Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). biodiversidadcr@gmail.com
“El trabajo del SIBDI en los últimos 80 años ha sido una de esas labores esenciales que pocas veces ocupan titulares, pero sin las cuales la vida universitaria simplemente no sería posible.”
Celebrar un aniversario del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) es mucho más que conmemorar una fecha institucional. Es reconocer una de las estructuras silenciosas pero fundamentales que han sostenido, durante décadas, la vida académica, científica y humanista de la Universidad de Costa Rica. Detrás de innumerables tesis, investigaciones, artículos y clases ha estado siempre el trabajo constante y comprometido de las bibliotecas universitarias y de quienes las hacen posibles.
La historia del SIBDI (AUROL, 2021 y Rodríguez, 1996) refleja también la historia del crecimiento intelectual de la Universidad. Desde aquella pequeña sala inaugurada el 26 de agosto de 1946 en el antiguo edificio universitario de Barrio González Lahmann, con capacidad para apenas treinta lectores, hasta la compleja red de bibliotecas especializadas que hoy integra numerosas unidades académicas y centros de investigación, el recorrido ha sido extraordinario. La apertura de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en 1970 marcó un hito en la consolidación de servicios modernos para la docencia y la investigación, mientras que la expansión posterior hacia bibliotecas especializadas confirmó que el acceso al conocimiento constituye uno de los pilares esenciales de la universidad pública.
Fuente: La Tribuna, 27 de agosto de 1947, p. 4. Cortesía de Marco Díaz Segura, Museo UCR. Foto coloreada y definición mejorada con ChatGPT.
Sin embargo, más allá de los edificios, colecciones y sistemas tecnológicos, la verdadera fortaleza del SIBDI ha sido siempre su gente.
Lo digo desde una experiencia profundamente personal. Como estudiante universitario desde 1974 y posteriormente como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de convivir durante décadas con funcionarios y funcionarias del SIBDI cuya calidad humana y profesional dejó una huella imborrable. Siempre encontré disposición para ayudar, paciencia ante las consultas, rigurosidad en el trabajo y un profundo compromiso con el servicio público universitario.
Quienes hemos pasado largas horas buscando referencias bibliográficas, revisando revistas científicas o intentando localizar materiales difíciles de conseguir sabemos que detrás de cada respuesta eficiente existen personas cuya labor suele permanecer invisibilizada. Muchas veces fueron precisamente los funcionarios del SIBDI quienes orientaron investigaciones, facilitaron recursos indispensables o resolvieron problemas que parecían menores, pero que resultaban cruciales para el trabajo académico cotidiano.
En tiempos donde la inmediatez digital pareciera hacernos olvidar el valor de las instituciones dedicadas al conocimiento, conviene recordar que una biblioteca universitaria no es simplemente un depósito de libros. Es un espacio de formación crítica, de democratización del acceso a la información y de construcción de ciudadanía. Y ello requiere no solo infraestructura y tecnología, sino también vocación, criterio profesional y una sólida ética de servicio.
Además, el tránsito desde las antiguas fichas catalográficas hasta los modernos sistemas automatizados ha demandado procesos permanentes de adaptación. Ese esfuerzo silencioso permitió que la Universidad mantuviera vivo y accesible su patrimonio bibliográfico y documental en medio de profundas transformaciones tecnológicas y presupuestarias.
Por todo ello, este aniversario constituye una oportunidad para expresar gratitud hacia quienes, desde los mostradores de préstamo, las salas de referencia, los procesos técnicos, la digitalización o la administración de colecciones, han contribuido durante décadas a sostener una de las funciones más nobles de la universidad pública: garantizar el acceso al conocimiento.
Felicitar al SIBDI es también reconocer una tradición universitaria profundamente ligada al pensamiento crítico, a la investigación rigurosa y al compromiso con la cultura y la educación costarricense.
En una época marcada por la desinformación y la superficialidad, el trabajo del SIBDI nos recuerda que el conocimiento serio, accesible y organizado sigue siendo indispensable para la democracia y para el futuro del país.
A todas las personas que han formado y constituyen parte del SIBDI: gracias por tantos años de entrega, profesionalismo y servicio a la comunidad universitaria y nacional. Su labor ha sido, y continúa siendo, fundamental para la Universidad de Costa Rica y para nuestro país.
Con un emotivo homenaje que destacó su legado de excelencia y vocación, el Grupo de Etiqueta y Protocolo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (GEP-UNA) celebró los 15 años de gestión de su coordinadora académica, la Doctora. Sylvia Arredondo Guevara, quien durante más de una década se ha dedicado a formar líderes.
El evento se llevó a cabo el pasado 17 de agosto en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNA. La actividad reunió a estudiantes, personal administrativo, académicos y autoridades de la Escuela de Relaciones Internacionales (RI-UNA), quienes se unieron para reconocer el impacto transformador de la labor de la Dra. Arredondo.
Durante más de una década y media, su entrega ha sido fundamental para la formación integral de generaciones de universitarios, fortaleciendo sus capacidades académicas, profesionales y humanas, y consolidando la proyección del estudiantado, tanto, a nivel nacional como internacional. Para los organizadores, la perseverancia y la dedicación incondicional de esta académica representan una fuente inagotable de inspiración, compromiso y excelencia al servicio de la educación universitaria y de la sociedad costarricense.
«Un reconocimiento que me toca el corazón»
Visiblemente conmovida, la Dra. Arredondo expresó su profunda gratitud por el homenaje, el cual, según indicó, la hizo volver la mirada a 15 años de experiencias compartidas:
«Una de las mayores satisfacciones ha sido acompañar a generaciones de estudiantes de diversas regiones del país, verlos crecer, adquirir seguridad y representar con profesionalismo y excelencia a nuestra Escuela y a la UNA en espacios académicos, institucionales y diplomáticos», manifestó.
Asimismo, la Dra. Arredondo, actual Presidenta Suplente y Miembro (a) del Consejo Universitario de la UNA, aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo institucional recibido a lo largo de su trayectoria. Extendió su reconocimiento al Dr. Marco Vinicio Méndez Coto, Director de la Escuela de Relaciones Internacionales-RI-UNA, por su confianza y apoyo permanente al GEP-UNA, así como al equipo de estudiantes organizadores integrado por: Kevin Loza Mairena, Jeidelyn Mora Badilla, Axel Mora Díaz, Caleb Monge Salas, Tamara Madrigal y Beatriz Altamirano Chaves y a cada joven que ha formado parte del grupo.
«Recibo este reconocimiento con enorme gratitud y con la misma ilusión de siempre: seguir formando, acompañando y abriendo oportunidades para nuestros estudiantes», concluyó la Doctora Arredondo Guevara.
Este artículo lo hice principalmente para analizar esa consigna que ha construido la sociedad para las personas con discapacidad: “sé fuerte, lucha, tú puedes”, principalmente cuando esta versión viene con un lado oscuro de doble moral, es decir, cuando su único objetivo es trasladar toda la responsabilidad a la persona con discapacidad, bajo un estigma psicológico de que si no lo logras es porque no quieres.
