Comunicado de Prensa
(Bloque Verde, 24/1/2023) Tanto Erik Ulate, en su calidad de presidente de la “Asociación Consumidores de Costa Rica”, como Laura Arguedas, como militante del Partido Liberación Nacional, nunca han movido un dedo en la defensa de los derechos ambientales de la población costarricense, jamás han mencionado nada sobre la contaminación con agrotóxicos del agua potable por parte de empresas.
Ni Ulate, ni Arguedas han dicho nada sobre los asesinatos de Jairo Mora, Sergio Rojas, Jerhy Rivera. Nunca les ha preocupado que una parte de la población que decide defender los ecosistemas frente a la expansión piñera y bananera sufran de procesos de judicialización y persecución por parte de las empresas exportadoras. Ni Ulate ni Arguedas se preocuparon en ningún momento por apoyar el Acuerdo de Escazú para mejorar el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.
Ni Ulate, ni Arguedas, han hecho pública ninguna preocupación sobre el desastre de un país donde el 60% de los alimentos frescos están contaminados con plaguicidas. Arguedas o Ulate nunca se han pronunciado sobre la barbarie viven las comunidades rodeadas de plantaciones de piña o banano.
Desmond Tutu, un clérigo sudafricano que luchó contra el apartheid dijo una frase que puede ser importante recordar a la hora de escoger a la nueva persona que dirigirá la Defensoría de lo Habitantes: «Si eres neutral y guardas silencio en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».
El señor Ulate no sólo es un militante del partido Liberal Progresista sino además forma parte de asociada a la Red Liberal de América Latina. Tanto el partido como esa organización se dedica a profesar la religión del “libre mercado” una ideología que piensa que el Estado debe de minimizarse a su mínima expresión dónde sean el mercado, no los derechos humanos, lo que rijan a la sociedad.
Laura Arguedas pertenece a un partido que impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América. Quizá el acuerdo comercial que más golpeó la institucionalidad costarricense en materia social ya ambiental.
Un defensor o defensora de los habitantes debe de estar a la altura de las circunstancias en medio de la crisis climática, la amenaza de la sexta extinción masiva de especies y en medio de la crisis alimentaria. Deberían responder a la urgencia en la que viven decenas de comunidades que toman el agua contaminada; el deterioro de los ecosistemas de donde provienen las formas de sostén de muchas comunidades a nivel nacional; la injusticia en la que están condenados los pueblos indígenas que luchan por el derecho a la tierra, que ya por ley les pertenece. Necesitamos una defensoría que denuncie la crisis en la que están todas la Áreas Silvestres Protegidas y que señale que el actual gobierno desea privatizarlas valiéndose de la excusa de su maltrecho estado.
Pase lo que pase en la votación para la elegir la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes, los diputados y diputadas condenarán a todo el país y sus ecosistemas a cuatro años más de una institución a espaldas de la vida.
