La Asociación CODECE desarrolló en 2008 un minucioso proceso de reflexión y organización en un texto, que aborda la participación activa de los habitantes en la creación de planes reguladores cantonales. Esta iniciativa tiene como fin ofrecer una herramienta práctica para todas aquellas personas interesadas en el presente y futuro de las comunidades.
El contenido del proyecto incluye una explicación sobre la importancia de la planificación y la definición de un plan regulador. Asimismo, se aborda la planificación del territorio donde vivimos, la planificación comunitaria, la participación ciudadana, entre otros temas.
El equipo encargado de la realización de este material está compuesto por los diseñadores gráficos Olman Bolaños y Luis Gutiérrez, y la redacción y edición del texto estuvo a cargo de Paulina Chaverri, con contribuciones adicionales en el texto y edición de Romano Sancho, Patricia Guevara, Aurora Chaverri (QEPD) y Olman Bolaños.
La publicación fue impresa por Editorama SA y llevada a cabo por la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, conocida como Asociación CODECE, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
A pesar de ser un material del 2008, contiene un mensaje válido en cuanto a la relación entre los planes reguladores y la participación ciudadana.
Recientemente la Sala Constitucional envió a Segundo Debate el «Protocolo de Nagoya», que trata sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, según el «Convenio sobre la Diversidad Biológica».
El objetivo de este acuerdo global busca «garantizar que los propietarios o guardianes de los recursos genéticos reciban una parte justa», sin embargo, no es claro de qué manera se regularía o de qué forma se garantiza la veracidad del protocolo.
Dicho proyecto se envió a consulta vía correo electrónico a las 23 ADIS de los Territorios Indígenas, según lo menciona la resolución de la Sala Constitucional el pasado mes de marzo, sin embargo, es evidente como se elude el proceso:
Se envía la consulta vía correo electrónico, dando como plazo 8 días hábiles y se envía en español violentando el derecho a consulta.
Las Asociaciones de Desarrollo NO son representantes NI representativas de los Pueblos Indígenas, ni tampoco son las únicas representaciones dentro de los Territorios Indígenas, que según La Sala Constitucional se apega al Art. 6 del Convenio 169 de la O.I.T., lo que hace es violentarse nuestros derechos, reduciendo el Derecho de Consulta a «8 días», con una simple Carta a las ADIs, que son parte del Estado / Gobierno; por lo que no están legitimadas para el ejercicio de esa Consulta. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CortelDH), ha establecido «requisitos mínimos» para realizar una Consulta a los Pueblos Indígenas.
Es inaceptable el accionar de la mayoría de los Magistrados y Magistradas, en aprobar y enviar a Segundo Debate, dicho Protocolo, que a leguas atenta con nuestra forma de vida, sentir y saber.
Es inaudito que solamente tres de los nueve Magistrados se negaron a aprobar dicho proceso, en un país donde se habla de derechos, pero se ignora los Procesos de Consulta a los Pueblos Originarios, sin duda preocupante e indignante.
Hemos luchado para resistir hace más de 500 años y defender lo que nuestros ancestros y ancestras han heredado a nuestras comunidades: los bosques y todo lo que en ellos habita tanto visible como invisible.
Es por ello que, nos pronunciamos en contra del Protocolo de Nagoya y del accionar de la Sala Constitucional con respecto a el expediente N.215500001.
Este Expediente debe ser rechazado y archivado, por lo que representa en sí mismo, porque va contra el Proyecto de Vida de nuestros Pueblos, contra la vida y el futuro de nuestros recursos naturales, la biología y los ecosistemas que son herencia cultural y espiritual de nuestros antepasados y porque no cumple con los requisitos básicos de la Consulta.
¡NO MAS IMPUNIDAD #SergioRojasVlVE #JeryRiveraVIVE iLA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE! FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA 26 DE JULIO DE 2023
Buen Vivir Costa Rica se reunirá en Pozo de Agua, pueblo místico de Nicoya. Delegados de Aserrí, Escazú, Heredia, Naranjo, Pasoancho, Mora El Libertador, Desamparados, Longo Mai de Buenos Aires, Miramar de Montes de Oro, San Francisco de Dos Ríos y Pozo de Agua, se reunirán los días 28, 29 y 30 de julio 2023 en Pozo de Agua de Nicoya.
