra en Ucrania que es de público conocimiento el gobierno alemán le está enviado equipamientos y armas a Ucrania en esta guerra contra Rusia.
Como organizaciones manifestamos al Ministerio de Defensa de Chile nuestro rechazo a esta venta o transferencia de estos carros de combate y pedimos al gobierno neutralidad y que pusiera fin a esta operación. No estamos de acuerdo que Alemania involucre a Chile en ninguna guerra.
Como ven, Alemania está muy activa en asuntos militares y sumemos a esto que un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señala que Alemania ha alcanzado, en secreto, las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares. Aunque digan que no tienen intenciones nosotros no creemos lo que dice el gobierno alemán porque en la práctica podrían fabricar armas nucleares en muy poco tiempo lo que es concordante con su discurso belicista y sus intenciones de construir el ejército más poderoso de Europa y su apoyo a la política de disuasión nuclear que impulsa la OTAN.
También es preciso señalar que en América Latina sigue la presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas donde han realizado en estos años diversos ejercicios militares para asegurar el control estratégico del Atlántico.
El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) examina anualmente la «Cuestión de las Islas Malvinas» desde 1964, reafirmando que es un caso de colonialismo que requiere negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Argentina ratifica su soberanía e insta a la descolonización, rechazando la autodeterminación isleña.
Así mismo, Página 12, denunció “un nuevo avasallamiento del Reino Unido sobre la soberanía argentina y sus recursos, el gobierno local de las Islas Malvinas habilitó el proyecto de las petroleras Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel, para extraer 55 mil barriles diarios en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros de Puerto Argentino”.
La OTAN es un instrumento para la guerra y para que las grandes empresas de armamento sigan haciendo negocios y lucrándose con la muerte y la destrucción. Al mismo tiempo, son instrumentos para el saqueo de recursos naturales y para la geopolítica del petróleo.
Denunciamos el ataque a Venezuela y la extorsión que realiza el gobierno de los Estados Unidos y las sanciones impuestas unilateralmente contra el pueblo venezolano.
Denunciamos el bloqueo unilateral contra Cuba y las amenazas constantes que hace Estados Unidos de atacar a este país considerado por Washington como una amenaza. Denunciamos que EEUU sigue manteniendo control ilegal en Guantánamo que no es solo una base militar sino también una cárcel.
Finalmente, manifestamos nuestro apoyo con las diversas iniciativas de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN ya que es deber de todos defender la paz y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
* Este artículo ha sido preparado y compartido en el webinario “OTAN: ¿sigue expandiéndose a nivel global?” organizado por IPB y la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.
Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) una explicación respecto a si se suspendió o no la aprobación de nuevos casos para la transferencia económica del subsidio dirigido a la red de cuido infantil.
La alerta ocurre a partir de un oficio que recibe la Defensoría por parte de la Contraloría de Servicios de esa institución, donde se indica que, con base al oficio No IMAS-DDS-0067-2026 relativo a la ejecución de la transferencia monetaria condicionada; cuidado y desarrollo infantil 2026, emitido por la Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Bienestar Social “no se autoriza la aprobación de casos nuevos, ni siquiera por la vía de sustitución y las solicitudes correspondientes a la TMC Cuidado y Desarrollo Infantil deben permanecer en el registro de elegibles, hasta tanto la Dirección de Desarrollo Social emita una instrucción distinta”.
Ante ello, la Defensoría solicitó al IMAS conocer si están suspendidos los nuevos casos en esta línea de subsidios y, de ser positiva la respuesta, explicar las razones por las cuales se adoptó esa determinación y el plazo que se proyecta estará vigente.
Adicionalmente, se solicitó indicar el monto del presupuesto asignado al IMAS por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para el ejercicio presupuestario 2025 y el previsto para el 2026. Otra inquietud va relacionada con la distribución del presupuesto destinado del programa de la Red de Cuido, TMC Cuidado y Desarrollo Infantil en el IMAS entre las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDES) en el año 2025, y los criterios de priorización que se utilizaron.
