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UCR: 180 años de iluminar el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Del pabellón que ocupó la Facultad de Derecho en las instalaciones que ocupó la Universidad de Costa Rica en barrio González Lahmann (frente a la actual Corte Suprema de Justicia) solo queda el templete esquinero como recuerdo y homenaje. No es casual que ese lugar se haya convertido en el centro neurálgico del Poder Judicial. Captura de pantalla del video conmemorativo del 180 aniversario de la Facultad de Derecho, UCR

Facultad de Derecho

Actividades de celebración se extenderán durante todo el año

Un Estado social y democrático de derecho no se construye de la noche a la mañana y tampoco es producto de generación espontánea. Para construir la nación que hoy es Costa Rica se ha requerido de la unión de muchos esfuerzos y el compromiso a largo de plazo de personas en distintas áreas de la función pública, así como la formación, investigación y proyección académicas constantes por parte de la que hoy es la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Esta unidad académica es la de más larga data en el país. Sus raíces se asientan en lo que fue la carrera de Jurisprudencia de la Universidad de Santo Tomás, fundada el 3 de mayo de 1843, hace ya más de 180 años. Por sus aulas han pasado miles de personas que han realizado extraordinarias contribuciones en la construcción de la nación desde la función pública y desde entes privados y no gubernamentales.

Rafael Obregón Loría, en “150 años de la creación de la Facultad de Derecho (1843-1993), Libro Conmemorativo.”

“…La Universidad de Santo Tomás fue creada por decreto número 11 de 3 de mayo de 1843 suscrito por el Dr. José María Castro Madriz, como Ministro General de Costa Rica, y en los considerandos de ese decreto, se nota la intención de los hombres que fundaron la Universidad. Se habla de la importancia de la instrucción pública para el país y como labor fundamental del gobierno. Se creía que el pueblo de Costa Rica, podría ser un pueblo libre y consciente de sus obligaciones cívicas al ser un pueblo culto y que la instrucción es el baluarte de la libertad del país. Se nota en este decreto las ideas que el Dr. Castro Madríz tenía sobre la importancia de la cultura nacional…”

Esta Facultad ha contribuido en la formación de mentes brillantes que posteriormente sirvieron en los máximos cargos de los tres Poderes de la República, en el Tribunal Supremos de Elecciones, en la Contraloría General de la República, en municipalidades y como representantes del país ante organismos internacionales, entre muchos otros cargos.

Para festejar esta contribución sostenida en tres siglos distintos, la Facultad de Derecho ha programado una serie de actividades para este año, las cuales iniciaron el 3 mayo con la conferencia magistral “180 aniversario del periplo histórico-jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (1843-2023)”, la cual estuvo a cargo de Tomás Federico Arias Castro, director del Área de Investigación y docente adscrito a la Cátedra de Historia del Derecho.

El contenido de esta conferencia se publicará de manera seriada en la sección Voz experta entre mayo y diciembre del presente año. A manera de introducción, seguidamente se resaltan los principales momentos de la historia de esta Facultad:

En 1814, el Ayuntamiento de San José promueve la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás para cumplir con la Constitución de Cadiz en lo relativo a la instauración de escuelas en los territorios americanos. Para ese entonces, Costa Rica y el resto de Centroamérica se encontraba en medio de una gran incertidumbre, porque aunque no se había alcanzado la independencia de España, la hegemonía europea era cada vez menor. Si bien había un incipiente mercado de bienes, la población todavía no tenía una organización política propia que le permitiera definir su futuro.

Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes

«Un saludo muy cordial a la Facultad de Derecho desde la Facultad de Artes. 180 años es un montón de tiempo y le han dado a este país un ordenamiento jurídico que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Gracias, Facultad de Derecho, por todo ese esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo y porque muchas de las cosas que tenemos ahora han sido fruto de ese esfuerzo, de ese talento puesto al servicio del pueblo costarricense. La Facultad de Derecho no solo se celebra dentro de la Universidad, sino se celebra fuera de la Universidad, para todo el país. ¡Larga vida a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica!»

