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Vecinos de Dominicalito de Osa denuncian contaminación de quebrada que abastece de agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

(FECON, 2-9-2022) Vecinos de Dominicalito les preocupa el impacto en su salud, ante la contaminación de la Quebrada Poza Azul, generada por la perforación de un pozo en la parte alta de la misma.

En palabras de Luis Jiménez, vecino y dirigente comunal de Dominicalito, “lo que se está denunciando es la contaminación al rio Poza Azul, habemos más de 300 personas que tomamos agua de ahí, porque no tenemos agua potable. Están perforando ese pozo y están mandado todo eso al río, si hay camarones muertos, es porque está contaminada esa agua”.

Como se aprecia en una de las fotos adjuntas, los desechos producidos por la perforación discurren hacia el cauce de la quebrada, provocando que cambie la coloración del agua, incluso en momentos que no hay lluvia.

Angustiados los vecinos indican que presentaron denuncia telefónica ante la oficina Regional del Minae, denunciaron en el 911; sin embargo, no han contado con respuesta de las autoridades, pese al peligro inminente para la salud de las familias de Dominicalito.

La comunidad de Dominicalito, ubicada en Puntarenas, Cantón de Osa, es reconocida como un pueblo de pescadores artesanales, fue establecida mediante un proyecto de vivienda social para reubicar a las familias que vivían en la zona marítimo terrestre en el año 2002, veinte años lleva contabilizándose la deuda del sector institucional con las humildes familias de este pueblo, deuda amparada en un derecho consagrado en el artículo 50 de la constitución política: no cuentan con acceso al agua potable. Por medio de mangueras se ha abastecido de agua tomada directamente de la quebrada Poza Azul.

Preocupa además que la Dirección de Aguas del MINAE, DA, ha continúa otorgando permisos en la parte alta de la fila costeña, aledaña al pueblo, donde se ha asentado especialmente extranjeros, pese a no contar con estudios sobre el impacto acumulativo de la extracción subterránea de aguas, ni tampoco contar con medios para monitoreo de aguas subterráneas en ese sector. En la cuenca del río Baru, la DA, solo cuenta con puntos de monitoreo de aguas subterráneas en Hatillo, Uvita y Ojochal.

Causa alarma también que se identifica una fuerte tendencia postpandemia caracterizada por la llegada de más extranjeros a residir en la zona, cada nuevo propietario, al no contarse con un sistema de acueducto público, para solicitar los respectivos permisos de construcción requiere establecer un sistema privado de abastecimiento.

Nos indica Luis Jiménez, que la comunidad y la Asociación de Desarrollo de Dominicalito, hacen responsable a las instituciones de cualquier evento de daño a la salud, en una comunidad donde habitan niños, personas mayores, que son más vulnerables a este tipo de eventos.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Declaración de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en repudio al atentado contra la vicepresidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La AAJ manifiesta su más enérgico repudio al intento de magnicidio perpetrado en el día de hoy contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este atentado contra su vida está enmarcado en un clima de incitación a la violencia por parte de comunicadores mediáticos y de algunos representantes políticos de la oposición, que incluso han llegado a pedir la “pena de muerte” para ella, pena aberrante abolida desde la génesis misma de la Argentina.

Es preciso señalar que este hecho inédito marca una situación límite en el país, donde le cabe la máxima responsabilidad a quienes integran las instituciones, de recobrar el sendero de la democracia, la legalidad y convivencia pacífica. La AAJ espera a que todo el arco político argentino, manifieste una unánime condena de lo acontecido, y se tomen todas las medidas necesarias para evitar repeticiones. Esperamos que todo el Continente, así como la comunidad internacional, condenen y repudien el intento de asesinato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

La AAJ exige una exhaustiva investigación de los hechos y sus responsables materiales e intelectuales, directos e indirectos, y la asunción de las medidas adecuadas y suficientes para garantizar la seguridad e integridad física de la Dra. Fernández de Kirchner.

Manifestamos, toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta y su familia, a la quien al agobio de la persecución judicial y la violencia verbal y mediática -en ocasiones misógina-, se le agrega esta barbarie.

