Articulación de Movimientos Sociales rinde homenaje a periodistas nicargüenses en su día
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense protestan por falta de recursos del MEP
Tomaron las calles de Heredia con carteles con “justicia y presupuesto para el Huma” ante los retrasos burocráticos del MEP que tiene al colegio sin presupuesto desde año pasado.
En un comunicado la directora Yanixa Miranda Benavides explicó que “ya se cumple la fecha límite para el depósito de parte de Ministerio de Hacienda, para cumplir con las obligaciones estudiantiles, salariales y gestión operativa del Colegio. Lamentablemente a esta hora no hemos recibido dicha transferencia. De parte del viceministro Leonardo Sánchez Hernández, quien brinda un comunicado a la Junta Administrativa, mencionado que el día de hoy fue firmado el decreto ejecutivo, y que está listo para publicación en la Gaceta. Lo que permite deducir que hoy tampoco estaremos recibiendo el pago de lo adeudado”.
“Es por eso que, desde la dirección, estoy convocando a la población estudiantil, personal docente, administrativo, y personas que deseen apoyarnos; nos estaremos manifestado en las afueras de la Institución evidenciando nuestra inconformidad con esta situación, debido a que se están vulnerando los derechos fundamentales de nuestra comunidad”.
“En caso de no ocurrir la transferencia el día de hoy 1 marzo, el día jueves 2, la manifestación de la protesta se trasladará a las afueras del Ministerio de Hacienda en Heredia”.
Cuba protesta enérgicamente el otorgamiento de asilo en Estados Unidos a secuestrador de nave aérea
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El 27 de febrero de 2023, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, convocó a la Cancillería al Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Benjamin Ziff, para trasladar formalmente la enérgica protesta de Cuba por el otorgamiento de asilo político al ciudadano cubano Rubén Martínez Machado, autor del secuestro de una aeronave civil cubana el pasado 21 de octubre de 2022.
El Ministerio de Relaciones Exteriores había solicitado en cuatro Notas verbales anteriores la devolución del autor de este acto de piratería aérea y de la aeronave, propiedad de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA). En esas Notas, como en esta ocasión, se reitera que los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos; que este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), y que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso.
Otorgar asilo político a quien cometió el secuestro de una aeronave con fines de emigrar constituye, además, una violación de lo consignado en la Declaración Conjunta en materia migratoria suscrita por ambos países el 12 de enero de 2017, que establece la obligación de las partes a “desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir, y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios, que ponen en peligro su seguridad nacional, incluyendo el secuestro de aeronaves y embarcaciones”.
El Viceministro recordó que la historia de la piratería aérea alentada y tolerada por los Estados Unidos con fines de desestabilización y hostilidad política contra Cuba tiene una trayectoria conocida y de consecuencias muy negativas y sensibles, que debería servir de enseñanza para que el gobierno estadounidense asuma una conducta responsable ante hechos de tanta gravedad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deplora esta decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países.
La Habana, 27 de febrero de 2023
Fuente: Cubaminrex.
UCR, Voz experta: Aportes del estudio de la cognición social para la comprensión de los problemas de la desinformación en Costa Rica
Por: Rolando Pérez Sánchez (Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas)
La desinformación es un fenómeno que está afectando el devenir de las democracias a nivel global. A nivel nacional, la situación es cada vez más preocupante, y sobre la cual se requiere ofrecer respuestas y soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria y multiperspectivista. En este sentido, es de mi interés presentar algunos aportes de la investigación socio-cognitiva al estudio de la desinformación y al desarrollo de herramientas que ayuden a combatirlo.
El proceso de formación de la opinión pública en el contexto de Internet y las redes sociales se ha modificado rápidamente, adquiriendo nuevas características y tendencias. En su versión más tradicional, se trataba de una estructura centrada en la comunicación asociada a los medios masivos tradicionales, el flujo de comunicaciones verticales y jerarquizados marcadas por disputas entre élites, grupos de poder y determinado por la agenda e intereses a los cuales se adscribían los medios de comunicación. En contraste nos encontramos ahora ante una pluralización de canales, plataformas digitales, formas de comunicación y perspectivas que coexisten y convergen con los medios tradicionales, definidas sin embargo por criterios algorítmicos que delimitan las interacciones y el acceso a la información, así como por la formación de cámaras de eco, que homogenizan y estandarizan la discusión y la información circulante.
