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Percepción ciudadana: hospitales y clínicas fallan en capacidades de atención a personas adultas mayores

UNA Comunica. Existen problemas para la atención de necesidades de salud mental y enfermedades físicas en personas adultas mayores, tanto en clínicas como en hospitales de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), a pesar de que se señalan fortalezas en cuanto a infraestructura física adecuada.

Las opiniones están más divididas al analizar aspectos como la disponibilidad de equipo médico y el trato respetuoso. No obstante, en términos generales, es mejor la percepción obtenida por los servicios en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) que con respecto a clínicas y hospitales.

Estos son parte de los resultados del estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

Atención en salud

Ocho de cada diez personas califican como “nada” o “poca” la capacidad de atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores. Un 64.3% opina lo mismo si se trata de padecimientos físicos.

Casi la mitad de las personas encuestadas (50.6%) estima que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Un 37.7% dice que le da un valor de “mucho” a su grado de formación y un 13.7% indica que “nada”.

En su mayoría (58.3%) consideran como “poco o nada” la disponibilidad de equipo médico suficiente y de calidad destinado a este grupo etario.

Sobre el respeto que se brinda en las consultas, las opiniones están repartidas: 50.3% da una opinión favorable, mientras que el restante 49.7% le otorga un valor de “poco” o “nada”.

Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física, que contempla ascensores, rampas, señalización, barandas en las escaleras, pisos antideslizantes y baños adecuados, que permiten una adecuada accesibilidad y movilidad. En este ámbito, seis de cada 10 personas opinaron de manera positiva.

Si se trata de analizar los servicios médicos especializados, existe, en términos generales, una buena percepción. Un 68.8% está “muy de acuerdo y de acuerdo” con la atención en geriatría. Opina igual un 67.4%, cuando se incluyen áreas como odontología, oftalmología, audiología, geriatría y nutrición. El porcentaje de apoyo baja a un 51.7% si se trata de calificar los servicios de emergencia.

El IDESPO-UNA indagó si, desde la perspectiva ciudadana, algunos servicios han mejorado, empeorado o si se mantienen igual. De manera predominante, las notas sobre aspectos como los tiempos de espera, cobertura y capacidad hospitalaria, fueron, confirman que no han existido cambios.

Pero, al distinguir cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas adultas mayores en temas de salud, un 28.3% ubica en primer lugar los “tiempos de espera prolongados”, seguido de “trato inadecuado del personal de salud, falta de empatía y discriminación” con un 26% y “falta de capacitación del personal y atención especializada” con un 15.9%.

Infraestructura y transporte

La ciudadanía le da una de las calificaciones más negativas al acceso que tienen las personas adultas mayores a sitios públicos. Un 64% está “muy en desacuerdo y en desacuerdo” con la pregunta de si las aceras son aptas (lisas, niveladas y anchas).

El desacuerdo es similar cuando opinaron sobre la seguridad de las calles (cruces de semáforos, con tiempo suficiente e iluminación adecuada, con un 63.7%. Siempre en orden descendente, le siguen la ausencia de parques adecuados (61.5%), de calles accesibles (53.8%) y de espacios que les permitan compartir sus experiencias de vida con otras generaciones (50.8%).

Mejor valoración se otorga al indicar si en las ventanillas de las instituciones públicas se respeta el uso de espacios preferenciales (ocho de cada diez está de acuerdo y muy de acuerdo). Así piensan también en un 60% al determinar si los edificios (locales comerciales, oficinas) son accesibles.

También, un 52.4% coincide en que los espacios públicos tienen zonas verdes. Un 62.3% opina de la misma manera al señalar que están libres de malos olores y un 45.1% dice que están libres de ruidos.

En cuanto al transporte público, un 52.1% está “muy de acuerdo y de acuerdo” en que es apto para las personas adultas mayores y un 56.6% afirma que los choferes son respetuosos.

En el 2026, el Ministerio de Salud contabilizaba a 51 cantones como “ciudades amigables con los adultos mayores”. El Idespo-UNA quiso indagar cuánto conocen este concepto los ciudadanos. La respuesta no fue alentadora: ocho de cada 10 lo desconoce, mientras que un 18% relacionan el término con “accesibilidad física e infraestructura” y un 8.2% con “empatía, respeto y trato digno”.