Por ello, convocamos a los juristas, a los pueblos y a todos los sectores de la sociedad civil a repudiar este hecho, mostrar solidaridad y unidad, y exigir el retorno a la convivencia pacífica y democrática.

A 2 de septiembre de 2022

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro. Secretario General

Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Mesa de la Directiva- AAJ Rama Argentina

Magistrada Julia Varela Araya solicita votación pública para elegir presidencia de la Corte

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Julia Varela Araya solicita, mediante una carta que llegó a la redacción de SURCOS, votación pública para elegir a la presidencia de la Corte.

Compartimos el documento:

Señores y señoras Magistrados Corte Suprema de Justicia

Estimados compañeros y compañeras Magistrados.

Me dirijo a usted de forma respetuosa para exponerles algunas reflexiones y solicitud, sobre el tema de la votación para elegir a la persona que asumirá, durante los próximos cuatro años, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos viviendo momentos de cambio importantes no solo en el país sino también al interno del Poder Judicial.

Este Poder de la República, en los dos últimos años ha logrado reconocimiento en el tema de la transparencia. Obtuvo el primer lugar en transparencia con relación a otras instituciones y órganos del sector público.

Desde el año 2017, un grupo de Magistrados y Magistradas de esta Corte enviamos a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se procediera a eliminar las normas que establecían las votaciones secretas para el nombramiento en puesto de la Magistratura, entre otros supuestos.

Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una modificación al Reglamento Interno que rige su accionar, para lograr que las y los futuros Magistrados de esta Corte sean electos bajo la votación pública. Esa decisión responde a los principios de transparencia, publicidad, dando al ciudadano la garantía de que los actos de ese órgano respondan, con mayor precisión y transparencia a los intereses del país, el que merece tener en la más alta jerarquía de lo jurisdiccional a personas que garanticen la independencia, la objetividad en todas las decisiones que deben tornar, el compromiso real en la mejora de la administración de justicia para cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y así lograr el aumento de la credibilidad en el Poder Judicial.

Convencida de que el Poder Judicial, en aplicación directa del derecho de la constitución que registra, entre otros, los principios constitucionales de transparencia y publicidad, reiterados por la Sala Constitucional en el voto 4182-2014, puede separarse de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “… Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte, …”. Esto es así, porque, corno bien se colige del citado voto, “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho”.

Y si alguna duda quedara en que fa votación programada para el próximo 5 de setiembre pueda hacerse de forma pública y debidamente razonado el voto, esa duda desaparece en mi caso, porque en aplicación directa de la Constitución Política y sus principios de publicidad y transparencia, no puede caber el alegado delito de prevaricato, porque la designación, que es el acto administrativo en si (art. 59. inciso 6. De la LOPJ), no depende para su validez de hacerlo de forma secreta: pues no está sancionado con nulidad si no se hace de esa forma (quedando esa formalidad en una ritualidad desfazada a la fecha). En consecuencia, si la designación no está sancionada con nulidad si no se cumple con la formalidad de hacerla de forma secreta, no parece lógico que pueda encuadrar en un delito de prevaricato si se cambia una simple formalidad que no afecta el resultado del acto administrativo de nombramiento.

Como puede notarse, esa norma no dice que lo resuelto de forma contraria sea causal de nulidad. No podría serlo porque solo se trata de una formalidad que no vicia el acto y por contrario, lesiona el principio de responsabilidad in eligiendo, porque si se llegara a nombrar a una persona que no garantice el interés público y los altos intereses de la institución (Poder Judicial), esa formalidad del secreto impide a quien esté legitimado para exigir responsabilidad por una mala elección, para pedirle cuentas por daños al interés público por eventuales hechos de la persona a la que se le dio el voto, pues imposibilita la identificación de la decisión del votante.

No se ve la razón por la cual ese tipo de formalidad deba cumplirse, cuando se trata de una decisión tan importante, donde los pares de la persona que deba asumir la Presidencia de la Corte, tienen responsabilidad en la decisión. Esto es, que si la persona designada afecta a la institución, en sus diversos ámbitos y más aún en la imagen y credibilidad, los ciudadanos no solo le pueden pedir cuentas y exigir responsabilidad para mantener el reconocimiento público del Poder Judicial, de estar ante una institución con alto porcentaje de transparencia, sino que, para mantener esa credibilidad se necesita que esta Corte tome la decisión de realizar el nuevo proceso de votación de forma pública, pues el anterior se agotó sin lograr el objetivo (elección de la persona que asumirá la Presidencia de la Corto Suprema de Justicia).