En este contexto, la desinformación como elemento conformador de la opinión pública adquiere igualmente nuevas características, a sabiendas de que el fenómeno no es novedoso, como sí lo es la forma en que esa opinión se expresa en la actualidad y sus repercusiones a futuro.
Desde el inicio del actual gobierno, somos testigos de una serie de tendencias preocupantes que pueden tener consecuencias duraderas en el devenir de nuestra democracia. Enumeremos algunas de ellas que actúan de forma conjunta:
- Una comunicación del gobierno que recurre más bien a estrategias propias de la propaganda
- Un estilo de liderazgo autoritario, que centra la comunicación y la toma de decisiones solo en el presidente.
- Un estilo de retórica para la comunicación política centrado en la descalificación y el no reconocimiento de las personas o grupos que divergen o lo adversan.
- El uso de la desinformación como herramienta de presentación de propuestas, resultados y afrontamiento de críticas.
En este marco hemos sido testigos, por ejemplo, de afirmaciones del Presidente de la República que, de forma infundada, indicaban que las universidades públicas no rendían cuentas y carecían de controles en la administración de los fondos asignados, todo ello para justificar un proyecto de ley que pretende la intervención del ejecutivo en la toma de decisiones y en el uso de fondos de las universidades públicas. Precisamente el uso de desinformación como herramienta política y de ejercicio del poder es una forma claramente documentada en la literatura científico social como medio de legitimación, control y de injerencia en la opinión pública. Es allí donde la investigación socio-cognitiva está realizando aportes relevantes para su estudio y comprensión.
La cognición social de la desinformación se refiere a la forma cómo las personas atienden, procesan, comprenden, evalúan y aceptan o rechazan la información que reciben cotidianamente ya sea que sea verdadera, falsa o en general de carácter desinformativa. Desde el punto vista de la ciudadanía nos preocupa el manejo que se hace de los contenidos desinformativos, atendiendo tanto a las posibilidades de crítica y evaluación como de la aceptación y difusión irreflexiva de estos contenidos. La investigación socio-cognitiva ha identificado una serie de mecanismos que tienden a favorecer la aceptación de los contenidos desinformativos, pero también ha logrado empezar a distinguir herramientas que logran identificar dichos contenidos.
Algunos de los mecanismos que se han logrado identificar y que presentan la característica de actuar de forma automática, no reflexiva o consciente incluyen:
- La tendencia a buscar información que confirme o apoye las opiniones y creencias previas, descuidando o no atendiendo a si el contenido es verdadero o falso.
- La tendencia opuesta que rechaza información que contradice las opiniones propias y creencias previas. Esto puede hacer que las personas sean más propensas a aceptar y compartir mensajes falsos que apoyen sus opiniones previas, ya que la información falsa puede proporcionar una justificación para rechazar información contraria.
- Ante informaciones u opiniones que puedan contradecir las propias creencias o convicciones, las personas tienden a buscar informaciones que ayuden a contra-argumentar y mantener las convicciones propias, aunque esto signifique recurrir a contenidos falsos.
- En los últimos años se ha visto incluso que la sola exposición repetida y prolongada a informaciones desinformativas hace que las personas terminen por considerar sus contenidos como verdaderos.
- De igual relevancia es la confianza depositada en ciertas fuentes de información, de modo que todo lo que estas difundan van a tender a considerarse válido
- Asociado a esto último, se ha encontrado que las personas tienden a confiar en la información difundida por su grupo de referencia o personas más cercanas.
Estos dos últimos resultan además problemáticos cuando el tipo de intercambios que se generan en las redes sociales se suceden en el contexto de cámaras de eco, aumentadas por los criterios algorítmicos de las mismas redes, que tienden tanto a descartar las opiniones y flujos de información contrapuestos o disímiles y a favorecer la homogenización de criterios, puntos de vista, fuentes y perspectivas.
Junto con estos mecanismos se ha encontrado que el sistema de valores e ideologías de las personas hace que tiendan a aceptar informaciones que sean consonantes con esas ideologías o valores. Esto aún más en contextos de polarización, actualmente característicos de los entornos digitales y presenciales en el país.
