A continuación, la versión digital del libro «Paulo Freire Vive” resultado de la sistematización de diez experiencias de la Campaña Latinoamericana y Caribeña en defensa del legado de Paulo Freire, tomando en cuenta 6 regiones de Brasil y Argentina, así como Ecuador, Colombia y Perú.
El libro es resultado de un interesante proceso colectivo de intercambio y reflexión crítica, se desarrolla en un ambiente de participación ligado con elementos de creatividad, asimismo está vinculado estrechamente al Curso Latinoamericano y Caribeño de Sistematización de Experiencias, realizado por el PLAS en 2021.
El documento logra mostrar la gran diversidad y riqueza de las acciones desarrolladas, del mismo modo, el potencial e importancia de la sistematización de las experiencias educativas. La versión digital permite dirigirse a cada artículo desde los enlaces en el índice. Además, contiene hipervínculos que llevan a las actividades realizadas, cuadros, testimonios, vídeos, materiales gráficos y sonoros utilizados en las distintas experiencias.
El objetivo del libro inicialmente es el disfrute, junto con la motivación para continuar con nuevas pistas y aprendizajes, tanto en los procesos de educación como en la comunicación popular. Las técnicas son impulsadas desde el CEAAL y organizaciones aliadas, ya que están inspiradas en el legado vivo de Paulo Freire. Le invitamos a descargar el libro.
El día de mañana, 28 de enero del 2022 a las 18:00 se llevará a cabo un conversatorio sobre el Informe del Estado de la Nación. Este proyecto es elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción Alternativas que está vigente desde enero del 2020 y que tiene como objetivo principal el pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores.
En este conversatorio contará con la presencia de:
Jessica Barquero, trabajadora social Cynthia Ramirez, trabajadora social. Gisela Víquez, abogada del Ministerio de Hacienda. Leonardo Merino, investigador del PEN, Programa Estado de la Nación Héctor Ferlini-Salazar, Director de SURCOS Digital
La democracia política se sustenta en la democracia económica, es decir, en la distribución equitativa de la riqueza. Hay dos datos importantes:
2012: 87 personas y/o sus familias, pasan a categoría de multimillonarios, tienen una riqueza acumulada de $12 mil millones (El Financiero y La Nación, julio 2012).
2018: La cantidad de esos milmillonarios pasa a 100 personas o familias y la fortuna acumulada llega a $14 mil millones, ibídem.2018).
Esa suma era equivalente al 22.98 % del presupuesto nacional del año 2019.
Si hacemos una analogía con respecto a los índices de pobreza, resulta que dichas sumas, utilizando solo un 10%, alcanzaría para pagar 5 veces al día el monto de la línea de pobreza establecida (BM. $2.00) a unas 500 mil personas durante 280 días. ¿Qué tal??
Esta gente no conoce el concepto solidaridad, ni el de distribución, menos el de otredad.
Este dato y ese ejercicio que propongo como ejemplo, paliaría el problema del desempleo durante un período de 9 meses y 10 días, ahora, si se asume el compromiso del empresariado de una posible recuperación del 2% del PIB, tendríamos para duplicar esos 280 días.
La distribución de la riqueza ya está contemplada en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. En la próxima Asamblea Legislativa este será un proyecto prioritario para la recuperación económica: garantizar el sustento mínimo para toda la población, en especial la más deprimida.
Mario Boza Loría. Fuente de la imagen Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Comunicado de prensa Universidad Estatal a Distancia (UNED)
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) otorgó, de manera póstuma, el título de Doctor Honoris Causa al ingeniero, científico e historiador Mario Boza Loría, “por el significativo legado en pro de la conservación de la naturaleza en beneficio de la humanidad, por ser promotor de la creación y el mantenimiento de los diferentes tipos de áreas naturales protegidas, en Costa Rica como en otros lugares del mundo”.
En reconocimiento a su trayectoria conservacionista, el Consejo Universitario de la UNED tomó esta decisión, en la sesión celebrada el 20 de enero del 2022. Boza Loría, considerado el último padre de los Parques Nacionales en Costa Rica, falleció a los 79 años de edad, el 29 de octubre de 2021, luego de una vida dedicada a la conservación de la naturaleza.