Porque en el fondo de esa consigna están las mismas estructuras sociales que precisamente deberían proporcionar oportunidades, herramientas y apoyo. Qué diferente sería pensar en que la condición no nos debe detener pero también hacer un planteamiento serio respecto a cómo puede avanzar realmente una persona con discapacidad.
Actualmente existe una verdadera contradicción y la sociedad ha creado un discurso que se vende como pan caliente: Las limitaciones solo están en tu mente, esfuérzate un poquito más; inclusive se afianzan en conceptos como la resiliencia o la procrastinación, pero haciendo una aplicación equivocada de dichos términos.
Para empezar primero se requieren facilidades de empleo inclusivo, pasar del estribillo a la realidad, posteriormente en el ambiente laboral se requieren las adaptaciones sin esperar a que la persona con discapacidad ocupe el puesto de trabajo para empezar con los primeros atisbos de cambiar la infraestructura a paso lento y descuidado.
Además, se deben establecer horarios y jornadas que se adapten a la diversidad en materia de discapacidad. Es decir, no solo es cumplir con un porcentaje de mano de obra contratada sino crear los horarios como parte del proceso de inserción, inclusive que se implemente el teletrabajo para esta población en los puestos donde se puede adaptar.
Se requieren oportunidades reales, porque es muy fácil reclutar personas con discapacidad bajo el eslogan inclusivo pero la mayoría de las veces es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a jornadas extenuantes en espacios que no tienen adaptaciones básicas y este tipo de mal llamadas oportunidades laborales más bien van en detrimento de la salud de la persona y por ende originan un desgaste físico acelerado donde la persona con discapacidad tiene que exceder el límite de sus fuerzas y capacidad solo por demostrar que puede y que encaja a la perfección en el ciclo de perenne productividad.
Porque el exceso de buena voluntad y el esfuerzo físico que hay detrás de esa mal llamada inclusión no disfrazan el dolor crónico ni la fatiga e incomodidad que ocasiona un puesto de trabajo que no se adapte a la persona en términos ergonómicos y de jornada, aunque el mensaje sea “debes esforzarte y seguir adelante”.
Pero el problema no está en el esfuerzo ni en el desgaste: está cuando el tiempo le pase la factura, por no contar con las herramientas y el soporte adecuado por falta de comprensión y de empatía.
Si a lo anterior se le agrega la frustración y la sensación de fracaso y culpa que experimenta esta población, como si estuviéramos obligados a caer en una especie de resignación o conformismo porque la sociedad está abriendo oportunidades laborales que no son realmente inclusivas sino únicamente para cumplir con la cuota de participación o tener un slogan de empresa inclusiva, pero la realidad es que la persona con discapacidad es quien debe ingresar a esas supuestas oportunidades como si estuviera obligado a cargar el mundo en sus hombros para aprovechar la gran oportunidad.
Por supuesto que las personas con discapacidad requieren del apoyo de la sociedad y no solo de la familia porque se necesita una transformación de las condiciones que requiere inversión, pero el problema es cuando esa transformación se mide como un gasto innecesario.
En una sociedad donde las oportunidades y el sistema de reclutamiento se enfoca en contratar personas jóvenes por un aspecto meramente de eficiencia productiva o cuando las becas son estratificadas para personas en pobreza básica o extrema, la persona con discapacidad que además está desempleada y que vive de lo que la familia le pueda ofrecer en muchos casos no calza dentro de esos parámetros o filtros, es cuando queda en evidencia un esquema social de ayudas inalcanzable para muchos.
El mensaje actual es que las personas con discapacidad deben superar per se su propia discapacidad, para luego subir al pódium y ser merecedores de admiración y respeto, como si estuviéramos llamados a lo imposible: sin ayuda, sin recursos, con capacidades menguadas y sin redes de apoyo. En ese paradigma quedamos en una desventaja de supuesta superación donde más bien el lema parece “nosotros contra el mundo”.
“Somos inclusivos” se ha convertido en el estribillo de toda empresa, un eslogan que adorna pero que constituye en la mayoría en una verdadera simulación, pero no basta con que una persona con discapacidad se le solicite que cumpla con su tarea si no se le dan las formas y los medios para lograrlo.
Seguimos viviendo en un paradigma social que pretende encubrir una realidad extremadamente diversa y compleja mientras recetan: esfuérzate, trabaja como puedas, emprende y así puedes salir adelante, que nosotros como sociedad nos lavamos las manos. Esa receta es demasiado cómoda para muchos. Es muy fácil decirlo pero no lo es para el que soporta el dolor, el que no puede continuar de pie por espacios prolongados, para el que sufre desplazamientos tortuosos y el que ve su energía consumirse en una jornada laboral extenuante y fuera de proporción con su condición. No basta con proponérselo; hay un profundo desconocimiento sobre la discapacidad y sobre el hecho de que no somos un grupo homogéneo. Una persona ciega no enfrenta las mismas barreras que una persona sorda, ni una persona con amputación enfrenta las mismas que alguien con discapacidad cognitiva o adquirida tras un accidente y sus secuelas, tomando en cuenta inclusive el proceso psicológico y emocional para aceptar su nueva realidad. Vivimos en una sociedad que solo se mide por productividad y por ende mide a las personas por su rendimiento, obligándonos a una competencia constante de supervivencia donde mostrar debilidad parece un pecado.
Ahora promueven el emprendimiento como una varita mágica, pero ¿de dónde saca una persona con discapacidad recursos para invertir, comprar materiales, asumir pérdidas, conocer el mercado, administrarse y competir en igualdad de condiciones si la mayoría vive con recursos limitados y barreras de salud, movilidad y transporte? Aunque muchas personas emprenden de forma admirable, no es una receta estándar ni una panacea para todos los tipos de discapacidad, ni debe verse como una excusa para que el Estado no haga su parte.
Existe también la contradicción de que, para recibir ayuda económica de las instituciones del Estado, se exige calificar por pobreza básica o extrema pero no por la discapacidad misma. Una persona puede necesitar apoyo por las barreras específicas de su condición, independientemente de los parámetros económicos con los que un sistema determina quién “merece” ayuda. No podemos meter a todos en el mismo saco, porque una única solución no sirve ni aplica para todos. El problema es que se ha construido un modelo donde solo encajas si trabajas y consumes al ritmo habitual. Si necesitas más tiempo, adaptaciones o asistencia, el sistema empieza a preguntarse cuánto cuestas. ¿Desde cuándo la integridad y la dignidad entran en ese esquema tan fuera de proporción con la realidad?
Se requiere igualdad de oportunidades para todos. Es una vergüenza y un exceso de trámites que no llega a ningún lado cuando una persona tiene que pasar de institución en institución justificando permanentemente su condición para mendigar sus derechos en un sistema que dice ser accesible pero que solo ayuda al que está en condición de pobreza extrema, cuando la cara de la discapacidad tiene muchos rostros.
Los Estados deben avanzar hacia sistemas de apoyo que consideren las necesidades derivadas de la discapacidad directamente pero no solo con una mal llamada intermediación laboral, sino con políticas económicas, laborales y de salud creadas por y para las personas con discapacidad.