Inicialmente, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás funcionó en un edificio que se ubicaba en lo que actualmente es el Banco Central de Costa Rica. Los estudios que ahí se impartían eran una mezcla entre la enseñanza primaria y secundaria; de ahí que, quienes deseaban obtener un grado profesional debían trasladarse a la Universidad de León, en Nicaragua, o a la Universidad de San Carlos, en Guatemala.

En 1854, la Universidad de Santo Tomás se trasladó a otro edificio ubicado al costado sur de la Plaza Juan Mora Fernández, donde actualmente se ubica el Ministerio de Hacienda, sobre la avenida segunda de San José. Un año antes, fue declarada pontificia, un giro religioso que no fue del completo agrado del sector liberal, corriente política que tomaría fuerza hacia finales del siglo XIX. De ahí que la Universidad de Santo Tomás fuera clausurada en 1888 para dar paso a una reforma educativa que fortaleció la educación secundaria en manos del Estado. Sin embargo, eso provocó que Costa Rica se quedara sin una institución universitaria por más de medio siglo.

Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras

«Quisiera felicitar profundamente a la Facultad de Derecho por esta actividad, por esta trayectoria tan importante que ha tenido para la historia de Costa Rica, por ser el cimiento del Estado de derecho, que es el que gozamos actualmente y que esperamos que sigan contribuyendo para fortalecerlo de cara al futuro, frente al contexto y la coyuntura crítica que vivimos en estos momentos.»

En 1941, la Escuela de Derecho se integró a la recién fundada Universidad de Costa Rica, en Barrio González Lahmann, frente a la actual Corte Suprema de Justicia, y, once años después, retomó su categoría de Facultad. En 1960 se trasladó al naciente campus de San Pedro de Montes de Oca, a pesar de que aún no tenía instalaciones físicas propias allí. De esta manera, el edificio de la Escuela de Economía compartió sus aulas con la comunidad de estudiantes y docentes de Derecho. Según recuerda Luis Baudrit Carrillo, egresado de la Facultad y exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, las clases de Derecho se impartían por la mañana, mientras que las de Economía se daban por las tardes.

Por su parte, María Eugenia Vargas Solera, estudiante de la primera generación de la Escuela de Derecho de la UCR en 1941 y quien es la abogada más longeva del país, recuerda que el traslado de la Facultad del “Potrero de los gallegos” (como solía conocerse al sector que hoy ocupa el primer circuito judicial de San José) al campus de San Pedro fue caótico porque implicó dejar las comodidades que ya se tenían para ocupar aulas prestadas. Inclusive, la biblioteca no tuvo un lugar adecuado para su funcionamiento por mucho tiempo. Además, señala que era muy incómodo trasladarse desde su casa en Barrio México hasta Montes de Oca.

Esa situación se mantuvo hasta 1977, año en el que estudiantes y docentes estrenaron un nuevo edificio a la entrada de la UCR, instalaciones que fueron ampliadas y remodeladas completamente en el 2018.

La conferencia de conmemoración de los 180 años de la Facultad de Derecho fue propicia para el encuentro de egresados y estudiantes. En la imagen, Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho, saluda a Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República y exalumno de la Facultad. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República

“El centro de toda nuestra legislación ha sido la Facultad de Derecho, que ha sido la que ha inspirado, tutelado, revisado y apoyado todo lo que ha sido este maravilloso país en 180 años. Es algo realmente grandioso y, como costarricense, me siento muy honrado de poder estar aquí, y como exalumno de esta Facultad mucho más todavía. La Facultad de Derecho tiene que continuar el mismo camino, brindar el soporte técnico que se requiere en las transformaciones que el país vaya teniendo de aquí en adelante, como lo ha hecho en el pasado.”

Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia

“El impacto de la Facultad de Derecho, sin duda, ha sido determinante en lo que ha sido la historia de Costa Rica. Actualmente podemos visualizar la estructura del Estado que tenemos, es un Estado social y le agregamos “de derecho”, hemos creado una cultura de respeto a los derechos de las personas, sobre todo en la dimensión humana y no cabe duda que en la formación del Estado que hoy tenemos, incluso de la sociedad que hoy tenemos, ha influido el quehacer jurídico. […] En esto, la Universidad sigue siendo el referente de la calidad en la enseñanza del Derecho debe ser, yo espero que nunca caiga en el facilismo, que siga siendo un ente rector de la educación jurídica, que las otras universidades que existan o que nazcan se rijan por los niveles que aquí se enseñan.”

Enrique Castillo Barrantes, excanciller de la República

«El impacto de la Facultad de Derecho en la historia del país ha dejado una huella profunda porque es la Facultad universitaria que le dio formación a los líderes del país desde el principio. Los grandes políticos del siglo XIX y del siglo XX y aún los actuales tuvieron su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ahí se sentaron los cimientos de la institucionalidad y de la democracia costarricense. Todos los presidentes fueron abogados en esos tiempos y fueron formados en la Escuela, de manera que ha dejado una huella muy profunda y la sigue dejando. […] Amenazas y periodos críticos, por ellos ha pasado el país muchas veces, pero la Facultad siempre mantuvo la misma línea recta de enseñar justamente lo que es un Estado de derecho, lo que es una democracia, lo que es un país con una institucionalidad fuerte. Esa es la ruta y yo estoy seguro que bastará con que la siga para que sigan sintiéndose sus efectos sobre el país.»

Isabella Tristán Valverde, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho

“Quiero dejar mi marca en el mundo porque siento que, si pasamos por esta vida sin hacerla más fácil y equitativa para otras personas, no vale la pena el tiquete de venida a esta Tierra.”

Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

“Nuestros graduados han contribuido históricamente y siguen contribuyendo de forma notoria en el proceso de gestación, desarrollo y sostenimiento del Estado social y democrático de derecho costarricense y así como con la protección y justiciabilidad de los derechos humanos. […] Somos los primeros de la educación superior de Costa Rica y somos la piedra angular del Estado social y democrático de derecho costarricense.”

Ana Carmela Velázquez Carrillo, directora del Consejo Universitario

“Esta prestigiosa trayectoria de la Facultad de Derecho también le impone un gran reto, no solo de mantener el sitio de honor hasta ahora conseguido, sino superarlo, porque los tiempos que corren son duros, confusos y violentos, y han puesto en franco peligro la estabilidad jurídica nacional y esto exige el máximo de sabiduría de nuestra Casa y de la Facultad de Derecho, porque tiene los recursos intelectuales, éticos y morales para contribuir a esta solución.”

Carlos Palma Rodríguez, representante del área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario

“El impacto de la Facultad de Derecho en la historia del país es incalculable. La Escuela de Derecho, inicialmente, fue una de las instituciones que consolidó la democracia en este país. Y la consolidó con la formación de cientos, miles, de profesionales que llegaron a fundar las diferentes instituciones de este país y, básicamente, sentados en el Poder Judicial, base fundamental de una democracia; de tal manera que hay que ver a esta Facultad no solo desde el punto de vista del ejercicio profesional, sino del impacto que ha tenido en lo que es consolidar un Estado libre, democrático, un Estado social de derecho que ha permitido que este país viva en paz y mantenga una tradición civilista.”

Álvaro Sánchez González, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

“Seguiremos siendo aliados de la Universidad porque es un compromiso país. Seguiremos siendo aliados en la defensa de la institucionalidad, de la autonomía universitaria y en la certeza de que la educación es el vehículo para la movilidad social.”

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

“Este aniversario es especial, no solo por recordarnos el crecimiento que puede tener una escuela de pensamiento, sino también por ser reflejo del propio crecimiento del país. En efecto, la hoy conocida Facultad de Derecho se ha destacado siempre por el prestigio institucional, también por la excelencia académica y la solidez de sus diversas y notables generaciones de docentes, estudiantes y personas funcionarias. Cada uno y cada una ha sabido promover y perpetuar la misión de una formación académica sólida sustentada en la enseñanza del Derecho desde una perspectiva humanista y jurídica comprometida con el desarrollo sostenible, el progreso social, económico y político del país.”

