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Mercenarios, crimen organizado y guerra en Ucrania: una amenaza cercana para América Latina

Por Félix Madariaga

La guerra en Ucrania no solo ha provocado una devastación humana y material sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También ha abierto interrogantes sobre el destino de miles de combatientes extranjeros, la proliferación de conocimientos militares avanzados y el eventual traslado de esas capacidades hacia organizaciones criminales transnacionales.

Diversos organismos de seguridad han advertido durante los últimos años que los conflictos armados prolongados suelen convertirse en verdaderas escuelas de guerra para combatientes extranjeros, quienes posteriormente pueden incorporarse a redes criminales, grupos insurgentes o empresas militares privadas. La experiencia adquirida en el manejo de drones de ataque, guerra electrónica, explosivos, minas, reconocimiento y combate urbano constituye un conjunto de conocimientos altamente valorados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

En este contexto, diversos reportes periodísticos e investigaciones han señalado que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían buscado incorporar exmilitares colombianos con experiencia en combate. Asimismo, algunas investigaciones sostienen que individuos vinculados al crimen organizado latinoamericano habrían intentado obtener entrenamiento o experiencia militar participando como combatientes en Ucrania.

Sin embargo, aunque estas informaciones resultan sumamente preocupantes y plausibles, aún son objeto de investigación y no constituyen pruebas concluyentes de una política oficial del Estado ucraniano destinada a entrenar organizaciones criminales.

Lo que sí resulta evidente es que el conflicto ha acelerado la difusión de tecnologías militares relativamente económicas, particularmente drones FPV, municiones merodeadoras («drones kamikaze»), sistemas de observación aérea y nuevas tácticas de combate. Expertos en seguridad internacional han advertido que, una vez finalizada una guerra, parte de estos conocimientos suele expandirse hacia mercados ilegales y actores no estatales.

En ese sentido, el periodista mexicano Marco Teruggi señala: «La novedad es que habría narcotraficantes adquiriendo instrucción en Ucrania para traer esos conocimientos a nuestro país. Ahí están miembros de carteles de la droga mexicanos, en particular del CJNG, exactamente en la línea de combate, donde mueren soldados. Específicamente en el manejo de drones de última tecnología, aprendiendo el uso de aeronaves no tripuladas para traer ese conocimiento y utilizarlo acá».

Sin embargo, en el caso de los narcotraficantes, la información disponible indica que estos se infiltrarían en las escuelas de formación para el manejo de drones, ocultando su filiación y procedencia. Los integrantes de los carteles que viajarían a Ucrania lo harían a través de empresas militares privadas, utilizadas como fachada para hacerse pasar por voluntarios, sin antecedentes criminales, con recomendaciones falsificadas e incluso con pasaportes falsos.

Ucrania se ha convertido en un gran laboratorio de guerra, donde se están probando nuevos armamentos, como drones kamikaze capaces de perseguir objetivos, drones de inteligencia y drones de ataque. Acceder a ese conocimiento significa adquirir capacidades tecnológicas de vanguardia que, en principio, deberían estar reservadas a las fuerzas armadas y no a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ello cobra especial relevancia considerando que parte de la formación militar que reciben las fuerzas ucranianas es impartida por instructores especializados de la OTAN.

A ello se suma otro elemento que merece atención: gran parte de las armas utilizadas por organizaciones criminales en México proviene de Estados Unidos. En ese contexto, resulta llamativo que en el escenario ucraniano puedan coincidir exmilitares, expolicías y presuntos integrantes del crimen organizado en un mismo espacio de combate.

El reclutamiento de exmilitares colombianos constituye otro fenómeno ampliamente documentado. Muchos son atraídos mediante ofertas laborales como escoltas o guardias de seguridad, pero posteriormente terminan integrándose a estructuras armadas del crimen organizado mexicano. Su formación profesional en explosivos, patrullaje, combate rural y operaciones especiales representa un activo estratégico para organizaciones como el CJNG.

Esta situación plantea un desafío internacional. La circulación global de combatientes, instructores y especialistas militares demuestra que las guerras contemporáneas producen efectos que trascienden ampliamente sus fronteras. La experiencia adquirida en un conflicto puede terminar alimentando la violencia criminal en otras regiones del mundo.

Las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, han insistido en denunciar que combatientes extranjeros formados en Ucrania podrían terminar integrándose a organizaciones criminales internacionales. No obstante, estas afirmaciones deben entenderse como la posición del gobierno ruso en el contexto de la guerra y no como conclusiones independientes plenamente demostradas.