Por otra parte, se requiere también protección integral para aquellas personas de esta población que definitivamente no pueden incorporarse al mercado laboral, porque sencillamente no tienen movilidad, están postrados en una cama o no tienen las capacidades cognitivas básicas para ocupar un puesto, pero se sigue midiendo por pobreza extrema o básica y no queda nada para ese sector ya olvidado donde las familias deben hacer todo tipo de austeridad y privación económica para sacar adelante a este ser humano que es digno de ayuda y apoyo.
Políticas diferenciadas que reconozcan que la discapacidad no es uniforme, superando las meras campañas publicitarias y los eslogan que componen esa mentira de una sociedad inclusiva. No se puede seguir viendo a las personas con discapacidad de forma despectiva o como si fueran un peso para el Estado. Urge atención médica diferenciada e inclusiva, transporte adaptado, rehabilitación, las terapias y por supuesto contar con tecnología asistida tanto en los ambientes laborales como en los ambientes educativos porque no basta con permitir la matrícula si las condiciones para permanecer, desplazarse, acceder a materiales o realizar evaluaciones adaptadas hacen que avanzar sea lento, costoso y agotador tanto para el estudiante en situación de discapacidad como para el docente.
La persona con discapacidad no pide medallas, ni que nos admiren o quieran vernos como héroes. Queremos cosas sencillas y fundamentales: estudiar, trabajar, tener dinero propio, salir, sentirnos bien, decidir sobre nuestra vida, pedir una adaptación sin sentir que incomodamos y que nos miren como personas antes que como una molestia. Esta es una interpelación a la sociedad: ¿qué pasa con quien quiere participar pero necesita hacerlo a otro ritmo y con otros apoyos? Quizá el modelo social actual es demasiado estrecho para las personas con discapacidad pero no tenemos por qué menguar nuestra propia existencia para adaptarnos y quedar bien con todo el mundo, tampoco pedimos que hagan todo por nosotros, sino que no nos dejen solos frente a barreras y estigmas que solo la misma sociedad puede remover.
Una persona puede ser fuerte y necesitar ayuda al mismo tiempo, ser inteligente y requerir una adaptación, o ser independiente y necesitar asistencia. Eso se llama humanidad. No necesitamos que nos admiren por sobrevivir a las barreras; necesitamos que esas barreras dejen de existir. Es hora de acabar con el circo mediático y la inclusión performativa que celebra la inclusión en fotos pero que excluye a la persona con discapacidad de la vida cotidiana.
Finalmente, hay que recordar que la discapacidad no es una realidad ajena: un accidente o una enfermedad pueden cambiar la vida de cualquiera en un instante. Esa certeza debería generar una empatía elemental: saber que, independientemente de la condición productiva o física, cada ser humano posee exactamente el mismo valor inherente: dignidad. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si solo hay espacio para quienes pueden mantenerse fuertes, jóvenes, saludables y productivos? Hagamos eco de esta frase “No dejemos a nadie atrás” que ha servido como base durante mucho tiempo para esta población; no debe quedarse solamente en un eslogan. Entonces, construyamos un entorno donde todos podamos vivir con verdadera dignidad!
Las organizaciones OMERCON y ÁGORA invitan al conversatorio “¿Cuánto vale realmente el BCR?”, que se realizará este 25 de agosto de 2026, a las 6:00 p. m.
La actividad parte de la afirmación “El precio de venta no es su verdadero valor” y contará como expositores con el Lic. Luis Carlos Olivares y el Lic. Welmer Ramos González.
El encuentro se realizará en AFS, Barrio Francisco Peralta, avenida 10, calle 33, 100 metros sur y 200 metros este de la Casa Italia.
La convocatoria propone así un espacio para abordar el valor del Banco de Costa Rica (BCR), teniendo como eje la diferencia planteada entre su precio de venta y su verdadero valor.
Fecha: 25 de agosto de 2026 Hora: 6:00 p. m. Lugar: AFS, Barrio Francisco Peralta; avenida 10, calle 33, 100 metros sur y 200 metros este de la Casa Italia. Expositores: Lic. Luis Carlos Olivares y Lic. Welmer Ramos González. Invitan: OMERCON y ÁGORA.
Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.
Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.
Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.
Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.
Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.
Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.
El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.
Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.
Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.
Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.
EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.
Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.
Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.
Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.
Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.
Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.
La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.
Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.
Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.
También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.
La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.
Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.
Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.
Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.
Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.
La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.
Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.
Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.
¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?
Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.
Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.
Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.
Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.
Este 23 de agosto desde hace 29 años en el mundo se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición establecido por la UNESCO en 1997.
Es un día para recordar la rebeldía contra la esclavización porque las Naciones Unidas lo declaró para recordar la sublevación de personas esclavizadas ocurrida en Saint-Domingue (hoy Haití y República Dominicana) en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791.
Se ha convertido en un día de memoria de todas las acciones emancipatorias para no olvidar – y para reparar – lo que las mismas Nacionales Unidas acaban de ratificar en Asamblea General como «el mayor crimen de la humanidad» este año.
Así han conmemorado esa Memoria los Embajadores y Embajadoras del Mar
Los resultados científicos de la investigación en las expediciones Galeones y Otras Embarcaciones abren paso a una nueva etapa del proceso de integración de esa nueva historia a la cultura de la zona, del país y del mundo. La etapa está caracterizada por la reafirmación del carácter de Sitios de Memoria que venían adquiriendo los dos sitios en Cahuita y su Parque Nacional.
Tal criterio ha sido reafirmado en el proceso de elaboración de los fundamentos del Plan de Manejo por la consultora Agathos (Julio, 2025) a partir de una propuesta comunitaria para que los sitios arqueológicos de patrimonio cultural subacuático de las dos embarcaciones esclavistas se consignen como Sitios de Memoria.
Debido a que las dos embarcaciones de los naufragios en el PNC están asociadas directamente con el Tráfico Transatlántico de Personas Esclavizadas, ese Patrimonio Cultural Subacuático (PCS) pasa a formar parte del concierto mundial de Sitios de Memoria de las personas africanas víctimas de ese episodio de la historia mundial y de la de Costa Rica en particular.
Es a partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001 en Durban, Sudáfrica que se acuerda globalmente la relevancia y el compromiso con el abordaje del tráfico.
Como señala la Declaración de Durban: “Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, incluida la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad no solo por su barbarie abominable, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, por la negación de la esencia de las víctimas. Asimismo, reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos constituyen un crimen contra la humanidad y siempre debieron haberlo sido, en particular la trata transatlántica, y se encuentran entre las principales fuentes y manifestaciones del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa.” (Declaración de Durban, 2001, párr. 13)
El comercio transatlántico de esclavos significó la mayor y más concentrada deportación forzada de seres humanos durante más de cuatro siglos. Esta tragedia ha tenido consecuencias incalculables, cuyas implicaciones económicas, psicológicas, sociales y políticas perduran hasta nuestros días, como reconoce la UNESCO en Legados de la Esclavitud: Un libro de recursos para administradores de sitios e itinerarios de memoria (2018).