En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia),que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial, sino que a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República; quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional. Esto tiene un sentido de lógica y sentido jurídico, pues si se motiva el voto para elegir en esos puestos, nadie puede evadir la responsabilidad in eligendo si toma una decisión que luego le depare perjuicios a la Institución y desmejore la credibilidad en el Poder Judicial. Debernos merecer credibilidad y para ello se hace necesario transparentar la motivación y asumir la responsabilidad por la emisión de un voto de tanto interés para el Poder Judicial y para el País.

A mayor abundamiento de razones para no temer la aplicación de los principios supra citados en contra de la forma establecida en el numeral 59 de la LOPJ, conviene traer a colación lo que la penalista Rosaura Chinchilla en su artículo publicado en el periódico La Nación el 29 de agosto del año en curso, titulado «Votación Pública también en la Corte Suprema de Justicia», indicó: «Si bien comete este delito (se refiere al de prevaricato) quien dicta resoluciones contrarias a la ley (artículo 357 del Código Penal), en el derecho penal existen causas de justificación, y una de ellas es el cumplimiento de un deber jurídico y la colisión de deberes. (artículo 25 del Código Penal). Si una norma impone algo (cumplir la ley, votación privada, etc.) y otra de mayor jerarquía impone lo contrario (acatar el derecho de la Constitución, publicidad), al votar de forma pública no se incurre en delito cuando se elige una de las imposiciones normativas, y menos la de mayor valor, puesto que a ello compromete el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). Además, las magistraturas, como simples depositarias de un poder de la nación (artículo 11 de la Constitución Política), son responsables, en forma personal, incluso con su patrimonio, si la designación efectuada no es idónea y si el nombrado o la nombrada incurre en actos indebidos o ilícitos que al momento de la elección podían preverse razonablemente. Se trata de una responsabilidad in eligendo, surgida ante un hecho ajeno…Por lo anterior, resulta esencial que cada magistratura vote, en todos los casos sometidos a su conocimiento en su labor de gobierno o administrativa, en forma pública y fundamentada. No solo porque es lo que jurídicamente procede…, sino también porque es la única forma de liberarse de una posible responsabilidad personal por un hecho ajeno, derivada de su actuación in eligendo … “.

De ese criterio experto se extrae, sin ninguna dubitación, que no se configura el delito de prevaricato cuando en la emisión de una resolución (en este caso de un acto administrativo de nombramiento); se atienden principios de rango superior a una formalidad contenida en la norma legal, como es el caso de cambiar la formalidad del voto secreto por el voto público.

Esta solicitud también la formulo tomando en cuenta que todos los postulantes dijeron, el lunes 29 de agosto, que están de acuerdo en promover cambios para que los nombramientos de interés dentro del Poder Judicial, entre los que está el que nos convoca, sean hechos bajo los principios de transparencia y publicidad, esta es la oportunidad para hacerlo, demostrando al país el verdadero compromiso con los principios constitucionales antes citados, pues como lo indiqué antes, hay normas de rango superior al artículo 59 de la LOPJ que lo exigen, de manera que. en mi criterio no hay excusa válida para no proceder a la elección mediante el voto público. Y, si alguna duda les asalta (la que yo no tengo), les invito a que emitamos un voto suspendiendo la votación prevista para el lunes 5 de setiembre y hacer la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema.

Esperando respuesta afirmativa a esta solicitud, suscribe de ustedes con toda consideración y estima,

Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia

Puede descargar el documento original:

Solicitud-para-votacion-publica-para-elegir-presidencia-de-la-CorteDescarga

Recurso de amparo en contra del Director Ejecutivo del SINAC

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El pasado 26 de agosto del presente año se tramitó el recurso de amparo interpuesto por el señor Marco Vinicio Levy en contra del Director Ejecutivo del SINAC por haber incumplido con lo establecido en artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Ambiente, el nos que se indica que dicho funcionario debe entregar la información solicitada por el señor Marco Vinicio. La información solicitada fue la siguiente: 

