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Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

Piden a Alemania a poner fin a la militarización y a los envíos de armas a Israel

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
www.derechoalapaz.org

Este jueves 11 de junio una delegación del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas entregó una Carta por la Paz en la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile, ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile.

En la misiva el Observatorio manifiesta su preocupación por el incremento de la militarización en Europa y los vientos de guerra que los líderes europeos señalan que se podría producir en un futuro próximo y donde los países de Europa han aumentado significativamente su gasto militar al 2% del PIB para la OTAN y donde Alemania se ha propuesto, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar.

En la carta que va dirigida a la embajadora alemana en Santiago, Susanne Fries-Gaier, también le manifiestan su rechazo al acuerdo que fue firmado con el gobierno alemán por la ex ministra de defensa chilena, Adriana Delpiano, “el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN” y agregan que “lamentablemente, la OTAN ha sido un instrumento de guerra y no queremos que nuestro país (Chile) esté involucrado con esta alianza militar”.

Así mismo, expresan su “solidaridad con el pueblo de Palestina” y rechazan “los ataques sistemáticos que viene realizando Israel contra su población, donde indirectamente son cómplices los países que siguen enviando armas al gobierno israelí; entre ellos, Estados Unidos y Alemania. Pedimos que Alemania deje de apoyar este genocidio”, señalan y expresan “nuestro rechazo a la represión que hay en Alemania contra manifestantes que se solidarizan con Palestina. Esto viola el derecho a la libre expresión, que constituye uno de los pilares de la democracia”.

La delegación del Observatorio pudo conversar en el lugar con Stefan Preuß, consejero político de la Embajada de Alemania en Chile, a quien se le señaló las preocupaciones expresadas en la misiva.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos, presente en la actividad, dijo que “están asesinando en Gaza a niñas y niños palestinos, a mujeres, y que este genocidio debe terminar”.

También la delegación conversó con Preuß sobre la importancia de que el gobierno de Alemania apoye la demanda del movimiento de derechos humanos chilenos para la entrega total de la ex Colonia Dignidad para que este lugar sea un sitio de memoria.

El tema nuclear

La carta entregada también menciona y rechaza la presencia de armas nucleares en Alemania donde, de acuerdo a DW, los expertos estiman que hay entre 15 a 20 bombas nucleares de los EEUU, del modelo B61, en la base aérea de Büchel en Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania.

El dirigente Pablo Ruiz, señaló que “el tema de una guerra nuclear en la actualidad nos debería preocupar a todos ya que sus consecuencias serán devastadoras y aunque estemos lejos de Europa sufriremos tarde o temprano sus efectos”, también dijo que “hace semanas denunciamos también, basados en un informe del OIEA, que Alemania tiene las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares y estos nos debe preocupar”.

En tanto Félix Madariaga, vicepresidente de la Corporación 3y4 Álamos, se refirió a algunos temas preocupantes para Chile que han ocurrido desde que la exministra Delpiano firmó un acuerdo secreto con Alemania. «Expresamos nuestro rechazo al actual rol del gobierno alemán en la promoción de políticas que profundizan los conflictos y aumentan los riesgos de una confrontación nuclear. Los pueblos necesitan paz, no más guerra».

«Asimismo, rechazamos cualquier intento de involucrar a Chile en la OTAN mediante acuerdos cuyo contenido permanece oculto a la ciudadanía, como el convenio firmado por la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Chile debe ser un país comprometido con la paz y no con los promotores de la guerra”, concluyó Madariaga.

La carta entregada tiene la firma de Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; de Patricio Vejar, de la Comunidad Ecuménica Martin Luther King; de Hervi Lara, de la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH); de Carlos González y Félix Madariaga, de la Corporación 3 y 4 Álamos; de José Frias, del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué; y de Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y de la Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización de la Alianza CONVIDA-20.

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile trabaja en alianza con SOA Watch de EEUU, con World BEYOND War, y con la International Peace Bureau (IPB) con oficina en Alemania.

Fotos: David Hormazabal

Defensoría: Recortes afectan a la niñez frente a la explotación laboral

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría de los Habitantes advirtió los riesgos de un eventual incremento en las cifras del trabajo infantil en el país, como consecuencia de los recortes progresivos a programas que forman parte de la red de protección social, tales como avancemos, comedores escolares y los Cen-Cinai, concebidos para aliviar la situación económica que enfrentan miles de familias.