Los principales objetivos del encuentro son: apoyo entre mensajeros, grupos y comunidades, mejoramiento de la estructura y organización y articulación del Buen Vivir a nivel nacional.
Información compartida con SURCOS por Édison Valverde Araya.
Dionisio Viales Flores, docente pensionado, menciona que las políticas neoliberales pretenden privatizar la Caja, metiendo a la Seguridad Social en un problema muy serio y grave. Dionisio expone que “tenemos que apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma que estas políticas que se están llevando a cabo, no la vayan a desaparecer”.
FRENASS dice: ¡Un gobierno que NO le paga a la CCSS, NO defiende esta gran Institución! ¡LA CAJA NO SE VENDE! ¡LA CAJA SE DEFIENDE! ¡Defendámosla todos juntos!
Detener el desmantelamiento y debilitamiento de las instituciones estatales responsables del resguardo de la salud, educación, servicios energéticos y agropecuarios.
Construir una agenda que responda a las necesidades país orientados en los ejes salud, educación, agropecuario y electricidad.
Establecer un frente nacional que reaccione de forma unida y contundente cuando se vean lesionadas estas instituciones prestadoras de servicios básicos basados en las garantías sociales.
8 de agosto del 2023
1 pm Auditorio Jorge Debravo, Oficinas Centrales de UNDECA
Convocatoria dirigida a:
Líderes de organizaciones sociales, sindicales, comunales, municipales, ambientalistas, derechos humanos, y grupos sociales diversos.
Por respeto al espacio y la dinámica del encuentro se permitirá un máximo de dos representantes por organización.
Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.
Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la Ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.
Este jueves 27 estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:
1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.
2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.
3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.
4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.
5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.
6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.
7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.
Por las razones expuestas este jueves 27 nos manifestaremos de manera pacífica en San José de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia saldremos de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia y el viernes 28 en Guápiles.
Información compartida con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández.
Claudio Vargas; director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Voz Experta
Próximos al 25 de julio, se impone -una vez más-, recordar que nuestro país celebra en esta fecha, la incorporación del Partido de Nicoya a su territorio y no la “Anexión de Guanacaste”. Lo anterior, pese a que algunos comunicadores, publicistas, políticos y otras personas con presencia mediática siguen repitiendo la equivocación y así siguen desinformando sobre la historia del país.
Para comprender la precisión histórica y jurídica que respalda esta aseveración, es necesario conocer, aunque sea en forma resumida, algunos detalles esenciales de este proceso. Es oportuno aclarar también, que la provincia de Guanacaste que hoy conocemos, integra un territorio mayor que el que tuvo en el pasado el Partido de Nicoya.
Posterior a los años de conquista se impuso, en el territorio que a partir de aquel momento se llamó América, el régimen colonial español. Este fue un proceso complejo y cambiante, que se extendió desde el siglo XVI y hasta la segunda década del siglo XIX, y que irrespetó las particularidades culturales y las divisiones territoriales de las culturas aborígenes que les antecedieron y que diezmadas, siguieron viviendo en estas tierras.
Bajo el modelo colonial, las delegaciones de poder real y, por ende, las jurisdicciones y los límites asignados a los representantes del Imperio, no siempre fueron claros ni precisos. Los intereses (locales e imperiales) económicos, políticos, sociales e incluso religiosos se proyectaban en la organización y la administración territorial.
Por lo anterior, en diferentes momentos del pasado colonial, la región de Nicoya (no siempre conocida con la denominación de “partido”) varió su condición y dependencia respecto a Nicaragua o Costa Rica. Por ejemplo, hasta 1558 fue gobernación anexa a la de Nicaragua; de esa última fecha y hasta 1593 fue independiente; de 1593 a 1602 se mantuvo unida a Costa Rica. Nuevamente de 1602 a 1786 fue independiente; de 1786 a 1809 estuvo unida a Nicaragua y de 1810 a 1821, al cambiarse la organización administrativa española, con la creación de las diputaciones provinciales, Nicoya pasó a formar parte de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. De manera que es incorrecto afirmar que Nicoya perteneció o estuvo sometida de manera permanente a la administración de Nicaragua en cualquiera de sus jerarquías o denominaciones organizativas, mientras estuvo vigente el modelo colonial español.