La responsabilidad compartida de recordar, incluyendo el derecho de la población a saber, a documentar e investigar, a contar la propia historia y guardar la memoria de la herencia africana que emergió de ese flagelo debe ser parte del manejo de los sitios. Es indispensable porque ese accionar comunitario integra su contribución al enriquecimiento de la cultura local y universal en el concierto del manejo de los recursos de los territorios, en este caso el de una zona protegida.
Para ello, la preservación de la memoria de la historia de la esclavización y la memoria de la liberación de las cadenas de las esclavitud impregnada en el patrimonio cultural tangible (los artefactos de las embarcaciones esclavistas en el fondo del mar en el Parque), hasta el patrimonio intangible que se expresa en las huellas de la historia de la esclavización en general, de los acontecimientos de los dos naufragios en el PNC y de la liberación de la esclavitud en la cultura de nuestro pueblo afro descendiente, es imperante.
El derecho a saber, recordar y a honrar a las víctimas de ese gran flagelo de la historia se concreta en la memoria de los africanos y africanas que vinieron en esos barcos cuando se trata del Plan de Manejo del patrimonio cultural subacuático que ahí se encuentra. No se trata de la memoria de las embarcaciones y sus artefactos por ser ellos los restos arqueológicos tangibles sobre los acontecimientos, sino de la memoria de las víctimas del tráfico.
Los sitios de las dos embarcaciones en Cahuita ya son Sitios de Memoria: Ejemplos
Prácticamente desde 2019, cuando la hipótesis de los barcos esclavistas daneses pasó a ocuparun lugar de primer orden en la investigación, los Embajadores y Embajadoras del Mar conjuntamente con las expresiones locales afrodescendientes en los Parades anuales cada 31 de agosto en conmemoración, en festivales locales como los de ASOPESCAHUI “Fishing Roots”, en seminarios, conferencias, reuniones, visitas a escuelas y colegios y acuerdos con la cogobernanza del Parque, etc., comenzamos a tratar las visitas a los dos lugares como Sitios de Memoria.
Ejemplos de ello:
Minutos de Silencio en Visitas a los Sitios
La cultura de respeto y memoria de los dos sitios arqueológicos había sido instalada en las actividades de visitaciones y de investigación del CCBEEM con arqueólogos internacionales y la comunidad. Y es que cada vez que realizaban visitas a los lugares, los embajadores y embajadoras del mar realizaban una ceremonia de un minuto de silencio por las víctimas del Tráfico Transatlántico de Personas Africanas Esclavizadas. Desde siempre, fuese con arqueólogos, comunidad, visitantes o turistas culturales, los Embajadores y Embajadoras del Mar desarrollaron un minuto de silencio antes o después de la visita a los sitios, en memoria de las personas víctimas del TTE
Un ejemplo es el de la filmación de la visita de una delegación de arqueólogos y periodistas daneses en el 2024 a los lugares para filmar el descubrimiento de la identidad de la ascendencia de uno de los africanos y africanas del desembarco de los dos barcos esclavistas, Miguel Maroto en 1710.
Dos libros de literatura de memoria, imaginaros y datos
María Suárez Toro ha elaborado dos libros publicados por la Universidad de Costa Rica, en los que el personaje narrador literario “Tona Ina, la Luz Marina el Mar Caribe” ha colocado los sitios como patrimonio cultural intangible de memoria.
Ceremonia africana de Libation en los sitios
En 2021, aunque todavía no se conocía científicamente la identidad de las embarcaciones, su carácter esclavista ya se había convertido en la hipótesis principal, lo que les otorgó un carácter y un tratamiento como posibles sitios de memoria del flagelo del Tráfico Transatlántico de Personas Esclavizadas. Por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) promovió, junto con nosotros y las autoridades comunitarias y gubernamentales de Cahuita, la Ceremonia de Libation Africana en los sitios arqueológicos en el PNC.
La ceremonia de libation africana —ritual de ofrenda de un trago a las deidades ancestrales— fue realizada en el Sitio de las Anclas y los Cañones, en el Parque Nacional Cahuita, el 31 de agosto de 2021 —Día Internacional de las Personas Afrodescendientes— para honrar la memoria de personas africanas esclavizadas que pudieron haber naufragado en el viaje o en naufragios de barcos esclavistas frente a las costas del Caribe, 300 años atrás.
El evento estuvo dirigido por el rey Akwamu de Ghana, Odeneho Kwafo Akoto III, cuya comitiva realizó una ofrenda floral en el mar y esparció licor como ofrenda a las deidades africanas. El buceador scuba, embajador del Mar Kevin Rodríguez Brown, del Centro Comunitario de Buceo, descendió hasta el gran ancla que yace en el fondo del mar como memoria de los acontecimientos. El buzo, afrodescendiente y bribri, llevaba dos botellitas que fueron llenadas con agua del lugar y posteriormente entregadas al rey para llevar a Ghana, como señal de la conexión que vino por el mar. Adicionalmente, el rey recibió una caja de madera con una réplica del ancla para llevar a su país. Junto a la población e invitados especiales, la comitiva del rey fue llevada al lugar en una memorable procesión compuesta por 12 embarcaciones de pescadores y pescadoras de Cahuita, organizadas por la Asociación de Pescadores de Cahuita (ASOPESCAHUI). Decoradas con flores y coloridas bombas de aire, las embarcaciones acompañaron el ritual. Han sido los pescadores y sus familias, asentados en Punta Cahuita, los guardianes históricos de las anclas, cañones, miles de ladrillos y otras piezas que se encuentran en el lugar. El evento se realizó de 10:30 a. m. a 3:00 p. m. en las instalaciones del Centro de Facilidades Turísticas, ubicado frente al mar, en la entrada del Parque Nacional Cahuita. Desde ese día, además de haberse convertido ya localmente en un sitio de memoria, el lugar quedó nacional y globalmente grabado en la memoria y consagrado en la historia del Tráfico Transatlántico de Personas Esclavizadas como un sitio de memoria.
Exposición 2022: “Caribe Sur: cuna de una cultura arqueológica comunitaria en Costa Rica”.
La iniciativa nació en junio del 2022 cuando la UNESCO le propuso al CCBEEM elaborar una exposición comunitaria porque “UNESCO reconoce que en la costa Caribe de Costa Rica se registra la existencia de una cantidad considerable de sitios arqueológicos sumergidos, y un gran liderazgo por parte de asociaciones locales y de jóvenes de la comunidad y en los últimos años Costa Rica ha avanzado en su compromiso con la Convención 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Fue organizada por el Centro Comunitario de Buceo Embajadoras/es del Mar (CCBEEM) con las comunidades de la zona por iniciativa y aporte de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Embajada de España y la colaboración del UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas, Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, de la Asociación de Desarrollo de Cahuita (ADI) y del Museo Nacional de Costa El evento buscó honrar a las personas de la comunidad que han custodiado el patrimonio cultural subacuático y a las poblaciones que son herederas directas de este legado y se enmarcó en el Decenio Internacional para Afrodescendientes (2015-2024) y el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) en un proceso de empoderamiento de la juventud buceadora del Caribe en la creación del mundo sostenible. Fue parte del compromiso de la Agenda 2030, principalmente en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que en particular buscan la protección y la comprensión del patrimonio cultural y su contribución a la cohesión social, la mejora de las oportunidades económicas y la resiliencia de las comunidades. La iniciativa contribuyó a profundizar la integración del conocimiento sobre el patrimonio cultural subacuático en la consciencia y experiencia cultural de la zona, generando mayor conocimiento acerca del valor y significado de este patrimonio para la cultura e historia local y nacional.