El sorteo del pasado 7 de mayo de la Lotería Nacional conmemoró los 180 años de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

180 Aniversario de la Facultad de Derecho

El día de hoy, la comunidad académica de la Facultad de Derecho se complace en celebrar sus 180 años de emblemática historia, fungiendo como el pilar de la enseñanza, la investigación y la proyección social de las Ciencias Jurídicas del país. ¡Feliz cumpleaños a nuestra querida Facultad!

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Fuera Del Monte del territorio bribri de Salitre

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

La campaña para exigir que Del Monte salga de territorio Bribri sigue y no se va a detener hasta que se vayan del territorio.

Nos vemos este lunes a las 9 am en frente del edificio Del Monte en Barrio Tournon, San José.

Venga a luchar por el respeto a los territorios indígenas y en contra de una empresa que envenena nuestra agua, destruye nuestros bosques y fumiga nuestras escuelas.

Del Monte no es «Fresh» es muerte.

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Escrito en . Publicado en Derechos.

(Parte III)

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Continúo enumerando causas de la raquítica situación del IVM.

  1. Los seguros SEM e IVM de los trabajadores asalariados son siameses inseparables por disposición del artículo 73 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 17, pues conjuntamente constituyen el Seguro Social. El párrafo tercero del artículo 73 constitucional y reciente jurisprudencia, prohíben utilizar los fondos del Seguro Social para otros fines distintos a los propios de su creación: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.

En la resolución 115-2015 de la Sección Octava del Tribunal Contencioso y Civil del Ministerio de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea (Expediente N° 13-006261-1027-CA), consta que el Lic. Luis Guillermo López Vargas, confesó bajo juramento ante el Tribunal, que en ausencia de los fondos que el Ministerio de Hacienda debía trasladarle a la CCSS de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374: “Los recursos se ha (sic) tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”  Observen que relajo. Desde el año 1993 la CCSS asumió el primer nivel de atención de la salud -medicina preventiva- que estaba a cargo del Ministerio de Salud; pero el Ministerio de Hacienda le debía enviar mensualmente los recursos para financiar el 100% del costo trasladado. Los burócratas y políticos de la CCSS le facturan desde 1993 al Estado, si acaso un 3% del costo real de esa nueva obligación y el Estado -secuestrado por los gobiernos de turno-, no le pagó ni un centavo y ahora el Sr. López Vargas confiesa bajo juramento ante los Tribunales de Justicia, que en lugar de aplicar el ordenamiento legal -artículo 177 de la Constitución- tomaron ilegalmente los fondos de los trabajadores asalariados para tapar el hueco, sin importarles que eso estaba prohibido y que con esa acción descobijarían más al raquítico seguro IVM.

En esa sentencia se condenó al Estado a cancelar esa deuda multimillonaria e indeterminada aún, el Estado apeló ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual ratificó la condena (resolución No. 00197-2018). Cito lo indicado por dicha Sala: “La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).”, de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” La liquidación de sentencia aún permanece sin resolver.

Por disposición del artículo 22 de la Ley No. 17, la CCSS recauda una cuota única para el Seguro Social: “Artículo 22.- Los ingresos del Seguro Social se obtendrán, en el caso de los trabajadores dependientes o asalariados, por el sistema de triple contribución, a base de las cuotas forzosas de los asegurados, de los patronos particulares, el Estado y las otras entidades de Derecho Público cuando estos actúen como patronos, además, con las rentas señaladas en el artículo 24. (…)”

Esa cuota tripartita -actualmente de un 26,16% sobre los salarios- debe ser separada en dos cuotas, por disposición del artículo 32 de la misma Ley que ordena: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales y rentas que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectivo.”

Esa misma ley dice en el artículo 33, que el régimen de reparto es el SEM y en el artículo 34 señala que el régimen de capitalización colectiva es IVM.