Otro aspecto necesario de aclarar es que lo que la actual provincia de Guanacaste es diferente al territorio que en el pasado colonial se conoció con esa misma denominación (Guanacaste). De manera que la Villa de Guanacaste, conformó tan solo, a la actual Liberia.
Específicamente el territorio del Partido de Nicoya integró las tierras que se encontraban en la península al oeste del río Tempisque hasta el Océano Pacífico y al norte se extendía hasta el río la Flor y el Lago de Nicaragua. Por su parte, las tierras al este del río Tempisque y al sur del río Salto eran parte del territorio costarricense.
En 1835, como parte del proceso de organización territorial administrativa del país, se crearon tres departamentos: El Departamentos Oriental, el Departamento Occidental y el Departamento de Guanacaste. Este último se integró con el Partido de Nicoya, y los valles de Bagaces y Las Cañas, que pertenecieron a Costa Rica durante la época colonial. Finalmente, en 1848, se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.
La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica implicó un largo proceso en el cual estuvieron presentes intereses económicos, políticos, geoestratégicos y por supuesto culturales. En este proceso sin lugar a duda, el plebiscito que se realizó el 25 de julio de 1824 fue fundamental, pero no definitivo. En un cabildo abierto, los pobladores de Nicoya y Santa Cruz decidieron anexarse a Costa Rica, pero quienes poblaban la Villa de Guanacaste (como se dijo líneas atrás, la ciudad de Liberia), no estuvieron de acuerdo con esta anexión.
No fue sino hasta que el Estado de Costa Rica formó parte de la República Federal de Centroamérica, en 1825, cuando la Villa de Guanacaste fue integrada a Costa Rica por disposición del Gobierno Federal. Años más tarde, el tratado Cañas-Jerez, firmado en 1858, consolidó legalmente la integración del territorio en referencia a Costa Rica.
Según lo cita el acta de anexión, los pobladores de los territorios que decidieron incorporarse al país, así lo acordaron por las ventajas que se vislumbraban. Seguridad y estabilidad política, facilidades comerciales, beneficios administrativos son algunos temas que así quedaron expresados como propios de Costa Rica, frente a la situación de inestabilidad que en estos años vivía Nicaragua y que se extendió incluso más allá de mediados del siglo XIX.
Pese a lo anterior, casi dos siglos después de la anexión del Partido de Nicoya al territorio costarricense, se escuchan voces, de manera intencionada o por desconocimiento del pasado, que refieren a esta efeméride de manera equivocada. Con lo cual no solo se desconoce el pasado, sino que se crea confusión en el presente.
Claudio Vargas Arias Director de la Escuela de Historia, UCR
La Universidad Nacional, desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, a través del proyecto de extensión: “Educaciones, espiritualidades y resistencias: hacia pedagogías de la esperanza”, se ha acercado y hecho camino junto a algunos grupos en situación de resistencia con el propósito de visibilizar las distintas formas en que se expresa sus luchas.
Este proyecto tiene como objetivo animar la conformación de una Red Centroamericana de Resistencia que permita a los grupos en resistencia encontrarse, apoyarse mutuamente y aprender unos de otros a través del intercambio de experiencias. Todo esto bajo los principios de la red: complementariedad, solidaridad, decolonialidad, interculturalidad, conversación y centroamericanidad.
Para llevarlo a cabo participan, María Cecilia Leme y José Mario Méndez, académicos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión; Jenny Rojas, en condición de estudiante asistente; el doctorando Oscar Fernández, en condición de pasante; y Márcio Adriano de Azevedo, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Brasil, quien a partir de este proyecto realiza su investigación posdoctoral.
