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Enemigos de la democracia sufren una derrota

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Si la presidenta Laura Fernández se dedicara a trabajar y no a andar levantando chismes de humo, cual si fuese una de «Las Fisgonas de Paso Ancho», después del horrible fin de semana que le provocó la detención del más buscado maleante del país, con el consecuente reconocimiento popular hacia las autoridades de la Fiscalía y el OIJ, su gestión quizá mejoraría.

Pero, ¡qué va!, no hay manera, pues con Chaves mandando abiertamente a su lado, se le ordenó salir a especular, junto al ministro de Hacienda (¿?), sobre detalles logísticos de procesos judiciales que evidentemente no le competen. Así que, al igual a como hubo que enseñarle a Chaves, a ella hay que contarle que existe en Costa Rica independencia y separación de poderes, y que, por tanto, los procesos y procedimientos judiciales son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y no del poder inquilino en Zapote.

Aunque lo hecho fue gravísimo, lo fue más cuando vemos que lo hizo para, infructuosamente, tratar de minimizar el acto heroico de los oficiales judiciales en que se abatió a un maleante prófugo de alta peligrosidad (no de «alta gama», como dijo ella), y la captura de dos de sus compinches, Diablo y Tan, peligrosísimos delincuentes que, por cierto, no juegan con pistolitas de plástico. No, ¡jamás!, sino con pesadas armas de guerra, de elevado poder destructivo.

El operativo Némesis demandó un intenso trabajo de investigación y planificación, estrictamente confidencial, para evitar que se filtrara información sensible hacia policías corruptos de Seguridad Pública, que poco a poco han ido cayendo en manos de la justicia.

Ante los cuestionamientos perversos de Chaves y Fernández, el señor fiscal general, don Carlo Díaz, señaló que «las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que éstas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia». Contundente lección de educación cívica.

Cabe anotar que, mientras se estaba tratando de justificar la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los delincuentes apresados, un abogado diputado, defensor también del ministro Chaves, estaba en ese mismo instante en los tribunales actuando para el bando contrario, en defensa de un presunto criminal ligado al narcotráfico.

Podría ser que, para esa diligencia, José Miguel Villalobos hubiese solicitado un día de vacaciones a la presidenta legislativa (pues sus colegas diputados estaban cumpliendo con una tarea junto a la presidenta Fernández en el Congreso), pero es extraño, al menos, que un legislador que tiene pesada influencia sobre la aprobación de nuevas normas sobre narcotráfico y el crimen organizado, con acceso indiscutible a información sensible, simultáneamente esté involucrado en la representación legal de supuestos mafiosos, así como en la campaña amarga de Chaves y Fernández contra el Poder Judicial.

Autoridades judiciales que, pese a las acciones violentas y ofensivas lanzadas desde el corazón del fascismo tico, se mantienen con el noble pueblo costarricense a su lado, firmes en defensa de nuestra democrática patria, en un momento especialmente álgido cuando soplan aires dictatoriales cada vez más tormentosos.

Tribunal Contencioso Administrativo admite recurso contra el Consejo de Gobierno

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UNDECA informa a las personas trabajadoras de la CCSS y a la opinión pública que el Tribunal Contencioso Administrativo ha admitido para trámite el recurso presentado contra la decisión del Consejo de Gobierno relacionada con la representación sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La admisión del recurso constituye un paso importante en la defensa de la legalidad, el debido proceso, la autonomía sindical y el respeto a la voluntad democráticamente expresada por el movimiento sindical.

Desde UNDECA reiteramos que la representación de las personas trabajadoras no puede quedar sujeta a decisiones políticas que desconozcan los acuerdos legítimamente adoptados por las organizaciones sindicales. La institucionalidad democrática exige que se respeten los procedimientos establecidos y la independencia de la representación de la clase trabajadora.

Continuaremos utilizando todas las vías legales e institucionales necesarias para defender los derechos de las personas trabajadoras y garantizar que prevalezcan el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la verdadera representatividad sindical.

La dictadura de los propietarios

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Lic. Rafael A. Ugalde Quirós*

Comienzo aclarando que no hay honestidad cuando presentamos la crisis entre el poder judicial y el resto de los poderes como sí fuera nueva y camináramos hacia una “dictadura” como la de Ortega en Nicaragua o el chavismo en Venezuela, enalteciendo el planteamiento burdo de los expresidentes ticos -como sí no los conociéramos- para quedar bien con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.

Consta, desde aquellos tiempos mozos en nuestra facultad de derecho, como sosteníamos junto a otros compañeros, que esos grandes edificios y los despachos de lujo terminarían por descarrilar e deshumanizar nuestro romántico principio de justicia pronta y cumplida, sumergiendo en la crisis el poder que, además, se había echado al hombro poco a poco tareas propias y correspondientes del ejército costarricense, antes del golpe de estado de 1948.

Entonces veíamos con absoluta claridad la imposibilidad humana que el número de magistrados y jueces pudieran resolver los problemas venidos de concentrar todo lo relacionado con funciones de policía, represión, investigación, acusación, inteligencia, planificación interna etc. en tan pocas manos.

Durante unas declaraciones vertidas en ocasión de la solicitud de presupuesto para nuestro poder judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, justificó la necesidad de más financiamiento, diciendo que en todos estos años anteriores hemos defendido el sistema económico.

