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Menguará la luna

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al final todo terminaba formando parte de la misma observación: la espacialidad, el desplazamiento, la llegada, la sincronía. De eso se trata: de la posibilidad de hacer vínculos mas allá de la teoría.

Formo parte de un equipo de investigación del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Estudiamos los impactos de la turistificación en la zona costera de Nosara, en Guanacaste; en concreto, profundizamos los cambios a nivel social, económico y cultural que están provocando en la zona las inmigraciones provenientes del norte global.

Con la consigna de observar y validar una información previamente recabada con la comunidad de Playa Pelada, viajamos el pasado fin de semana. Por razones de logística nos hospedamos la primera noche en la Estación Biológica de la Universidad de Costa Rica ubicada en Playa Ostional

La coincidencia, la posibilidad, la maravilla (que se yo) hizo que lográramos contemplar el espectáculo del arribo masivo de Tortugas Lora para hacer su trabajo y anidar cientos de miles de huevos en las amplias arenas de Ostional.

Nada, absolutamente nada es casualidad.

Como científicos sociales estudiamos las dinámicas de la movilidad humana, pero nos encontramos con este acto colectivo, armonioso, espacial, que pudimos contemplar con las ultimas luces del día viernes 4 de septiembre, cuando la arribada llegaba a su punto más alto.

Creo, sin temor a equivocarme, que he visto dos eventos de la naturaleza que me han cambiado la perspectiva: el eclipse total de sol de 1991 y este maravilloso acto de vivir la vida protagonizado por estos especímenes marinos.

El privilegio fue, es, absoluto. Solo cuatro lugares en el mundo son escenario de tal episodio: Brasil, Sudáfrica, México y Costa Rica. Acosadas por los estragos del cambio ambiental en curso que vuelve cada ve más incierta su programación y trayectoria, las tortugas planean su llegada siguiendo más o menos los ciclos lunares.

Es en el cuarto menguante donde aparecen teatralizando quizá uno de los últimos rituales grupales del planeta.

Aparte de las amenazas ambientales, las arribadas de “La Flota” como las conoce y las apalabra el imaginario local, se enfrentan a la depredación extractiva de quiénes buscan alimentar el mercado negro de venta para su consumo.

Por eso los niveles de organización local incluyen monitoreo y vigilancia permanente, para garantizar un manejo sostenible y comprometido con la especie. Por eso la esperanza de observar varios niños, niñas y jóvenes en labores de recolección.

A la maravilla que supuso esta puesta en escena de la naturaleza acuática, debo agregar con profundo orgullo haber conocido a dos jóvenes estudiantes tesiarias de la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica, que permanecen temporalmente en la estación biológica testeando, analizando, profundizando sus pesquisas. Fuimos testigos de su trabajo en horas de la madrugada, cuando la mayoría de jóvenes de su edad descansan o se divierten.

No solo la conversación repleta se enseñanzas con Elena y Nicoletta valió la pena. Fue la constatación de que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) cumple su cometido de llegar allí donde se necesita a las universidades públicas.

Allí. En el corazón mismo de la vida.

Ataque soez a la Caja

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Desde una perspectiva política y democrática, el desacato sistemático a la Sala IV por parte del Poder Ejecutivo, representado por el Consejo de Gobierno, constituye un peligroso quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, que tiene como consecuencia una muy grave crisis institucional. Si esa crisis afecta a su vez el adecuado funcionamiento de la Caja, dicha desobediencia, ¡jamás antes visto en la historia costarricense!, agrede significativamente la atención a la salud y otros derechos de la seguridad social de los más pobres y vulnerables, principalmente, por medio de ese ataque corrosivo a nuestra invaluable democracia. Desconocer las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, mientras se lanza una campaña infame contra el Poder Judicial, es un evidente acto violatorio del orden constitucional, un gran paso hacia el establecimiento de una dictadura ultraderechista, que dolorosamente, algunos ticos engañados ven con buenos ojos, sin pensar en las consecuencias que tendría algo así para ellos y sus seres queridos.

