Luis Fernando Astorga Gatjens

El día de hoy, 3 de diciembre se conmemora en el mundo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por las Naciones Unidas.

Costa Rica como Estado ha avanzado en los últimos lustros con la promulgación de normativa que reconoce la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Dos normas a destacar son la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada mediante la ley 8661.

Sin embargo el desfase entre lo que establecen esas y otras normas jurídicas y su aplicación efectiva, sigue siendo enorme. Los gobiernos realizan un abordaje epitelial, tangencial y de posturas simbólicas, pero no han traducido a fondo esas normas jurídicas en políticas públicas inclusivas, que permitan avanzar en la lucha contra la discriminación asociada a discapacidad.

Esta caracterización deficitaria incluye a toda la institucionalidad nacional (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) pero también a los gobiernos locales. De las 82 municipalidades menos de 10 cuentan con una política de accesibilidad y discapacidad y en la mayoría de ellas, las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) funcionan en forma limitada, en caso que ya hayan sido conformadas.

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) es una entidad muy débil —política y administrativamente—, cuya gravitación en el impulso de políticas inclusivas, es marginal. Es una entidad pequeña carente de dientes en supervisión e impulso del cumplimiento de la normativa.

Si aplicamos lo que nos indica la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del 2018, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 18, 2 % de la población adulta en Costa Rica, tiene algún tipo de discapacidad. Lo que significa que más de 900 mil personas presentan tal condición. Se trata de una población significativa a la que no se le ha dado importancia cuando se diseñan políticas públicas y programas sociales. Y desde la perspectiva presupuestaria lo relacionado con la atención de este sector poblacional, se ve más como un gasto que una inversión en el desarrollo social.

Consecuentemente, este sector se ubica entre los más excluidos entre los excluidos, y todavía prevalecen visiones subestimativas asociadas a discapacidad, que colocan a las personas con este tipo de condición como “pobrecitas” (visión lastimera) o “enfermas” (modelo médico). La falta de campañas educativas y comunicacionales, desde el Estado, hace que se dé una evolución muy lenta en el cambio necesario en el entorno socio-cultural con respecto a la discapacidad.

El acceso a la atención médica y a la rehabilitación, a la educación inclusiva, al empleo y a los emprendimientos productivos, a Internet y a las Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otros rubros, es nulo o limitado para amplios sectores de las personas con discapacidad. Eso es todavía más difícil en las zonas rurales y remotas del país.

La ya difícil situación previa a la pandemia, se ha agravado muy significativamente en todos esos rubros como consecuencia de la irrupción de la covid-19. El cumplimiento de las leyes relacionadas con discapacidad se convertido en una meta de cumplimiento casi nulo, en lo que va de la presente administración del Presidente Carlos Alvarado.

La norma que fija límites mecánicos a los presupuestos de las entidades públicas se ha convertido en una limitadora camisa de fuerza en el necesario desarrollo de políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad. Por ejemplo, es muy importante que el CONAPDIS cuente con recursos para que las personas con discapacidad, se capaciten y formen, con el fin de asegurar una más consciente participación política y social, como lo fija el artículo 29 de la Convención de la ONU. Sin embargo, esta entidad pública, prácticamente, ha dejado de programar este tipo de procesos educativos porque las limitaciones presupuestarias, se lo impiden.

De cara a las elecciones del próximo 6 de febrero, le hemos formulado observaciones al TSE en el sentido de que si bien se reconocen avances en la accesibilidad del sufragio, no se ha dado un proceso equivalente en en el desarrollo de las campañas electorales. En sentido general, los partidos políticos no contemplan los temas relevantes de las personas con discapacidad en sus programas o si incluyen algo, sigue marcado por propuestas asistencialistas, que se incumplen las principales normas vigentes. Tampoco se preocupan porque las campañas sean realmente accesibles.

Se hace necesario entonces que todas las personas con discapacidad que votan (como sus entornos sociales), se fijen el propósito primero de emitir el sufragio para elegir al nuevo gobierno y las y los legisladores. Y segundo se observen que partidos y candidatos están tomando en serio los temas relevantes para las personas con discapacidad expresados en propuestas concretas y viables.

Nos preocupa sobremanera que dentro del contexto general que enfrenta Costa Rica con un debilitamiento de los temas de derechos humanos y el progresivo deterioro del Estado Social de Derecho, que se ha experimentado en los años recientes, el retroceso en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad, se ahonde y, con ello, se amplíe la deuda social que se ha acumulado.

Es nuestro deseo y aspiración que el 3 de diciembre del 2022, sea mejor que el del presente 2021 y haya algo que celebrar en avances en políticas públicas inclusivas, efectivas y solidarias.

(3 de dicembre, 2021)