Más allá de las disputas políticas entre Moscú y Kiev, el verdadero problema consiste en impedir que los conocimientos y las experiencias militares adquiridos durante la guerra terminen fortaleciendo a organizaciones criminales transnacionales. La historia demuestra que, cuando un conflicto concluye, las armas, la tecnología y los combatientes rara vez desaparecen; con frecuencia encuentran nuevos escenarios donde continuar operando.

Fuentes:

https://www.dw.com/es/presencia-de-c%C3%A1rteles-mexicanos-del-narcotr%C3%A1fico-en-el-frente-de-ucrania/a-73724607

https://www.youtube.com/watch?v=BdC_PNiM9xU&t=69s

https://www.elimparcial.com/mundo/2024/04/09/rusia-afirma-que-estados-unidos-envia-a-narcotraficantes-mexicanos-a-ucrania/

https://www.reforma.com/eu-recluta-a-narcos-mexicanos-para-ucrania-acusa-rusia/ar2786977

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-acusa-a-ucrania-de-facilitar-el-narcotrafico-hacia-europa-senala-vinculos-con-carteles-mexicanos/

Mover un país abre espacios de diálogo sobre migraciones, hospitalidad e inclusión en Costa Rica

El Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y el Centro Cultural de España en Costa Rica (CCE) invitan a participar en el ciclo de conversatorios «Mover un país: diálogos sobre migraciones, hospitalidad e inclusión en Costa Rica», una iniciativa que se desarrollará entre junio y noviembre de 2026 con el propósito de promover el análisis, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la movilidad humana en el país.

Según las organizaciones convocantes, el ciclo consistirá en un conversatorio mensual orientado a abrir un espacio de diálogo crítico y situado sobre las migraciones en Costa Rica. La propuesta busca visibilizar las experiencias, los derechos y los aportes de las personas migrantes y refugiadas, reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y poner en valor las prácticas de hospitalidad como respuesta ética y política frente a la exclusión, la criminalización y la deshumanización.

«Tejer el mañana» será el segundo conversatorio del ciclo

La segunda sesión del ciclo se realizará el miércoles 8 de julio, de 7:00 p.m. a 8:50 p.m., en El Farolito, sede del Centro Cultural de España en Costa Rica.

Bajo el título «Tejer el mañana», el conversatorio estará dedicado a reflexionar sobre las redes de protección, apoyo y cuidados para personas forzosamente desplazadas —ya sea de forma temporal o permanente— en Centroamérica.

De acuerdo con las personas organizadoras, el encuentro abordará las iniciativas que existen en Costa Rica para acompañar a quienes enfrentan desplazamientos forzados, analizando estas experiencias como alternativas para reexistir en un contexto regional marcado por la represión, el retroceso de derechos y el avance de tendencias autoritarias.

Participarán:

  • Valeria Montoya Tabash.

  • Julieta Montoya Molteni.

  • Keller Araya Molina.

La moderación estará a cargo de Annie Rodríguez Ovares.

Un ciclo sobre movilidad humana e inclusión

El programa contempla seis conversatorios, cada uno dedicado a una dimensión específica de la movilidad humana:

  • 17 de junio: Huir no es una elección. Derecho al refugio: promesas, límites y realidades en Costa Rica.

  • 8 de julio: Tejer el mañana. Redes de protección y cuidados para reexistir en la Centroamérica autoritaria y expulsora.

  • 12 de agosto: Destino impuesto, derechos negados. Personas expulsadas de Estados Unidos a Costa Rica.

  • 16 de setiembre: Las fronteras también se habitan. Movilidad humana en Paso Canoas y Los Chiles.

  • 21 de octubre: Hacerse la vida. Integración económica y aportes de las personas migrantes y refugiadas.

  • 18 de noviembre: Mujeres en movimiento. Por el derecho a vidas con dignidad, justicia y autocuidados.

Las actividades son de acceso libre y se desarrollarán en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante.

Las organizaciones convocantes extienden la invitación al público a participar tanto en el conversatorio «Tejer el mañana» como en el conjunto del ciclo, con el fin de fortalecer el diálogo sobre las migraciones, los derechos humanos, la hospitalidad y la inclusión en Costa Rica.

La UCR reafirma su oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Consejo Universitario mantiene criterio institucional y recomienda no aprobar el texto actualizado del Expediente N.º 23.414

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto actualizado del proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente N.º 23.414), al considerar que la iniciativa continúa debilitando el modelo eléctrico público costarricense y plantea una transformación estructural del sector sin ofrecer garantías suficientes para proteger el interés público.