Por ello, como sucediera antes por fuerza mayor y teniendo muy claro que el Poder Judicial como un todo, son la esperanza de un pueblo bueno y pacífico que mayoritariamente valora los logros que sustentan nuestra vilipendiada democracia, éste ha de actuar en defensa del bien común y de los Derechos Humanos.

Ante el caos institucional que el neofascismo chavista quiere seguir profundizando, como sucediera con la muy razonable conformación urgente, extraordinaria y temporal de la Sala Constitucional, para que la misma pudiera seguir vigente, las magistraturas tienen el deber supremo de hacer valer sus resoluciones patrióticas. Como alternativa a no hacer nada y permitir que esa violación directa al principio de legalidad y al orden democrático de Costa Rica, tenga consecuencias muy dolorosas contra un pueblo que ya sufre por la «enfermedad» que padece la jerarquía de la CCSS, la honorable Sala IV ha de actuar conforme a su conciencia, frente a las acciones destructivas que buscan paralizarla, con todo lo que ello significa.

Si Rodrigo Chaves ha ordenado a Laura Fernández y al resto de ministros del Consejo de Gobierno, tomar decisiones inconstitucionales, penalizables, irracionales también, para evitar que una representante de los trabajadores organizados ejerza sus derechos como parte de la junta directiva de la Caja, para cumplir además con la conformación del quórum estructural, la Sala IV debería actuar frente a tales acciones delictivas. Nadie más podría hacerlo pues la situación es inédita, sorpresiva, malintencionada, imprevista en la letra normativa, pero que obliga a reflexionar acerca de las responsabilidades de quienes ejercen la justicia. Está en juego el trámite de pensiones, el buen funcionamiento de las más de mil sedes sanitarias distribuidas por todo el país; el nombramiento de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo; la adquisición de bienes y servicios; la gestión operativa y presupuestaria; la atención de los miles de pacientes incluidos en las inhumanas listas de espera… ¡Eso y mucho más por culpa de un Poder Ejecutivo con ínfulas autoritarias!

Aunque me siento por lo menos incómodo al escribir esta respetuosa petición, pues siento que podría estar irrespetando a los que precisamente veo que están siendo vilipendiados, insto muy respetuosamente a los señores magistrados a fallar a favor de los millones de costarricenses que están viendo amenazado su erosionado bienestar, su relativa tranquilidad, su escurridiza paz.

Si el Poder Ejecutivo anuncia que no revisará siquiera su intolerable actitud rebelde, destructiva, la Sala IV podría sustentar una resolución en que, considerando los hechos conocidos, proceda a avalar el nombramiento de la representante Rocío Alfaro Molina, como miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar la amenaza de parálisis que se vislumbra a la vuelta de la esquina. Sería un homenaje al Dr. Calderón Guardia, a monseñor Sanabria y a don Manuel Mora, y a todos los que por 85 años han forjado esa insigne institución solidaria, ejemplo en el mundo.

7 de setiembre del 2026

Venezuela, petróleo sin cuentos

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

CFIA: compromiso con la seguridad, la calidad y el interés público

Comunicado

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) informa a la comunidad colegiada y a la opinión pública su posición respecto del proyecto de Ley N.° 25.747, “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, desde una perspectiva jurídica, técnica y, especialmente, de protección del interés público:

  • Los colegios profesionales cumplen una función de interés público. Constituyen mecanismos especializados para la habilitación, fiscalización, ética y responsabilidad profesional, particularmente en actividades en las que una actuación técnica inadecuada puede generar consecuencias relevantes para la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
  • Las ingenierías y la arquitectura tienen una responsabilidad directa con la seguridad y mejorar la calidad de vida de las personas, así como la protección de sus bienes. Su adecuado ejercicio profesional contribuye a garantizar la idoneidad técnica, la aplicación y fiscalización de la normativa vigente y la calidad de las obras del país. Entre estos instrumentos se encuentran: el Código Sísmico de Costa Rica, el Código Eléctrico de Costa Rica, entre otros, así como la gestión de las plataformas digitales para la tramitación y fiscalización de proyectos de ingeniería, arquitectura, consultoría y construcción, utilizadas por el Gobierno Central y los gobiernos locales, y que ha contribuido a mejorar la competitividad del país.
  • La colegiatura voluntaria debilitaría el control ético y disciplinario del ejercicio profesional. El propio proyecto reconoce que la colegiatura obligatoria es necesaria cuando el ejercicio de una profesión compromete la fe pública o los derechos de terceros —criterio que aplica directamente a la ingeniería y la arquitectura—, pero al mismo tiempo pretende volver voluntaria la incorporación a los colegios que ejercen esa función.
  • Modernizar la regulación profesional y proteger el interés público son objetivos compatibles. Ambos deben avanzar de manera conjunta, procurando una regulación que responda a las necesidades actuales del país, sin debilitar los mecanismos que brindan confianza, seguridad y respaldo técnico a la sociedad costarricense.
  • Los aranceles permiten un parámetro técnico. Los mismos vinculan el costo de un servicio de ingeniería y de arquitectura con la complejidad, la responsabilidad civil y el riesgo asociados a cada proyecto; evitan una competencia basada únicamente en el precio, en detrimento de la calidad, la seguridad y la responsabilidad técnica de los proyectos del país.

El CFIA reafirma su compromiso con la promoción de un ejercicio profesional responsable, ético y de alta calidad. Asimismo, reitera al Poder Legislativo su disposición a participar en un diálogo técnico, constructivo y abierto, aportando su experiencia y conocimiento para contribuir a que cualquier reforma normativa fortalezca la modernización del país y, al mismo tiempo, preserve las garantías indispensables para la protección de las personas, sus bienes y el interés público.

03 de setiembre 2026
Junta Directiva
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

Lo que no se mueve se termina moviendo – Crónica

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace frio y me falta café (y un abrigo, diría Sui Generis en su mítica Confesiones de Invierno). Me dedico a observar los entretelones de la disposición securitaria que resguardará el feo edificio de la Asamblea Legislativa cuando lleguen los estudiantes universitarios de las principales universidades públicas del país.

“Es una desproporción”- pienso mientras hundo mis manos en un impermeable que algo me protege del viento helado que recorre San José a esta hora.

Y es que, en tiempos de narrativas y discursos de violencia impulsados por el ejecutivo, sus voceros y sus tik tokers, qué práctica no termina siendo desproporcionada.

Entonces pienso en los signos de los tiempos que nos tocó vivir.

Allí, en esa plaza, hace unas semanas, el significado de plantón adquirió un nuevo sentido. Ahora es una forma de lucha que se lucha de pie, aunque en otros países la imagen sea la “sentada”, como muy bien recupera en sus trabajos sobre luchas migrantes en Mesoamérica la querida colega y activista Amarela Varela.

Allí en esa plaza, saludo viejos y nuevos amigos. Algunos me alertan sobre los peligros que acechan. El cerco es muy grande. Tanto, que este fin de semana un diario nacional incluyó como caso emblemático de costarricenses solicitantes de refugio, una persona amenazada de muerte por emitir en sus redes sociales opiniones contrarias a la entonces candidata (hoy presidenta).

Así las cosas…

Reflexiono. Son otros tiempos. Se debe responder de otra manera. Y esa otra manera entró bailando con una fuerza descomunal allí, en el lugar donde semanas antes algo quizá diferente en la resistencia se haya iniciado.

Comparto la observación con el querido premio Magón Manuel Monestel, cantautor costarricense, sociólogo investigador cultural. Quizá casi nadie recuerda que Manuel junto con su legendaria Cantoamérica fue parte de la banda sonora del movimiento universitario de 1991, aquel que terminó provocando la salida del entonces ministro de Hacienda Thelmo Vargas. Allí estuvimos.

Si, eran otros tiempos. Pero entonces como ahora la música, el arte en general tomó las calles y llenó todo de ritmo, color, formas.

Observamos las formas y los fondos.

– que lindo”- me dice Manuel al mirar ese extraordinario ritmo emplazando el espacio. Le digo que ya esos movimientos, los que protagonizaban los estudiantes en aquel momento, no los podríamos hacer ni el ni yo.

