(Bloque Verde, 25/4/2022) Durante los últimos días ha circulado una desafortunada frase que se le atribuyen al Ministro de Ambiente y Energía entrante, Franz Tattenbach. El rezo dice algo así como: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada.”
El exdiputado condenado por el delito de falsedad ideológica, Otto Guevara; el pastor evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado y hasta el gremio sindical de los empresarios la UCCAEP, se han puesto a repetir esta frase difamatoria que ofende a cualquier persona que se precie de amar la naturaleza y protegerla.
Estos señores ofenden a buena parte de una población nacional que identifica con el cuido de los ecosistemas. Dichosamente la opinión pública está de nuestro lado. En mayo del 2021 una encuesta de opinión sobre la percepción de las instituciones en el país, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, revelaba que las organizaciones ecologistas estamos entre las instituciones con más respaldo por parte la población costarricense.
Muy a pesar de lo que dice el señor ministro entrante, ningún ambientalista ha sido condenado por “ser enemigo de las empresas”. Lo que en realidad si existen son empresas condenadas judicialmente por contaminación, deforestación, por invasiones de Áreas Silvestres Protegidas, por secar y desaparecer humedales, por tráfico de vida silvestre, por desviar causes de ríos o quebradas, etc. Incluso hay evidencia de que la empresas piñeras deforestaron casi 6.000 hectáreas con total impunidad y hasta la fecha no existe un proceso judicial en su contra y así incontables delitos haciendo fila en los tribuales de justicia de este país aún sin procesar.
Las organizaciones ambientales sabemos que lo que significa las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto.
El abogado ambientalista Alvaro Sagot en redes sociales ha reaccionado señalando varias interrogantes al respecto que compartimos 1) ¿En general hay ambientalistas enemigos del sector privado o ambientalistas enemigos del sector privado que genera daños ambientales? 2) ¿Estará el nuevo ministro avalando y motivando un enfrentamiento? 3) ¿El Estado no es quién debe ser el primero en enfrentar fuertemente, por disposición legal, a las empresas que generan daños ambientales? Finalmente: 4) ¿Sería el Estado enemigo del sector privado por tratar de aplicar las normas ambientales, que por cierto son las mismas que utilizan los grupos ambientalistas?
El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de la persona en la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)—actualmente con rango de ministra—son puestos claves para el desarrollo nacional; por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento, formación y apertura al diálogo son requisitos indispensables, aseguran Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri, especialistas del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA).
En una carta dirigida al presidente electo Rodrigo Chaves, la vicepresidenta electa y coordinadora designada del área social Mary Munive, y Natalia Díaz, quien está a cargo del proceso de selección de personas idóneas para los principales puestos de gobierno, Rodríguez y Chaverri—directora del INEINA y coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, respectivamente—solicitaron, de manera respetuosa, atender algunas consideraciones para la selección de estos puestos, que consideran cruciales para el desarrollo nacional.
En representación de la Comisión de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la UNA, los expertos recomiendan al nuevo gobierno lo siguiente en torno a los nombramientos de jerarcas de estas dos instituciones:
La evidencia científica señala que la intervención temprana e integral en la vida de las personas cumple un papel causal en su desarrollo a largo plazo y marca una diferencia positiva en este, por lo que es trascendental que estos dos nombramientos tomen en cuenta el conocimiento técnico de las personas elegidas sobre desarrollo humano integral, así como sobre las acciones que lo potencian y aquellas que lo inhiben.
Además de una formación académica robusta y experiencia en el campo específico, es muy importante que las personas elegidas en estos dos cargos cuenten con apertura al diálogo. Costa Rica terminó un ciclo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en 2021 y actualmente hay varias comisiones interinstitucionales en funcionamiento que están formulando la nueva política 2022, por lo que es clave que los/as nuevos/as jerarcas tengan presente este proceso y lo lleven a buen puerto, pues se trata de un compromiso nacional, así como ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ha habido un amplio proceso de diálogo y análisis liderado por el PANI que debe culminar con la aprobación en este año de una nueva política nacional que cumpla con altos estándares de calidad. Por otra parte, en el campo educativo hay rezagos de gran importancia, como los señalados por el informe del Estado de la Educación y Unesco, que requieren el liderazgo de autoridades técnicas y con experiencia que tomen decisiones rigurosas y valientes para la mejora en los servicios educativos a nivel nacional.