Con esta decisión, la Universidad reafirma los criterios institucionales emitidos en 2023 y 2024 respecto al texto base y al texto dictaminado de la iniciativa, manteniendo una posición consistente en defensa del modelo eléctrico construido por Costa Rica durante más de siete décadas.

El análisis realizado por especialistas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ciencias Sociales y otras unidades académicas concluye que el proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema eléctrico nacional, desplazando un modelo basado en la planificación pública, la solidaridad y el acceso universal hacia otro sustentado en la competencia y la lógica de mercado. Aunque formalmente se mantiene la rectoría estatal, la propuesta amplía la participación de agentes privados en funciones estratégicas y modifica el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destacan la creación de un Mercado Eléctrico Nacional bajo criterios de competencia, el traslado de funciones estratégicas actualmente ejercidas por el ICE hacia un nuevo ente coordinador, la pérdida de capacidad de planificación pública del sistema eléctrico y los riesgos que ello representa para principios como la universalidad, la solidaridad, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el análisis advierte que experiencias internacionales de liberalización eléctrica han evidenciado aumentos tarifarios, deterioro en la calidad del servicio y una mayor vulnerabilidad operativa.

El Consejo Universitario también considera que la modernización del sistema eléctrico es una necesidad impostergable; sin embargo, esta debe orientarse al fortalecimiento institucional del ICE, la despolitización de la planificación energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la gobernanza pública del sector, sin debilitar el modelo solidario que ha permitido a Costa Rica alcanzar una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y una matriz basada mayoritariamente en fuentes renovables.

En ese sentido, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa y con las instituciones del sector energético mediante el aporte de sus capacidades académicas y técnicas para construir una propuesta de modernización del sistema eléctrico que preserve el interés público, fortalezca al ICE y responda a los desafíos de la transición energética y la seguridad eléctrica del país.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Puede descargar el dictamen desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Propuesta-Proyecto-de-Ley-CU-74-2026.pdf

La verdad y la política bajo los escombros

José A. Amesty Rivera

Hay quienes que, cuando los pueblos sufren, llegan con agua, alimentos, medicinas, maquinaria y solidaridad, otros llegan con cámaras, troles y mentiras.

La historia de Nuestra América está llena de terremotos, huracanes, inundaciones y otras tragedias naturales, pero también ha estado marcada por otro tipo de desastres, uno creado desde los centros del poder político y mediático, como el uso del dolor humano para desestabilizar gobiernos populares y sembrar desesperanza.

Lo ocurrido en Venezuela tras los devastadores terremotos no puede analizarse solo como un fenómeno geológico; mientras miles de rescatistas, médicos, bomberos, trabajadores públicos y voluntarios luchan contra el tiempo para salvar vidas, en las redes sociales se libra otra batalla, una ofensiva comunicacional que busca convertir una tragedia nacional en un instrumento de confrontación política.

Esto no es algo nuevo. La Revolución Bolivariana ha enfrentado durante más de dos décadas una guerra en muchos frentes, donde la manipulación de la información ha sido una de las armas más poderosas. Cada dificultad económica, cada apagón, cada inundación, cada crisis sanitaria, y ahora cada desastre natural se convierte de inmediato en material para una maquinaria propagandística, que intenta presentar al Estado venezolano como un proyecto fracasado.

No hablamos simplemente de la crítica política, que siempre es válida en una sociedad democrática, la crítica forma parte del debate. El problema comienza cuando el sufrimiento de miles de familias, se convierte en un espectáculo para generar odio, desmoralización y enfrentamiento.

Mientras hombres y mujeres remueven toneladas de escombros para rescatar sobrevivientes, en Internet circulan fotografías de otros terremotos presentadas como si fueran de Venezuela, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial y rumores sobre supuestos saqueos, abandono total de las víctimas, robo de donaciones, e incluso versiones según las cuales funcionarios cobraban dinero para entregar los cuerpos de personas fallecidas.

Muchas de estas publicaciones fueron desmentidas posteriormente por verificadores independientes, demostrando que el dolor también puede convertirse en un negocio político.

Es la política del desastre, donde el neoliberalismo convierte todo en mercancía, incluso las tragedias. Existe una lógica profundamente deshumanizada que cree que mientras peor le vaya al país, mayores serán las posibilidades de derrotar políticamente al gobierno.