Por último, se requirió conocer la cantidad de cupos de la RedCudi aprobados en el año 2025 y cuántos nuevos cupos se han logrado incorporar en lo que se lleva del 2026, e informar de la cantidad de personas menores de edad en lista de espera con el fin de ser incorporadas al programa de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por cada ULDES.
Desde Los Chorros, Grecia, compartimos una entrevista que pone en el centro algo que muchas veces olvidamos: detrás de cada gota hay organización comunitaria, trabajo cotidiano y luchas por defender las nacientes.
La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.
La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.
Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:
3717 declaraciones presentadas
16,90% del total esperado
La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.
Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.
La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
¿Docentes o amantes, quienes comparten los salones de clase con el estudiantado?
En el siguiente ensayo, tocare un tema repugnante, que se repite una y otra vez. Situaciones que se viven en diferentes centros educativos y universitarios, que requiere la atención de las autoridades en un tono de cero tolerancias, señalando que no se trata de “historias de amor”, sino de una quiebra absoluta de la ética profesional y, en muchos casos, de un abuso de poder. Después de 30 años en las aulas, he comprendido que la forma más despreciable de corrupción no es el desvío de fondos sino el desvío de destinos.
El contrato roto: de la excelencia al abuso
Toda institución de educación superior se fundamenta sobre pilares de integridad. Por ejemplo, si analizamos la Misión de una universidad moderna, encontramos conceptos recurrentes: «Formar profesionales líderes, éticos y comprometidos con el bienestar social». Su Visión suele proyectarse como «Ser un referente de excelencia académica, valores humanos y un espacio seguro para la innovación intelectual».
Estas palabras no son adornos en un sitio web; son un contrato social. La universidad como otros centros educativos se vende a los padres y a la sociedad como un santuario del saber, un ecosistema donde el estudiante es la prioridad y su crecimiento está resguardado por la guía experta de sus maestros.
Sin embargo, esta estructura de valores se desmorona cuando el docente- el custodio de esa misión- decide instrumentalizar su posición de poder para fines personales, afectivos o sexuales. Es entonces, cuando la misión se pervierte pasando de la formación a la subordinación transformándose en una traición ética.
Cuando la visión del centro educativo se nubla, este deja de ser una guía para convertirse en un terreno de caza donde los depredadores encuentran su fuente con acceso ilimitado a sus víctimas bajo el disfraz de la “mentoría”.
Es aquí donde debo aclarar la trampa de la asimetría, ¿Por qué el estudiante siempre es la victima?
A menudo, los agresores y las instituciones cómplices intentan diluir la responsabilidad alegando que, en el ámbito universitario y otros centros educativos, se trata de «dos adultos que consienten». Esta premisa es una perversión de la realidad. El estudiante siempre es la víctima por tres razones fundamentales que el mentor abusador utiliza a su favor:
El aula no es un bar ni una red social; es un espacio de jerarquía intelectual. El docente posee el conocimiento, el prestigio y la autoridad.
El estudiante entra en la relación desde un lugar de admiración y búsqueda de validación.
El mentor abusador confunde deliberadamente esa sed de conocimiento con atracción personal, utilizando su «brillantez» como una herramienta de seducción y manipulación emocional.
En una universidad, el docente es juez y parte. Tiene el poder de:
Otorgar o negar calificaciones.
Recomendar (o vetar) al estudiante en círculos profesionales y becas.
Validar la capacidad intelectual del alumno frente a sus pares. Incluso si no hay una amenaza directa, la presión sutil siempre está presente: el estudiante sabe que rechazar al mentor o terminar la relación tiene consecuencias reales en su carrera. No se puede elegir libremente cuando el sustento de sus sueños está en manos de la otra persona.
Cuando se unen, la madurez en desarrollo con la experiencia depredadora aparece una brecha de experiencia vital que el mentor utiliza para su beneficio. Mientras el estudiante está navegando por la formación de su identidad profesional y personal, el docente ya es un individuo establecido que conoce perfectamente los límites éticos que está decidiendo romper. El mentor posee la ventaja estratégica y sabe como leer las inseguridades del alumno y como manipular las emociones volviéndose el único que entiende y escucha, moviendo como la araña, la tela para que un insecto caiga y así devorarlo luego.