“ 1. Se me entregue copia fiel y exacta de la ubicación de los actuales humedales existentes en la zona marítimo terrestre del Cantón de Talamanca, que tiene identificados el SINAC, con detalle de los profesionales que ha participado en la elaboración de los respectivos planos de ubicación y delimitación, indicación de las fechas que en fueron registrados, así como la información catastral de esos sitios. 2. Solicito además, con el debido respeto, se me explique en detalle, los fundamentos técnicos y jurídicos que facultan al SINAC para no incorporar al registro nacional de humedales todos los humedales NUEVOS ubicados en la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, según “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca“ de Junio (sic) de 2021 3. Se me explique adicionalmente, los fundamentos técnicos y jurídicos que han impedido que el humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente drenado por la Sociedad Anónima Bungalows de Punta Uva Inn NO haya sido incorporado al registro nacional de humedales según Informe Pericial del Departamento de Ciencias Forenses del Poder Judicial. 4. Se me explique igualmente, los fundamentos técnicos y jurídicos que han impedido que el humedal de Manzanillo, invadido y presuntamente drenado por la Sociedad Anónima Diez Doce S.A., NO haya sido incorporado al registro nacional de humedales según Informe SINAC-ACLAC- PCP-029-2022 de fecha 8 de marzo de 2022. 5. Le ruego indicarme las acciones que va a tomar la Administración contra el Ingeniero José Guillermo Masis Segura, enlace del Programa Nacional de humedales (PNH) por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe por consignar de manera presuntamente dolosa que el ecosistema que ocupa la Sociedad Bungalows de Punta Uva Inn no corresponde a un humedal. B- (…) se proceda a certificar: 1. Totalidad de ocupantes físicos y jurídicos según “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca “ (sic) de Junio (sic) de 2021. 2. Número de permiso de uso emitido por el Concejo Municipal de Talamanca. 3. Propietario. 4. Coordenadas. 5. Tipo de construcción. (…)”.

Debido al incumplimiento de entrega de la información antes solicitada, es que se dio luz verde a tramitar el recurso de amparo. 

Imagen ilustrativa tomada de http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/

Presentación del libro “Conversando nos entendemos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Métodos para la investigación-Acción participativa para transformar y reencantar la realidad

Métodos para la investigación-Acción participativa para transformar y reencantar la realidad

Con ayuda del Centro Bartolomé de las Casas, se presentó el libro “Conversando nos entendemos: Métodos para la investigación-Acción participativa para transformar y reencantar la realidad”, por vía virtual.

En la transmisión se contó con los siguientes invitados:

Comentaron:

  • Carlos Brenes Castillo
  • Lidia Esther Romero
  • Miguel Pimbert
  • Rodrigo Arce.

Moderó:

  • Vilma Tumpe

La transmisión se realizó este viernes 2 de septiembre a las 11:00 a.m. en el Facebook del Centro Bartolomé de las Casas.

Obras del grupo Parcele@s Brörán de Finca San Andrés

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Territorio Brörán de Térraba.

Finca San Andrés. Agosto 2022.

Por medio del trabajo colectivo, un fondo colectivo, el intercambio de semillas y la solidaridad, Parceler@s de Finca San Andrés han venido realizando obras de beneficio comunal.

La construcción de obras para un acueducto, arreglo de caminos, trabajos de preparación de terrenos y siembra son parte de las actividades colectivas que han venido realizando un grupo de Parceler@s Brörán de Finca San Andrés con el objetivo de un buen vivir para tod@s.

Parceler@s de Finca San Andrés.

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Carta abierta del sector cultura al presidente de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

Más de 20 organizaciones de gran relevancia en el país, se unen con el propósito de hacer un llamado al diálogo de urgencia, tanto a Casa Presidencial, como a la Asamblea Legislativa, esto en respuesta a los recortes al sector cultural y artístico del país.

Sr. Rodrigo Chaves

Presidente de la República

San José – Costa Rica

 

Cc.

Natalya Díaz Q

Ministra de la Presidencia /Comisión Nacional para un Estado Abierto.

 

Sra. Paulina Ramírez P

Presidenta Comisión de Hacendarios.