Es una visión que no celebra la reconstrucción, sino el derrumbe; que no busca aliviar el sufrimiento, sino aumentarlo; que no construye esperanza, sino frustración.

En esta lógica, una catástrofe natural deja de ser un drama humano para convertirse en una oportunidad propagandística. Lo importante deja de ser salvar personas y pasa a ser construir un relato político.

Por esto aparecen las matrices de opinión incluso antes de que terminen las labores de rescate. Primero se instala la idea del abandono, luego la de un supuesto colapso institucional, más tarde llegan las acusaciones sin pruebas y, finalmente, aparece la conclusión política que ya estaba preparada, presentar al gobierno como incapaz y convertir el dolor colectivo en combustible para la confrontación.

No es un drama exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Cuba después de huracanes, en Nicaragua tras desastres naturales, en Bolivia durante los incendios, en México después de terremotos y en buena parte de América Latina, cuando gobiernos progresistas enfrentan situaciones extraordinarias.

Las redes sociales permiten que una mentira recorra millones de pantallas antes de que la verdad logre abrirse paso; este es precisamente el objetivo: no informar, sino impactar emocionalmente, sembrar miedo, provocar indignación y romper la confianza entre el pueblo y las instituciones.

Mientras algunos se concentran sus esfuerzos en hacer virales rumores y noticias falsas, otra Venezuela estaba actuando: Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada, Personal Sanitario, Consejos Comunales, Comunas, Militantes Sociales, Vecinos, Jóvenes Voluntarios, Trabajadores Públicos y Rescatistas Internacionales. Miles de personas que no preguntan por la posición política de quien necesita ayuda, simplemente ayudan.

Porque cuando un edificio se derrumba no hay opositores ni chavistas bajo los escombros, hay seres humanos. Esta es la Venezuela que pocas veces ocupa los titulares de los grandes medios internacionales, la Venezuela de la solidaridad organizada, la que comparte alimentos, aunque tenga poco, la que convierte escuelas en refugios y donde las comunidades organizan cocinas colectivas mientras llegan los organismos especializados.

Y no se trata de idealizar la realidad. Ningún Estado del mundo responde de manera perfecta a una catástrofe de semejante magnitud, siempre habrán carencias, errores, retrasos y limitaciones materiales.

Más aún cuando un país ha soportado durante años sanciones económicas, dificultades financieras y restricciones para adquirir equipos especializados, pero reconocer esas limitaciones es muy diferente a fabricar una realidad paralela basada en noticias falsas.

También se ha desatado una guerra psicológica. Hace tiempo que los manuales de guerra dejaron de limitarse al terreno militar, hoy las operaciones psicológicas ocupan un lugar central, y las redes sociales funcionan como verdaderos campos de batalla, donde cada fotografía, cada video y cada rumor puede influir en la percepción colectiva.

La desinformación no busca solamente engañar, busca paralizar, desmoralizar y dividir, busca que la gente deje de confiar en las instituciones del país, que toda información oficial sea vista automáticamente como falsa y que termine imponiéndose el caos informativo.

En este escenario gana quien logra sembrar primero una emoción, aunque después sea desmentida; las mentiras casi siempre corren más rápido que las rectificaciones y, cuando se trata de tragedias humanas, el impacto emocional hace que se propaguen todavía más rápido.

Dicho esto, la izquierda también tiene responsabilidades. Defender al pueblo venezolano no significa negar los problemas, no significa convertir la solidaridad en propaganda, ni afirmar que todo funciona perfectamente.

Ser de izquierda exige un compromiso mucho más profundo, como el de defender la verdad, incluso cuando resulte incómoda. Porque si denunciamos la manipulación del adversario, también debemos rechazar cualquier intento de ocultar los errores propios. La ética revolucionaria no puede construirse sobre exageraciones, sino sobre hechos.

Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, no solo porque afectan la imagen del gobierno, sino porque afectan directamente la vida de las víctimas. Un rumor puede impedir que una familia encuentre información confiable, puede dificultar el trabajo de los rescatistas, sembrar pánico, generar violencia o desviar recursos hacia problemas que no existen. Las fake news también matan.

Otro tema es que la Patria Grande no puede ser indiferente frente al dolor. La respuesta latinoamericana debe estar a la altura de una región que conoce muy bien el valor de la solidaridad, por ejemplo, Cuba enviando médicos, México enviando rescatistas, Colombia tendiendo puentes, Brasil aportando ayuda; los pueblos organizando campañas de recolección, las universidades ofreciendo apoyo técnico y los movimientos sociales movilizando alimentos y medicinas.