Ante estos mecanismos, y conociendo que en su mayoría actúan de forma automática o no consciente, se han buscado algunas alternativas para contrarrestarlos, las cuales buscan promover
- mecanismos cognitivos que favorezcan la reflexión y la activación de estrategias de procesamiento consciente de la información,
- mediante la generación de estrategias que permitan la evaluación del contenido, de modo que las personas logren atender a recursos básicos para verificar la la falsedad o la veracidad del contenido,
- así como estrategias que posibiliten la valoración de las propias capacidades para dicha evaluación, de modo que las personas analicen si las herramientas con las que cuentan son suficientes,
- junto a ello se persigue promover la flexibilidad cognitiva que contribuya a considerar información alejada de las propias creencias, como insumo válidos para la toma de posición o las decisiones respecto a determinado tema.
En el Instituto de Investigaciones Psicológicas estamos trabajando precisamente en la identificación de estos mecanismos cognitivos de la desinformación en el país para la elaboración de herramientas concretas que reduzcan su aceptación y la tendencia a compartir estos contenidos desinformativos.
Rolando Pérez Sánchez
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas, UCR
Pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS
Rodrigo Arias López compartió unos cuadros con la pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto según señala, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no le repone a los pensionados la inflación de los precios, y en el momento en que acuerda algún reajuste, este es cancelado de forma tardía y devaluado.
En ambos cuadros se incluye «periodo de vigencia» que es el período de años en que se pensionaron las personas respectivas, la «pensión promedio actual» es el promedio de los montos de pensiones vigentes en setiembre de 2022, «pensión promedio inicial actualizada» es el promedio de las pensiones iniciales actualizadas con el Índice de Precios al Consumidor al 31/1/2023, el «monto promedio mensual de pérdida» es la diferencia entre la «Pensión promedio inicial actualizada» y la «Pensión promedio actual», la «Pérdida porcentual de valor de la pensión» es la relación de el «Monto promedio mensual de pérdida» y la «Pensión promedio actual», el «Monto anual dejado de pagar por la CCSS» es el la «Cantidad de pensiones» multiplicada por 13 veces el «Monto promedio mensual de pérdida», para incluir el aguinaldo. Y a esto se debería agregar el costo del 14% que el Seguro de Salud dejará de recibir.
El Cuadro 1 que comparte contiene a todos los pensionados de la planilla de setiembre de 2022, exceptuando un grupo de tres mil personas que se pensionaron antes de 1985, en este cuadro aparecen las pensiones que han tenido alguna ganancia como las que han tenido alguna pérdida. En este se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡163.624.500.172.
El Cuadro 2 incluye únicamente las pensiones que han tenido pérdida. En este cuadro 2 se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡179.316.405.592. Además, un total de 287.853 de pensiones han sufrido pérdida de valor, de ellas 274.754 pensiones fueron otorgadas de 1995 en adelante. Por ejemplo, cada una de las 40.866 personas del Cuadro 2 que se pensionaron por vejez en el período 2010-2014 está perdiendo en la actualidad en promedio ₡39.382,78 por mes (9,9%) o ₡511.976,09 por año.
De igual forma, compartió un tercer cuadro titulado “Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a setiembre de 2022” en el que expone sobre la suficiencia de las pensiones de IVM. El cuadro incluye el “rango de la pensión”, la “cantidad de pensionados” para un total de 330.397, la “distribución relativa” y la “distribución acumulada” por el rango de pensión.
Si desea observar las publicaciones de Facebook completas lo puede hacer a los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/1136685301/posts/pfbid028E39bu7XDG9wPUxfwdtbycbHsw3cRiq3XMjHVsYT5KurWcFSA3ZRrEn9uHrwCFKHl/?mibextid=Nif5oz y https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XiS5pTmkhMiGiCvAb3LfMGbnP4t11qvnxM7Gog3wbSnMBRQ8EaTYX7GbxsYqcQhGl&id=1136685301&mibextid=Nif5oz
Gobernanza del agua en Costa Rica: para qué y para quién – síntesis, video y presentaciones
El pasado miércoles 22 de febrero de 2023 se realizó un foro titulado: “Gobernanza del agua en Costa Rica: para qué y para quién», transmitido a través de la plataforma de Facebook Live de SURCOS Digital. El foro fue organizado por la Alianza por una Vida Digna (Costa Rica) y por el Grupo de Trabajo Pensamiento Crítico Latinoamericano de CLACSO, colectivos que buscan reflexionar sobre temas muy diversos de la realidad nacional costarricense y latinoamericana. En esta oportunidad el tema central era sobre la gestión y gobernanza del agua, del cual el doctor José María Gutiérrez invita a reflexionar crítica y constantemente. El espacio fue moderado por el doctor José María Gutiérrez y expusieron Raquel Bolaños, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica; Dany Villalobos de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y de la Alianza de Comunidades por el Agua en Puntarenas y Alberto Gutiérrez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro del Grupo de Trabajo del Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano CLACSO.