 

Sra. Nayuribe Guadamuz R

Ministra de Cultura y Juventud.

 

Sr. Juan Carlos Chavarría.

Departamento de Participación ciudadana.

 

Señores y Señoras Diputadas

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

 

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de parte de las organizaciones del sector creativo, artístico y cultural de Costa Rica aquí suscritas. Nuestras organizaciones representan a miles de personas trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde nuestras diferentes organizaciones y en distintos momentos, hemos intentado establecer espacios de diálogo y construcción con la señora Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), así como con las personas jerarcas de los órganos adscritos. Sin embargo, no hemos encontrado una voluntad de comunicación en la mayoría de las direcciones artísticas, ejecutivas y jerarcas ministeriales, pues las respuestas han sido tardías o han demostrado en muchos casos poco interés en contemplar los aportes del sector, salvaguardando a los colegas de SINEM, CNM y DGB, quienes han tratado de fortalecer este espacio.

Por este medio, le solicitamos respetuosamente contemplar las necesidades del sector en la toma de decisiones y abrir espacios permanentes de diálogo, especialmente en torno a los proyectos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud, que serán tramitados ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

Estimamos relevante recordarle que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se vieron más afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional e internacional.

En el análisis hecho a la información facilitada en el oficio DVMA-0692-2022 del 23 de agosto por el despacho del Viceministerio Administrativo del MCJ, a raíz de las solicitud planteada al MCJ el 9 de agosto del 2022 por 15 de nuestras organizaciones, en relación al anteproyecto presupuestario 2023 del MCJ (anexada a este documento), se pudo constatar que existen cambios en los fondos destinados a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural (N° 10041), los cuales no fueron socializados en los medios de comunicación oficiales de la institución, atentando contra el principio de transparencia. Adicionalmente no se aclara en el oficio el detalle de esos ajustes ni los programas impactados.

Tampoco se puede visualizar, en la información facilitada, un plan de inversión a nivel de infraestructura, capacitación, fondos concursables y otros, situación que preocupa a las organizaciones. En el caso específico de la infraestructura, existe una particular preocupación por el notable deterioro que tienen las instalaciones de diferentes espacios que están bajo la administración del MCJ; donde está en juego la integridad física de las personas e, incluso, su vida. Así mismo, no se ve reflejado presupuestariamente el contenido con el que se atenderán las necesidades identificadas el año anterior en el trabajo colectivo de las mesas sectoriales.

No se indica en la comunicación facilitada por el Viceministro Administrativo, una fecha límite para realizar observaciones, ni una garantía de que los aportes brindados por la ciudadanía puedan ser considerados en el anteproyecto presupuestario. Debido a que la respuesta del señor Viceministro se realizó faltando básicamente tres días hábiles a la presentación del anteproyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, no vemos una voluntad de escuchar las inquietudes del sector cultural y mucho menos de atenderlas.

En todo momento las organizaciones y personas firmantes hemos tenido una intención respetuosa y abierta al diálogo para encontrar puentes de comunicación, pero el hermetismo que se encuentra en el MCJ, como algunos de los órganos desconcentrados, nos han llevado a realizar el presente comunicado de forma abierta y pública, ya que es nuestra obligación como profesionales de la cultura y por los fines propios de nuestras organizaciones, velar por el bien de nuestros agremiados y la cultura en general de este país. Creemos que esta forma de actuar está dañando lo poco -pero importante- que se había logrado en años anteriores, interrumpiendo el inicio de un proceso de recuperación económica para un sector que, como el nuestro, fue tan afectado en los dos últimos años.

Es por estas razones que emitimos el presente comunicado:

Considerando

1- Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales para la realización plena e integral de la persona humana.

2- Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta.

3- Que el 26 de abril del 2022 se publicó el decreto N° 43525 enfocado específicamente en el «Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y la creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.»

4- Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

5- Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

6- Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la formulación y ejecución de políticas públicas.

7- Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar -cuanto antes- el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de anteproyecto presupuestario dado por el MCJ.

8- Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas culturales que deben regir a partir del 2024.

9- Que la Ley de Salvamento y emergencia cultural No.10.041 en su artículo 5 establece una serie de deberes para el MCJ relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto de la disminución o cese de sus labores producto de la pandemia. Esto implica la generación de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados sin que se apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto.

