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Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre

José Luis Pacheco Murillo

Cada 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.

La idea, es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos.

El calentamiento global o terrestre, es un aumento de la temperatura de manera exacerbada sobre toda la superficie de la Tierra que se ha producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos, que en la mayoría de los casos ocurren por las distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente.

Ha habido múltiples reuniones de los países industrializados en donde hay propuestas para reducir las emisiones de CO2. El acuerdo de Paris del 2005 es en el que se comprometen los países a esa reducción, sin embargo 20 países no lo han firmado y otros que lo firmaron no han hecho lo suficiente para lograr el propósito de esa reducción de las emisiones de efecto invernadero.

Muchos de esos países son los productores de petróleo y es que si algo es contaminante y afecta el cambio climático son los combustibles fósiles como todos los que se derivan del petróleo. Y se siguen fabricando millones de vehículos que utilizan dichos combustibles por lo que el lograr esas reducciones de emisiones contaminantes está lejos.

Si bien es cierto ha venido en aumento la fabricación de vehículos eléctricos sin los gobiernos o hacen lo necesario para que su adquisición sea más sencilla y menos onerosa.

Por más que los ciudadanos queramos hacer algo por evitar el calentamiento global, son los gobiernos de todos los países los llamados a impulsar las acciones determinantes para lograrlo.

Dios quiera que tomen conciencia de lo importante y necesario que es lograr disminuir el calentamiento global y dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor.

Irregularidad en la operación portuaria por parte de JAPDEVA

Anteriormente se publicó la problemática existente en la operación portuaria por parte de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) en el que se nos compartió una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en este se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté donde debe estar y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra lo correspondiente según la tarifa. 

Según comentario de Antonio Wells, Secretario General de SINTRAJAP, plantea que esta es la forma en que se le quitan recursos al Estado y específicamente a la institución portuaria de Costa Rica en el Caribe. En el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es delicado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.

En los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3 y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos.

Ahora bien, a fondo la problemática en la operación portuaria consiste en que la empresa mencionada no está haciendo uso del equipo de JAPDEVA, por lo que por cada movimiento de contenedor JAPDEVA deja de cobrar los 100 dólares correspondientes a dicha operación, operando así bajo el llamado despacho directo. Pero, ¿en qué consisten los $100 que no se cobran por movimiento de contenedor?, estos incluyen los cobros de tarifa por cada servicio prestado: servicio de grúa $64,27, de carrier o staker $18,86 y de maffi $16,98, cobrando como única tarifa el uso del muelle $16,98, esto conocido como despacho directo (no utiliza por parte de JAPDEVA la grúa, carrier o staker y maffi, acá se utiliza la grúa del barco y por debajo los espera un camión privado). De esta forma solo se cobran $16,98 por el servicio, en vez de cobrar los $117 (usando todos los equipos correspondientes). 

Para una mayor visualización del proceso y cobros por servicios, se comparten las siguientes imágenes. 

 

Información compartida con SURCOS por SINTRAJAP.

ANEP: Derechos humanos es bandera fundamental contra la desigualdad

75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
1948 – 10 de diciembre – 1975

ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO

01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.

02- Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.

03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).

04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Especialmente, casos de CCSS, MEP, M. Salud.

05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).

06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO

08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.

09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.

10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.

11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).

12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.

13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.

14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.

16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.

17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.

18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.

19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.

20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.

22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.

23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.

24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.

25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional de entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.

Acuerdo Unánime y Firme de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)

Viernes 13 de enero de 2023

Plaguicidas en Costa Rica: “El agua y su cuido como bien común”

Conversatorio

El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso. 

El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa en conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez. 

La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas. 

El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable. 

El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.

Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes. 

Compartimos el conversatorio completo:

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Vacuna cubana antineumococo, cerca de solicitar registro

Foto: Tomado del Twitter de Biocubafarma

Quimi-Vio, consiste en un candidato vacunal conjugado heptavalente que, en su proceso de obtención, ha enfrentado una elevada complejidad científica, química, analítica y tecnológica

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Tras la pausa generada por la prioridad concedida a la creación de las vacunas contra la COVID-19, científicos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), del Grupo Empresarial BioCubaFarma, retomarán el curso de los ensayos clínicos pendientes y el completamiento del expediente, para solicitar el registro sanitario de la vacuna cubana antineumococo, ante la Autoridad Nacional Reguladora.

El doctor Yuri Valdés Balbín, director adjunto de la referida institución, indicó a Granma que, denominada Quimi-Vio, consiste en un candidato vacunal conjugado heptavalente que, en su proceso de obtención, ha enfrentado una elevada complejidad científica, química, analítica y tecnológica.