Realizada en la Casa de la Cultura del Calypso en Cahuita, ha permanecido en su sala de historia y cultura desde entonces, siendo visitada constantemente por grupos de estudiantes, visitantes y turistas guiados por los Embajadores y Embajadoras del Mar.
V Seminario “Saberes, Quehaceres y Deberes …”
Un acuerdo de dicho Seminario realizado el 2019 en la Casa de la Cultura del Calypso el acordó realizar eventualmente un Taller especial con la arqueóloga independiente, Lic. Ifigenia Quintanilla para valorar los alcances de la creación de una posible iniciativa local del CCBEEM para crear un núcleo comunitario de ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), un organismo internacional con un capítulo en Costa Rica, que es el órgano de consulta de la UNESCO sobre patrimonio cultural, como la UICN es al patrimonio natural, investigando que el Grupo de Trabajo de ICOMOS en Costa Rica, al igual que en otros países, reúne profesionales en arquitectura, arqueología, profesores, arqueólogos, investigadores y científicos para desarrollar actividades de protección del patrimonio cultural frente a situaciones de guerra o conflicto y de desastres naturales. Los Blue Shields (Blindajes azul) es el equivalente a la Cruz Roja para los primeros auxilios, pero en este caso dirigidos a la protección del patrimonio de cara a conflictos o desastres naturales.
La Reunión/Taller del CCBEEM con la arqueóloga Lic. Ifigenia Quintanilla realizada el domingo 7 de julio, 2019, el CCBEEM consideró e inició indagaciones sobre el carácter y los alcances de ICOMOS en Costa Rica.
Dado que ya el Centro Comunitario de Buceo ha analizado con pescadores, surfistas y los elder del pueblo de Manzanillo, el impacto del cambio climático y otros factores que afectan la erosión de las playas y su efecto de los naufragios y artefactos en Playa Grande y formas de mitigación desde Rest. Cocolobba y el Centro como sembrar uvas playeras, podemos valorar la creación de los Blindajes Azules en nuestras comunidades juveniles para organizarnos para proteger del cambio climático y otros factores, los recursos arqueológicos que pueden llegar a ser parte del patrimonio eventualmente. El intercambio de misivas entre ICOMOS Costa Rica y el CCBEEM dio como resultado la necesidad de un tiempo de espera para lanzar la iniciativa que fue muy bien recibida por la directora de dicho organismo, quien explicó que su organismo no tiene especialidad en materia de monumentos de patrimonio subacuático. El CCBEEM valoró esperar a tener el dato científico sobre el carácter de los naufragios paralelamente a buscar contar con la experticia local para armar la propuesta de Blues Shields localmente. En reunión con la Lic. Ifigenia Quintanilla ya como directora del Museo Nacional de Costa Rica y en compañía del Lic. Arturo Hernández, Punto Focal de la Convención UNESCO, realizada en noviembre, 2025, las partes valoraron la importancia de retomar la iniciativa Blue Shields, buscando además que algunas personas del CCBEEM se pudiese capacitar en la especialidad para contar con experticia local
El proyecto abierto está a la espera del retorno de la presidenta del CCBEEM actualmente realizando una Maestría en Arqueología Marítima en la Universidad de Cádiz para llenar el vacío planteado por ICOMOS para poder retomar la iniciativa
Los Blue Shield serían un núcleo capacitado y formado por el CCBEEM con ICOMOS, y juramentados para ser guardianes marinos de los recursos en el fondo del mar en articulación con los responsables del Plan de Manejo CL/SINAC.
La actividad “Reconectando desde las Raíces»:
Realizada el 27 de mayo de 2025 en la Casa de la Cultura del Calypso por el CCBEEM y las autoridades comunitarias y gubernamentales, se confirmó científicamente la naturaleza de las embarcaciones.
Con la presentación pública la mundo – desde Cahuita – de los resultados de la investigación científica que comprobó la identidad esclavista de los dos naufragios, el CCBEEM ofrendó a la comunidad local, al país y al mundo “un capítulo oculto en el mar Caribe acerca de dos barcos esclavistas que hoy forma parte de nuestra historia y la importancia que adquiere traerla a la luz con la alegría de aportar a saber quiénes somos y de dónde venimos, aparejada al dolor que hay que reconocer y honrar” (Reconectando desde las Raíces, 27/05/2025)
El Tráfico Transatlántico de Africanos y Africanas Esclavizadas duró más de tres siglos, con secuelas de discriminación que perduran hasta nuestros tiempos. Es la historia de un tráfico humano de doce millones de africanos y africanas convertidos en mercancía, arrancados a la fuerza de sus lugares de origen en África Occidental; separados de sus tierras, familiares, clanes, hogares y mitologías ancestrales ligadas a su naturaleza africana.
De los doce millones que fueron arrancados de África, montados forzosamente en barcos esclavistas y trasladados a través del Océano Atlántico para ser vendidos en Abya Yala o las Américas, el 12% no sobrevivió el viaje. Más que un porcentaje, fueron un millón y medio de personas africanas de todas las edades las que murieron de hambre, dolor y enfermedades en los fétidos fondos de las embarcaciones. Otras fueron asesinadas durante sublevaciones, y muchas se arrojaron al mar junto con sus criaturas como forma de evitar la esclavización en tierra firme.
De los once millones y medio que llegaron, el 90% fue vendido y esclavizado en Abya Yala, es decir, en América Latina continental y el Caribe. La gran mayoría vivió una vida esclavizada, aunque muchos se volvieron cimarrones, escampando a crear comunidades libres en lugares inhóspitos para los esclavistas.
Un total aproximado de un millón trescientos cincuenta mil poblaron forzosamente América Latina y el Caribe, trabajando como mano de obra esclavizada, produciendo riqueza en plantaciones de tabaco, algodón, azúcar y añil, así como en múltiples labores domésticas y de construcción. Sin embargo, la población esclavizada no fue diezmada sin resistencia, ni separada completamente de los pueblos originarios en resistencia.
El resto de la riqueza fue extraída de la naturaleza y de las poblaciones indígenas originarias que también resistieron. Son miles las historias que, como las de los barcos esclavistas ocultos en el fondo del mar, permanecen contadas y sin contar, en la historia de las personas afrodescendientes, sus familias y sus comunidades (Reconectando, 2025).
