En la página de Facebook de “Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS” compartieron que la familia de Jerhy Rivera Rivera, junto con el Pueblo de Brörán de Térraba han estado realizando actividades desde su cultura en celebración de la vida de Jerhy. Con Sbo y Tjer, y con agradecimientos hacia el universo y a la Madre Tierra, es la forma en la que se reafirma la historia, la identidad, cultura y lucha del Pueblo Brörán.
El pueblo además exige justicia al Estado costarricense por el crimen de odio y racismo del cual fue víctima Jerhy. En este sentido, desde hace días atrás se encendió el fuego de vida, el cual según comentan, es el que ilumina los caminos de libertad y justicia, y el que nunca se apagará hasta el que el Sol muera.
Las y los recuperadores del Territorio Brörán de Térraba, junto con la Coordinadora de Lucha Sur Sur, se unen al llamado de ¡Justicia para Jerhy, su familia y el Pueblo Brörán de Térraba!.
Apoyar la educación de mujeres en distintas áreas ha sido una de las labores de este TCU, para la cual se vincula con organizaciones como la Fundación Mujer. Fotografía con carácter ilustrativo. Foto por: Vanessa Huertas.
24 de enero: Día Internacional de la Educación
Proyecto de TCU impactará a unas 700 personas de zonas vulnerables
“La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva”, según indica lo dicta la UNESCO en su página oficial y hacia ese objetivo, la Universidad de Costa Rica (UCR) con su proyecto de Acción Social “Gestión educativa para la participación social” (TC-449) vincula el quehacer académico con el fortalecimiento de las capacidades de gestión, organización, promoción y ejecución de actividades socioeducativas en comunidades vulnerables de Desamparados, Goicoechea, Tibás, Alajuelita, Cartago y Santo Domingo de Heredia.
Este Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Escuela de Administración Educativa ve en la educación la principal herramienta para que la sociedad mejore su calidad de vida. El objetivo para este año es impactar a unas 700 personas de organizaciones comunales.
“De forma tal, que desde la Acción Social se vea fortalecida tanto la persona profesional formada por la UCR, como también las agrupaciones y comunidades en las que se desarrolla el proyecto. Permitiéndoles adquirir nuevos saberes, habilidades, conocimientos, herramientas para la vida” puntualizó Elena Araya Torres, una de las coordinadoras de este Trabajo Comunal Universitario (TCU).
Esta sinergia de saberes se logra entre las personas de la comunidad, docentes y estudiantes. Tanto Araya como Tattiana Castillo Carmona, ambas coordinadoras de este TCU, resaltan la relevancia de vincular los conocimientos y vivencias de más de 30 estudiantes de diferentes carreras universitarias. Una de ellas es Valeria Peña Sequeira, quien cursa la carrera de Inglés.
“Mi aporte en el TCU fue dando clases de Inglés en una Fundación, y esto fue un gran desafío que varios de mis compañeros y yo tomamos al participar, ya que realmente no habíamos estudiado [pedagogía] para enseñar el Inglés. Sin embargo, era la necesidad más grande que existía en la población de la fundación y teníamos el conocimiento” explicó Peña.
En este año 2023 se conmemora por quinta vez consecutiva el Día Internacional de la Educación, que fue establecido por la UNESCO los 24 de enero, en esta ocasión bajo el lema “invertir en las personas, priorizar la educación” y es dedicado a todas las niñas y mujeres de Afganistán que se ven privadas de su derecho a aprender, estudiar y enseñar, detalla la organización en su página oficial.
Una de las organizaciones que tiene vinculación con este proyecto de Acción Social es la Fundación Mujer, que promueve la inclusión, integración y la generación de empleo en poblaciones con condiciones de pobreza, dándole énfasis a la mujer.
Así como Peña, otros estudiantes de la UCR imparten clases de inglés y realizan diversas actividades de acuerdo a las necesidades de la organización, siempre estableciendo la educación como el medio principal.