Alberto Gutiérrez expuso sobre “las tres claves de análisis para una crítica a la “gobernanza” del agua en Costa Rica”, en el que conversó sobre la carga ideológica al término de gobernanza: una buena gobernanza, neoliberalización de la gobernanza ambiental/hídrica, y el Estado es “ineficiente” en la gestión del agua. Su segundo tema fue la gobernanza del agua y la tecnificación de la política; en la que incluyó la gobernanza en términos técnicos y normativos, la despolitización del tema del agua y sobre un “discurso sin adversarios”, y su último tema fue centrado en el cuestionamiento sobre ¿una forma de legitimar el despojo y la injusticia hídrica? en el que incluyó la correlación entre el discurso de gobernanza hídrica y el modelo de extractivismo de acumulación por despojo, la injusticia hídrica, la hidrocracia público-privada y la intervención tecnocrática. Culmina su exposición con la reflexión del agua en el contexto costarricense; la gobernanza del agua con diferentes escalas y actores, discurso dominante en las instituciones públicas del país y los conflictos socioambientales por el agua.
Raquel Bolaños expuso respecto al agua como recurso, el río como un territorio en disputa, lucha entre comunidades desigual, interpolación del espacio; compartió las diversas situaciones que se dan a partir de las luchas por el agua, como expropiaciones, desplazamientos, asesinatos en contra de los miembros de las comunidades y en contra de los defensores del agua y con esto la formación de alianzas, reuniones, confrontaciones, entre otros, por la defensa de los territorios y del agua.
Dany Villalobos expuso sobre “el manejo comunal del agua como ruptura al desgastado modelo de gestión del agua en Costa Rica” basada en la experiencia de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, en el que comenta el contexto local del río Veracruz, el Aranjuectio, el Acapulco y río Guacimal, y la ausencia de estudios ambientales en la zona, junto con un agravamiento de las condiciones por las sequías. Caracterizó al modelo actual, dominio público del agua, ausencia de límites ecológicos, incapacidad de ejercer control sobre las usurpaciones y concesiones, exclusión total de la participación de las comunidades en la toma de decisiones, entre otras, y propone un nuevo tipo de modelo, con mejores prácticas, con regulaciones jurídicas, límites ecológicos claros, proyectos de economía ecológica, fiscalización de las fuentes de agua, establecimiento de caudales ecológicos, entre otros.
De igual forma el doctor José María Gutiérrez en sus intervenciones preguntó sobre la interseccionalidad de temas como el del agua en las comunidades con asuntos y luchas ambientales, por el territorio, luchas campesinas, por temas de economía social solidaria, de vivienda, ambiente y del bienestar de la población. Destacó si existen o no familiaridades en la región latinoamericana respecto a la gobernanza del agua, sobre el reglamento del cálculo de los caudales. Retoma el tema de la importancia del agua y la visión del agua como un tema ideológico y político y el agua como recurso y tema en disputa. Comentó que se debe de problematizar y sobre el cual se debe de debatir. A partir de las experiencias de las luchas de las comunidades por la defensa del agua y de los territorios, estableció que existe una participación democrática a nivel comunitario que plantea alternativas con consecuencias bastante positivas y equitativas. Como reto, planteó el pasar de dinámicas reactivas a propositivas, que replanteen la forma de ver y cuidar el agua, contemplando distintos niveles, como la ideología, hegemonía, luchas sociales, entre otros.
A partir del foro surgieron al final algunos comentarios y preguntas; entre ellas la importancia de la organización social y la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones; un segundo comentario fue con respecto a la legislación nacional. Se utilizó como ejemplo el reciente proyecto de ley sobre una reforma a la ley de aguas. En tercer lugar, sobre la educación pública respecto al abordaje del tema del agua y a la lucha por el recurso; el tema de la aprobación de pozos bajo criterios técnicos, y finalmente, sobre la evaluación de la articulación e integraciones entre distintas organizaciones y luchas.