Litigantes que esperan 10 años para obtener una sentencia laboral favorable a un pobre trabajador que un banco lo tiró a la calle, 6 o más meses para que un despacho judicial firme la “orden de giro” para que el abogado retire sus honorarios; ello por cuanto el funcionario encargado “hace trabajo desde la casa y viene a la oficina un dia a la semana”, juicios que se caen por investigaciones mal hechas., etc.

Según cifras oficiales, en materia civil de mayor cuantía, ningún juicio dura menos de dos años, mientras aproximadamente, el 90% de expedientes en materia penal no llegan a juicio oral, pues se quedan en la fase de investigación del Ministerio Público mediante resoluciones de desestimaciones, sobreseimientos o aplicación de soluciones alternas. ¡De cómo la están pasando de feo con la lentitud de la justicia sus agremiados, sí que debería ocuparse el Colegio respectivo y su fiscalía!

De feria, el gobierno liberacionista de Oscar Arias impulsa en 1989 una instancia judicial más, la llamada Sala IV, llegando a 22 quienes gobiernan el poder judicial, con facultades amplísimas. En el 2003, estando como presidente de la “oposición” Abel Pacheco, es a esta misma Sala la que nos dice que es válida constitucionalmente la reelección presidencial discontinua.

No hay por dónde perderse. Son los grupos de la misma élite que controlan todo. Lo que oímos, lo que pensamos y nos hace justicia a diario, dando a cada uno la “proporción que nos corresponde”.

La anterior definición de justicia dicha por Ulpiano, me faltaba someterla praxis, que me ha permitido ver que la mayor parte de esa proporción ya pertenece desde hace años a una minoría, mientras por la parte sobrante, la más pequeñita, ponen a las mayorías de una sociedad a arrancarse las mechas.

Samuel Stone, en la dinastía de los bandidos, perdón, “La dinastía de los conquistadores”, nos sigue dando una fotografía exacta de la “democracia”, la “división de poderes”, la “democracia” nuestra y la “alternancia” electoral, entre otras prácticas, ya no tanto de la denominada derecha fascista y macartista, obligada defender su “ institucionalidad”, sus privilegios de reportar cero ganancias en 2025 y lanzar sapos y culebras contra el sistema democrático de Cuba, Nicaragua o Venezuela, sino que ahora vemos unas cuantas cúpulas de la llamada izquierda local, ( van desde las que hace la revolución por whatsaap, pasando, según ella, por transformaciones profundas mandando gente con pancartas muy artísticamente decoradas, haciendo proyectos o atorados con bocadillos de caviar), cerrando filas con Rubio y el nuevo fichaje de Milei y Trump para Centroamérica, el narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández. Tal vez así no pierden la visa.

Sin embargo, sí desde 2022 un grupo de la burguesía que controla importaciones, los servicios y la mayor parte de la actividad financiera, desplazó en más de un 70% del poder a quienes se enriquecieron con la agroexportación de productos y la venta de materias prima, ello no es casualidad que ahora, después de aquel “volvamos a la tierra” con que embaucaron a Reymundo y a todo el mundo, traten ahora de salvar con todo los pocos refugios que aún conservan.

Defienden así, de forma camuflad el Estado Corporativo o gerencial, cuando dicen ser la oposición democrática, la otra gran alternativa, solo para retomar el poder, porque no tienen un “proyecto país” que no solo organice las bases populares, sino que las articule y obedezca en búsqueda de un modelo de democracia participativa y popular capaz de convertir el mercado, en una ampliación obligatoria de beneficios de la ganancia en pocas manos, en mejor seguridad social, salarios dignos, educación superior, ciencia y tecnología en función del pequeño y el mediano productor, desarrollo de nuestros océanos como fuente de alimentación, ayudar austeras ciencias médicas a que lleguen a las personas sin distinción de clase social, etc., en lugar de subirnos al último vagón destartalado de la innovación tecnológica.

Tienen una memoria que asusta. Ya ni se acuerdan de aquel paquete de leyes que congeló salarios, repartió bozales, penalizó la protesta social etc. Olvidaron de un momento a otro que, en 2018, el gobierno PAC, de Carlos Alvarado, contó con el apoyo de la Sala Constitucional y 14 votos del Liberación Nacional,10 del oficialismo de entonces,8 socialcristianos, el de Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional, y el “independiente” Erick Rodríguez.

Cuando se trata de defender la dictadura de los propietarios son cortados con la misma tijera. Puede llamarse presidenta Laura Fernández, los exgobernantes Oscar Arias, Rodrigo Chaves, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, 53 diputados de la Asamblea Legislativa, el canciller Manuel Tovar etc. La lista de demócratas es interminable y no aparecen hasta en la sopa.

El reciente anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al decir que si los enemigos de la Revolución sandinista soñaban con el retorno al poder por vía de las elecciones como pensaba la oposición mandadera de Washington, se jodió. Anunció el envió de una ley a la Asamblea Nacional para regular este tipo de consultas, pero al poder, no volverán, dijo.

Terminamos con este tema de las elecciones en Nicaragua solo para dejar en evidencia que no hay tal oposición política en Costa Rica. Los que así se hacen llamar están unidos por el injerencismo imperial en las cuestiones internas de otros países.