El abusador, suele envolver la relación en un resplandor de «clandestinidad especial», haciendo creer al estudiante que son una excepción a las reglas. Este secreto no es para proteger el amor, sino para desarmar al estudiante. Ya que, al mantener la relación oculta, el mentor priva a la víctima de su red de apoyo y de la posibilidad de compartir con terceros tal secreto como también protegerse de que las autoridades institucionales o su familia, se enteren, pues la mayoría tienen esposa, esposo, o hijos.
Cada vez que se salta de la mentoría al abuso; se rompe la barrera profesional, no solo se falta al código de ética personal sino se invalida la razón de existir de la universidad. No existe “consentimiento” válido cuando una de las partes tiene el poder de elegir el futuro académico, la reputación y la validez intelectual de la otra en una forma tan poco profesional. Dejando en evidencia el uso de la cátedra como una plataforma de seducción que, en términos llanos, no es más que una malversación de autoridad. La forma más baja de esta corrupción no es solo el acto en sí, sino la perversión del rol.
El aula deja de ser un espacio seguro para convertirse en un terreno de caza. La confianza del estudiante se fragmenta: ya no sabe si sus notas son por su esfuerzo o por su «disponibilidad», ocurriendo la desintegración de la confianza.
Lo más triste es ver como estos eventos convierten la formación académica en un mercado negro, donde el estudiante debe pagar para avanzar o le es imposible competir contra quienes fueron elegidos, lo que ensucia cualquier logro futuro.
Algo que agrieta muchísimo más es cuando otros docentes conocen la situación y entre copas lo llaman “carisma”, “líos de faldas” o muestran el logro llamándolo “mi hato”, normalizando la depredación. Esa es la verdadera fusión de la corrupción: cuando el mismo sistema autoriza y protege al abusador para no dañar la “reputación” del centro educativo, haciendo del silencio un cómplice. No se le puede llamar educación, es un sistema de transacción disfrazado de pedagogía donde el intelecto es el anzuelo y la confianza es la primera víctima que se sacrifica en el altar del abuso. En el que el intelecto del docente se convierte en un arma de acecho y la confianza del estudiante en una vulnerabilidad explotable.
Como conclusión, la academia no puede seguir siendo el refugio de depredadores disfrazados de intelectuales. El aula es un espacio sagrado de transformación, no un mercado de favores. Cada vez que se usa poder, el intelecto o la jerarquía para seducir, comprar o vulnerar a quien se debería proteger, se traiciona la esencia misma de la vocación. Quien intercambia cualquier elemento con un o una estudiante por silencio, no es un académico; es un parásito del sistema educativo. Nuestra trayectoria de décadas no es una patente de corso para el abuso, sino una responsabilidad mayor de vigilancia ética.
«Escribo estas líneas no desde el rumor, sino desde el archivo del dolor que he custodiado por años. En mis gavetas y en mi memoria pesan nombres y apellidos, fechas exactas y eventos que la burocracia institucional prefirió archivar bajo el polvo de la indiferencia. Lo que más me aterra no es solo la existencia del depredador, sino el eco del vacío que encontraron los estudiantes de secundaria y universitarias, que buscaron ayuda y recibieron la espalda por respuesta”.
Por eso, mi compromiso con estas líneas es el de la memoria activa:
A las instituciones y autoridades: Guardar silencio ante el abuso no es ‘proteger la imagen de una institución’, es ser cómplice necesario de un delito. Las declaraciones de quienes fueron ignorados están ahí, latentes, y mi pluma no descansará hasta que el sistema de formación sea, por fin, un lugar donde el intelecto no sea el anzuelo de un abusador.
A las víctimas que alzaron la voz y no fueron escuchadas: Su palabra no cayó en saco roto. Aunque el sistema les falló, la ética docente no ha muerto. Este artículo es un escudo para las que vienen y un megáfono para el silencio que les impusieron.