10- Que, en el anteproyecto de presupuesto entregado por MCJ en el oficio DVMA-0692-2022, tanto el MCJ como los órganos desconcentrados no tuvieron crecimiento. De la misma forma, los fondos concursables (partida 6) y las cuentas para la contratación de servicios (partida 1), lejos de crecer vía fondos extraordinarios, se cubren con fondos ordinarios muy limitados (partida 1) y se destinan bajo cumplimiento de la Ley 10.041, siendo que son fondos ordinarios que históricamente se han cubierto sin la existencia de la normativa mencionada. Es decir, se destina presupuesto ordinario para cubrir una ley que supone el ejercicio gubernamental de gestionar excedentes del presupuesto nacional y destinarlos de manera extraordinaria a la sostenibilidad del sector cultural.

11- Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de “Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos creativos y culturales.

Por lo tanto

Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos que:

– Para el ejercicio presupuestario del año 2023, no se realicen recortes al sector Cultura.

– Se establezca de forma permanente un espacio bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y ejecutivas de las adscritas al MCJ, con su respectivo sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre otros temas de relevancia para las partes.

– Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el Estado, para la creación -de manera conjunta- de una agenda de proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, como las que suscriben la presente solicitud y que agremian a miles de trabajadores del sector artístico y cultural.

– Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del MCJ y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas respectivos.

– Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” (N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa.

– Se le dé continuidad -en el marco de la Ley No.10.044- a las recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e internacionales con el apoyo de la UNESCO y el BID el año anterior, basándose en las necesidades del sector y como resultado de un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas sectoriales.

– Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes N°10.041

-muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su numeral 9- y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como cada órgano desconcentrado del MCJ para el cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural.

– Se aclare quién será la persona que representará a Costa Rica en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, así como la agenda a tratar por CR, ya que normalmente es la máxima autoridad del MCJ quien asiste a este evento tan relevante de la cultura, pero aún no se ha recibido la confirmación por parte de Costa Rica al evento y estamos a muy poco tiempo, siendo este uno de los espacios más importantes a nivel internacional de políticas culturales y trabajo entre países miembros por el cumplimento de acuerdos internacionales.

– Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias costarricenses.

Se solicita que toda respuesta sea enviada a los siguientes correos destinatarios para una debida contestación de la nota y acuse de recibido.

Sin más por el momento se despiden,

 

Verónica Vado

Presidenta TUCUA

ADE. Turismo Cultural para el Desarrollo Socio Productivo del Sector Creativo, Artístico y Cultural.

adeturismoculturalalajuelense@gmail.com

 

Edín Solís

Presidente ACAM

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica

edinsolismusic@gmail.com

 

Mari Murakami

Presidenta de AGITEP

Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional

juntadirectivaagitep@gmail.com

 

Esteban Monge

Presidente AIE

Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica

presidencia@aiecostarica.com

 

Sergio Dávila

Presidente UTM

Unión de trabajadores de la Música las Artes y Afines

presidencia.jd@utm.cr

 

Coordinadora General AECR

Artes Escénicas Costa Rica

artesescenicascostarica@gmail.com

 

José G. Pottinger.

Secretario General – Coordinador de Alianzas ACCA

Artistas Alajuelenses Comunidad Creativa

artistasalajuelsenses@gmail.com

 

Hazel Torrez

Presidenta

Asociación de trabajadores de la Danza ANATRADANZA

 

Leda Segura

Presidenta CIOFF Costa Rica

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos

leda.segura@cioffcostarica.org

 

Queilor Garro

Presidente AGICUP

Asociación de Grupos e intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses.

agicupcr@gmail.com

 

Álvaro Brenes Arce

Presidente

Cámara de Empresas Productoras, Entretenimiento, Eventos y Afines

Ventas@cedeeventos.com

 

José Luís Solís H.

Presidente

Cooperativa de Artes R.L

coopeartescr@gmail.com

 

José Fabio Alvarado R.

Presidente

Sindicato de de las Artes

sindicatodeartes@gmail.com

 

Alberto Campos B.

Secretario General

Sindicato de la industria cultural obrera

acumestizzo@gmail.com

 

Antonella Sudasassi Furniss.