Esta es la América Latina que soñaron Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Chávez y tantos otros, la América Latina que entiende que ninguna frontera vale más que una vida humana; hoy Venezuela necesita esta solidaridad.

Y no necesita laboratorios digitales sembrando odio, no necesita dirigentes políticos haciendo cálculos electorales entre los escombros, no necesita influencers compitiendo por seguidores en medio de la tragedia; Necesita humanidad, cooperación y respeto por quienes lo han perdido todo.

Para ir terminando, cada desastre natural deja lecciones, una de ellas es que la verdad también necesita ser defendida, porque la mentira organizada puede convertirse en otra forma de violencia.

La batalla por la verdad no pertenece únicamente al gobierno ni a la oposición, pertenece al pueblo, pertenece a quienes creen que ninguna diferencia política justifica usar el sufrimiento humano, como arma de confrontación.

Cuando la tierra deje de temblar comienza otra reconstrucción, la de las viviendas, las escuelas y los hospitales, pero también la reconstrucción de la confianza colectiva, y esta tarea exige derrotar el cinismo, el oportunismo y la manipulación.

La izquierda latinoamericana debe levantar una bandera sencilla, pero profundamente revolucionaria, ninguna victoria política, vale una sola mentira construida sobre el dolor del pueblo.

Porque los escombros se levantan con maquinaria, pero las heridas sanan con solidaridad, y la dignidad de un pueblo solo puede sostenerse sobre la verdad, la justicia y la memoria.

En tiempos en que las redes sociales pueden convertir una falsedad en una verdad aparente, defender la información verificada, también es una forma de defender la soberanía, y la soberanía, como nos enseñó Hugo Chávez, no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece al pueblo, que tiene derecho a enfrentar las adversidades con la verdad por delante y con la esperanza intacta.

La Corte IDH escuchó al pueblo de Sarayaku en audiencia de supervisión

CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.

El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.

Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.

Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.

Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.

El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.

Fotos: Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Biblioteca Nacional ofrece amplia agenda para el disfrute de las vacaciones

6 al 17 de julio 2026

La Biblioteca Nacional ofrece actividades gratuitas para público de todas las edades

Exposiciones

Tres hermosas exposiciones le esperan:

  • Exposición de arte y documental «Raíces y tradiciones de Guanacaste» dedicada a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría

  • Exposición “Conservación preventiva: Archivo Zulay Soto: 60’s-70’s»

  • Exposición de pintura «Cartago esencial» del artista plástico Mauricio Gómez Gómez

Talleres infantiles

8 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «Tejonero del mar» con la escritora Leda Cavallini

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

9 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «La fábrica de hacer cuentos» con el escritor Carlos Rubio

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

15 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «Musicando la lectura» con Natalia Esquivel

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

17 de julio, 10 a.m.

Taller infantil de pintura con el artista Fabio Serdas

Para niños y niñas de 7 a 15 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

Taller para jóvenes y adultos

14 y 21 julio, 1:00 a 3:00 p.m. (grupo 1)

16 y 23 julio, 1:00 a 3:00 p.m. (grupo 2)

Emblemas costarricenses: pintura y moldeado en 3D

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

Visitas guiadas

Visitas guiadas para familias, para jóvenes, adultos y adultos mayores

Lunes a viernes a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m.

Presentación de libros, recitales y presentaciones artistas

8 de julio, 4:00 p.m.

Presentación del libro «La mamá de San Vito» de Marconi Rojas Thiele

Actividad con la Embajada de Italia

Todo público

10 de julio, 4:00 p.m.

«Recital de Poesía y Canto» homenaje a a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y música del Himno de la Anexión de Guanacaste»

Participan Marta Rojas Porras, Leda García, Elliette Ramírez, Julieta Dobles, Alba C. Molina, Natalia Esquivel Benítez, Rocío Campos Cantero, Patricia Gamboa Bolaños

Todo público

15 de julio, 4:00 p.m.

Presentación documental «Zulay Soto: una mujer de rompe y rasga»

Todo público

16 de julio, 10:00 a.m.

«Memoria, cuerpo y arte: La Casona Hacienda El Viejo» presentado por María Soledad Hernández historiadora y Rebeca Alvarado Soto, bailarina

Actividad dedicada a Guanacaste

Todo público

16 de julio, 4:00 p.m.

Conferencia virtual del ciclo con la Academia Morista Costarricense

Transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional.

