Ir al contenido principal

Dr. Fernando Morales: »Las personas adultas mayores no la están pasando nada bien»

Ante los desafíos que viven las personas adultas mayores en Costa Rica, la UCR inaugura un nuevo Observatorio del Envejecimiento que trabajará para incidir en política pública

“A propósito de la pandemia en el 2020, hace un año yo comenté una situación de una adulta mayor, de 86 años, que me llama y me dice: mis familiares me dejan la comida en una palangana”.

De esa manera el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, retrató uno de los escenarios de violencia y maltrato que viven muchas personas adultas mayores en Costa Rica, mismos que hoy siguen pasando desapercibidos entre el desconocimiento, el desinterés y la falta de datos actualizados, suficientes y confiables.

En ese sentido, el decano de la Facultad de Medicina de la UCR, el Dr. Fernando Morales Martínez, no tardó en coincidir con el rector y, además, enfatizó que en estos momentos “las personas adultas mayores no la están pasando nada bien”, poseen “una inseguridad financiera fatal”, de la mano con una serie de situaciones vinculadas “al abuso, maltrato, abandono y negligencia que son parte de un capítulo abandonado por el país”.

Ante esa situación, y para afrontar esa compleja realidad, nace por primera vez en Costa Rica el Observatorio del Envejecimiento, una iniciativa creada desde la Cátedra “Envejecimiento y Sociedad” (de la Facultad de Medicina) en conjunto con el Observatorio del Desarrollo (CIOdD); ambas de la UCR.

De acuerdo con el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del CIOdD-UCR, los observatorios son modelos que surgieron como instancias para la gestión, el análisis, la generación y la presentación de información a los tomadores de decisiones y a la comunidad en general sobre una temática específica.

Uno de los objetivos es incidir en política pública mediante la formulación de planes y programas. También, proponer temas de investigación, servir como una herramienta de seguimiento y monitoreo de las diferentes acciones que el país adopta, así como evidenciar los vacíos de información. Vacíos que, en el caso del tema de vejez y envejecimiento en Costa Rica, están muy presentes. Para comprobarlo, solo basta con echarle un vistazo a las actuales políticas públicas.

“La estrategia nacional para un envejecimiento saludable basado en el curso de vida venció hace tres años y a la fecha no se ha generado una nueva estrategia. El reciente Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública 2023-2026, Rogelio Fernández Güell, solo aborda la población adulta mayor en dos metas. Una es disminuir el plazo promedio de días de espera para cirugías de catarata en la Caja Costarricense de Seguro Social; y dos, mejorar la cobertura de la población económicamente activa para su protección económica y social ante los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Y no hay otras metas en el Plan Nacional de Desarrollo”, comentó el Dr. Murillo.

La principal meta del Observatorio consiste en suministrar evidencia veraz, oportuna y confiable que permita promover políticas públicas que favorezcan una vida digna, autónoma e independiente para todas las personas adultas mayores de Costa Rica.

Deudas pendientes

Para el director del CIOdD-UCR es claro que Costa Rica “tiene grandes rezagos y deudas con esta población que crece cada vez más en número, en cantidad y en años para disfrutar de la vida”. Dicho crecimiento es fácilmente verificable al leer las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según ese Instituto, para el año 2025, el 79 % de las personas adultas estará en proceso de envejecimiento y un 13 % estará en la categoría de vejez. Además, se espera que para el año 2050 la población adulta mayor represente el 20 % de la población total del país, lo que implica retos importantes en la formulación de políticas públicas y de servicios de salud adecuados para atender las necesidades de este grupo etario.

Con esos datos disponibles la pregunta ahora es: ¿se ha hecho lo suficiente para afrontar esa explosión sociodemográfica que se avecina? Para los especialistas la respuesta es clara: no. No se ha hecho todo lo necesario y falta más para afrontar el escenario que se aproxima, si lo que se busca es no exacerbar los desafíos que hoy se ven.

¿Algunos de esos desafíos? La violencia, el maltrato y el abandono, acompañado de una serie de brechas relacionadas con la dependencia, la necesidad, las pobres relaciones familiares, los pocos espacios de convivencia, las desigualdades y las condiciones de vida poco dignas, muchas veces, ocasionados por ingresos mínimos e insuficientes.