“Para el Consejo Universitario de la UNED ha sido un honor otorgar el Doctorado Honoris Causa como homenaje póstumo al señor Mario Boza Loría. Le debemos a don Mario, el Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre, la promoción del Turismo Ecológico y el reconocimiento de la importante labor de las personas guardaparques”, comentó Ana Catalina Montenegro Granados, miembro del Consejo Universitario y coordinadora de la comisión especial nombrada para tal efecto.
Boza Loría fue profesor y académico en temas de conservación ambiental en universidades públicas, entre ellas: la Universidad Nacional (1973-1976 y 2015), la Universidad de Costa Rica (1977) y la UNED (1977-1987), institución en la que también fue gestor del Programa de Educación Ambiental, el primero, en su género, en el país.
Montenegro Granados indicó además que la perspectiva ambiental de Boza Loría “se demostró con hechos. En la UNED fungió como profesor y académico, autor de innumerables libros y gestor del Programa de Educación Ambiental. Al reconocer su amplia trayectoria y legado, brindamos la oportunidad de visibilizar su trabajo comprometido, para que esta y futuras generaciones defendamos sus luchas y nos inspiremos en su ejemplo”.
Al divulgar una semblanza del extinto científico, el Consejo Universitario destacó “su exitosa gestión para establecer alianzas y conseguir recursos económicos y humanos, ser el cogestor del Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre”, la primera instancia gubernamental destinada exclusivamente a realizar labores en estos temas.
Una de las obras más sobresalientes de Boza Loría es el libro Historia de la Conservación de la Naturaleza en Costa Rica, publicado en el año 2015 por la Editorial Tecnológica del Tecnológico de Costa Rica (TEC), que resume la historia de la conservación en Costa Rica durante el periodo comprendido entre 1754- 2012.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados, SIFUPCR, solicitó a la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social la valoración para una investigación administrativa en relación con el informe ASF-163-2021, emitido el 17 de diciembre de 2021.
En dicha solicitud, el representante sindical de SIFUPCR, Juan Carlos Duran Castro, señala la hipótesis de que dicho informe se elaboró mediante “una gestión informativa posiblemente distorsionada y débil en sus argumentos, lo cual le resta confiabilidad a la misma y sin duda debilita al medio en cuestión, pero más allá de esto, en definitiva, un informe en principio deficitario en lo técnico, por la forma y por el fondo, elaborado por cuatro funcionarios del área de servicios financieros, generan una actividad periodística que expone a la Caja Costarricense de Seguro Social en general y al Fondo de Retiro en particular a un escarnio público posiblemente innecesario”.
Por tanto, el gremio sindical y su representante, solicitan a las autoridades auditoras de la CCSS, determinar si dicho informe cuenta con la rigurosidad técnica o por el contrario existen falencias de forma y de fondo.
Aunado a esta solicitud, el SIFUPCR solicita a la Caja, determinar los posibles mecanismos formales o informales por los que obtuvo el periódico La Nación el informe ASF-163-2021 de la auditoría interna. Esto, porque dicho medio de prensa elaboró notas periodísticas “con posibles parcialidades informativas, que podrían estar surgiendo a partir de las presuntas falencias técnicas del informe de rito y que podrían, al final, distorsionar y causar como mencionamos, perjuicios reputacionales de diversa variedad jurídica a la auditoría, a la CCSS, al Fondo de Retiro y a los trabajadores y trabajadoras de la CCSS”, según Duran Castro.
El pasado domingo 23 de enero del 2022, diversas organizaciones, colectivas y personas marcharon en repudio a la “Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas”, publicada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), asimismo, para levantar la voz en contra de los recientes hechos de violencia hacia las mujeres sucedidos en la zona del Caribe Sur, donde dos turistas fueron abusadas sexualmente.