En el año 2004 realicé una estimación del costo del SEM de los trabajadores asalariados, dándome como resultado un costo de 7,5% sobre los salarios en lugar de un 15%. Ver estos dos links:

https://es.scribd.com/document/64526418/Evasion-Costos-y-Financiamiento-del-Seguro-de-Salud-de-la-CCSS#

https://historico.semanariouniversidad.com/pais/ccss-inician-proceso-contra-actuario/.

En la valuación actuarial oficial de la CCSS con corte al 31/12/2017 (https://es.scribd.com/document/640792737/Valuacion-Actuarial-Seguro-de-Salud-2017-Obs-PE-Firmado) – maquillada según reciente informe de “expertos” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – (https://es.scribd.com/document/640766395/Opinio-n-OIT-valuaciones-actuariales-salud-CCSS-21-abril-2023), se determina que el costo del SEM de los trabajadores asalariados, es de un 7,11% sobre los salarios en lugar del 15%.  En la página 104 de la Valuación Actuarial aparece el cuadro siguiente:

Sin embargo, como consta en la parte II de esta serie de escritos, desde la década de 1980 la CCSS separa para el SEM un 15%, desviándole un 7,5% sobre los salarios de fondos que por ley le corresponden al IVM, cifra que actualmente supera los ₡900 mil millones anuales. Estos fondos desviados fueron usados para cubrir costos de otros regímenes de salud creados por “leyes especiales” a los cuales los gobiernos de turno no les crearon una fuente de financiamiento suficiente y las que crearon, las desviaron para otros fines o el Estado no las canceló a la CCSS. Esos montos desviados del 7,5% sobre los salarios en colones capitalizados de 2023, equivalen a unos ₡40 billones, que al sumarle otros rubros (Ley 7374, base mínima contributiva, deuda del Estado, etc.) superan los ₡50 billones de colones, los cuales hoy tendría el IVM en sus reservas si sus administradores y los gobiernos hubieran respetado las leyes y la Constitución. En la actualidad la CCSS divide el aporte 26,16% sobre los salarios, como un 15% para el SEM y un 11,16% para el IVM, pero según la Ley de la CCSS y la Constitución, la división debería ser aproximadamente un 7,50% para el SEM y 18,66% para IVM.

Continuará.

Patinemos por la salud de Curré Yímba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Salud.

Por Uriel Rojas

El Comité de Salud de la comunidad indígena de Rey Curré invita cordialmente a participar de las actividades de patines que se realizaran en el Salón Comunal en las siguientes tandas de tarde y noche.

Sábado 13 de mayo en la tarde de 2:30 a 5:30 y en la noche de 6:00 a 9pm.

El mismo horario para el domingo 14 de mayo en el salón comunal.

Habrá ventas de refrescos, comidas y mucho más.

Los fondos que se recojan serán para costear obras de construcción de gran necesidad en este Centro de Atención de la Salud de Rey Curré.

ANEP: Situación fiscal y Derechos Humanos en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El pasado viernes 21 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó al Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el planteamiento obrero-social de la situación fiscal en Costa Rica y el dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica en detrimento de un enfoque prioritario en Derechos Humanos. 

Respecto al planteamiento, la ANEP señala que hay temas muy relevantes que se estaban dejando de lado en los análisis o bien, se habían tratado muy superficialmente como la concentración del ingreso que se genera año tras año, resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública. 

Asimismo, afirma que para corregir esta falencia, hay acciones urgentes como una eficiente gestión tributaria y aduanera que pueden dinamizar el mercado, generar empleos y traer prosperidad compartida  pero, no son incluidas por las evaluaciones de los organismos internacionales ni son tomadas en cuenta por los grupos nacionales de poder económico. 

Según la ANEP, Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad por lo que considera que los negocios prósperos deberían contribuir con el financiamiento del Estado. Además, afirma que forzar el ajuste fiscal vía recorte del gasto social no es justo, equitativo y sostenible así como tampoco es conveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos. 