Protege contra siete de los serotipos más infecciosos y de alta prevalencia mundial de la bacteria de neumococo (es decir, como si se desarrollaran siete vacunas en una sola), patógeno causante de la mayor parte de las neumonías y las meningitis bacterianas en los niños, además de infecciones del torrente sanguíneo, otitis media, sinusitis y bronquitis.

De acuerdo con lo expresado por el doctor Valdés Balbín, en los ensayos culminados, el inyectable demostró seguridad, al generar eventos adversos esperados de carácter leve a nivel local.

Solo ocasionó las mismas reacciones que cualquier otra vacuna, en particular dolor en el área donde se aplicó y enrojecimiento, mientras, desde el punto de vista sistémico, la más vista fue la fiebre, en algunos casos.

En cuanto a la eficacia, se observaron notorias evidencias de inmunogenicidad con impacto en la enfermedad, que ratifican la protección del candidato vacunal frente al neumococo.

Según indicó el Director Adjunto del IFV, dentro de los ensayos clínicos emprendidos, resalta el estudio de intervención hecho en la provincia de Cienfuegos, entre 2017 y 2018, conducido por la doctora en Ciencias Dunia Chávez Amaro, del hospital pediátrico Paquito González, el cual abarcó más del 90 % de los niños de uno a cinco años con posibilidad de ser vacunados (más de 16 000).

Asimismo, en un ensayo clínico de eficacia protectora (Fase II-III), efectuado con 1 135 niños entre uno y cinco años, el candidato vacunal cubano antineumococo, que contiene toxoide tetánico como proteína portadora, tuvo similar perfil de seguridad y demostró ser no inferior, en términos de inmunogenicidad, a  la vacuna comercial Prevenar 13®, empleada en esa propia investigación como elemento comparativo, cuyo acceso se logró a través de la Organización Panamericana de la Salud (ops).

Una vez que la vacuna Quimi-Vio obtenga su registro sanitario, se aplicará, primero en el grupo de edades de uno a cinco años y, posteriormente, en lactantes del primer semestre de vida.

Quimi-Vio concede al país soberanía tecnológica para combatir las enfermedades producidas por esa bacteria que, según estimados de la Organización Mundial de la Salud (oms), causa anualmente alrededor de 1,6 millones de muertes en todo el orbe, buena parte de ellas de niños menores de cinco años. La mayoría en países en vías de desarrollo.

Resulta oportuno mencionar que la vacuna cubana heptavalente contra el neumococo, figura en el primer informe de la oms sobre inmunógenos en desarrollo para prevenir infecciones causadas por bacterias resistentes a fármacos antimicrobianos.

El documento fue publicado junto a un llamamiento urgente para mejorar el uso de las vacunas existentes, desarrollar nuevas y acelerar las que se encuentran en las últimas fases de desarrollo, pues la resistencia a los antimicrobianos es, en la actualidad, un gran problema de Salud Pública que va en aumento a nivel internacional.

 

Fuente: https://www.granma.cu/cuba/2023-01-26/vacuna-cubana-antineumococo-cerca-de-solicitar-registro-26-01-2023-22-01-22

Embajador cubano en Costa Rica llama a estudiar obra de José Martí

San José, 26 ene (Prensa Latina) El embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez, llamó hoy a estudiar la obra del Héroe Nacional cubano, José Martí, interpretarla y tratar de ser consecuente con su pensamiento humanista, porque así seremos mejores hombres y mujeres.

Al comparecer en el programa radial Sembrando, del partido Frente Amplio, en Radio La Gigante 800AM, Rodríguez exhortó a todos los oyentes a estudiar la obra y el pensamiento martiano e, incluso, leer lo que grandes intelectuales costarricenses han escrito sobre el Apóstol de la Independencia de Cuba.

Destacó la influencia de Martí en relevantes figuras nacionales que estudiaron en la Escuela Normal de Heredia, como Omar Dengo, o la profunda esencia martiana del escritor Joaquín García Monge, quien por primera vez publicó en su revista Repertorio Americano, el libro la Edad de Oro, del Héroe Nacional de Cuba.

Con esta comparecencia comenzó en Costa Rica la celebración del aniversario 170 del natalicio de Martí y los 130 años de su primera visita a este país, en junio de 1893, en una jornada que se extenderá hasta febrero venidero e incluye diversas actividades.