Luego de unos segundos de silencio Manuel me tira una bocanada que la recojo con gusto: – ¿quién dice que no?

En esta época el movimiento debe ser la norma. Es cierto: lo que no se mueve, se termina moviendo.

A eso vamos.

Esto está empezando y “ya no siento frío…”

Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago convoca a «Faroleada por la Salud y la Democracia» el 14 de setiembre

El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago invita a la ciudadanía a participar en la «Faroleada por la Salud y la Democracia», a realizarse el próximo 14 de setiembre en la Plaza Mayor (Parque Central) de Cartago, a partir de las 4:00 p.m.

Según el comunicado del Frente de Lucha, el evento busca alzar la voz en defensa de la salud y la democracia, ante lo que la organización considera intentos del gobierno actual de «socavar las instituciones democráticas» y ataques solapados a la seguridad social, entre ellos a la construcción del hospital cartaginés.

La movilización coincide con la tradicional recepción de la Antorcha de la Libertad y la Independencia, lo que —según la organización— añade un simbolismo particular a la fecha.

El Frente de Lucha denuncia nuevamente la situación del Hospital Max Peralta de Cartago, señalando que más de 600 mil usuarios de la región se ven afectados por una capacidad desbordada, que alcanza el 150% de su límite. A esto se suma, detalla la organización, la escasez de personal médico especialista, lo que provoca que el Servicio de Emergencias se encuentre habitualmente colapsado, además de una infraestructura que califican de crítica.

Bajo la consigna «Por la salud, por la democracia, por la salud democrática», la organización convoca a la concentración principal el 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, «por un nuevo hospital, por nuestros derechos, por un país democrático y solidario».

CIDE UNA alerta que reducir la inversión educativa compromete el futuro de Costa Rica

El Centro de Investigación y Docencia en Educación de la UNA llama a revisar el Presupuesto Nacional 2027 y plantea convertir el cambio demográfico en una oportunidad para fortalecer la educación y preparar al país para las próximas décadas.

Costa Rica atraviesa una transformación demográfica que obliga a mirar las decisiones públicas mucho más allá del próximo presupuesto. Tenemos menos nacimientos, vivimos más años y avanzamos aceleradamente hacia una sociedad con más personas adultas mayores. Para 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas en nuestro país tendrá 65 años o más.

Si en el futuro tendremos proporcionalmente menos personas en edad de trabajar, necesitamos garantizar desde ahora que esas generaciones sean más saludables, mejor educadas, altamente calificadas, productivas y capaces de acceder a empleos de calidad y mejores ingresos.

Por ello, preocupa que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple una reducción de aproximadamente ₡19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública respecto del presupuesto vigente de 2026, así como un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con un crecimiento nominal para las universidades públicas.

En el caso del MEP, Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, se estima una reducción de ₡2.382 millones respecto al 2026. Esto a pesar de que nuestras poblaciones estudiantiles crecen en comunidades atravesadas por desigualdades, pobreza, violencia y una presencia creciente del narcotráfico y del crimen organizado.

El problema no debe analizarse únicamente desde las necesidades financieras inmediatas del Estado. Se trata de preguntarnos qué Costa Rica estamos construyendo para dentro de veinte, treinta y cuarenta años.

Economistas y demógrafos de reconocido prestigio internacional como James J. Heckman, Ronald Lee, Andrew Mason, David E. Bloom, Michael Kuhn y Klaus Prettner han mostrado, desde diferentes perspectivas, una idea coincidente: en sociedades con baja fecundidad y creciente envejecimiento, invertir en salud, educación y desarrollo del capital humano de las nuevas generaciones resulta indispensable para mantener la productividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad futura de los sistemas de protección social. Es decir, que el envejecimiento poblacional no constituye un argumento para invertir menos en las nuevas generaciones; todo lo contrario, es precisamente una razón para invertir más y mejor en ellas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Costa Rica) y el Programa Estado de la Nación, aportan evidencias que deberían incorporarse a esta discusión nacional.