Pensiones

En otro apartado del estudio, se identificó que casi nueve de cada 10 entrevistados estiman como “muy importante” cotizar para una pensión en la vejez. “Las principales razones por las cuales las personas consideran que es muy importante cotizar para la vejez se relacionan, en primer lugar, con la necesidad de garantizar su subsistencia durante esta etapa de la vida (40.5%); en segundo lugar, la búsqueda de seguridad y tranquilidad futura (22.3%) y en tercer lugar, la posibilidad de mantener la independencia y la dignidad personal”, afirma el estudio.

En momentos en que se discuten reformas a los regímenes de pensiones, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con propuestas como la edad de retiro, los costarricenses consideran que el rango de edad ideal para pensionarse es entre los 60 y 64 años. Así opina un 54.6% de la muestra; un 23.5% está favor de que sea a los 65 años o más y un 15.4% se ubica entre 51 a 59 años.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 19 de junio de 2025. En total, se realizaron 701 entrevistas con un error de muestreo de 3.7% hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Enlace a la conferencia:
https://www.facebook.com/unacomunica.una/videos/2857404897930728

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Campesinos marchan en Panamá contra embalses y minería y llaman a defender el agua, la tierra y la soberanía

Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.

Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.

La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.

En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.

Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.

Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.

Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.

Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.

Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Organizaciones y sectores participantes

  • Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)

  • Organizaciones campesinas

  • Pueblos indígenas

  • Gremios profesionales

  • Organizaciones de trabajadores

  • Organizaciones docentes

  • Organizaciones estudiantiles

  • Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable

  • Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá

Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.

Defensoría de los Habitantes da la razón a UNDECA sobre el ERP-SAP y confirma graves afectaciones en la CCSS

Comunicado de UNDECA

Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.

La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.

Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:

La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.

Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.

Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.

La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.

Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.

La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.

UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.

Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.

UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.

La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.

Informe de la Defensoría.

UNDECA
Defendiendo la Seguridad Social, los derechos laborales y la salud del pueblo costarricense.

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 3

Rafael A. Ugalde. Q.*

“Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos” Fidel siempre vigente más que nunca con sus 100 años a cuesta, a partir de este 13 de agosto.

¡Son tiempos difíciles! El personaje de la comedia de la televisión ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en medio de esta confusión.

Estamos varados hace rato, otra cosa es el rechazo de esta realidad. Nos agobia a muy pocos – hay que decirlo sin rodeos – un “presente” indefinido, largo como sí estuviera dormido, a veces tiene rasgos de pasado y sí a él sirve, se nos viene encima como futuro inmediato.

En contraste a lo dicho anteriormente, encontraremos mayorías importantes viviendo de ese presente y los pies sobre su propio “cielo “levantado a su medida por años de préstamos millonarios, compra de fuerza de trabajo en promoción y repleto de música celestial.

La otra mitad de este importante bloque va con todo por su propio futuro y su “gloria” construida sobre los escombros celestiales dejados por aquel presente que ya es pasado, pero futuro al fin y al cabo lleno de arcángeles y querubines elevados a “gerentes” y Rasputín de la economía y las finanzas.

Así, entre quienes defienden el presente y el futuro podemos vaticinar desde ahora unas movidas elecciones municipales en 2028 y comicios presidenciales para 2030 como nunca vistos en la democracia de unos y otros. ¿Por qué tendría que ser distintas?

En un amplio documento público hecho circular por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) se convoca a cerrar filas alrededor del Pacto Patriótico Costarricense y defender el Estado Social de derecho, así como impulsar políticas sociales en beneficio de la población.

Entre las organizaciones que forman esta instancia figuran asociaciones y sindicatos de maestros, pequeños y medianos productores agropecuarios de Limón, empleados públicos y privados, entre otras. (Consúltese SURCOS Digital).

A estas múltiples organizaciones sociales aglutinados en la RENASES se sumó el Pacto Patriótico Nacional de reciente actividades e integrado por diputados contrarios a la actual administración encabezada por la presidenta Laura Fernández.