Algunas personalidades tan preocupadas por la democracia en Nicaragua, Venezuela o Cuba – China, con un sistema electoral de único partido, la bajan un poquito por aquello de un viajecillo a Pekin- deberían calmar sus inquietudes quitando las fotos sonrientes junto a personas cuestionadas, o haber desmentido en su momento el periódico colombiano “El tiempo”, sobre donaciones recibidas en Miami.

¿Los has escuchado acaso levantar la voz contra el criminal bloqueo contra Cuba, y eso que se hacen pasar como defensores del derecho internacional y los derechos humanos?

¡Muchos de ellos, por dolo o culpa, son vocería oficialista de quienes dicen estas elecciones me gustan, son válidas o deben desconocerse, conforme lo que nos encargó el patroncito!

*Periodista.

CGR ordena al ICE cesar el uso de alianzas empresariales para ejecutar contratos directos entre entes públicos

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El órgano contralor determinó que el ICE recurrió sistemáticamente a asociaciones con empresas privadas para cumplir contrataciones amparadas en la excepción de contratación directa entre entidades públicas, trasladando a terceros la ejecución sustantiva de los servicios. La CGR giró órdenes tanto al ICE como a diez instituciones contratantes.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó, mediante dos investigaciones relacionadas, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizó de forma irregular la figura de «asociación empresarial» o «alianza estratégica» —habilitada por la Ley N.° 8660 para que el ICE compita en el mercado abierto de telecomunicaciones— como mecanismo para ejecutar contrataciones directas con otras entidades públicas, amparadas en la excepción de contratación entre entes de derecho público (artículo 2 inciso c) de la derogada Ley N.° 7494 y artículo 3 inciso b) de la vigente Ley General de Contratación Pública N.° 9986).

Los hallazgos quedaron plasmados en dos órdenes emitidas el 28 de julio de 2026 por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: la DFOE-CIU-ORD-00002-2026, dirigida al ICE y a diez entidades que lo contrataron directamente, y la DFOE-CIU-ORD-00003-2026, centrada en la gobernanza interna de las 16 alianzas empresariales vigentes del sector telecomunicaciones del ICE.

Empresas privadas ejecutan lo que el ICE debía hacer por sí mismo

Según la CGR, la excepción de contratación directa entre entes públicos exige que la entidad contratada —en este caso el ICE— posea la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual por sí misma, cubriendo al menos el 50% del objeto bajo la normativa anterior o el 70% bajo la ley vigente. Sin embargo, el análisis de dieciséis acuerdos comerciales reveló que, en la práctica, empresas como Corporación FONT S.A., Grupo CESA-Control Electrónico, SONDA Tecnologías de Información, Continex Continental, SWAT Consulting Services, Componentes El Orbe, Productive Business Solutions (PBS), SPC Internacional, GBM de Costa Rica y el Grupo GEA asumieron el suministro, instalación y mantenimiento del hardware y software, mientras el ICE se limitó a labores de coordinación, facturación y traslado de fondos al socio comercial.

La Contraloría documentó casos concretos con diez instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, con los proyectos EDUS y REDIMED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Museo de Arte Costarricense (MAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Upala, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En la mayoría de los casos, el ICE suscribió el acuerdo comercial con la empresa privada después de haber sido ya adjudicado en el contrato directo con la entidad estatal, lo que la CGR interpreta como evidencia de que el ICE no contaba, de previo, con la capacidad técnica requerida para prestar el servicio.

Márgenes de pérdida y falta de control interno

La orden dirigida específicamente al ICE (DFOE-CIU-ORD-00003-2026) profundiza en fallas de gobernanza corporativa. La CGR encontró que, en varios acuerdos, el socio privado recibió entre el 65% y el 88% de los beneficios económicos —mientras el ICE asumía la mayor parte del riesgo—, y que al menos seis acuerdos comerciales presentaron márgenes de utilidad por debajo del costo de capital estimado por el propio ICE (9,3%-10% en dólares) o de la tasa de utilidad media del sector calculada por la SUTEL (13,43%). En el caso del acuerdo con Componentes El Orbe S.A., el ICE registró nueve meses consecutivos de pérdidas mientras trasladaba cerca del 83% de los ingresos al socio comercial, y aun así este recibió una calificación de desempeño del 100% en su evaluación semestral, ya que la rúbrica utilizada no consideraba la implementación real del servicio al cliente final.

La Contraloría también halló expedientes desordenados, sin foliar ni digitalizar formalmente, y un caso —el acuerdo con Datasys Group (AC-023-19)— que ni siquiera había sido reportado al órgano contralor. Asimismo, constató la ausencia de cláusulas anticorrupción específicas en los contratos, pese a que la versión más reciente del reglamento interno del ICE ya las contempla.

Cinco riesgos identificados por la Contraloría

En la orden dirigida a las entidades contratantes, la CGR resume cinco riesgos derivados de este esquema: el ingreso de empresas privadas al manejo de fondos públicos sin pasar por ningún proceso competitivo; la distorsión del mercado al excluir a otros posibles oferentes; la imposibilidad de que la entidad contratante evalúe la idoneidad legal y técnica del «socio» que en realidad ejecuta el servicio; la evasión de la formalidad contractual, pues el contrato lo firma solo el ICE y no el aliado privado; y el debilitamiento de las garantías, ya que el tercero que presta el servicio sustantivo no asume responsabilidad contractual directa ante la institución pública.