En primera infancia, Costa Rica mantiene una cobertura muy baja de servicios educativos y de cuido para la niñez menor de tres años. Ampliarlos no solamente favorece el desarrollo infantil temprano; también permite una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, incrementa la población económicamente activa y contribuye a enfrentar las presiones fiscales futuras derivadas del envejecimiento.

En educación preescolar y primaria, el desafío ya no consiste únicamente en garantizar acceso. Necesitamos asegurar aprendizajes fundamentales. Persisten dificultades importantes en lectura, escritura y comprensión, por lo que la reducción de las cohortes estudiantiles producto de la baja natalidad debería convertirse en una oportunidad para brindar mayor atención individualizada, reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la formación docente y garantizar que ningún niño o niña avance en el sistema educativo acumulando rezagos.

En secundaria tenemos todavía importantes desafíos de permanencia, inclusión y calidad de los aprendizajes. Una proporción significativa de personas jóvenes no completa este nivel y los resultados internacionales muestran importantes rezagos en matemática, ciencias y lectura. Paralelamente, la OCDE advierte que Costa Rica enfrenta déficits de técnicos y profesionales altamente calificados que pueden limitar nuestra competitividad y la capacidad para atraer actividades productivas de mayor valor agregado.

Para la educación superior el reto es igualmente estratégico. Costa Rica requiere aumentar significativamente la proporción de población con formación técnica y universitaria, particularmente en áreas científicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades futuras del país. La evidencia de la OCDE muestra además una fuerte relación entre educación terciaria y mayores ingresos laborales.

Esto es particularmente relevante en una sociedad más longeva, pues, mayor formación permite elevar la productividad, mejorar los salarios, ampliar la capacidad contributiva y fortalecer los ingresos que financian la seguridad social y los servicios públicos.

La disminución de la natalidad podría convertirse incluso en una oportunidad histórica. Tener cohortes más pequeñas debería permitirle a Costa Rica invertir más y con calidad en cada persona, ofrecer grupos menos numerosos, fortalecer el acompañamiento pedagógico, universalizar progresivamente los servicios de primera infancia y cuido, recuperar aprendizajes, mejorar infraestructura, fortalecer idiomas y competencias científicas y digitales, ampliar la educación técnica y aumentar el acceso y conclusión de la educación universitaria.

Convertir la reducción demográfica simplemente en una oportunidad para reducir el presupuesto educativo sería una decisión de muy corto alcance. Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno de ellos adquiere todavía mayor importancia para el futuro colectivo del país.

Resulta especialmente preocupante cualquier discurso que plantee que, ante el envejecimiento poblacional, Costa Rica debe priorizar a las personas adultas mayores en detrimento de la niñez y la juventud. No se protege a las personas adultas mayores debilitando las oportunidades de las generaciones más jóvenes.

Por el contrario, la mejor garantía que podemos construir hoy para la calidad de vida de las personas adultas mayores de 2050 y 2060, es una generación futura saludable, educada, productiva, innovadora, con buenos empleos y capacidad para sostener solidariamente la seguridad social.

Quienes hoy somos personas adultas formaremos parte de esa Costa Rica de personas adultas mayores en el 2050. Nuestro bienestar futuro dependerá también de las oportunidades que hayamos sido capaces de ofrecer a quienes hoy son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Reconocemos la importancia de mantener finanzas públicas responsables y atender la deuda del país. Pero una política fiscal verdaderamente responsable debe preguntarse cómo reducir las obligaciones presentes y cómo aumentar la capacidad futura del país para generar riqueza.

Por ello, desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, instamos al Poder Ejecutivo y a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa, en el marco de sus respectivas competencias, a revisar las asignaciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027 y a adoptar las decisiones necesarias para:

1. Impulsar un diálogo nacional amplio, plural y vinculante sobre la sostenibilidad de la inversión social y educativa del país, que permita trascender la lógica de las decisiones presupuestarias anuales y construir acuerdos de Estado de mediano y largo plazo sobre la Costa Rica que queremos y sobre la inversión pública necesaria para hacerla posible. Este diálogo debe incorporar al sector educativo, social, económico, productivo y político, a las comunidades y territorios, y a las propias poblaciones destinatarias de las políticas públicas, reconociéndolas como participantes activas en la construcción de las decisiones que afectan su presente y su futuro.