Como resultado de ello, si tuviéramos que nombrar el tipo de arqueología necesaria para esta etapa —en la que la naturaleza patrimonial de los sitios los convierte en sitios de memoria— podría denominarse arqueomitología, disciplina creada por la arqueóloga lituano-estadounidense (1922-1994) que reconoce que para estudiar objetos y culturas antiguas hay que hacerlo interdisciplinariamente, en cuenta la mitología de esos pueblos ancestrales
Porque en esta etapa, cada intervención científica, técnica o cultural de protección del patrimonio —sea de visitación educativa, estudio o monitoreo— debe incorporar explícitamente el acto de honrar, rememorar e integrar el homenaje a los antepasados, así como las luchas actuales de las poblaciones originarias de la zona (afro e indígena), en el marco de una necesaria justicia reparativa. Porque este tratamiento solo es posible mediante la continuidad de un trabajo interdisciplinario e integral desde la comunidad, como el impulsado por el CCBEEM durante nueve años mediante la ciencia ciudadana.
En este caso, existe ya una experiencia acumulada de nueve años, guiada por un proyecto integral del CCBEEM con la Co Gobernanza y comunidad, orientado a la identificación de naufragios, el desarrollo de capacidades locales y la incorporación de estos acontecimientos en el imaginario comunitario.
El modelo desarrollado en la búsqueda de la identidad de los naufragios en el Distrito de Cahuita bajo la gestión cultural del CCBEEM y autoridades locales y comunidad, representa una expresión integral de apropiación cultural del conocimiento arqueológico combinado con la cultura y conocimiento ancestral de una población multiétnica y pluricultural de matriz histórica indígena y afrodescendiente.
Ello aparece plasmado en las Un YouTube Live en ONDA UNED, junto con emisoras como JM Noticias y Voces del Caribe, presentó múltiples voces en un recuento del proceso de nueve años de investigación.
La producción “Reconectando nuestras raíces en las aguas profundas”, desarrollada con PROFANA y la UNED, organizada con la cogobernanza del Parque Nacional Cahuita y la ADIC, se estructuró en cuatro ejes temáticos: “Reconectando desde la Memoria y la Experiencia”, “Reconectando a través del acompañamiento, “Desde los Resultados» y “Reconectando todo con nuestras raíces.”
En tributo, memoria y homenaje, Maraya Jiménez Taysigue narró su texto con el cual ganó el 1er lugar nacional para representar a Costa Rica en la final del Concurso Internacional de Oratoria Flores de la Diáspora Africana y Otras Culturas 2016. “Raíces de Sal y Resistencia”.
Ya existe un calypso patrimonial sobre los naufragios
La composiciónBarcos hundidos de KAWE Calypso que honra a los africanos y africanas y también a la juventud buceadora con lo cual también forma parte del patrimonio cultural intangible.
Visita in situ a cada lugar de patrimonio cultural subacuáticoy los de patrimonio cultural histórico
El 10 de abril del presente se organizó desde el Proyecto VI Expedición Galeones y otras Embarcaciones en proceso de aprobación por el Comité de Co gobernanza del PNC con esa instancia, una visita in situ a cada lugar de patrimonio cultural subacuático y los de patrimonio cultural histórico. Contó con la participación de personal el Parque, SINAC, Co Gobernanza, Museo Nacional de Costa Rica, Agthos, ASOPESCHUI, ADIC, dos capitanes jóvenes, dos asesores del CCBEEM, guiados técnicamente sobre información PCS por dos jóvenes Embajadores y Embajadoras del Mar y su investigadora principal.
Iniciada con un ceremonia de memoria, el recorrido de las dos decenas tuvo como objetivo compartido, conocer los lugares y la información adquirida por el CCBEEM en las cinco Expediciones previas 2016 – 2022 y una metodología participativa para dialogar y recoger insumos de criterios de todas las partes, desde la ciencias de la conservación de biodiversidad, las de la protección del patrimonio cultural subacuático y de la cultura, historia y memoria de las personas e iniciativas en la comunidad. Los insumos fueron recogidos en un informe (MEMORIA, 10, 2016) para formar parte del proceso.
Los Sitios de Memoria en el derecho y la cultura global
En 1994 la UNESCO creó el actual programa internacional “Rutas de las Personas Esclavizadas: Resistencia, Libertad y Patrimonio”. Originalmente llamado, “La Ruta del Esclavo”, el proyecto ha buscado “estudiar la trata transatlántica de personas esclavizadas, su impacto histórico, cultural y social. Su objetivo es romper el silencio sobre esta tragedia, resaltar las contribuciones de la diáspora africana y preservar sitios de memoria”. (UNESCO)
Dicho programa ha contribuido al recuerdo de las víctimas del tráfico, a la producción de conocimientos innovadores y al desarrollo de programas educativos, al desarrollo de redes científicas de alto nivel y al recuerdo de las experiencias de las personas esclavizadas.
En el 2018 UNESCO publicó el manual “Legacies of Slavery, A Resource Book for Managers of Sites and Itineraries of Memory” citado aquí. Su título contiene su objetivo, es una guía de recursos para manejar sitios e itinerarios de memoria.
Aunque no contiene un solo naufragio como Sitio de Memoria entre sus más de 100 registros de sitios e itinerarios, el acápite de fechas a conmemorar contiene dos fechas en Costa Rica: el 31 de agosto desde 1980 como el Dia de los Negros y de la Cultura Afro Costarricense, y 1824, como año de la Abolición de la Esclavitud.
Tona Ina: personaje de la memoria de las aguas, mitológico, literario, ancestral, matristico, yoruba africana el libro de crónicas publicado por la Universidad de Costa Rica el 2017 y otro en el 2021, aparece en el documental de la National Geographic sobre la búsqueda de barcos esclavistas por buceadores y buceadoras afroamericanos. (https://www.youtube.com/watch?v=u2l_EugvRw)
La señora presidenta me culpó de haber impulsado la Ley Contra la Usura, ¡qué honor! y acusó a esta de causar el gota a gota. Tengo la obligación de responderle con la verdad.
El gota a gota no lo inventó la Ley Contra la Usura. El gota a gota existe desde que existen la miseria y la desesperación. Y los usureros también. Lo que sí existía antes de 2020 era un sistema financiero que cobraba tasas de interés anuales del 80%, el 100% y el 200% sin cometer ningún delito. Eso era legal. Nadie iba preso. Nadie respondía por tal crimen. Y 850.000 familias costarricenses estaban en cobro judicial, sin amparo, a merced del crédito informal. Esa era la realidad que motivó la ley.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
El proyecto que el Gobierno presentó hoy no propone un tope más razonable. No fija ningún parámetro en la ley. Lo deja en manos de un ente técnico, sin ancla democrática, sin control de la Asamblea Legislativa. Eso significa que ese tope puede subir a lo que ese ente decida. Y el mismo prestamista que hoy puede ser detenido y procesado operaría mañana sin cometer ningún crimen, con la diferencia de que, en lugar de cobrar con intimidación, cobraría con embargo y con policía. Para la familia que pierde la casa, que pierde el carro, que pierde los trastos de la cocina, la diferencia es ninguna.
El tope vigente hoy es del 51%, ya es altísimo y esa ley pretende llevarlo a niveles de 80%, 100% y más. Los bancos y las financieras ganan bien con las tasa hoy vigentes. Los datos del Banco Central lo confirman: incluso con carteras morosas del 10% y gastos administrativos duplicados, un ente financiero puede operar sosteniblemente con una tasa del 25%. Nadie está quebrando. Lo que los entes financieros no quieren es ganar razonablemente. Quieren ganar sin límite.