Según la OCDE, Costa Rica exhibe la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.

De acuerdo con datos presentados recientemente por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional, a partir del año 2022, la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%.

Ante el contexto descrito, la Defensoría señala que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad; se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Radiografía del debilitamiento institucional

La Defensoría detalla tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios impactan directamente los esfuerzos nacionales de erradicación:

• Programa Avancemos (IMAS / FODESAF): Datos del IMAS revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. También, los recursos destinados a al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos. Tales recortes constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.

• Red de Cuido Infantil: La no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a bien dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.

• Comedores Escolares (MEP): Las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos, afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema, puesto que se trata de un programa de equidad que contribuye a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.

Un llamado a la rectificación

Para la Defensoría de los Habitantes, una política de austeridad fiscal que se financie sacrificando a las niñas y los niños es fiscalmente inviable y moralmente inaceptable. Costa Rica, ha sido reconocida como «país pionero» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su lucha para erradicar el trabajo infantil, pero el debilitamiento de los programas sociales hacia la niñez pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De ahí que, la institución hace un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para:

• Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.

• Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.

La evidencia técnica es contundente: el trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes.

Organizaciones del transporte respaldan proyecto de ley para regular plataformas tecnológicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.), el Foro Nacional de Taxistas, Multitaxi S.A., Asotranstur y otras organizaciones gremiales del sector transporte expresaron su respaldo al proyecto de ley que busca regular las plataformas electrónicas de transporte que operan en Costa Rica.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su apoyo al Expediente Legislativo N.° 23.736, iniciativa que pretende establecer un marco regulatorio específico para las plataformas tecnológicas de transporte y sus operadores. Según señalan, el proyecto representa un avance importante después de más de once años de funcionamiento de este modelo de servicio sin una normativa particular que regule su actividad.

Las organizaciones indicaron que el inicio de la discusión de las mociones de vía rápida permite que el expediente continúe avanzando dentro de la corriente legislativa con el propósito de establecer reglas claras para todos los actores involucrados en este tipo de servicios.

Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la obligación de que las personas conductoras se encuentren debidamente registradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como su inscripción ante la Administración Tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes, incluyendo la declaración del impuesto sobre la renta.

La propuesta también contempla la contratación de pólizas de responsabilidad civil para terceros y el establecimiento de requisitos relacionados con la antigüedad de las unidades y otras condiciones de operación. De acuerdo con las organizaciones firmantes, estas disposiciones contribuirían a generar condiciones de mayor igualdad competitiva dentro del mercado del transporte, al tiempo que fortalecerían la protección de las personas usuarias y el sostenimiento de la seguridad social.

El comunicado agrega que el proyecto establece obligaciones para que las plataformas digitales realicen los pagos y trámites correspondientes ante el Estado costarricense como condición para operar legalmente en el país. Según los firmantes, esto permitiría fortalecer la recaudación tributaria y mejorar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales asociadas a la actividad.

Las organizaciones sostienen que la iniciativa promueve una regulación moderna, equilibrada y transparente que beneficiaría tanto a las personas usuarias como a quienes laboran en el sector y al Estado costarricense. En ese sentido, hicieron un llamado a las diputadas y diputados para que respalden y aprueben el Expediente N.° 23.736.

Finalmente, los representantes del sector consideran que la aprobación de la propuesta contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica, la competencia leal y el sistema nacional de transporte, mediante reglas homogéneas para todos los actores que participan en el mercado de transporte remunerado de personas.

Las organizaciones que suscriben el comunicado son:

  • Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS)

  • Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.)

  • Foro Nacional de Taxistas

  • Multitaxi S.A.

  • Asotranstur

  • Organizaciones gremiales del sector transporte


Defensoría solicita fortalecer los EBAIS de la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Salud.

Luego de un trabajo de campo realizado a través de la inspección a 40 Ebais y 06 Puestos de Visita Periódica en toda la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para conocer el plan de atención a corto, mediano y largo plazo, que integre el primer nivel, el hospital de referencia y los actores locales como la municipalidad y la sociedad civil.

Para tal efecto, trasladó 27 preguntas que procuran conocer la gestión que tiene programada la CCSS para toda la Zona Sur-Sur, que abarque la planificación de los servicios, el enfoque de red así como todas las acciones concretas en materia de infraestructura, conectividad, acceso a citas, medicamentos, servicios de laboratorio, recurso humano, servicios de apoyo, y en general, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Ebais.