En esos ámbitos, el Observatorio del Envejecimiento de la UCR dará un aporte invaluable para analizar la situación del país y proponer soluciones ante una etapa de la vida que, como bien lo dijo el Dr. Morales, “todos vamos a llegar. La juventud no es eterna”.

“Costa Rica se caracteriza por ser un país con un significativo registro de información estadística. Esto es fundamental para la toma de decisiones en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Sin embargo, en el caso de las personas adultas mayores, esas estadísticas están dispersas en numerosas instituciones públicas, lo cual agrava el problema de las brechas que mencioné. Por eso se requiere sistematizar toda esa información dispersa, analizarla y presentar informes que contribuyan a la formulación de políticas públicas apropiadas”, manifestó el director del CIOdD-UCR.

“Esas políticas públicas son necesarias para que guíen las acciones nacionales en pro de una sociedad más sensible y propositiva en el abordaje de los problemas prioritarios relacionados con el envejecimiento poblacional y del bienestar de la población adulta mayor. Pero, sobre todo, que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en las sociedades, se ofrezcan bienes y servicios de calidad, y se dé cuenta de su contribución al desarrollo”, amplió el Dr. Morales.

El plan de trabajo

El Observatorio del Envejecimiento procurará abordar las aristas más importantes que en este momento exige el país. Uno de ellos es el tema de la inseguridad alimentaria, un elemento que se vio fuertemente reflejado en la pandemia del COVID-19.

“¿Por qué este tema? Porque la pandemia hizo evidente que la alimentación fue una experiencia realmente dramática. Muchas personas no tenían quién le llevara los alimentos a la casa, cómo tenerlos a mano y, muchas veces, no tenían cómo pagarlos. Imagine lo que es no tener cómo alimentarse adecuadamente. Esto es una Costa Rica desconocida y aquí el Observatorio tiene una tarea muy grande. No le podemos quedar mal al país ni a los adultos mayores”, exaltó el Dr. Morales.

En este marco, ya se han mantenido reuniones técnicas de trabajo con diferentes autoridades para avanzar en distintos procesos que ayuden a contribuir en ese y otros campos más. Entre esos está la meta de generar más conocimiento sobre los determinantes del envejecimiento y las condiciones de vida a las personas adultas mayores en Costa Rica. El segundo es analizar las categorías asociadas al envejecimiento activo y saludable exitoso.

El tercero se enfoca en promover que el país continúe con los procesos iniciados en el 2015 y 2016 relacionados con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El cuarto punto es monitorear el proceso de envejecimiento de la población costarricense. Este es especialmente importante porque, desde la opinión del Dr. Morales, desde la pandemia hubo un importante desmejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

“Antes de la pandemia no era que las personas mayores estaban en una posición de flores, pero ahora se disparó. Por lo tanto, se debe poner el acento en las acciones que vienen, así como generar respuestas urgentes y oportunas a sus múltiples necesidades”, dijo el Dr. Morales.

Tanto el rector de la UCR como el decano de la Facultad de Medicina están seguros de que el Observatorio se constituirá muy pronto como un punto de referencia nacional e, incluso, internacional. El tan solo hecho de tener un espacio de análisis y de discusión científica que antes no existía en nuestro país, abre una puerta trascendental hacia la generación de nueva información.

“Aprovechemos esta enorme oportunidad que tenemos para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, así como para transmitir a los más jóvenes la enorme necesidad de prepararse para la vejez, sobre cómo vivir más pero también mejor, mediante un envejecimiento activo con hábitos, actitudes y comportamientos que propicien no solo una vida más larga, sino también una vida de bienestar. Debemos celebrar en grande este paso firme que estamos dando por el bien de las personas adultas mayores en nuestro país. Yo agradezco profundamente a todas las personas implicadas que, en tan poco tiempo, hicieron de esto una realidad”, concluyó el rector de la UCR.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Más de mil personas piden destitución de Heiner Méndez

Comunicado enviado por Bloque Verde

  • El Centro Comunitario de Embajadores, Bloque Verde, Embajadoras del Mar y más de 1.000 (mil) personas creemos que Heiner Méndez no tiene la capacidad, ni la autoridad moral de sanear y fortalecer al INCOPESCA como institución técnica y científica, por lo que pedimos que en el cargo de presidente ejecutivo sea nombrada otra persona con mejor idoneidad.