Como lo demostró un estudio de la UNA en 2015, el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), que fue creado en el Código de Niñez y Adolescencia, tiene una serie de vacíos y problemas que le impiden impulsar eficazmente las políticas que se requieren para el desarrollo integral de las personas menores de edad. Esto es un tema crucial porque no habrá política educativa ni de desarrollo exitosa, allí donde hay hambre, abandono, maltrato, pobreza y diversas formas de violencia y vulnerabilidad. Es por lo anterior que se torna necesario que las personas que ejerzan estos cargos tengan la capacidad política de potenciar cambios en las estructuras y procesos ya existentes para el bienestar de la población menor de edad.
Contrario a la actitud dominante de carácter recortista, minimalista y cortoplacista de la inversión en niñez y adolescencia de los últimos años, resulta fundamental que las nuevas autoridades de gobierno comprendan el rol esencial que esta juega en el desarrollo nacional. La inversión en niñez, adolescencia y educación es de las que muestra los mayores niveles de retorno, por lo que no se puede considerar un desperdicio ni un malgasto de recursos, sino todo lo contrario, un genuino financiamiento del desarrollo nacional que se devuelve con creces. La inversión en niñez y adolescencia impacta el incremento de los indicadores de desarrollo humano, económico y social, y contribuye a disminuir indicadores de vulnerabilidad, exclusión, pobreza y desigualdad, en un país donde uno de cada tres niños vive en pobreza, hipotecando así su presente y su futuro. La falta o la debilidad de tal inversión pasa una factura carísima al país que es muy difícil de corregir posteriormente. Las personas que ejerzan estos puestos deben tener claridad sobre esto e implementar decisiones para asegurar que la presupuestación y ejecución de fondos se realice de forma estratégica y eficaz.
El nombramiento tanto de la persona al frente del Ministerio de Educación Pública, como de la persona en la presidencia ejecutiva del PANI (que actualmente detenta también el rango de ministra), son puestos claves para el desarrollo nacional. Por tanto, el liderazgo, experiencia, conocimiento y formación son requisitos indispensables.
Con amplia trayectoria en el campo de la niñez y la adolescencia, Rodríguez y Chaverri destacaron que las anteriores consideraciones, en el pasado, no siempre fueron tomadas en cuenta, lo cual—en su criterio—resultó en nombramientos de personas no idóneas, quienes tomaron decisiones que hicieron daño a las instituciones y al país y produjeron retrocesos en el cumplimiento integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Por todo lo anterior, les instamos a que los nombramientos en el MEP y el PANI se realicen considerando estos puntos en los perfiles técnicos y la trayectoria en los campos específicos de quienes resulten elegidos”, concluye la carta dirigida al gobierno electo, suscrita por ambos especialistas de la UNA.
***Mayores detalles con periodista Oficina Comunicación 8334-4150.
Compartido con SURCOS por Roxana Rodríguez y Pablo Chaverri.
Grupo de reconocidos académicos de la UNA hacen análisis y recomendaciones en materia educativa
Propuesta ocurre en coyuntura política de cambio de administración
La situación de la educación en Costa Rica es apremiante. Es necesario analizar y discernir sus aspectos fundamentales, con todas sus aristas, para repensarlas y potenciar su alcance liberador y encaminar las opciones que enfrenten las situaciones de desigualdad estructural e inspiren acciones para la convivencia pacífica, inclusiva y respetuosa de la dignidad.
En este primer análisis sobre las reformas y transformaciones curriculares se reseñan las condiciones reales en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje; también sobre los fundamentos que engranan el sistema educativo, las narrativas curriculares y las nuevas condiciones de los procesos educativos, como vía para visualizar una propuesta que abarque el contexto real de la educación en Costa Rica.
I. La educación es un derecho
La educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral de toda persona y una necesidad social, en la cual confluyen la formación intelectual, instrumental y ética. Esto incluye las distintas formas de aprender, investigar y reconocer los diferentes saberes -conceptuales, prácticos y estéticos- que se desarrollan en las sociedades.
El derecho a la educación ha sido, desde la creación de la República, un eje central para el desarrollo general del país, tanto en su acepción material, sometida a la actividad productiva, como en su acepción sociocultural, de ejercicio de la libertad, del pensamiento, del diálogo y de la vida.
Sin embargo, el contexto socioeconómico del país -subsumido a la pandemia- ha evidenciado las brechas económicas y de acceso a bienes y servicios básicos de manera explícita, como el caso de la educación de lo que dan cuenta, entre otros, los estudios del Estado de la Educación.