Defensoría: Parálisis por nombramientos de magistraturas suplentes pone en riesgo derechos de habitantes

La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistraturas suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en altísimo riesgo el respeto de los derechos fundamentales de los y las habitantes.

En un informe remitido esta semana a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional, en tanto un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico.

La Defensoría señaló que ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

Del análisis de información solicitada por esta Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.

A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.

A partir de lo anterior, se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.

¿Por qué español y otros idiomas sí?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo». Recordarán ustedes esta frase salida del más filósofo de los filósofos de los mandatarios contemporáneos.

Recordarán ustedes también sus indicaciones para exterminar el español en varios Estados de la unión americana, como mecanismo para extirpar el peso simbólico de la comunidad hispana en su país.

Muy por el contrario, el español goza de muy buena salud: se ha convertido en símbolo de resistencia en la misma entraña del país del filósofo en mención.

A cada operativo de ICE en el que la autoridad migratoria ha intentado someter en inglés a las personas detenidas, la mayoría de ellas de origen centroamericano, el español ha sido repuesta y herramienta.

Por otra parte, en un guiño colonial y comercialoide de poca monta, la FIFA industria y mercenaria del inicio Infantino, intentó torcer el brazo de los países hispanohablantes al obligar a realizar las conferencias de prensa en el marco del actual Campeonato Mundial de fútbol, en inglés.

Tuvo que rectificar, obviamente.

Nada más desacertado en un torneo organizado en tres países, dos de los cuales el español es hablado por miles de millones de personas.

Habiendo dicho esto, habiendo aceptado que español si como recurso y estrategia de respuesta, no debe obviarse que en muchos de nuestros países este idioma también ha constituido herramienta de dominación y sometimiento en contra de pueblos originarios.

El balón, decía el Maradona más político que existió, no debe ser manchado nunca. El español tampoco. Pero tampoco debe obviarse los siglos de vasallaje cultural que este idioma ha propiciado contra saberes ancestrales.

Porque Sí el español y los demás idiomas que nos tejen como región.

Esa debe ser la consigna. La política. La resistencia.

Políticas de cuidado enfrentan nuevos desafíos en contextos de erosión democrática, advierten especialistas de la UCR

Las políticas de cuidado, la organización social de las familias y el fortalecimiento de la democracia fueron el eje de la conferencia «Cuidar, controlar y castigar: las políticas de familia en tiempos de erosión democrática», realizada el lunes 29 de junio de 2026 en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La actividad fue organizada por el Posgrado Centroamericano en Sociología y la Red Interuniversitaria de Estudios sobre los Cuidados y sus Transformaciones, y contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR); la M.Sc. Laura Rivera Alfaro, coordinadora de la Iniciativa Puentes para la Educación de la Vicerrectoría de Acción Social y docente de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente; y la Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología, quien moderó el encuentro.

Durante la apertura, Nancy Piedra destacó que la conferencia forma parte de un proceso sostenido de reflexión impulsado por el Posgrado y por la Red Interuniversitaria para analizar críticamente las transformaciones sociales que atraviesan América Latina. Señaló que el debate sobre los cuidados ha sido impulsado de manera decisiva por los movimientos feministas, así como por organismos internacionales y espacios académicos que han contribuido a colocar este tema en el centro de las políticas públicas.

Los cuidados como derecho humano y como disputa política

En su exposición, Juliana Martínez Franzoni planteó que América Latina atraviesa un momento decisivo para las políticas de cuidado. Recordó que la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, universal y exigible, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizar servicios de calidad, proteger a quienes cuidan y corregir las profundas desigualdades que caracterizan la organización social de los cuidados en la región.

Sin embargo, advirtió que ese importante avance normativo convive con una realidad profundamente desigual.

Explicó que la organización de los cuidados continúa descansando principalmente sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza, lo que limita sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Para la investigadora, el cuidado debe entenderse no solamente como un componente de la política social, sino como una infraestructura política capaz de distribuir poder dentro de la sociedad.

Desde esa perspectiva, sostuvo que las políticas públicas pueden utilizarse para ampliar derechos y promover inclusión, pero también pueden convertirse en mecanismos de control social e incluso de castigo cuando las democracias experimentan procesos de deterioro institucional.

De cuidar para incluir a cuidar para controlar

Uno de los principales planteamientos de la conferencia fue la necesidad de comprender la evolución reciente de las políticas de familia en América Latina.