Algunas de las inquietudes planteadas están relacionadas con los indicadores de seguimiento que utiliza la CCSS para medir mejoras en acceso, resolutividad y listas de espera asociadas a este primer nivel de atención. También las medidas inmediatas para mitigar riesgos sanitarios en Ebais con condiciones críticas en Pavones, Gutiérrez Braun, Sabalito, Los Chiles 2, por ejemplo, mientras se resuelven soluciones estructurales.

Otro aspecto que la Defensoría está interesada conocer es el plan de contingencia para aquellos Ebais con fallas graves de internet y EDUS que actualmente operan con expediente físico y, los plazos que se manejan para restablecer conectividad funcional en comunidades como Biolley, Alto Comte, Guagaral, Las Mesas y Villa Argentina.

Además, conocer los ajustes operativos que se aplicarán para mejorar la asignación de citas, especialmente en EBAIS con alta carga de pacientes crónicos y si se ampliarán o flexibilizarán los cupos presenciales y telefónicos, tomando como referencia experiencias positivas identificadas en Coto Brus.

La Defensoría hizo énfasis en saber las medidas urgentes que se adoptarán para evitar retrasos de hasta 24 horas en la entrega de medicamentos en EBAIS y Puntos de Visita Periódica (PVP) sin apoyo de farmacia y cómo se corregirán los desabastecimientos recurrentes en áreas como Río Claro, Osa y Pérez Zeledón.

La Defensoría preguntó a la CCSS si existe un plan para reforzar recurso humano deficitario (odontología, farmacia, laboratorio, medicina familiar, nutrición, psicología, trabajo social y sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria) en las áreas más afectadas. También cuál es el plan para la implementación efectiva del Lineamiento Técnico Indígena en todos los EBAIS de la región.

Dentro de la lista de preguntas se consultó a la CCSS si existe una priorización regional de inversiones para sustituir infraestructura obsoleta en EBAIS y PVP, así como los cambios estructurales que se impulsarán para que la red funcione de manera integrada y homogénea, reduciendo inequidades territoriales.

A su vez, es importante para la Defensoría conocer cómo medirá la CCSS la contribución de estas reformas del primer nivel a la reducción sostenible de las listas de espera del Hospital Fernando Escalante Pradilla.

La Defensoría de los Habitantes en el año 2026 realiza una intervención similar para la Región Huetar Norte.

11 de junio Día Mundial del Cáncer de Próstata

Escrito en . Publicado en Salud.

Andrés Arley Vargas
Presidente
Asociación Costarricense de Cirugía Urológica

Información general y concientización

¿Qué es el Cáncer de Próstata?

La próstata es una glándula ubicada en la base de la vejiga urinaria cuya función principal es producir secreción que contribuye a formar el semen.

En la próstata podemos ver con frecuencia el agrandamiento benigno, las infecciones y el cáncer, que es el más frecuente en hombres en nuestro país.

Incidencia y Prevalencia en Costa Rica

En Costa Rica, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en cuanto a incidencia (45.6 por cada 100 000 habitantes, 26.4%). La prevalencia de cáncer de próstata en Costa Rica es del 30%. A nivel mundial, es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, superado solo por el cáncer de pulmón, con una incidencia del 14%.

Síntomas

En etapas tempranas, el cáncer suele no dar síntomas o bien, se confunden con los mismos del crecimiento prostático benigno.

  • Chorro intermitente, vacilación al orinar, chorro débil o lento

  • Nicturia (necesidad de orinar durante la noche) y urgencia

  • Hematuria (sangre en la orina) o hematospermia (sangre en el semen)

  • Anemia, pérdida de peso, dolor de huesos, especialmente en la columna vertebral, caderas o extremidades, en casos de metástasis óseas.

Factores de Riesgo

El principal factor de riesgo es la edad, siendo la incidencia mayor a partir de los 50 años. Otros factores incluyen:

Antecedente familiar de cáncer de próstata.

Factores genéticos hereditarios, como mutaciones en los genes BRCA2, CHEK2, ATM y BRCA1.

Etnia, con hombres de ascendencia africana mostrando un riesgo más alto.