Señora presidenta, la usura no es un invento moderno ni una ideología. Es una práctica que la Biblia condena en el Éxodo, en el Levítico, en Nehemías y en el Deuteronomio. La usura es una práctica depravada, vulgar e inhumana. Lo ha sido siempre. No porque lo diga yo, sino porque así la han juzgado la Biblia, Aristóteles, Dante y todos los códigos morales y jurídicos que la humanidad ha construido a lo largo de su historia. Siempre opera igual: busca al que no tiene opciones y lo desangra. Proteger a esa persona no es comunismo. Es justicia. Es lo mismo que hicieron Don Pepe y Juanito Mora: ponerse del lado del pueblo cuando el poder quería aplastarlo.
A las diputadas y los diputados con conciencia les digo esto con toda claridad: no le quiten al Estado el único instrumento que tiene hoy para encarcelar a los usureros. Porque el día que lo hagan, el gota a gota no desaparece. Y una parte de este seguirá vestido de corbata, en una oficina y cobrando despiadadamente con la ley de su lado.
Sin odio. Con la verdad de frente. Eso es lo que esta hora exige.
Estos dineros están vinculados a procesos judiciales y no forman parte de ningún fideicomiso.
Los recursos se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme.
Los recursos que el Poder Judicial custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso. Se trata de dineros de personas usuarias, vinculados a procesos judiciales en los que una autoridad judicial ha ordenado un embargo, una retención u otra medida, así como los dineros de pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y se giran, mensualmente, en favor de la actora, generalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad y personas menores de edad.
Estos fondos son custodiados y administrados por el Poder Judicial mediante el Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales, a la espera de que una autoridad judicial autorice su giro.
En las cuentas del Banco de Costa Rica, se mantienen también los intereses generados por estos recursos, que, conforme lo dicho por la Sala Constitucional, son de las partes y se giran cuando la Autoridad Judicial lo disponga.
El Poder Judicial no recibe ningún beneficio económico por la custodia o administración de estos recursos.
En el caso de los recursos que se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme. En estos casos, se entrega el monto que corresponda, junto con los intereses generados.
De manera excepcional, cuando un proceso judicial es declarado en abandono y existen recursos a en el expediente, estos fondos son trasladados al Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento de la Ley N.° 9578.
El Poder Judicial reitera que, los fondos de quienes son partes en los procesos judiciales son intocables, porque constituyen propiedad privada. Solo las personas juzgadoras pueden definir a quién se giran y no se pueden destinar a fines distintos a los del proceso judicial.
Recursos del fideicomiso para construcción
Los recursos del fideicomiso del Poder Judicial destinado a la construcción de infraestructura judicial son fondos diferentes a los depósitos judiciales.
Estos recursos se encuentran bajo custodia en la Caja Única del Estado. Actualmente ascienden a $82 millones y son para proyectos en desarrollo. No ascienden a $900 millones, como erróneamente se ha indicado, a pesar de la institución lo ha aclarado ya en diversas ocasiones.
El objetivo del fideicomiso es financiar proyectos de infraestructura judicial y atender el déficit de edificios y espacios adecuados, para brindar los servicios judiciales.
Con estas obras también se busca reducir el gasto por alquileres y generar un ahorro para el Estado.
Desde el 2014 Corte Plena y Consejo Superior, definieron las prioridades de construcción, en las diferentes provincias, con la aprobación del Plan de Construcciones.
Este plan define las necesidades de infraestructura y establece como prioridad la atención de las zonas más críticas, donde se requieren oficinas con condiciones adecuadas y seguras, tanto para las personas servidoras judiciales, como para quienes utilizan los servicios del Poder Judicial.
Recursos Fondo de Emergencias
Se tienen ¢5.074 millones que corresponden al Fondo de Emergencia del Poder Judicial. Corresponde a los dineros autorizados según artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo cual se mantiene un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) con un fin específico para atender emergencias declaradas, en procura de la continuidad del servicio y no puede ser utilizado para otro cometido.
Estos dineros se mantienen depositados en cuentas de Caja Única del Estado del Ministerio de Hacienda. El Poder Judicial no recibe rendimientos de estos recursos, sino que los percibe el Ministerio de Hacienda.
A pesar del conocimiento cultural ancestral que existe en cada uno de los 24 territorios de los pueblos milenarios de Costa Rica, muchos líderes no han tenido la oportunidad de visitar y aprender de los miembros de otros pueblos. Como parte del proyecto ReAL (Repensando futuras agrarias desde la acción local), se organizó un intercambio entre representantes del Territorio Bribri de Talamanca y del Territorio Huetar de Quitirrisí, con el propósito de compartir conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con el agua y la soberanía alimentaria.
El objetivo de este intercambio fue promover el diálogo y el aprendizaje mutuo sobre las formas de trabajo que se desarrollan en ambos territorios en temas de agricultura indígena y gestión del agua. En este contexto, las personas jóvenes bribris Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales, de Alto Talamanca, viajaron a Quitirrisí para compartir los resultados de su investigación sobre una práctica tradicional conocida como Di’katö̀k. Esta investigación fue desarrollada con la orientación y el acompañamiento de las personas mayores de su comunidad y se plasmó en un cortometraje documental que recoge conocimientos, experiencias y reflexiones sobre esta importante práctica cultural.
Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales cuando exponían su cortometraje documental.
Di’katö̀k es una práctica bribri cuyo significado podría traducirse literalmente como «comer agua» o «comer el río», aunque también suele interpretarse como «seca del río». Sin embargo, estas traducciones simplifican considerablemente la profundidad y complejidad de esta práctica cultural. Se trata de una tradición que se realiza una vez al año; no obstante, por diversas razones, entre ellas las prohibiciones estatales, actualmente ya no se practica de forma generalizada. En el documental, que puede verse aquí, se aprecia que el Di’katö̀k no es solo una práctica relacionada con el río y los recursos que este provee, sino también un mecanismo autónomo bribri para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria
Los jóvenes bribris presentaron su documental al grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí para compartir esta práctica y su significado cultural. Las integrantes del grupo de mujeres huetares también compartieron sus experiencias dentro del proyecto ReAL, específicamente en temas relacionados con la agricultura huetar y la soberanía alimentaria.
Siembra de maíz y vainica en terrazas.
En este intercambio, se explicó cómo las terrazas son importantes dentro del territorio para el cuido y cultivo de plantas alimenticias y medicinales, especialmente en una zona quebrada y con pendientes, donde estas estructuras son necesarias para prevenir la erosión del suelo. Asimismo, las mujeres compartieron la importancia del intercambio de plantas y semillas dentro del propio territorio para fortalecer la soberanía alimentaria.