Martínez Franzoni explicó que durante los primeros quince años del siglo XXI numerosos países ampliaron la protección social mediante reformas en salud, asistencia social y sistemas de cuidado, incorporando a sectores históricamente excluidos y reconociendo los cuidados como un cuarto pilar de los sistemas de bienestar.

Ese proceso permitió ampliar licencias, fortalecer servicios comunitarios, reconocer el trabajo de cuidados y promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias.

No obstante, sostuvo que actualmente diversos países enfrentan un cambio de orientación política.

En ese nuevo contexto, afirmó, algunas políticas de familia dejan de orientarse prioritariamente hacia la inclusión y pasan a desempeñar funciones de vigilancia, disciplinamiento y control sobre determinados grupos sociales.

Según explicó, cuando el Estado reduce su papel como garante de derechos y fortalece enfoques autoritarios, se profundiza la división sexual del trabajo y se produce lo que diversos estudios denominan una «refamiliarización forzada» de los cuidados, trasladando nuevamente la mayor parte de estas responsabilidades a las familias y, particularmente, a las mujeres.

El cuidado también es desarrollo económico

La investigadora subrayó que los cuidados no deben analizarse únicamente desde la política social.

Argumentó que constituyen también un componente estratégico del desarrollo económico, ya que generan empleo, distribuyen ingresos y fortalecen la economía de servicios.

En ese sentido, propuso avanzar hacia políticas que integren tres dimensiones complementarias:

  • consolidar los cuidados como un cuarto pilar del bienestar;

  • reconocerlos como un sector productivo generador de empleo;

  • incorporarlos como un estándar transversal en las políticas laborales, sociales y ambientales.

A su juicio, solamente una estrategia integral permitirá convertir el reconocimiento jurídico del derecho al cuidado en transformaciones concretas para la población.

Defender las políticas públicas de cuidado

En los comentarios posteriores a la conferencia, Laura Rivera Alfaro destacó la importancia de comprender que las disputas actuales sobre las políticas de familia forman parte de debates más amplios acerca del papel del Estado, la democracia y los derechos sociales.

Señaló que muchas de las transformaciones recientes buscan reinstalar visiones tradicionales de la familia que trasladan nuevamente las responsabilidades del cuidado al ámbito privado, debilitando la responsabilidad pública en esta materia.

Rivera subrayó que defender las políticas de cuidado implica también defender la igualdad, la democracia y la posibilidad de construir sociedades más justas, capaces de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades que sostienen la vida cotidiana.

Un debate necesario

La actividad concluyó con un intercambio entre las expositoras y el público asistente, en el que se profundizó sobre los desafíos que enfrentan Costa Rica y América Latina para fortalecer políticas públicas de cuidado en un contexto marcado por restricciones fiscales, desigualdades persistentes y transformaciones políticas.

Las organizadoras señalaron que este tipo de espacios buscan aportar herramientas de análisis que permitan comprender las relaciones entre democracia, bienestar, políticas sociales y organización de los cuidados, promoviendo una discusión informada sobre uno de los temas centrales para el presente y el futuro de la región.

La conferencia completa puede verse en el siguiente enlace de YouTube:

La UTN hacia una universidad de clase mundial: visión estratégica para la transformación y la competitividad internacional

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Ciencias Económicas y Empresariales,
Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y,
América Latina,
Escritor, Científico Social

La Universidad Técnica Nacional (UTN), creada mediante la Ley N.° 8638 en el año 2008, representa uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por el Estado costarricense para fortalecer la educación superior técnica, tecnológica y científica. Desde su origen, la institución nació con el propósito de responder a las necesidades de formación del sector productivo nacional y de servir como puente entre la educación técnica y la educación universitaria, contribuyendo al desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Después de casi dos décadas de existencia, la UTN ha logrado consolidar una presencia nacional significativa mediante sus sedes regionales y una oferta académica orientada a la empleabilidad y al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía. Su ubicación geográfica, particularmente en la provincia de Alajuela, le otorga ventajas competitivas extraordinarias debido a la cercanía con zonas francas, parques industriales, centros logísticos, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y corredores de comercio internacional que la conectan con los principales mercados del mundo.

Sin embargo, los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI exigen una transformación más profunda. La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la automatización, la sostenibilidad ambiental y la competencia global por el talento obligan a replantear la visión institucional. La meta ya no debe limitarse a ser una universidad nacional exitosa, sino convertirse progresivamente en una universidad tecnológica de referencia para América Latina y, eventualmente, en una institución de rango mundial.