Por otra parte, la ANEP expone que hay otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI tales como el mal funcionamiento de algunos mercados que son extractores de rentas oligopólicas por lo que al país también le urge una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados. 

En cuanto al dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica, la ANEP considera preocupante que el Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público que en realidad es inversión social pública en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias. 

Por lo anterior, la ANEP se posiciona a favor de la responsabilidad social, teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento, tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

En este sentido, la ANEP menciona que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad. Es decir, bajo un enfoque de Derechos Humanos, es permitido preguntarse sobre lo que es o no prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja?

Ante esta situación, la ANEP enlista las recomendaciones finales del dictamen, manifestando la a)necesidad de exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante organismos financieros internacionales, b) acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y c)realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables. 

UCR, Voz experta: La importancia de una formación humanista en un país multiétnico y pluricultural

Escrito en . Publicado en Derechos.

Verónica Jerez Brenes

Por: Verónica Jerez Brenes

Cuando las personas visitan la página de la Escuela de Estudios Generales se encuentran con las siguientes frases: “Los Estudios Generales son el conjunto de cursos que fundamentan la formación universitaria, basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo de pensamiento crítico. El Humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo. Su fin es buscar de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.” Esto lo vivimos día a día en las aulas, las personas matriculadas en los cursos de Humanidades rompen su burbuja, muchos salen de sus comunidades para enfrentarse a nuevos retos, uno de ellos, es tomar conciencia de que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Tendrán compañeros y compañeras que vienen no solo de distintas localidades, sino que se han enfrentado también a situaciones producto de su condición de género y etnia.

La historia de un país es algo vivo y en constante cambio. Tradicionalmente, en Costa Rica, se implementó de manera exitosa esa visión de los liberales del siglo XIX en la que, se nos decía que los costarricenses provenimos de un grupo homogéneo desde el punto de vista étnico. Nada más alejado de la realidad pues basta con revisar las Genealogías de Cartago, de Monseñor Sanabria, o los libros de parroquia de las distintas iglesias en los cuales se registraba la presencia de población de distintas etnias, esto fruto del pasado colonial: mulatos, mestizos y muchos otros grupos nacidos del proceso de mestizaje, muy a pesar de la intención inicial de las autoridades españolas para que esto no ocurriera.

Como se ha mencionado, ese proyecto de los liberales del siglo XIX había mirado hacia dentro del Valle Central, con una interpretación del ser costarricense que negó la presencia de grupos indígenas y afro, a pesar de sus menciones en crónicas coloniales. Estos grupos han estado presentes a lo largo de la historia, han tenido participación y relevancia en el devenir histórico nacional. Se parte del principio de igualdad ante la ley garantizado por la legislación nacional y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disfrutamos y defendemos los derechos de primera generación, pero bajo esto muchas veces persisten practicas sociales excluyentes, se pasa por alto la importancia de preservar los elementos distintivos de cada pueblo: formas de vestir, peinarse o preparar platillos nos hablan nuestra propia historia o, mejor dicho, de muchas historias.

Contrario a esos mitos que nos hablan de la homogeneidad étnica nos encontramos con los pueblos originarios que aún reclaman su derecho a la tierra y la visibilización de sus luchas. Si bien estamos conscientes de que durante el periodo colonial se produjo una disminución de la población originaria debido a múltiples factores como la muerte por las enfermedades provenientes de Europa y el mismo proceso de mestizaje, sería erróneo decir que desaparecieron por completo; y algunos de los grupos que permanecieron se vieron obligados a trasladarse, especialmente con la fundación de los llamados pueblos de indios fuera del Valle Central.