Importancia del Antígeno Prostático Específico (APE)

El APE es una proteína producida por las células de la próstata. Un nivel elevado de APE no siempre significa cáncer, ya que también puede aumentar en condiciones benignas como el crecimiento prostático benigno o las infecciones, como la prostatitis. Sin embargo, es una herramienta importante para la detección temprana.

  • El valor máximo aceptable de APE es de 3.0 ng/mL; a partir de este valor, se justifica hacer estudios de confirmación diagnóstica. Es importante recalcar este punto, porque los laboratorios utilizan distintos rangos de referencia que pueden confundir a los pacientes.

  • El antígeno prostático se hace siempre una vez al año, ojalá en el mismo laboratorio. Se sugiere que el paciente esté 3 días sin eyacular para que la medición sea confiable.

Tacto Rectal

Permite identificar cambios en el tamaño, consistencia, presencia de nódulos o asimetrías en la próstata.

Recomendaciones

  • Hágase el examen de sangre una vez al año, a partir de los 40. Conserve los archivos en su poder, para ver cómo se va comportando el antígeno prostático año a año.

  • Vaya al urólogo a partir de los 40 años si usted es de etnia afrodescendiente o tiene herencia en línea directa de cáncer de próstata.

  • Puede esperar a los 45 – 50 años si usted no tiene herencia de cáncer prostático. Recuerde llevar siempre su examen de sangre listo, con un valor exacto.

Este comunicado tiene como objetivo crear conciencia sobre el cáncer de próstata y la importancia de la detección temprana. Se trata de un tumor curable cuando el diagnóstico es temprano.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 confirma el peligroso descenso de la producción nacional

Escrito en . Publicado en Alimentación.

German Masís

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, que recoge los datos para el 2024, revela una caída considerable de la producción agrícola, que ha llegado ha ser reconocida como una verdadera crisis de la actividad agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias han sido significativas entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2020 (ENA 20021) y 2024 (ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados al inicio.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hectáreas menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2020 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 has menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Arroz

El área sembrada estimada en el año 2024 fue de 13 067,6 hectáreas, la producción fue de 51 468,3 toneladas métricas; destinando el 98,9% a la venta. La producción se concentra principalmente en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca

Según la ENA 2023, el año 2022 se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas. Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil toneladas métricas en el año 2022.

Sin embargo, si analizamos los datos en un período más amplio, entre el 2020 y el 2024, la diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 has y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

Frijol

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 8 708,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 761,7 toneladas métricas. El 76,7% de la producción total fue destinada a la venta. Su producción se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 toneladas métricas. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

El análisis de las diferencias entre el 2020 y el 2024, indican que en frijol ha habido una reducción de 744 has y de 1,547 toneladas métricas de producción, lo que también es significativo y debió ser cubierto con mayores importaciones

Maíz

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 7 534,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 17 627,8 toneladas métricas; donde el 79,4% fue vendida. Se cultiva en todas las regiones del país

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 toneladas métricas, en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

En maíz, las diferencias entre 2020 y 2024, han sido de 842 has sembradas menos, pero se obtuvo, 3,447 toneladas métricas más de producción, probablemente debido a mejores rendimientos.

Papa

El área sembrada estimada en 2024 fue de 1 679,5 hectáreas, la producción obtenida fue de 30 228,5 toneladas métricas; donde el 92,4% fue destinado a la venta. Del total de la producción vendida, el 92,7% fue al por mayor. Las principales regiones productoras son la Central Oriental y la Central Occidental

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 tm. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

La comparación en la producción de papa entre el 2020 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 has sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada.

Cebolla

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 1 313,3 hectáreas la producción obtenida fue de 25 349,0 toneladas métricas; donde el 99,0% fue destinado a la venta. se produce principalmente en las regiones Central Sur, Central Oriental, Central Occidental y algunas zonas de la región Chorotega.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 toneladas métricas, mientras que en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil toneladas métricas entre uno y otro año.

En el caso de la cebolla, las diferencias entre el año 2020 y 2024, es de 531 hectáreas sembradas menos y de 11,197 toneladas métricas menos de producción, lo que establece el descenso de la actividad en las áreas dedicadas y en la producción obtenida, claramente suplida por las grandes importaciones del producto.