“La Fundación se ve beneficiada mediante la rigurosidad académica y laboral con la que realiza sus funciones el TCU. La posibilidad de acceder al conocimiento actualizado mediante los estudiantes, realización de nuevos cursos gracias a los estudiantes de TCU. Igualmente consideramos que los estudiantes se ven beneficiados mediante el contacto a una realidad social poco conocida por buena parte de la sociedad, contacto con públicos diversos, afrontar el reto de laborar en una organización con visión y misión social y humanitaria”, comentó Zobeida Moya Lacayo, directora de Fundación Mujer.
El futuro de este proyecto comunal universitario está enfocado en el desarrollo de las comunidades. “Nuestra meta es potenciar de manera conjunta el desarrollo comunal, social y pedagógico de las comunidades adscritas al proyecto” afirmó Araya.
“Para mi, lo más importante es que con el TCU se sirve a la comunidad, se satisfacen necesidades y se aprende al mismo tiempo, haciendo que los estudiantes se conviertan en mejores profesionales” aportó Peña.
Lillianne Sánchez Angulo Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Valeria Conejo, estudiante de ingeniería mecánica y actriz, se refiere para la plataforma Prisma Latinoamérica, acerca de las brechas que existen entre hombres y mujeres en ciencia y tecnología, comentando que las mujeres que quisieran estudiar alguna carrera STEM (acrónimo en en inglés para referirse a las Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas), no deben tener miedo de abrirse camino en un mundo que pareciera ser de hombres.
Anima a las mujeres a que todo lo que quieren hacer lo pueden lograr y señala que existe una red de apoyo de la cual pueden rodearse.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, se unieron al llamado por la paz y la justicia para Jerhy Rivera Rivera, para su familia, para el pueblo Brörán de Térraba y para los pueblos originarios.
Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado, investigadores del Centro de Investigación en Comunicación
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
Es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia
El proyecto Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022), que se realizó desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se interrogó si la exclusión social, un rasgo predominante de las sociedades centroamericanas, estaba o no presente en las narrativas y resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas en 2021 y 2022.
En términos metodológicos, se analizó la presencia de temas asociados a la exclusión social en los perfiles públicos de personas candidatas, partidos políticos y medios de comunicación en redes sociales. Ello fue posible por medio de una herramienta creada por la compañía Meta (antiguamente Facebook) denominada CrowdTangle, la cual está a disposición de académicos y grupos de investigación mediante una solicitud de inscripción.
En el caso de Costa Rica, el hallazgo principal es que el mundo de la vida, caracterizado por la exclusión, no encuentra un correlato en las publicaciones de las personas candidatas monitoreadas. Las publicaciones asociadas a exclusión oscilaron entre un 6,38 % (el menor) y 29,35 % (el mayor) del total de posts publicados.
La contienda electoral 2022 se caracterizó por ser una campaña centrada en las personas candidatas. En la primera ronda, por ejemplo, 12 de las 25 personas candidatas (49 %) publicaron más en sus cuentas oficiales que en la de sus propios partidos. Frente a este panorama, ni los medios de comunicación, cuyas publicaciones referentes a la exclusión no alcanzaron el 3 % en Costa Rica, ni la ciudadanía logran introducir contrapesos a esta perdurable cultura política caudillista.
El proyecto también se interesó por analizar las propuestas programáticas de los partidos políticos que lograban mayor apoyo según las encuestas en meses previos a la primera ronda electoral 2022. Ello fue posible gracias a una afortunada modificación del artículo 148 del Código Electoral, según la cual el programa de gobierno es un requisito para los partidos que se presentan a las elecciones presidenciales.
Los programas muestran tres rasgos principales. El primero es su heterogeneidad, es decir, varían considerablemente entre sí, tanto en términos de estructura, como de extensión. En segundo lugar, se trata de programas más de tipo diagnóstico, los cuales carecen de metas a las que se les podría dar seguimiento en términos de cumplimiento. En tercer lugar, la exclusión es un tema marginal en los programas, pues apenas entre un 4.61 % y el 13,76 % del contenido de los programas analizados correspondía a alguna alusión a la exclusión. De nuevo, lo que es crucial y doloroso en el mundo de la vida es marginal en la oferta partidaria.