II. Acerca de la educación, la “escuela” y el sistema educativo
Es oportuno hacer una distinción necesaria y útil entre educación y escuela. En particular, debemos remirar algunos conceptos clásicos de educación, como el de formación, que es más amplio y ambicioso que la idea de instrucción, propia de la escuela. La educación es una dinámica generadora de conocimiento, promotora del cambio social y potenciadora del despliegue de capacidades de los seres humanos.
La visión y acción educativa trasciende las organizaciones institucionales (v.g., escuela) y disciplinarias de los saberes (ciencia, técnica, arte, espiritualidad). La educación articula o integra los diversos saberes y los inserta en una conciencia planetaria, que va más allá de la mera racionalidad instrumental. Por tanto, se trata de una educación que educa y no solo instruye; que libera más y condiciona menos, y que ayuda a los aprendientes a aprender por sí mismos y entre sí, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia feliz y relevante para la vida.
Por otra parte, en la formación de la institución escolar, en Costa Rica, desde el siglo XIX, han operado varios factores, como la tendencia humanista en la formación de los futuros maestros y maestras, y la consciencia social y política que estos tenían respecto de su labor. Esto se hizo más evidente con la constitución de la Escuela Normal de Costa Rica (1913), que diera paso luego a la Escuela Normal Superior (1967) y con ello a la “profesionalización” de la persona docente. En la formación normalista el énfasis estaba en aspectos educacionales y métodos pedagógicos, así como en el carácter social de la escuela y de la función de las personas educadoras. Pero, a partir de los años sesenta, antes de ser Normal Superior, aquella se había convertido en un ente formador muy instrumental, donde las didácticas específicas se trabajaban con libros de texto y los cursos radicaban en cómo aplicar el libro de texto.
La escuela, por su lado, se ha alejado de la formación de la sensibilidad y el despliegue de capacidades y la educación política para la convivencia democrática, y hoy se encuentra entrampada en la dinámica del “aprendizaje de destrezas técnicas” y las tendencias técnico-instrumentales, cuantitativistas, de control y sancionador de las conductas fuera de la norma, lo cual queda plasmado, por ejemplo, en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, de 2009.
A su vez, el sistema educativo, entendido como el conglomerado de instituciones, normas, recursos, valores, aspiraciones y un contingente de personas que lo sustentan y realizan cotidianamente, recibe, de forma constante, las demandas de eficiencia (en el uso de los recursos, en la eficiencia terminal o cantidad de titulaciones, según cada nivel, en el aceleramiento de los procesos, etc.) y los reclamos por su obsolescencia (reducción de contenidos, desaprovechamiento de los tiempos, carácter expulsor, retraso tecnológico, mediocridad docente, burocratización, etc.).
III. El currículo nacional: sus límites y posibilidades
La relación de los sistemas educativos con el mundo del trabajo no implica un acto negativo en sí mismo, es una función que le ha sido conferida mediante el desarrollo de los sistemas escolarizados, tanto en economías de mercado como de otro tipo, pero esa función no debe ser la única. El sistema educativo debe generar la humanización de la persona y fomentar su capacidad creativa de mundos más justos y equitativos, con conciencia de la fragilidad propia y la del planeta, y un sentido para crear, comprender y admirar los productos culturales de la humanidad.
En las últimas administraciones gubernamentales, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha propuesto diferentes cambios pedagógicos en los tres niveles de acción pedagógica: aspectos filosóficos (ontológicos, epistemológicos y axiológicos), curriculares y metodológicos. Dentro de las reformas y cambios más destacados, desde el 2016 con la Política Curricular en el Marco de la visión Educar para una Nueva Ciudadanía, es posible mencionar:
El cambio de los programas de diferentes asignaturas del currículo nacional dentro del marco de la política curricular de la Ética, la Estética y la Ciudadanía, del año 2013.
Los cambios en los enfoques metodológicos y curriculares en diferentes asignaturas, tales como Matemática, Español, Estudios Sociales y Ciencias, los cuales buscan integrar los conocimientos teóricos con aspectos propios de la vida cotidiana y de la actualidad del país.
Sin embargo, según los Informes del Estado de la Educación, estos cambios pedagógicos no se ven reflejados en la práctica de las escuelas y colegios del país, de ahí surgen preguntas sobre los factores que impiden que las nuevas propuestas logren impactar o desarrollarse en el nivel de ejecución, en una lógica discontinua entre el currículo preescrito y el currículo real.