Se le invita a observar este foro en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, o bien en Facebook.
Facebook: https://fb.watch/iSmlhKVT8s/
UCR, Voz experta: A propósito de la inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión Europea
Por el Dr. Carlos Araya Leandro
El actual ministro de Hacienda y su antecesor mantienen actualmente una disputa con respecto a quién le corresponde la responsabilidad ante la decisión tomada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. Ambos tienen una cuota de responsabilidad, pero la mayor parte la tienen algunos gobiernos y diputaciones de las últimas décadas, que no han aceptado la recomendación de eliminar el carácter cedular y territorial de los principios que rigen el impuesto sobre la renta en el país.
El carácter cedular se caracteriza por no gravar la riqueza en forma global, sino que la grava por secciones relativas a tipos específicos de ingresos, lo cual permite fraccionar de forma legítima la renta. En consecuencia, el sistema no tiene como eje el principio de capacidad económica de las personas contribuyentes y, por ende, atenta contra una premisa básica de todo sistema tributario, como lo es la equidad en el pago de impuestos.
Así, por ejemplo, si se cobra una tasa baja para los ingresos por concepto de intereses sobre inversiones y una más alta para los salarios – bajo el supuesto de que las personas con rentas más altas son las que tienen una mayor proporción de ingresos generada por intereses – el pago de los impuestos, como proporción de la renta total, podría ser menor para las familias de mayor poder adquisitivo. De esta manera el sistema resulta regresivo.
Por otra parte, el carácter territorial de este impuesto grava de forma exclusiva la riqueza producida dentro del territorio nacional. Es decir, los ingresos generados por ciudadanos costarricenses en otros países (por ejemplo, por consultorías, intereses o dividendos) están exentos.
Uno de los mayores inconvenientes del principio de territorialidad es que impide a la Administración Tributaria gravar las rentas que perciben en forma recurrente ciudadanos y residentes, en particular profesionales liberales y cuerpos directivos de entidades privadas, a quienes eventualmente se les retribuye una parte de su trabajo en Costa Rica y otra en el extranjero. Como alternativa, existe el principio de universalidad, en el que se gravan los ingresos de los ciudadanos residentes independientemente de si fueron generados o no en el país. Este se aplica en la mayoría de países desarrollados.
La decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia tributaria -con un evidente desprestigio para el país- se debe a la ausencia, en el sistema tributario costarricense, de una norma que grave las ganancias obtenidas en el exterior, producto de rentas pasivas, por ejemplo, intereses o dividendos.
Ahora bien, este tema no es nuevo, sino que forma parte de una discusión que se ha dado por más de veinte años. Hasta el momento no ha sido posible echar a andar una enmienda compatible con el principio de universalidad, a pesar de que tanto las reformas fiscales promovidas por las administraciones Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda persiguieron este fin. En ambos casos, las reformas legales aprobadas por mayoría legislativa, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a errores cometidos en el trámite legislativo.
En abril de 2002 una comisión ad hoc de exministros de Hacienda presentó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría un informe denominado Agenda de transformación fiscal para el desarrollo, en el que recomendó, en materia de impuesto sobre la renta, entre otros, dos elementos esenciales: por un lado la adopción de un sistema global de impuesto sobre la renta, en sustitución del actual sistema cedular; y por el otro lado, una base universal o mundial aplicada a todos los ingresos con independencia del territorio donde se generen.
En esta misma línea se expresan los autores del libro El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional, publicado en 2002 por la Contraloría General de la República, así como Araya Leandro (2010) en el artículo “El sistema tributario costarricense: análisis y contribuciones para su reforma”. Como señalé anteriormente estas recomendaciones técnicas y académicas fueron incorporadas en proyectos de ley sin un resultado positivo.
La exigencia de la UE en materia tributaria representa una extraordinaria oportunidad para el país, pero en particular para el presidente Rodrigo Chaves Robles, de establecer una reforma legal que produzca equidad en el sistema tributario y que permita reducir las posibilidades de evasión y elusión fiscal, definidas por el presidente – en su anterior calidad de ministro de Hacienda – como un “deporte nacional”.