Circuló este el fin de semana un video que muestra miles de peces muertos, cerca de la desembocadura del río Tárcoles, producto de las redes de los barcos de pesca de arrastre que el gobierno de Rodrigo Chaves autorizó para realizar una supuesta investigación con el fin de reactivar esta destructiva industria.

El vecino de la zona que grabó las imágenes afirma: “Es lamentable… la pesca de arrastre; la maldita pesca de arrastre (…) ¿Qué podemos decir? Es una imagen la verdad muy triste. El montón de peces muertos: congrios, pequeños, pochotes, margaritos, pargo rey, cabritas… por todos lados”.

Según el abogado ambientalista Álvaro Sagot la razón de ser de esa ampliación de especies de la famosa lista de explotación comercial “lo fue para que se pudiera aprobar la pesca de arrastre del camarón, dado que muchísimos de esas especies resultan que son los que normalmente caen como “pesca incidental y permitida”. Es decir: desde INCOPESCA estaban tratando de manipular la “investigación” para que sea como sea, se apruebe de nuevo el nefasto biocida arte de pesca, ¡pues ello es una promesa de campaña del presidente Chaves a los empresarios industriales del camarón!

Hoy algunas de estas especies que se ven en el video podrían ser parte de esta lista y serían sin duda bajo esa lógica las famosas «croquetas de pescado» que haría «sostenible» la pesca de arrastre.

Debido a que Heiner Méndez es responsable de esta funesta lista de explotación comercial de especies marinas y además de la muerte de los miles de peces en la boca del Tárcoles este fin de semana reiteramos nuestra solicitud con más de 1000 firmas de apoyo para que el Consejo de Gobierno revoque su nombramiento.

Solicitamos de forma respetuosa a los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa llamar a Heiner Méndez a una sección a comparecer en una sesión de Control Político para que dé explicaciones tanto de la funesta lista más de 200 especies de explotación comercial, como de la muerte de estas miles de especies en Tárcoles.

 

Imagen ilustrativa.

Justicia y derechos para el pueblo Ngäbe de Sixaola*

Por Eusebio Julián, indígena Ngäbe de Sixaola

Tenemos el día de hoy una petición al gobierno de Costa Rica. Exigimos el derecho a nuestro territorio, estamos enfrentando mucha vulnerabilidad, el no tener garantizado el acceso a la tierra nos impide poder sembrar, no podemos hacer nuestras actividades culturales, necesitamos acceder a salud, contar con agua, luz, servicios, acceso a vivienda y mucho más.

Nuestro pueblo ha sido históricamente transfronterizo, una vez que construyeron la frontera nos dejaron aislados. Tenemos más de 500 años de estar en la lucha, solicitando una condición de vida digna para nuestro pueblo originario.

En este momento estamos en una situación crítica. Nos obligan a vivir en territorio de las dos empresas transnacionales que nos han invadido durante los últimos años, valiéndose de la explotación laboral y el atropello de los derechos humanos de los trabajadores. Hemos comunicado ya nuestra preocupación y necesidades a las autoridades, al señor Rodrigo Chaves, a través de la carta entregada al viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien nos indicó que para la segunda o tercera semana de mayo se haría presente, o enviaría algún representante al territorio para escuchar nuestras demandas. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. El Estado costarricense está en la obligación de acatar lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

Como pueblo indígena tenemos derecho a organizarnos desde nuestra cosmovisión, organizarnos desde nuestra cultura, nuestras creencias y resolver nuestros conflictos como usualmente lo hacemos, y no con mecanismos impuestos que nos son ajenos. El Gobierno está en la obligación de realizar la consulta indígena cuando se toman decisiones que nos afectan, y no lo han hecho así. En ocasiones han consultado a los pueblos Cabécar y Bribri, pero a nosotros, como pueblo Ngäbe nadie nos ha consultado, precisamente por no tener un territorio reconocido como tal. Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, estamos luchando también por ellos y ellas.