La CGR aclaró que no cuestiona la potestad del ICE de suscribir alianzas estratégicas para competir en el mercado abierto de telecomunicaciones, ni descarta la subcontratación de servicios accesorios o especializados; el problema señalado es específicamente el uso de estas figuras dentro de contrataciones amparadas en la excepción entre entes públicos.

Las órdenes de la Contraloría

Al Consejo Directivo del ICE se le ordenó:

  • Cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales con privados en contrataciones directas entre entes públicos, e instruir formalmente a sus dependencias internas (plazo: 28 de agosto de 2026).

  • Establecer mecanismos de control que garanticen que el ICE ejecute por sí mismo al menos el 70% del objeto contractual en futuras contrataciones directas, limitando la subcontratación a labores accesorias bajo los procedimientos ordinarios de la Ley N.° 8660 (plazo: 27 de noviembre de 2026).

  • Fortalecer la gobernanza y el control documental de las alianzas vigentes, e incorporar protocolos anticorrupción (plazo: 31 de agosto de 2026).

  • Elaborar, junto con la Gerencia de Finanzas, un estudio técnico y financiero de los acuerdos vigentes con márgenes bajos o negativos, con miras a aplicar medidas correctivas (plazos: 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026).

A las diez instituciones contratantes (Asamblea Legislativa, CCSS, AyA, ICT, INAMU, INS, MINAE, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Upala y MAC) se les ordenó establecer controles para verificar la idoneidad técnica y legal del ICE antes de recurrir a la excepción de contratación directa, y definir planes de transición que garanticen la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía (plazos entre el 21 de setiembre y el 27 de noviembre de 2026).

La CGR advirtió que, de incumplirse lo ordenado, se aplicará el artículo 69 de su Ley Orgánica (Ley N.° 7428), que contempla la suspensión o destitución del funcionario responsable en caso de desobediencia reiterada.

Puede descargar los dos informes de la CGR desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026011978.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026012083.pdf

De Blackwater al NASDAQ: la visión de Erik Prince sobre la guerra en Ucrania

Escrito en . Publicado en Derechos.

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

Durante el Black Sea Security Forum, el fundador de Blackwater y actual presidente de Swarmer, Erik Prince, presentó una visión de la guerra en Ucrania que va mucho más allá del campo de batalla. Su intervención mostró cómo el conflicto se ha convertido, para ciertos sectores, en un espacio de innovación tecnológica, inversión financiera y transformación de la industria militar.

Prince elogió la capacidad de Ucrania para desarrollar drones de bajo costo, descentralizar las decisiones militares y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías directamente desde el frente de combate. A su juicio, este modelo supera ampliamente los sistemas de adquisición de armamento de Estados Unidos y Europa, a los que calificó de burocráticos y obsoletos.

Sin embargo, detrás de ese discurso sobre eficiencia e innovación surge una pregunta inevitable: ¿se está analizando la guerra como una tragedia humana o como una oportunidad de negocios?

Uno de los aspectos más llamativos de su exposición fue el anuncio del éxito bursátil de Swarmer, empresa que, según explicó, se convirtió en la primera compañía ucraniana del sector en cotizar en el NASDAQ. Prince señaló además que busca identificar empresas tecnológicas ucranianas, asociarse con ellas y llevar sus desarrollos al mercado internacional.

La experiencia adquirida en el campo de batalla deja así de ser únicamente un recurso para la defensa nacional y pasa a convertirse en un activo comercial y financiero.

Otro punto especialmente controvertido fue su visión sobre el futuro de los veteranos ucranianos. Prince afirmó que, una vez terminada la guerra, cientos de miles de excombatientes podrían integrarse a empresas militares privadas para entrenar fuerzas armadas de otros países o participar en operaciones de seguridad. Incluso planteó la necesidad de crear un marco legal que les permita «monetizar» su experiencia.

Aunque advirtió sobre el riesgo de que organizaciones criminales intenten reclutar a estos veteranos, su principal preocupación fue facilitar su incorporación al mercado internacional de la seguridad privada.

El discurso también refleja una tendencia más amplia: la creciente influencia del sector privado en asuntos tradicionalmente reservados al Estado. Prince defendió reducir los controles políticos sobre las adquisiciones militares para entregar mayor autonomía a los mandos operativos, argumentando que ello permitiría innovar con mayor rapidez. Sus críticos, sin embargo, podrían señalar que una mayor participación empresarial en la toma de decisiones sobre defensa también plantea interrogantes sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático del gasto militar.

Llama la atención, además, lo que el discurso deja fuera. A lo largo de su intervención prácticamente no hay referencias a las víctimas civiles, los millones de desplazados, la destrucción de ciudades o la necesidad de avanzar hacia una solución política del conflicto. El centro del análisis está puesto en drones, eficiencia, innovación, inversiones y mercados.

La intervención de Erik Prince ilustra cómo la guerra en Ucrania también está siendo observada desde la lógica del complejo militar-industrial y los mercados financieros. Reconocer los avances tecnológicos desarrollados durante el conflicto no impide plantear una reflexión crítica: cuando una guerra comienza a generar oportunidades de inversión, empresas que cotizan en bolsa y nuevos mercados para la industria de la defensa, resulta legítimo preguntarse si la prioridad sigue siendo alcanzar la paz o si, para algunos actores, el conflicto también representa una oportunidad económica.

