La educación superior pública: valioso legado y un derecho de nuestro pueblo
El colectivo Mujeres por Costa Rica se manifiesta en contra del proyecto 23.380 “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” (FEES)
El proyecto del Gobierno de Costa Rica de una “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” y las afirmaciones, que a menudo se escuchan por parte de sus funcionarios, sobre estas instituciones, constituyen una de las mayores agresiones de un Gobierno de la República y, evidencian un desconocimiento, impropio del Poder Ejecutivo, sobre su función fundamental.
El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor aún, equivocada de lo que son las universidades públicas; se desconocen profundamente sus características y la esencia de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, es claro que se omite que durante las décadas de 1980 y 1990, ese financiamiento se vio severamente disminuido. En esos años el FEES pasó del 1,15% del PIB al 0,79%, con las consecuencias negativas que muchas personas conocen. La educación no debe entenderse como un gasto, es una inversión: se invierte para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad costarricense.
Las universidades públicas no son simples casas de enseñanza, formadoras de profesionales, como se deduce del proyecto; son instituciones que generan la mayor parte de la investigación en ciencia, tecnología y las diversas ramas del conocimiento e invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines; en los campus universitarios se encuentra el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Ese aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios que generan las universidades mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La mayor parte de los proyectos se dirigen a sectores sociales productivos específicos, favoreciendo el desarrollo social. Además, es conocido que existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.
No es cierto, como equivocadamente se presenta en el proyecto 23.380, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente, a financiar generosas anualidades y privilegios. En general los salarios universitarios están acordes o por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a disposiciones o resoluciones de tribunales nacionales, como es el caso, de los profesionales del sector salud, en la UCR, en donde un fallo de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), obligó, al acatamiento de la Ley de Incentivo Médicos.
En cuanto a su estudiantado, los presupuestos universitarios han permitido ofrecer una educación de calidad a jóvenes provenientes de 81 cantones del país, un 79% de su totalidad son jóvenes que salieron de colegios públicos o subvencionados y un 21% de colegios privados. De esta forma, nadie que tenga las condiciones académicas ha dejado de estudiar por falta de recursos, debido al robusto sistema de becas que existe; se ha aprovechado el talento rural y urbano, lo que ha permitido que jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza tengan la posibilidad de estudiar.
Cuando, además, se señala que las universidades no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la necesaria pregunta: ¿qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales, principalmente, para la empresa privada y su interés mercantil?. La visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demanda la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto, tan necesario en tiempos presentes, de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, del arte y las humanidades?. Esas son, precisamente, las humanidades, las que desarrollan en sus graduados, las destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, la convivencia que tanto han influido en la idiosincrasia nacional, en fin, con una calidad superior para el servicio social.
No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades viven exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario, siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc.), de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente.
No es admisible, tampoco, una propuesta que irrespeta los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, en el proyecto 23.380, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), que quinquenalmente ha elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, con intereses politiqueros, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES.
Un planteamiento gubernamental, que viola la autonomía de las universidades es inadmisible. La Constitución de 1949, fue muy clara y es contundente en ese principio, al darle a la universidad, “independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio”. El Estado tiene un compromiso y una obligación con el desarrollo nacional y esto incluye, el respeto de la autonomía universitaria y el adecuado financiamiento de las universidades, como lo señala la Constitución Política.
Por todo lo anterior, la defensa frente a un proyecto que atenta contra los derechos de las universidades se impone, de manera necesaria y urgente; así como ante cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.
Hay que tomar decisiones sobre el rumbo del país, que estas decisiones conllevan, requerimos, pensar principalmente en caminar hacia la sociedad del conocimiento y la información y, en el papel vital de la educación superior pública para un desarrollo compatible con las riquezas naturales que tiene nuestro país. La discusión que se enfrenta en el presente no es solamente técnica o financiera, es política y debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible, equilibrado, equitativo e inclusivo; justo y acorde con los derechos de solidaridad.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica insta a la comunidad nacional a luchar, hoy más que nunca, por defender la perspectiva de que la educación superior sea de calidad, que sea una opción viable y acorde al desarrollo integral de las comunidades, las familias y las personas, y que mantenga su concepción de bien social y no se instrumentalice al servicio de intereses particulares, sino que signifique una oportunidad de movilidad social y una estrategia para lograr equidad y evitar las desigualdades, siendo generadora de identidad cultural.
Por el colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Nora Garita Bonilla
Bach. Erika Henchoz Castro
Dra. Virginia Ramírez Cascante
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Licda. Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Licda.Vera Victoria Sancho Mora
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Martha Lorena Moreno Herrera
Licda. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Eiliana Montero Rojas
San José, jueves 16 de marzo del 2023