Hacia pedagogías de la esperanza
Para entender el trabajo y contexto de estos grupos, se debe decir que, en Centroamérica, existen diversas formas de violencia, injusticia y discriminación, que no solo persisten, sino que se agudizan. Es por eso por lo que las personas toman conciencia de esas violencias y de las posibilidades de salir de ellas si se organizan, reflexionan, generan alianzas con otras personas y grupos que también luchan por el reconocimiento de sus derechos.
“Los grupos en situación de resistencia son también espacios de aprendizaje, cada grupo inventa estrategias para transformar la realidad y compartir saberes. Se trata de pedagogías locales, contextuales, generadas para enfrentar problemas, para superar violencias. Se trata de verdaderas pedagogías locales”, comenta el académico Méndez.
Para Méndez, las luchas de los grupos en resistencia están animadas por espiritualidades liberadoras, esperanzadoras. A su vez, señala que el acompañamiento no se hace para enseñarles a resistir, ni a educar, en eso los grupos son expertos, se hace para contribuir al fortalecimiento del caminar y de las luchas de los grupos.
Entre los grupos participantes están: Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual (GAFADIS); Proyecto: Voces visibles; Colectiva Caminando; Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCeiba); Asociación ambiental del norte de San Rafael de Heredia (Conceverde); Fundación Corcovado; Asociación Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses; Asociación de mujeres Afro del Caribe (Amaccr); Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade); Asociación Mano de Tigre; Mujeres del maíz, Nicoya, Guanacaste; Asociación de mujeres productoras de San José de Upala, Construyendo fortalezas; Red de Mujeres Rurales de Costa Rica; y Asociación Tinamaste.
También, a nivel centroamericano, se han sumado a esta red: Ajkemab Rech K’aslemal (Tejedores de Vida), Guatemala; Asociación Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, (AMUDA); Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA), El Salvador; Asociación Colectivo de Voluntariado Uno más, El Salvador; y Cunas Náhuat, El Salvador.
Los encuentros entre los grupos beneficiarios de esta red han permitido tener un conocimiento de lo que otros grupos hacen en diferentes contextos y situaciones adversas, realizar un intercambio de experiencias y de estrategias de transformación social, la identificación de áreas comunes de formación desde la condición de grupos en resistencia, y brindarse el apoyo mutuo de los grupos en sus procesos formativos.
Para Mariana Porras, como participante del grupo COECOCeiba, siempre han valorado el aporte que dan las universidades públicas como acción social. “Este espacio cuenta con la experiencia de personas en el trabajo con comunidades, organizaciones, y el poder trabajar diferentes temas que son muy relevantes”, acotó.
Por otra parte, Olinda Bravo, de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, formar parte de esta experiencia con otros grupos les ha permitido visibilizar el trabajo que hacen. “Para nosotros como personas migrantes fue súper bonito e importante esta invitación, ya que hemos podido dar a conocer las experiencias que desarrollamos en las comunidades”, indicó.
Experiencia intercultural de comensalidad con el grupo Mujeres del Maíz, en Moracia de Nicoya.
Resultados y planes
Como parte del proyecto, dentro de los resultados, se realizó el documental: “Historias de Resistencias, educaciones y espiritualidades”, en colaboración con la Red de Interculturalidad y la Rectoría Adjunta de la UNA. Según Méndez, se está promoviendo el uso de este documental en procesos educativos-sociales, como un generador de diálogo, de reflexión y de compromiso social. Está disponible en YouTube, de tal manera que pueda ser utilizado como insumo en procesos de formación de diferentes grupos en América Latina. Véalo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ArLLLUtLFqw
En la actualidad del proyecto, se está construyendo con la ayuda de una estudiante asistente de la UNA, una caja de herramientas para resistencia, que fortalecerá los procesos formativos de los diferentes grupos en situación de resistencia.
Además, Méndez comentó que, en julio del año 2024, la UNA será sede del primer seminario Centroamericano de resistencias, en el que tendrán participación todos los grupos que forman parte de esta Red, de lo cual se espera sea un espacio intenso de convivencia, aprendizaje y reforzamiento de los grupos.