Más allá de las posiciones políticas sobre la guerra, las palabras del fundador de Blackwater muestran una realidad difícil de ignorar: en el siglo XXI, los conflictos armados no sólo redefinen las estrategias militares, sino también los negocios, las finanzas y el papel de las empresas privadas en la seguridad internacional. Ese debate merece tanta atención como el desarrollo de las armas que hoy dominan el campo de batalla.

Fuente.

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026

Costa Rica: un día innovador y pionero en agricultura orgánica hoy pierde terreno

Escrito en . Publicado en Alimentación.

Gabriela Soto Muñoz, MAOCO

En Costa Rica hay más de 3000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos apostando por la biodiversidad, abonos naturales y paciencia. Producir así es un trabajo intensivo, pero es un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.

Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, MIDEPLAN y la UNED (abril 2026) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley 8591 (2007) de Promoción de la Agricultura Orgánica —falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas— que evidencian el abandono institucional del sector orgánico. MIDEPLAN reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, respaldando así lo que los productores llevamos años denunciando.

Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% al 2025 respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global por productos orgánicos (Fibl, 2026).

Los productores destacan que la ley creo espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica, la Unidad Técnica, etc. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy todas estas instancias están desmanteladas; en 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el MAG; ahora no hay personal exclusivo en el tema.

Además de los desafíos macroeconómicos que vive hoy en día el sector agrícola exportador, los productores orgánicos soportan una carga adicional. Cumplen con regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque estos controles los productores los ven como vitales para garantizar la confianza del consumidor, las regulaciones cambiantes, desmotivan su esfuerzo y compromiso.

Y finalmente, cuando este productor que cumplió con todas las reglas e inspecciones llega al mercado tiene que competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El etiquetado “orgánico”, protegido por ley, pierde valor por el uso indebido en el mercado interno y por la falta de un control articulado entre MAG y MEIC, problema también señalado por MIDEPLAN. Esta competencia desleal desalienta y crea confusión en el consumidor.

¿Qué propone el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), y el informe de MIDEPLAN? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control de etiquetado entre MEIC y MAG, y lanzar campañas educativas para los consumidores. En resumen, el cumplimiento de la Ley 8591. Y modificaciones a las regulaciones de control a través de procesos participativos con el sector.

Es una inversión con retorno múltiple: alimentos más sanos, menos químicos en ríos y suelos, y una oferta exportable que mantiene su valor protegiendo la integridad del sello orgánico.

Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida de la naturaleza y quiere dejar de ser el país de la OCDE con más uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a los que lo cambian sembrando. No es caridad, es coherencia. Los productores orgánicos son la vanguardia, que, a través de mucho esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.

Fuentes citadas (selección)

– MIDEPLAN–UNED (abril 2026): Evaluación de la implementación de la Ley 8591.

– Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): estadísticas de áreas certificadas y exportaciones 2022–2025.

– PNUD Costa Rica (2022): diagnóstico sobre consumo de plaguicidas.

– FiBL: estadísticas del mercado orgánico global.

– Ley N.º 8591 (2007): texto legal.

Tomás de Acosta, Martí y Maceo, esos indestructibles lazos entre Costa Rica y Cuba

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Trino Barrantes Araya
camilosantamaria775@gmail.com
Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Introducción

Bajo el principio que la “solidaridad es la ternura de los pueblos”, Saludamos el 73 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Punto de inflexión que marca un nuevo rumbo en la historia de América Latina.

Expresamos nuestra firme convicción de apoyo al derecho internacional e inalienable de la autodeterminación, independencia y soberanía, al cual pueden y deben aspirar los pueblos en su afirmación de sus procesos democráticos.

Desde nuestros modestos recursos revolucionarios condenamos todo tipo de acción injerencista y agresiones contra los actuales gobiernos legítimos de nuestras hermanas Repúblicas de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Respecto a Cuba, decimos que, recordar a esta bella república democrática y socialista, es pensar y seguir construyendo la utopía, es seguir creyendo en la solidaridad, en el amor. Soñar a Cuba Libre y sin bloqueo, es tener presente la solidaridad con nuestra hermana república, asediada sistemáticamente por el imperialismo gringo.

José Martí patentizó el gran valor que le atribuyó a la solidaridad entre los seres humanos, sin diferencias de razas, edades o sexos/…/ Desde muy temprana edad evidenció ser de los hombres que sentían como propios el dolor de aquellas personas que sufrían vejámenes o eran víctimas de la explotación por la discriminación racial existente.

Condenamos el perverso bloqueo económico, comercial, estratégico y financiero y las sucias leyes conexas que históricamente el imperialismo ha implementado contra Cuba (La enmienda Platt, las Leyes Helms-Burton y Torricelli) y los demás adefesios que violan el derecho internacional y que los gobiernos de turno de la Casa Blanca (más bien negra por su perversidad) crean artificiosamente contra Cuba, a fin de quebrar el poder moral de este pueblo heroico e inquebrantable.

Solo en el quinquenio 1987-1991 en la administración estadounidense se presentan las siguientes enmiendas de ley dirigidas a estrechar cada vez más el cerco de la isla: Enmienda Pepper: limitar el acceso de los buques que arriban a cuba; Enmienda Mack: Prohibición a las firmas subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países, la realización de operaciones comerciales con Cuba; Enmienda Smith.