Al exaltar la vida y obra del Martí, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, el diplomático cubano sostuvo que sin haber participado en la primera parte de la guerra por la independencia de Cuba de España, entre 1868 y 1878, por su corta edad, Martí se convierte en el líder indiscutible de la segunda etapa de esa contienda (1895).

Lo anterior, resaltó, porque logró unir en una causa común a altos jefes militares de esa primera fase que habían tenido desavenencias entre ellos.

Por lo tanto, subrayó, esa es otra de las grandes enseñanzas de Martí, la unidad, misma que es seguida hoy por el pueblo cubano en la defensa del proceso revolucionario, del que el Apóstol de la Independencia es símbolo y paradigma.

En otro momento de su intervención en Sembrando, conducido esta vez por Ernesto Alfaro, el embajador cubano refirió la profunda huella dejada por Martí en solo nueve días de estancia en Costa Rica, en 1893 y 1894, en la preparación de la Guerra de 1895 contra el colonialismo español.

Su propósito conseguido era convencer a varios de los generales del Ejército Mambí (Libertador) que residían aquí desde inicios de la década de 1890 y fundaron la colonia agrícola La Mansión de Nicoya.

En ese sitio, primero y único creado por cubanos fuera de la isla caribeña, se asentaron el Lugarteniente General del Ejército Mambí, Antonio Maceo, el Mayor General Flor Crombet y otros 100 combatientes y sus familias, precisó el diplomático cubano.

Además, apuntó que varios centros escolares, calles y parques de Costa Rica llevan el nombre del Apóstol de la Independencia de Cuba, como el Liceo de Puntarenas, uno de los lugares donde Martí dejó profundas huellas en sus habitantes, principalmente entre los trabajadores portuarios.

Un busto de Martí resalta en el Parque que lleva su nombre en Orotina, y otro fue colocado por la Municipalidad de San José en el Parque Nacional de esta capital, en ocasión del centenario de su natalicio, en 1953, contó Rodríguez.

Asimismo, señaló, en su paso por este país centroamericano, Martí marcó a otras de sus principales figuras de la época, como el periodista, político, educador, escritor y poeta costarricense Pío Víquez, con quien mantuvo un intercambio epistolar.

Recordó que en carta a Víquez el 8 de julio de 1893 como despedida de su primera visita a este país, Martí escribió «hemos de mantener a esta América nuestra, sorprendida en su cruenta gestación, en los instantes en que por sus propias puertas muda de lugar el mundo».

 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/2023/01/26/embajador-cubano-en-costa-rica-llama-a-estudiar-obra-de-jose-marti

Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas pide justicia en caso del asesinato de Jerhy Rivera

Pronunciamiento en relación con el juicio por homicidio del Indígena Brörán de Térraba: Jerhy Rivera 26 de enero del 2023

La Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas, organismo no gubernamental con status consultivo ante las Naciones Unidas, ha visto con honda preocupación el incremento de la cantidad de homicidios en Costa Rica, producto -muchos de ellos-de la actividad del crimen organizado, o fundamentados en la injusticia social y la inequidad económica.

Sin embargo, aún más grave y de mayor trascendencia, son los crímenes que atentan contra la vida -uno de los derechos humanos fundamentales-, por razones de discriminación racial, o por objeción a la libertad de conciencia de otras personas, o relacionados con intereses económicos o de depredación del ambiente.

Hemos escuchado en las noticias que en esta semana se está llevando a cabo el Debate Penal, juicio contra la persona a quien se le atribuye la terminación de la vida del líder indígena Jerhy Rivera.

Instamos a las partes, a las autoridades de policía y judiciales, para que interpongan sus buenos oficios, a fin de resolver este caso bajo la óptica de los principios fundamentales de la Justicia, de la protección a las etnias primigenias de nuestro país, alejados de prejuicios racistas que lamentablemente aún imperan contra los indígenas, para quienes todavía no existe equidad, a fin de que se siente un precedente que impulse la igualdad de oportunidades, el respeto a sus territorios, a sus tradiciones y costumbres.

Un país como el nuestro, baluarte en la defensa de los derechos humanos, no puede permitir que crímenes como este queden impunes, ni tampoco que la vida humana quede sin tutela.

Señores Jueces: esperamos lo mejor de ustedes, rigurosidad en el uso de la sana crítica, y una resolución que haga honor al máximo valor que buscamos todos los Juristas = Justicia, protección a la vida y a los derechos fundamentales de la población indígena.