3.1 La capacidad de la persona educadora para la lectura, la comprensión y el análisis de las narrativas curriculares
Las narrativas de la teoría curricular y de evaluación poseen un marco filosófico, sociológico, antropológico, histórico, psicológico. Estas suponen un andamiaje de teorías referidas a los diferentes espacios pedagógicos desplegados por las personas docentes en adecuados procesos de mediación pedagógica y con un dominio de la teoría curricular, de sus formas de operacionalización y evaluación. Además, implican un profundo dominio de las disciplinas que integren la propuesta curricular, llámense Matemáticas, Estudios Sociales, Español, Ciencias, Música, Inglés como segunda lengua, entre otras.
Si la persona educadora no logra comprender estas narrativas no se producirá ninguna acción innovadora. Se requiere de altas capacidades que impliquen el desarrollo de procesos de diseño y evaluación curricular pertinentes a las realidades comunales y escolares. A esto se suman las competencias para lograr convertir la narrativa curricular en diseños curriculares, en la forma de propuestas innovadoras, contextualizadas y pertinentes para el trabajo diario con las personas aprendientes.
3.2 Los procesos educativos en las nuevas condiciones de aprendizaje
Es un hecho aceptado que, desde hace varios años, numerosas personas estudiantes no han podido completar plenamente los planes de educación previstos y se han generado algunos vacíos formativos innegables en distintas áreas temáticas.
No obstante, la forma en que nuestro sistema educativo y las directrices políticas han determinado cómo enfrentar esta problemática nos lleva a la necesidad de plantear una primera crítica de carácter general: no es posible recuperar el tiempo y los procesos educativos no realizados, ampliando el tiempo de horas contacto y de estudio, tal y como se ha hecho en el pasado.
Contrario a esa tendencia, podríamos dar un salto cualitativo efectuando una subsunción real en las nuevas condiciones y procesos de aprendizaje, al tenor del desarrollo tecnológico actual y de los nuevos procesos educativos, basados en la capacidad potencial de la persona a aprender con su propia dinámica, la cual se ve acrecentada por procesos orientadores que le permitan acceder en forma más rápida y contundente al proceso de aprendizaje significativo.
3.3 La experiencia de aprendizaje o la imposibilidad de cumplir con el currículo
La política pública que centraliza su argumentación en la gestión de la calidad asume como eje fundamental la evaluación como etapa filtro de los procesos; así, el cambio en la evaluación en la propuesta curricular actual, “Educar para una nueva ciudadanía”, se ha basado en la experiencia curricular y las líneas globales de la UNESCO, es decir, el análisis del sistema se basa en su propio funcionamiento, subsumiendo el proceso pedagógico vivencial de los espacios de aprendizaje.
La educación impartida a la población se despliega en correspondencia con el marco categorial del capital nacional costarricense, sus áreas productivas y demandas para su manutención; en consecuencia, el estrecho estado de confort en el que se vislumbran las alternativas de mejora de la educación se basa en paradigmas que se orientan a la conservación y legitimación del sistema dominante antes que a la construcción de formas alternativas de las ciencias y las artes.
De forma alternativa, la experiencia funda o enraíza el aprendizaje y debe ser reconocida en las estrategias de mediación. Por experiencia de aprendizaje se comprende el proceso consciente y progresivo -constante- de precisar y cuestionar la instrucción inicial -el acervo conceptual- mediante el desarrollo de habilidades en la práctica cotidiana. Toda experiencia es conexa con nuestro desarrollo cognitivo e impulsa el aprendizaje, de ahí que la tarea es compaginar la estrategia pedagógica formal, en el aula, y la incitación a crear y vivenciar experiencias que afecten nuestra toma de decisiones y aporten para el mejor criterio.
Colofón
Una versión amplia de estos temas está disponible. En un próximo avance disertaremos sobre la exclusión educativa, acentuada con mayor dureza en las escuelas y colegios nocturnos, y de la infraestructura educativa, con diferencias significativas en los territorios rurales, periurbanos y urbanos. Este recorrido será necesario como parte del proceso para generar una propuesta para la educación necesaria en Costa Rica.
***Más información. Oficina de Comunicación. UNA. Tel 2277-3027***
Compartido con SURCOS por los siguientes autores:
Dr. Ronald Rivera Alfaro, División de Educación Básica, UNA
Dr. Ángel Porras Solís, Sede Brunca, UNA
Dr. Norman Solórzano Alfaro, IDESPO, UNA.