La explotación laboral nos tiene en una situación vulnerable. Las empresas bananeras buscan implementar las leyes laborales de los países de donde provienen, lo que abre más espacio para esta explotación, ya que se saltan las regulaciones que deberían aplicar en territorio nacional. Las empresas bananeras no nos proporcionan seguro social. Cuando los trabajadores se accidentan, la empresa no se hace responsable y no hay seguro que nos cubra. Los salarios son cada vez más bajos, los precios de la canasta básica siguen subiendo todos los días y el dinero ya no nos alcanza. Sufrimos también de persecución, los trabajadores que se manifiestan contra el maltrato y explotación son reprimidos por los jefes. Han venido haciendo persecuciones hasta los hogares y no nos permiten tener fogones dentro de las casas, aunque sea nuestra tradición.

En este momento hay compañeros trabajadores en huelga, ya que no les han pagado sus prestaciones, los desalojan de sus casas y se valen de la ayuda de la Fuerza Pública para hacerlo, sacan a las mujeres, niñas y niños de sus casas también. A pesar de que Costa Rica se diga ser democrática, en Sixaola son las empresas quienes mandan. El capataz es el dueño y los trabajadores no pueden reclamar nada, aunque prácticamente todos los trabajadores somos indígenas. Cuando alguno de nosotros se queja de todo lo que estamos viviendo, el capataz usa la violencia contra nosotros. Todo esto que estoy contando ocurre porque el Estado lo ha permitido, porque no ha intervenido en estas situaciones y ha facilitado la permanencia de las empresas bananeras en nuestro territorio indígena.

Nosotros, existiendo ya el Convenio 169, no vamos a permitirlo, estamos cansados de tanto maltrato y tanto abuso, somos más de 10 mil indígenas en Sixaola discriminados todos los días por el gobierno de Costa Rica.

*Con base en participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 19-4-23.

Kioscos Ambientales UCR

Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de Latinoamérica y el Caribe discutirán sobres sus derechos colectivos

Desde mañana 18 y hasta el 19 de mayo organizaciones de pueblos indígenas, negros, expertos en derechos, académicos y aliados se darán cita en la Universidad de Costa Rica para analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH ante la imperiosa necesidad de generar un análisis y diálogos críticos desde los pueblos indígenas y negros que son beneficiarios de sentencias de la para que, en conjunto, como región, se puedan discutir estrategias y adoptar medidas genuinas para el cumplimiento.

Es decir, que la Corte haga cumplir con el mandato de poner en el centro a los pueblos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y que ven en este sistema la última opción para obtener protección, verdad, justicia y reparación.

El evento es propuesto y organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue fundada en 1979 y lucha por el bienestar del pueblo Garífuna hondureño, en específico la protección de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las 46 comunidades Garífunas asentadas en el Litoral Atlántico Hondureño.

La fundación del Sistema Interamericano fue vista por los pueblos indígenas y negros como una oportunidad de alcanzar la justicia más allá de las fronteras de los países partes. Sin embargo, el rezago histórico no ha disminuido en la proporción que se esperaba. Para el caso de los pueblos indígenas y negros, tienen casos presentados desde los años 90s y con sentencias desde los inicios del 2000, para las cuales, después de más de 23 años la justicia no ha sido servida.

Para OFRAHEH: “existen un alto retraso procesal en el sistema en el trámite de las peticiones y casos y en lo referente a las sentencias, el nivel de incumplimiento por los estados parte es aún más alarmante. la Corte IDH, desde ese entonces ha venido emitiendo sentencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de la región; sin embargo, tenemos entendido que poco o nada se han cumplido dichas sentencias y por el contrario en la mayoría de los casos se han incrementado la conflictividad dentro de las comunidades”.

Por ejemplo, algunos estudiosos han recogido datos de la información contenida en las sentencias emitidas por la Corte IDH entre enero de 2010 y diciembre de 2019, y han concluido que, en promedio, entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la CIDH transcurrieron 134,6 meses.