Ya lo había mencionado Miguel Rojas Mix en su texto de 1991 cuando nos hablaba de los “cuatro abuelos” o para ser más claros podríamos decir abuelos y abuelas -esto como una forma de reconocer el aporte de las mujeres a lo largo de historia- tomando en cuenta que provenían de los pueblos originarios, de los peninsulares, las personas en condición de esclavitud traídas al continente y, ya desde mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX: los inmigrantes. Estos llegaron con la construcción del ferrocarril y las plantaciones bananeras, fueron italianos, chinos, jamaiquinos y antillanos, solo por mencionar algunos. Esto nos pone en evidencia que, de alguna manera, los grupos indígenas y afrocoloniales fueron de alguna manera asimilados o invisibilizados posterior al proceso de Independencia buscando, como bien lo indica Diana Senior: “la homogenización sociocultural que dichos representantes políticos, desde sus propias perspectivas, habían entendido como necesarias para limar (aunque parcial y artificialmente), las discrepancias que pudiesen surgir durante los procesos de construcción de las respectivas Repúblicas en Centroamérica” (Senior, 2018, p 194).

Con las nuevas olas migratorias a inicios del XX y asociada con la ideología del progreso, resurge el tema de la población diversa étnicamente debido al tipo de trabajadores que llegan a Costa Rica, estas personas vienen en una condición distinta, es mano de obra libre y se ubica en la zona del Caribe. Son personas que traen otro idioma, religión y prácticas culturales distintas y que los consideran como extranjeros. Los estados ven en el pasado colonial “el atraso” nuevamente hacen eco de las diferencias étnicas como parte de sus discursos con miras al “blanqueamiento” de su población, unas veces de forma tácita como la negación de la diversidad y de su presencia como el caso de los grupos indígenas en Costa Rica, y otras en manifestaciones concretas al emitir directrices acerca de la negativa de recibir a determinados grupos de población migrante como mano de obra.

En este sentido, los procesos educativos escolares fueron exitosos al promover el mito de la blanquitud y el pacifismo, especialmente con una enseñanza de la historia nacional centrada en las efemérides y que reconocía esa “diversidad” si acaso unos cuantos días al año y que está pensada en una perspectiva vallecentralina. En el 2016 un estudio de Campos, Raventós y Barrantes, sobre la composición genética de los costarricenses nos revela como una sociedad multiétnica y que varía su composición étnica en las distintas regiones del país, mostrando desde otra disciplinar que somos una sociedad multiétnica.

Por eso la reflexión en las aulas debe estar acompañada por la capacidad que ofrece la investigación y la docencia, y por medio del intercambio de información para conocer sobre otras culturas ya sea dentro o fuera del país; los cursos de Humanidades se abren como espacios que nos posibilitan reconocer el valor de la diversidad en un sentido amplio. A través de una formación humanista tendiente al diálogo y al pensamiento crítico podremos sobrepasar esas fronteras invisibles que nos dicen que dependiendo de cómo nos vemos o nos ven pertenecemos a cierta parte del territorio nacional, casi como negando la posibilidad de trasladarnos libremente por el país y de practicar libremente las expresiones culturales propias, cayendo en un juego que nos dice que debemos abandonarlas para “encajar”, donde más bien, estamos en un momento en el que el rescate de lo que nos hace ser costarricenses debe estar basado en los aportes de las distintas culturas y etnias que conviven en el territorio nacional.

 

Prof. Verónica Jerez Brenes
Profesora Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica, UCR

El caso Unión Patriótica (Corte IDH) y la política de Paz Total en Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

La embajada de la República de Colombia en Costa Rica y su sección Consultar extiende una invitación cordial al conversatorio “El caso Unión Patriótica (Corte IDH) y la política de Paz Total en Colombia” a cargo de Carlos Rodríguez, Embajador de Colombia en Costa Rica,  como expositor y Ronald Alfaro, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh y Master en Ciencias Políticas por Columbia University, catedrático e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, como moderador.

El conversatorio se llevará a cabo el jueves 18 de mayo a las 4pm en la Universidad de Costa Rica, Sede San Pedro, Auditorio Alberto Brenes Córdoba contiguo al edificio B de la Facultad de Derecho.

Debe confirmarse la asistencia en el siguiente enlace: https://forms.gle/MNFAVoMV9QmiGsnY7