En dichas guíasse proponían medidas revictimizantes, en las cuales se sugería a las turistas que cuando viajen solas deben cuidar su vestimenta, no caminar solas en la noche, entre otras. Ante esto, diversas organizaciones y personas salieron a las calles a exigir justicia por las víctimas, además de exigir al Gobierno medidas reales ante dicha problemática de violencia.
Una de las marchas dio inicio en la fuente de la Hispanidad, y culminó en el Paseo Colón; ésta fue convocada por la colectiva feminista HANDMAIDSCR. Gran cantidad de mujeres, organizaciones y demás personas se hicieron presentes. Ese mismo día, en Sámara otra colectiva organizó una marcha por la playa, bajo la consigna “la culpa no era mía ni dónde estaba ni como vestía”.
Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), se exige a las diputaciones de la Asamblea Legislativa aprobar en primer y segundo debate el Acuerdo de Escazú, proyecto de ley 21245. Esto por la ausencia de protección de las personas que defienden el ambiente y la impunidad en los casos de violencia y asesinatos.
En 2018, en el cantón de Escazú se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El tratado es internacional, comprometido con el medio ambiente, los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable y acceso público para la participación en decisiones ambientales.
Publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
EXIGIMOS AUMENTAR INVERSIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEDICADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La violencia sexual contra mujeres y niñas es grave, endémica y peligrosamente naturalizada en nuestra sociedad. El backslash patriarcal se ensaña con nuestros cuerpos para cobrarnos cada avance, cada conquista, que arrancamos con las uñas de nuestras luchas históricas, queriendo arrastrarnos al pasado de sometimiento, control y cautiverio. Pero nuestras conquistas son irreversibles. El camino de la igualdad es el único posible para que Costa Rica pueda avanzar en democracia y desarrollo humano, social y económico. Sin las mujeres, el futuro no existe. No permitiremos ningún retroceso en nuestros derechos.
La violencia machista no es ni nunca puede ser responsabilidad de las mujeres. Es obligación del Estado y responsabilidad de la sociedad responder con la debida diligencia y contundencia frente a cualquier acto de violencia y actuar sobre las causas estructurales que la perpetúan. Particularmente sobre la cultura machista que se reproduce de manera cotidiana. Erradicar la violencia machista es responsabilidad de las instituciones, la empresa privada, los medios de comunicación, las comunidades, las organizaciones sociales, todos y cada uno de nosotros y nosotras.
En el caso de la llamada Guía para operadores turísticos es evidente que todas las entidades involucradas cometieron un grave error que debe corregirse de inmediato, tal y como ha reconocido la Presidencia de la República. Más allá de ello, entendemos que esta es una entre otras acciones que el Estado ha propuesto para combatir la violencia sexual, específicamente en las zonas turísticas. El plan existente para combatir la violencia sexual en las zonas turísticas debe retomarse, reforzarse y ejecutarse con enfoque de derechos humanos, feminista y con perspectiva de género, de manera urgente en todas las regiones identificadas de alto riesgo que demandan, con razón, mayor celeridad y urgencia.
Manifestamos nuestro apoyo y sororidad con las organizaciones de mujeres de las costas y de todos los territorios que valientemente mantienen viva esta lucha, dedicando a ello sus energías y tiempos.
Repudiamos la instrumentalización electoral que ha tenido lugar a partir de este incidente por parte de partidos políticos y medios de comunicación. Tratar de acarrear agua a los molinos electorales con el dolor de las mujeres no solo es perverso, sino también letal.
La única referencia electoral que aceptamos es aquella donde nos digan con claridad los señores y señoras candidatas a la presidencia y diputaciones: ¿cuál es el compromiso con la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres y las niñas? ¿cuánto presupuesto más van a dedicar para atender esta problemática? ¿Cuántas nuevas plazas están dispuestos a aprobar para fortalecer servicios específicos? ¿Cuántas nuevas delegaciones policiales se comprometen a abrir en zonas turísticas? ¿Cuánto dinero están dispuestos a invertir para financiar programas de prevención y fomento de nuevas masculinidades con niños y jóvenes?