En el Foro participarán unas 30 persona de casos directamente, expertos y personas de cada uno de los pueblos indígenas o negras involucradas o beneficiarias de las sentencias y los que tienen casos en proceso de los países de México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Se desarrollará en la Sala 4 Escuela de Antropología. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Ciudad de la Investigación. 9am a 12:30 y de 2-4:30pm. En nuestro país colabora en el evento el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica (UCREA), el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), la Escuela de Antropología, El proyecto Pueblos Originario y Universidades de CONARE, proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Feria Agroecológica

La Red Sancarleña de Mujeres Rurales y RedESS celebrarán el sábado 27 de mayo la inauguración de la Feria Agroecológica, en la Finca SinTranca, Florencia San Carlos, 150 m al Oeste de la rotonda frente a Ferretería Qupe. 

Como parte de la actividad,se llevará a cabo un taller sobre educación popular, soberanía alimentaria y agroecología, intercambio de semillas y conversatorio, venta de productos agroecológicos y comida campesina.

Para más información diríjase a los números: 86310128 y 84352524.

Traspatio – Red de Economía Social Solidaria

El Traspatio es un proyecto de difusión digital autogestionado por la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

El Traspatio es un proyecto de difusión digital autogestionado por la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica que continúa este año con el fin de construir una comunidad virtual con personas que estén interesadas en la Economía Solidaria.

La Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica promueve el intercambio y la producción de saberes desde la participación horizontal y asociativa.

Ciudadanía y economía solidaria

A lo largo del mes de marzo la Red de Economía Social Solidaria en conmemoración del #8M estuvo generando materiales sobre Ciudadanía y la Economía Solidaria, por lo cual extienden la invitación a observar las redes sociales (Facebook e Instagram) para observar el material. 

Además, junto al programa de Radio Semillas y Saberes que se transmite todos los jueves a las 11 a.m. en la emisora 870 UCR se realizó un programa de Radio con Karin Berlien sobre Economía Solidaria: Ciudadanía y Género.

Para más información sobre el programa visite en los siguientes enlaces: www.radios.ucr.ac.cr / https://radios.ucr.ac.cr/programa/radio-870/semillas-y-saberes/ 

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Cese al fuego Israel- Gaza

Comunicado de la Red de Solidaridad con Palestina

Nos regocijamos junto al pueblo palestino y especialmente de Gaza al haber alcanzado el cese al fuego. A pesar de lo ambiguo del comunicado de la Cancillería de Costa Rica, el país estuvo presente en la presión internacional que coadyuvó a detener esta agresión israelí. Ustedes, firmantes de la carta dirigida a Cancillería y que se entregará fisicamente este miércoles a las 3:00 p.m., estarán regocijados y compartiendo este respiro en una lucha que lamentablemente no está cerca de culminar pero que afirma pasos de la Resistencia y de la consecución de una Palestina libre y el logro de la paz.

Por Agricultores/as con Justicia, Equidad y Bienestar

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Costa Rica, 15 mayo 2023

El labrador que trabaja
debe ser el primero
en recibir su parte de los frutos. BA.

2 Timoteo. 2: 6.

En el marco del Día del Agricultor/a costarricense, el 15 de mayo 2023, deseamos reflexionar sobre el papel que la persona campesina tiene y lo que aporta al país, así como su situación actual y sus múltiples desafíos.

En Costa Rica se estableció el dia del agricultor/a el 11 de mayo de 1968, por medio de la ley 4096.  La palabra agricultura proviene del latín ager que significa campo, cultura y cultivo, traduciéndose como el arte de cultivar la tierra, el suelo, el cultivo de alimentos diversos. De esta manera desde el 68 se le reconoce como parte fundamental en el desarrollo social, económico y comercial del país Costa Rica.

Cuando hablamos de agricultores hablamos de mujeres y de hombres cuyo trabajo genera los alimentos que todos los días, en el campo y en la ciudad, llevamos a nuestras mesas. Cumplen un papel social insustituible y producen además una parte importante de las divisas que el país necesita para su desarrollo y crecimiento.