Yuca

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 11 849,0 hectáreas, la producción obtenida fue de 111 743,5 toneladas métricas; donde el 91,7% fue para la venta y el 90,8% fue comercializado al por mayor. Las principales regiones en las que se produce son la Huetar Norte, la Huetar Atlántica y la Brunca.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 toneladas métricas en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil ton. de producto entre aquel año y el 2022.

En cuanto a la yuca, la comparación entre los años 2020 y 2024, revelan un aumento del área en 688 has y de 14,542 Tm más de producción, revelando un crecimiento importante de la actividad.

Banano

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 46 028,7 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 2 277 988,4 toneladas métricas. El 99,7% de la producción total fue para la venta. El principal destino de la producción es directamente al exterior, representando un 75,3% del total vendido, se concentra principalmente en las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 toneladas métricas, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

El análisis de la evolución de la producción de banano entre el 2020 y el 2024, determina una reducción de 8,755 has y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

Café

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 71 570,7 hectáreas, la producción obtenida fue de 360 502,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 85,9% de la producción total. Las regiones del país donde se puede encontrar este cultivo son la Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Pacífico Central, Chorotega y la Brunca.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 toneladas métricas de producción, mientras que en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En la actividad cafetalera, las diferencias entre los años 2020 y 2024, son significativas, con la reducción de 8,640 hectáreas sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial del grano

Caña de azúcar

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 55 780,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 929 987,7 toneladas métricas. De la producción vendida, el 98,8% fue destinado para la venta en la industria. En Costa Rica, la principal producción se encuentra en las regiones Chorotega, Central Occidental, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

La comparación en la actividad de la caña entre el 2020 y el 2024, evidencia una diferencia de 4,970 has menos sembradas y de 264,609 toneladas métricas menos de producción entre ambos años, que resulta significativa por la reducción de áreas que ha dado en las regiones productoras.

Chayote

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 461,4 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 336,4. La producción obtenida fue de 42 541,2 toneladas métricas. Del total de la producción el 99,0% fue destinada para la venta. Del total vendido, el 80,4% fue directamente al exterior. El cultivo se concentra principalmente en la región Central Oriental

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 tm. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 toneladas métricas producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

En el chayote, las diferencias son de 32 has sembradas menos, entre el 2020 y el 2024, pero un aumento de 11,257 Tm más de producción entre los dos años.

Mango

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 5 205,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 18 846,5 toneladas métricas. Del total de la producción se vendió un 95,0%, y se destinó a la comercialización al por mayor el 69,6%. Las principales regiones productoras son la Central Sur, Central Occidental, Pacífico Central y la Chorotega

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 toneladas métricas de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en el 2020.

Las diferencias en la producción de mango entre el 2020 y el 2024, son de 2,277 has menos y de 4,966 toneladas métricas menos entre los dos años, son importantes.

Naranja

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 10 678,4 hectáreas, La producción estimada fue de 128 069,5 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta con el 96,6% de la producción total. De la producción que se vendió, el 84,6% se destinó a la industria. Las zonas productoras del país son la Central Sur, Central Occidental, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 hectáreas y la producción obtenida de 289.564,5 toneladas métricas en el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Analizando las diferencias en la actividad de la naranja, encontramos una diferencia de 2,676 hectáreas menos sembradas y de 130,165 toneladas métricas menos de producción entre el 2020 y el 2024, mostrando un descenso considerable en la actividad.

Palmito

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 2 848,8 hectáreas, la producción fue de 2 681,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 57.0% de la producción total. En el país se siembra en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca

Mientras el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 toneladas métricas de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

En el palmito, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 1,018 hectáreas menos sembradas y de 537 toneladas métricas menos entre esos años, que indica una reducción mayor en las áreas y menor en la producción.

Plátano

La estimación del área sembrada en el año 2024 fue de 8 780,9 hectáreas, la producción obtenida fue de 72 277,9 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta, que representa el 85,4% del total producido. De la producción vendida, el 89,0% se destinó a la comercialización al por mayor. La principal zona productora del país es la región Huetar Caribe.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 toneladas métricas de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil toneladas métricas.

Las diferencias en la producción de plátano entre el 2020 y el 2024, son de 2,080 has menos en el período y de 12,135 toneladas métricas menos de producción, diferencias significativas en esta actividad.