Para alcanzar ese objetivo, la UTN debe orientar su crecimiento hacia áreas estratégicas de alta demanda internacional. Entre ellas destacan la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Ciberseguridad, las Energías Renovables, la Biotecnología, la Tecnología de Alimentos, la Industria 4.0 y 5.0, la Logística Inteligente y las Cadenas Globales de Suministro. Estas disciplinas constituyen la base de las economías más dinámicas y representan oportunidades reales para que Costa Rica fortalezca su competitividad internacional.

La internacionalización debe convertirse en un eje transversal de toda la estrategia institucional. Esto implica fortalecer el bilingüismo, promover programas de doble titulación, impulsar intercambios académicos, establecer convenios con universidades líderes del mundo y desarrollar una cultura universitaria orientada hacia estándares globales de excelencia. La capacidad de atraer profesores visitantes, investigadores internacionales y estudiantes extranjeros será un indicador clave del avance institucional.

Un componente fundamental de esta transformación es el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación universitaria debe responder prioritariamente a los problemas nacionales y regionales, contribuyendo a generar soluciones en áreas como sostenibilidad ambiental, salud pública, educación, productividad empresarial y desarrollo social. Más allá de la publicación de artículos científicos, la universidad debe enfocarse en generar impacto real mediante la transferencia tecnológica, la creación de patentes, la incubación de empresas, el emprendimiento innovador y la vinculación efectiva con los sectores productivos.

La sostenibilidad financiera constituye otro de los grandes desafíos institucionales. El financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior seguirá siendo esencial, pero resulta necesario complementarlo mediante alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de investigación, convenios con organismos multilaterales y mecanismos innovadores de captación de recursos. Instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los programas europeos de investigación representan oportunidades relevantes para financiar proyectos estratégicos.

Asimismo, la universidad debe avanzar hacia una transformación digital integral. La implementación de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de gobierno digital, analítica de datos institucionales y automatización de procesos permitirá mejorar la eficiencia administrativa y académica. La incorporación de tecnologías emergentes fortalecerá tanto la experiencia estudiantil como la capacidad institucional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.

El desarrollo del talento humano será igualmente determinante. La calidad de una universidad depende en gran medida de la excelencia de sus docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. Por ello, es indispensable fortalecer los procesos de selección basados en competencias, promover la capacitación continua, garantizar condiciones laborales competitivas y fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación, la calidad y la rendición de cuentas. El liderazgo institucional deberá caracterizarse por una visión estratégica, capacidad de gestión y compromiso permanente con la excelencia académica.

La consolidación de la calidad requiere además sistemas rigurosos de evaluación, acreditación y mejora continua. La UTN debe medir su desempeño mediante indicadores internacionales, comparar sus resultados con universidades líderes y participar activamente en rankings académicos globales. No se trata únicamente de mejorar posiciones, sino de utilizar esos referentes para impulsar procesos permanentes de aprendizaje institucional y fortalecimiento de capacidades.

Una visión de largo plazo también exige proyectar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica. El desarrollo de ciudades tecnológicas sostenibles alrededor de las sedes universitarias, en alianza con empresas de alta tecnología y sectores productivos estratégicos, podría convertir a la UTN en un ecosistema de innovación capaz de integrar educación, investigación, emprendimiento y desarrollo regional. Esta visión permitiría atender una población estudiantil creciente y consolidar espacios para la experimentación tecnológica y la transferencia de conocimiento.

Convertirse en una universidad de clase mundial implica responder preguntas estratégicas fundamentales: cuál será su identidad diferenciadora, cómo se financiará su crecimiento, cuáles serán sus áreas prioritarias de especialización, cómo medirá el éxito institucional y qué alianzas nacionales e internacionales serán necesarias para alcanzar sus objetivos. La claridad en estas definiciones permitirá construir una hoja de ruta sólida y sostenible para las próximas décadas.

En conclusión, la Universidad Técnica Nacional posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente regional de educación superior tecnológica. Su origen, cobertura territorial, cercanía con los sectores productivos y orientación hacia la formación técnica constituyen fortalezas significativas. No obstante, alcanzar estándares internacionales requerirá una estrategia integral basada en innovación, investigación aplicada, internacionalización, transformación digital, sostenibilidad financiera y excelencia académica. El verdadero reto no consiste únicamente en ascender en los rankings mundiales, sino en formar profesionales altamente calificados, bilingües, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Si logra consolidar esta visión estratégica, la UTN podrá posicionarse como una universidad tecnológica líder en América Latina y proyectarse exitosamente hacia el escenario global.