2. Proteger integralmente la inversión social destinada a la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, comprendiendo que educación, salud, nutrición, cuido, seguridad y protección social son dimensiones interdependientes del desarrollo humano y que el debilitamiento de una de ellas repercute directamente sobre las posibilidades de las demás.

3. Convertir la transición demográfica en una oportunidad para mejorar sustantivamente la calidad de la educación, aprovechando la reducción progresiva de las cohortes estudiantiles para brindar mayor atención individualizada, fortalecer el acompañamiento pedagógico, mejorar las condiciones para el aprendizaje y garantizar que ninguna persona avance en el sistema educativo acumulando rezagos que comprometan sus oportunidades futuras.

4. Proteger y fortalecer la inversión pública en educación en todos sus niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior, avanzando progresivamente hacia el cumplimiento efectivo del mandato constitucional establecido para el financiamiento de la educación pública costarricense.

Atender nuestra deuda financiera es importante pero también debemos evitar contraer una deuda mucho más difícil de pagar: la deuda que significaría no haber desarrollado plenamente el potencial de las generaciones que deberán sostener Costa Rica dentro de treinta y cuarenta años.

Cuidar hoy a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es cuidar el futuro del país. Invertir en las nuevas generaciones es también invertir en nuestra propia vejez.

Vocera Susana Jiménez, vicedecana del Cide

 Entrevista Susana Presupuesto Educacion.mp4

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Chile: Organizaciones de DDHH convocan romería por la memoria, el legado de Allende, y contra los indultos

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

La movilización se realizará el 6 de septiembre y busca reivindicar el legado del presidente Salvador Allende, conmemorar los 53 años del golpe de Estado, y denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocaron a una romería por la memoria, los derechos humanos, y contra los indultos la que se realizará el próximo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, desde el Metro Los Héroe y finalizará en el Cementerio General, en Santiago, con un acto político-cultural.

La jornada se desarrollará bajo la consigna de “No a los Indultos”, “Derechos Humanos, ni un paso atrás”. Así mismo, se reivindicará el legado del presidente Salvador Allende y se rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado cívico-militar de 1973 y de las posteriores violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación frente a los posibles indultos o beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura como a hechos ocurridos durante el estallido social, y advierten sobre lo que consideran un escenario de retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición.

Entre las principales preocupaciones, se encuentra también el desmantelamiento o debilitamiento del “Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, iniciativa creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca avanzar en el esclarecimiento del paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

Para las organizaciones de derechos humanos, la memoria no constituye solamente una mirada hacia el pasado, sino también una responsabilidad frente al presente y el futuro. En ese sentido, la convocatoria busca expresar un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad y reafirmar que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a quedar subordinadas a intereses políticos y cambios de gobiernos.

“Una demostración de amor y reconocimiento”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, llamó a la ciudadanía a participar de la movilización y destacó el carácter histórico y también cultural de la jornada.

“El 6 conmemoraremos en forma cultural, en forma mística, reivindicando, no sólo lo que fue la Unidad Popular, la memoria de nuestros familiares, lo que aún nos falta por encontrar, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo”, señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos.

Además, expresó que la marcha representa también un homenaje al presidente Salvador Allende y a quienes participaron del proceso de la Unidad Popular junto a trabajadores, mujeres y profesionales.

“Tiene que ver con esta marcha, que hay una demostración de amor, de reconocimiento, con el orgullo que sentimos de nuestro presidente Salvador Allende”, afirmó.

En el mismo sentido, el músico Jorge Coulon, del grupo Inti Illimani, llamó a participar de la movilización en un momento que considera especialmente relevante para la defensa de los derechos humanos.

“Es muy importante reivindicar que Chile respeta y exige respetar los derechos humanos y la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el artista.

Fotografía de Pablo Ruiz.