Por la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas, cédula jurídica 3-002-117.038 Firma responsable: Arturo Fournier Facio, vicepresidente, cédula número 103980270

UCR: Los rectores presentaron sólidos y contundentes argumentos en contra del proyecto de ley 23.380

Las universidades públicas atienden muy diversas poblaciones, zonas geográficas y una gran variedad de áreas constitutivas del desarrollo socioeconómico del país. Para realizar esta tarea, su autonomía y seguridad presupuestaria son garantías de que podrán cumplir con la misión que constitucionalmente les fue encomendada.

Audiencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa

Tal propuesta desconoce la institucionalidad costarricense

El proyecto de ley 23.380 Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, que fue enviado a la Asamblea Legislativa por el actual Gobierno, representa una clara amenaza al funcionamiento y quehacer de las universidades públicas. Además, es un proyecto plagado de inconsistencias, falsos argumentos e inconstitucionalidades. En síntesis, ese fue el planteamiento que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) expuso y sostuvo en la comparecencia ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, el pasado 23 de enero.

Los cinco rectores de las universidades públicas enfatizaron que el texto en cuestión es un peligro para la educación superior pública, pues busca que sea el Poder Ejecutivo de turno quien las administre. Eso, entre otros muchos peligros, podría limitar lo que se investiga y enseña en las universidades costarricenses cuando estas no se ajusten a los intereses del Gobierno.

Ante las diferentes consultas y comentarios de los diputados y diputadas de la Comisión Especial, los rectores de Conare dejaron muy en claro todos los aspectos que este proyecto de ley desconoce y desvirtúa sobre la naturaleza y papel de las universidades públicas en la institucionalidad del país.

Durante la audiencia, los rectores demostraron que el proyecto 23.380 redimensiona la autonomía de organización, administración, gobierno de las universidades públicas y libertad de cátedra, todo lo cual origina la nulidad absoluta de la propuesta, por violentar y vaciar de contenido los artículos 78, 84, 85 y 87 de nuestra Constitución Política.

Los señores rectores subrayaron que, sin el menor de los desenfados, ese proyecto busca otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo de turno sobre la planificación de la educación superior universitaria estatal y la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al otorgarle la autorización para regular estas materias mediante Decretos Ejecutivos.

Los rectores advierten que este proyecto pretende cortar la independencia constitucional de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado, ya que elimina su autonomía organizativa, administrativa, de gobierno y económica. Además, le inventa potestades al Banco Central sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), las cuales están alejadas de su naturaleza, pues el financiamiento de las universidades públicas está garantizado en la Constitución Política. Esa pretensión del proyecto no explica la procedencia de los recursos, con lo cual deja así un gran vacío en la garantía del financiamiento.

Los cinco rectores de Conare mostraron gran aplomo y un sólido manejo de los alcances negativos y las oscuras intenciones que el proyecto 23.380 encierra. Así lo manifestaron ante la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa. Foto: archivo Conare.

Un punto álgido en la exposición de los rectores fue su análisis en torno a una devastadora pretensión que presenta el proyecto de ley, con la cual se persigue la creación de un nuevo consejo coordinador de la educación. Este tendría un solo representante de las universidades públicas y cuatro del Gobierno de turno: MEP, Ministerio de Hacienda, Mideplan y Micitt.

Ese nuevo consejo vendría entonces a sustituir a la Comisión de Enlace que ha funcionado. Así las cosas, se violenta otra vez la autonomía universitaria y se deja en las manos del Gobierno del momento la definición de prioridades en la educación superior pública del país. Con esto, se desconoce la competencia para elaborar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), dada a Conare (Convenio de Coordinación de 1974 y Ley N.° 6162 del 30/11/1977) y que la Ley N.° 6580 del 18/05/1980 eleva a rango constitucional (artículo 85).

En cuanto a los falsos señalamientos del proyecto sobre la ejecución del FEES y la rendición de cuentas de las universidades públicas, los rectores dejaron muy claro que toda renta universitaria (propia y del FEES) está constitucionalmente destinada a financiar el Plan Nacional de Educación Superior (Planes), el cual posee más de cien indicadores de evaluación de ejecución del FEES que comprenden todas las áreas del quehacer universitario. Además, el Planes incide en la política  pública de nuestro país mediante la integración en ciento nueve comisiones nacionales. Los rectores fueron contundentes al sostener que la formulación, evaluación y liquidación de los presupuestos universitarios son conocidos y aprobados por la Contraloría General de la República.

Finalmente, los rectores también les mostraron a los diputados de la Comisión Especial que existen varios pronunciamientos, análisis  y criterios en nuestra institucionalidad que sostienen las particularidades constitucionales de las universidades públicas y que no le permiten al citado proyecto 23.380 sostenerse ante las contundentes evidencias de Conare.