Ahora bien, cuando se cotejan los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la conclusión es que quienes enfrentan mayores desventajas votan menos y, cuando lo hacen, tienden a preferir a opciones partidarias semejantes. En un análisis de correlación entre IDH y abstencionismo por provincia, se obtuvo un coeficiente negativo de -0.85 en la primera ronda, es decir, a menor IDH mayor fue el número de votantes que se abstuvieron de ir a las urnas. La exclusión no fue una prioridad de las campañas, pero sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por cuál partido hacerlo.
Surge entonces la pregunta de ¿por qué aquello que es central en la vida es marginal en las narrativas electorales? Una, entre otras respuestas, es que la política electoral ha experimentado una erosión de su legitimidad en diversas regiones y no se diga en Centroamérica. Más que dar respuesta a demandas ciudadanas, mucho de la política electoral consiste en legitimar la oferta electoral en sí misma.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la promesa de campaña del ahora presidente Chaves, “yo me compro la bronca”, condensa una variante del populismo autoritario, según el cual gobernar es una tarea en primera persona, de claro acento machista, nombrada como una “bronca”. La “mano dura” se arropa con un lenguaje populista que pretende presentarse como alguien del “pueblo”.
Emerge, pues, una suerte de gamonal urbano, capaz de liderar un proyecto político neoconservador con poca resonancia práctica en el mundo de la vida, pero sí estridente en las declaraciones públicas y en las redes sociales.
También aparecen variantes del neoconservadurismo religioso, que entre 2018 y 2022 fueron dejando atrás la fachada cristiana para ir asumiéndose en lo que hoy llaman la “nueva derecha”.
Una vez que la campaña electoral toma el curso caudillista, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía logran posicionar agendas y temas que trascienden las descalificaciones mutuas y la política del escándalo. La ciudadanía no construye oportunidades para posicionar temas o retos que pudieran ampliar la discusión.
En este siglo XXI, Costa Rica, y más en general Centroamérica, vive un nuevo ciclo político que puede ser descrito como una implosión social en que no hay conflictos armados, pero en que la democracia electoral no da respuesta a las demandas y expectativas de sectores mayoritarios.
El hecho que la democracia electoral no ofrezca opciones frente a la exclusión tiene enormes repercusiones, pues ¿de qué otro modo se pueden alcanzar acuerdos sociales? No se trata de idealizarla y menos ignorar las asimetrías de poder que la caracterizan, pero sin duda en la medida en que la exclusión se profundice, la democracia, en su expresión electoral y sustantiva, pierde legitimidad.
Frente a este panorama, los populismos autoritarios pretenden ofrecer respuestas a la exclusión, las cuales, aparte de la estridencia retórica, están lejos de responder a las demandas y expectativas ciudadanas.
Hoy en Costa Rica, y no se diga en Centroamérica, es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia. Es la esperanza que el libro ¿Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamérica?, el cual recoge los hallazgos presentados de manera sucinta en este artículo, contribuya a fortalecer voces propias.
Carlos Sandoval García Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Brayan Rodríguez Delgado Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
El pasado 23 de enero de 2023 Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos presentó una nueva oposición, denuncia, solicitud de investigación y actuación a distintos hechos, dicha denuncia la realizó ante Edwar Araya Rodríguez, Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con motivo de oposición y denuncia para incorporar al Expediente ET-111-2022, solicitud de investigación, interposición de denuncias penales e inicio de procedimientos administrativos tendientes a caducidad de concesiones.