Representante

Unión de Directoras de Cine de Costa Rica

directorascinecr@gmail.com

 

Yahaira Arias

Red Nacional de Teatro Comunitario

reddeteatrocomunitario@gmail.com

 

Mauricio Penagos V.

Director General

director@ticodecorazon.com

 

Carlos Soto

Presidente

Asociación Embajadores del Swing y el Bolero Criollos (ASORESC)

direccion@embajadoresdelswing.com

 

Thais Elizondo Fallas

Vicepresidenta

Asociación Cultural Musical Mestizzo.

acumestizzo@gmail.com

 

Anneliss López

Presidenta

Producciones Folcloricas S.A

matambufolclorcr@gmail.com

 

Jorge Castillo

Secretaría General / Director Casa de la Cultura Atenas.

Asociación de Desarrollo Especifica de Cultura Atenas

atenascasacultura@hotmail.com

 

Osca Valverde

Coordinador General

 

Compartido con SURCOS por Arabella Salaverry.

Imagen ilustrativa. UCR.

Mensaje para el Señor Presidente por Limón y por Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General de SINTRAJAP

Deroguen la directriz donde Méndez Mata obliga a los exportadores e importadores a pagar tarifas 3 veces más caras en comparación de lo que se cobra en JAPDEVA, derogando esa directriz ayudan a los ciudadanos a que en el producto final que se compra en la importación paguen menos, cual es el problema en competir en igualdad de condiciones, en estos momentos JAPDEVA tiene las tarifas más bajas del mundo. En estos momentos JAPDEVA tiene más de 20 años sin ajustes de tarifa. Con solo permitirle a los exportadores venir a JAPDEVA se les reduce la tarifa hasta en un 300%, este asunto ES UNA TOMA DE DECISIONES, este problema no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, esto es una decisión política. ¿Chaves hará que paren esos abusos, el prometió comprarse la bronca?

Igualmente, decir claramente que no tomar acción es seguir afectando el interés público. Por los puertos de Limón y Moín pasa el 80% de la economía nacional y en ese porcentaje afectamos a los ciudadanos, porque la importación y la exportación elevó sus costos a más de un 300%, que es la diferencia entre el puerto de JAPDEVA vrs el de APM. El interés social igualmente está afectado, ya llevamos más de 7mil desempleados entre empresas que cerraron y otras que redujeron su personal, entre ellas podemos citar (transportistas, estibadoras, predios, JAPDEVA, etc. etc.), más el daño colateral a la economía y comercio local.

Un 63% se unió en Limón, voto por Chaves y dijo no más de lo mismo. porque todas las decisiones han sido nefastas para Limón durante más de 40 años.  Hoy solicitamos y reclamos esos cambios para que permitan que los empresarios y los ciudadanos paguen menos, permitiéndole a JAPDEVA atender los barcos que esperan en bahía.

Una cosa es ser pobres por falta de recursos y otra cosa es ser pobres por sistemas perversos excluyentes como lo fue el cierre del ferrocarril, apertura de las estibas y recientemente APMT que pretende saquear al país, estas decisiones nos tienen sumidos en la pobreza. Ironías del destino, Limón tiene los 3 medios de transporte agua, aire y tierra, por aquí pasa el 80% de la economía del país, por eso no es de recibo que manejemos los primeros estándares de todos los males sociales (desempleo, pobreza, prostitución, drogadicción).

Se entiende claramente sin ambigüedades de ningún tipo que cuando se afecta el interés público, el interés social y el interés económico, el gobierno puede unilateralmente tomar decisiones, en el pasado reciente se tomaron y fueron decisiones en contra de Costa Rica, ¡ahora en el presente en el gobierno de Chaves no tomar decisiones, no hacerlo es haberle mentido a Costa Rica!