Para nosotros, el Partido Vanguardia Popular, el 26 de julio, no es una simple fecha del calendario. Al contrario, es la efeméride de afirmación del ser latino, son las ideas realizadas y concretizadas de los responsables políticos de este grandioso acontecimiento histórico.

Esos largos lazos de amor

Tomás de Acosta, gobernador de la provincia de Costa Rica, introdujo las primeras matas de café, procedentes de Cuba. Asimismo, le correspondió a este gobernador hacer llegar a nuestro país “el primer manual de caficultura, reeditado por la imprenta La paz en 1834.

Ciertamente, como lo dice la historiografía tradicional el café transformó la más pobre de las colonias de la República Federal Centroamericana, en una verdadera República viable.

José Eduardo Mora, citando a Armando Araya y Marlene Vásquez, en la línea de tiempo de la relaciones entre Costa Rica y Cuba, refiere lo siguiente:

“En el ámbito educativo, también, se hizo sentir la influencia cubana en Costa Rica: “El periodista y educador cubano Tomás M. Muñoz fundó el semanario ‘La Unión’ (1858) y estableció colegios en Cartago y San José: dirigió el San Luis Gonzaga (1885-1889)”.

Acontecimientos que ocurrieron en la isla tuvieron sus repercusiones en el territorio nacional, con el advenimiento de la migración procedente de la principal isla del Caribe, lo cual se aprecia en numerosos apellidos como lo precisa Vargas.

“Más de un centenar de familias cubanas se arraigaron en el Valle Central, a partir del estallido de la Revolución Cespedista por la independencia (1868-1878): Acosta, Agüero, Boix, Boza, Calleja, Calzada, Céspedes, Duque, Espinal, González, Granados, Martin —hoy Martén—, Mendiola, Miranda, Olivares, Pérez, Pochet, Prado, Renaud, Revilla, Rosabal, Santiesteban, Valiente, Varona, etc. Fue el comienzo de una inmigración que continúa”.

Recordemos también que Antonio Maceo fue una figura clave de Cuba que se instaló en Mansión de Nicoya y desde ahí, fortaleció los lazos entre la hermana República de Cuba y nuestro país. En este mismo orden podríamos indicar que:

Antonio Zambrana fue, en criterio del escritor y periodista Armando Vargas, “nuestro guía intelectual, genuino padre y maestro de la democracia y del republicanismo”

Línea de tiempo de las relaciones bilaterales

Sin agotar muchos otros datos muy significativos, los lazos de amistad entre Cuba y Costa Rica hacen síntesis de una relación que se inscribe dentro de la convivencia pacífica, entre el internacionalismo proletario y la vida diplomática. Citemos algunos componentes de esta maravillosa relación:

  • 1907: Inicio de las relaciones oficiales con el nombramiento del primer cónsul costarricense en La Habana.
  • 1911: Formalización con la acreditación del primer encargado de negocios cubano en San José.
  • 10 de septiembre de 1961: Ruptura de relaciones diplomáticas por Costa Rica, debido al carácter marxista-leninista del régimen cubano.
  • 1977: Restablecimiento de relaciones a nivel consular.
  • 1981: Nueva ruptura de relaciones por Costa Rica.
  • 1999: Restablecimiento de relaciones consulares.
  • 18 de marzo de 2009: Restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas plenas, formalizado el 26 de junio de 2009.
  • 18 de marzo de 2026: El gobierno de Rodrigo Chaves anuncia el cierre de su embajada en Cuba y la ruptura de relaciones diplomáticas.

Respecto a este último acontecimiento, nuevamente recurrimos aquí a mencionar a José Eduardo Mora (Semanario Universidad, 15 de abril de 2026)

“…A pesar de que el 18 de marzo de 2026 el Gobierno de Costa Rica, representado por Rodrigo Chaves, rompió relaciones con Cuba, después de que los vientos alisios soplaran fuerte desde Miami, los lazos culturales e históricos entre ambos países siguen intactos y sostenidos por una tradición que los respalda por más de un siglo/…/ La presencia de José Martí en dos oportunidades en momentos clave, en los que buscaba por diversos medios la independencia de su amada Cuba, la estadía en el país de Flor Crombet y de los hermanos Antonio y José Maceo, así como el intercambio cultural y político por más de 100 años, tras establecerse de manera formal relaciones en 1907, hacen que la decisión del gobierno de turno, abierta e incondicionalmente a los pies del imprevisible Donald Trump y, por ende, al imperio norteamericano, no tenga la fortaleza para romper los lazos que unen a las dos naciones”.

Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, fue una de las primeras voces en alzarse en contra de la medida, que recoge ecos de aquella otra que se diera el 10 de septiembre de 1961, cuando, por presiones de Estados Unidos, encontró en la débil y genuflexa Organización de Estados Americanos (OEA) el terreno fértil para llamar a la ruptura con el pueblo cubano”

Una semilla en tierra fértil, siempre dará raíces profundas

Armando Vargas ejemplifica, con lujo de detalles, la relevancia de personalidades cubanas en el país:

“El general Manuel Quesada Loynaz, primer jefe militar de la Revolución Cespedista —suegro de ‘Magón’ —, murió en puerto Limón y su tumba está en el camposanto de la capital. La familia Odio, originaria de Palma Soriano, ha dado al país un presidente de la República, un presidente de la Corte Suprema de Justicia y un arzobispo de San José /…/ Tres parientes y colaboradores de Carlos Manuel de Céspedes —el padre de la patria cubana— introdujeron el positivismo de Comte y de Littré en Costa Rica, verdadero marco ideológico del orden cafetalero. El profesor de filosofía José María Céspedes Orellano, el jurista Jorge Carlos Milanés Céspedes y el pedagogo Ramón Céspedes Fornaris fueron la vanguardia de un vigoroso foco seminal Cespedista. Don Ramón fue el maestro del presidente Rafael Iglesias”.