En un contexto en el que el Estado no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el acceso a la tierra, y donde persiste la ocupación ilegal de terrenos importantes para el cultivo dentro del territorio (Sylvester & Clark, 2025), cada vez resulta más difícil para muchas mujeres cultivar sus alimentos tradicionales y contar con espacios adecuados para conservar semillas locales. Por esta razón, dentro del proyecto ReAL, las mujeres huetares priorizaron la obtención de semillas y plantas fundamentales para su soberanía alimentaria, así como el intercambio de estos recursos entre familias.
En este intercambio y diálogo intercultural, las personas jóvenes y mayores de ambos territorios comenzaron a compartir similitudes y diferencias sobre sus respectivas realidades. Por ejemplo, en Quitirrisí, las mujeres expusieron los retos relacionados con el acceso al agua desde que el Estado asumió el control de los acueductos que habían sido creados por las propias personas mayores huetares, quienes lucharon por construir un sistema local de gestión del agua (Sylvester et al., 2023). Esta situación no solo afecta la gobernanza autónoma local del pueblo huetar, cuyo respeto constituye una obligación del Estado según el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica, sino que también ha generado cobros de agua excesivos y erróneos en los hogares huetares. Aunque las comunidades han presentado reclamos, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las instituciones estatales.
Los jóvenes bribris compartieron que, en Talamanca, la situación de los cobros elevados por el servicio de agua no se presenta de la misma manera; sin embargo, el proceso mediante el cual se ha asumido el control de la gestión del agua sin un consentimiento previo, libre e informado adecuado presenta similitudes. Las personas participantes de ambos territorios recalcaron la importancia de las semillas locales y el intercambio concluyó con un trueque de semillas, cultivos y comidas tradicionales.
Aunque los sabores son distintos, en Quitirrisí tuvimos la oportunidad de probar el chicasquil, una planta que no forma parte de la alimentación habitual en Talamanca. Sin embargo, Félix Díaz Morales señaló que encuentra cierta similitud con el ár, término que se utiliza para referirse a diversas plantas y hojas silvestres que se consumen en Alto Talamanca.
Es importante subrayar que compartir entre territorios es de suma importancia para unir fuerzas en las luchas de los pueblos frente una opresión estatal sistémica a las culturas milenarias. Se les agradece a todas las personas quienes nos enseñaron sobre sus prácticas culturales en este intercambio.
Referencias
Sylvester, O. & Clark, A. (2025). Pura Vida for Who?
Slow Violence Against Indigenous Land Defenders in Costa Rica. Local Environment. DOI: 10.1080/13549839.2025.2596712
Sylvester, O., Ramin, C., Serrano González, B., Hernández Mena, Z., Pérez Hernández, y Schuster-Wallace, C. (2023). Acceso y Gestión del Agua en los Pueblos Indígenas de Costa Rica: El Caso del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Ambientico, 288(7), 48-54.
Consejo Universitario recomienda aprobar proyecto de ley que busca transparentar las concesiones, mientras mantiene una posición crítica frente a reformas que puedan favorecer la privatización del litoral.
San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, recomendó aprobar el proyecto de ley “Ley para la promoción de la transparencia de las concesiones en zona marítimo terrestre”, expediente N.° 25.030, aprobado en la sesión ordinaria N.° 7012 del 4 de agosto de 2026.
La iniciativa busca fortalecer la transparencia en la gestión de las concesiones en la zona marítimo-terrestre y garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera clara, sencilla y oportuna a información relacionada con estas concesiones. Para la Universidad, esta información resulta fundamental para fortalecer el control ciudadano sobre la administración pública y contribuir a la protección de los bienes de dominio público.
El respaldo de la UCR, sin embargo, está sujeto a la incorporación de observaciones técnicas formuladas por distintas instancias académicas de la institución. El Consejo Universitario recomendó aprobar el proyecto siempre y cuando se incorporen estas observaciones, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales.
El proyecto de ley originalmente planteaba hacer pública la información sobre las concesiones mediante una modificación al artículo 30 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. El texto dictaminado mantiene ese objetivo, pero introduce modificaciones para diferenciar la información administrativa de la registral, incorporar un nuevo artículo sobre publicidad registral y establecer expresamente el respeto a la legislación sobre protección de datos personales.
Las instancias académicas consultadas por el Consejo Universitario respaldaron el propósito de fortalecer la transparencia, aunque plantearon advertencias sobre la calidad y precisión de la información que se publique.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva señaló que la iniciativa fortalece el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por su parte, la Escuela de Geografía manifestó su apoyo condicionado al proyecto y advirtió que la simple digitalización de la información no garantiza transparencia si los datos no son precisos. En particular, llamó la atención sobre las dificultades técnicas asociadas con la delimitación de la zona marítimo-terrestre debido al carácter dinámico de la línea de pleamar. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) coincidió con la necesidad de fortalecer la transparencia, pero recomendó que la información sea completa, útil y técnicamente confiable, incluyendo elementos como ubicación, actividad, infraestructura, plazo y titularidad de las concesiones.
De esta manera, la posición universitaria plantea que la transparencia no consiste únicamente en colocar información en una plataforma digital, sino en garantizar que esa información sea accesible, completa, actualizada y técnicamente confiable.
Una posición que también ha defendido el acceso público a las playas
El nuevo pronunciamiento se suma a otras posiciones recientes del Consejo Universitario relacionadas con la zona marítimo-terrestre.
En la sesión N.° 6983, la UCR respaldó el proyecto de ley 24.413, orientado a reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre para garantizar el acceso público a las playas. En ese pronunciamiento, la Universidad llamó la atención sobre situaciones en las que el acceso público a las playas se encuentra restringido o potencialmente limitado, así como sobre prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público. La iniciativa busca establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, además de mecanismos como un registro oficial de playas y accesos, con el objetivo de evitar su apropiación indebida y garantizar que estos espacios permanezcan disponibles para el disfrute de todas las personas.
Una trayectoria de rechazo a la privatización del litoral. Al mismo tiempo, la UCR ha mantenido posiciones críticas frente a proyectos de reforma de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que, a criterio de la Universidad, podrían favorecer procesos de privatización o debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.
En la sesión N.° 6985, el Consejo Universitario acordó acoger un pronunciamiento que rechazó el proyecto de reforma a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, expediente N.° 22.553.
El pronunciamiento, promovido por el Programa Kioscos Socioambientales y respaldado por más de 80 organizaciones y más de 200 personas, advertía que la propuesta podía representar “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades” y cuestionaba que, bajo el concepto de “ordenamiento”, se promovieran mecanismos orientados principalmente al desarrollo turístico e inmobiliario.
Esta posición se suma a otros pronunciamientos institucionales. En 2016, mediante el acuerdo CE-DIC-16-004, el Consejo Universitario planteó la necesidad de una reforma integral de la legislación sobre la zona marítimo-terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, el ordenamiento territorial, la articulación con los gobiernos locales y un enfoque socioecológico que incorporara los desafíos derivados del cambio climático y el fortalecimiento institucional.
Más recientemente, en 2025, la UCR también se pronunció sobre el proyecto de ley N.° 23.148, señalando riesgos sociales, ecológicos y jurídicos asociados con la posibilidad de desarrollar actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los resguardos necesarios. En aquella oportunidad, la Universidad reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, sustentada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.