YISKI: mensaje a los señores Franz Tattenbach y Rafael Gutiérrez

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El pasado lunes 29 de agosto del año en curso (2022), la señora María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, remitió al señor ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach y al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Rafael Gutiérrez, un mensaje denunciando las ofensas y amenazas hacia las personas conservacionistas que se preocupan por la salud medioambiental del país. Su mensaje fue el siguiente:

Es lo mismo de siempre, ofender, amenazar, insultar a las personas, ONG que se preocupan, ocupan por el bienestar y que cuando tocan intereses de personas desarrolladores en lugares dónde no deben,  por lógica,  no se debe de construir, por ejemplo Zona Marítimo Terrestre, ZMT,  humedales, dónde además llegan las aves migratorias a pasar los inviernos crudos del norte, los que nos protegen en el caso de tsunamis, alimento a muchas especies que viven en los humedales, bosques costeros, yolillales, arrecifes coralinos, etc.

Mismos que han utilizado en el pasado, el añejo argumento que es para el desarrollo de las pobres comunidades afrodescendientes, cuando en el REGAMA estas familias han vendido y ya no viven ahí, viven en los alrededores y lo que vemos son más extranjeros y meseteños, como los que nos ocupan.

Observamos una gran ignorancia de parte de personas que defienden, sin conocer la realidad de una zona que ha estado en conflicto siempre por, justamente, lo que nos lleva a este problema y son los mismos de siempre y más.

La escritora Anacristina Rossi acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro, su nueva impresión de la famosa novela, ¡escrita hace 30 años!: La loca de Gandoca, justamente sobre la eterna problemática del Refugio Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, REGAMA, la corrupción de las instituciones del Estado, la persecución de quiénes defienden el ambiente, etc., independientemente de un documento que no está «certificado» que protege los humedales, pero con o sin él, tenemos un marco legal que debemos de respetar y si quieren cambiar las leyes estos y estas desarrolladoras de siempre, pues que presenten proyectos de ley en ese sentido, pero los Tratados internacionales y  Leyes ambientales están para respetarse y cumplirse.

Por cierto, en ese espacio de la presentación de la nueva impresión de La Loca de Gandoca,  se denunció lo que sucede en el REGAMA, se denuncia lo que el SINAC-ACLAC-MINAE no han hecho para proteger este sitio único y que este video está siendo difundido a nivel nacional e internacional, muchos puntos  menos para las y los políticos que aspiran a premios internacionales para el país verde: Costa Rica.

Apoyo lo que dijo Marco Levy en la presentación del libro y es que necesitamos más educación ambiental de parte del SINAC-MINAE-ACLAC, ACTO (pero ya no tienen recursos…), MEP, no sólo de universidades públicas o ONG, es hora de acatar y proteger verdaderamente lo que la Constitución Política, las leyes que protegen la biodiversidad, los Convenios Internacionales hemos firmado y ratificado y lo que está por firmar y ratificar como el Acuerdo de Escazú y en lugar de ponerse, señor ministro Tattenbach, a defender a los y las usurpadores en nombre de la gente pobre de Limón.

Les pregunto señor Ministro Tattenbach y señor viceministro Gutiérrez:

  1. ¿Están ustedes a favor de la implementación, ejecución y respeto de la normativa legal ambiental y de los Convenios Internacionales como RAMSAR, en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, REGAMA, sí o no?
  2. ¿Están ustedes a favor de la forma en que diputados como el señor Yonder Salas- (y que callan otros diputados-as y que se vuelven cómplices)- se refiere con los términos muy graves: «hay un montón de terroristas», a un sector de la población que parece no gustarle al diputado Salas, que defiende muy bien a las y los desarrolladores, no para los pobres sino para los ricos?

Esperamos su respuesta en los 10 días hábiles que nos da la Constitución Política, ya que parece ser una costumbre de ustedes no responder a las y los ciudadanos responsables que hacemos el trabajo que le corresponde al SINAC-MINAE entre otros.

 

Compartido con SURCOS por María Elena Fournier.

Análisis de coyuntura – Educación: escenarios y desafíos frente al Gobierno actual

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Se extiende la invitación a la charla virtual “Análisis de coyuntura: Educación: escenarios y desafíos frente al Gobierno actual”, a celebrarse el próximo martes 06 de septiembre a las 7:00 p.m., mediante la plataforma Zoom.

Se contará con la participación de las siguientes personas:

  • Vilma Leandro, docente universitaria.
  • Katherine Cerdas, profesora y representante de APSE.
  • Fabián Pacheco, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Puede unirse a la sesión ingresando el siguiente ID: 817 7210 1088.