No busco venganza, busco higiene. Porque mientras existan docentes que tasen el futuro en favores, y autoridades que vigilen el prestigio en lugar de la integridad de sus alumnos, la academia seguirá siendo una farsa. No callaré, porque el silencio es el oxígeno de la impunidad.»
«En el aula, el consentimiento no es un acto de libertad, sino un subproducto del poder. Donde hay una nota de por medio, una carta de recomendación o un futuro profesional en juego, la libertad de decir ‘no’ está secuestrada por el miedo a las consecuencias.»
La U Abierta de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) mantiene abierta la matrícula para el curso Inglés Introductorio, una propuesta educativa gratuita, 100% virtual y autogestionada, desarrollada por el Centro de Idiomas de la UNED.
La iniciativa busca brindar a las personas participantes la posibilidad de iniciar el aprendizaje del idioma inglés de manera flexible, avanzando según su propio ritmo y disponibilidad de tiempo, sin necesidad de horarios fijos.
El periodo de matrícula estará habilitado del 4 de mayo al 2 de agosto de 2026. El curso tiene una duración de 40 horas y dispone de 500 cupos.
Según la información compartida por la UNED, el curso inició el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de agosto de 2026.
Para participar, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de U Abierta UNED, registrarse, iniciar sesión y posteriormente matricular los recursos educativos.
La U Abierta UNED se presenta como un espacio de aprendizaje gratuito, virtual y con respaldo institucional, orientado a ampliar las oportunidades de formación para distintas poblaciones.
La humanidad atraviesa un momento de grandes tensiones militares, en el que la impunidad, la ruptura del orden jurídico internacional y la normalización de la crueldad se han convertido en amenazas para la vida de todos los pueblos. Las acciones genocidas del gobierno de Israel contra los pueblos de Palestina y Líbano son un testimonio de cómo la guerra avanza sin consideración alguna por la protección de la vida de personas inocentes, ni de escuelas, hospitales o iglesias.
El pasado jueves 30 de abril, ese gobierno ha atentado nuevamente contra la humanidad al dirigirse también contra activistas humanitarios. La flotilla Global Sumud, que navegaba por aguas internacionales, fue interceptada por las fuerzas militares de Israel, poniendo en riesgo la vida de su tripulación. Posteriormente, los ocupantes de estas embarcaciones han sufrido detenciones que atentan contra acuerdos internacionales que garantizan la paz y las relaciones internacionales basadas en el respeto a los derechos humanos.
El secuestro de este grupo de activistas se suma a los crímenes con los que el gobierno de Israel ha castigado a toda persona que busca tomar acciones contra el genocidio del pueblo palestino. No podemos olvidar que ese mismo gobierno ha asesinado a más de 220 periodistas en Gaza, al tiempo que ha mantenido cierres y prohibiciones absolutas a la entrada de ayuda humanitaria para la población civil bajo asedio.
En medio de esta crisis para la humanidad, nos sumamos a las voces que denuncian la detención ilegal de los activistas Saif Abukeshek, de nacionalidad española, y Thiago Ávila, de origen brasileño. Ambos se encuentran bajo arresto impuesto por tribunales del Estado de Israel, aunque no han garantizado su derecho a una defensa adecuada. Estas personas deben ser inmediatamente liberadas, y sus derechos a la defensa deben ser garantizados plenamente en acuerdo con los estándares internacionales respectivos.
Desde el Frente Amplio, exigimos la protección de la vida de toda la población palestina y el respeto pleno de todos los derechos de las personas activistas. Demandamos, también, la liberación de todos los presos políticos retenidos porel Estado de Israel, el cese inmediato del genocidio contra el pueblo palestino, el respeto irrestricto a sus derechos humanos y la devolución de las tierras que han sido ilegalmente ocupadas.
La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.
La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.
La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.
Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.
La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.
“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.
La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.
Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.
La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.
Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.
La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.
El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.