Esta denuncia se realizó ante hechos como: información de una aparente relación entre Araya Rodríguez y otros funcionarios con Miguel Zamora Azofeifa, presidente de una cámara autobusera, CAPROBUS, ligado además al mismo grupo empresarial: TRACOPA Ltda., Buses INA Uruca S.A., Transportes DELIO Morales S.A., Transportes Unidos La Costanera S.A., Transportes Quepos Puntarenas S.A., Transportes Orotina-Puntarenas y Transportes HRC-Orotina-San José, en el que según se señala en la denuncia, ni el ARESEP ni el Consejo Transporte Público (CTP) no han denunciado la contratación de la rutas y concesiones anteriormente mencionadas, violentando así el artículo 11 de la Ley No. 3503. Adicional a esto, una supuesta relación y forma irregular de operación por parte de ciertos empresarios de autobuses, dirigentes y asesores, quienes tendrían en funcionamiento un “esquema” con funcionarios de esa Intendencia; por ejemplo, los empresarios presentan la solicitud para aumentos tarifarios con datos e información falsa, en caso de que algún funcionario se percate de la anomalía, el empresario es notificado para que se retire la solicitud tarifaria. Se presentan hechos anómalos entre el grupo empresarial TRACOPA Ltda. en especial su representante, y el financiamiento electoral a campañas políticas. Y finalmente, hechos como observaciones técnicas e incongruencias ante la solicitud de un aumento tarifario por parte de la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A.
Por tanto en la denuncia se solicita al ARESEP que tome en consideración los hechos presentados para que se realicen las correcciones en el trámite tarifario, revisar la intención de manipulación en la variable en la definición de costo de una tarifa por parte de algunas empresas, realizar una revisión y estudio de demanda en especial a la ruta de un solo Ramal, junto con la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A., y que de comprobarse las distintas anomalías presentadas, se cancelen las concesiones según corresponda.
El próximo jueves 02 de febrero a las 9:00 a.m. se realizará una audiencia en el local de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, relativo al tema de los territorios indígenas y el canal interoceánico, esto por una denuncia interpuesta por organizaciones nicaragüenses contra el gobierno de Nicaragua.
Entre las motivaciones para oponerse a este proyecto se encuentra que atenta contra la soberanía nacional, que contaminaría el lago Cocibolca, que es una reserva nacional de agua potable, y más.
¡Viva Nicaragua libre! ¡No a la expropiación de tierras a pueblos indígenas y campesinos!
Desde la visión de contar con una Defensoría de los, las y les Habitantes inclusiva, se emite el siguiente comunicado desde distintas organizaciones:
“Desde inicios del 2021, diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivos y líderes independientes; hemos venido experimentando el desinterés, la exclusividad y arbitrariedad de una Defensoría de los y las Habitantes que ha perdido su VISION real para los y las Ciudadanas de este país.
Es inaceptable que en pleno siglo XX1, la instancia que debe ser garante de los derechos humanos de las y los habitantes, sin distinción de credo, raza, edad, género, se haya olvidado que en Costa Rica existen poblaciones claves y vulnerables inmersas en un contexto social discriminatorio, en donde día a día se vulnerabilizan los derechos de las mismas y a la cual la Defensoría de los y las Habitantes debería de acompañar, de escuchar y desarrollar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes.
Las acciones, estrategias y diálogos realizadas conjuntamente, fortalecen nuestro Estado Social de Derecho, las mismas alianzas interinstitucionales e intersectoriales sin estigmas, sin discriminación, con un trato igualitario, permitirían garantizar ese Estado de Derecho que nos jactamos en proyectar a nivel internacional, pero, que en nuestro territorio nos olvidamos de esas Poblaciones que mal llamamos claves o vulnerables.
Todas las estrategias que se han venido desarrollando desde la Sociedad Civil Organizada de Personas con VIH, Lideres Independientes, Población LGBTIQA+, ha permitido contribuir en la DIGNIDAD y CALIDAD DE VIDA de las Personas como tal de una manera efectiva e integral.
El estigma, la vulneración y discriminación de derechos humanos de las personas con VIH hombres, mujeres, niñas, niños, migrantes, indígenas y otras poblaciones claves, solo se pueden controlar y mitigar a través de la acción conjunta y responsable de todos los actores involucrados y entre ellos El –LA Defensor (a) de los y las Habitantes.