M.Sc José Carlos Chinchilla Coto, Sociología, UNA
Dr. Rafael Jiménez Corrales, División de Educación Básica, UNA
La Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales ofrece doce clases magistrales de mayo a septiembre del 2022 para entender el presente y el futuro de nuestras democracias. Los profesores serán:
Boaventura de Sousa Santos 🇵🇹
Bob Jessop 🇬🇧
Chantal Mouffe 🇫🇷
Göran Therborn 🇸🇪
Jayati Ghosh 🇮🇳
Joan Subirats 🇪🇸
Jorge Aleman 🇦🇷 🇪🇸
Juan Carlos Monedero 🇪🇸
Nilma Limo Gomes 🇧🇷
Rita Segato 🇦🇷
Saskia Sassen 🇳🇱
Virginia Vargas 🇵🇪
Coordinan:
Pablo Gentili
Carol Proner
Cláudia Gonçalves de Lima
Las clases son virtuales, abiertas, y gratuitas, y se ofrecen subtítulos en español, portugués, inglés, francés, chino y árabe. Si no eres socio/a de ELAG requiere inscripción. Los y las socios y socias de ELAG, además de recibir la bibliografía completa del curso, podrán participar de dos foros especiales con invitados e invitadas internacionales, y recibirán su certificado de manera totalmente gratuita. El programa es organizado por:
Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAG
Instituto República y Democracia
Universidade do Estado de Rio de Janeiro, UERJ/PR3
Harold Rivera agredió físicamente a Alonso Fernández y Joseth Zúñiga, jóvenes cabécares e integrantes de familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö.
Jesús López López amenaza de muerte a Greivin Fernández, recuperador de Kono Jú y Yuwi Sensaglö.
Sábado 23 de abril 2022. Alrededor de las 4 p.m. Alonso Fernández y Joseth Zúñiga se encontraban en la plaza del Territorio Cabécar de China Kichá jugado fútbol, cuando fueron interceptados por Harold Rivera. Joseph recibió mordiscos en su pecho y también golpes por parte de Harold.
Por su parte, Greivin Fernández se apersonó al lugar para contener el ataque a lo que recibió amenazas por parte de Jesús Noe López López quien dijo que lo iba a matar. Al paso de los minutos se apersonaron integrantes de la familia Rivera Venegas a intimidar, insultar y acosar a las personas cabécares recuperadoras de tierra-territorios. Se identificó a Jeilin, Karol, Mariela, Evelin, Darling, Leandro, Antoni, Jarol y Cristóbal.
Minutos después, Jesús Noe López López fue visto en el Territorio con un machete y buscado a Greivin Fernández para matarlo. Las personas recuperadoras alertaron a la Fuerza Pública quienes detuvieron a López López y lo mantienen en el salón comunal del territorio. Luego de que lo apresaran, la familia Rivera se acercó a las inmediaciones del salón y se mantiene ahí insultando a los y las recuperadoras.
Jesús Noe López es yerno de Cristobal Rivera Venegas, es de nacionalidad nicaragüense y se encontraba en estado de ebriedad. Harold Rivera y en general su familia (Rivera Venegas) son reconocidos en el Territorio por ser uno de los actores que hostiga, amenaza y agrede a las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.
Exigimos al Estado costarricense que resguarde nuestras vidas e integridad física. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado.
Exigimos al Poder Judicial a que lleve hasta las últimas consecuencias judiciales a López López y a la familia Rivera Venegas responsables de numerosos ataques contra los y las recuperadoras cabécares de China Kichá.
Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El pasado jueves 21 de abril Doris Ríos Ríos, indígena cabécar de China Kichá y del clan Julabulüwak, recibió un valioso reconocimiento por su labor como defensora del territorio, de su cultura, de las mujeres y de los pueblos indígenas.
El homenaje tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, y contó con la participación de la Decana, Isabel Avendaño. Doris dedicó su galardón a las compañeras del territorio indígena cabécar, quienes se encuentran bajo amenaza de muerte por las luchas relacionadas con la recuperación de más de 700 de hectáreas de territorio.
“El amor por lo que haces, por lo que quieres ha sido la razón de mis luchas, amar lo que hago, querer un futuro para mi futura generación mejor, para mis mujeres del futuro, fuerte, con paz y una calidad de vida mejor”, comentó Doris.