Según datos del Sistema de Información del Sector Agropecuario (Sepsa) los agricultores/as son alrededor de 280.000 personas, hombres y mujeres, dedicados a la producción agropecuaria en nuestro país; producen el 70% de la canasta básica alimentaria; su edad promedio se estima en 54,3 para los hombres y 51,5 para las mujeres. Estos datos son sorprendentes: la canasta básica prácticamente está en manos de menos de 300 personas rodando el límite de la edad de la persona adulta. Muchos de ellos/as pierden sus casas, herramientas de trabajo y tierras por el endeudamiento bancario que los fragiliza notablemente, y para que sus productos puedan competir en el “mercado” sus precios están por debajo de los costos reales de producción.

A lo anterior se agrega, la tragedia del cambio climático y sus consecuencias, sumado a la competencia de la globalización, las guerras que se generan, el alza de los precios internacionales en agroquímicos y concentrados (ya que en Costa Rica no se producen), agravados por la crisis de contenedores y la guerra entre Ucrania y Rusia.

También, como lo mencionamos en la Carta Pastoral de la IMWC llamada «Por sembradíos y alimentos saludables en Costa Rica«, nuestros agricultores/as se ven afectados/as en su salud personal, por utilizar plaguicidas que contaminan sus cosechas, el suelo y las fuentes de aguas potables. Los gobiernos de turno se excusan que los venenos importados para la agricultura no pagan impuestos y que aparentemente no hay una alternativa nacional “rentable”.

Un caso concreto de la indiferencia de los gobiernos y en particular el actual, es que los altos jerarcas del Poder Ejecutivo costarricense, dejaron a los arroceros/as al borde de la ruina en manos de un Consejo Nacional de Producción (CNP), paralizado por la regla fiscal, que reporta una reducción en compras por ₡25 mil millones en el último año y deudas por otros ¢25 mil millones.

Un panorama más sombrío, se visualiza a mediano plazo cuando el 45% de la población no sabe si sus ingresos alcanzarán para llegar a fin de mes, haciendo referencia al último informe del Estado de la Nación, escenario que se volvería crítico, si el país tuviera que enfrentar desabastecimiento ante una crisis mundial de alimentos, pues este gobierno en lugar de incentivar al agro lo desalienta con semejantes “rutas” como la del arroz anteriormente mencionado.

Es por ello que desde la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC) nos solidarizamos y denunciamos la situación de los campesinos/as de Costa Rica. La Biblia nos orienta y nos acompaña en la denuncia, cuando el profeta Miqueas se coloca al lado del pueblo campesino y su dolor, y denuncia que son despojados de sus casas y de sus tierras (2,2), y concreta las consecuencias de tales actos en la vulnerabilidad y sufrimiento de las mujeres y de los niños (2,9), la dignidad violada del justo (2,8), y el sufrimiento de las familias víctimas de la codicia y el saqueo (2,2).

Hacemos un llamado a las fuerzas vivas del pueblo costarricense, sus sectores políticos y populares a defender al campesinado ante sus clamores por justicia y atención, a valorar su rol de productores/as; así como exigir al gobierno, políticas que vayan en mayor beneficio para este sector tan olvidado.

El que labra su tierra se saciará de pan,
pero el que sigue {propósitos} vanos
se llenará de pobreza. BA.

Proverbios 28:19.

Aeropuerto internacional en Osa: El proyecto resurge y enfrenta críticas por su impacto ambiental, social y cultural

  • Comunidades denuncian incertidumbre y abandono de ayuda estatal ante el posible desalojo o reubicación

La semana pasada, en el programa Voces y Política de Radio Universidad, se llevó a cabo un intenso debate sobre los impactos del aeropuerto internacional propuesto en la zona de Osa. Este megaproyecto, que ha sido objeto de discusión durante varios años, ha recobrado fuerza en la administración de Rodrigo Chaves.