Cabe recordar que, en su primera intervención ante la prensa nacional, el entonces ministro Chaves Robles señaló, entre otros aspectos, que “tenemos que aumentar la recaudación de los tributos que ya son ley de la República, pero especialmente de los evasores que tienen recursos para pagar los impuestos y que tienen la obligación, pero no lo hacen” (La República, 26 de noviembre de 2019).
De igual forma, en la nota en que él le comunica al presidente de la República su renuncia al Ministerio de Hacienda, afirmó: “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” (El Observador, 28 de mayo de 2020).
Luego, en su condición de candidato presidencial, el señor Chaves Robles cuestionó al entonces presidente Carlos Alvarado Quesada en estos términos: “¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año?” (La República, 21 de setiembre de 2021).
Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), la recaudación por impuestos en Costa Rica es inferior al de la mayoría de países adscritos a esa organización. El promedio de recaudación en estos países alcanza el 33,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica llega al 22,9 %, esto en contraste con Dinamarca, cuya recaudación es del 46,5 % del PIB.
Si bien es cierto el requerimiento que la UE le hace al país es eliminar el principio de territorialidad para rentas pasivas (intereses y dividendos), el momento es propicio para que la administración Chaves Robles promueva ante la Asamblea Legislativa una reforma integral al impuesto sobre la renta que elimine su carácter cedular y territorial. Esto daría paso a una renta global como sucede en la mayoría de los países del mundo y como lo han sugerido – desde hace más de dos décadas – sectores técnicos, políticos, académicos y el mismo órgano legislativo, en particular a propósito del informe sobre los conocidos “Papeles de Panamá”.
Una reforma en esta línea generaría un mayor nivel de equidad en el sistema tributario, cerraría portillos a la elusión y evasión fiscal, incrementaría la recaudación tributaria, reduciría el déficit fiscal y disminuiría la relación porcentual de la deuda pública respecto del PIB. Además, fortalecería los postulados y compromisos del presidente de la República de dar una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal y nos permitiría salir de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la UE.
Carlos Araya Leandro
Profesor catedrático, UCR
Educación y mercado: ¿Ministerio de Educación como empresa?
Observatorio de Bienes Comunes
A través de las intervenciones de los funcionarios del gobierno de Costa Rica, se confirma cada vez más la afirmación de comprender la formulación y gestión de la política pública como una función de la administración empresarial, esto conlleva importantes cambios en la concepción de lo público y los alcances o límites de lo privado.
Entre estas dimensiones, encontramos la dimensión educativa, esta se caracteriza como ese proceso de formación que puede promover conocimientos, habilidades y formación ciudadana, pero también, puede posicionarse como un proceso de selección, capacitación y promoción de capacidades-habilidades para un mercado laboral dominado por intereses particulares.
En este punto nos encontramos, el gobierno de Costa Rica, ha posicionado la educación como un proceso de formación de capital humano, que pertenece a un tramo de algo mayor llamado mercado. Por esta razón les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de este enfoque de política pública.
Defender la Caja es defender la vida de nuestro pueblo
Partido Pueblo Unido.
27 de febrero 2023.
Actualmente contamos con una institución que posiciona a Costa Rica entre los países con mejores sistemas de salud en el mundo, justamente en el tercer puesto de esa categoría. Nos referimos a la Benemérita Caja Costarricense del Seguro Social.
Esta institución, lograda en las calles por el pueblo organizado en los años 40, que nos garantiza donde nacer, curarnos y hasta dónde morir con dignidad, está sufriendo en estos momentos una de las peores embestidas de su historia, la intención es clara: destruirla.
Quienes hoy golpean a la Caja son los herederos de aquellos que hace 80 años se opusieron férreamente a su creación, ya que mientras tengamos un sistema de seguridad social solidaria no podrán hacer el negocio que pretenden a costas de la salud del pueblo costarricense. Hablamos de los grandes millonarios, expresados en una clase social dominante que desprecia al pueblo trabajador y busca enriquecerse a toda costa.