La sostenibilidad de la acciones y estrategias desarrolladas durante todos estos años, solo se podrán arraigar mediante una respuesta combinada que garantice un enfoque integral y holístico, fundamentado en los Derechos Humanos, la equidad y la diversidad en la que la población de personas VIH está conformada y en la cual la DEFENSORÍA DE LOS Y LAS HABITANTES DEBERÁ GARANTIZAR.
Por ello los colectivos, organizaciones y activistas independientes firmantes apoyan la candidatura de Laura debido a su experiencia en temas relacionados a los DDHH”.
Colectivos y activistas independientes: Richard Stern – Activista Independiente Shi Alarcón – Casa Rara Marco Castillo – Activista Independiente Ana Maria Solano Avalos – Activista Independiente Cristhian Caamaño Chacón – Activista Independiente Danny Carmona – Activista Independiente Monica Matarrita Cespedes – Activista Independiente Laura Fernández Fernández Activista Independiente Mario Vásquez Torres – Activista Independiente Jorge Porras Pérez – Activista Independiente Rodolfo Leitón Hernández – Activista Independiente Hilda Martínez Barquero – Activista Independiente Fidelina Peralta Ríos – Activista Independiente Maria Sánchez Espinoza – Activista Independiente Luis González Delgado – Activista Independiente Kattia López Araya – Activista Independiente Yadira Martínez López – Activista Independiente
Ante un correo que alerta a los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas y de movimientos ambientales sobre la votación en primer debate del expediente 21.550 “Aprobación del Protocolo de NAGOYA”, en el que durante esta semana y semanas anteriores el Partido del Frente Amplio (FA) han venido advirtiendo que el texto no ha sido consultado a los pueblos indígenas del país, hecho que violenta el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya que el proyecto afectaría directamente la vida cotidiana de esta población, debido a que dicho proyecto permite patentes y repartición de ganancias por el uso del conocimiento tradicional y de la riqueza biológica.
Se destacó que el pasado jueves en el Plenario, las advertencias del FA fueron ignoradas y catalogadas por una diputación del Partido Liberación Nacional (PLN) como “un capricho ideológico”.
A esto la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S. dirigió un correo a las y los diputados en el que lamenta la situación en la que las diputaciones no conocen los distintos convenios internacionales, como el del caso de la OIT de los Pueblos Originarios y comenta que la Sala Constitucional no va a aprobar esta votación, precisamente porque violenta un Convenio Internacional.
El pasado viernes 20 de enero de 2023 se transmitió en el Programa Alternativas con el tema: «Perú: crisis, represión y muerte. ¿hay alternativas?». Se contó con la participación de Lucia Alvites, socióloga, MSc Estudios de Género, docente universitaria, militante de Nuevo Perú; Gustavo Espinoza, periodista, escritor y ex parlamentario; Nidia Fonseca y José Amestycomo invitado.
La situación en Perú se presenta como un punto de arranque para otras situaciones de lucha ciudadana en latinoamérica. El inicio del conflicto en el país suramericano se sitúa desde que el expresidente Pedro Castillo asumió y los sectores de ultraderecha del parlamento estuvieron en contra, las manifestaciones como tal se sitúan el pasado 7 de diciembre cuando se logra la destitución del expresidente y se da ese quiebre de la voluntad popular.
Se explica que los objetivos de las manifestaciones incluyen: la salida de la actual presidenta Boluarte del Palacio de Gobierno, el cierre del Congreso y el cambio del actual presidente del Congreso y por último, nuevas elecciones en las que se plantee un cambio de Constitución, esto pues encuestas arrojaron que cerca del 70% de la población quiere la elección de una Asamblea Constituyente.
La actual lucha que se mantiene desde el diciembre pasado, tiene el potencial de ser interminable en el contexto de la diversidad de zonas que tiene un país tan extenso como Perú y que la tranquilidad en una zona o en algunos sectores de la población, no garantiza la lucha de otros sectores, al ser la capacidad de lucha del pueblo peruano muy extendida.
Puede observar el programa entero con las distintas intervenciones en el siguiente enlace: https://fb.watch/iaWulSJ-dk/