VEA la audicienca de los rectores de Conare de forma completa.

Criterio de la Contraloría General de la República del 24 de enero del 2023

Este 24 de enero, la Contraloría General de la República emitió su criterio en torno al proyecto de ley 23.380. El criterio del ente contralor fue solicitado por el Área Asamblea Legislativa, Comisión de Asuntos Económicos. A continuación, compartimos un resumen de este reciente criterio.

Al cierre de la audiencia, los rectores enfatizaron ante los miembros de la comisión que las universidades públicas han sido una piedra angular en el desarrollo histórico, social y económico de Costa Rica. Pero, a pesar de eso, ya las universidades públicas llevan varios años luchando constantemente ante los embates de quienes buscan debilitarlas por múltiples vías.

En el artículo 1 del proyecto de ley en cuestión se dispone la creación del Fondo Especial para la Educación Superior, el cual se define como un mecanismo específico con un propósito particular. Al respecto, el criterio de la Contraloría General de la República (CGR) aclara que: “(…) sin embargo, siendo que la creación de dicho fondo ya se encuentra dispuesta en el artículo 85 de la Constitución Política, la propuesta legislativa debe centrarse en desarrollar la norma constitucional respetando las condiciones establecidas en ella”.

En cuanto al uso de los recursos del citado fondo, señalado en el artículo 3 del proyecto propuesto, que dice “… Cualquier excedente que quede, al finalizar el ejercicio económico pasará a caja única del Estado”, la CGR señala: “… el fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal posee la característica de que sus recursos tienen un destino específico asignado por la Constitución Política, concretamente, financiar la educación superior estatal. Desde esta óptica, estos fondos «atados» en el lenguaje de la Sala Constitucional (voto n.° 5754-94), no pueden destinarse a ningún otro fin de aquel que ha sido fijado por la Carta Fundamental…”.

Sobre la creación de un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y sus funciones, propuestas en los artículos 4 y 5 del citado proyecto de ley, la CGR recuerda la importancia de “definir de forma clara el rol, el proceso de toma de decisiones, las responsabilidades de sus integrantes, la estructura requerida, así como los recursos que serán necesarios para su funcionamiento, con la finalidad de brindarle eficacia a la norma. Además, definir ante cuál ente u órgano deben las universidades públicas presentar las propuestas de los planes definidos en el artículo 6 del proyecto de ley, pues no se indica en el contenido de la redacción [sic]”.

Por otra parte, en el artículo 9 del proyecto de ley, en el cual se dispone que: “… Las Universidades Públicas deberán presentar anualmente al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal y a la Contraloría General de la República un informe financiero de la ejecución de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior… La CGR deberá emitir su criterio respecto al informe rendido, por parte de Conare, cuyo incumplimiento injustificado constituirá falta grave contra la Hacienda Pública…”.

La redacción del citado artículo 9, señala la CGR, “… presenta deficiencias y ambigüedades, ya que no se especifica cuál es el informe que debe rendir el Conare…, además, se hace referencia a términos jurídicos indeterminados como “incumplimiento injustificado” o “correcta distribución”, sin que se defina de forma clara el alcance conceptual de los mismos, generando una eventual inseguridad jurídica en su aplicación…”. “No se omite recordar que la Contraloría General mantiene su potestad de fiscalización sobre la Hacienda Pública, en función de lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política y en el Capítulo II de su Ley Orgánica, N° 7428, por lo que no se considera procedente la definición de la citada función, siendo que ya existe un marco jurídico que define una serie de roles y responsabilidades en materia sancionatoria”.

Por último, la CGR sugiere consultar el texto a los actores involucrados, por la relevancia del proyecto que pretende regular un fondo creado constitucionalmente.

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Carrera de relevos San José – Puntarenas – precaución

El Comité Organizador Relevos San José Puntarenas comunica:

“Este próximo sábado 28 de enero se estará desarrollando la edición 31 de la Carrera de Relevos San José – Puntarenas. Le rogamos precaución al circular en la autopista General Cañas y la autopista Bernardo Soto.

Durante el sábado habrá muchos atletas y microbuses en la carretera desde las 5 a.m. que salen de San José hasta las 3 p.m. que es la meta en Puntarenas.

Por favor, tenga precaución y utilice rutas alternativas”.

 

Compartido con SURCOS por Guillermo Fernández.

Llamado urgente sobre Acuerdo de Escazú por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI

La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.

Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.

Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.

 

Información compartida con SURCOS por María Elena Fournier S.