Pensemos por un momento en cómo podrían los trabajadores y trabajadoras, junto a los más humildes de este país, costear tratamientos crónicos, por ejemplo, contra la diabetes, hipertensión o cáncer. ¿Podrían quiénes dependen de un salario mínimo o no muy alto costear cirugías complejas en los centros de salud privados? ¿Tienen todas las costarricenses embarazadas la posibilidad de pagar por un parto en centros de salud que no sean de la CCSS? Es evidente que el costarricense de a pie no tiene acceso a la salud privada y necesita de la Caja del Seguro Social, que es baluarte de nuestra gente.
Nuestro sistema de salud ha sido debilitado a propósito por los peones de esos grandes millonarios que sueñan con desaparecer la salud pública; las largas listas de espera, la falta de especialistas, el no poder cubrir al total de la población, son problemas causados por los enemigos de la seguridad social incrustados en la Caja. La única solución es luchar por rescatar y llevar más allá a nuestra institución insigne.
Denunciamos al Estado costarricense, que valiéndose del actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuador de los anteriores gobiernos, asesta hoy un feroz ataque contra la autonomía de la CCSS, a fin de mover sus fichas y que éstas cumplan con su tarea destructiva dentro de la Caja.
Nuestro pueblo es un pueblo valiente y sabio, que ha sido engañado y anestesiado por décadas, pero que tiene la capacidad de defender lo suyo para no ser inquilinos en nuestra propia tierra.
Hacemos un llamado a sumarnos a las movilizaciones en defensa de la CCSS del seguro social, así como a la vinculación de las organizaciones sindicales y sociales con el pueblo trabajador en su conjunto para defender, fortalecer y superar nuestras conquistas sociales.
¿DE QUIÉN ES LA CAJA?
¡DEL PUEBLO QUE TRABAJA!
Compartido con SURCOS por Rafael Ugalde Quirós.
¿Quién se está comiendo el queque?
Luis Paulino Vargas Solís
Supóngase que agarramos la serie de datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, desde la primera vez que se publicó hasta la más reciente que se hizo pública. Supóngase que nos interesan los datos de ingresos de la población y, con ese fin, comparamos el primer dato registrado con el más reciente. En tal caso, miraremos el dato del trimestre julio-agosto-septiembre de 2010 y el del trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022. En total, habrán trascurrido algo más de 12 años entre el primer dato y el segundo. Supongamos, además, que vamos a considerar los precios, medidos según el Índice de Precios al Consumidor, de modo que consideraremos el nivel de precios promedio que ese Índice nos reporta para cada uno de los dos trimestres mencionados. De esa manera, trataremos de expresar el poder adquisitivo real de los ingresos, una vez hemos descontado el aumento de precios registrados a lo largo de esos 12 años y pico.
Hecha esa operación, la conclusión que resulta se resume en lo siguiente: en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022, el ingreso promedio en el sector privado es inferior en -15,3% respecto de nivel que tenía en el trimestre en julio-agosto-septiembre de 2010, más de 12 años atrás. En el sector público hay apenas un pequeño aumento de 3%. Eso sí, debemos indicar que, si hacemos la misma operación a fin de comparar lo ocurrido entre mediados de 2019 y finales de 2022, encontraremos que el ingreso en el sector público, descontada la inflación, se desplomó un -18,4%. El mismo dato para el sector privado fue de -7,4%. O sea: los últimos tres años y unos meses, registran un desbarranco generalizado y catastrófico.
Supongamos que ahora revisamos los datos del Banco Central sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y, en particular, el PIB por habitante. Resulta que ese dato, tomado en términos “reales”, o sea, descontando la inflación, aumentó nada menos que un 29,1% entre 2010 y 2022. Inclusive en el período 2019-2022 se incrementa un 4,5%, no obstante que de por medio está la crisis pandémica. Ya vimos que, en este último período, los ingresos de la gente -en el sector privado y más agudamente en el público- sufren una fuerte contracción.
Compare la evolución del dato del PIB por habitante con los de los ingresos promedios de la población ¿cómo entender el abismo que se abre entre una cosa y otra?
Aquí hay anomalías diversas. Una de ellas se relaciona con el PIB, un indicador que ha perdido representatividad, y cada vez resulta más falaz y engañoso. Otra tiene que ver con el propio modelo de desarrollo. Algunos “alguienes” -tan privilegiados que las propias estadísticas del INEC no logran registrarlos- se están quedando con una tajada enorme del queque. Pero, la verdad, seguramente una parte sustancial de ese queque se va hacia el exterior.