De entrada, no más tienen frente sí el proyecto de ley para liberar la generación privada de electricidad y al parecer un paquetazo fiscal por nuestro gobierno en el exterior que ese no perdona: el FMI.

Es de destacar que dentro de la organización indicada figuran importantes grupos movilizados junto a otros actores, en ocasión de la aprobación del TLC en 2007 y la privatización de las telecomunicaciones en 2008, reformas impulsadas por el gobierno del liberacionista Oscar Arias.

No está de más recordar que dicho mandatario seguramente no tuvo el tiempo necesario para dotar del “carro popular” a Reimundo y todo el mundo; tampoco -por cuestiones de tiempo – nos hizo la “primera nación desarrollada” en Latinoamérica, como prometió en una de las gradas de la Catedral Metropolitana.

Contrariamente, dos décadas después de sus afirmaciones, seguimos desarrollando músculos de brazos y espalda como si estuviéramos en clases de Tai Chi, porque seguimos braceando fuerte para no ahogarnos en aguas tempestuosas.

Sí, veinte años no son nada, como decía Gardel. Un proyecto de armonización de la producción privada sin límites de electricidad tiene el mismo actor dos décadas después, solo que ahora no son ya las telecomunicaciones. Este negocio es prueba superada.

Importantes playas ya no son nuestras. Cualquiera pone una aguja y te obliga a pagar por su Resort si quieres arena y olas.

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional “descubre” en su edición 13 de su Índice Global de Derechos 2026, como fundar un sindicato en el sector privado no es equivale a degustar jamón o caviar.

Primero combatieron por todos los medios aquellos sindicatos “rojos” que no le aflojaban a los llamados a profundizar la lucha de clases, exigían transformaciones socioeconómicas y sentaban en el banquillo de los acusados al “imperialismo como enemigo de los pueblos”, hasta llevarlos casi a su extinción.

“No hay tal capitalismo bueno ni imperialismo bueno. Son cortados con las mismas tijeras”, explicaba “Serranito” de grata memoria a los trabajadores de una famosa fábrica en Curridabat, antes de que lo pillaran y echaran a la calle junto a los futuros 25 miembros del sindicato.

Luego siguieron con las organizaciones llamadas “sindicatos blancos” -generalmente afines al gobierno de turno – hasta que les pusieron competencia a modo de asociaciones para estimular, con el dinero de sus agremiados, toda clase de consumo. No sigo. No me gusta hacer leña del árbol caído.

Entrevistado para esta III y última entrega, el historiador ramonense, dirigente popular e internacionalista, Oscar Barrantes, sobre qué falló en estas luchas post Alcoa, expresó que “el pueblo en el caso del TLC y contra el Combo del ICE respondió con creces, pero “quizá falló la dirigencia”. Explicó que los niveles de conciencia surgen de las condiciones materiales de la vida y las relaciones sociales, nunca viene por generación espontánea, señaló

Requerido, entonces, sobre qué había pasado en la lucha contra ALCOA, precisó que le parecía que en ella hubo claridad y estrategia política.

Después de esta lucha nació Pueblo Unido y hubo conciencia sobrada hasta para que muchos ticos integraran las columnas revolucionarias para luchar en Nicaragua, recordó.

Muchos alcanzaron tal grado de conciencia que mueren luchando en Honduras y El Salvador, rememoró.

Periodista: ¿Siguiendo su línea de pensamiento qué hicimos tan mal para acabar todos en este atolladero, con un presente plantado, estacando; en tanto el futuro ya estamos viviéndolo con 13 regímenes de orientación fascista y bajo tutela política absoluta del “Escudo de las América”?

Movilización sindical contra el llamado Combo del ICE (Semanario Universidad).

R/ “Para hacer una aproximación a la realidad social e histórica, es necesario la visión creadora de acción política, pensamiento y praxis social.

El problema central está en relación con la contradicción determinante en la época. Las contradicciones sociales y la contradicción sistémica fundamental de cada época, porque la hay, es el nudo de coordenadas qué deben orientar el proceder de la lucha social, sindical y política.