Repudiamos igualmente el ataque generalizado, indiscriminado y destructivo contra el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMU ha sido y sigue siendo el principal instrumento con que contamos las mujeres para defender y adelantar nuestros derechos. Es el único espacio institucional gratuito, permanente y especializado, donde las mujeres podemos acudir para que nos acompañen y representen frente a las diferentes formas de violencia machista que a diario sufrimos. ¡Exigimos que se respete su rol rector en materia de igualdad y equidad de género! Al INAMU y a las demás instituciones les exigimos reconocer y enmendar sus errores. Pero al mismo tiempo nos manifestamos clara y contundentemente en su defensa. El INAMU es de las mujeres y para las mujeres y, aunque señalemos sus fallos, nunca haremos coro de quienes quisieran ver al INAMU destruido, cerrado o convertido en un ministerio de la familia. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere inversión. No podemos perder el foco estructural. Es necesario ir más allá de la coyuntura para atacar los problemas desde la raíz.
Los programas y servicios de atención y prevención de la violencia contra mujeres y niñas están desfinanciados. Desde hace muchos años la demanda de servicios sobrepasó la capacidad de una institucionalidad cuyos presupuestos y recursos humanos no ha crecido al ritmo necesario para brindar una cobertura nacional de atención. Mucho menos ha crecido la inversión en prevención primaria y secundaria o en recursos para que las mujeres puedan efectivamente construir vidas libres de la violencia: vivienda, generación de ingresos, etc.
Como ha señalado la prensa nacional: la falta de presupuesto socava programas de apoyo a víctimas…
La enorme desventaja que reconocen jerarcas de las dos instituciones (INAMU-PANI) es la falta de fondos para financiar estos programas en medio del preocupante aumento en la cantidad y complejidad de los casos. Pasa lo mismo con su limitada capacidad para ampliar la cobertura de protección a quienes están en alto riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia. (La Nación, 16/01/22, p. 5).
Con base en lo señalado, requerimos:
A las señoras y señores diputados de la actual legislatura
⦁Promover y aprobar una ley que exima al Instituto Nacional de las Mujeres de la aplicación de la regla fiscal y se etiqueten los presupuestos institucionales destinados de manera específica a fortalecer servicios de atención y prevención primaria de la violencia contra las mujeres, incluyendo la creación de nuevas plazas.
⦁Redactar y aprobar una ley para declarar como esenciales y que se eximan de la aplicación de la regla fiscal los servicios y programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas de la CCSS, Ministerio de Seguridad Pública, PANI, IMAS, entre otros.
Al Instituto Nacional de las Mujeres:
⦁Promover un protocolo especifico de actuaciones en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas para los operadores institucionales en zonas turísticas y ejecutar un plan de intervención urgente en las regiones identificadas como de alto riesgo.
⦁Priorizar la continuidad de los servicios, programas y compromisos institucionales en el marco de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, garantizando su adecuado financiamiento.
⦁Apoyar con recursos las actividades de las organizaciones autónomas de mujeres en los territorios.
Al Poder Judicial y Ministerio Público:
⦁Constituir un equipo de respuesta inmediata, nacional (no territorial), adjunto a la Fiscalía General de la República e integrado por agentes del OIJ, fiscales y fiscalas y equipo psicosocial especializado, destinado de manera exclusiva a la investigación y persecución de delitos sexuales contra mujeres y niñas de alto riesgo para garantizar efectivo y diligente acceso a la justicia.
⦁Garantizar la puesta en práctica del Protocolo de las 72 horas en todos los hospitales nacionales y regionales de la CCSS, así como en clínicas o EBAIS de zonas turísticas.
Al Ministerio de Seguridad Pública:
⦁Sancionar de manera efectiva a los funcionarios denunciados por conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres víctimas de violencia sexual y realizar una investigación independiente de los hechos.
⦁Duplicar el recurso humano del Programa Preventivo de Violencia Doméstica y contra las Mujeres destacando oficiales de este programa en las zonas de alto riesgo de violencia sexual.
EXIGIMOS LA ACCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL
Compartido con SURCOS por Red Feminista contra el Maltrato hacia las Mujeres Costa Rica.
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