“Cuba, Cuba, mi patria querida,
vergel bello de aromas y flores,
cuyo cielo de puro colores,
densa brumas jamás ocultó”

Sí, así es la historia cuando dos pueblos se hermanan. El intelectual cubano Pedro Santacilia, que originó nuestro “segundo himno”: La Patriótica Costarricense”, nació bajo la inspiración de su poema que precede este párrafo.

¿10 años es mucho o poco tiempo para capturar un narco en fuga?

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Rodolfo Ulloa Bonilla

Cuando leí varias publicaciones del ejército de troles chavistas decir: “Pero, duraron 10 años en capturarlo”, para bajarle el piso al OIJ tras la detención de alias Diablo el 24 de julio de 2026, supe que ese es el relato que les pidieron repetir. Hoy siguiendo el relato, pero yendo más allá, la presidenta Fernández acusa al OIJ y dice que alias Diablo estuvo 10 años en fuga por la alcahuetería del Poder Judicial. Me surgió la duda: ¿Será que otros criminales por narcotráfico fueron capturados o dados de baja en menos tiempo en otros lares?

Ahí está Pablo Escobar, entre su primera acusación por un delito de narcotráfico en 1976 y su muerte en 1993, transcurrieron 17 años, aunque ciertamente no todo ese tiempo estuvo en fuga. Entonces busqué otros casos.

Pedí lo siguiente a las IA Gemini, Grok y Deep Seek: “Elabore un listado de los 12 criminales prófugos más buscados en América Latina y establezca los años que se duró en capturarlos luego de la orden de detención o condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Ordene el listado de mayor a menor tiempo de fuga”.

Esta es la respuesta combinada de las tres IA:

Listado de 12 narcotraficantes y capos del crimen organizado en América Latina que mantuvieron órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición o condenas pendientes por narcotráfico y permanecieron en calidad de prófugos de la justicia, ordenados de mayor a menor tiempo de fuga previo a su captura o recaptura:

  1. Ismael “El Mayo” Zambada (México). Tiempo prófugo: 35-40 años. Detalles: Cofundador del Cartel de Sinaloa. Con órdenes de aprehensión de México y Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Fue detenido el 25 de julio de 2024.
  2. José Alberto “El Beto” Guerrero (Colombia). Años en fuga: 26 años (1997 – 2023). Detalles: Exjefe del Cartel del Norte del Valle, capturado en Venezuela y extraditado.
  3. Fidel Urbina (México). Años en fuga: 22 años (2000-2022). Detalles: Exlíder de Los Zetas, capturado en Veracruz.
  4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” (México). Tiempo prófugo: 17 años. Detalles: Asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Mantuvo órdenes de arresto federales en EE. UU. y México hasta su captura en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila.
  5. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” (México). Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Más de 15 años como uno de los más buscados, acusaciones en Estados Unidos desde 2010; recompensa de hasta $15 millones. Reportado muerto en operación militar en febrero de 2026.
  6. Juan Carlos Ramírez Abadía (Colombia). Años en fuga: 15 años (1992 – 2007). Detalles: Líder del Cartel del Norte del Valle, capturado en Brasil.
  7. Daniel “El Loco” Barrera (Colombia). Tiempo prófugo: 14 años. Detalles: Considerado uno de los mayores capos del narcotráfico en Colombia tras la era de los grandes cárteles. Estuvo en la clandestinidad con órdenes de captura y circulares rojas de INTERPOL desde 1998 hasta su detención en San Cristóbal, Venezuela, en septiembre de 2012.
  8. Joaquín “El Chapo” Guzmán (México). Tiempo prófugo: 13 años (primer periodo de fuga). Detalles: Tras su primera captura en Guatemala en 1993, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en enero de 2001. Estuvo prófugo durante 13 años continuos hasta su recaptura en Mazatlán en febrero de 2014 (posteriormente volvió a fugarse en 2015 y fue recapturado en 2016).
  9. Dairo Antonio Úsuga David, “Otoniel” (Colombia). Tiempo prófugo: 12 años. Detalles: Máximo líder de la organización criminal Clan del Golfo. Contaba con decenas de órdenes de captura y pedido formal de extradición por narcotráfico emitidos desde 2009. Fue capturado por las fuerzas armadas colombianas en octubre de 2021.
  10. Rafael Caro Quintero (México). Tiempo prófugo: 9 años (segundo periodo de fuga). Detalles: Tras ser liberado de prisión de manera irregular por un tribunal mexicano en agosto de 2013, se emitió de inmediato una nueva orden de reaprehensión. Permaneció en la clandestinidad casi 9 años (encabezando la lista del FBI) hasta su recaptura en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
  11. Diego León Montoya Sánchez, “Don Diego” (Colombia). Tiempo prófugo: 8 años. Detalles: Uno de los principales cabecillas del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999 con cargos de tráfico masivo de cocaína y homicidio, siendo capturado por el ejército colombiano en septiembre de 2007.
  12. Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta” (Colombia). Tiempo prófugo: 7 años. Detalles: Líder del Cártel del Norte del Valle con orden de extradición dictada por EE. UU. en el año 2000. Permaneció prófugo ocultándose en Brasil tras someterse a múltiples cirugías plásticas faciales para modificar su apariencia, hasta ser localizado y arrestado en agosto de 2007.