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la necesaria e imprescindible unidad de los movimientos populares, sindicales y fuerzas motrices del cambio político-social en el país. Todo el mundo habla de unidad.

Sin embargo, pareciera que no se encuentra el sendero iluminado que nos lleve a la unidad. Es más, a menudo vemos las ácidas experiencias de movimientos sociales unitarios y a alianzas de pueblo organizado en pelea por reivindicaciones y derechos resquebrajarse y mandar el paquete completo al canasto de la basura.

Después los lloros y las excusas de «yo no fui», «que los principios», «somos unitarios, pero, nos están matando la gente», «la vanidad, el egoísmo y las mezquindades de aquellos» etc. Un lavado de manos general y, «si te vi, no me acuerdo».

Grandes y gigantescas movilizaciones de confrontación social real y emocionantes expectativas se fueron por el caño en Costa Rica en los últimos 26 años, del entrado en décadas, siglo XXI. No las enumeraré, quienes están en el ojo de la política y la lucha social popular las conocen.

Periodista:/ Podría explicar a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a la madre sin casa, a los jóvenes estigmatizados como criminales por no vivir en condominios ubicados en Escalante, Monterán o Dent, ¿dónde queda la política y hasta dónde llega entonces la politiquería?

R./ Ese es el quid del asunto. Es la cuestión de la política. No hablo de politiquería eleccionaria. Me refiero a la política como una categoría científica de lucha por el poder.

Por ende, se comprende que se mueve en los factores internos, contradicciones y entorno de la sociedad, como un complejo de relaciones productivas, sociales y políticas en dinamismo explosivo.

Lucha por derechos universales, inalienables, esenciales en la perspectiva de humanidad. Lucha nacional de los pueblos y lucha de clases.

Lo más concreto nos acerca a un nodo sensible y determinante del diario hacer por el cambio social, del vórtice de la conmoción social, es la acción política.

No podemos separar con un tajo de soberbia del dirigente ególatra y «sábelo todo» – como la cabeza de un cuerpo – la política de la lucha social, sindical, popular.

Descarrilar el justo descontento de las masas – violentados sus derechos – imponiendo falacias como la de que «las movilizaciones sociales y las reivindicaciones populares son ajenas por naturaleza a la esfera política.

Esa tesis revisionista de origen economista en el sindicalismo – como el tradeunionismo inglés y europeo – se extendió a los movimientos sociales y populares en general. No pormenorizaré en este extremo.

Para construir unidad social, popular, juvenil sindical, de combate por la liberación nacional de las cadenas del imperialismo y lucha por la soberanía legítima y originaria, es imprescindible partir de la apreciación correcta de la realidad y las premisas sociales y políticas, tener una doctrina política del movimiento de transformación social, una estrategia y amalgama táctica oportuna y flexible que posibilite las alianzas coyunturales.

De más o menor elongación, según los momentos del curso de la lucha y desenvolvimiento de las contradicciones, fuerzas motrices y correlación de las mismas.

Nos referimos a la dirección o conducción política ineludible de los movimientos sociales y populares. De esa cualidad o capacidad es de lo que ha adolecido el movimiento social, popular y sindical costarricense en las últimas cuatro décadas”, concluyó.

A manera de colofón de este brevísimo recorrido por Nuestra América de tres entregas, los hechos son hechos y aunque a veces creemos no hablan, son como un expediente judicial: nos plática, respiran, sudan y exigen justicia, no importa los años de silencio impuesto.

Sin embargo, cuando un pueblo sale de ese armario, de esa carpeta y borra el número que le habían asignado, aprende inmediatamente la lección: no hay amenazas ni represión que los pare, simplemente avanza como actor histórico.

Sin mecenas, sin intermediarios, exactamente como están plantados ahora los pueblos de Cuba, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras etc., peleando por su dignidad y a la espera de los que vienen de camino. ¡Qué vendrán, vendrán!

*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos.

El frío como política pública

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No está leyendo mal. Tampoco se trata de una imagen rebuscada o torcida. Un poco más al norte de nuestra región, en un imperio en decadencia que da sus últimos coletazos usando la fuerza como escudo, el frío se ha impuesto como política pública, donde prima el miedo, la violencia, el terror.