Así mismo, resaltó el valor de la tierra y su significado expresando que “Para mí la tierra, no es simplemente la tierra. Para mí es lo que soy. Es mi identidad, es donde me garantiza mi alimentación, mi seguridad alimentaria de las comunidades. Por eso es que la Madre Tierra es mi existencia y es mi ser y de los territorios indígenas.”
En su discurso, Doris también hizo memoria de otros líderes indígenas como Sergio Rojas (1959-2019), indígena bribri del clan Uniwak y defensor de los pueblos, asesinado en el territorio de Salitre en el año 2019 tras interponer una denuncia en contra de las amenazas recibidas por distintos usurpadores de tierras.
Además, expresó que “[los pueblos indígenas] necesitamos no solo reconocimiento, sino necesitamos que el país realmente reconozca que hay territorios que tienen vivencia, que hay personas, mujeres y hombres, que tienen luchas, que no todos tenemos justicia, que hay lugares que luchamos porque no haya impunidad”.
Con un llamado a realizar acciones en defensa de la Madre Tierra, la lideresa agradeció a la Universidad de Costa Rica y a las distintas organizaciones presentes por el apoyo al trabajo que se hace desde los territorios indígenas; gestionando proyectos para beneficio de la comunidad y colaborando con la organización interna del territorio de China Kichá.
Compartimos el discurso completo de la lideresa cabécar:
Compartido con SURCOS por Programa Kioscos Socioambientales.
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), presenta el primer análisis de coyuntura del 2022:Elecciones Nacionales 2022. Con este análisis se propone la valoración de la coyuntura electoral entre enero y febrero de 2022, tras los resultados del pasado 6 de febrero en Costa Rica.
En esta publicación del 2021, de los autores Fernando Frank y Marcos Filardi, se tratan los temas alimenticios como problema político en Argentina. Relatan cómo el sector agronómico funciona en dos sistemas antagónicos que se disputan: las cadenas agroindustriales de los agronegocios y los sistemas alimentarios de campesinos e indígenas; acerca de sus conflictos por la tierra y la extranjerización de ésta. Escrita con el objetivo de darle a los lectores toda la información necesaria para observar las implicaciones e impactos que conllevan todas las políticas, acciones y medidas de estos sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos. También abre la conversación a los granos transgénicos (alimento para corporaciones), comestibles ultraprocesados, enfermedades (zoonosis), resistencia bacteriana, problemas medioambientales por la producción agraria, y los bienes comunes naturales para y por el pueblo (soberanía alimentaria).
Le invitamos a leer la publicación en el archivo adjunto.
Recientemente, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD), en el marco de conformación de la nueva Asamblea Legislativa 2022-2026, publicó en su página de Facebook, que las personas con discapacidad y las organizaciones del sector se mantienen en lucha en contra del proyecto 21.443 de la Reforma Integral a la Ley 7600, impulsada actualmente en el Congreso.
Este proyecto supone la incorporación de algunas necesidades actuales de las personas con discapacidad a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, considerando la evolución del concepto de “discapacidad”; cuyos principios generales se enfocan en la autonomía, la diversidad, la protección de las niñas, los niños, las personas adolescentes y las mujeres con discapacidad. Sin embargo, aunque se encuentra en lista para votación en primer debate, su formulación no considera lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a la consulta previa que se debe realizar a las personas con discapacidad y sus organizaciones.
Por esta razón, ALAMUD se opone al proyecto de reforma. Así mismo, realizó un llamado a la población para unirse, apoyar y asistir el pasado jueves 21 de abril a la Asamblea Legislativa, para hacer valer y respetar los derechos de las personas con discapacidad.
Imagen “Pronunciamiento ALAMUD”
ALAMUD es una organización sin fines de lucro que lucha por la participación de las Mujeres con Discapacidad en las decisiones políticas, institucionales y sociales. Así mismo, busca reconocer a las personas con discapacidad como sujetas de derechos y actoras de agendas visibles que deben ser atendidas con prioridad, para enfrentar las brechas y reducir las desigualdades asociadas a la condición y sus necesidades.
La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.
En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.
Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.
Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.
Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.
Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.
Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:
Armando Arauz Arnulfo Carmona Benavides Cecilia González Fernando Gutiérrez Benavides Fernando Guzmán Mata Fernando Volio Jiménez Jorge Luis Villanueva Badilla José Antonio Bolaños José Hine García Matilde Marín Chinchilla Rodrigo Carazo Odio Uriel Arrieta Salas
Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.
Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.