Palma aceitera

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 67 600,5 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 999 761,6 toneladas métricas. El principal destino fue la venta en el exterior, representando el 72,4% de la producción total. Las principales regiones productoras son la Pacífico Central, Brunca y la Huetar Atlántica

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 toneladas métricas en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

En lo que respecta a la palma aceitera, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 5,298 has menos sembradas y 139,105 toneladas métricas de producción entre ambos años, lo que representa cambios importantes en esta actividad

Las diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas en la ENA 2025, revelan descensos muy importantes en la producción agrícola para el mercado interno y para la exportación, que marcan una peligrosa la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas, ya que en algunas de ellas como se ha mencionado anteriormente, podría estarse llegando a límites mínimos de producción, que un descenso mayor podría llevar a un desabastecimiento peligroso y a la dependencia de las importaciones como ha ocurrido en otros países.

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Alimentación.

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Exponor: La Industria, las tecnologías, y la disyuntiva de la Guerra

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Pablo Ruiz
www.derechoalapaz.org
SOAW-Chile

Entre los días 8 al 11 de junio, se realiza en la ciudad de Antofagasta, en Chile, la Exponor 2026 que en otras palabras es la “Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética”. De acuerdo a información del sitio Exponor este evento reunirá a más de 1.300 expositores, de 36 países, y “cuenta con un completo programa de actividades orientado a la generación de oportunidades de negocio”.

A esta Exponor 2026 vendrán, entre otros, representantes de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Finlandia, Francia, Bélgica, países que necesitan vender o comprar tecnología para su industria, y quienes también compran minerales a Chile, especialmente minerales críticos, para la producción de bienes de uso para su población. También, y debemos decirlo porque posiblemente no se mencionará, para seguir fabricando dispositivos tecnológicos militares, armas, tanques, aviones de combate, misiles, etc.

En estos tiempos convulsionados por guerras, para la fabricación y el desarrollo de armas y de nuevas armas, cada vez más precisas y efectivas, participan una serie de actores que intervienen en ese proceso donde se incluye por supuesto a las Industrias Tecnológicas y las Industrias Mineras que proporciona insumos para la fabricación de material bélico.

Como activistas por la paz, llamamos la atención sobre estos asuntos. Hemos participado en la Campaña Contra el Gasto Militar y contra la Guerra que impulsan organizaciones europeas y de América Latina. La guerra es la peor respuesta que se puede tomar cuando se tienen controversias territoriales con otros países. Es la búsqueda del diálogo y la resolución no violenta de los conflictos el camino correcto y humano.

Como muchos saben, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países de la OTAN aumentar su gasto en defensa mínimamente al 2% de su PIB. Alemania, incluso, tiene un plan ambicioso de rearme para los próximos años y tiene por objetivo, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar. Al mismo tiempo, organizaciones han denunciado que Alemania tiene actualmente las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares.

En lo que respecta a nosotros, a Chile, la ex ministra de defensa, Adriana Delpiano, firmó un acuerdo con la embajadora de la República Federal de Alemania, Susanne Fries-Gaier, el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN para la venta y compra de material bélico con esta Alianza Militar. Nuestra respuesta fue escribirle al presidente de entonces, Gabriel Boric, para manifestarles nuestro rechazo a este acuerdo con esta Alianza Militar acusada de diversas intervenciones y crímenes.

Otro de los países que van a participar en esta Exponor 2026 es Finlandia, donde se debate sobre las armas nucleares, el gobierno finlandés quiere introducir enmiendas en su constitución para poder tenerlas. También estará Francia, donde su presidente, Emmanuel Macron, dijo que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que “para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso” y ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

De nuestro continente, estará Brasil. Su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que en el actual escenario mundial había que prepararse ya que “si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” e instó a que Brasil produzca sus propias armas de combate.

Muy posiblemente, en la EXPONOR 2026 nadie hable del doble propósito que tienen las tecnologías ni menos del uso de minerales chilenos para la fabricación de armas que asesinan a seres humanos de carne y hueso en otros rincones del mundo. Sin embargo, creo que la ciudadanía debe ser consciente de estas posibilidades y ser más conscientes todavía que la humanidad atraviesa un momento de tensión y aumento de la militarización que nos pueden llevar, esta vez, por la existencia de armas nucleares, a una tercera guerra mundial de consecuencias inimaginables.

* Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). También es integrante de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20. Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

OMERCON: El consumidor financiero es el gran olvidado de la regulación costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.