En la última semana se han intensificado las protestas contra una acción inhumana y criminal hacia las personas migrantes en Estados Unidos.

Abuso de autoridad, operativos racializados, instalaciones en malas condiciones y el uso de gas pimienta en forma indiscriminada contra grupos de personas migrantes en varias comunidades y Estados en aquel país, son algunas de las acciones que se reclaman.

Por sus siglas en inglés, el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) hace honor a su significado: hielo. Es hielo puro lo que se aplica como política migratoria desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

Como si esto fuera poco, el viernes anterior el Senado aprobó 70.000 millones de dólares para reforzar las acciones realizadas en esta ofensiva antihumana, lo que significa que crecerán las acciones como arrestos ilegales, desapariciones y brutalidad policial al mismo tiempo que aumentarán las voces de indignación sobre esta política del miedo. La tensión social y civil seguirá presente.

Algunos señalan que esta aprobación presupuestaria del Senado significa un triunfo político a una de las apuestas de campaña del presidente republicano. Otros enfatizan en los peligros de la implementación de una política basada en el odio racial, la fuerza y el poder desproporcionado.

Algo tiene este 2026. Algo turbio. Cruzamos su medianía. Confío en que somos más los que nos movemos desde el amor y la fuerza colectiva para acabar con este tipo de barbarie. Debemos accionarnos. Desde allí. No nos queda otro camino. Debemos terminar 2026 siendo otro mundo posible.

El diablo repartiendo escapularios

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Resulta irónico, los trece de treinta y un diputado de Pueblo Soberano, encabezados por Nogui Acosta, que suman más de cincuenta expedientes acusatorios en la Fiscalía General, son los que impiden nombrar los diez y ocho magistrados suplentes de la Sala Constitucional, fundamentales para conocer casi un centenar de expedientes en dicha sala, pero sobre todo, para evitar que por ausencia justificada de un magistrado propietario, se paralice totalmente la Corte Plena que por ley, no puede sesionar si falta uno o más magistrados. Es decir, agazapados en su impunidad de diputados, impiden y poner en peligro la justicia.

¿Y por qué, desde la pasada cuadrilla jefeada por Pilar Cisneros y ahora por el encartado en la Fiscalía Nogui Acosta, no quieren votar? Por la sencilla razón de que, como todos los movimientos fascistas, quieren tomar el Poder Judicial para hacer sus tropelías.

Dice el tal Nogui como jefe de la pandilla oficialista, que quieren una lista nueva pues la que hay, que viene de la Asamblea Legislativa anterior no les gusta, porque no conocen a los candidatos. Ignorancia, estupidez o mala fe, usted escoge.

Resulta que ser candidato a un cargo de magistrado suplente implica un largo proceso que, por ley, debe realizar la Corte antes de enviar el listado a la Asamblea donde deben pasar los filtros de la Comisión de Nombramientos y pasar al Plenario para ser electo por 38 votos. Es decir, no es como hacer la lista de candidatos a súbditos diputados del chavismo, hecha a voluntad imperial desde Zapote.

Si desean conocer a los candidatos, ahí están los expedientes de cada uno, vayan a estudiar y dejen de joder. Pueden tener seguridad de que ninguno tiene expediente en la Fiscalía, ni cuentas pendientes o juicios en su contra en los Tribunales, ni nunca han pesado sobre ellos acusaciones vergonzosas o vergonzantes, ninguno se ha cambiado la nacionalidad adulterando documentos, y otras acusaciones, como si abundan en algunas listas de ministros y diputados.

Sabemos que buscan quebrar la institucionalidad, pero los ciudadanos les vamos a delatar sus triquiñuelas. No vengan los diablos antidemocráticos de la ultraderecha fascista, a querer vendernos esos escapularios.

FESITRAES invita a conversatorio sobre la CCSS, las pensiones y la defensa de la seguridad social

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.

También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.

La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fecha: 10 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica)
Transmisión: YouTube SIUNED
Enlace: https://youtu.be/KlJY_5mwUfk

La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.