El proyecto, cuyo origen se remonta al año 2010 durante la administración de Óscar Arias, contempla la construcción de un aeropuerto en las comunidades de Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11 de Palmar Sur de Osa, en las cercanías del Humedal Nacional Térraba Sierpe y del sitio arqueológico de Finca 6, donde se encuentran las esferas precolombinas y otras evidencias arqueológicas de gran valor histórico. Aunque inicialmente se mencionaron todas las Fincas, posteriormente se redujo la afectación únicamente a las Fincas 9 y 10, sin tomar en cuenta que estas áreas son hogar de comunidades campesinas, lo que implicaría el desalojo de una enorme cantidad de familias.

Las personas de la comunidad de Osa afectadas por la construcción están preocupadas por la economía y la falta de apoyo institucional, debido al megaproyecto que se estaría llevando a cabo en la zona. A pesar de que se anunció la reactivación del proyecto en una gira del Gobierno en febrero, actualmente las tierras están siendo arrendadas desde el INDER y los habitantes de Osa no están recibiendo ayuda económica. Además, cualquier tipo de papeleo solicitado en la zona está siendo olvidado por el Gobierno y hay preocupaciones sobre el daño al suelo, que es una fuente importante de ingresos para las personas de la zona.

Durante la sesión, se destacó que la promoción del proyecto no hizo mención de la cercanía del aeropuerto propuesto con el Humedal Nacional Térraba Sierpe, reconocido como un sitio Ramsar, ni tampoco se hizo referencia a la proximidad de las esferas de piedra, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El proyecto ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores sociales, incluida la Universidad de Costa Rica, que emitió un informe con numerosas observaciones al estudio de impacto ambiental y socioeconómico realizado por la empresa consultora.

Aunque parecía que el proyecto se había archivado, este año ha vuelto a cobrar relevancia, especialmente después de la visita del presidente a la zona sur el pasado mes de febrero, donde resaltó la necesidad de construir este megaproyecto.

En el debate participaron destacadas personalidades, entre ellas la Dra. Patricia Fumero, ex directora del Museo Nacional y ex presidenta del ICOMOS Costa Rica, quien actualmente forma parte del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y es docente de la Escuela de Estudios Generales. También participó el profesor Dr. Jorge Lobo de la Escuela de Biología, quien ha investigado y trabajado en las áreas cercanas a Palmar Sur y Sierpe. Además se contó con un testimonio de una vecina de las Fincas de interés para la construcción del aeropuerto

Desde la perspectiva arqueológica, se enfatizó que el proyecto afectaría directamente sitios de gran importancia, como Batambal, Grijalba y El Silencio, además de la transformación completa de la Finca 6. Se hizo hincapié en que la evaluación arqueológica se concentraría en la Finca 6, sin especificar si se extendería a los demás sitios mencionados. Se cuestionó la minimización de estos terrenos como simples baldíos, obviando su valor arqueológico e histórico.

Desde el punto de vista ecológico, la preocupación principal es replicar el modelo de megaturismo que se dio en Guanacaste, ahora en una zona tan frágil ecológicamente cómo lo es Osa. El impacto que sufrirá la fauna, como las aves migratorias, será enorme, pues se trata del humedal más grande de nuestro país. Se denunció que la zona escogida es parte del área de inundación de los ríos Sierpe y Grande de Térraba, y ha sido escenario de grandes eventos hidrometeorológicos, los cuales cada año son más constantes e intensos por el cambio climático.

Finalmente, los especialistas han sugerido que la ampliación de la Costanera y la mejora de las autopistas, sería una solución más eficiente y económica para resolver el problema de la conectividad en la zona, en comparación con la construcción de un nuevo aeropuerto. También se mencionó que la ampliación de los aeródromos existentes, como los de Palmar Sur, Golfito y Puerto Jiménez, sería una opción viable y efectiva para mejorar la conectividad en la región, especialmente considerando el tipo de turismo que ya existe en la zona. En definitiva, es importante considerar alternativas que sean sostenibles y eficientes para mejorar la conectividad, y así beneficiar a la comunidad y el desarrollo de la región.

Denuncia de personas afectadas:

Ver programa completo: https://www.facebook.com/vocesypoliticaucr/videos/1317068095688872?locale=es_LA

Kioscos Ambientales UCR

Imagen ilustrativa UCR, Humedal Sierpe.