Conclusión: Dato mata relato. La captura de alias Diablo constituye un hito del OIJ, un mérito que se logra tras perseverar y no desmayar en la lucha contra el crimen organizado durante muchos años. La población costarricense está consciente del alcance y valor de esta acción contundente del OIJ, por tanto, tal hecho no puede ser devaluado por los relatos de la perversa ideóloga del régimen y su ejército de troles, ni por los dichos de una presidenta que al parecer se le hace difícil pensar con cabeza propia.

Mientras el capital gobierne, el pueblo seguirá pagando

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Hay una escena que se repite una y otra vez en nuestro país, “Las pavas les tiran a las escopetas”, los farsantes y manipuladores se roban el “show”, hacen circo y manipulan al pueblo costarricense con falsas promesas.

El gobierno de Rodrigo Chaves 2.0 se autodefine como un supuesto “enemigo” de las élites económicas, habla contra los privilegios y se presenta como la voz del pueblo. Pero cuando llega el momento de gobernar, las decisiones siempre terminan favoreciendo al mismo sector financiero y empresarial que concentra la riqueza del país, mientras las cargas recaen sobre quienes viven de su trabajo. Esa es la verdadera hipocresía, el discurso cambia, la estructura de poder permanece intacta.

Cada reforma fiscal, cada intento de trasladar impuestos al consumo, cada congelamiento salarial, cada debilitamiento de los servicios públicos y cada ataque a la organización sindical terminan protegiendo el mismo modelo económico. Un modelo donde la riqueza producida por millones de trabajadores termina concentrándose en pocas manos, mientras el pueblo recibe salarios de hambre, servicios públicos deteriorados y un costo de vida cada vez más alto.

Sin embargo, tampoco basta con creer que el problema se resolverá únicamente aprobando algunos proyectos de ley para combatir la evasión o haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Esa es la enorme limitación de la propuesta que presenta el Frente Amplio.

Por supuesto que combatir la evasión y la elusión fiscal es necesario. Nadie puede defender que los grandes capitales sigan ocultando fortunas mientras el pueblo sostiene el Estado con impuestos indirectos. Pero convertir esa lucha en el centro de toda una estrategia política significa aceptar que el capitalismo puede corregirse desde adentro y que el Estado, construido históricamente para garantizar la reproducción del propio sistema, terminará disciplinando a quienes concentran el poder económico.

La experiencia demuestra exactamente lo contrario.

Los grandes grupos financieros y empresariales no dominan únicamente porque evaden impuestos. Dominan porque controlan buena parte de la economía, influyen sobre las instituciones, financian campañas políticas, moldean la opinión pública y condicionan las decisiones fundamentales del Estado. Pensar que esa correlación de fuerzas puede transformarse únicamente mediante reformas parlamentarias es sembrar expectativas que difícilmente podrán cumplirse por sí solas.

Mientras el gobierno protege los intereses del gran capital y el reformismo deposita su esperanza en nuevas regulaciones, el pueblo sigue esperando respuestas que nunca llegan.

La historia de Costa Rica, como la de tantos pueblos, demuestra que las grandes conquistas sociales nunca nacieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de la generosidad de las élites económicas. Fueron producto de la organización popular, de la movilización social y de la capacidad del pueblo para convertirse en un sujeto político con fuerza propia.

Por eso la tarea más urgente no es confiar ciegamente ni en un gobierno que administra el modelo neoliberal ni en la ilusión de que unas cuantas reformas fiscales bastarán para humanizar un sistema construido sobre la brutal explotación de la clase trabajadora, la tarea es mucho más profunda.

Hay que reconstruir la organización popular desde los barrios, las comunidades, las provincias, los centros de trabajo, las universidades, el campo y cada espacio donde hoy el pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que concentra riqueza para unos pocos y precariza la vida de las grandes mayorías. Comunidades organizadas y luchando, es la tarea fundamental para esa construcción desde abajo.

Ningún cambio verdadero será obra de un caudillo, de una bancada parlamentaria o de un tecnicismo jurídico. Los cambios profundos siempre nacen desde abajo, cuando el pueblo organizado deja de pedir permiso para defender sus intereses y comienza a disputar el rumbo del país. La acción política también debe buscar cumplir esa tarea, «teoría y práctica» decimos los comunistas.

Esa diferencia la marcaban los diputados comunistas, la curul era el espacio que utilizaban para hacer propuestas a favor del pueblo que marcaban la diferencia, luego se ponías las botas, se subían las mangas y se plantaban junto al pueblo en la lucha por sus derechos. La alfombra roja quedaba para otros, no para los comunistas. Así que, Rodrigo Chaves, deje de vender humo de una supuesta «lucha» contra comunistas.

El pueblo es, ayer como hoy, la única fuerza capaz de enfrentar el poder del capital y abrir el camino hacia una transformación estructural de la sociedad, la construcción de una verdadera democracia popular.

24 de julio 2026